El 3 de noviembre la activista trans Rosario Sansone fue encontrada muerta en un incendio en su casa de República Siria 1400. La justicia investiga a un joven menor de edad como principal responsable de la muerte. Sus amigas y familiares invitan a concentrar este miércoles desde las 17 en el marco del Día de la Memoria Trans.
Las abogadas Mónica Fernández Avello y Anahí Junquera adhirieron a lo postulado por la Fiscalía respecto a once imputados. El resto se conocerá en la próxima audiencia. Solicitaron perpetua para ocho acusados, veinticinco años para uno y 18 para dos.
El fiscal ante la Cámara Federal, Horacio Azzolin, ratificó la postura de los pescadores artesanales ante el fallo de la jueza Gabriela Marrón, quien exculpó a empresarios y funcionarios por el daño ambiental. “Está probado que el estuario de Bahía Blanca está contaminado y la instrucción debería haberse dirigido a determinar la identidad de los posibles responsables del hecho para poder escucharlos en declaración indagatoria”.
Se trata de un pedido de la Fiscalía. Se unificaría la prisión perpetua para los acusados Páez, Abelleira, Masson, Granada, Taffarel, Condal, Cabezón, Del Pino y Sierra. Por otro lado, demandó 25 años de prisión para Selaya, Gandolfo y Rojas.
La querellante Mónica Fernández Avello se refirió a los delitos sexuales ocurridos en cautiverio y a la postura asumida por los jueces ante reiteradas conductas machistas de los imputados y las defensas.
La fiscalía cerró su alegato con el pedido de penas para los 35 imputados por crímenes de lesa humanidad. Solicitó veinte perpetuas, once penas a 25 años y el resto entre 22 y 18. Luego, comenzó el alegato de la querella.
En la etapa final de su alegato, la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad denunció ante el tribunal el “cumplimiento laxo” de las prisiones domiciliarias de las que gozan la mayoría de los imputados y pidió que sean revisadas. Argumentó que el avance del juicio “incrementa el riesgo de fuga” de los genocidas. También requirió como acción reparatoria que se publique la sentencia en las páginas de La Nueva.
Con los casos de Claudio Kussman y Héctor Luis Zelaya la fiscalía culminó su análisis sobre las responsabilidades de cada represor. La próxima instancia del alegato incluirá el pedido de pena para cada uno de ellos.
Natalia Giombi, jueza de Responsabilidad Penal Juvenil bahiense, se refirió en FM De la Calle a la justicia restaurativa como opción para el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal ante una nueva embestida para bajar la edad de imputabilidad. Advirtió sobre el aumento de casos vinculados a delitos informáticos.
Durante la audiencia 107 la Fiscalía alegó sobre las responsabilidades del personal de Sanidad en el cautiverio y los tormentos de las víctimas del Centro Clandestino La Escuelita.
La fiscalía alegó sobre el rol de los imputados que custodiaron de Centro Clandestino La Escuelita. “Eran quienes trasladaban a las víctimas a los interrogatorios, quienes la mantenían tabicadas, atadas, las golpeaban, las llevaban al baño e incluso permanecían allí mientas hacían sus necesidades”, dijo el fiscal Pablo Fermento.
Seleccionados por Adel Vilas, traidos a Bahia Blanca desde distintos puntos del país, fueron los verdugos de más de 300 personas secuestradas durante la última dictadura y componen la lista de imputados por crímenes de lesa humanidad.
El alegato fiscal detalló el rol de los imputados que se desempeñaron en las áreas que desplegaban las acciones psicológicas como parte indispensable del plan represivo.
La Unidad Fiscal de Lesa Humanidad se explayó en su alegato sobre rol que ocupó Osvaldo Lucio Sierra dentro de la estructura jerárquica de la Zona 5. La próxima sesión será este jueves desde las 9.
El fiscal Pablo Fermento junto a su par Paula Molini continuaron con los alegatos vinculados al rol de cada imputado dentro de la estructura jerárquica militar.
En la audiencia 101 la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad inició con la descripción de las funciones de cada imputado dentro del plan represivo desplegado en Bahía Blanca durante la última dictadura.
Los fiscales Miguel Ángel Palazzani, Pablo Fermento y Paula Molini relataron el contexto bajo el que se dio la represión. En las próximas sesiones comenzarán a detallar el rol de cada imputado dentro del plan de aniquilamiento.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó que la trabajadora social Betiana Seitz se desempeñó laboralmente en relación de dependencia en el área de Niñez del Municipio con modalidad contractual desde 2015 al 2022.
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