La querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia -a cargo de Verónica Bogliano, Alejandra García y Sebastián Metz- continuó su alegato en la última audiencia del año.
Finalizó el alegato de la querella de la agrupación H.I.J.O.S. y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Las abogadas Mónica Fernández Avello y Anahí Junquera solicitaron perpetua para diecinueve acusados, veinticinco años para nueve, y el resto entre veintidós y dieciocho años.
El proceso que tiene como imputado al perito canino que participó en la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro comenzará el 7 de febrero. “Entiendo que esta causa de Marcos es para blindar la candidatura del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y el segundo objetivo es voltear la causa de Facundo”, sostuvo su abogado Leandro Aparicio.
La justicia federal continuará investigando la participación del exdirector de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y del secretario judicial, Hugo Sierra, en crímenes de lesa humanidad. Además, amplió el procesamiento de doce militares del V Cuerpo de Ejército por violación de domicilio, secuestros y aplicación de tormentos.
Las amigas de Rosario, Greta Aguilera y Pino, pasaron por el estudio de FM De la Calle para contar cómo marcha la investigación. El pedido de justicia por el crimen encabezará la Marcha del Orgullo el próximo sábado en el centro bahiense.
La sobreviviente Antonella Huillipán cuestionó como particular damnificada la resolución del fiscal Cristian Aguilar, quien imputó solamente al ingeniero Gustavo Ascolani. Su abogado insistió en considerar la responsabilidad de autoridades de la institución y de la comuna: “El desencadenante de la caída del muro fue el temporal, pero que la causa fue la omisión de conservación del espacio público”.
El fiscal Cristian Aguilar imputó al ingeniero Pablo Gustavo Ascolani como único responsable de la caída del paredón del club que durante el temporal del 16 de diciembre mató a 13 personas. Sebastián Mazza, abogado y particular damnificado, afirmó que la presentación de un documento referido a la construcción “resulta tan conveniente a la comisión directiva actual que es altamente sospechoso”.
El 3 de noviembre la activista trans Rosario Sansone fue encontrada muerta en un incendio en su casa de República Siria 1400. La justicia investiga a un joven menor de edad como principal responsable de la muerte. Sus amigas y familiares invitan a concentrar este miércoles desde las 17 en el marco del Día de la Memoria Trans.
Las abogadas Mónica Fernández Avello y Anahí Junquera adhirieron a lo postulado por la Fiscalía respecto a once imputados. El resto se conocerá en la próxima audiencia. Solicitaron perpetua para dieciséis acusados, veinticinco años para nueve, y el resto entre veintidós y dieciocho años.
El fiscal ante la Cámara Federal, Horacio Azzolin, ratificó la postura de los pescadores artesanales ante el fallo de la jueza Gabriela Marrón, quien exculpó a empresarios y funcionarios por el daño ambiental. “Está probado que el estuario de Bahía Blanca está contaminado y la instrucción debería haberse dirigido a determinar la identidad de los posibles responsables del hecho para poder escucharlos en declaración indagatoria”.
Se trata de un pedido de la Fiscalía. Se unificaría la prisión perpetua para los acusados Páez, Abelleira, Masson, Granada, Taffarel, Condal, Cabezón, Del Pino y Sierra. Por otro lado, demandó 25 años de prisión para Selaya, Gandolfo y Rojas.
La querellante Mónica Fernández Avello se refirió a los delitos sexuales ocurridos en cautiverio y a la postura asumida por los jueces ante reiteradas conductas machistas de los imputados y las defensas.
La fiscalía cerró su alegato con el pedido de penas para los 35 imputados por crímenes de lesa humanidad. Solicitó veinte perpetuas, once penas a 25 años y el resto entre 22 y 18. Luego, comenzó el alegato de la querella.
En la etapa final de su alegato, la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad denunció ante el tribunal el “cumplimiento laxo” de las prisiones domiciliarias de las que gozan la mayoría de los imputados y pidió que sean revisadas. Argumentó que el avance del juicio “incrementa el riesgo de fuga” de los genocidas. También requirió como acción reparatoria que se publique la sentencia en las páginas de La Nueva.
Con los casos de Claudio Kussman y Héctor Luis Zelaya la fiscalía culminó su análisis sobre las responsabilidades de cada represor. La próxima instancia del alegato incluirá el pedido de pena para cada uno de ellos.
Natalia Giombi, jueza de Responsabilidad Penal Juvenil bahiense, se refirió en FM De la Calle a la justicia restaurativa como opción para el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal ante una nueva embestida para bajar la edad de imputabilidad. Advirtió sobre el aumento de casos vinculados a delitos informáticos.
Durante la audiencia 107 la Fiscalía alegó sobre las responsabilidades del personal de Sanidad en el cautiverio y los tormentos de las víctimas del Centro Clandestino La Escuelita.
La fiscalía alegó sobre el rol de los imputados que custodiaron de Centro Clandestino La Escuelita. “Eran quienes trasladaban a las víctimas a los interrogatorios, quienes la mantenían tabicadas, atadas, las golpeaban, las llevaban al baño e incluso permanecían allí mientas hacían sus necesidades”, dijo el fiscal Pablo Fermento.
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