A raíz de las medidas de fuerzas tomadas por distintos gremios de la educación, FM De la Calle conversó con Analía López, titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, gremio que para por 24 horas, a diferencia de otros que adoptaron la medida por 48. La huelga “tiene que ver con la no concreción de la paritaria general docente, cuyo principal objetivo era establecer un piso salarial único para que todos recibieran la misma remuneración”.

SADOP ha convocado a las comisiones de negociaciones de esas paritarias pero que el Ministerio de Trabajo dejó afuera a este sindicato, impidiendo negociar con otras organizaciones sindicales las condiciones en que se llevará adelante el acto educativo.

López aseguró que desde el gremio se oponen al concepto de presentismo: “Creemos que sería muy injusto premiar económicamente la suerte que pudiera tener un trabajador de gozar de buena salud y castigar con una quita a aquel que tiene la desgracia de tener una patología o un familiar enfermo. Personalmente jamás aceptaría cobrar algo que me beneficie porque goce de buena salud y que no lo percibe otro compañero”.

Al respecto mencionó que quieren discutir las causas del ausentismo y que realizaron una encuesta sobre salud docente. “Muchas de las patologías que afectan a los docentes tiene que ver con las condiciones en las que realizan la tarea cotidiana. Queremos mejorar esas condiciones para disminuir las causales de las patologías (problemas de la voz, horas de estar parado, cursos excesivamente numerosos, aulas cuya infraestructura dejan bastante que desear)”.

También explicó que “dentro del universo de trabajadores docentes un 80% somos mujeres, las tareas de cuidado si un hijo se enferma recaen mayoritariamente en la mamá; tenemos una gobernadora mujer que encima estigmatiza esa función, castigando a los trabajadores si atendieron a sus hijos enfermos. No se cómo hará ella en su casa”, cuestionó.

En relación a cuánto perdieron de poder adquisitivo en los últimos tres años, la titular del sindicato dijo que el sector ya sufría una depreciación un 10% por debajo de la inflación de 2016, que no se recuperó en el 2017”. En diciembre realizaron una encuesta interna para establecer la canasta básica del docente privado y “estableció que hubiéramos necesitado un incremento salarial del 27% para estar acorde con el impacto de la inflación en nuestro poder adquisitivo”.
Finalmente aseguró que “si ahora nos ofrecen 15% en tres cuotas, con la proyección inflacionaria que estamos teniendo, sabemos que va a ser imposible para el trabajador satisfacer sus necesidades básicas. La oferta que ha hecho la gobernadora nos resulta inaceptable”.

El lunes no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires como producto de la insuficiente oferta oficial en el marco de las negociaciones paritarias entre las autoridades bonaerenses y los gremios del sector.

SUTEBA confirmó este mediodía el llamado a un paro por 48 horas a partir del lunes 5, así como una movilización en toda la provincia. Minutos más tarde, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció que seguirá el mismo camino.
Desde el SUTEBA local explicaron que están “muy preocupados por el cierre de cursos y fusiones de cursos. Varias situaciones que, en realidad, a poco de comenzar las clases no están resueltas. Primeros años que faltan porque se fusionan para consolidar las escuelas secundarias, entonces se cierran primeros años para abrir cuartos y quedan chicos de primero afuera”.
En lo referido a la situación provincial, el plenario de Secretarixs Generales de SUTEBA resolvió rechazar la propuesta del 15% en tres tramos con plus por presentismo; rechazar las descalificaciones de la Gobernadora María Eugenia Vidal en relación a la escuela pública y a la docencia en su conjunto y en caso de que no haya convocatoria, y en ese ámbito una propuesta superadora, convocar asambleas y reuniones de delegadxs para determinar la continuidad de acciones a seguir.
A su vez, UDOCBA también va al paro mientras que la secretaria general de AMET Nacional, Sara García, aseguró que el lunes lxs docentes nucleadxs en esa organización iniciarán las clases con normalidad a pesar de los inconvenientes que aquejan al sistema educativo, a la vez que ratificó su posición de “dar la discusión sobre cuestiones de fondo que apunten al anhelado convenio colectivo”. UDA comparte la posición.

SADOP también se suma a la medida de fuerza a partir del lunes pero por 24 horas.

Foto: Ctera

Rubén Matoso, titular local de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) habló con FM De la Calle respecto a la deuda que IOMA mantiene en la actualidad, que generó problemas con las prestaciones en clínicas privadas de la ciudad.

El dirigente explicó que la situación afecta por una lado a Bahía Blanca, donde han realizado un pago parcial de “entre 65 y 70%” correspondiente al mes de diciembre, y en los alrededores (Coronel Dorrego, Pigüé, Gonzáles Cháves, Coronel Suárez, Coronel Pringles) donde aun no se ha saldado la deuda.

A pesar de que ese pago desactivó la medida de fuerza que se había planteado para el día de ayer en nuestra ciudad, Matoso afirmó que están “en situación de alerta”  y que “el problema esta fundamentalmente en la zona. Por supuesto que tienen apoyo de Bahía Blanca, estamos esperando que haya un pago”.

Si bien en el distrito X, comprendido por los lugares previamente mencionados, IOMA le brinda cobertura a alrededor de 90.000 personas, solo 34.000 corresponden a Bahía Blanca; los 56.000 restantes “están prácticamente con atención de urgencia. No tienen otra manera de hacer frente a prestaciones que tienen una erogación importante, como insumos, medicamentos; y están debiendo cifras importantes a los proveedores”.

Matoso aseguró que “la atención de la gente de IOMA es excelente; el delegado es espectacular, cada vez que hablo con él trata de resolver el problema. Están trabados con un cambio en el sistema de pago, lo tienen que terminar de implementar. Suponemos que la semana que viene estará resuelto. La gente no puede ser cautiva de este problema”, aseveró.

La empresa Cargill S.A.C.I. despidió más 40 trabajadores, distribuidos en las localidades de Punta Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. En respuesta, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros lleva adelante un paro por tiempo indeterminado. La medida busca la reincorporación de los operarios. En nuestra ciudad afecta a un operario pero temen que los despidos se extiendan con personal en uso de licencia.

Los dirigentes gremiales esperan que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comprenda la gravedad de la situación y que, en consecuencia, los funcionarios del ámbito laboral dicten la conciliación obligatoria.

SOEA denuncia que la decisión empresarial no se condice con el “buen momento económico por el que atraviesa” la firma sino con “una estrategia de presión hacia el movimiento obrero sindical aceitero”. Esta situación ocurre en cercanía del momento de llevar adelante las paritarias del sector.

El lunes de la semana anterior, los gerentes locales de Cargill ofrecieron retiros voluntarios. Dieron 48 horas para recibir respuesta. Pocos trabajadores aceptaron. Asimismo, la empresa garantizó al sindicato que no se tomaría ningún tipo de represalia contra esos trabajadores. En cambio, la respuesta concreta tronó ayer: despedidos.

La entidad gremial solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Finalmente, serán recibidos mañana a las 8:30, por autoridades de la cartera. De igual manera ocurrirá con sus pares rosarinos, a las 9:30.

Hace una semana, el presidente Mauricio Macri se reunió con el CEO de Cargill, David MacLennan, durante su campaña en “búsqueda de inversiones” en la ciudad suiza de Davos.

(Por Coalición por una Comunicación Democrática) Nuevamente el gobierno de Mauricio Macri está aprovechando las Navidades, los Días de los Inocentes y el filo del almanaque para traspasar las competencias constitucionales y normativas en la regulación las comunicaciones. Con repudiable creatividad, sin antecedentes internacionales en la materia, concentran en unos pocos grandes grupos el control de un sector estratégico para la economía, la cultura y la democracia.

Así lo hicieron entre gallos y medianoche por sucesivos decretos de necesidad y urgencia a fines de 2015, y van por más en estos días. En nombre de la modernización y la competencia congelaron el ingreso de las empresas de telecomunicaciones (ya autorizadas en 2014 por la Ley 27.078) que amenazaban la hegemonía del operador dominante y así permitieron la creación de Cablevisión Holding (Telecom, Cablevisión, Nextel, Personal, Fibertel, Arnet): el gran jugador del Cuádruple Play, sin rivales a la vista y con mercados asegurados en televisión por cable, telefonía celular, internet y telefonía fija en todo el país. A partir de acá habrá una convergencia en cuentagotas.

La criatura que alumbra la gestión del macrismo está apañada por el ENACOM, un ente regulador de comando automático a las órdenes del gobierno y bajo el ala del ministerio de Modernización. También analizan nuevos decretazos para “compensar” a Telefónica, DirecTV, y Claro. Y en paralelo desmantelan todo vestigio de política pública de acceso gratuito como la Televisión Digital Abierta (TDA) y sus señales de contenidos, cuyos trabajadores están despidiendo en medio de un gran ajuste.

Lo hacen en clara violación de las obligaciones legislativas que la Constitución impone al Congreso en su artículo 75, inciso 19) en cuanto a la promoción y protección del patrimonio audiovisual y cuando aún la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto 267/15 ante un recurso extraordinario que prosperó, promovido por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.

Al suprimir en las leyes 26.522 y 27.078 los límites a la acumulación local y/o nacional de medios y plataformas en un mismo propietario, el gobierno actual ha ignorado tanto la jurisprudencia argentina (CSJN, 2013) como la de Estados Unidos (C.Columbia 2011) y la europea. Todas ellas, mediante diversos pronunciamientos, han sentado con claridad el principio de que la regulación de la concentración mediática constituye “una vía constitucional razonable para garantizar la libertad de expresión” y que el “mercado de las ideas” no puede regularse bajo los principios de libre mercado y defensa de la competencia.

Este fin de año nos encuentra denunciando la mayor concentración de medios audiovisuales y de infraestructuras de comunicación de América Latina. El Gobierno consagra posiciones cuasi-monopólicas mientras precariza el esquema regulatorio legal argentino con decretos o resoluciones que violentan leyes para satisfacer los negocios de un puñado de grandes empresas locales y transnacionales del mercado del entretenimiento, la información y la conectividad. Más aún, dispone con discrecionalidad de un recurso natural finito, escaso y estratégico, como el espectro radioeléctrico, para direccionarlo a la satisfacción del modelo de negocios de un sistema cartelizado de cable, telefonía celular y conectividad de internet al mismo tiempo en que se niegan llamados a concurso para nuevos operadores que aportarían diversidad y pluralismo.

Cualquier nueva voz que nazca en estas condiciones estará en clara desventaja para ser escuchada.

Clausuraron el debate público: no mostraron en estos dos años ningún proyecto que mejore o sustituya a las leyes 26.522 y 27.078, ambas modificadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. Se habían comprometido a hacerlo en Washington, en abril de 2016, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido emplazados por presión de numerosos organismos reunidos en la Coalición por una Comunicación Democrática.

Sr. Presidente: usted está a cargo de uno de los poderes de la República. Ni más ni menos. No se extralimite. Respete la Constitución Nacional. Todos tenemos derechos constitucionales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia que no puede quedar a merced del mercado, ni silenciada por la represión policial como sucedió con periodistas y fotógrafos que cumplían su labor informativa en recientes manifestaciones públicas.

Permítanos disentir. No nos mande a las fuerzas de seguridad si nos reunimos en la vía pública, ni nos haga investigar, ni eche a los trabajadores que defendemos, ni acalle las voces que pueden dar cuenta de otros puntos de vista.

Permítanos debatir. No esconda su Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que por Decreto se comprometió a elaborar hace DOS AÑOS, y viene demorando sistemáticamente su envío al Congreso”.

Recordamos que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Y sólo lo habilita, “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…” (CN art. 99. Inc. 3).

Por la vigencia de los mandatos de la Constitución Nacional sobre Libertad de Expresión, Derechos Humanos y el equilibrio de los poderes de la República.
Reclamamos reglas democráticas que fomenten la diversidad y pluralidad necesarias para fortalecer la democracia hoy amenazada.

Coalición por una Comunicación Democrática
www.coalicion.org.ar

Foto: FM La Tribu

La semana pasada la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la modificación del sistema jubilatorio del Banco Provincia y la quita de jubilaciones de privilegio para lxs funcionarixs con altos cargos de gobierno.

El legislador provincial por el FIT Guillermo Kane explicó que “ya en el discurso e Macri en el Centro Cultural Kirchner puede haber negado que iban por una reforma jubilatoria, y bueno tuvimos esta crisis que terminó con el repudio popular”.

“En el discurso de Macri, se unió el problema jubilaciones de privilegio a regímenes especiales de distintos sectores de trabajadores que son conquista de muchos años y que ellos pagan con sus propios aportes. Entonces, esta operación que fue reproducida después en medios de comunicación ligados al gobierno, trata de mezclar el gobernador o el juez, que no está incluido en la ley de Vidal, con la docente que puede jubilarse a los 55 años, luego de 30 años de servicio al frente de un curso con el desgaste que eso implica, entonces me parece que estamos escondiendo las cosas”.

Kane se manifestó a favor “de que no tengan jubilaciones de privilegio ni los gobernadores, ni los legisladores, ni los jueces, que no están incluidos en este proyecto. Pero sobre todo creo que este es un mascarón de proa para avanzar sobre los trabajadores”.

Régimen impositivo para cooperativas

También fue aprobada la modificación del capítulo del Código Fiscal que alcanza a las cooperativas. La ley 10.397 y modificatorias pretenden lograr mayor equidad y reforzar la finalidad de esxs asociadxs.

Al respecto, el diputado Kane sostuvo que “justamente en una provincia donde se ha eximido a cientos y cientos de empresas de ingresos brutos y de otros impuestos de la provincia, se ha quitado, por ejemplo, la tasa especial para vender en la provincia de Buenos Aires a empresas que no están radicadas en ella; ha habido eximiciones de todo tipo para grandes empresas, se aumenta la carga impositiva sobre las cooperativas”.

“Lógicamente que nos interesaría diferenciar entre cooperativas impulsadas por sus trabajadores, las fábricas recuperadas (…), con cooperativas que existen como subsidiarias del Estado o de grandes empresas, que también las conocemos”.

“El puerto de Mar del Plata, por dar un ejemplo, está lleno de tercerizadas de las grandes empresas que figuran y tributan como cooperativas. Me parece que acá hay que diferenciar el fraude fiscal y laboral de la defensa de los trabajadores, y bueno esta ley lo que hace es golpear sobre la voz más débil, mientras le regalan en la votación reciente del presupuesto de Vidal, extensiones millonarias a las grandes empresas, los grandes bancos de la provincia de Buenos Aires”, finalizó.

La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de modifica el régimen previsional de lxs empleadxs del Banco Provincia que pretende elevar escalonadamente la edad jubilatoria de 57 a 65 años con 35 años de servicios como mínimo. La Asociación Bancaria resolvió extender el paro hasta el viernes pero el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

“Desde el año ’92 nos jubilamos a los 60 años de edad, con 35 años de aporte y además nuestros jubilados siguen haciendo el aporte del 10,82% una vez de haber accedido a la jubilación. Hay una intención de extender la edad jubilatoria en cinco años, con la posibilidad de extenderlo en cinco más, es decir que estaríamos con posibilidades de jubilarnos a los 70 años, eso sería de forma voluntaria”, contó Marcos Helbert delegado de lxs trabajadores del Bapro a FM De la Calle.

Comentó que con este proyecto “va a haber una disminución del haber inicial; el haber nuestro actualmente surge del promedio de los último cinco años y pretenden llevarlo a un cálculo de los haberes percibidos de los últimos diez años, esto es sin actualizar los haberes por función sino que, al haber percibido no se le tiene en cuenta ni siquiera el impacto de la inflación”.

Paralelamente, se reduce en un 5% el haber de las pensiones y se modifica, además, la forma de actualización de las jubilaciones que está unida con la actualización paritaria de los activos,  que a partir de la nueva ley “se desengancharía para ajustarse tal cual ocurre con el sistema nacional, es decir que se pierde el anclaje de la jubilación en la ciudad en relación a los sueldos”.

En relación a la situación de la caja del jubiladxs del Banco Provincia, Helbert sostuvo que “desde el año 2007 estamos incorporados en el régimen previsional de la provincia de Buenos Aires como un subsistema, tenemos una caja autónoma como es la caja de la policía, por ejemplo, pero es un sistema dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto implica que las erogaciones quedan contempladas dentro de lo que es el presupuesto provincial. De todas maneras, nosotros tenemos un desfasaje entre activos y pasivos, hace años que no entra gente a trabajar en relación a la cantidad que se están jubilando, razón por la cual la jubilación se va desfavoreciendo”.

Finalmente aseguró que “lo que estamos diciéndole a la Gobernadora es que, para encontrarle una solución a esto lo que hay que hacer es retirar temporalmente el proyecto este de la Cámara de Diputados, armar una mesa de trabajo y en el plazo de 2 o 3 meses encontrar la mejor salida. Nos estamos oponiendo, fundamentalmente, a la prepotencia demostrada en los hechos; sin diálogo, sin consulta y avasallando todo tipo de derechos, incluso diciendo barbaridades; marcando fundamentalmente el desconocimiento sobre cómo se rige el sistema jubilatorio nuestro”.

El Ministerio de Trabajo citó a las autoridades provinciales y las del gremio a sentarse a dialogar el martes a las 15 en el marco de la conciliación indagatoria.

(Por Astor Vitali) Este año registró el más alto índice de reclamos, movilizaciones y expresiones de repudio a las políticas culturales del intendente Héctor Gay, aplicadas por el ex animador de eventos, Ricardo Margo. La última fue la presentación de un recurso jerárquico por parte de integrantes del Consejo Cultural Consultivo, contra el uso ilegal de fondos públicos, habiéndose imputando dineros del Fondo Municipal de las Artes para la financiación de los gastos de hotelería del personal de Ricardo Arjona, durante su desafortunado paso por Bahía Blanca en medio de una gira que cerró en baja.

A pesar de la política oficial, que llegó al límite de recortar horas extras, viéndose afectado el normal funcionamiento de museos y hasta de la boletaría del Teatro Municipal, los espacios culturales independientes son centros de producción y acceso cultural que oponen su trabajo a los embates provocados por malas políticas.

En 2014, el ex director del Instituto Cultural, Sergio Raimondi, redactó un proyecto de ordenanza que consensuó con algunos espacios culturales y luego promovió en el ámbito legislativo. Una vez aprobada, la ordenanza 17.767, contempla financiamiento para los “Espacio Culturales Independiente” que define como “aquellos espacios multifuncionales que tengan como actividad principal la producción, formación, investigación y promoción del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones: artes escénicas (danza y teatro), música, artes plásticas, literatura, medios audiovisuales, que contemplen la asistencia de público hasta de 200 localidades, que presenten una cartelera compuesta en su mayoría por propuestas locales y cuyo horario de funcionamiento sea hasta la 1 (una) de la mañana los días lunes a jueves y domingos, y hasta las 2 (dos) de la mañana los días viernes, sábado y vísperas de feriado”.

Elisardo Tunessi es actor, director, abogado, juez y docente. Durante los últimos dos años se ha desempeñado como asesor ad honorem del Consejo Cultural Consultivo e integra la mesa que la ordenanza creó para evaluar los pedidos de subsidios y el seguimiento de los mismos. “No solamente un espacio cultural es para la recepción de público sino para desarrollar talleres y actividades. Trabajar, investigar, fomentar”, destacó.

El año pasado tuvieron lugar una serie de reclamos para cobrar los subsidios correspondientes al período 2015, con retraso.

En este contexto, partir de mayo de este año, “la comisión revisora no se juntó más por decisión del Instituto Cultural”, dirigido por Ricardo Margo. Se elevaron notas al respecto, sin obtener respuesta formal. Por este motivo, sumado a los retrasos de la administración anterior, el proceso de normalización y habilitación de los espacios culturales se vio afectado.

Sin embargo, el artista sostuvo que la subjetividad de los ECI es positiva. “Cuando vivimos épocas difíciles la unión se hace casi imprescindible. Estamos viviendo en esta etapa. Los espacios culturales independientes hemos creado una red de conexión impresionante (Red de Espacios Culturales).

Los frutos de las medidas de fuerza  

Tunessi adelantó a FM De la Calle que, luego de las movilizaciones definidas a través de las asambleas de todas las ramas artísticas coordinadas por sus representantes en el Consejo Cultural Consultivo, desde el municipio comenzaron a llamar a los proyectos contemplados por la mencionada norma.

A esto hay que sumar que también han sido contactados por personal municipal quienes llevan adelante encuentros y eventos contemplados por otra norma cuyo presupuesto viene siendo sub ejecutado: la ordenanza que crea el Fondo para Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo.

Los/as consejeros/as y las organizaciones gremiales de la cultura (UMSur y Asociación Argentina de Actores) han denunciado públicamente la violación de legislación vigente por parte de Margo. Durante la última movilización se interpuso un recurso jerárquico intimando al intendente a que ratifique o rectifique la violación de normas vigentes, haya sido por manejos discrecionales de fondos afectados o por la sub ejecución de los presupuestos asignados por esas normativas.

Según pudo constatar este medio con organizadores de eventos sin fines de lucro, el municipio comenzó a llamarles anunciando que, si presentan los comprobantes de los gastos erogados antes del 31 de diciembre, finalmente accederían a lo que por derecho les corresponde: recibir los subsidios de fomento que no venían entregando.

“Seguramente tiene que ver con la lucha que sea ha llevado a cabo por todos los compañeros y por la elevación del recurso jerárquico”, sostuvo el artista.

Luis Ponte: “Hay herramientas de representación para manejar esto a mediano y largo plazo”

El gestor cultural y columnista del programa En Eso Estamos que se emitía a través de este medio, abonó al análisis respecto de la situación cultural en la ciudad. “Como actividad propia, la producción independiente este año notó como nunca la sequía de actividades, pongamos en comparación con los últimos cinco años. Implica una cuestión económica (traer a alguien de Buenos Aires cuadriplicó los costos respecto de 2015 a la fecha), el encarecimiento de las salas y por otro lado la disminución de las afluencias de público. Aún con las entradas económicas como pueden ser por ejemplo la orquesta sinfónica (que dependen del órgano público OAS) o eventos que no tienen fines comerciales. Denota un decaimiento en el interés de la gente, provocado por la situación económica”.

En relación al pasado, “históricamente siempre el estado municipal ayudó a los productores culturales independientes con pasajes, alojamiento, comida, etc. Este año, la política fue cero apoyo de ningún tipo -salvo a Ricardo Arjona”.

Se atravesaron situaciones como “gente que tuvo la promesa (oficial) de apoyo y después se le retiró”.

En referencia a la responsabilidad política del intendente Héctor Gay, Ponte explicó que “uno no puede tomar la sopa con un tenedor. Sabe que es inútil. Entonces, colocar a un inútil en un cargo que sabe que va a fracasar es una política de estado definida, en este caso por el intendente”.

En este sentido, el mandatario municipal declaró el 4 de diciembre, en el marco de una conferencia de prensa rodeada de la protesta de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar –a quien Gay y la responsable de Educación Morena Llanca Rosselló definieron este año no renovar contratos y esconder  un acta pública firmada por las partes- que “no hay desguace cultural en Bahía Blanca” y que con solo mirar la agenda podría desmentirse esa “insólita” sentencia.

Para el productor, es “una afirmación cínica, coherente con la política cínica que viene aplicando el intendente a través de su encargado en cultura”.

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Hay actividad cultural a pesar de la política cultural

La mayor parte de la actividad cultural registrada en Bahía Blanca durante este año es de producción independiente. Tampoco tiene que ver con la inversión empresarial privada sino con la autogestión de espacios y grupos culturales. “Si vemos industrias culturales: cine, librería, etc. ¿Qué definió la política cultural en los últimos años para mejorar o achatar eso? Siguen en piloto automático. Ahora si vamos a los grupos culturales, a los espacios permanentes… ¿Por qué va a pasar a la historia esta gestión cultural? Le apuesto a cualquiera que no puede definir nada por la positiva”.

“Es tristísimo esto y es un retroceso en tiempo. Va a pasar esta gestión como pasaron otras. Hay que seguir. Es un largo camino y se han conquistado cosas a pesar de los directores de cultura impresentables, como este caso. Hay que tener una política de lucha y de difusión. Tener políticas en conjunto de los grupos culturales”, propuso el gestor.

Finalmente, Ponte sugirió que “los actores culturales tienen que tener en cuenta que tienen organismos de representación que no son sellos sino que están para ayudarlos, contenerlos y guiarlos de forma colectiva en lo que después se traduce en quejas de pasillo”, en referencia a las asambleas de todas las ramas convocadas desde hace 9 años por el Consejo Cultural Consultivo. “Hay herramientas más que suficientes en la ciudad como para manejar esto a mediano y largo plazo y que esto sea un mal sueño, una pesadilla que en algún momento de la vida todos tuvimos. Pero me parece que las conquistas hablan a las claras de que hay que seguir en ese camino”.

El jueves pasado, el gobierno de Cambiemos no logró quorum para aprobar el proyecto de ley de reforma previsional. Frente al creciente rechazo social que generó la difusión de la medida y sus consecuencias (3 meses no contemplados para el cálculo final y aumento menor al que la actual fórmula alcanzaría de no ser modificada), Mauricio Macri negoció con los gobernadores el apoyo de los/as legisladores/as de cada distrito. En cambio, con el congreso argentino rodeado de organizaciones sociales, gremiales y políticas que evidenciaron el corte antipopular de la normativa impulsada, la mayor parte de los bloques retiró su apoyo.

Esa misma tarde, una vez que la diputada Elisa Carrió hablaba de “los violentos” en referencia a quienes se manifestaban fuera del recito y sugirió posponer el debate, su gobierno dio orden de reprimir con balas de goma y otros artefactos. Fueron agredidos jubilados, periodistas y fotógrafos.

La Ministra de (in)Seguridad, Patricia Bulrich, aún no dio a conocer a la opinión pública el protocolo por el cual se regiría el procedimiento represivo. En tanto, el oficialismo intentará dar aprobación al proyecto este lunes. Introducirían una compensación por los tres meses que no son contemplados por la nueva norma. Aunque el nuevo proyecto aún no fue dado a conocer.

A nivel local, varias organizaciones gremiales convocaron a concentrar a partir de las 14 en la Plaza Rivadavia y se llevará a cabo una consulta popular para difundir y discutir la medida.

La reforma y sus víctimas en Bahía

FM De la Calle habló con María Rosa Buffa, integrante del Movimiento Independiente de Adultos Mayores Jubilados “La Norma Plá”.

De reciente formación, el espacio surge “de la necesidad de defender nuestros intereses como jubilados y nuestros derechos. Ahora somos un grupo importante, nos estamos organizando y estamos tramitando la personería jurídica”.

Si bien hay problemáticas que las personas jubiladas enfrentan hace años (PAMI, ANSES, etc.), “nunca como estos dos últimos años”. PAMI no “está funcionando como corresponde en la ciudad: hay problemas con los médicos de cabecera”, que dejan sin atención a muchos/as afiliados/as.

“Justamente ahora cuando necesitamos más atención medica –porque no nos regala nadie esta atención (ya que) lo aportamos en el período de actividad–, nos damos cuenta que no tenemos la atención que merecemos”.

“Como movimiento independiente hemos concurrido a entrevistarnos con el director de PAMI” pero siguen sin respuesta desde 4 meses.

Lo mismo les ocurrió en el palacio municipal: “Hemos solicitado entrevista con el intendente (Héctor Gay) para reclamarle nuestros derechos y toda la problemática de PAMI, ANSES. No nos han atendido” Buffa sostiene que si PAMI “no está cumpliendo con su deber como obra social, se tiene que hacer cargo la intendencia porque nosotros pagamos una tasa de salud en los impuestos”.

A la reforma previsional “yo la llamo ‘ajuste brutal’ porque justamente lo hacen en el sector que menos posibilidades de defenderse tiene. Somos jubilados, no somos de cuarta ni somos descartables”.

“Nos tocó a nosotros y les va a tocar a los que están en actividad porque esto es un ajuste implementado por el Fondo Monetario Internacional en base a la deuda que va adquiriendo el país, que hay que pagarla. Y se paga con la plata de los jubilados porque es donde más plata hay”.

La Norma Plá es un movimiento apartidario. “En las reuniones se trata la política jubilatoria, la política previsional, la que nos afecta a todos. Los centros de jubilados lo toman como que es algo partidario. Tratamos de agruparnos para defender nuestros derechos porque esto se agrava; la deuda hay que pagarla y lo van a hacer con este ajuste de los jubilados que son 140 mil millones de pesos”.

Cuando escucha al presidente y al resto de los representantes, a Buffa le genera “gran indignación, impotencia y bronca porque es el presidente de todos los argentinos. Indignación porque no han cumplido con respecto a los jubilados lo que han dicho. La palabra del presidente se diluyó porque no cumplió nada, al contrario, lo agravó”.

Esta mañana centenares de bahienses se manifestaron en las calles del centro de la ciudad y en el Concejo Deliberante contra el ajuste que pretende implementar el gobierno nacional mediante las reformas laboral, previsional y tributaria. Además se presentó una consulta popular que se desarrollará desde el lunes hasta el miércoles.

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La Multisectorial contra las Reformas conformada por sindicatos, partidos políticos, centros de estudiantes, movimientos territoriales y pastorales y ciudadanos y ciudadanas de a pie impulsan una consulta popular que aporte al debate y la difusión de las reformas estructurales que pretende imponer el gobierno de Cambiemos.

Desde el 18 y hasta el 20 habrá urnas y boletas en distintos puntos de la ciudad para “votar y sobre todo, conocer, reflexionar e intercambiar opiniones sobre estas gravísimas medidas que el gobierno pretende hacer pasar en beneficio del empresariado y las multinacionales”.

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El miércoles a las 18 en la Plaza Rivadavia cerrará el escrutinio con un gran festival y acto final.

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“Pensamos que cuando se vota se puede elegir un concejal, un diputado o un senador pero nadie da mandato para que un día, de golpe y porrazo, se lleven 100 mil millones de pesos de la Anses, que se le sacan a los jubilados y pensionados, a quienes cobran la asignación universal por hijo”, afirmó Enrique Gandolfo.

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El docente agregó que la reforma previsional es “parte de un paquete integral junto con la reforma laboral y las leyes fiscales que se pretende consumar antes de fin de año. Esta indignación, este descontento que recorre las calles, las plazas, los lugares de trabajo, las escuelas, las universidades, tiene que expresarse de todas maneras. La principal es en la calle, tenemos que estar juntos y movilizados, pero también abrimos otra herramienta que es esta consulta”.

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Gandolfo cuestionó además “quién les da mandato a estas personas para que voten estas cosas, quién le dio mandato a los concejales para que aumenten de golpe el boleto del colectivo al 38 por ciento”.

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Ana Canullo, secretaria general de CTA, manifestó que “venimos exigiendo a las dirigencias centrales que convoquen a planes de lucha, a paros, a movilización. Hoy estamos en paro algunos sindicatos, movilizados y en estado de alerta pero sabemos que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen sindicato, que trabajan en forma precaria y por eso no tienen un canal de expresión. Nuestra idea es esa, que puedan decir esto no lo quiero, y para decirles a ellos, a los que nos gobiernan, que somos muchos y muchas los que nos oponemos”.

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“Aquí si se aprueban estas reformas no hay excepciones ni para mujeres, ni para hombres, ni para peronistas, ni de la izquierda, ni para trotkistas ni comunistas. Debemos resistir como lo venimos haciendo aquí y en todas las plazas del país”, dijo el titular de ADUNS Sergio Zaninelli.

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César García de PTP repudió “la represión a las organizaciones sociales en el día de ayer, tanto a la CCC, a la CTEP y a Barrios de Pie y que convocaron más de 150 mil compañeros en la Plaza Congreso” y destacó que “el gobierno está demostrando lo que tiene para el pueblo: represión, se acabó el diálogo”.

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La reforma jubilatoria aprobada por el Senado a instancias del gobierno nacional “ha tenido el rechazo unánime de la mayoría de la población”, dijo a FM De la Calle el dirigente de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados (CTA), Marcos Wolman.

“Estamos hablando de (un haber) del 44% de la canasta básica, que es una canasta muy básica, de un adulto mayor, o sea que es realmente de un ajuste, algo que no puede aprobarse en la Cámara de Diputados, estamos luchando para que esto no ocurra”, aseguró respecto al resultado de la fórmula del oficialismo.

Wolman comentó que el proyecto propio de la Mesa “plantea los temas que hay que discutir. En primer lugar, que el haber mínimo jubilatorio no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil y debe cubrir la canasta básica. El segundo, que el haber sea el 82% móvil del trabajador activo, esto no es una dádiva, es un aporte que durante 30, 40 o más años la gente está haciendo para tener un sustituto del salario. Y otro aspecto es que hay que terminar con el manejo de los fondos que se está haciendo”.

La modificación de la Ley 26.417 propuesta por el gobierno nacional para actualizar semestralmente jubilaciones y pensiones establece que se aplicará trimestralmente a partir de marzo, con una fórmula de actualización compuesta por el 70% del índice inflacionario del INDEC, más el 30% de la variación salarial del índice RIPTE.

Según advirtió la Mesa Coordinadora, esto significa que la jubilación mínima actual de $ 7246 en marzo se incrementaría solo un 5,7 % y quedaría en “7659. Si se aplicara en cambio la fórmula vigente la jubilación mínima sería aproximadamente de $8.115.

“Es decir que cobraremos $456 menos por mes. Un nuevo ajuste sobre los magros ingresos de la mayoría de jubilados, que aportamos un salario o ingreso diferido durante toda la vida activa para tener una jubilación digna, sustituto del salario o ingreso”.

Como referencia vale mencionar el costo de la Canasta Básica de un Adulto Mayor, actualizada semestralmente por la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, que alcanza un costo de $17.523 y la jubilación mínima, “como viene ocurriendo en los últimos 10 años, y peor aún con esta fórmula, no llegará a cubrir en marzo el 44% de la misma”.

En el marco desfavorable que sufre el sector de prensa, el 25 de noviembre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA) realizó una asamblea en la que reformaron su estatuto, incorporando así a integrantes de medios comunitarios, alternativos y populares. También reclamaron la declaración de emergencia laboral. FM De la Calle habló con Agustin Lecchi, secretario de organización del gremio, quién nos contó las novedades.

El comunicador aseguró que “desde diciembre de 2015 a la fecha al menos 2500 puestos de trabajos se perdieron bajo distintas modalidades: cierre de empresas, despidos directos, retiros voluntarios compulsivos a los que muchas veces los trabajadores no se pueden oponer porque cuando se oponen son despedidos. Es un contexto muy adverso, nosotros lo caracterizamos como el peor momento de los medios de comunicación desde la vuelta de la democracia”.

También explicó que no es una situación que solamente esté atravesando la prensa sino que lo sufren otros sectores de la comunicación: “los trabajadores de distintos oficios de la radio, lo mismo en la televisión con la paritaria del SAT (Sindicato Argentino de Televisión)… está siendo extorsionado con la apertura de los convenios. Los empresarios tienden a violar los convenios colectivos, el estatuto del periodista en este caso, con un Ministerio de Trabajo y un Estado que miran para otro lado”.

El dirigente refirió que el sindicato se fundó bajo el anterior gobierno, y aseveró: “siempre tuvimos una premisa fundamental: es un sindicato de trabajadores. Defendemos los intereses de los trabajadores que están en empresas de medios, (…) y que hacen comunicación en otra situación, como los autogestivos”.

Sin embargo, respecto al debate entre la real situación de los/as trabajadores/as y ‘la grieta’ dijo: “a nosotros los posicionamientos políticos de cada compañero que integra la comisión directiva, los cuerpos de delegados del sindicato obviamente que nos importan pero están en un segundo plano en relación a nuestra pertenencia de clase como trabajadores”.

Y agregó que “la cuestión de la grieta la conocemos muy bien, y conocemos la construcción que hicieron distintos empresarios de medios sobre eso. Pero sabemos que para los trabajadores no hay grieta y que la grieta en todo caso es entre nosotros y los empresarios. Esa fue una definición fundacional nuestra porque nacimos enfrentándonos a (Sergio) Szpolski, a Cristóbal López y al Grupo Clarín”.

sipreba-dyn larevanchaprograma com arEn referencia al reclamo de emergencia laboral Lecchi indicó que “la gota que rebalsó el vaso fue el cierre de la agencia DyN. De nuevo el Ministerio de Trabajo no hizo absolutamente nada”. Diarios y Noticias es una empresa que no está vinculada “al crecimiento a través de la pauta oficial de la administración anterior (pretexto rápido que utiliza el actual gobierno)”, sino que es una empresa cuyos principales accionistas eran Clarín y La Nación.

“DyN cerró de un día para el otro dejando a 96 compañeros en la calle. En ese marco, y ya que se cuentan de a miles las situaciones de pérdidas de puestos de trabajo, planteamos un anteproyecto en la comisión de libertad de expresión del Congreso de la Nación para que se declare la emergencia laboral en los medios de comunicación, que prohíba por 180 días hábiles que haya despidos para que podamos tener una navidad sin despidos y que le dé prioridad a la bolsa de trabajo del sindicato para los nuevos puestos que se generen”, arguyó.

La inclusión de medios autogestivos, alternativos y populares dentro de SiPreBA se da en el marco de una reforma del estatuto social del sindicato “que nos había impuesto el Ministerio de Trabajo y lo asumimos para poder sacar la inscripción gremial en el menor tiempo posible”. Dicha medida no incluía minorías, “no permitía que jubilados y compañeros de medios autogestivos tuvieran derecho pleno. Creemos que tenemos un estatuto más democrático que nos pone en mejores condiciones también para enfrentar esta situación”, aseguró.

Si bien a los sindicatos con inscripción gremial simple les falta un segundo estamento (personería gremial) para tener el reconocimiento estatal completo, el secretario explicó que tienen “pleno derechos excepto dos cuestiones: el tema de obra social y la paritaria a nivel cámara. Nosotros sí en algunas empresas discutimos salarios entre la comisión interna de SiPreBA de la empresa y determinada patronal”.

No obstante tres o cuatro empresas, “en un claro ataque a nuestra organización y en connivencia con el otro sindicato –Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires–, en algunos casos tratan de obstaculizar nuestra libertad sindical: no quieren que los trabajadores se organicen libremente. A esto lo estamos judicializando porque es ilegal lo que hacen”.

(Por Paula Ércoli) El escenario que propició el gobierno al comunicar las propuestas de reformas en las condiciones laborales, previsionales y educativas en el último mes, empujó a un conjunto de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales y políticos a analizar el panorama integral que se desataría si el Congreso las aprueba.

“En este momento de una ofensiva tan brutal hacia la clase en su conjunto, el tema es poder confluir, aglutinar esas luchas que están y que se van a ir multiplicando, en ese sentido es que convocamos a este encuentro. Los que estamos acá, estamos  convencidos que la única forma de enfrentar esto es con lucha, unidad y organización”, dijo Ana Canullo, secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, al abrir un encuentro abierto de trabajadores/as el sábado en SUTEBA.

Analizar, discutir las consecuencias y acciones conjuntas si el Congreso da el visto bueno a estas reformas, fueron los objetivos, ya que vendrían a profundizar las medidas de ajustes, tarifazos, despidos y ataque a los gremios.

La iniciativa se suma a la lista de acciones conjuntas realizadas en los últimos meses: movilizaciones, actos y convocatorias que muchos espacios organizados están impulsando para aunar fuerzas y tácticamente construir unidad de acción.

Con la asistencia de casi 60 trabajadores y trabajadoras el intercambio analizó el estado actual de algunos sectores.  Respecto al sector cultural, el panorama es de una cerrazón por parte del estado. El desguace cultural propiciado por el cierre de los museos locales durante los fin de semana, la persistente precarización de los y las artistas locales y su falta de promoción, el cierre de hecho de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, la utilización ilegal del Fondo Municipal de las Artes y el congelamiento del Fondo de “eventos permanentes”; fueron algunos de los puntos mencionados por integrantes de la Unión de Músicos/as del Sur y del Centro de Estudiantes de Artes Visuales.

Las intervenciones vinculadas al sector educativo resaltaron la precariedad de las instituciones y su consecuente falta de presupuesto, el peligro de la privatización de la formación docente por parte del Estado, la profundización de la precariedad económica de la comunidad educativa, entre ellos no sólo los y las docentes, sino también el conjunto de las familias trabajadoras.

El sector estudiantil terciario puso sobre la mesa su preocupación y refirió a la necesidad de pensar nuevas formas de expresar los reclamos, apostando siempre a los esfuerzos por la reconstrucción necesaria del movimiento estudiantil. De esto último emergió la Coordinadora de Centros de Estudiantes de las escuelas terciarias artísticas, instrumento construido para otorgar mayor amplitud y unidad a los reclamos del sector, con el arte como herramienta comunicacional.

En el ámbito judicial la situación va en consonancia con el resto, pero las dificultades fueron profundizadas por el desgaste de la base de trabajadores/as en el marco por la disputa salarial.

La necesidad de encontrarse para poner en común, busca obtener consensos en las diferencias y ampliar los marcos de discusión; la cultura organizativa siempre aparece cuando los sectores de poder y algunas connivencias, intentan avasallar derechos conquistados. Es en este marco donde resurgió la necesidad de pensar la nueva configuración del poder, unificar disputas que se dan ante la vertiginosidad del contexto de manera parcial con vocación real de victoria.

Estas reformas “son la validación de una política que en los hechos ya estaba sucediendo”; el desafío ahora es seguir discutiendo cómo se gana la conciencia subjetiva y de clase para constituir una resistencia contra-hegemónica firme y persistente que les ponga freno. El jueves 30 de noviembre el Senado, donde Cambiemos es minoría, aprobó con 43 votos afirmativos el proyecto previsional acordado previamente con los gobernadores; la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Pacto Fiscal también se encaminaron hacia Diputados.

Existen puntos en cada uno de los anteproyectos que si bien “oficializan” situaciones de precariedad existentes incorporan otras que se suman a deteriorar aún más la configuración social actual.

En el caso de la reforma previsional, uno de los puntos que más rechazo genera es el cambio de la fórmula de movilidad, lo cual encubre un recorte de las jubilaciones en comparación con el régimen vigente. Respecto a la laboral las críticas son variopintas, ya que vendría a derribar conquistas históricas. Lo inusitado de todo esto es que “la CGT no hizo nada para pararlo, por el contrario le facilitaron el camino al gobierno”, concluyó una docente antes de dar cierre a la jornada.

Luego de tres horas de intercambio las y los trabajadores que formaron parte de este encuentro arribaron a las siguientes propuestas:

-Expresar la voluntad de construir la mayor unidad para rechazar la reforma integral, laboral, previsional, educativa y de salud, como así también el Pacto Fiscal entre el gobierno nacional y lxs gobernadorxs.

-Resistir las iniciativas para desconocer y fragmentar la organización sindical. Defensa de los sindicatos como herramientas de lucha de la clase trabajadora.

-Ampliar la mirada y la convocatoria a otros sectores, como movimientos sociales, movimiento de mujeres, pueblos originarios.

-Condenar los hechos represivos y a la criminalización de la protesta. Denunciar la persecución a los pueblos originarios y la política del gobierno, en favor de las grandes empresas dueñas de miles de hectáreas en la argentina. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

-Organizar una campaña de información, dirigida a trabajadorxs en general, especialmente a quienes no están organizadxs sindicalmente.

-Rechazar el decreto municipal de congelamiento de vacantes y la política de desguace cultural.

-Apoyar las demandas de los movimientos sociales para declarar la emergencia alimentaria y social.

-Repudiar los tarifazos en gas, energía eléctrica y el aumento del boleto de colectivo.

-Aprobar e impulsar las acciones de lucha en unidad de trabajadorxs comenzando por la jornada de lucha del 6 de diciembre.

Fueron las palabras de Sergio Zaninelli, dirigente de ADUNS, en comunicación con FM De la Calle antes de la movilización que se realizará esta tarde a las 18 en la Plaza Rivadavia, en consonancia con lo que sucede a nivel nacional en capital y otras ciudades, contra la reforma laboral provisional y tributaria.

El dirigente comentó que “intenta ser una réplica de lo que va a suceder en Buenos Aires, una movilización convocada por el amplio sector del movimiento obrero organizado, encabezado por las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y algunos gremios de la CGT que, en este caso no acuerdan con ese aval del triunvirato que la conducción de la CGT nacional le ha dado al proyecto de reforma laboral que el gobierno ingresó al Congreso”.

Aseguró que “es muy importante que esos tres proyectos de reforma: laboral, previsional y tributaria no se conviertan en legislación nacional porque es un gravísimo retroceso para toda la clase trabajadora, las clases populares y los sectores más vulnerables”.

Y agregó que el jueves 30, en la sesión ordinaria del Senado de la Nación, ya con dictamen favorable, “se va a entrar a debatir parte de la reforma provisional, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria”. Y si eso se convierte en le “el padecimiento que ya tienen los jubilados y jubiladas se va a hacer más ostensible”, aseguró.

En la reunión del lunes de la cual participaron más de cuarenta referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas para organizar esta movida esta movilización, quedó establecido dónde hay que poner los dos focos de atención.

Zaninelli expresó que “uno es en los legisladores nacionales que tienen la enorme responsabilidad a partir de pasado mañana de decirle basta a estas reformas que no son reformas, sino que lo que hacen es introducir más ajuste y precarización”.

“El otro foco de atención es concientizar al pueblo. Creo que todavía la mayor parte de la sociedad no concibe el peligro directo al bolsillo que conllevan estas reformas; esto va a afectar sin discusión a millones y millones de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, titulares de asignaciones asistenciales”.

Luego expresó: “Creo que el presidente Macri cuando hizo la presentación en su discurso de este paquete de reformas el 30 de octubre, claramente le declaró la guerra a la clase trabajadora. Más aún si nos adentramos en lo que es el proyecto de reforma laboral, años de luchas y conquistas se van a ver derrotadas si esto consigue convertirse en ley”.

Finalmente aseveró que “hay otra situación que agrava el contexto, la escalada represiva contra los pueblos originarios, la estigmatización de los trabajadores, de las organizaciones, de trabajadores; todo un combo que hace que generemos estos marcos de unidad, nos referenciemos en la calle –el lugar donde hay que referenciarse–, para decirle al gobierno y a legisladores de cualquier signo político basta de ajuste y precarización, basta de represión, basta de muerte”.

Claudia Ferrero, abogada del SITRAIC, analizó el avance de la causa que los tiene como particulares damnificados ante las amenazas de integrantes de la UOCRA, investigación que confluye con la iniciada de oficio por la Fiscalía cuando la gobernadora denunció el “accionar mafioso” del gremio sobre los empresarios.

Respecto a las denuncias, la abogada mencionó que se tramitan en la misma Fiscalía pero de forma separada, sin embargo, no impide que “los elementos probatorios que puedan haber en un expediente puedan ser utilizados en el otro”.

Sobre la denuncia realizada por integrantes de SITRAIC, aseguró que fue como “particular damnificado por una serie de amenazas y coacciones de personal identificado con el chaleco de la UOCRA cuando [SITRAIC] desempeña su actividad gremial: verificar que en las obras no  haya personal en negro, que estén las condiciones de trabajo fijadas por la ley”. Esto originó que “personas con el chaleco de la UOCRA los abordaran de forma bastante violenta” y los amenazaran.

La investigación sigue en proceso, se tomaron declaraciones pero la abogada espera que no terminen archivadas (como suele suceder) hasta que ocurra un hecho lamentable. “En Lomas de Zamora tenemos el caso de que SITRAIC había hecho veinte denuncias de este tipo, la justicia no había tomado ninguna medida hasta que terminó con un homicidio; ahora hay condenados pero, en 2014, por una acción en defensa de las ‘quintitas’ (‘esta quintita es mía’, una de las amenazas recibidas) mataron a un obrero, Darío Ávalos”.

Aunque las investigaciones se realicen por separado, Ferrero le manifestó al fiscal “que estas amenazas están plenamente ligadas a la otra investigación que él tiene, porque es el método de algunas personas vinculadas a la UOCRA, establecen un modus operandi en el cual la coacción es un método para asegurarse que las empresas estén adheridas a la UOCRA y no entre nadie más”.

En relación al empresariado manifestó que una parte “es totalmente copartícipe de este funcionamiento”, y que SITRAIC los ha convocado a “reuniones para animarlos a cortar con este círculo vicioso”, sin éxito. Por otro lado, “hay empresas que quieren terminar con esto y son –creo– las que se han animado a dar un paso y denunciar”. También lamentó que la Cámara de la Construcción no se haya acercado a denunciar este tipo de situaciones.

“La Cámara de la Construcción no ha aceptado ni hablar del tema”, dijo y opinó que “la intervención de un sindicato no es el camino, el camino es la organización de un sindicato de forma democrática, respetando la democracia sindical, la libertad de los afiliados como está tratando de construir el SITRAIC”.

En referencia a los casos en diferentes seccionales (Bahía Blanca, La Plata) de la UOCRA, se le consultó cómo ve la situación del secretario general del gremio, Gerardo Martínez: “Esta metodología, que estuvo instalada por años, es imposible que no tuviera un aval de arriba hacia abajo. En Lomas de Zamora por el crimen de Ávalos, está prófugo hace casi dos años Walter Leguizamón. Nadie lo busca, no hay una persecución desde el Estado, está garantizada su impunidad. Igualmente consideró que “el gobierno hace su propio juego” para “conseguir la adhesión de toda la CGT para la ley de reforma laboral”.

El dirigente de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Enrique Gandolfo, dialogó con FM De la Calle sobre los proyectos de reforma laboral y jubilatoria que analiza el Congreso.  El próximo 2 de diciembre –a las 9:30 en Suteba- se realizará un encuentro abierto de trabajadoras y trabajadores para analizar las medidas a tomar en el marco del debate parlamentario.

“Acá hay un análisis que es sencillo: el que se jubila a los 65, yendo a una jubilación que promete ser paupérrima, obviamente estará interesado en continuar hasta los 70 si puede, si está en condiciones y si el cuerpo le da, para no deteriorar su calidad de vida en esos últimos años de laburo y, en algunos casos  de vida también. De manera que, esto en conjunto con la reforma laboral conforma un cuadro de precarización de las construcciones de vida y de trabajo”, comentó.

Respecto de las modificaciones introducidas por la CGT al proyecto de reforma Gandolfo sostuvo que “Son algunos, pero el proyecto original sigue en pie. El banco de horas del cual se hablaba, aparentemente, se ha quitado y la cuestión de contar las horas extras para el aguinaldo vuelve a estar presente, pero son concesiones mínimas”.

Asimismo agregó: “Son 145 artículos los del proyecto de reforma laboral, de los cuales hay solo uno solo que favorece al trabajador que es el aumento de los días por paternidad. Todos los demás tienen un carácter regresivo”.

Mario Romero, secretario general de APINTA, dijo a FM De la Calle que un informe d el Ministerio de Modernización asegura habría un “sobrante” de 1057 trabajadorxs del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

“En principio habían comunicado al consejo directivo del INTA que eran 750 trabajadores que, a criterio del Ministerio, sobraban. Ahora han hecho un informe final y dicen que sobran 1057 trabajadores. Ante esta situación el gremio está en estado de alerta y movilización, y tenemos planteado un plan de lucha que va a ser analizado el 6 de diciembre en Mar del Plata en un congreso extraordinario”, afirmó.

El dirigente explicó que “el Ministerio contrató una consultora que estuvo trabajando seis meses en el INTA de Buenos Aires, visitaron la [estación] experimental de Pergamino y un instituto de investigación en Castelar. En base a esos dos relevamientos que hicieron en el terreno, aplicaron un criterio para todo el país”. Si los despidos se hacen efectivos “ponen en riesgo el funcionamiento institucional”.

Según Romero, “es poco serio el trabajo que se ha hecho, sin relevar en el terreno y conocer la actividad que hace el INTA en cada una de las estaciones experimentales y los centros regionales del país. La metodología utilizada no es la correcta”.

También aseguró que “el fondo de la cuestión es que hay una decisión política del gobierno de hacer un ajuste del 15% en las plantas de personal. Cualquier estudio que hagan estas consultoras privadas el objetivo es llegar a que en cada uno de los organismos sobra el 15% de la planta”.

Respecto a cómo era la situación del INTA en años anteriores Romero manifestó que no hubo despidos más allá de “alguna incertidumbre el año pasado sobre los contratados” y que en los últimos cinco años la plantilla de personal sumó a 250 agentes.

El INTA tiene “7100 trabajadores que desarrollan su tarea desde la Quiaca hasta Ushuaia” y un recorte de estas características “pondría en serio riesgo el desarrollo institucional, uno de siete trabajadores perdería su puesto de trabajo”.

En un organismo donde hay proyectos que se trabajan sobre el territorio, “generaría una merma muy importante del funcionamiento institucional, además del impacto social que tendría en cada una de las regiones que se queden 1000 trabajadores sin su fuente de trabajo”, ratificó.

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El secretario general de APINTA explicó que el nuevo presidente del INTA, el ingeniero agrónomo Juan Balbín, ya está al tanto de “la situación que está viviendo el INTA en el tema presupuestario y en la posibilidad de achique del personal”.

Respecto a la reciente asunción del nuevo ministro de Agroindustria, Romero detalló: “La asunción de Etchevehere nos preocupa […]  por conocer cómo piensa él y qué es lo que piensa la Sociedad Rural. Tienen un pensamiento de un Estado mucho más chico y un INTA trabajando para un solo sector de productores, los grandes productores. Nosotros […] tenemos que trabajar con los grandes, con los pequeños, con la agricultura familiar, con todos los productores del país. Esa es la preocupación y por eso estamos en estado de alerta y movilización”.

Las trabajadoras y los trabajadores de INCOB celebraron esta semana dos años de “gestión obrera plena” con jornadas de debate sobre autogestión y cooperativismo. “Mientras esto crezca, crecemos todos y por eso pedimos que Bahía Blanca apoye la expropiación, así podemos pensar en el futuro y seguir autogestionándonos como hasta ahora”.

María del Carmen Dauphin aseguró que el ataque de integrantes de la gestión anterior, ocurrido el 17 de noviembre de 2015, ya es un hecho “anecdótico” y destacó el crecimiento logrado en los últimos meses.

“Hemos podido presentar nuestros primeros balances, tenemos una autogestión muy buena de la cual nos ha hecho crecer día a día como personas y como cooperativa. Gracias a esto se fueron realizando muchísimas mejoras, ya sea en la parte laboral como en la nueva carnicería que estamos tratando de abrirla para el mes de diciembre”, dijo el en conferencia de prensa.

La carnicería solidaria que proyectan es para “que la sociedad de Bahía Blanca pueda comprar y consumir un alimento básico a bajo precio. Por eso es que lo estamos haciendo con muchísimo cariño y, obviamente, con mucha responsabilidad para que todos puedan acceder a nuestra cooperativa”.

Además del trabajo diario del frigorífico, INCOB tiene en marcha una escuela primaria de adultos y el próximo año abrirá una secundaria con el apoyo de la Universidad Nacional del sur. También ofrecen apoyo escolar y talleres de música. En 2018 sumarán un taller de depostador y charqueador que permita a jóvenes contar con una salida laboral.

Por otro lado, están trabajando junto a técnicos del INTA en la gestión de residuos producidos por la actividad del frigorífico. “Queremos transformarlos en algo energético para no contaminar el medio ambiente. Una de las cosas es un biodigestor y la otra sería abono”.

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“Ahora vamos por la expropiación definitiva, queremos que Bahía Blanca se haga dueña de INCOB y más que nada para lo que es la cuestión trabajadora, de que toda la sociedad pueda tener acá un lugar de trabajo”, dijo Dauphin.

Orlando Acosta, agregó que “la expropiación es un permiso temporal para que uno a título oneroso pueda trabajar en las instalaciones. Lo que uno tiene que lograr para tener una expropiación definitiva es hacer el pago del inmueble a la provincia que es la que tiene que negociar con las partes, con la quiebra o con la persona que haya adquirido la quiebra de Paloni”.

“Venimos viviendo todo el tiempo la autogestión y vemos la posibilidad que hay delante de la quiebra, no es el final, desde nuestra experiencia vimos la necesidad y lo productivo que podía llegar a ser un encuentro de cooperativas de trabajo donde se pudieran compartir experiencias, con cooperativas locales como de otras provincias e incluso con personas que han llegado desde el extranjero para participar de este primer encuentro”, manifestó Acosta sobre las Jornadas Sentimiento Latinoamericano.

Participaron INTA, UNS, FASINPAT, Cáritas, FM De la Calle, Hotel Bauen, Movimiento El Grito, Cooperativa La Poderosa, Cooperativa Las Morenas, Cooperativa Bahía Blanca, Cooperativa El Progreso, Escuela Primaria de Adultos Nº72, UMSur y José Miguel Gómez de la Comunidad Internacional de Economía Social de Cooperativas.