El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad de Rio Negro repudió los dichos del ministro de Educación Esteban Bullrich, quien comparó el avance de la casa de altos estudios en términos de una “nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación”. “Todas las políticas van intentando construir un orden oligárquico liberal que esta clase, este sector político, estos partidos vinieron a imponer”, dijo a FM De la Calle Walter Delrio.

El investigador del CONICET destacó la “indignación” de la comunidad y advirtió que “desde el retorno de la democracia se ha venido construyendo un conocimiento histórico que fue cubriendo aspectos dejados de lado o mal conocidos sobre la historia argentina y las palabras del ministro desconocen todo lo que se ha venido trabajando” y “la memoria social de un pueblo en el cual se está hablando”.

“No fue una campaña con la espada como dice el ministro, una campaña al desierto, sino que todo lo contrario -explicó-, fueron políticas de Estado que se implementaron en un momento determinado que implicaron movimiento de tropas pero también de otras instituciones del Estado y de la sociedad civil, fundamentalmente, que participaron en la expropiación, en el sometimiento, en la concentración de personas, la deportación, la distribución en otras provincias y regiones del país como fuerza de trabajo semi esclavizada, el reparto y la separación de los niños de su familia y el borramiento de la identidad. Son políticas de Estado comprendidas por lo que en los términos del derechos internaciones, sancionado por la Naciones Unidas, es un crimen de genocidio, un Estado que opera para que ciertos pueblos desaparezcan como tal”.

Delrio afirmó que “a nadie se le ocurriría hablar del holocausto, de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura para hablar de las políticas que se proponen. Al mismo tiempo es una opinión sino informada, formada por un sector de poder, por grupos políticos que tienen el mismo discurso con el cual ascendieron al poder en la generación del 80. En este caso se da que la misma familia Bullrich y otras participan de esa construcción de un poder oligárquico que es el que se quedó con la mayor parte de las tierras y los beneficios que esas campañas aportaron, es un discurso de esa clase”.

“Siguen teniendo la visualización de nuestra región como un desierto y lo que implica esa frase es que deben seguir haciendo cosas porque el desierto subsiste más de cien años después”, agregó. El docente comentó que cada una de las medidas oficialistas lo demuestran: “Por ejemplo acá en la provincia de Rio Negro en los últimos años se vino trabajando con las denuncias que había sobre irregularidades en las entregas de tierras rurales y se había conformado una comisión en la Legislatura que investigaba cuáles habían sido históricamente. Todo eso terminó y al mismo tiempo, por decreto del presidente Macri, se interviene en la legislación sobre tierras habilitando nuevamente la extranjerización”.

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El gobierno de María Eugenia Vidal busca dar continuidad a los proyectos de explotación de carbón en la cuenca Claromecó que motivó años atrás la movilización de asambleas y concejales para frenar la posibilidad del uso del fracking en la provincia. Según aseguró a FM De la Calle el periodista Hernán Scandizzo funcionarios y sectores académicos impulsan la técnica de gasificación subterránea. “Se empezó a dar una batalla cultural de ir generando consensos en torno a este tipo de explotación” disfrazada bajo el mito del carbón verde.

Como advierte en esta nota, “si bien a mediados de la década de 1990 comenzaron los trabajos exploratorios de Barranca Sur Minera, empresa del grupo Bridas, el anuncio del descubrimiento de carbón en Laprida se conoció recién en 2010. Por esos días Daniel Scioli, al frente de la gobernación provincial, firmaba un convenio de exploración de hidrocarburos con YPF-Repsol en el que se destacaba el interés por la cuenca sedimentaria de Claromecó. Poco después el tema quedo en nada y volvió a la palestra dos años más tarde, cuando se produjo la expropiación parcial de la petrolera e YPF renovó sus votos de interés”.

El Observatorio Petrolero Sur recibió de la Dirección de Minería un listado de proyectos vinculados a la explotación del carbón presentados hasta 2014. Se trata de “más de un centenar de expedientes de solicitud de cateo minero y hay cuatro manifestaciones de descubrimientos”.

Las alternativas de uso son: la posibilidad de generar energía eléctrica -como pretende la australiana Delmo- o  usos no energéticos del gas sintético que se produzca. “En ambos casos el polo (de Bahía Blanca) sería como un destino ‘natural’. Esto que se plantea de la ampliación del polo necesitaría una ampliación de la capacidad eléctrica instalada y es interesante porque parece que están haciendo circular el rumor en la zona de Tres Arroyos y demás de que el carbón, la explotación, sería para generar fertilizantes, esta forma de ir presentándose amigables con el ‘campo'”.

Scandizzo explicó que en el sistema de gasificación subterránea que se analiza “como el carbón se encuentra en profundidad y los métodos de minería a cielo abierto o por galería no serían aplicables, se hace una perforación hasta la veta de carbón, se abre la veta para que pueda circular el gas, en el otro extremo se abre otro pozo, entonces por uno se produce una ignición, se lo pone en combustión al carbón, se inyecta oxígeno o monóxido de carbono como para ir regulando la intensidad del fuego y por el otro pozo el carbón al hacer combustión en un medio donde hay agua genera gases. Esos gases son los que luego podrían ser tratados como insumo químico -gas sintético- o como energético”. Dichos pozos “se multiplican de acuerdo a las dimensiones del proyecto”.

Uzbekistán es el único país del mundo donde se está utilizando la técnica para la explotación comercial. “Australia intentó darle un desarrollo grande, tiene un gran potencial en carbón, hubo al menos tres proyectos de etapa piloto y tanto el Estado de Queensland en abril último como el Estado de Victoria en agosto prohibieron la técnica por la cantidad de impactos que se verificaron”. En la zona agropecuaria de Queensland “hay un radio de 320 kilómetros cuadrados en los que no se pueden hacer perforaciones de más de dos metros por los gases y tóxicos químicos que han migrado hacia las superficie”.

Según informó el especialista, la provincia de Buenos Aires realiza desde 2010 estudios sobre energías “limpias” a partir del carbón: “Esta es la alternativa verde porque dicen que se reducen emisiones y que los residuos quedan en el fondo”.

“Otra de las situaciones que se da es cuando se termina de explotar una veta -esto se va haciendo por paneles, por succiones-, queda un hueco, una cavidad vacía y se puede producir el hundimiento de suelo. Eso puede ser imperceptible en superficie pero afecta el perfil del suelo y la circulación de las aguas subterráneas y, por otro lado, la inundación de estos pozos con agua disuelve las cenizas, los residuos que quedan, y eso también migra hacia aguas subterráneas”.

Laprida es el municipio que encabeza la lista de posibles territorios a explotar seguida por La Madrid, Coronel Pringles, González Chávez, Tres Arroyos y Guaminí. Scandizzo destacó además la participación académica detrás de estos emprendimientos: “El Instituto de Recursos Minerales de la Universidad de La Plata está interesado en desarrollar este tipo de técnicas, estuvo haciendo estudios de impacto ambiental para una de las filiales de la empresa Delmo con la cual firmaron un convenio de colaboración”.

(Por Mauro Llaneza) La artista y militante bahiense Karina Zukerman falleció esta madrugada a los 46 años. Integró la Asociación Mundial Pintores con la Boca y el Pie, Mundo sin Guerras y sin Violencia y el Movimiento Humanista. Participó de la Asociación de Discapacitados Autoconvocados y fue una de las impulsoras del Mes por la Diversidad. Enfrentó cada obstáculo con perseverancia y un objetivo claro: “abrir cabecitas y disparar al corazón, abrir corazones para entender que las personas necesitamos esa cuestión de desarrollarnos, relacionarnos con otros”.

“Soy una mujer, una persona con una discapacidad motora, una discapacidad de la cual tengo la única movilidad de la cabeza y hago todo con la boca, desde agarrar un objeto hasta ponerme a escribir o a dibujar o a manejar la compu”, contó en una entrevista realizada en el micro de Acciones Feministas del programa En Eso Estamos de FM De la Calle en octubre de 2012.

Dijo entonces que hizo “todo lo ha estado a mi alcance y de acuerdo a mis posibilidades” a partir de “una especie de aspiración, una cosa fuerte interna y una necesidad de poder salir adelante”. “Una rebeldía de querer pasar a otra cosa, a vivir una vida lo más feliz, lo más alegre posible y en relación con los demás. Tiene que ver también con el acompañamiento que tuve en todas las edades y etapas de mi vida de gente muy querida”.

Así logró independizarse, vivir sola, enamorarse: “Mi familia me decía ‘vos no vas a poder tener un novio, formar una pareja el día de mañana’. Pero básicamente pasaba por muchos miedos, mucho temor a que uno sufra. Hay que tratar de ir viviendo la vida que una elige vivir”.

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En aquel diálogo junto a Verónica Bajo destacó que pudo cumplir con “algo que amo profundamente que es mi actividad social donde trato de llevar mi mensaje de que podemos todas las personas desarrollarnos en la vida, en muchas cosas, y lo que tiene que ver con la discapacidad, con lo mío, también he tratado de hacer muchas cuestiones a nivel social, me parece que uno tiene que defender su lugar, su espacio y sus derechos”.

“En el ’88 oficialicé esta cuestión de ser pintora y fue cuando ingresé a la Asociación Mundial de Pintores con la Boca y el Pie, los que nos denominábamos en otro tiempo como Pintores Sin Manos. Empecé este recorrido con la pintura donde además de tener una búsqueda desde lo artístico, pintar y mandar obras a la asociación para que después sean editadas en tarjetas, calendarios, en todo lo que después se vende, a mí me ha dado la posibilidad de relacionarme, de conocer gente nueva, de viajar a distintos lugares y eso fue una experiencia muy linda”.

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El Mes por la Diversidad fue un espacio generado por distintas organizaciones y militantes locales que pretendían sensibilizar y reflexionar sobre la diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad y analizar críticamente situaciones de exclusión, discriminación, intolerancia y prejuicios. Karina recordó que para ella “fue fantástico porque este tipo de actividades abre cabecitas, de niños, de adultos, de hombres, de mujeres, eso es lo importante: abrir esas cabecitas y disparar al corazón, abrir esos corazones para entender que las personas necesitamos esa cuestión de desarrollarnos, necesitamos relacionarnos con otros”.

“Era una tambora sin tambor”

La cantautora y creadora de DesBandadas, Silvia Palumbo, quien tuvo “el honor y el privilegio” de compartir con Karina la obra Mujer de Tierra Firme, aseguró esta mañana a FM De la Calle que su compañera era “una mujer que tenía todo el universo vital en sí misma”.

Se conocieron en el primer Mes por la Diversidad en 2007 y se “flecharon”: “Tuvimos una empatía, nos hicimos amigas, compañeras de lucha y en un momento decidimos que queríamos hacer algo juntas, unir nuestros activismos, nuestras artes, y así fue como nació Mujer de Tierra Firme”.

“Karina es una mujer que está viva en tantas cosas que ha dejado como legado en Bahía Blanca, para mí es la luna que ilumina mi camino de activismo porque es un ejemplo. No sé cómo fue vivir como vivió Karina, sin brazos y sin piernas que la ayudaran a transitar esta vida terrestre, lo digo en forma cruda porque era la realidad más tremenda que veías cuando veías a Karina, y sin embargo ella tenía muchísima más fuerza que todas y todos nosotros juntos”.

“Muchísimas veces ella daba fuerza a otra gente, daba esperanza, era solidaria, era entera, era amplia de conceptos, no tenía conceptos mezquinos ni políticos ni religiosos ni relacionados con las diferentes mal llamadas minorías de este mundo. Abrazaba sin brazos a toda la humanidad en su diversidad completa”, agregó Silvia.

Finalmente afirmó que “era un cohete, nos cagábamos de la risa, con sus dichos, sus palabras, sus encantos, sus sueños que estaban recién arrancando. Además Karina se atrevió a ser madre con su compañero Sergio, eso le daba un mérito mayor en todo este despliegue de vitalidad de Karina Zukerman”.

Eso de durar y transcurrir

no nos da derecho a presumir.

Porque no es lo mismo que vivir…

¡Honrar la vida!

 

Sus restos son velados hasta la medianoche en Mitre 470 desde donde partirá mañana a las 11 hacia el cementerio Parque de Paz.

(Por Mauro Llaneza) El sociólogo Daniel Feierstein disertó en Bahía Blanca sobre el genocidio como práctica social en el marco del 10° aniversario de la desaparición en democracia de Jorge Julio López y a 40 años de La Noche de los Lápices. Con la invitación de la Comisión de Apoyo a los Juicios el experto puso el foco en la concreción simbólica y las continuidades del exterminio de parte del grupo nacional que se oponía a los intereses de las corporaciones económicas que recurrieron a las fuerzas armadas para “reorganizar” el país.

“Cuando es quebrada la confianza no hay posibilidad de articularse políticamente y así el disciplinamiento es total porque cada uno está aislado en sí mismo –dijo en FM De la Calle-. Esas consecuencias las seguimos sufriendo y es uno de los grandes desafíos del momento político actual. (…) Esa gran línea que ha dividido sobre todo los últimos cuatro o cinco años la política argentina -lo que los medios hegemónicos llamaron ‘la grieta’- es un efecto de esto y ha quebrado relaciones de confianza en organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, barriales, que facilitan la realización de los objetivos de los sectores hegemónicos, de los que en su momento fueron los que plantearon la necesidad de la implementación del genocidio”.

Para regenerar dicho lazos no hace falta “un acuerdo absoluto en la caracterización de la realidad política” y “quizás el proceso de juzgamiento de los genocidas es un ámbito privilegiado para producir esa articulación porque siempre hubo fuertes niveles de acuerdo”.

Feierstein es doctor en Ciencias Sociales y docente en las universidades de Buenos Aires y Tres de Febrero donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio y la Maestría en Diversidad Cultural. Es experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las Bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino. Presidió la Asociación Internacional de Estudio sobre Genocidio y fue juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en numerosas sesiones, entre ellas las vinculadas a los hechos ocurridos en Sri Lanka y en México. Además, es autor de numerosas publicaciones sobre la temática.

El genocidio como práctica social

Feierstein explicó que el polaco Raphael Lemkin, a pesar de ser jurista, aportó una definición de genocidio “muy sociológica” que lo define como la destrucción de la identidad de un pueblo y “fundamentalmente la destrucción de la identidad de los oprimidos y la imposición de la identidad del opresor”, proceso en el cual “la muerte no es el objetivo sino el medio”. “Cuando el derecho lo tiene que construir como figura es muy difícil y termina definiéndolo como el intento de destrucción de un grupo”. Las interpretaciones jurídicas posteriores fueron “vaciándolo de contenido”.

Cuando el caso argentino comenzó a discutirse en la Audiencia Nacional Española bajo la figura de genocidio se intentó recuperar aquella construcción y “articularla con la figura legal”. “Esa interpretación sociohistórica, es en verdad la posibilidad de aprovechar la herramienta jurídica (que brinda la Convención de Genocidio). Así lo han entendido muchos tribunales, en el caso de Bahía Blanca también”.

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La posición mayoritaria del tribunal subrogante que está a cargo de los juicios en nuestra ciudad se replica en la cuarta parte de los tribunales del país. El reconocimiento del genocidio enriquece “los procesos de construcción de memoria colectiva porque nos permite entender lo que nos ocurrió de una manera muy distinta que cuando solo se utiliza el concepto de crimen de lesa humanidad que no tiene nada de esto en cuenta, habla de hechos indiscriminados, de población civil en general, y cuesta ver la conexión entre esos hechos, pese a que se habla de un plan sistemático nunca se aclara para qué”.

Quienes descartan el concepto de genocidio advierten que los grupos políticos no están entre los religiosos, étnicos, raciales o nacionales que especifica la Convención. Feierstein propone superar la discusión advirtiendo que la represión fue mucho más abarcadora y apuntó a la eliminación de una parte del grupo nacional para reconfigurar social y económicamente el país.

“El genocidio buscó ir mucho más allá, buscó desmontar redes de relaciones sociales que en algunos casos involucraban organizaciones políticas pero no siempre. Involucraban a organizaciones sindicales, que por supuesto tienen contenido político pero no eran lo mismo. Organizaciones barriales, centros de estudiantes, montones de organizaciones donde lo que se buscaba -incluso el propio vocabulario de los genocidas- era transformar, reorganizar la sociedad. Cuando lo describen tanto Díaz Bessone como Videla esta reorganización de la sociedad pasa por transformar incluso los valores morales”.

Feierstein destacó que los genocidas buscaron “transformaciones económicas que sin embargo se lograron después del genocidio. Eso tiene lógica cuando uno entiende cómo operan las prácticas sociales pero nos obliga a abandonar ciertos dogmatismos teóricos, esto de que la economía siempre determina la política, esa determinación es más compleja. Para lograr determinadas transformaciones económicas, que en Argentina se implementan sobre todo en los noventa bajo el menemismo, se requería quebrar relaciones sociales porque sin ese quiebre, sin ese disciplinamiento, sin ese terror, la resistencia no hubiese permitido implementarlas”.

Recién durante la crisis de 2001 hubo “intentos de recomposición pequeños, muy singulares”, de esas relaciones. El sociólogo afirmó que el presente “es particularmente desafiante en ese sentido porque nos va a poner contra el espejo de ver qué nivel de reconstrucción de los lazos sociales se logró en función de qué tipo de resistencia se va a poder ejercer a las nuevas transformaciones económicas que se quieren imponer” para “volver a la distribución del ingreso de 2001 para seguir avanzando desde ahí”.

Como a los nazis

“Argentina no tuvo una experiencia de extermino industrial como el caso del nazismo pero sí tuvo una experiencia concentracionaria. Todo el territorio plagado de campos de concentración que operan no solamente para aterrorizar a la gente que es secuestrada sino que su efecto fundamental es aterrorizar a la gente que no es secuestrada pero vive cerca de un campo de concentración y que sabe que eso puede ocurrir y que, por lo tanto, se ve obligada a modificar sus prácticas en función de eso”, dijo Feierstein.

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Recordó que en Alemania, entre 1933 y 1936, 100 mil personas fueron encerradas en campos de concentración de las cuales aproximadamente cinco mil fueron asesinadas y la gran mayoría torturada y liberada. “Esa liberación irradió el terror en el conjunto de la sociedad alemana y permite entender algo que sino no se explica: ¿qué pasó? ¿por qué los alemanes adhirieron al nazismo? Adhieren producto del terror”.

El Partido Nazi ganó “apenas” las elecciones de 1933 frente al Partido Comunista Alemán. El boicot a los comercios judíos en mayo del ’33 fracasó, “la población sale a comprarle a los judíos pese a que la SA está frente a los locales para intentar pegarle a la gente que sale a comprar y así y todo la gente manifiesta su solidaridad”.

“Cinco años después de atravesar la sociedad con la experiencia de campos de concentración, aterrorizarla y mandar a toda esa gente de vuelta a la sociedad para que disperse y difunda el terror La Noche de los Cristales logra altos niveles de silencio o de adhesión y efectivamente la población judía es perseguida, sus casas rotas, quemadas, deportada. Acá no hay solo una convicción ideológica sino los efectos del terror”.

Sobre América Latina y Argentina Feierstein subrayó que cada vez es más evidente que “la tasa de supervivencia fue mucho mayor de la que suponíamos”. “Esto tiene mucho que ver con la famosa discusión de los números. Las denuncias en los años ’84, ’85, eran muy pocas y tenían que ver con la gente que estuvo mucho tiempo en un campo de concentración. Lo que uno va descubriendo sobre todo a partir de las denuncias que comienzan en 2008, 2009, 2010, 2012, es que muchísima gente fue secuestrada por un día, por unas horas y luego liberadas”.

“Me han enseñado los sobrevivientes de experiencias genocidas, en particular los ex detenidos desaparecidos en Argentina, que el objetivo de ese secuestro era usarlos como herramienta de difusión del terror. Esta es la respuesta que ellos mismos se dan y que los pone en una encrucijada. La pregunta para ellos era: ‘¿Qué hacemos? Si nos callamos somos cómplices de no haber divulgado lo que ocurrió, si hablamos logramos el objetivo que ellos querían que es que aterroricemos’. La respuesta que se dan también es brillante: ‘Tenemos que hablar pero no solamente de lo que el poder le hizo a nuestros cuerpos sino de esa identidad que quisieron destruir: ¿quiénes éramos nosotros antes de que el terror nos secuestre?”.

Tres puntos sobre los juicios

Feierstein dijo que las políticas contra el terrorismo de Estado durante los gobiernos kirchneristas tuvieron un punto “altísimo” en “el modo de haber implementado el juzgamiento” y dos puntos bajos en torno a los sitios de memoria y las reparaciones.

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En materia de juicios en comparación con otros casos internacionales “Argentina ha llegado más lejos que nadie”, sobre todo por la modalidad empleada: “por medio de jueces naturales, con todas las garantías que corresponde a los imputados, que sea en todos los lugares del país, de las regiones donde ocurrieron los hechos, que involucre al conjunto social en esa discusión”.

Respecto a la política vinculada a los sitios de memoria “no se ha cobrado conciencia de la importancia de la voz de los sobrevivientes y hasta de la sacralidad de ese espacio en una necesidad de elaboración, particularmente en el caso más emblemático, esta especie de disneylandia de los derechos humanos que se ha hecho en la ESMA, que ha llevado a casos como la organización de un asado y sobre todo a la respuesta gubernamental ante la indignación de los sobrevivientes, diciendo ‘esto lo vamos a seguir haciendo’, ‘no nos importa que alguien se enoje, que a alguien le duela que se queme carne en un lugar donde se quemó la carne de sus compañeros'”.

El sociólogo cuestionó finalmente que las reparaciones hayan sido económicas e individuales: “El dinero es el equivalente general de las mercancías, con lo cual no garantiza nada. La reparación es mensurar económicamente el daño y dar una cantidad de dinero por ese daño a los individuos que sufrieron eso o a sus seres queridos. Esto ha sido muy complicado porque no se ve que el daño es grupal, es colectivo, que afecta al conjunto social, empieza la discusión de quién debe recibirlo y quién no, qué es lo que uno hace con ese dinero”.

“El Estado debe hacerse cargo más de servicios que de dinero y pensar más colectiva que individualmente”, dijo y puso como ejemplo el caso colombiano que en materia jurídica fue “infinitamente peor” pero “en términos de reparaciones fue más interesante porque se piensa en relación a las comunidades afectadas y al Estado proveyéndoles servicios”.

“Si a un hijo le fue sustraído su futuro en función de que el Estado asesinó a sus padres uno podría pensar que el Estado puede ofrecerle inserción laboral, vivienda, salud, una cantidad de servicios que el Estado está obligado a ofrecer que no es lo mismo que darle el dinero para acceder a esos bienes”.

¿Por qué deberías ir a una audiencia?

“Lo primero que le diría a una persona que nunca fue a una audiencia: uno puede leer 800 libros, ir a 500 conferencias y clases y todo eso tiene un valor relativo frente a ir a una sola audiencia de este juicio”, dijo Feierstein. Si bien resta confirmación por parte del tribunal, el 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca. Es el tercero de la causa V Cuerpo de Ejército y hubo uno sobre los crímenes de la Armada. Las audiencias fueron y serán públicas, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles a doble turno en Colón 80.

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“¿Qué le va a contestar a sus hijos y a sus nietos cuando le pregunten ‘vos estuviste en alguna de esas audiencias históricas’? Aunque sea para poder dar una respuesta como corresponde como padre o como abuelo tendría que ser capaz de poder ver la escena que se arma ahí”.

“Es tremendamente reparador y va mucho más allá de la pena. En los juicios la pena no es ni lo único ni lo más importante, menos en este momento donde los perpetradores son muy mayores, no es el tema central más allá de que no pueden no tener pena después de semejante destrucción de lazo social”, manifestó.

Lo destacable es que “aquel que tuvo la disposición de la vida y de la muerte de decenas, centenares, miles de personas, llegue a una instancia donde debe escuchar a sus víctimas, ese testimonio de las víctimas es legitimado por un tribunal, debe hacerse cargo de ese testimonio, y ese tribunal califica esos hechos, los representa, plantea que estuvieron mal y asigna responsabilidades, esto es la sanción a quienes fueron los encargados, los responsables de implementar esas prácticas”.

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Al ser consultado sobre la última Marcha de la Resistencia que convocó la Asociación Madres de Plaza de Mayo con la consigna “Cristina conducción”, Feierstein opinó que en principio le “produjo preocupación que se decidiera suspenderla” porque “parte de la historia del movimiento de derechos humanos argentino era que articulaba muy pluralmente, identidades políticas muy distintas, y que le señalaba al Estado la violación de los derechos humanos que siempre es cometida por todo Estado más allá de que algunos gobiernos puedan intentar confrontarlo más que otros o profundicen la violación más que otros”.

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“Tampoco está mal señalar la cercanía que uno pueda tener o no con cierto gobierno. Pero eso es una cosa que uno hace individualmente y no como organismos de derechos humanos y de ninguna manera justifica detener la resistencia porque la resistencia ante el ejercicio de la violencia estatal va a existir siempre (…) porque es parte de la propia lógica del funcionamiento estatal. Y entonces requeriría organismos de derechos humanos que le señalen esas violaciones”.

“Doble gravedad adquiere decir que ante un cambio de gobierno se reestablece una Marcha de la Resistencia con la consigna de la conducción de un líder político que pensemos lo que pensemos, yo tengo esta visión dual de reconocer muchísimas cosas y de ver otros problemas, pero tengo claro que hay miradas muy distintas dentro del mundo de los derechos humanos y que parte de construir relaciones de confianza es construir en esa pluralidad y no obligar a nadie a tener que sentirse incluido o excluido a partir de esa identificación partidaria”, concluyó.

“Bullrich es muy coherente. Roca intentó exterminar al pueblo mapuche, no lo logró, y sin embargo la educación ha sido un arma fundamental para eliminar ideológica y culturalmente a los pueblos indígenas. La frase es de una sinceridad brutal absoluta. Decir: lo que no pudo Roca lo vamos a lograr con la escuela”, dijo el werken de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nawel tras la reivindicación del primer genocidio que hizo el ministro de Educación en Choele Choel.

Esteban Bullrich dijo en un acto oficial que la inauguración de un hospital escuela era parte de “la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación” y agregó que “no estamos poblando este desierto, ustedes hacen que esto no esté desierto y eso es lo más lindo”.

Nawel afirmó a FM De la Calle que el ministro “muestra la coherencia que tiene el PRO, que tiene la derecha, que tienen todos estos sectores que hoy les toca gobernar el país” que “reivindican héroes como Roca, Mitre, Sarmiento, gobiernan para una clase muy específica, que es la suya, desprecian todo lo que es demanda o reivindicación popular, desprecian al interior. Saben muy bien lo que quieren y para qué están utilizando al Estado”.

“Sí me preocupa que la sociedad argentina, la sociedad criolla, todavía no dimensione lo que implicó la Conquista del Desierto, porque yo creo que un exabrupto como el que cometió en su momento el secretario de Cultura Lopérfido, cuando habló de que no eran 30 mil los desaparecidos, le costó la renuncia. Creo que ningún sector de la población hoy aceptaría que se reivindique el holocausto al pueblo judío y habría una condena y le costaría la cabeza a cualquier funcionario al que se le ocurriera”.

“Sin embargo lo de Bullrich va a quedar como una anécdota dentro de un par de días, nadie se va a acordar. Me preocupa que se vaya haciendo natural que de pronto sectores fachos o racistas como los que gobiernan hoy puedan decir semejante barbaridad y no le cueste la cabeza a ese ministro”, dijo.

Cuestionó el “doble discurso de los sectores progresistas o de derechos humanos todavía no llega a reivindicar lo que es la situación de los pueblos indígenas y eso me preocupa porque somos parte de esa gran mayoría que aceptamos pasivamente que un ministro racista como este venga a decir en nuestras propias narices que lo que no pudo Roca lo va a lograr la educación”.

Luego del discurso, Bullrich oscureció ante la prensa: “Me refiero a ese proceso histórico, del avance en un territorio que no estaba conquistado, ocupado. Ahora, a partir de una construcción distinta con la educación, los pueblos originarios tienen que ser reconocidos, hay que trabajar con ellos para que haya una cultura común y no la aniquilación para que (una cultura) predomine”.

El werken recordó que si bien Argentina se reivindica como “lo más blanquito de América” existen más de treinta pueblos indígenas en su interior. “Todos los días estamos luchando contra eso porque tenemos un sistema educativo totalmente discriminador y racista que sigue reivindicando a Sarmiento como el primer maestro, el padre del aula, y no noto que los maestros cuestionen esa celebración y cantan el himno y se toman el día de descanso en honor al gran maestro y siguen reivindicando a un racista, a un genocida”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó su preocupación frente a las declaraciones del presidente Mauricio Macri respecto del episodio violento que terminó con el asesinato de un joven en la localidad bonaerense de Zárate. “Es imposible no unir este hecho a otros ocurridos recientemente, que han generado un fuerte impacto social y debate público y, por lo tanto, obligan a todos los poderes del Estado a reacciones responsables que no promuevan más violencia y se ajusten plenamente al estado de derecho”.

Las declaraciones de Macri “son un alerta en el debate público sobre la seguridad. Frente a la expresión de cualquier tipo de violencia, el Estado debe actuar solamente generando reacciones responsables que no promuevan la resolución de ningún conflicto mediante el uso de más violencia sino que promuevan la paz y el funcionamiento de las instituciones”.

En este sentido, desde la Comisión manifestaron que “es inadmisible que el presidente hable de manera irresponsable sobre una situación tan delicada y desconozca el alcance que pueden tener sus declaraciones. Porque con este proceder contribuye, sin ningún tipo de reparo, a amparar acciones violentas —que son crímenes— como mecanismo para la resolución de conflictos que son fundamentalmente sociales”.

“En su línea argumental, al denominar a quien cometió el delito como ‘ciudadano sano y querido’, Macri relativiza la gravedad del crimen y por lo tanto niega la condición de víctima a quien no sería considerado sujeto de derecho. Sobre la base de esto operan luego las expectativas de administración de justicia. Esto no sólo abona un proceso de estigmatización muy fuerte sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, construyendo un consenso social peligroso y autoritario, sino que además promueve condiciones para un accionar limitado y deficiente de las instituciones del Estado como la justicia”.

“Pero, además, esconde la ausencia del Estado para garantizar el bienestar de las personas. Porque ahí donde hay ‘justicia por mano propia’, simplemente no hay justicia para nadie. Y, cuando no hay Estado ni justicia, la violencia se amplifica en múltiples sentidos”.

“Cada nuevo hecho debe interpelar al Estado, y sobre todo a quienes gobiernan, para que de una vez por todas pongan en marcha políticas de seguridad eficaces que abandonen la demagogia punitiva y la mano dura. Estas políticas han demostrado ser ineficientes para resolver el delito y la violencia. Por el contrario han generado más violencias, conflictos y corrupción”.

La CPM agregó que “estas violencias, que se despliegan entre las personas y el modo en que son abordadas mediáticamente —especialmente por las empresas hegemónicas de la comunicación—, son el síntoma de una desigualdad estructural que pone en evidencia la ausencia del Estado. Cada nuevo hecho debería ser pensado como un reclamo para el fortalecimiento de políticas públicas de inclusión. Pero de ningún modo los funcionarios públicos pueden amplificar procesos de segregación social que sólo abonan la génesis de más violencias”.

“No queremos vivir en una sociedad que enfrenta a unos con otros. La democracia ofrece múltiples caminos hacia el bienestar de todos. Recorrerlos y garantizarlos es la obligación inexcusable del Presidente de la Nación”.

Lo confirmó a FM De la Calle Saúl Zeballos, integrante de la asamblea Jáchal no se toca. Asimismo, afirmó que la población tiene sentimientos de “zozobra, de abandono de las autoridades, de muchas cosas que se juntan y que evidentemente no tendrían que pasar”. Hoy a las 20 la comunidad volverá a marchar “exigiendo el cierre total de veladero, remediación y prohibición de la megaminería”. 

Ayer en la tarde se incrementaron los rumores del evento y a raíz de eso otro integrante de la organización, Faustino Esquivel, “se comunicó con el senador Ruperto Godoy y le pidió confirmaciones al respecto”. El legislador se entrevistó “de forma personal con el ministro de Minería Alberto Gensel, quien le había confirmó el derrame”.

A raíz de eso asambleísta hizo la denuncia pertinente en Gendarmería “para que actúe la justicia Federal. Nos enteramos esta mañana temprano que la provincia de San Juan a través del fiscal De Sanctis va a hacer la denuncia en el juzgado del juez Pablo Loiza”.

Para Zeballos, “los funcionarios siguen con una actitud de ocultamiento temerario” ya que la empresa informó oficialmente al gobierno provincial lo ocurrido el día del suceso ocurrido el 8 de septiembre y recién actúa luego de que toma estado público por fuerza de la movilización popular.

Un año y dos días atrás la minera fue protagonista de otro desastre ambiental del mismo carácter: derrame de cianuro. “Tuve que se yo el que hizo la denuncia y recién al día siguiendo lo hizo el gobierno”, agregó.

“El actual informe de la empresa Barrick dice que el 8 de septiembre se rompió un caño de 28 pulgadas. No dice cantidad y dice, igual que el año pasado, que no había salido del valle de lixiviación. Pero hay que recordar que el año pasado comenzaron diciendo que eran 15 mil litros, que no había salido del valle de lixiviación. El juez determinó que habían sido 1 millón 27 mil litros derramados en el río. Y nosotros tenemos documentación de la empresa que nos ha llegado hace pocos días en donde la cantidad derramada fueron 5 millones de litros de solución cianurada. Entonces, el ocultamiento de la información es lo que a nosotros nos da a favor”, explicó.

El cambio en material ambiental: sin novedades

Consultado acerca de las diferencias políticas en el tratamiento de lo ambiental luego del cambio de gobierno, Zeballos sostuvo que “representa más de lo mismo. El secretario de ambiente aparentemente está becado de por vida porque ya hace 13 o 14 años que está en el cargo y no hizo absolutamente nada. El jefe de la policía minera es exactamente el mismo que hace un año atrás y se comporta de la misma forma”.

“A nivel nacional, nosotros nos da vergüenza ajena que el ministro (de Ambiente, Sergio) Bergman vaya por las provincias que no tienen megaminería para pedir un debate serio, responsable y sin prejuicios sobre la megaminería. Pero en aquellas provincias que sí tenemos megaminería, es más, que tenemos este tipo de desastres ambientales, no hay que hablar del tema, no hay que generar debate porque no quieren poner en riesgo ese proyecto megaminero nacional. Cambian las caras, las autoridades pero no cambia la actitud hacia el pueblo de Jáchal, el ninguneo que tienen las autoridades para con nosotros”.

La empresa, por su parte, decidió hace pocas horas prescindir de los servicios de quien gerenciaba la mina Valedero, utilizando el mismo modus operandi que el año anterior, cuando presentó su renuncia Guillermo Caló, entonces director ejecutivo de la multinacional.

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La empresa tiene tres causas penales en su contra. La primera la inició el fiscal de Estado de la Provincia en representación del gobernador ante al Juzgado Provincial del Jáchal por un artículo del Código Penal que es la contaminación dolosa del agua. La segunda, la inició un grupo de sanjuaninxs que se presentan como querellantes en el Juzgado Nacional de San Juan y pertenecen a una ONG que se llama ‘Ciudadanos independientes’ y la tercera, fue en Capital Federal, promovido por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.

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(Por Francisco J Cantamutto) El problema de las tarifas se erige como centro de una disputa más amplia. No se trata solo de discutir los precios que pagamos por servicios públicos sino -como hemos venido discutiendo aquí– de uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Cambiemos. Justamente, coincidien esta semana el Foro de Inversión y Negocios con el llamado a la audiencia pública por la tarifa de gas para usuarios residenciales.

El Foro, conocido como el “Mini-Davos”, es una réplica del Foro Económico realizado en Suiza en enero, del que Macri volvió lleno de promesas hasta el momento incumplidas, y de la reunión empresarial Business20, realizada en paralelo al encuentro del G20 en China hace semanas. Se busca tentar al empresariado transnacional acerca de las virtudes del espacio argentino para valorizar su capital. Lo organizó, a pedido del gobierno, el empresario Richard Attias, que comparte con Macri la tenencia de activos en paraísos fiscales. Entre otras empresas, se reunieron con el presidente representantes de BP, Novartis, Toyota, Unilever, Enirgi, Pan American Silver, IBM, Citigroup, Siemens, Coca-Cola (el listado ampliado está aquí).

La nota de color se la lleva el CEO de Dow, Andrew Liveris, quien dijo: “Necesitamos certezas en materia de políticas energéticas, también con la cuestión impositiva”, para agregar que sus inversiones están garantizadas… si se “supera la falta de transparencia generada por los subsidios”, y “logra instrumentar mejoras en el sistema energético” (según fue recogido por el conservador diario La Nación). Esto es importante: para el empresariado transnacional, más allá del acuerdo ideológico y político con este gobierno, no queda claro que las políticas económicas tengan coherencia, previsibilidad y sean capaces de sostenerse frente a la intensa reacción social. La disputa por el nivel actual y futuro de las tarifas entrecruza una disputa por nuestras condiciones de vida frente a sus oportunidades de negocios. Por eso, para mostrar gobernabilidad, se invitó como oradores a la gobernadora de Buenos Aires, pero también sus pares de Salta, Neuquén, Córdoba, San Juan y Misiones. Todo un arco de defensores del nuevo “modelo”.

El día viernes 16/9 está prevista la audiencia pública por la suba del gas para hogares. Mientras tanto, persisten los aumentos para el resto de los usuarios y del resto de los servicios (luz, agua, transporte). Se espera que el gobierno procure que esta instancia sea anecdótica, pero ya múltiples organizaciones señalaron que no se lo harán sencillo. Las Multisectoriales, las CTA, la Corriente Federal de la CGT y FACTA son algunas de las que movilizarán el viernes.

Lo que sigue es racconto básico para poner en discusión este aumento del gas:

  1. No hubo ni hay información ni argumentos que justifiquen el aumento. No se convocó previamente a audiencias públicas (la actual fue convocada tardíamente, por el fallo de la Corte Suprema). Todo esto vulnera los marcos regulatorios, y además derechos básicos constitucionales a la información y a la participación sobre estos servicios (art. 42).
  2. El aumento se produjo en un contexto de aceleración inflacionaria y aumento del desempleo lo que hace que en algunos casos las tarifas se vuelvan imposibles de pagar. Esto afecta los principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad. Dado el especial impacto en micro, pequeñas y medianas empresas, la suba ya en curso alimenta nuevas quiebras y despidos.
  3. El anuncio de sucesivos esquemas tarifarios cuestiona el criterio utilizado. La referencia al retraso relativo de las tarifas respecto de otros precios no es un argumento, pues cualquier sector (en especial quienes vivimos de un salario) podría argumentar igual y subir sus propios precios. La falta de criterios claros va contra el argumento de proponer un clima favorable a los negocios, de previsibilidad en los contratos. Esto se trasunta en la actual falta de inversiones productivas.
  4. Los sucesivos esquemas tarifarios no han resuelto ninguna de las asimetrías previas: ni las que existen entre tipos de usuarios (siguen proponiendo esquemas regresivos) ni las que existen entre áreas geográficas (los subsidios no tienen relación con las necesidades climáticas de cada región). La tarifa social está muy lejos de cubrir el impacto asimétrico, ocasionando múltiples costos de gestión, además de una victimización de la necesidad, pues el afectado debe probar su vulnerabilidad (invierte la carga de la prueba). Su aplicación ha sido defectuosa y parcial.
  5. No han introducido tampoco ninguna consideración respecto de cambios en la matriz energética (fomento a energías alternativas) o de eficiencia en el uso (por ejemplo, mejoras estructurales en las residencias), que pudieran moderar el problema en el mediano plazo.
  6. No se presentó ningún plan de inversiones asociado, por lo que tampoco hay garantías que las mayores tarifas tengan efecto en mejores prestaciones. Se pagaría más por un servicio defectuoso. La experiencia de los ‘90 indica que mayores precios y horizonte previsible no implican automáticamente inversiones para un mejor servicio. La falta de compromisos claros pone en duda cualquier escenario futuro.
  7. Al mismo tiempo, el gobierno se ha negado a auditar la actuación de las empresas proveedoras en los pasados años. Revisar sus memorias y balances podría dar elementos de juicio para saber: a) cuál fue el resultado económico; b) identificar prácticas fraudulentas (como la denunciada en el caso de las transportadoras de gas, TGN y TGS, que pagaron a sus casas matrices por supuesto asesoramiento, como manera de remitir ganancias al exterior sin declararlas); c) identificar qué se hizo con las transferencias recibidas, por compensación al nivel de las tarifas y por planes especiales (Plan Gas). Todo esto debería ser información pública, pues se brinda un servicio público.
  8. El supuesto nivel elevado de los subsidios ha sido desmentido incluso por un informe del FMI, que mostró que Argentina está por debajo de lo que subsidian en promedio los países de la OCDE.
  9. Si la revisión actual se enfoca solo en el peso de estas transferencias en el presupuesto público, llama la atención que al mismo tiempo que se se suben muy rápidamente otros gastos como el pago de deuda y se recortan ingresos, como las retenciones.
  10. La revisión del precio de la tarifa por energía debe considerar toda la cadena: la producción e importación de gas, su transporte y distribución. El gobierno ha restringido la revisión solo a estos últimos dos tramos, omitiendo que el principal costo está en el primer tramo. Al respecto, el precio en boca de pozo pagado por Argentina es superior a lo abonado en otros países, y esto no ha promovido inversiones –fuera de las realizadas por YPF a partir de su nacionalización parcial.

Todo lo anterior muestra la falta de argumentos razonables y creíbles para aplicar un aumento generalizado de tarifas, razones que hemos expresado en los medios, las calles y la justicia. La escasa credibilidad de esta propuesta es tal, que hasta los socios del gobierno se lo han señalado. Y por eso el Mini Davos sigue cargado de promesas, sin ninguna concreción.

La Coordinadora contra los Tarifazos de Bahía Blanca convocó a la comunidad a movilizarse este viernes a partir de las 19 desde la Plaza Rivadavia en el marco de audiencia pública para evaluar el cuadro tarifario del gas presentado por el gobierno nacional que se realizará en la Usina del Arte porteña.

“La única posibilidad de que el tema del tarifazo pueda derrotarse no está ni en la firma de los jueces, ni en los amparos, sino en el pueblo movilizado y organizado. Hasta ahora el gobierno se ha empantanado de alguna manera desde aquella pretensión de 1700%, luego bajó a 1000, luego a 500 y ahora a 200 y pico, tiene que ver con esta movilización popular en todo el país, en todas las plazas, en todas las ciudades importantes”, dijo a FM De la Calle José Lualdi.

Agregó que en el último encuentro de la Coordinadora “se discutió que no es solo el gas, más allá de que el viernes concretamente la audiencia lo sea, sino la cuestión de todas las tarifas, las que tienen que ver con la energía eléctrica, las que tienen que ver con el agua, por eso insistimos en que la consigna y la bandera principal es ‘unidos contra los tarifazos y el ajuste’ y resolvimos movilizar a las 19 horas del día viernes en la Plaza Rivadavia para lo cual invitamos al conjunto de la ciudadanía a sumarse”.

El objeto de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por orden de la Corte Suprema es considerar el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) y al mismo tiempo las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros resultantes de la Revisión Tarifaria Integral ratificada para una nueva audiencia a convocar en octubre.

Desde Bahía Blanca concurrirán l@s concejal@s Ezequiel Gimeno, Paola Ariente, Matías Italiano y Juan Manuel Martínez Eizaguirre, la titular de la OMIC, Mercedes Patiño y el presidente de APYME, Carlos Ferrari.

Para el intendente Héctor Gay la despenalización del consumo de drogas, planteada recientemente por más de 260 integrantes del Poder Judicial como una política respetuosa de los derechos humanos que termine con “la guerra contra el narcotráfico”, es “un debate interesante pero tiene que ser en un marco mucho más abarcativo” que baje desde Nación y que “no sea extremista”.

En la entrevista realizada este sábado en Enredados*, el jefe comunal se mostró “preocupado” porque “la droga está instalada fuerte y en todos los estratos sociales” y opinó que “la diferencia entre los chicos que están en el sector vulnerable y lo que pasó en El Reino es la calidad y el precio”.

“Justamente en los sectores más vulnerables, que son los más proclives a consumir cualquier cosa y drogas de peor calidad, el resultado son los que tenemos (sic): el aumento en la violencia y la delincuencia tiene que ver con esto”.

“Tenemos que buscar un modelo adecuado a la idiosincrasia argentina pero además que no sea extremista, tenemos la rara virtud de irnos hacia los extremos y la verdad que un sistema solo represivo como se instrumenta en distintos lugares del mundo no va a dar resultado. Ahora, un sistema absolutamente abierto, fijensé el caso de Holanda como ha empezado a retrotraer algunas de las políticas de quizá lo más liberal que había en materia de droga”, dijo.

Gay afirmó que “no hemos avanzado demasiado todavía” y distinguió dos cuestiones de la gestión anterior: “El gobierno nacional nunca reconoció el tema, jamás reconoció que había un problema serio, sí lo reconoció Scioli desde el primer momento, si hizo algo o no es otra cosa”.

Sedronar en Bahía

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El titular de la Sedronar, Roberto Moro, estuvo ayer en la ciudad y fue consultado por la circulación de drogas de laboratorio. “Hubo dos encuentros con todas las ciudades grandes que tienen problemas similares -Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe- donde el consumo de las sintéticas venía siendo un grave problema y se trabajó en protocolos, además con un sistema que estamos implementando de alerta temprana para todas las organizaciones de salud y de las fuerzas que trabajamos en conjunto”.

“Esto ya no es solamente de ciudades grandes, no solo por el hecho que ocurrió aquí en Bahía sino que hemos visto que se va trasladando a ciudades de millones de habitantes a ciudades de menos. (…) Las drogas sintéticas son mucho más difíciles de detectar que las otras drogas, el trabajo que vienen llevando adelante las fuerzas en el control del narcotráfico es interesante, muy fuerte, pero no alcanza solamente con la lucha, en esto tenemos que buscar el equilibrio entre oferta y demanda”, agregó Moro.

Las declaraciones fueron en el marco de la presentación del programa “Municipios en acción” que tiene como objetivo principal promover la inclusión del consumo problemático de drogas en la agenda política municipal, a través del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de Planes Locales sobre Drogas.

La adhesión al programa brindará a los municipios la capacitación a equipos técnicos municipales en la elaboración de diagnósticos y en el diseño de un plan local; herramientas para la implementación de estrategias de Prevención; un Observatorio Local que elabore estudios epidemiológicos y fortalecerá a los actores locales mediante capacitaciones en atención primaria de la salud.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

La diputada nacional por el Frente de Izquierda e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Myriam Bregman, aseguró a FM De la Calle que “Jujuy es el laboratorio en el cual están ensayando lo que quieren hacer en todo el país, es una avanzada en ajuste y represión, con un aditamento que se notó mucho en las denuncias que recibimos que es el rol del Poder Judicial”. Respecto al pedido del gobierno nacional de ser querellante por la desaparición de Julio López opinó que “demasiadas trabas tiene esta causa como para sumarle una más”.

El fin de semana un grupo diverso de organismos de derechos humanos y legisladoras se instalaron en Jujuy para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. “Superó ampliamente nuestras expectativas porque la gente fue llegando todo el día trayendo pruebas de lo que está pasando, de las torturas en comisaría, de las detenciones ilegales, de los allanamientos ilegales. Más allá de que conocíamos la situación no por eso dejó de asombrarnos el estado policial que se está viviendo en la provincia de Jujuy gobernada por Morales de la UCR y el vicegobernador Haquim del Frente Renovador”.

“La verdad es que es una situación muy, muy complicada. Por ahí se conoce más la detención de Milagro Sala y de algunos otros militantes de esa organización pero lo que ocurre en Jujuy excede completamente ese caso, es un ataque en regla a todo el movimiento obrero y popular”.

Bregman afirmó que “Morales asumió e hizo votar un aumento en los números del Tribunal Superior de la provincia. Varios de los diputados que votaron el aumento de los integrantes después de aprobada la norma se dieron vuelta y fueron designados jueces. Y a quien era apoderado de la lista de la UCR en las elecciones lo ponen de fiscal de Estado para que sea el que acusa en nombre del Estado”.

En cuanto a la intención del gobierno nacional de ser querellante en la causa que investiga la desaparición en democracia de Jorge Julio López, de la cual se cumplirán diez años el 18 de septiembre, Bregman aseguró que “es asombroso” porque lo que debería hacer el Estado es asumir su rol de victimario.

“Casualmente hace unos días aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un pre dictamen en el cual se exige que el Estado entregue todos los archivos de inteligencia que cuenta sobre la desaparición de Julio López y nos responde con esto, no entregando la información y cumpliendo el rol que debería tener el gobierno sino nuevamente apostando al encubrimiento. Ya como querellantes estamos todos nosotros”, dijo la diputada y agregó: “Sabemos que las fuerzas de seguridad intervinieron, sabemos que la SIDE intervino pero toda esta información recabada nunca se volcó en la causa”.

En Bahía Blanca predominan los imputados por crímenes de lesa humanidad detenidos (63%) en relación al total de represores en libertad (20%). Respecto del tipo de detención, existe paridad entre la domiciliaria (50%) y los alojados en el servicio penitenciario (48%). Los acusados son 143: 90 detenidos, 3 excarcelados, 25 libres, 3 prófugos y 22 fallecidos.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó un estudio detallado de la situación de las personas imputadas por delitos de lesa humanidad en todo el país que revela que, desde marzo de 2015 a agosto pasado, se registra “una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario”. En ese período la cantidad de quienes accedieron a ese benefició ascendió de 384 a 489.

El informe de la dependencia a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky fue realizado con datos que periódicamente remiten los fiscales federales de todo el país que intervienen en estos procesos. El número global indica que al 1° de agosto pasado -fecha de cierre del trabajo- había en todo el país 1055 detenidos, con una diferencia de apenas 46 entre quienes están detenidos en la cárcel (535) y de aquellos que están presos en su domicilio (489). Ese es “un dato que discute con cualquier manifestación que sugiera que este beneficio se deniega en forma sistemática”, señala el estudio.

En efecto, entre marzo y diciembre de 2015 “aumentó tanto el número de personas con arresto domiciliario como el de detenidos en el servicio penitenciario”. Las cifras “crecían en una distribución pareja, consistente con el aumento del total de imputados detenidos que se dio durante ese periodo”, explica, y sostiene que “esto cambia en 2016, donde la tendencia es a la baja para el total de detenciones y para el número de detenidos en cárceles, pero el arresto domiciliario aumenta”. Aclara que “no puede inferirse que el aumento de un tipo de detención es la consecuencia directa de la baja del otro, pero este cambio se da en un escenario en el que además se dictan menos detenciones o se producen excarcelaciones”.

En esa línea concluye que “el aumento de la cantidad de detenidos en prisión domiciliaria es sostenido desde marzo de 2015, junto con una tendencia a la baja de la cantidad de detenidos en el servicio penitenciario y de los detenidos en general” e indica que “los datos muestran además que en ningún caso se trata de cambios abruptos o representativos de un alto número de imputados”.

Entre los 1055 detenidos, 522 están procesados (casi el 50 por ciento), 509 (48 por ciento) condenados y hay 11 (1 por ciento) absueltos pero procesados en otras causas. El resto, 13, son personas con falta de mérito y sobreseídos con detenciones en otras causas, e indagados y detenidos sobre los que a la fecha de cierre de los datos no se había resuelto su situación procesal.

Si el foco se sitúa sólo sobre el total de 692 condenados al 1° de agosto, las estadísticas muestran que el 73,5 por ciento (509) se encuentra detenido y que el 17 por ciento (116) está en libertad. El restante 9,5 por ciento está integrado por los fallecidos y por un prófugo.

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En tanto, entre los procesados, el 62 por ciento está detenido y el 38 por ciento en libertad. La mayoría de los procesados detenidos está transitando el juicio oral o ya tiene formulada a su respecto la elevación a juicio.

El 16 por ciento de quienes resultaron absueltos en juicio oral se encuentra detenido, pues está procesado con prisión preventiva en otras causas.

La situación en las secciones judiciales

Las cinco secciones judiciales con más alta tasa de detenidos son La Plata (con 118 personas en total que significan un 67,4 por ciento), Corrientes (con 21 y 65,6 por ciento), Resistencia (con 27 y 64,3 por ciento), Bahía Blanca (con 90 detenidos y 62,9 por ciento) y Mendoza (62 y 56,9 por ciento). En la Capital Federal hay 174 detenidos que representan un 50,9 por ciento del total de los imputados de esa jurisdicción.

Reconquista es la sección judicial del país que tiene a todos los detenidos (un total de 6) alojados en dependencias penitenciarias. Jujuy, con 29, suma el 78,4 por ciento; Catamarca, con 3, el 75 por ciento; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 113, el 67,7 por ciento; y Resistencia, con 20, el 74,1 por ciento. La sección judicial de La Plata, que cuenta con el mayor porcentaje de detenidos, registra un 62,6 por ciento de ellos (72) en cárceles.

Por otro lado, si se enfoca la situación en los detenidos con prisión domiciliaria, las secciones judiciales que lideran esa variable, con el 100 por ciento, son Rawson, San Nicolás y Viedma, donde todos los detenidos (4, 2 y 1, respectivamente) están en sus casas. Neuquén tiene 13 detenidos en esa situación que representan un 86,7 por ciento; Salta, 11 y un 84,6 por ciento; Paso de los Libres, 5 y un 83,3 por ciento; y Azul, 28 y un 82,4 por ciento.

En su visita a Enredados* el intendente Héctor Gay se refirió al futuro del buque regasificador en el puerto, la intención de DOW y otras empresas conexas de ampliar sus plantas siempre y cuando dispongan del gas para su producción, la instalación de parques eólicos en la ciudad y las obras para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Al ser consultado por la permanencia y continuidad de la operatoria del buque regasificador en el puerto local, Gay afirmó que “pasamos de ser un país exportador hasta 2008 a un país que empezó a importar y en esa línea caímos nosotros como puerto de aguas profundas y demás”. Reconoció que “siempre es un motivo de preocupación” y advirtió que “en los planes de contingencia del Plan Apell no está previsto el buque”.

“Ojalá no estemos diez años. Espero que con algunas adecuaciones y demás el tema del gas aumente la producción fundamentalmente en Vaca Muerta, hay mucho interés, obviamente están estudiando a ver si conviene o no invertir en Argentina que es uno de los grandes desafíos pero espero que mucho más rápido tengamos la posibilidad de contar con gas y menos buque regasificador”.

En cuanto al futuro del sector industrial, el intendente no descartó ampliaciones atadas a la disponibilidad de gas: “Este es un centro neurálgico. El otro día fui a visitar la planta de TGS, me llevaron a un rincón especial y dicen el 70% del gas pasa por este rincón en el cual convergen todos los yacimientos”.

En materia energética destacó que Bahía “es el principal punto de interés de la energía eólica en el país”. Recordemos que el gobierno nacional lanzó el Plan RenovAR que promete inversiones por cinco mil millones de dólares para el sector, la creación de un fondo de fomento de doce mil millones de pesos y la disminución del riesgo empresarial garantizando el negocio dado que el ocho por ciento de la energía que consumen las industrias deberá ser renovable.

Gay confirmó la presentación de cinco proyectos para Bahía y once para la región y confió “en que vamos a tener tres parques de cien megas cada uno en la Ruta 51 entre Bahía y Cabildo que nos va a dar una dimensión importante de generación de energía utilizando el viento”.

Sobre los puestos de empleo dijo que “cada uno genera entre 200 y 300 puestos de trabajo de la construcción durante los 18 a 24 meses que dura, después para el mantenimiento es menos y son más profesionalizados, pero estamos necesitando reactivar la construcción ahora. En octubre se evalúa la cuestión económica y se adjudica el mes que viene, por lo cual estimo que entre enero y febrero tendría que estar”.

Finalmente, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de grandes cantidades de agua para la ampliación del polo petroquímico, Gay comentó que la planta de reutilización de líquidos cloacales “está empezando” y que “cuando se termine las tres etapas” cubrirá la demanda del sector. “Hoy no tenemos problemas porque el dique rebalsa pero tenemos ahí la posibilidad de que cuando termine ese 22 y 23 por ciento -de agua que consume el polo- lo tengamos disponible para la ciudad”.

La planta permitirá dejar de tirar los líquidos cloacales a la ría: “Hoy el principal contaminante es ABSA, es el Estado, los 365 días, las 24 horas, va toda la cloaca y no van solo residuos cloacales, va un montón de situaciones que es imposible controlar”.

“Se está terminando el proyecto del acueducto del Rio Colorado, estamos teniendo algún problemita porque tiene que entrar a Bahía y la entrada siempre es complicada, va a terminar en el Parque Independencia, se van a hacer dos grandes cisternas, ya hay una y se van a hacer otra dos, una muy grande que va a permitir mezclar el agua del dique y del Rio Colorado para que tenga la misma calidad y después dosificar, si en algún momento la del Colorado es mala directamente no la utilizas”.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

En busca de la mayor unidad para enfrentar las políticas del gobierno nacional, las autoridades de la CGT recibieron esta semana a referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. El 24 de septiembre se reencontrarán en el salón Felipe Vallese de la CGT en el marco de un Encuentro de Movimientos Populares.

En diálogo con FM De la Calle, el secretario general de CTEP, Esteban Castro, aseguró que “hubo una unidad en la concepción de que todos somos trabajadores, los que trabajan formalmente y aquellos compañeros que hemos tenido que crear nuestra propias fuentes de trabajo porque el desarrollo del sistema capitalista nos va dejando afuera”.

El primer tema abordado en el encuentro fue “la situación económica que se está deteriorando, todos sabemos de los despidos, la inflación, la transferencia de recursos a los sectores más concentrados, el presidente Macri planteando que no se abran las paritarias cuando es algo que en todo caso es una discusión entre los trabajadores y los dueños de las empresas, habló como un empresario y no como un presidente”.

“Para adelante planteamos que tenemos presentado un esbozo de ley de emergencia social que vamos a discutir con distintos bloques del Congreso, que ya estuvo presentado con 16 senadores y más de 20 diputados que también fue un momento histórico, y que necesitamos el apoyo y ellos se comprometieron a ir discutiéndolo”, dijo Castro.

La iniciativa propone “que existan por lo menos arriba de dos millones o dos millones y medio de programas Argentina Trabaja que fomenten el trabajo, no programas ni recursos o subsidios para quedarse en su casa”.

El titular de CTEP afirmó que “nosotros no somos desestabilizadores, que es una idea que están tratando de imponer sobre todo cuando ven estos procesos de unidad, imagináte que venimos desde el 24 de febrero cuando ATE planteó un paro, pasando por el 29 de abril que fue una jornada de lucha muy importante, se hizo lo del 7 de agosto un domingo que se llenó la plaza y nosotros fuimos un poco los protagonistas para poner en escena las reivindicaciones de nuestro sector y se hizo la Marcha Federal”.

“No hubo incidentes, nadie puede decir que fuimos agresivos ni que nos fuimos de mambo con declaraciones, estamos planteando que el gobierno le ponga un freno a las políticas de ajuste y que cuanto más proceso de unidad de los trabajadores existe menos posibilidad de desestabilización o estallido social.  Ahora, alguien nos tiene que dar bola”, advirtió Castro.

Agregó que “los que desestabilizan los países y los procesos políticos son los grandes grupos de poder económico, los que han generado los golpes de Estado han sido los más poderosos de nuestro país, no estamos a favor de ningún proceso que genere algún tipo de estallido social porque los muertos siempre son de nuestro lado”.

La Asociación Bancaria y la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia denunciaron “un achicamiento que a la larga puede ser una política de privatización de la banca pública”. Lo hicieron en el marco de protestas que esta semana tuvieron epicentro en Tandil, el 22 continuarán en Bahía Blanca y luego en Chivilcoy, Mar del Plata y La Plata.

Néstor Barral comentó a FM De la Calle que se trata de “medidas que de a poco va tomando el Banco Provincia donde va a seguir achicando algunos sectores a efectos de cerrar algunas sucursales que no son rentables perdiendo la función social y la ayuda económica para la producción regional, es un banco de fomento que tiene que estar en todos los lugares donde es necesario aunque no sea rentable”.

“No hay nombramientos de empleados, en muchas sucursales se está trabajando con el personal mínimo, donde los empleados están haciendo un esfuerzo tremendo para llevar la operatoria adelante porque se van jubilando”. El dirigente informó que “entre 270 y 280 puestos no se cubrieron”.

Barral agregó que “hay varios temas que estamos viendo que hacen que uno vaya notando que la política llevada adelante no es coincidente con la que ha llevado el Banco Provincia que es una de las entidades más antiguas del país -cumplió 194 años de vida- y desde un principio estas autoridades nombraron a un gerente general que no es de carrera cuando toda la vida fue así, era una persona de la banca privada que con el descontento de las gremiales internas y la intervención del gremio a nivel nacional pudimos lograr que se retire”.

“Otra de las problemáticas es que no hay diálogo con las autoridades del banco a pesar de haber pedido audiencias por parte de las gremiales internas, no hay alguien que dé la cara, ningún vocero al que se le pueda plantear las inquietudes”, dijo.

NO AL ACHIQUE DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Este directorio es muy predecible y está muy claro su rumbo.

  Al Banco LO ACHICAN cuando pierde clientes del sistema productivo (por tasas activas) estableciendo tasas 10 puntos por encima del promedio del Banco Nación u otros bancos, por ejemplo, el Credicoop.

  Al Banco LO ACHICAN cuando pierde clientes porque este directorio desalienta la inversión financiera (tasas pasivas), por ejemplo la tasa de los plazos fijos está entre 4 y 6 puntos por debajo del resto del sistema.

  Al Banco LO ACHICAN cuando incumplen con la Carta Orgánica, y los miembros de su directorio violan los deberes de funcionarios públicos cuando deciden prestar su capital al BCRA bajo el formato de letras o títulos (LEBACS o NOBACS) lo que se define vulgarmente como “timba financiera”, y deja de cumplir con su rol de banca al servicio de la producción, de las Pymes, de incentivo a los pequeños y medianos comerciantes, y podríamos seguir.

  Al Banco LO ACHICAN cuando este directorio decide abandonar su política de personal y define que 10550 empleados son demasiados para el modelo de banco que tienen pensado.

Al Banco LO ACHICAN cuando sus directores deciden resentir la atención al público dejando sin cubrir más de 250 vacantes generadas en estos ocho meses. Y se despreocupan del deterioro de las dotaciones de personal poniendo en riesgo hasta la salud de sus trabajadores, e incluso resintiendo la relación empleados/clientela.

  Al Banco LO ACHICAN cuando deciden ir rumbo a un banco electrónico y se desentienden de la cuestión operativa de cada una de las sucursales.

  Al Banco LO ACHICAN cuando rompen con acuerdos preexistentes y deciden aumentar las tasas de los préstamos personales, haciendo caja con sus empleados.

  Al Banco LO ACHICAN y ponen en riesgo su patrimonio cuando deciden tomar deuda por 5.600 millones de pesos destinado al rubro “modernización”, y no permiten el acceso a esa información y bloquean toda posibilidad de debate institucional y democrático.

  Al Banco LO ACHICAN cuando rompen todos los canales de diálogo, cuando avanzan tercerizando áreas centrales, cuando contrata consultoras privadas para reemplazar tareas y funciones que el banco viene realizando desde hace 194 años.

  Al Banco LO ACHICAN y cuando LO ACHICAN y pierde, perdemos sus empleados y pierden fundamentalmente los habitantes y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

  Ante esta situación los trabajadores le decimos: NO AL ACHIQUE DEL BANCO PROVINCIA.

  Hace unos días nos movilizamos a Capital y participamos activamente del inicio del Plan de Lucha decidido por el conjunto de las CGI y con participación de las distintas seccionales de la Asociación Bancaria y el apoyo contundente de nuestro secretario General Sergio Palazzo. Plan de lucha que tiene continuidad y que se expresará a lo largo y ancho de nuestra provincia.

  Porque asumimos la defensa de nuestros puestos de trabajo, la defensa de nuestros salarios y la defensa irrestricta del banco como herramienta financiera de la provincia, como banco público, eficiente y al servicio del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Los días 18 y 19 de octubre se realizará la evaluación Aprender con el objetivo oficial de “relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo”. Desde Suteba advierten “la perversión de volver a la escuela como una mercancía, si se va a empezar a comprar y vender el alerta es entender que esto se puede ir privatizando de a poco”.

“Los resultados permitirán brindar orientaciones que contribuyan a la mejora continua de los aprendizajes y a una mayor equidad, y planificar políticas que optimicen la calidad educativa. En 2016 participarán alrededor de 1.400.000 estudiantes en más de 30.000 escuelas de todo el país. Colaborarán 31.365 veedores (directivos) y 71.606 aplicadores (docentes)”, dice la web del Ministerio de Educación.

Eugenia Justo, docente y dirigente de Suteba, explicó a FM De la Calle que “lo que después se construye con eso, y eso lo sabemos porque el sistema de evaluación existe ya en América, es atar los resultados de esas evaluaciones a buscar responsables. Sabemos que las evaluaciones van a dar bajas, que en Argentina calidad educativa no hay, que los últimos gobiernos han precarizado el conocimiento, por lo tanto, frente a eso lo que se va a ser es buscar responsables. ¿Quién es responsable de la baja calidad y de los malos resultados? ¿El gobierno, el Estado, los docentes, los alumnos? La intención va a ser apuntar a los docentes”.

“El objetivo de Aprender 2016 va a ser construir ese aparato en el cual a partir de ahora las escuelas tengan un ranking basado en la información que va a arrojar esta evaluación. A partir de esos rankings probablemente como ocurre en Brasil, las escuelas tienen presupuestos diferenciales, a mayor nivel educativo mayor presupuesto, lo que hace es generar circuitos diferenciales de educación y esta vez convalidados económicamente”, agregó.

Justo aseguró que cuestionan el tipo de prueba estandarizada: “Es una única evaluación para todas las escuelas de todo el país. Son multiple choice de respuesta cerrada, de varias opciones el alumno o la alumna elige una respuesta. No enseñamos de esa manera, enseñamos a través de procesos, la práctica pedagógica apunta a que el alumno o la alumna pueda a lo largo de un año o de meses llegar al conocimiento”.

Aprender 2016 fue diseñado por una empresa internacional y será ejecutada por agentes externos a las escuelas. “Los directores son contratados como veedores de la aplicación y los docentes como aplicadores, incluso hay un incentivo económico, se les paga, y no pueden evaluar su propio curso, es decir que la maestra que trabajó durante todo el año y sabe cómo los preparó y cómo fueron haciendo el proceso de aprendizaje no puede evaluar a su propio grupo sino a otro externo a su escuela inclusive. (…) La CTERA largó un comunicado oponiéndose a eso porque es anti estatutario cambiar el rol docente”.

“No nos oponemos a una evaluación, es necesario generar una mejora en nuestras prácticas pedagógicas, lo venimos diciendo permanentemente a la comunidad, denunciamos que los chicos no aprenden. Han habido modificaciones este año de la calificación con la cual un chico promociona o no, en el gobierno anterior habían sido anulados los aplazos, salimos a decir que el problema no es con cuánto califica un alumno, el problema es que no aprenden”, afirmó la docente.

Por último destacó que “la información está en las escuelas, nosotros calificamos, ponemos notas todos los trimestres, diagnosticamos, los equipos de orientación hacen informes permanentemente de la situación socioeconómica de los alumnos, están en las escuelas los datos de deserción, de sobre edad, la cantidad de repitencias por año, cómo fluctúa la matrícula de mitad de año para adelante y para atrás. Son datos que hablan del sistema educativo y dicen mucho más que una evaluación multiple choice”.

(Por ¿Quién te juna?) Históricamente la concepción de mujer madre se ha instaurado en nuestra sociedad. Sumado a ello, la maternidad ha tenido que sufrir varias regulaciones en casi todas las culturas que imponen, cuales son los procedimientos que se deben llevar a cabo durante el proceso del embarazo y cuales deben erradicarse.

A simple vista, esto demuestra la existencia de una relación asimétrica entre la mujer y lxs profesionales de la salud,revelando de esa forma, desigualdades simbólicas y reales que dificultan el libre ejercicio de los derechos básicos que tienen todas las mujeres.

En nuestro país, la violencia obstétrica ha sido legislada. Desde el año 2004, existe la Ley de Parto Humanizado N° 25.929, en la cual se establecen una serie de derechos que tiene la persona por nacer, así como la madre de esx recién nacidx. Por otro lado,  la violencia obstétrica ha sido incluida dentro de la ley de protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres (N° 26.485). Sin embargo los casos no cesan, sino que por el contrario aumentan.

Para la Coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica y miembro de la Organización Las Casildas, Julieta Saulo, esto sucede porque: “es un tipo de violencia que está por demás naturalizada. La gran mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos”. Además, afirma que: “Las mujeres culturalmente hemos sido criadas y educadas para portarnos bien, para ser buenas chicas, para callarnos la boca y no quejarnos. Entonces, esto se ve y mucho, en la escena del parto. Porque estamos insertas dentro de un sistema médico hegemónico, patriarcal y verticalista”.

Asimismo, es notoria la aparición de traumas psicológicos en las mujeres que son violentadas, porque el embarazo y el parto son hechos dentro de la vida sexual y reproductiva fundante de las mujeres, que se ve impregnado por un tipo de violencia que está establecida dentro de los centros de salud. Sostiene Saulo, quien al mismo tiempo agrega: “la mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos, porque mi relato violento resuena con el de mi amiga que también fue violentada, y esto se traduce en: me ataron las piernas, me dieron medicación y no me informaron que me dieron, tuve a mi hijx y se lx llevaron y no lx pude ver. Un montón de situaciones que están por demás naturalizadas y que una siente que están bien”.

De igual manera, Saulo explica que existe un gran desconocimiento de las leyes que contemplan a la violencia obstétrica. Es por ello que, desde Las Casildas invitan a las mujeres a que se informen, generando dispositivos para concientizar sobre ésta temática. Al mismo tiempo, comenta: “El observatorio, cuenta con una encuesta de atención al parto y a la cesárea, que el objetivo justamente es que: las mujeres que han parido dentro del territorio nacional, puedan completarla por cada uno de sus partos o cesáreas, y son varias preguntas que utilizamos nosotrxs para cuantificar ésta problemáticas”, y concluye: “Los datos finales del Observatorio, los vamos a presentar ahora en octubre, en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Las semana pasada terminamos de medir, y ahora estamos haciendo todo el cruzamiento de datos”.

Por otro lado, considera que más allá de la existencia de las leyes que contemplan este tipo de violencia hacia las mujeres, hace falta una visión de género en el sistema de salud actual, al afirmar: “La perspectiva de género es algo a trabajar desde el Estado, desde algo más macro. Me parece súper importante remarcar las leyes que tenemos. Tenemos leyes que deberían cumplirse en todo el territorio nacional, y en muchos casos por desconocimiento no sabemos que poseemos derechos, lxs profesionales de salud tampoco lo saben. Entonces desde el Estado, estaría bueno que se generen campañas de difusión, y por otro lado las organizaciones sociales, en muchos casos vienen a suplir ese bache del Estado y se generan distintas iniciativas”.

En Bahía ninguna mujer está exenta

En la ciudad, son verdaderamente alarmantes los casos. Según Nadia Fernández, perteneciente al Círculo de Mujeres Bahía Blanca sostiene: “Nosotras lo que vemos que hay en Bahía Blanca que refleja la violencia obstétrica, es la enorme cantidad de cesáreas”.

Asimismo, Fernández comenta que una cesárea innecesaria es violencia obstétrica, lo cual en los centros de salud local, se ve y mucho. Al mismo tiempo comenta que: “Salvo en el Penna que ronda el 35%, después el resto de los hospitales de Bahía Blanca en el sector privado todos superan el 80%. Entonces hablamos de un 80% de cesáreas de las cuales, sólo pueden ser necesarias entre un 10 o un 15%, estamos hablando de un 70% de cesáreas innecesarias, que cuadran en violencia obstétrica”. Y concluye: “Lo que se hace es patologizar los embarazaros, y no existe la embarazada sana en Bahía Blanca”.

El Círculo de Mujeres, si bien no cuenta con un espacio físico, puede ser consultado vía Facebook. Nadia Fernández, comenta que en el último tiempo y sobre todo después de la teteada masiva que se hizo a nivel nacional, han recibido más consultas de mujeres que quieren informarse sobre ésta problemática, y de qué manera las afecta. Del mismo modo agrega: “Nosotras nos reunimos de forma no tan organizada. Lo que tratamos de hacer es transmitir información a éstas mujeres que nos solicitan las reuniones. Entonces lo que tratamos de hacer es empoderar a las mujeres para que tengan un embarazo como debe ser, y que no se patologice el 95% de los partos bahienses”.

Sin lugar a dudas, la violencia obstétrica es una de las tantas expresiones misóginas que tiene el patriarcado. Por ello, resulta necesario concientizar sobre ésta problemática, incentivar a la aplicación de un sistema médico con perspectiva de género, para que las mujeres que decidan ser madre, puedan hacerlo con información adecuada y tengan, de esta forma, un parto sano y respetado.

(Imagen perteneciente a la campaña gráfica realizada por la Asociación Civil Las Casildas)

 

Luego del operativo de la justicia federal en el boliche El Reino, el jefe de la Unidad de Salud Mental y Adicciones del Hospital Municipal, Hugo Kern, se refirió en FM De la Calle al consumo de drogas sintéticas y otras sustancias.

La madrugada del domingo fueron detenidos Guido Gentili, Matías Cragno, Javier Selvaggio, Mariano Trellini y Francisco Zalazar, organizadores de una fiesta electrónica y acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína.

A diferencia de las “drogas naturales” que “se producen en el eje sur del mundo y se venden en el norte” las “sintéticas” se producen en laboratorios con bajo costo y son de muy fácil transporte. “Están íntimamente relacionadas con la industria farmacéutica. No es nuevo, es una situación que tenemos desde el año cincuenta y pico, básicamente son muy similares a las sustancias que se usan en el dopaje en el deporte porque están relacionadas con mejorar el estado físico en términos generales para una actividad intensa”, explicó Kern.

El especialista destacó que en nuestra cultura es común la utilización de drogas con fines recreativos: “El uso de alcohol, por ejemplo, está relacionado con la fiesta, prácticamente no hay fiesta en la cual el alcohol no figure, son casos excepcionales si no tiene un lugar central. Es legal pero es una droga”.

Kern opinó que “lo mejor es no consumir ninguna droga” aunque “si eso ocurre las condiciones son varias, no mezclar sustancias, no mezclar drogas y alcohol, mantenerse hidratado, tener consideración de los tiempos que lleva el efecto de la sustancia, en caso de tener síntomas que indiquen problemas relacionados con el consumo o somáticos se debe acudir a la guardia del hospital y lo tienen que recibir porque es el mejor lugar en el que se puede contener a una persona frente a un problema de este tipo”.

“La intoxicación es un problema clínico, no de salud mental, tiene que ser atendido en los sistemas de urgencia. Después viene la parte donde se hace un tratamiento o algún sistema de cambios de comportamiento o de reflexión sobre lo que pasó, es otra cuestión, es lo que tratamos de hacer desde el programa municipal de adicciones”.

Respecto al uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas, Kern comentó “a veces el capitalismo nos muestra su cara más violenta porque lo que pasó en Time Warp es que no hubo dispositivo de cuidado, no hubo acceso al agua y como si todo esto fuera poco se les vendió a los pibes una droga adulterada”.

“Es difícil trabajar con un escenario de prohibición porque no podés trabajar controlando una cosa que tiene que estar prohibida. (…) Hay que apuntar a la reducción del daño, no esperar que esto no pase sino entender que esto ocurre y que la situación no sea más grave o termine de la peor manera como en Time Warp con cinco chicos que fallecieron”, agregó.