Espacios culturales y frutos de la lucha organizada

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(Por Astor Vitali) Este año registró el más alto índice de reclamos, movilizaciones y expresiones de repudio a las políticas culturales del intendente Héctor Gay, aplicadas por el ex animador de eventos, Ricardo Margo. La última fue la presentación de un recurso jerárquico por parte de integrantes del Consejo Cultural Consultivo, contra el uso ilegal de fondos públicos, habiéndose imputando dineros del Fondo Municipal de las Artes para la financiación de los gastos de hotelería del personal de Ricardo Arjona, durante su desafortunado paso por Bahía Blanca en medio de una gira que cerró en baja.

A pesar de la política oficial, que llegó al límite de recortar horas extras, viéndose afectado el normal funcionamiento de museos y hasta de la boletaría del Teatro Municipal, los espacios culturales independientes son centros de producción y acceso cultural que oponen su trabajo a los embates provocados por malas políticas.

En 2014, el ex director del Instituto Cultural, Sergio Raimondi, redactó un proyecto de ordenanza que consensuó con algunos espacios culturales y luego promovió en el ámbito legislativo. Una vez aprobada, la ordenanza 17.767, contempla financiamiento para los “Espacio Culturales Independiente” que define como “aquellos espacios multifuncionales que tengan como actividad principal la producción, formación, investigación y promoción del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones: artes escénicas (danza y teatro), música, artes plásticas, literatura, medios audiovisuales, que contemplen la asistencia de público hasta de 200 localidades, que presenten una cartelera compuesta en su mayoría por propuestas locales y cuyo horario de funcionamiento sea hasta la 1 (una) de la mañana los días lunes a jueves y domingos, y hasta las 2 (dos) de la mañana los días viernes, sábado y vísperas de feriado”.

Elisardo Tunessi es actor, director, abogado, juez y docente. Durante los últimos dos años se ha desempeñado como asesor ad honorem del Consejo Cultural Consultivo e integra la mesa que la ordenanza creó para evaluar los pedidos de subsidios y el seguimiento de los mismos. “No solamente un espacio cultural es para la recepción de público sino para desarrollar talleres y actividades. Trabajar, investigar, fomentar”, destacó.

El año pasado tuvieron lugar una serie de reclamos para cobrar los subsidios correspondientes al período 2015, con retraso.

En este contexto, partir de mayo de este año, “la comisión revisora no se juntó más por decisión del Instituto Cultural”, dirigido por Ricardo Margo. Se elevaron notas al respecto, sin obtener respuesta formal. Por este motivo, sumado a los retrasos de la administración anterior, el proceso de normalización y habilitación de los espacios culturales se vio afectado.

Sin embargo, el artista sostuvo que la subjetividad de los ECI es positiva. “Cuando vivimos épocas difíciles la unión se hace casi imprescindible. Estamos viviendo en esta etapa. Los espacios culturales independientes hemos creado una red de conexión impresionante (Red de Espacios Culturales).

Los frutos de las medidas de fuerza  

Tunessi adelantó a FM De la Calle que, luego de las movilizaciones definidas a través de las asambleas de todas las ramas artísticas coordinadas por sus representantes en el Consejo Cultural Consultivo, desde el municipio comenzaron a llamar a los proyectos contemplados por la mencionada norma.

A esto hay que sumar que también han sido contactados por personal municipal quienes llevan adelante encuentros y eventos contemplados por otra norma cuyo presupuesto viene siendo sub ejecutado: la ordenanza que crea el Fondo para Eventos Artísticos y Culturales de organización regular y continuidad en el tiempo.

Los/as consejeros/as y las organizaciones gremiales de la cultura (UMSur y Asociación Argentina de Actores) han denunciado públicamente la violación de legislación vigente por parte de Margo. Durante la última movilización se interpuso un recurso jerárquico intimando al intendente a que ratifique o rectifique la violación de normas vigentes, haya sido por manejos discrecionales de fondos afectados o por la sub ejecución de los presupuestos asignados por esas normativas.

Según pudo constatar este medio con organizadores de eventos sin fines de lucro, el municipio comenzó a llamarles anunciando que, si presentan los comprobantes de los gastos erogados antes del 31 de diciembre, finalmente accederían a lo que por derecho les corresponde: recibir los subsidios de fomento que no venían entregando.

“Seguramente tiene que ver con la lucha que sea ha llevado a cabo por todos los compañeros y por la elevación del recurso jerárquico”, sostuvo el artista.

Luis Ponte: “Hay herramientas de representación para manejar esto a mediano y largo plazo”

El gestor cultural y columnista del programa En Eso Estamos que se emitía a través de este medio, abonó al análisis respecto de la situación cultural en la ciudad. “Como actividad propia, la producción independiente este año notó como nunca la sequía de actividades, pongamos en comparación con los últimos cinco años. Implica una cuestión económica (traer a alguien de Buenos Aires cuadriplicó los costos respecto de 2015 a la fecha), el encarecimiento de las salas y por otro lado la disminución de las afluencias de público. Aún con las entradas económicas como pueden ser por ejemplo la orquesta sinfónica (que dependen del órgano público OAS) o eventos que no tienen fines comerciales. Denota un decaimiento en el interés de la gente, provocado por la situación económica”.

En relación al pasado, “históricamente siempre el estado municipal ayudó a los productores culturales independientes con pasajes, alojamiento, comida, etc. Este año, la política fue cero apoyo de ningún tipo -salvo a Ricardo Arjona”.

Se atravesaron situaciones como “gente que tuvo la promesa (oficial) de apoyo y después se le retiró”.

En referencia a la responsabilidad política del intendente Héctor Gay, Ponte explicó que “uno no puede tomar la sopa con un tenedor. Sabe que es inútil. Entonces, colocar a un inútil en un cargo que sabe que va a fracasar es una política de estado definida, en este caso por el intendente”.

En este sentido, el mandatario municipal declaró el 4 de diciembre, en el marco de una conferencia de prensa rodeada de la protesta de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar –a quien Gay y la responsable de Educación Morena Llanca Rosselló definieron este año no renovar contratos y esconder  un acta pública firmada por las partes- que “no hay desguace cultural en Bahía Blanca” y que con solo mirar la agenda podría desmentirse esa “insólita” sentencia.

Para el productor, es “una afirmación cínica, coherente con la política cínica que viene aplicando el intendente a través de su encargado en cultura”.

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Hay actividad cultural a pesar de la política cultural

La mayor parte de la actividad cultural registrada en Bahía Blanca durante este año es de producción independiente. Tampoco tiene que ver con la inversión empresarial privada sino con la autogestión de espacios y grupos culturales. “Si vemos industrias culturales: cine, librería, etc. ¿Qué definió la política cultural en los últimos años para mejorar o achatar eso? Siguen en piloto automático. Ahora si vamos a los grupos culturales, a los espacios permanentes… ¿Por qué va a pasar a la historia esta gestión cultural? Le apuesto a cualquiera que no puede definir nada por la positiva”.

“Es tristísimo esto y es un retroceso en tiempo. Va a pasar esta gestión como pasaron otras. Hay que seguir. Es un largo camino y se han conquistado cosas a pesar de los directores de cultura impresentables, como este caso. Hay que tener una política de lucha y de difusión. Tener políticas en conjunto de los grupos culturales”, propuso el gestor.

Finalmente, Ponte sugirió que “los actores culturales tienen que tener en cuenta que tienen organismos de representación que no son sellos sino que están para ayudarlos, contenerlos y guiarlos de forma colectiva en lo que después se traduce en quejas de pasillo”, en referencia a las asambleas de todas las ramas convocadas desde hace 9 años por el Consejo Cultural Consultivo. “Hay herramientas más que suficientes en la ciudad como para manejar esto a mediano y largo plazo y que esto sea un mal sueño, una pesadilla que en algún momento de la vida todos tuvimos. Pero me parece que las conquistas hablan a las claras de que hay que seguir en ese camino”.

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“A la reforma previsional la llamo ajuste brutal”

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El jueves pasado, el gobierno de Cambiemos no logró quorum para aprobar el proyecto de ley de reforma previsional. Frente al creciente rechazo social que generó la difusión de la medida y sus consecuencias (3 meses no contemplados para el cálculo final y aumento menor al que la actual fórmula alcanzaría de no ser modificada), Mauricio Macri negoció con los gobernadores el apoyo de los/as legisladores/as de cada distrito. En cambio, con el congreso argentino rodeado de organizaciones sociales, gremiales y políticas que evidenciaron el corte antipopular de la normativa impulsada, la mayor parte de los bloques retiró su apoyo.

Esa misma tarde, una vez que la diputada Elisa Carrió hablaba de “los violentos” en referencia a quienes se manifestaban fuera del recito y sugirió posponer el debate, su gobierno dio orden de reprimir con balas de goma y otros artefactos. Fueron agredidos jubilados, periodistas y fotógrafos.

La Ministra de (in)Seguridad, Patricia Bulrich, aún no dio a conocer a la opinión pública el protocolo por el cual se regiría el procedimiento represivo. En tanto, el oficialismo intentará dar aprobación al proyecto este lunes. Introducirían una compensación por los tres meses que no son contemplados por la nueva norma. Aunque el nuevo proyecto aún no fue dado a conocer.

A nivel local, varias organizaciones gremiales convocaron a concentrar a partir de las 14 en la Plaza Rivadavia y se llevará a cabo una consulta popular para difundir y discutir la medida.

La reforma y sus víctimas en Bahía

FM De la Calle habló con María Rosa Buffa, integrante del Movimiento Independiente de Adultos Mayores Jubilados “La Norma Plá”.

De reciente formación, el espacio surge “de la necesidad de defender nuestros intereses como jubilados y nuestros derechos. Ahora somos un grupo importante, nos estamos organizando y estamos tramitando la personería jurídica”.

Si bien hay problemáticas que las personas jubiladas enfrentan hace años (PAMI, ANSES, etc.), “nunca como estos dos últimos años”. PAMI no “está funcionando como corresponde en la ciudad: hay problemas con los médicos de cabecera”, que dejan sin atención a muchos/as afiliados/as.

“Justamente ahora cuando necesitamos más atención medica –porque no nos regala nadie esta atención (ya que) lo aportamos en el período de actividad–, nos damos cuenta que no tenemos la atención que merecemos”.

“Como movimiento independiente hemos concurrido a entrevistarnos con el director de PAMI” pero siguen sin respuesta desde 4 meses.

Lo mismo les ocurrió en el palacio municipal: “Hemos solicitado entrevista con el intendente (Héctor Gay) para reclamarle nuestros derechos y toda la problemática de PAMI, ANSES. No nos han atendido” Buffa sostiene que si PAMI “no está cumpliendo con su deber como obra social, se tiene que hacer cargo la intendencia porque nosotros pagamos una tasa de salud en los impuestos”.

A la reforma previsional “yo la llamo ‘ajuste brutal’ porque justamente lo hacen en el sector que menos posibilidades de defenderse tiene. Somos jubilados, no somos de cuarta ni somos descartables”.

“Nos tocó a nosotros y les va a tocar a los que están en actividad porque esto es un ajuste implementado por el Fondo Monetario Internacional en base a la deuda que va adquiriendo el país, que hay que pagarla. Y se paga con la plata de los jubilados porque es donde más plata hay”.

La Norma Plá es un movimiento apartidario. “En las reuniones se trata la política jubilatoria, la política previsional, la que nos afecta a todos. Los centros de jubilados lo toman como que es algo partidario. Tratamos de agruparnos para defender nuestros derechos porque esto se agrava; la deuda hay que pagarla y lo van a hacer con este ajuste de los jubilados que son 140 mil millones de pesos”.

Cuando escucha al presidente y al resto de los representantes, a Buffa le genera “gran indignación, impotencia y bronca porque es el presidente de todos los argentinos. Indignación porque no han cumplido con respecto a los jubilados lo que han dicho. La palabra del presidente se diluyó porque no cumplió nada, al contrario, lo agravó”.

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Movilización y consulta popular contra las reformas

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Esta mañana centenares de bahienses se manifestaron en las calles del centro de la ciudad y en el Concejo Deliberante contra el ajuste que pretende implementar el gobierno nacional mediante las reformas laboral, previsional y tributaria. Además se presentó una consulta popular que se desarrollará desde el lunes hasta el miércoles.

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La Multisectorial contra las Reformas conformada por sindicatos, partidos políticos, centros de estudiantes, movimientos territoriales y pastorales y ciudadanos y ciudadanas de a pie impulsan una consulta popular que aporte al debate y la difusión de las reformas estructurales que pretende imponer el gobierno de Cambiemos.

Desde el 18 y hasta el 20 habrá urnas y boletas en distintos puntos de la ciudad para “votar y sobre todo, conocer, reflexionar e intercambiar opiniones sobre estas gravísimas medidas que el gobierno pretende hacer pasar en beneficio del empresariado y las multinacionales”.

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El miércoles a las 18 en la Plaza Rivadavia cerrará el escrutinio con un gran festival y acto final.

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“Pensamos que cuando se vota se puede elegir un concejal, un diputado o un senador pero nadie da mandato para que un día, de golpe y porrazo, se lleven 100 mil millones de pesos de la Anses, que se le sacan a los jubilados y pensionados, a quienes cobran la asignación universal por hijo”, afirmó Enrique Gandolfo.

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El docente agregó que la reforma previsional es “parte de un paquete integral junto con la reforma laboral y las leyes fiscales que se pretende consumar antes de fin de año. Esta indignación, este descontento que recorre las calles, las plazas, los lugares de trabajo, las escuelas, las universidades, tiene que expresarse de todas maneras. La principal es en la calle, tenemos que estar juntos y movilizados, pero también abrimos otra herramienta que es esta consulta”.

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Gandolfo cuestionó además “quién les da mandato a estas personas para que voten estas cosas, quién le dio mandato a los concejales para que aumenten de golpe el boleto del colectivo al 38 por ciento”.

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Ana Canullo, secretaria general de CTA, manifestó que “venimos exigiendo a las dirigencias centrales que convoquen a planes de lucha, a paros, a movilización. Hoy estamos en paro algunos sindicatos, movilizados y en estado de alerta pero sabemos que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen sindicato, que trabajan en forma precaria y por eso no tienen un canal de expresión. Nuestra idea es esa, que puedan decir esto no lo quiero, y para decirles a ellos, a los que nos gobiernan, que somos muchos y muchas los que nos oponemos”.

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“Aquí si se aprueban estas reformas no hay excepciones ni para mujeres, ni para hombres, ni para peronistas, ni de la izquierda, ni para trotkistas ni comunistas. Debemos resistir como lo venimos haciendo aquí y en todas las plazas del país”, dijo el titular de ADUNS Sergio Zaninelli.

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César García de PTP repudió “la represión a las organizaciones sociales en el día de ayer, tanto a la CCC, a la CTEP y a Barrios de Pie y que convocaron más de 150 mil compañeros en la Plaza Congreso” y destacó que “el gobierno está demostrando lo que tiene para el pueblo: represión, se acabó el diálogo”.

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Jubiladxs buscan frenar el ajuste previsional

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La reforma jubilatoria aprobada por el Senado a instancias del gobierno nacional “ha tenido el rechazo unánime de la mayoría de la población”, dijo a FM De la Calle el dirigente de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados (CTA), Marcos Wolman.

“Estamos hablando de (un haber) del 44% de la canasta básica, que es una canasta muy básica, de un adulto mayor, o sea que es realmente de un ajuste, algo que no puede aprobarse en la Cámara de Diputados, estamos luchando para que esto no ocurra”, aseguró respecto al resultado de la fórmula del oficialismo.

Wolman comentó que el proyecto propio de la Mesa “plantea los temas que hay que discutir. En primer lugar, que el haber mínimo jubilatorio no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil y debe cubrir la canasta básica. El segundo, que el haber sea el 82% móvil del trabajador activo, esto no es una dádiva, es un aporte que durante 30, 40 o más años la gente está haciendo para tener un sustituto del salario. Y otro aspecto es que hay que terminar con el manejo de los fondos que se está haciendo”.

La modificación de la Ley 26.417 propuesta por el gobierno nacional para actualizar semestralmente jubilaciones y pensiones establece que se aplicará trimestralmente a partir de marzo, con una fórmula de actualización compuesta por el 70% del índice inflacionario del INDEC, más el 30% de la variación salarial del índice RIPTE.

Según advirtió la Mesa Coordinadora, esto significa que la jubilación mínima actual de $ 7246 en marzo se incrementaría solo un 5,7 % y quedaría en “7659. Si se aplicara en cambio la fórmula vigente la jubilación mínima sería aproximadamente de $8.115.

“Es decir que cobraremos $456 menos por mes. Un nuevo ajuste sobre los magros ingresos de la mayoría de jubilados, que aportamos un salario o ingreso diferido durante toda la vida activa para tener una jubilación digna, sustituto del salario o ingreso”.

Como referencia vale mencionar el costo de la Canasta Básica de un Adulto Mayor, actualizada semestralmente por la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, que alcanza un costo de $17.523 y la jubilación mínima, “como viene ocurriendo en los últimos 10 años, y peor aún con esta fórmula, no llegará a cubrir en marzo el 44% de la misma”.

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2500 trabajadorxs de prensa perdieron sus puestos desde diciembre 2015

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En el marco desfavorable que sufre el sector de prensa, el 25 de noviembre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA) realizó una asamblea en la que reformaron su estatuto, incorporando así a integrantes de medios comunitarios, alternativos y populares. También reclamaron la declaración de emergencia laboral. FM De la Calle habló con Agustin Lecchi, secretario de organización del gremio, quién nos contó las novedades.

El comunicador aseguró que “desde diciembre de 2015 a la fecha al menos 2500 puestos de trabajos se perdieron bajo distintas modalidades: cierre de empresas, despidos directos, retiros voluntarios compulsivos a los que muchas veces los trabajadores no se pueden oponer porque cuando se oponen son despedidos. Es un contexto muy adverso, nosotros lo caracterizamos como el peor momento de los medios de comunicación desde la vuelta de la democracia”.

También explicó que no es una situación que solamente esté atravesando la prensa sino que lo sufren otros sectores de la comunicación: “los trabajadores de distintos oficios de la radio, lo mismo en la televisión con la paritaria del SAT (Sindicato Argentino de Televisión)… está siendo extorsionado con la apertura de los convenios. Los empresarios tienden a violar los convenios colectivos, el estatuto del periodista en este caso, con un Ministerio de Trabajo y un Estado que miran para otro lado”.

El dirigente refirió que el sindicato se fundó bajo el anterior gobierno, y aseveró: “siempre tuvimos una premisa fundamental: es un sindicato de trabajadores. Defendemos los intereses de los trabajadores que están en empresas de medios, (…) y que hacen comunicación en otra situación, como los autogestivos”.

Sin embargo, respecto al debate entre la real situación de los/as trabajadores/as y ‘la grieta’ dijo: “a nosotros los posicionamientos políticos de cada compañero que integra la comisión directiva, los cuerpos de delegados del sindicato obviamente que nos importan pero están en un segundo plano en relación a nuestra pertenencia de clase como trabajadores”.

Y agregó que “la cuestión de la grieta la conocemos muy bien, y conocemos la construcción que hicieron distintos empresarios de medios sobre eso. Pero sabemos que para los trabajadores no hay grieta y que la grieta en todo caso es entre nosotros y los empresarios. Esa fue una definición fundacional nuestra porque nacimos enfrentándonos a (Sergio) Szpolski, a Cristóbal López y al Grupo Clarín”.

sipreba-dyn larevanchaprograma com arEn referencia al reclamo de emergencia laboral Lecchi indicó que “la gota que rebalsó el vaso fue el cierre de la agencia DyN. De nuevo el Ministerio de Trabajo no hizo absolutamente nada”. Diarios y Noticias es una empresa que no está vinculada “al crecimiento a través de la pauta oficial de la administración anterior (pretexto rápido que utiliza el actual gobierno)”, sino que es una empresa cuyos principales accionistas eran Clarín y La Nación.

“DyN cerró de un día para el otro dejando a 96 compañeros en la calle. En ese marco, y ya que se cuentan de a miles las situaciones de pérdidas de puestos de trabajo, planteamos un anteproyecto en la comisión de libertad de expresión del Congreso de la Nación para que se declare la emergencia laboral en los medios de comunicación, que prohíba por 180 días hábiles que haya despidos para que podamos tener una navidad sin despidos y que le dé prioridad a la bolsa de trabajo del sindicato para los nuevos puestos que se generen”, arguyó.

La inclusión de medios autogestivos, alternativos y populares dentro de SiPreBA se da en el marco de una reforma del estatuto social del sindicato “que nos había impuesto el Ministerio de Trabajo y lo asumimos para poder sacar la inscripción gremial en el menor tiempo posible”. Dicha medida no incluía minorías, “no permitía que jubilados y compañeros de medios autogestivos tuvieran derecho pleno. Creemos que tenemos un estatuto más democrático que nos pone en mejores condiciones también para enfrentar esta situación”, aseguró.

Si bien a los sindicatos con inscripción gremial simple les falta un segundo estamento (personería gremial) para tener el reconocimiento estatal completo, el secretario explicó que tienen “pleno derechos excepto dos cuestiones: el tema de obra social y la paritaria a nivel cámara. Nosotros sí en algunas empresas discutimos salarios entre la comisión interna de SiPreBA de la empresa y determinada patronal”.

No obstante tres o cuatro empresas, “en un claro ataque a nuestra organización y en connivencia con el otro sindicato –Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires–, en algunos casos tratan de obstaculizar nuestra libertad sindical: no quieren que los trabajadores se organicen libremente. A esto lo estamos judicializando porque es ilegal lo que hacen”.

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Encuentro de trabajadorxs contra el ajuste

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(Por Paula Ércoli) El escenario que propició el gobierno al comunicar las propuestas de reformas en las condiciones laborales, previsionales y educativas en el último mes, empujó a un conjunto de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales y políticos a analizar el panorama integral que se desataría si el Congreso las aprueba.

“En este momento de una ofensiva tan brutal hacia la clase en su conjunto, el tema es poder confluir, aglutinar esas luchas que están y que se van a ir multiplicando, en ese sentido es que convocamos a este encuentro. Los que estamos acá, estamos  convencidos que la única forma de enfrentar esto es con lucha, unidad y organización”, dijo Ana Canullo, secretaria general de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, al abrir un encuentro abierto de trabajadores/as el sábado en SUTEBA.

Analizar, discutir las consecuencias y acciones conjuntas si el Congreso da el visto bueno a estas reformas, fueron los objetivos, ya que vendrían a profundizar las medidas de ajustes, tarifazos, despidos y ataque a los gremios.

La iniciativa se suma a la lista de acciones conjuntas realizadas en los últimos meses: movilizaciones, actos y convocatorias que muchos espacios organizados están impulsando para aunar fuerzas y tácticamente construir unidad de acción.

Con la asistencia de casi 60 trabajadores y trabajadoras el intercambio analizó el estado actual de algunos sectores.  Respecto al sector cultural, el panorama es de una cerrazón por parte del estado. El desguace cultural propiciado por el cierre de los museos locales durante los fin de semana, la persistente precarización de los y las artistas locales y su falta de promoción, el cierre de hecho de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, la utilización ilegal del Fondo Municipal de las Artes y el congelamiento del Fondo de “eventos permanentes”; fueron algunos de los puntos mencionados por integrantes de la Unión de Músicos/as del Sur y del Centro de Estudiantes de Artes Visuales.

Las intervenciones vinculadas al sector educativo resaltaron la precariedad de las instituciones y su consecuente falta de presupuesto, el peligro de la privatización de la formación docente por parte del Estado, la profundización de la precariedad económica de la comunidad educativa, entre ellos no sólo los y las docentes, sino también el conjunto de las familias trabajadoras.

El sector estudiantil terciario puso sobre la mesa su preocupación y refirió a la necesidad de pensar nuevas formas de expresar los reclamos, apostando siempre a los esfuerzos por la reconstrucción necesaria del movimiento estudiantil. De esto último emergió la Coordinadora de Centros de Estudiantes de las escuelas terciarias artísticas, instrumento construido para otorgar mayor amplitud y unidad a los reclamos del sector, con el arte como herramienta comunicacional.

En el ámbito judicial la situación va en consonancia con el resto, pero las dificultades fueron profundizadas por el desgaste de la base de trabajadores/as en el marco por la disputa salarial.

La necesidad de encontrarse para poner en común, busca obtener consensos en las diferencias y ampliar los marcos de discusión; la cultura organizativa siempre aparece cuando los sectores de poder y algunas connivencias, intentan avasallar derechos conquistados. Es en este marco donde resurgió la necesidad de pensar la nueva configuración del poder, unificar disputas que se dan ante la vertiginosidad del contexto de manera parcial con vocación real de victoria.

Estas reformas “son la validación de una política que en los hechos ya estaba sucediendo”; el desafío ahora es seguir discutiendo cómo se gana la conciencia subjetiva y de clase para constituir una resistencia contra-hegemónica firme y persistente que les ponga freno. El jueves 30 de noviembre el Senado, donde Cambiemos es minoría, aprobó con 43 votos afirmativos el proyecto previsional acordado previamente con los gobernadores; la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Pacto Fiscal también se encaminaron hacia Diputados.

Existen puntos en cada uno de los anteproyectos que si bien “oficializan” situaciones de precariedad existentes incorporan otras que se suman a deteriorar aún más la configuración social actual.

En el caso de la reforma previsional, uno de los puntos que más rechazo genera es el cambio de la fórmula de movilidad, lo cual encubre un recorte de las jubilaciones en comparación con el régimen vigente. Respecto a la laboral las críticas son variopintas, ya que vendría a derribar conquistas históricas. Lo inusitado de todo esto es que “la CGT no hizo nada para pararlo, por el contrario le facilitaron el camino al gobierno”, concluyó una docente antes de dar cierre a la jornada.

Luego de tres horas de intercambio las y los trabajadores que formaron parte de este encuentro arribaron a las siguientes propuestas:

-Expresar la voluntad de construir la mayor unidad para rechazar la reforma integral, laboral, previsional, educativa y de salud, como así también el Pacto Fiscal entre el gobierno nacional y lxs gobernadorxs.

-Resistir las iniciativas para desconocer y fragmentar la organización sindical. Defensa de los sindicatos como herramientas de lucha de la clase trabajadora.

-Ampliar la mirada y la convocatoria a otros sectores, como movimientos sociales, movimiento de mujeres, pueblos originarios.

-Condenar los hechos represivos y a la criminalización de la protesta. Denunciar la persecución a los pueblos originarios y la política del gobierno, en favor de las grandes empresas dueñas de miles de hectáreas en la argentina. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

-Organizar una campaña de información, dirigida a trabajadorxs en general, especialmente a quienes no están organizadxs sindicalmente.

-Rechazar el decreto municipal de congelamiento de vacantes y la política de desguace cultural.

-Apoyar las demandas de los movimientos sociales para declarar la emergencia alimentaria y social.

-Repudiar los tarifazos en gas, energía eléctrica y el aumento del boleto de colectivo.

-Aprobar e impulsar las acciones de lucha en unidad de trabajadorxs comenzando por la jornada de lucha del 6 de diciembre.

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“Macri claramente le declaró la guerra a la clase trabajadora”

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Fueron las palabras de Sergio Zaninelli, dirigente de ADUNS, en comunicación con FM De la Calle antes de la movilización que se realizará esta tarde a las 18 en la Plaza Rivadavia, en consonancia con lo que sucede a nivel nacional en capital y otras ciudades, contra la reforma laboral provisional y tributaria.

El dirigente comentó que “intenta ser una réplica de lo que va a suceder en Buenos Aires, una movilización convocada por el amplio sector del movimiento obrero organizado, encabezado por las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y algunos gremios de la CGT que, en este caso no acuerdan con ese aval del triunvirato que la conducción de la CGT nacional le ha dado al proyecto de reforma laboral que el gobierno ingresó al Congreso”.

Aseguró que “es muy importante que esos tres proyectos de reforma: laboral, previsional y tributaria no se conviertan en legislación nacional porque es un gravísimo retroceso para toda la clase trabajadora, las clases populares y los sectores más vulnerables”.

Y agregó que el jueves 30, en la sesión ordinaria del Senado de la Nación, ya con dictamen favorable, “se va a entrar a debatir parte de la reforma provisional, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria”. Y si eso se convierte en le “el padecimiento que ya tienen los jubilados y jubiladas se va a hacer más ostensible”, aseguró.

En la reunión del lunes de la cual participaron más de cuarenta referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas para organizar esta movida esta movilización, quedó establecido dónde hay que poner los dos focos de atención.

Zaninelli expresó que “uno es en los legisladores nacionales que tienen la enorme responsabilidad a partir de pasado mañana de decirle basta a estas reformas que no son reformas, sino que lo que hacen es introducir más ajuste y precarización”.

“El otro foco de atención es concientizar al pueblo. Creo que todavía la mayor parte de la sociedad no concibe el peligro directo al bolsillo que conllevan estas reformas; esto va a afectar sin discusión a millones y millones de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, titulares de asignaciones asistenciales”.

Luego expresó: “Creo que el presidente Macri cuando hizo la presentación en su discurso de este paquete de reformas el 30 de octubre, claramente le declaró la guerra a la clase trabajadora. Más aún si nos adentramos en lo que es el proyecto de reforma laboral, años de luchas y conquistas se van a ver derrotadas si esto consigue convertirse en ley”.

Finalmente aseveró que “hay otra situación que agrava el contexto, la escalada represiva contra los pueblos originarios, la estigmatización de los trabajadores, de las organizaciones, de trabajadores; todo un combo que hace que generemos estos marcos de unidad, nos referenciemos en la calle –el lugar donde hay que referenciarse–, para decirle al gobierno y a legisladores de cualquier signo político basta de ajuste y precarización, basta de represión, basta de muerte”.

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UOCRA: investigan coacciones y amenazas contra dirigentes del SITRAIC

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Claudia Ferrero, abogada del SITRAIC, analizó el avance de la causa que los tiene como particulares damnificados ante las amenazas de integrantes de la UOCRA, investigación que confluye con la iniciada de oficio por la Fiscalía cuando la gobernadora denunció el “accionar mafioso” del gremio sobre los empresarios.

Respecto a las denuncias, la abogada mencionó que se tramitan en la misma Fiscalía pero de forma separada, sin embargo, no impide que “los elementos probatorios que puedan haber en un expediente puedan ser utilizados en el otro”.

Sobre la denuncia realizada por integrantes de SITRAIC, aseguró que fue como “particular damnificado por una serie de amenazas y coacciones de personal identificado con el chaleco de la UOCRA cuando [SITRAIC] desempeña su actividad gremial: verificar que en las obras no  haya personal en negro, que estén las condiciones de trabajo fijadas por la ley”. Esto originó que “personas con el chaleco de la UOCRA los abordaran de forma bastante violenta” y los amenazaran.

La investigación sigue en proceso, se tomaron declaraciones pero la abogada espera que no terminen archivadas (como suele suceder) hasta que ocurra un hecho lamentable. “En Lomas de Zamora tenemos el caso de que SITRAIC había hecho veinte denuncias de este tipo, la justicia no había tomado ninguna medida hasta que terminó con un homicidio; ahora hay condenados pero, en 2014, por una acción en defensa de las ‘quintitas’ (‘esta quintita es mía’, una de las amenazas recibidas) mataron a un obrero, Darío Ávalos”.

Aunque las investigaciones se realicen por separado, Ferrero le manifestó al fiscal “que estas amenazas están plenamente ligadas a la otra investigación que él tiene, porque es el método de algunas personas vinculadas a la UOCRA, establecen un modus operandi en el cual la coacción es un método para asegurarse que las empresas estén adheridas a la UOCRA y no entre nadie más”.

En relación al empresariado manifestó que una parte “es totalmente copartícipe de este funcionamiento”, y que SITRAIC los ha convocado a “reuniones para animarlos a cortar con este círculo vicioso”, sin éxito. Por otro lado, “hay empresas que quieren terminar con esto y son –creo– las que se han animado a dar un paso y denunciar”. También lamentó que la Cámara de la Construcción no se haya acercado a denunciar este tipo de situaciones.

“La Cámara de la Construcción no ha aceptado ni hablar del tema”, dijo y opinó que “la intervención de un sindicato no es el camino, el camino es la organización de un sindicato de forma democrática, respetando la democracia sindical, la libertad de los afiliados como está tratando de construir el SITRAIC”.

En referencia a los casos en diferentes seccionales (Bahía Blanca, La Plata) de la UOCRA, se le consultó cómo ve la situación del secretario general del gremio, Gerardo Martínez: “Esta metodología, que estuvo instalada por años, es imposible que no tuviera un aval de arriba hacia abajo. En Lomas de Zamora por el crimen de Ávalos, está prófugo hace casi dos años Walter Leguizamón. Nadie lo busca, no hay una persecución desde el Estado, está garantizada su impunidad. Igualmente consideró que “el gobierno hace su propio juego” para “conseguir la adhesión de toda la CGT para la ley de reforma laboral”.

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“La reforma laboral viene de la mano con la reforma previsional”

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El dirigente de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Enrique Gandolfo, dialogó con FM De la Calle sobre los proyectos de reforma laboral y jubilatoria que analiza el Congreso.  El próximo 2 de diciembre –a las 9:30 en Suteba- se realizará un encuentro abierto de trabajadoras y trabajadores para analizar las medidas a tomar en el marco del debate parlamentario.

“Acá hay un análisis que es sencillo: el que se jubila a los 65, yendo a una jubilación que promete ser paupérrima, obviamente estará interesado en continuar hasta los 70 si puede, si está en condiciones y si el cuerpo le da, para no deteriorar su calidad de vida en esos últimos años de laburo y, en algunos casos  de vida también. De manera que, esto en conjunto con la reforma laboral conforma un cuadro de precarización de las construcciones de vida y de trabajo”, comentó.

Respecto de las modificaciones introducidas por la CGT al proyecto de reforma Gandolfo sostuvo que “Son algunos, pero el proyecto original sigue en pie. El banco de horas del cual se hablaba, aparentemente, se ha quitado y la cuestión de contar las horas extras para el aguinaldo vuelve a estar presente, pero son concesiones mínimas”.

Asimismo agregó: “Son 145 artículos los del proyecto de reforma laboral, de los cuales hay solo uno solo que favorece al trabajador que es el aumento de los días por paternidad. Todos los demás tienen un carácter regresivo”.

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INTA: “1 de cada 7 trabajadores perdería su trabajo”

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Mario Romero, secretario general de APINTA, dijo a FM De la Calle que un informe d el Ministerio de Modernización asegura habría un “sobrante” de 1057 trabajadorxs del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

“En principio habían comunicado al consejo directivo del INTA que eran 750 trabajadores que, a criterio del Ministerio, sobraban. Ahora han hecho un informe final y dicen que sobran 1057 trabajadores. Ante esta situación el gremio está en estado de alerta y movilización, y tenemos planteado un plan de lucha que va a ser analizado el 6 de diciembre en Mar del Plata en un congreso extraordinario”, afirmó.

El dirigente explicó que “el Ministerio contrató una consultora que estuvo trabajando seis meses en el INTA de Buenos Aires, visitaron la [estación] experimental de Pergamino y un instituto de investigación en Castelar. En base a esos dos relevamientos que hicieron en el terreno, aplicaron un criterio para todo el país”. Si los despidos se hacen efectivos “ponen en riesgo el funcionamiento institucional”.

Según Romero, “es poco serio el trabajo que se ha hecho, sin relevar en el terreno y conocer la actividad que hace el INTA en cada una de las estaciones experimentales y los centros regionales del país. La metodología utilizada no es la correcta”.

También aseguró que “el fondo de la cuestión es que hay una decisión política del gobierno de hacer un ajuste del 15% en las plantas de personal. Cualquier estudio que hagan estas consultoras privadas el objetivo es llegar a que en cada uno de los organismos sobra el 15% de la planta”.

Respecto a cómo era la situación del INTA en años anteriores Romero manifestó que no hubo despidos más allá de “alguna incertidumbre el año pasado sobre los contratados” y que en los últimos cinco años la plantilla de personal sumó a 250 agentes.

El INTA tiene “7100 trabajadores que desarrollan su tarea desde la Quiaca hasta Ushuaia” y un recorte de estas características “pondría en serio riesgo el desarrollo institucional, uno de siete trabajadores perdería su puesto de trabajo”.

En un organismo donde hay proyectos que se trabajan sobre el territorio, “generaría una merma muy importante del funcionamiento institucional, además del impacto social que tendría en cada una de las regiones que se queden 1000 trabajadores sin su fuente de trabajo”, ratificó.

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El secretario general de APINTA explicó que el nuevo presidente del INTA, el ingeniero agrónomo Juan Balbín, ya está al tanto de “la situación que está viviendo el INTA en el tema presupuestario y en la posibilidad de achique del personal”.

Respecto a la reciente asunción del nuevo ministro de Agroindustria, Romero detalló: “La asunción de Etchevehere nos preocupa […]  por conocer cómo piensa él y qué es lo que piensa la Sociedad Rural. Tienen un pensamiento de un Estado mucho más chico y un INTA trabajando para un solo sector de productores, los grandes productores. Nosotros […] tenemos que trabajar con los grandes, con los pequeños, con la agricultura familiar, con todos los productores del país. Esa es la preocupación y por eso estamos en estado de alerta y movilización”.

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“Queremos que Bahía Blanca se haga dueña de INCOB”

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Las trabajadoras y los trabajadores de INCOB celebraron esta semana dos años de “gestión obrera plena” con jornadas de debate sobre autogestión y cooperativismo. “Mientras esto crezca, crecemos todos y por eso pedimos que Bahía Blanca apoye la expropiación, así podemos pensar en el futuro y seguir autogestionándonos como hasta ahora”.

María del Carmen Dauphin aseguró que el ataque de integrantes de la gestión anterior, ocurrido el 17 de noviembre de 2015, ya es un hecho “anecdótico” y destacó el crecimiento logrado en los últimos meses.

“Hemos podido presentar nuestros primeros balances, tenemos una autogestión muy buena de la cual nos ha hecho crecer día a día como personas y como cooperativa. Gracias a esto se fueron realizando muchísimas mejoras, ya sea en la parte laboral como en la nueva carnicería que estamos tratando de abrirla para el mes de diciembre”, dijo el en conferencia de prensa.

La carnicería solidaria que proyectan es para “que la sociedad de Bahía Blanca pueda comprar y consumir un alimento básico a bajo precio. Por eso es que lo estamos haciendo con muchísimo cariño y, obviamente, con mucha responsabilidad para que todos puedan acceder a nuestra cooperativa”.

Además del trabajo diario del frigorífico, INCOB tiene en marcha una escuela primaria de adultos y el próximo año abrirá una secundaria con el apoyo de la Universidad Nacional del sur. También ofrecen apoyo escolar y talleres de música. En 2018 sumarán un taller de depostador y charqueador que permita a jóvenes contar con una salida laboral.

Por otro lado, están trabajando junto a técnicos del INTA en la gestión de residuos producidos por la actividad del frigorífico. “Queremos transformarlos en algo energético para no contaminar el medio ambiente. Una de las cosas es un biodigestor y la otra sería abono”.

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“Ahora vamos por la expropiación definitiva, queremos que Bahía Blanca se haga dueña de INCOB y más que nada para lo que es la cuestión trabajadora, de que toda la sociedad pueda tener acá un lugar de trabajo”, dijo Dauphin.

Orlando Acosta, agregó que “la expropiación es un permiso temporal para que uno a título oneroso pueda trabajar en las instalaciones. Lo que uno tiene que lograr para tener una expropiación definitiva es hacer el pago del inmueble a la provincia que es la que tiene que negociar con las partes, con la quiebra o con la persona que haya adquirido la quiebra de Paloni”.

“Venimos viviendo todo el tiempo la autogestión y vemos la posibilidad que hay delante de la quiebra, no es el final, desde nuestra experiencia vimos la necesidad y lo productivo que podía llegar a ser un encuentro de cooperativas de trabajo donde se pudieran compartir experiencias, con cooperativas locales como de otras provincias e incluso con personas que han llegado desde el extranjero para participar de este primer encuentro”, manifestó Acosta sobre las Jornadas Sentimiento Latinoamericano.

Participaron INTA, UNS, FASINPAT, Cáritas, FM De la Calle, Hotel Bauen, Movimiento El Grito, Cooperativa La Poderosa, Cooperativa Las Morenas, Cooperativa Bahía Blanca, Cooperativa El Progreso, Escuela Primaria de Adultos Nº72, UMSur y José Miguel Gómez de la Comunidad Internacional de Economía Social de Cooperativas.

 

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Sentimiento latinoamericano

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Desde hoy y hasta el viernes se realizarás las jornadas “Sentimiento Latinoamericano” con la presencia del comunero venezolano José Miguel Gómez, miembro del Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores y del Observatorio internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos.

Participarán además trabajadores de Zanón (Neuquén) y Textiles Pigué. Las actividades son coordinadas y convocadas por El Grito, movimiento desde abajo, y organizadas junto a Extensión UNS, Frigorífico INCOB, Instituto Avanza, FM De la Calle y Casa del Pueblo.

“Venezuela ha venido desarrolando una nueva democracia, participativa y protagónica, y esta democracia tiene como punto fundamental formas nuevas de participación de la gente en sus territorios, en sus comunidades”, afirmó el dirigente en diálogo con FM De la Calle.

Gómez es comunero en la ciudad de Barquisimeto, en la región centro occidental del país, “una ciudad con vocación industrial pero también con buena parte de zonas de campo. Hemos dicho que esta forma de autogobierno debe ser impulsada como un centro muy importante económico y esa economía puede concretarse en base a la unidad productiva del pueblo”.

“Esto nos lleva a que podamos ver formas en las cuales los medios de producción se convierten en una palanca, una herramienta de los autogobiernos del pueblo y que, a su vez, todo este potencial pueda apuntar hacia la creación de sistemas de gobierno” y “un sistema financiero del pueblo”, dijo.

Este miércoles a las 10:45 trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa INCOB brindarán una conferencia de prensa en el marco del segundo aniversario de la “plena gestión obrera” que se cumplirá el viernes.

“Queremos mostrar a la sociedad nuestra cooperativa en cuanto a lo laboral y a su inserción social. Por otro lado, necesitamos nuestra expropiación para seguir trabajando”, manifestaron.

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Crimen Ángel Almada: “al fiscal y a la opinión pública les dejó en claro que fue un homicidio”

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Fueron las palabras de Leandro Aparicio, abogado de la familia Almada, en comunicación con FM De la Calle, luego de la pericia realizada por Gendarmería el viernes pasado, confirmando el cambio de carátula en la causa, y a raíz de los tres allanamientos efectuados el lunes.

Respecto a cómo se realizó este tipo de pericia, utilizando un muñeco con las características físicas de Ángel, y cómo el cambio de caratula encamina la causa, el abogado refirió que se logró gracias a “un cúmulo de pruebas que fueron solicitadas hace tiempo, algunas se han efectivizado, otras todavía resta concretar”. De alguna manera, “esto sería el broche final para cerrar de una vez por todas la hipótesis planteada por la policía, y por algunos interesados, en desviar el tema”.

Aparicio aseguró que “ya había numerosos indicios de que no era así [un suicidio]”. Entre otras cosas, menciona las declaraciones de “testigos a los cuales les habían hecho tomar declaración y estaban sin dormir, firmaron un testimonio del cual no le permitieron corregir nada; testimonios calcados, repetidos o con palabras y frases hechas; eso ya estaba en conocimiento de la fiscalía”.

También “testimonios contradictorios de muchas personas que han declarado falsamente en la causa; el informe unánime de las psicólogas de ALBA; y finalmente la pericia que se realizó el viernes que al fiscal y a la opinión pública les dejó en claro que esto fue un homicidio”, aseguró.

Al consultársele sobre si la causa se desdoblaría en dos, homicidio y encubrimiento (o falso testimonio), el abogado de la familia Almada negó que haya ocurrido: hay una sola causa, más allá de que esté solicitado hace tiempo por la querella, la imputación, el falso testimonio y encubrimiento agravado respecto de determinadas personas”. Agregó que no tiene inconveniente en que sigan dentro de la causa principal y que cuando estén acreditadas para procesar o detener se efectivice.

Asimismo aseguró que tienen identificados a quienes habrían cometido el crimen, y para avanzar “tenemos que reforzarlo con algunos testimonios que venimos pidiendo de personas que no estaban en White, que las identificamos y sabemos en qué lugar estaban”.

Respecto a esa noche, si bien varias cosas no se pueden precisar en este momento, Aparicio explicó qué habría ocurrido. “Sí sabemos que Ángel fue interceptado por dos personas, por ese video que apareció un año y medio después que estaba en poder de policía de la provincia. Sabemos que a algunas personas se les ha escapado en alguna ronda de droga, de alcohol, lo que pasó esa noche. Y muchas personas lo han testimoniado judicialmente”.

diariovillarinoY aseguró que tienen sospechas sobre “otra persona que está omnipresente durante toda la noche, y que entendemos que también tiene que ver. Hemos pedido su incorporación a la causa ya no como testimonio, como imputación. Esas son las pistas más firmes que tenemos hasta el momento”.

En relación a los allanamientos reveló que “se buscaban teléfonos del ex delegado de White, Marcelo Acosta; Pagotto, amigo de Acosta, y una tercera persona (que no se puede nombrar)”, para recabar información, conversaciones, “todo lo que se puede buscar de personas que están sospechadas”. Esto no sería sólo en relación a quienes habrían intervenido esa noche, sino de lo que pasó después del crimen.

Sobre las fuerzas policiales que intervinieron esa noche, y las responsabilidades que les corresponde aseguró: “tiene que ser girado a Asuntos Internos de la policía de Buenos Aires, y que se hagan los sumarios administrativos más allá de la responsabilidad penal que les corresponde”.

AngelAfirmó que “la policía actuó mal tomando declaraciones y después apretando a distintos testigos. Sé que el ex delegado jugó un rol importante manejando, de facto, la investigación. Después […] sospecho, intuyo, que el grado de complicidad no solamente estaba ahí en la comisaria de White, sino también en la DDI”. Y remató: También puedo pensar que está relacionado con la droga, ¿por qué no voy a pensarlo cuando se encontró el cargamento más grande de cocaína en White?

Sobre la labor del fiscal anterior a Romero Jardín,  Mauricio Del Cero, fue tajante: “No quiero hablar más de eso porque me parece patético, vergonzoso, que una persona agarre una causa un día y esté dando dos días una conferencia de prensa, dando a conocer (después de hablar con La Brújula) los nombres de los posibles sospechosos. […] Es lamentable”, concluyó.

 

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Vamos a ver cómo es…

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(Por Astor Vitali) A partir de los resultados electorales de octubre Cambiemos puso en marcha un plan de reformas estructurales. El propio gobierno puso en agenda como principal cuestión la reforma laboral. Hay que prestar atención a esto porque mientras tanto intentarán pasar el colador del Congreso otros proyectos de ley de relevancia.

Que el macrismo impulse una reforma laboral es parte de su programa y de su naturaleza. Son patrones. De manera que, cuestionar a gentes de derechas por aplicar políticas de derechas es inconducente. Están en el gobierno e intentarán aplicar los mayores beneficios para la clase que representan.

El problema está en otro lado. Por más legitimidad que ostente Cambiemos luego del triunfo electoral, ninguna reforma de tamaña dimensión es realizable sin la connivencia de amplios sectores o sin el uso de la fuerza. Porque más allá de los votos que podrán cosechar con o sin BANELCO, una reforma de estas características no es realizable si el movimiento obrero organizado se planta en serio.

¿De qué reforma estamos hablando? Como bien ha expresado un documento emitido por el Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, “en líneas generales, estamos frente al intento de reforma de la legislación laboral más importante, en términos cuantitativos y cualitativos, desde que en 1976 la última dictadura militar modificó gran parte de la ley de contrato de trabajo que había sido sancionada dos años antes. Más que un proyecto de ley, estamos frente a un verdadero programa de los empleadores en materia de relaciones laborales, en el que se abordan prácticamente todas las demandas del sector empresario, a excepción del sistema de representación sindical y de negociación colectiva que siguen siendo centralizados”.

En términos concretos, entre otras cosas, la reforma busca fomentar la tercerización, reducir las indemnizaciones por despido, ampliar las facultades patronales para modificar las condiciones de trabajo, habilitar la renuncia a los derechos laborales, legalizar el fraude laboral a través de la contratación de monotributistas, extender las pasantías laborales, flexibilizar la jornada de trabajo por medio del banco de horas y del contrato a tiempo parcial, reducir el plazo de prescripción laboral, ofrecer mayores facilidades para el despido de trabajadores a través del “Fondo de cese laboral”, ampliar la licencia parental y crear la licencia sin goce de haberes por razones personales, aplicar un registro laboral y abaratar del despido de trabajadores no registrados, reducir los aportes patronales y cancelar personerías e inscripciones gremiales.

Desde el punto de vista parlamentario, con excepción de la izquierda, ninguna fuerza política ofrece garantía de que no va transar elementos para que finalmente salga la reforma laboral con el menor grado de modificaciones. De hecho, un desembarazado Miguel Ángel Pichetto dijo hace pocas horas a Joaquín Morales Sola que “el lugar del peronismo es un centro que avance hacia un capitalismo moderno” y que no cree en el “bloqueo” como método de ejercer la oposición. En otras palabras, busca lavar la cara kirchnerista del peronismo para retornar al poder en sintonía con los cambios de época.

Por otra parte, el facilitador peronista del macrismo dejó en claro que “al gobierno no le conviene afrontar un debate sin tener un acuerdo razonable con la CGT”.

Y ahí hay un punto central: pongamos que dentro del congreso no aparece una resistencia de fuste ¿qué ocurrirá en calle y en los ámbitos de negociación política? Dejemos en claro que si las tres centrales obreras de este país acordaran un rechazo rotundo a la reforma laboral ésta es inaplicable. Ningún gobierno puede resistir a un paro por tiempo indeterminado los sectores público y privado.

En cambio, en el reino del revés, la CGT, la principal central obrera del país ya comienza a dar señales de acuerdo. No pasó ni una semana. Ni siquiera sobreactuaron por unos meses. Apenas rechazaron el viernes el punto medular que versa acerca de la definición de trabajo, en cuya versión macrista se pone en condición simétrica al trabajador respecto del empresario, relación de evidente desigualdad. Quitando esta modificación de carácter profundo y filosófico, la CGT ya comenzó a filtrar por diversos medios que se acercarían a un acuerdo.

Por más elementos que logre negociar la CGT, de todas maneras la reforma realizada sobre el presente borrador actuará en detrimento de la clase trabajadora. Porque el concepto que opera en los cabecillas de la banda empresario-sindical se basa en que “hay que mirar las urnas” y que “hay que negociar” porque “la gente quiere esto y lo demostró en las urnas”.

Contrariamente, el votante macrista que trabaja no votó por esta reforma ya que es una que no estuvo anunciada y que excede en mucho las dimensiones de toda reforma laboral realizada en la argentina. Sólo es comparable con la de la dictadura. No estaba esto en el imaginario social.

Con todo, las cúpulas del sindicalismo cegetista argentina son víctimas de su propia política: han desmovilizado a las bases y no cuentan con masas conscientes capaces de resistir la reforma. Y ellos no se sienten con el suficiente poder en el contexto político actual como para determinar el rechazo de plano.

La aplicación de reforma laboral depende de la aceptación del movimiento obrero organizado en un país en el que aún el sindicalismo tiene un peso importante en el esquema de las negociaciones y sobre todo en el impacto económico que puede producir que se pare de manos contra un gobierno.

Terminaremos este comentario como comenzamos. Es natural que el macrismo, como representante de una clase empresaria y poderosa busque destruir la capacidad de negociación de la clase obrera. También debería ser natural que los sindicatos, sobre todo los más poderosos, se opongan rotundamente y muevan todo lo que haya que movilizar para rechazar un reforma carnicera como la que busca consensuar Cambiemos.

Todo esto sería lo natural. Vamos a ver cómo es.

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Armonización del IPS: volver a los ’90

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“Los trabajadores del Estado perderíamos derechos si pasamos a tener los requisitos con que se jubilan a nivel nacional”, aseguró el secretario gremial de ATE Provincia de Buenos Aires respecto al proyecto de armonización del Instituto de Previsión Social con el ANSES.

Días atrás el dirigente estuvo en Bahía Blanca explicando el rechazo sindical a la medida y en diálogo con FM De la Calle recordó que “cuando se aprobó la Ley de Reparación Histórica con el blanqueo de capitales, un artículo plantea que las cajas previsionales que todavía están en la órbita de la provincia de Buenos Aires tienen 120 días para firmar un convenio con el ANSES. A partir de ahí empezarían a hacerse auditorías contables y comenzaría un proceso de armonizar las cajas previsionales”.

“Vamos a tener que aportar cinco o diez años más, vamos a tener que trabajar más, no vamos a tener la movilidad. Esto quiere decir que cuando los trabajadores activos conseguimos un aumento salarial automáticamente al mes se ve en los salarios de los jubilados, si avanza esta decisión de cumplir esta ley lo perderíamos”, agregó.

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Para el secretario gremial de ATE la decisión “está enmarcada en una política de este gobierno que es volver a la década de los ’90 con el tema de jubilaciones, que es volver a las AFJP”.

Fotos: ATE

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Milanno despidió a dirigente de Astramyc

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El secretario adjunto de la Asociación Sindical de Mensajeros y Cadetes, Jonathan Landa, fue despedido por la empresa B.K.T. S.R.L. (Milanno) y denunció que se trata de “una persecución gremial”.

El gremialista explicó a FM De la Calle que “el viernes realizamos una asamblea –todo notificado en el Ministerio de Trabajo, a través de cartas documento a la patronal, todo hecho en el marco de la legalidad-. El lunes cuando llegué al trabajo me encontré con el telegrama de despido en la mano”.

Landa comentó que empezó a trabajar para la empresa en enero y que “por una serie de cuestiones no se le paga al conjunto de los trabajadores de la ciudad porque no está encuadrado en ningún convenio. Paralelamente, durante todo el tiempo, no percibí aportes ni pago de la obra social motivo que provocó que empezáramos a realizar los reclamos pertinentes, primero charlando con la patronal y después a través del Ministerio de Trabajo”.

El inconveniente continuó un largo tiempo, “siempre se adujo que no había dinero, que los costos no daban; situación que terminó de decantar en los últimos tiempos cuando nos enteramos que los mismos dueños abrían un tercer local” y decidieron convocar la asamblea.

Respecto a las condiciones de trabajo advirtió que están bajo convenio gastronómico, sin embargo, ilustró que “un compañero que trabaja seis horas en esa empresa percibe un salario de $9600. Nadie puede vivir con ese dinero”.

El secretario de ASTRAMYC explicó que uno de los planteos a la empresa era un aumento de dos pesos por viaje “sobre el desgaste del vehículo –que encima era por productividad–, porque si no había viajes ellos no lo tenían que pagar. […] No quisieron negociar y quisieron cerrar la negociación de manera unilateral”.

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Sobre la asamblea del viernes aseguró que recibió “varias presiones por parte de los dueños, nuestros compañeros recibieron amenazas de despido, las chicas que estaban adentro [de los negocios] les dijeron que la comida que sobraba, que a veces nos la daban, la tiraran en vez de dárnosla y que si hablaban con nosotros podrían ser suspendidas”.

Landa aseguró: “Estamos pidiendo algo que nos corresponde, estamos pidiendo algo que nos deben. Nos han descontado –a mí por lo menos– en el recibo de sueldo durante ocho o nueve meses la obra social y los aportes y no los percibí. Estuve sin obra social todo este tiempo, cada vez que me enfermé tuve que pagar un médico particular para poder llevar un certificado porque si no perdía el presentismo”.

Esta mañana estuvieron en el Ministerio de Trabajo. Al respecto, el trabajador despedido dijo que notificaron “que los compañeros van a realizar una asamblea mañana donde posiblemente se resuelvan medidas de fuerza, porque esta cuestión que me pasa a mí no tiene que ver con la falta de dinero, acá lo que se está llevando adelante es una persecución gremial por el hecho de llevar adelante un proceso de organización en esa empresa”.

“Se quiere aleccionar al conjunto de los trabajadores en un marco bastante adverso y frente a eso lo que tenemos que hacer nosotros es llevar una respuesta colectiva y decirles que hay cosas que no nos van a poder tocar”, concluyó.

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Confirmaron los procesamientos de cinco integrantes de la Triple A

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Es por el delito de asociación ilícita y, en un caso, por el homicidio en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo. La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el viernes los procesamientos de cinco personas por el delito de asociación ilícita, al considerar acreditado que formaron parte de la organización Triple A. Se trata de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero.

La resolución alcanza a uno de ellos, también, por el homicidio del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en abril de 1975. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad, que encabezan Miguel Palazzani y José Nebbia.

La investigación involucra además al ex camarista Néstor Montezanti quien fuera declarado en rebeldía con prohibición de salir del país por el juez Alejo Ramos Padilla durante su paso por el juzgado local.

El fallo del Tribunal revisor fue liderado por el voto de César Álvarez, al que adhirió su colega José Mario Tripputi. Al tercer juez -Pablo Candisano Mera- se le aceptó la excusación. De esa forma, se confirmó lo resuelto en abril de 2015 por el juez subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, y fue rechazada la apelación de la defensa de los imputados.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

Dentro de ese marco es que ahora están procesados Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero como coautores del delito de asociación ilícita, “calificado como de lesa humanidad”.

Curzio, de acuerdo a la pesquisa, fue identificado entre “los matones de la patota de la UOCRA” local, dominada por el diputado Raúl Ponce. Chisú, por su parte, se incorporó, tras el golpe de Estado, como agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Para la Cámara Federal, los elementos de prueba reunidos permiten tener demostrado que los imputados participaron de las actividades desplegadas por la organización delictiva, “brindando su aporte material” para “cumplir con los objetivos criminales propuestos”. Además, mantuvo su prisión preventiva.

Los camaristas señalaron que Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

Homicidio en la Universidad

Los jueces Álvarez y Tripputi confirmaron también el procesamiento del acusado Aceituno por su participación en el “homicidio agravado del que resultó víctima David Hover Cilleruelo”. El agravamiento del delito radica en “haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”: varios testigos coincidieron en que “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo y el propio Aceituno.

Cilleruelo era secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS. Para aquél día estaba pautada la inscripción de los estudiantes en las distintas materias y Cilleruelo se encontraba junto a sus compañeros convocando a los alumnos a la participación en la Asamblea de delegados de Centros de Estudiantes para la ratificación de las autoridades de la Federación Universitaria que lideraba.

De acuerdo a la investigación, Cilleruelo fue abordado por un grupo de integrantes de la patota y baleado en presencia de gran cantidad de alumnos, “para luego retirarse del lugar en un vehículo Ford Falcon color verde claro, con techo vinílico color blanco, con patente de bronce que brindaba constancia de su pertenencia al Rectorado de esa institución”.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Paro de Satsaid: Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria

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A raíz del estancamiento en las negociaciones salariales entre SATSAID y las cámaras empresarias de canales abiertos y productoras, el gremio iba a realizar un paro por 24 horas que fue frenado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación mediante una conciliación obligatoria por el plazo de quince días.

Horacio Tolza, secretario del sindicato, comentó a FM De la Calle que “estamos de asamblea hace veinte días. Este año, como el año pasado, se ha puesto difícil. Se pretendía el 29% de una suma fija y la paritaria arranca mal porque ofrecen el 18%, muy lejos de lo que teníamos previsto”.

Lo mismo ocurrió con la suma fija mínima que no alcanzó al monto pedido de $15.000. “Empezamos con el tema de la flexibilización, querer tocar el convenio de trabajo de televisión. Ahí nace el conflicto”, explicó.

“Los trabajadores estamos disconformes con ese aumento que nos quieren dar. Si el mismo gobierno está diciendo que va a haber un 25% de inflación y nosotros quedaríamos en un aumento de salario que fue lo último que se cobro el año pasado, es un 20%”.

Tolza expresó que “los canales importantes a nivel nacional tienen mucha publicidad, igual que los canales de Bahía Blanca. Siempre aducen al tema económico. Indudablemente el trabajador no tiene por qué pagar las consecuencias. Tampoco nos vamos a parar en 29% y no nos vamos a mover; de 20 a 29% la diferencia es mucha”, concluyó sobre el aumento que les otorgarían.

Horas después de la entrevista el Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria, por lo cual, el Consejo Directivo Nacional de SATSAID resolvió “acatar la orden, suspendiendo las medidas de fuerza dispuestas” para el miércoles 18 (a partir de las 0 horas). También aceptó “acudir a las audiencias con la petición del 29% de aumento más una suma de $15.000 y la mejora del aporte extraordinario para acción social, aprobada por los cuerpos orgánicos y representados, con el fin de lograr un acuerdo”, según detalla el comunicado.

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