El sello de la Triple A

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El fiscal Pablo Fermento desarrollará este lunes el tramo final de su alegato contra los cuatro ex integrantes de la Triple A que son juzgados en Bahía Blanca por más de una veintena de homicidios.

La audiencia comenzará a las 8:30 y se estima que al cierre de la jornada realizará el pedido de penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, acusados de haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, de ser uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal afirmó que los crímenes de la banda respondían “al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.

Triple A: un alegato contra el miedo y el silencio

Uno de los ejes del alegato fue la descripción de la alianza entre el diputado nacional del FreJuLi y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia. El fiscal comentó que la misma “tuvo sus momentos de salud y de tensión”.

A principios de 1975, el diario titulaba “UNS: una aviesa maniobra del marxismo triunfa otra vez”. La editorial, previa a la intervención de Remus Tetu, ya reclamaba la confección de listas con los blancos a ejecutar. Un día después, la empresa de los Massot difundía una carta de Ponce al ministro Ivanissevich en la cual “denunciaba literalmente el marxismo apátrida infiltrado en los claustros y pedía una urgente intervención de la UNS”.

En el mismo sentido, otra de las editoriales de la época “elogiaba los operativos de depuración en la ciudad de Buenos Aires y declamaba: es tiempo que también Bahía Blanca exhiba una universidad limpia en todos los órdenes, evitando la actitud de quienes supieron despojarse del deleznable ropaje impuesto por el soviet desjerarquizante de Puiggrós, Benamo y compañía”.

“No queda ninguna duda del rol que jugó La Nueva Provincia como factor de poder en la ciudad para generar este punto de inflexión que significó la llegada de Tetu al rectorado en el desarrollo de la política paraestatal de represión y aniquilamiento”, afirmó Fermento.

Por otra parte, recordó la respuesta de la familia Massot a integrantes de la comunidad católica que en mayo del 75 informaron a monseñor Tórtolo del peligro que sentían tras el asesinato del cura Carlos Dorñak y José González. “Colegios católicos y autoridades, no se puede sembrar violencia y esperar el fruto de la paz”, amenazaba LNP.

Las tensiones entre el clan Massot y Ponce comenzaron a evidenciarse en el segundo semestre de 1975 y culminaron con un tiroteo entre la patota y la custodia del diario el 11 de septiembre de aquel año.

Según el alegato fiscal, el archivo de la DIPPBA “señala como motivo probable los lugares enfrentados en que quedaron el sector de Ponce y la empresa en el marco del conflicto entre los gremios gráficos y de prensa” y por “el malestar de la Juventud Sindical Peronista y de la CGT frente a editoriales del diario”.

Una semana antes del tiroteo, el 3 de septiembre, el diario titulaba “El respaldo que necesitaba la policía de Bahía Blanca” dando cuenta del “pasaje de lo paraestatal a lo estatal al servicio del aniquilamiento del enemigo interno”. Decían los Massot: “Cual signo de los tiempos, Bahía Blanca, aliviada, ha visto como el tristemente célebre automóvil azul sin chapa -bautizado ‘la fiambrera’ por el ingenio popular- ya no sale de noche a cumplir su tétrica recorrida, ni está permanentemente estacionado, para escarnio de la ciudad, a vista y paciencia de cuantos quisieran observarlo”.

Fermento destacó que “no nos interesan los vaivenes del romance entre la Triple A y la familia Massot. Queremos resaltar que estamos tratando de probar algo que hace cuatro décadas era un hecho absolutamente notorio y tan de público conocimiento que la fiambrera’ aparecía mencionada en el diario que leían todos los bahienses. No hacía falta publicar nombres propios para conocer a quién iba dirigido el dardo venenoso que tiraba la familia Massot, al punto que una semana más tarde los remitentes y los destinatarios iban a estar a los tiros”.

“Lo que quedó absolutamente claro es que continúa siendo un hecho notorio la existencia de ‘la fiambrera’ y de la Triple A en Bahía Blanca, a pesar de los miedos y los silencios que cobijan y los olvidos convenientes”, concluyó.

Depuración gremial y estudiantil

La Fiscalía alegó que la consolidación de la Triple A en Bahía Blanca incluyó la depuración ideológica en la UOCRA -facilitada por la sanción de la Ley de Asociaciones Sindicales y en el marco de la interna entre la Juventud Sindical Peronista y la Juventud Peronista- y la toma de la UTN por parte de la patota. 

“Estos dos procesos muestran a Ponce como la figura central y descollante de la tarea de limpieza en Bahía Blanca y la región, a un nivel muy por encima de la ciudad. Su lugar era la ciudad de Buenos Aires donde tenía vínculos con el poder central del país”.

Con Tetu se agudizó la represión

Los crímenes de la banda continuaban mientras se gestaba la intervención de la Universidad Nacional del Sur. Remus Tetu fue finalmente designado el 21 de febrero de 1975 y dispuso “una serie de medidas como cesanteo masivo de docentes y no docentes, cierre de carreras, del comedor universitario, clausura de centros de estudiantes y prohibición de toda actividad de política universitaria e intervención del gremio no docente y colocación de el mismo bajo control de la CGT”.

Fermento afirmó que el juicio evidenció que “el grupo vino con el único objetivo de cumplir con un plan de persecución e intimidación política, que estaba integrado por los cuatro imputados, que recibieron armas del Destacamento 181, que utilizaron la planta automotora de la universidad, que accedieron a los legajos universitarios y, además, hay que decir que el escenario de violencia que se vivió en la UTN se trasladó a la UNS y, a partir de ese momento, se va a producir un notorio desborde de la lógica de los asesinatos de manera que de los 24 que se investigan en esta causa 21 fueron cometidos en los nueve meses posteriores a la llegada de Tetu de marzo a diciembre del 75”.

Integración de la asociación ilícita

En cuanto a la conformación de la Triple A bahiense, Fermento sostuvo que estaba integrada por “entre 20 y 40 miembros” destinados al ámbito universitario, al gremial y al patrullaje de la ciudad. Los hombres militaban en el peronismo ortodoxo y en la Juventud Sindical Peronista.

“La pertenencia de estos cuatro acusados a la asociación ilícita no solo se encuentra acreditada por la resolución y designación (como personal de seguridad) firmada por Remus Tetu sino que para cuando los cuatro ingresaron formalmente a la UNS ya se conocían entre sí, compartían los mismos ámbitos de militancia político gremial, ya venían realizando una tarea de depuración en el campo gremial, en la Junta Nacional de Granos y en la UOCRA y en el campo estudiantil en la UTN, eran amigos -en el caso de Aceituno y Argibay- o tenían la suficiente confianza para respaldarse laboralmente -como Argibay respecto a Pallero y Chisu- y se movían incluso en los ámbitos de esparcimiento social de noche en los que se jactaban de asesinar personas”.

Plan de exterminio

Al referirse al propósito criminal de la banda, el fiscal explicó que “no fue exclusivo del grupo de agentes de Bahía Blanca sino que responde al objetivo de un plan sistemático de persecución y exterminio llevado adelante por los poderes fácticos civiles y militares e institucionales”.

“Este propósito era el de generar a través de la violencia un quiebre en los lazos de pertenencia e identidad de un grupo social sujeto a persecución, es decir, destruir al grupo como tal”.

“Para ello se buscó segregarlos de los espacios sociales -de eso se trataba cuando hablábamos de depuración de gremios, universidades y espacios religiosos-, disciplinarlos y cortar las relaciones de solidaridad y cooperación entre los integrantes del grupo y entre la sociedad y el grupo como tal”, agregó.

Fermento subrayó que “era necesario poner en práctica un programa de hostigamiento consistente en un conjunto de agresiones que se encuadran en una serie de delitos penales como son los de abuso de armas, amenazas armadas, intimidación pública, violación de domicilio y robo, lesiones, secuestros y, finalmente, asesinatos”.

La sola presencia del grupo o de cualquiera de sus miembros intimidaba. “El patrullaje fue una de las principales actividades del grupo y cumplía con un objetivo de control de espacios sociales como las universidades, los secundarios, las grandes obras de construcción como la petroquímica, sedes gremiales como la UOCRA o la CGT y, por último, las calles de Bahía Blanca”.

La “habilitación institucional” de la violencia no provenía solamente del rectorado de la UNS sino que “existió a partir de la aquiescencia, cobertura y colaboración de parte de las fuerzas estatales y de la justicia”.

“Contaban con capacidad de intimidación concreta. Estaba asegurada por aquello que el grupo era capaz  de hacer y que efectivamente hacía. El grupo golpeaba, disparaba, secuestraba, torturaba y asesinaba. Nadie dudaba de que podían cometer todos estos hechos”.

Fermento manifestó que varios testigos “hablaron de una ciudad sitiada, asolada o adueñada” y que “cruzarse con Aceituno, Forcelli, Curzio o Pallero en la Universidad del Sur era cruzarse a la patota”.

Asesinatos rituales

El alegato fiscal explicó que los homicidios de la banda eran “asesinatos rituales” que “debían servir para dar un mensaje, tenían que tener un sello para que quede claro para quién era el mensaje, era el sello de la Triple A, secuestros nocturnos y en banda, acribillamientos, disparaban todos para repartir responsabilidades, abandono de los cadáveres en lugares poblados -Pibe de Oro, boliche Landa- colocación de bibliografía calificada como subversiva en la escena del crimen. Asesinaban al militante político, al que tenía intención de participación política y a simpatizantes con este colectivo social”.

La identidad de las víctimas involucraba a integrantes de movimientos de izquierda o espacios sociales, pertenecían al ámbito político universitario, al gremial -varios de la construcción-, espacios religiosos y partidos políticos -Partido Comunista-“.

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Absolvieron a Axel Moreyra: “Hubo irregularidades serias de la policía”

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El Tribunal Criminal N°1, compuesto por Hugo De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Christian Yesari, absolvió por unanimidad a Axel Moreyra. El joven estaba acusado de haber protagonizado un robo agravado por el uso de arma en la zona de El Pinar en agosto pasado.

La familia denunció la inocencia de Moreyra desde el primer día y a pesar de los obstáculos judiciales logró probarlo. Entre otras evidencias, aportó filmaciones de cámaras de seguridad de vecinos del lugar que mostraban al imputado en otro lugar mientras ocurría el robo.

“Hubo irregularidades serias de parte de la policía: en el acta de procedimiento con la aprehensión nunca se considera que estaba presente la hermana de Axel, Giuliana. Eso nos hubiera podido haber habilitado pedir el testimonio de ella”, detalló a FM De la Calle uno de lo abogados de la familia, Ariel Zara.

Agregó que cuando se le preguntó a la agente por qué lo omitió “dijo que era porque no tenía mucha experiencia en redactar actas. Una de las víctimas dijo que personal policial los reúne y les dice que este muchacho (Axel) ya había tenido un par de entradas, con lo cual con esto incide indebidamente en el testimonio de las víctimas”.

Según la declaración del imputado: “Una vez en la comisaría le dicen ‘robaste negro de mierda’ mientras (la oficial) Medrano le decía que se quede tranquilo, que estaba ahí solo para identificarlo. Pasan las horas y le dice que estaba complicado, luego que quedaba detenido”.

El juez Yesari expresó reparos sobre la versión de la familia aunque votó por la absolución porque Moreyra “no fue reconocido por su rostro u otras circunstancias físicas, no se le secuestró elemento ninguno de los sustraídos y el cuchillo secuestrado en su inmueble no puede ser el utilizado en el lugar -ya que el encartado no habría regresado a su domicilio luego de la comisión del hecho”.

Zara manifestó que el mal accionar de la Bonaerense “tiene que ver con un tema de estadística, con ciertos estereotipos con los que a veces se maneja personal policial. Recibió una llamada del 911 donde daban cuenta que había dos masculinos con prendas oscuras, entonces ven a un muchacho morocho con esa prenda y piensan que es él”.

La causa no está cerrada, la sentencia puede ser apelada por la fiscal Claudia Lorenzo.

La madre de Moreyra, Carolina Ojeda dijo a FM De la Calle que la familia está tranquila “porque se pudo comprobar la inocencia de Axel que venimos gritando desde el primer momento. Nunca imaginé esto, felicidad no es porque absuelven a mi hijo de un delito que no cometió”.

Moreyra estuvo preso durante 31 días, fue trasladado a la dependencia de Coronel Suárez y, producto de una afección asmática, la defensa consiguió el arresto domiciliario para que espere el proceso judicial en su casa.

“Las cartas que tengo de mi hijo son desgarradoras, la mayoría dicen ‘la verdad se va a saber’, nunca fue escuchado”, señaló la madre.

Ojeda mencionó que “no volví a ser la misma nunca más. Vivo a dos cuadras de El Pinar, yo nací ahí, un lugar tan lindo, tengo tantos recuerdos, pero el peor es este. Ver a mis hijos rodeados de policía”.

Foto: Rodrigo Nistal.

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Detenidos en Puan: la causa tiene “debilidades probatorias muy evidentes”

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El director del Programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares, afirmó que las imputaciones contra los 14 jóvenes de Puan detenidos en una causa por narcotráfico tienen “debilidades probatorias muy evidentes: el testimonio de Kevin Torres que supuestamente origina la investigación, ahora se constata que una firma que se asentó no es la de él”.

Reclamó que la Fiscalía General de Bahía Blanca “observe con particular detenimiento las irregularidades que plantea la familia y las defensas. Y que se aparte a la policía bonaerense de la investigación por entender que la denuncia efectuadas por Kevin da cuenta de un involucramiento notorio de la fuerza de seguridad en las irregularidades de la causa”.

La CPM, la Cátedra de Educación y DD.HH. de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, brindaron una conferencia de prensa junto a familiares de los jóvenes privados de la libertad. Solicitaron que se revea la investigación y se evalúe el cese de las prisiones preventivas de los 14 detenidos en la Unidad Penal de Villa Floresta.

Jessica Visotsky, docente de la UNS, afirmó que desde la Cátedra “acompañamos a la familia sabiendo que la universidad pública tiene la obligación de hacerlo y debe asumir el compromiso con la sociedad donde está inmersa”. Por su parte, Raúl Menghini, director del Departamento de Ciencias de la Educación – UNS, expresó que “se deben seguir los procesos judiciales ajustados a derecho y no criminalizar a los jóvenes”.

Pomares agregó que desde la Comisión solicitan que “se pongan medidas de protección para el testigo Torres que ha denunciado hostigamiento concreto de parte de la policía provincial”.

El organismo provincial acompañó el pedido de los familiares ante la Cámara de Apelaciones para que resuelva las libertades durante el proceso y que “disponga medidas alternativas al encierro”.

Sobre el final de la conferencia de prensa, Nora Cortiñas expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de los 14 jóvenes detenidos. “Nos preocupan estas situaciones, por un lado, salen leyes legalizando el uso medicinal del cannabis y, por otro, se persigue a los jóvenes falseando sus testimonios. Así vamos mal”, sentenció.

“No nos van a silenciar, vamos a ser la voz de los chicos que están detenidos”, dijo Fabiana Herrero junto a Federico Parodi, ambos familiares de los jóvenes privados de su libertad. Según el Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 312, para dictar una prisión preventiva no debe existir riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. “Todos tienen contención familiar, dos se entregaron espontáneamente y todos cedieron voluntariamente sus teléfonos y sus pertenencias”, dijo Fabiana, madre de Nicolás Lupin, autocultivador de cannabis encarcelado.

Federico, hermano de uno de los detenidos, analizó con indignación: “¿Hasta dónde llega el trabajo de la fiscalía? ¿Hasta dónde tienen que investigar? ¿O se conforman con lo que le dice la policía? Como son pibes de un pueblo de clase media baja, se los criminaliza al toque, se los manda al penal. Kevin Torres, tuvo el valor y la ética, de presentarse a declarar en la fiscalía. Lo usan al pibe para hostigarlo, pensando que se iba a quedar en el molde”.

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Triple A: desmienten a un testigo de la defensa de Curzio

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“Armando Isasa hoy vive y tiene 95 años, era el ‘presidente’ del Partido Comunista de Dorrego. Le habían avisado que lo iban a matar y mi papá se lo trajo para Bahía. Vivió con nosotros muchísimo tiempo. En el año 74, 75”, mencionó Carlos Balbuena en defensa de Juan Carlos Curzio.

Fue el último testigo del juicio por 24 homicidios cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina que se encuentra en etapa de alegatos. Consultado por la Fiscalía sobre quién perseguía a Isasa, Balbuena afirmó: “La Triple A”.

Según el mecánico, su familia convivió con el dirigente comunista “diez meses seguro”. “Juan Carlos Curzio iba a mi casa y lo tenía que ver”. La vivienda de Undiano 270 tenía su patio lindante con los fondos de la Comisaría Primera. Balbuena reconoció que Bahía Blanca no era un lugar seguro para un supuesto perseguido por la banda paraestatal pero “era más seguro que un pueblo como Dorrego”.

Balbuena tiene razón: Isasa vive y tiene 95 lúcidos años “recién cumplidos”. Lo que no es verdad es el resto de la historia.

En su casa del macrocentro bahiense, el ex militante se mostró “sorprendido” ante FM De la Calle por las declaraciones del amigo de Curzio.

“Yo vine a Bahía Blanca a buscar una casa con la perspectiva de trasladarme porque los dos hijos míos tenían necesidad de crecer en la universidad. Uno ya tenía el secundario y me obligaba a tener que venir porque no tenía condiciones económicas de costearlo desde Dorrego. Vine con un trabajo, una empresa que vendía fosfatizantes, a vivir a la casa de un compañero que no me acuerdo quién era, y un día fui a lo de Balbuena al taller y me dijo ‘vení a vivir ahí arriba si querés’”, contó.

Isasa sostuvo que fue por “un plazo no mayor a cuatro meses porque conseguí la casa en la que vivo en la actualidad y me vine con el hijo menor, mi señora se quedaba en Dorrego mientras yo hacía las refacciones”.

“En ese período de tiempo viví en lo de Balbuena (padre), nunca jamás lo vi a Curzio. En cuanto al Balbuenita chico tampoco lo conozco, no lo he visto nunca, al otro (su hermano) sí porque solía estar en el taller. Yo estaba muy poco, vivía en una pieza arriba, la casa estaba totalmente deshabitada”.

Isasa reafirmó que “de ninguna manera” llegó a la ciudad escapando de una persecución política. “Estando en Dorrego me llamaron a la comisaría a mí como a todos los jefes de partido o militantes destacados de cada una de las cosas, donde nos comunicaban, a mí me comunicó un muchacho con el que fui a la escuela, me dijo ‘mirá es para todos, no es para vos, no se puede hacer política, está suspendida por el gobierno la actividad política’. Le digo ‘yo casualmente ando con un despelote, no tuve más contacto con nadie, ni con la policía ni con nadie’”.

“He tenido problemas como tienen todos los militantes y los que se meten en lugarcitos que según el poder dominante no se deben de meter. Los inconvenientes y garrotazos que corresponden a la lucha de clases, no hay otra. Pero no en esa época”, aseguró.

Isasa comentó que “sabía que existía un Curzio como supe que había un italiano que no me acuerdo cómo se llamaba. El trabajo de la militancia no da tiempo para mucho deporte o distraer la atención de lo principal que es la lucha en la que uno invirtió muchos años de su vida”.

En cuanto a la relación entre Balbuena padre y Curzio, relató un comentario que recibió a partir del juicio. “El padre de Balbuena, que es un hombre de trabajo hoy tan viejo como yo, según me dijeron estos días, tuvo una discusión y Balbuena lo echó del taller cuando se enteró que Curzio andaba con una ametralladora en la Universidad del Sur”.

“Parece que ahora Curzio lo ha ido a visitar, el hombre está muy solito en un geriátrico y habrán reestablecido la relación. Yo al Negro hace mucho que no lo veo, éramos muy amigos. (…) El Balbuenita este dijo que (Curzio) es un buen muchacho, sí, pero los antecedentes los tiene”.

Isasa dijo que cuando era joven pensaba: “Ojalá dure muchos años porque a alguno de estos malandras sin vergüenza voy a ver presos, a algunos los vi finaos, pero pienso ver más”.

En ese sentido, destacó que “el pueblo ha hecho cambiar muchas cosas, ver un ex presidente y general de la Nación condenado a cadena perpetua hay que recorrer mucho mundo para encontrar otro caso igual, eso lo lograron las fuerzas democráticas argentinas”.

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Triple A: un alegato contra el miedo y el silencio

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El fiscal auxiliar Pablo Fermento comenzó esta mañana el alegato en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra cuatro ex integrantes de la Triple A. “Nos acostumbramos a vivir sin justicia porque a las muertes naturalizadas, lo natural, valga la redundancia, es que no se las investigue y no se las juzgue”, afirmó.

La apertura de la exposición incluyó un pedido de disculpas por la demora de más de cuatro décadas y una reivindicación a una de las “primeras instancias institucionales en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo”.

Fermento aseguró que la sentencia del juicio “va a ayudar a abrir caminos en el proceso colectivo de Memoria, Verdad y Justicia y en la recuperación del sentido histórico tanto en el país como en la comunidad bahiense”.

Los imputados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Las audiencias continuarán mañana y pasado desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube Audiovisuales UNS.

Fermento recordó que el juicio analiza el accionar de “una organización criminal a la cual se le atribuyen 24 homicidios que fueron cometidos en los años 74 y 75”.

“Uno de los testigos, Fortunato Mallimaci, dijo en la audiencia que se empezó a naturalizar la muerte. Estamos hablando de 24 asesinatos alevosos y con ensañamiento cometidos entre septiembre de un año y diciembre del siguiente, es decir, poco menos de dos muertes por mes”.

El fiscal manifestó que “casi medio siglo nos llevó como sociedad estar concluyendo este debate del juicio, por estos motivos adherimos al pedido de disculpas que realizó el tribunal por tamaña demora”.

Comentó que esta falta de respuesta a tiempo ” no es inocua, se perdió muchísima prueba en el camino, pero por sobre todas las cosas perdimos a las personas, víctimas, familiares, amigos, muchísimos testigos y también personas que deberían ser sindicadas como responsables y que murieron en la impunidad”.

Durante el debate fallecieron al menos cinco testigos: Marta Beatriz Fabini, esposa de la víctima Rodolfo Gini; Miguel Ángel Pereyra, Eugenio Ángel Navarrete, Víctor Melchor Basterra y Jorge Alberto Bernardi.

“Pero además se perdió algo fundamental como es el debate como sociedad sobre lo que sucedió en un período histórico muy doloroso, muy sentido del país y de la sociedad donde la justicia, que cumple un rol necesario, estuvo ausente durante muchas décadas”.

“Lo que quedó es el silencio y el miedo. Miedo que vimos atravesar cada una de las audiencias testimoniales porque, a pesar del medio siglo que sucedió, sigue vigente y se actualiza”, dijo.

Sin embargo, el fiscal alegó que “la justicia aunque tardía sigue siendo justa porque se la sigue reclamando y necesitando y continúa siendo un logro encontrar los canales institucionales para su realización”.

“Esta parte de la historia de la ciudad de Bahía Blanca que fuimos recorriendo es una parte censurada, porque así como el brazo genocida clausuró espacios sociales también se clausuraron las representaciones de lo sucedido”.

Aseveró que “de todo lo que escuchamos en las audiencias se supo y se sabe mucho, se habló y se habla muy poco aun en la actualidad. Este proceso de verbalización de lo vivido tuvo que ser un proceso privado de cada sobreviviente, de cada familia, porque no se habilitaron las instancias colectivas”.

“En este juicio estamos asistiendo a una de las primeras instancias institucionales, tal vez la primera en Bahía Blanca, en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo y lo hicieron para poder contar su verdad y reclamar justicia con gran valentía y coraje”, reconoció.

Tras la introducción, Fermento destacó que la de la Triple A es “una historia compleja que tiene numerosas tramas” e inició el desarrollo de la primera de ellas: la alianza entre el diputado nacional peronista y secretario de la CGT de Bahía Blanca, Rodolfo Ponce, y la familia Massot, propietaria de La Nueva Provincia.

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¿Qué es la reforma judicial feminista?

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El reclamo por una reforma judicial feminista encabezó las últimas expresiones del movimiento de mujeres e identidades disidentes ante el recrudecimiento de los femicidios y la ineficacia del sistema.

La Asociación Abogadas Feministas (ABOFEM) presentó ante el Consejo de la Magistratura un pliego de reclamos, entre ellos la impugnación de una lista de 52 jueces y juezas que no cuentan con las capacitaciones en perspectiva de género obligatorias por ley.

“El planteo de la reforma judicial ya no alcanza solo a lo referido a la administración de justicia y no concentración de poder en los fueros, sino a una lógica que tenga relación con que se aplique la perspectiva de género, de derechos, que haya paridad en los cargos. Y que, además, quienes se presenten, cumplan con la formación en género que exige el reglamento para que de una vez y por todas veamos sentencias judiciales que tengan perspectiva de género actualizadas y acordes a la realidad que estamos viviendo”, detalló a FM De la Calle, la abogada Melisa García.

La presidenta de ABOFEM mencionó que, respecto a la capacitación obligatoria en relación a la perspectiva de género, “el Consejo de la Magistratura se ha arrogado que la implantación total de estas normas será en 36 meses, pero por otro lado la misma normativa plantea que los jueces y juezas deben acreditar -aunque sea- haber comenzado un curso de género para presentarse a concurso”.

El femicidio de Ursula Bahillo conmocionó a la sociedad. La joven había denunciado en 17 oportunidades a su ex pareja quién finalmente la asesinó. A este hecho se le agrega la renuncia del juez de la causa por haber tenido un informe de peligrosidad que alertó que la vida de la joven corría peligro 12 días antes de su femicidio. ¿De qué depende la prioridad de una causa en una fiscalía o un juzgado?

“La situación deviene de no haber una formación, un seguimiento y una consecuencia para quienes toman las denuncias. El gran problema es que se abra lugar a la arbitrariedad, no entender cuál es la gravedad, pareciera que no hubiera ningún tipo de consecuencia. En una causa de violencia de género, cuando una mujer denuncia y menciona que está en peligro su vida no tiene que haber dilaciones, ni quién es el imputado, ni si es parte de una fuerza, o de la justicia, ni de ningún otro espacio”, comentó García.

“Se empezó a poner la mira en la ineficacia de la toma de las denuncias. La falla es sistemática y está en la falta de formación, en la falta de equipos interdisciplinarios, falta de evaluaciones de riesgo”.

En muchas oportunidades quienes alertan a los agentes policiales son personas cercanas a la víctima pero que, en determinado momento, se encuentran con los obstáculos del sistema que obliga a que la víctima ratifique la denuncia.

“Debería mínimamente poderse tomar una denuncia y hacer un mínimo seguimiento cuando denuncia una persona cercana a la violentada. Si se requiere una ratificación, que la persona violentada se pueda acercar a ratificar. Pero si una mujer está en situación de violencia no se le puede pedir que ratifique un proceso. Quizás no pueda salir de su casa, reciba amenazas, es ahí donde el Estado tiene que tener equipos especializados”.

La abogada señaló que “la Comisaría de la Mujer es una lógica que responde al derecho penal y si no va la víctima a ratificar se archiva. En el medio hay un montón de mujeres que mueren justamente por este tipo de abordaje, llegan a un femicidio porque el Estado no responde como corresponde”.

“Vivimos una gravedad respecto a los femicidios que hace que haya que pensar de otra manera y con perspectiva para auxiliar a las mujeres en peligro y no para cubrir al sistema que dice que si no se da de determinada manera no se puede seguir la causa”, finalizó García.

Foto: Notas Periodismo Popular

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Triple A: tiempo de alegatos

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Este lunes a las 9 comenzará el alegato de la fiscalía ante el Tribunal Oral en el juicio que tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno.

Se los acusa de haber pertenecido a la organización criminal Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. Se llega a esta instancia luego de haber escuchado la declaración de más de 90 testigos.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a través del fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

Como partes querellantes actúan Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús García y la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Se estima que la exposición de la fiscalía requerirá al menos de las jornadas del lunes 15, el martes 16 y el miércoles 17 de este mes. Luego continuará en las que se establezcan con posterioridad.

El juicio oral y público por la actuación de la Triple A en Bahía Blanca se había iniciado en marzo del año pasado, pero fue postergado a raíz de la pandemia. Luego, en julio, se retomó con un sistema mixto: por un lado se llevaron a cabo las audiencias en el Aula Magna de la UNS a puertas cerradas -con el objetivo de cumplir el distanciamiento social entre las personas presentes-, y también hubo participación por conexión virtual remota para quienes integran grupos de riesgo.

Finalmente, se hicieron por un sistema totalmente virtual. En este marco, la fiscalía había señalado la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización. Es por ello que las audiencias del debate oral se pueden seguir a través del canal de YouTube de la Universidad.

Durante el debate, la generalidad de los testimonios se refirieron a la existencia de la organización criminal que los acusados integraban, a la que aludieron como la Triple A o la patota del diputado nacional Rodolfo Ponce y, en el ámbito universitario, del rector interventor Remus Tetus. Se describieron distintos aspectos de su accionar, tales como el patrullaje en la “fiambrera” -un Fiat 125 azul- y otros vehículos, las prácticas de intimidación en los edificios universitarios, diferentes episodios de agresión e intimidación armada y los asesinatos cometidos.

Las declaraciones también graficaron distintas situaciones que dieron cuenta de los vínculos del grupo paraestatal con el Estado, y del marco de impunidad con el que operaba.

El homicidio de David “Watu” Cilleruelo

El 3 de abril de 1975, la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur, mientras se encontraba junto a otros compañeros convocando a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, con el fin de revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que él mismo presidía.

Durante el debate, distintos testimonios refirieron que los responsables del homicidio se dirigieron en el vehículo del Rectorado hasta el lugar donde se encontraba Cilleruelo, lo ultimaron y se retiraron inmediatamente en el mismo automóvil. Diversos testigos señalaron que Jorge “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo -ambos fallecidos- y el propio Aceituno.

Fuente: fiscales.gob.ar

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“Duele que un fiscal hable de tu hijo como un delincuente”

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Comenzó el juicio contra Axel Moreyra, joven acusado de haber cometido un robo en la zona de El Pinar en agosto pasado. Su familia denuncia que fue señalado por error.

Luego de un robo en la zona, la policía interceptó a Axel y a su hermana, quienes caminaban en el lugar, y se lo llevó detenido. Tras más de cuarenta días de encierro en una comisaría local y otra de la zona, le otorgaron el arresto domiciliario por cuestiones de salud. El viernes serán los alegatos.

“Son tres días duros, estamos con fe y tranquilos porque esto es por un error. Es un lugar que frecuentamos siempre, ese día le pedí a mi hijo que acompañe a mi hija a caminar. Me llama mi hija y me dice que se querían llevar al hermano por no tener DNI. Cuando llego al lugar me dicen que es por procedimiento, después me dicen que es por un llamado al 911”.

“Lo llevan a la Comisaría Cuarta donde nunca me dejaron ingresar. Lo acusaron de robo agravado por uso de arma. Esperaba que mis hijos declaren, nunca lo hicieron. Todavía estamos viviendo un momento terrible, por algo que no cabe en la cabeza”, señaló a FM De la Calle, la mamá del chico, Carolina Ojeda.

La mujer señaló: “31 días caminé El Pinar buscando cámaras y testigos”. Los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou apartaron a la jueza de Garantías Marisa Prome por haber realizado una mala valoración de la prueba y designaron a Guillermo Mércuri, quien finalmente le otorgó la prisión domiciliaria a Axel por falta de pruebas.

“El 14 de febrero nos aceptaron todas las pruebas. Están los testigos, las cámaras, si bien las del Municipio no están porque se hizo mal el oficio y llegó tarde (las imágenes ya habían sido borradas), hay dos fundamentales porque enfocan a mis hijos caminando”, sentenció.

“Hay aportes de los vecinos que se los ve caminando los dos solos. bajan por el empedrado, hay un testigo que dice que los ve, que vio una discusión con la Policía, también testigos dentro de El Pinar que asistieron a las victimas”

Ojeda destacó la recolección de pruebas que hizo la familia: “Me levantaba a las siete de la mañana y recorría el Pinar, baje 20 kilos porque no dormía, nunca vi a un fiscal. Estaban mis abogados sacando medidas, los fiscales sacan las medidas con Google Maps. Hay que buscar pruebas y ser objetivos”.

Argumentó que “es el día de hoy que yo recuerdo esta situación y es terrible todo lo que tuvimos que vivir. Estamos con ayuda psicológica para poder soportarlo, te duele que un fiscal hable de tu hijo como un delincuente”.

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Contaminación en la ría: “Están tratando de dar un barniz de mejora para pedir el archivo de la causa”

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Siguiendo el camino abierto con Profertil, el fiscal Santiago Martínez avanzó en la firma de acuerdos unilaterales con los abogados de Dow (PBB Polisur), Mega y Oiltanking. Los convenios fueron homologados por la jueza federal Gabriela Marrón y recurridos por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.

El querellante Luis Arellano dijo a FM De la Calle que las empresas accedieron a firmar los convenios porque está próxima la resolución de la causa que busca resarcir a los pescadores por la pérdida de su fuente laboral. “Las pruebas son abrumadoras, la sentencia civil ambiental va a salir condenatoria, están tratando de dar un barniz de mejora, para luego ir a decirle al juez contencioso administrativo: nosotros arreglamos la situación, archive la causa”.

“La ría está contaminada, todo el mundo lo sabe, y una parte es reparar las consecuencias del delito. Se violó la ley, hubo actitudes antijurídicas que ocasionaron que la ría esté contaminada. Eso tiene que ser reparado. Estamos hablando de cuestiones comunitarias más allá de indemnizaciones particulares”.

El representante de los pesadores destacó que “esta etapa de acuerdo ha transitado en la más absoluta soledad, nadie se enteró, aparecieron un día en el expediente los acuerdos, propuestas de cuatro o cinco páginas firmadas por un abogado sin aval técnico. No es viable y descalificaría el trabajo de hace once años en los fueros federal y provincial. Estaríamos tirando todo a la basura si los arreglos terminan de esta forma”.

“Un eventual acuerdo por el saneamiento, remediación y finalización de la contaminación merece un interés y participación más importante de los actores que ya están en ese proceso judicial para que opinen respecto a soluciones técnicas que advertimos en los acuerdos homologados son pobrísimas”.

Arellano subrayó que en el expediente hay pruebas relevantes como la aportada por la Facultad de Agronomía de la UBA o las realizadas por Delitos Ambientales de Policía Federal. “Han sido totalmente dejadas de lado y se le dio el 100% de veracidad y procedencia a las manifestaciones de las empresas sin haber consultado con nadie”.

“Es sorprendente que pase esto cuando hay mucho material para hacer algo mejor. El estuario es un ambiente complejo, no solo desde lo biológico y ambiental sino desde los aportes cloacales e industriales. No están todos los actores metidos en un acuerdo, no está la provincia, ¡ni siquiera siquiera está el OPDS!”.

Consultado respecto a las expectativas de la querella en cuanto a las medidas de reparación del estuario, Arellano sostuvo que “para que haya algo sustancioso primero tiene que estar ABSA porque el principal aporte es el cloacal y, luego, las empresas que aportan el material químico contaminante más peligroso. Han dicho durante once años que no arrojan nada, que no tienen que rendir cuentas”.

Fiscalía General: es “imposible” y “contradictorio” un acuerdo sin la querella

El fiscal general Horacio Azzolín dictaminó en contra del acuerdo firmado por el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil, el cual fuera homologado por la jueza Gabriela Marrón. La querella ya había solicitado su nulidad.

Azzolín dijo que no hay explicación a la falta de intercambio entre los sectores involucrados en la causa, “entre los que hay órganos estatales con funciones de control- y la Fiscalía Federal interviniente o la UFIMA”.

La jueza repitió en cada homologación que le resultaban razonables los dictamenes del fiscal Martínez “cuya actuación entiendo está avalada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)”.

Sin embargo Azzolín advierte que “tampoco surge que haya intervenido nuestra UFIMA, no se establecen mecanismos de control del avance de los proyectos propuestos, reparaciones de ningún tipo, ni sanciones para un eventual incumplimiento”.

El fiscal general mencionó que los acuerdos no cuentan con “aval previo de organismo técnico alguno con conocimientos específicos en la materia” y que sería “fundamental” la participación de organismos de control “tanto para avanzar en modificaciones normativas, opinar sobre la pertinencia de las propuestas que se realicen y monitorear luego su cumplimiento en el ámbito de su competencia”.

“Reconociendo que la problemática de contaminación en el estuario de Bahía Blanca excede ampliamente a una firma, si de acuerdos individuales se trata, deberían realizarse acuerdos con cada una y someter ese conjunto a una eventual homologación”.

Por último, Azzolín dictaminó que “en cualquier caso, el intercambio con OPDS, ADA, CGPBB y Municipalidad de esta ciudad, además de la intervención de la querella, deberían garantizarse de algún modo”.

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Puan: familiares de los detenidos denuncian que la “causa narco” fue armada

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El testigo que, según la Policía Bonaerense, hizo la denuncia que originó la causa por narcotráfico contra un grupo de jóvenes de Puan se presentó ante la justicia para advertir que nunca realizó esa declaración.

“El muchacho viene teniendo presiones de la policía desde hace tiempo. Hace un mes una compañera de la infancia le cortó la cara, le negó el saludo y después averigua que era familiar de uno de los detenidos. Consiguió una copia de la declaración, fue hasta la comisaría de Puan donde le dicen que no puede ver nada, que se deje de joder porque si sigue con esto va a terminar por falso testimonio en cana con los muchachos”, dijo a FM De la Calle Federico Parodi, hermano de uno de los 14 detenidos.

En un comunicado afirmaron que con “la declaración de Kevin Torres queda claro que ha sido falsa también la declaración del Sargento Andrés Arguello, primer denunciante, que admite tener conocimiento de que los chicos comercializaban estupefacientes siendo Kevin Torres quien le informa cómo la transportaban y cómo la distribuían, todo esto falso”.

“Además también esta denuncia falsa expone que la declaración se la habría tomado a Kevin el comisario Víctor Tevez. Asimismo está implicado el comisario Gómez quien no le dio conocimiento ante insistentes pedidos de Kevin de esta supuesta denuncia. No solo eso sino que a partir de esto patearon la puerta de su casa y continuaron los hostigamientos policiales”.

Parodi aseguró que “ahora más que nunca pedimos que se les baje la prisión preventiva a los muchachos porque la causa está llena de irregularidades”.

“Estos policías van a tener que dar muchas explicaciones, Hablo de Arguello y de Tevez. Las defensas de los chicos van a apelar a la nulidad del caso porque todos se remiten a la declaración del sargento Arguello y a la de Torres que la firma el comisario Tevez”.

Fallo del juez Guillermo Mércuri.

Parodi destacó que “estas causas en Puan se arman así, se buscan denuncias anónimas como para llevarlas a Fiscalía y poder desarrollar las investigaciones. En este caso, si se llega a confirmar el testimonio de Kevin Torres, se les escapó la tortuga”.

Las familias ya informaron del caso a los jueces de la Cámara de Apelaciones, Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, quienes deben definir la continuidad o no de las prisiones preventivas.

Torres, trabajador municipal de 23 años, denunció el viernes pasado los hostigamientos que padece de parte de la Bonaerense y la falsedad de la denuncia que se le atribuye en la cual se sostiene la supuesta comercialización de estupefacientes desde Guatraché por parte del grupo de jóvenes de la localidad.

“Queremos hacer público esto para protección de Kevin Torres, si algo le sucediera a él hacemos responsables a la policía de Puan”, dijeron los familiares de los detenidos y agregaron que “la Comisión Provincial por la Memoria está acompañándonos desde diciembre y también ahora a Kevin”.

La causa de Puan es uno de los pilares propagandísticos del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni.

Foto cabecera: Anred.

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#8M: “La violencia machista y los femicidios nos obligan a estar en las calles”

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Con un nuevo paro se conmemora este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. A partir de las 17:30 habrá micrófono abierto, intervenciones artísticas y movilización desde la Plaza Rivadavia.

Este año las protestas tienen un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial por la falta de respuestas al incremento de los femicidios.

“Este 8M la violencia machista y los femicidios nos obligan a estar en las calles. En una andanada que no cesa, tenemos el lamentable registro de un femicidio cada 24 horas, la mayoría, fueron víctimas de ex parejas, a quienes ya habían denunciado y murieron sin recibir la protección del Estado. Por esto decimos que ‘el Estado es responsable’. ¿Quién más si no? ¿A quién más que al Estado le exigiríamos que implemente políticas para prevenir la violencia machista y la protección de las víctimas?”, se preguntaron desde la Secretaría de Mujeres y Géneros de la CTA.

En el Departamento Judicial de Bahía Blanca en 2020 asesinaron a Susana Melo y se iniciaron 3.191 procesos penales por violencia familiar y/o de género: nueve denuncias por día. El 21 de marzo se cumple un año del crimen ocurrido en Ing. White y la familia de la víctima advierte que la causa no avanza.

Se cumple un año del femicidio de Susana Melo y la causa no avanza

Según el Ministerio Público Fiscal, en la provincia se registraron 94 femicidios. Se trata del 65% del total de asesinatos.

El Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que con un femicidio cada 29 horas, el 2020 terminó con 253 femicidios directos, 29 vinculados, ocho personas trans asesinadas y cinco suicidios feminicidas. 212 niñas y niños quedaron sin sus madres víctimas de femicidio, algunes fueron testigos presenciales.

El apoyo de Cristina y Rosalía

“Soy mamá de Facundo Astudillo Castro, quien fuera desaparecido en democracia el 30 de abril del año pasado. Gracias por marchar, para mí el 8 de marzo es un día muy simbólico, es el día nuestro, de la mujer”, afirmó Cristina en su adhesión a la marcha que se realizará esta tarde en Bahía Blanca.

Agregó: “Dentro de cada mujer existe una guerrera y tenemos que despertarla para que así como gritaba mi flaco que el nunca más sea nunca más en serio, que nosotras podamos gritar el vivas nos queremos. Tenemos derecho a que nos respeten y tenemos que exigir el derecho a que nuestras hijas salgan y vuelvan sanas y salvas, que no las violen o tener que ir a buscarlas o reconocer cuerpos en bolsas. Vivas nos queremos chicas”.

Rosalía: “Sigo firme porque no me siento sola”

Rosalía Reyes, condenada a ocho años de prisión por no poder atender a su bebé tras el parto, llamó a pedir “que no haya más femicidio, violencia, y para que seamos escuchadas y tengamos derechos. Pido por la solución de mi causa y desde mi casa las acompaño en esta marcha. Asimismo pido por todas las mujeres, que sigamos batallando juntas”.

La pandemia profundizó las desigualdades

La economista Agostina Costantino dijo en FM De la Calle que “hubo un impacto desproporcionado de la crisis del Covid en trabajadores informales, en mujeres particularmente, a causa de la sobrerrepresentación que tenemos en algunos de los sectores afectados y en la intensificación de la carga de cuidados no remunerados en los hogares debido al cierre de las escuelas, en una región que ya tenía un déficit importante en cuanto a la desigualdad de la distribución de esas tareas”.

Se espera un aumento de la desigualdad no solo en términos de género sino también en cuanto a cuestiones raciales y étnicas.

Antes de la pandemia “la tasa de actividad de las mujeres era mucho menor que en los varones porque destinamos mayor cantidad de nuestro tiempo a tareas de cuidado y nos queda menos para buscar o tener trabajo remunerado”.

“En el caso de Argentina nos insertábamos en sectores muy ligados al cuidado como educación, salud, trabajo en casas particulares y demás. En países centroamericanos o México también hay muchas mujeres en sectores industriales de muy baja productividad, malos salarios y muy malas condiciones como son las cuestiones de las maquilas, el ensamblado de partes industriales”.

Con las medidas de aislamiento se redujo el empleo regional en mayor proporción para las mujeres que para los hombres. “Las mujeres tienen presencia en sectores económicos más afectados por la crisis como el sector de hotelería y restaurantes y el servicio doméstico”, sostuvo Costantino y agregó que “las mujeres urbanas estuvieron más afectadas que las rurales”.

Detalló que “la pandemia tuvo un impacto diferenciado en trabajadores/as migrantes internacionales que suelen ser más vulnerables al tipo de inserción muy precarias en los países de destino, al menor acceso a sistemas de protección social, la carencia de redes de apoyo, la discriminación, la exclusión legal o el desconocimiento de procedimientos administrativos”.

¿Qué hicieron los gobiernos?

La economista explicó que “en general los gobiernos adoptaron medidas de protección social y apoyos direccionados principalmente a las personas y hogares en situación de pobreza. Se estima que las transferencias monetarias y en especie –alimentos, medicamentos u otros servicios básicos- llegaron aproximadamente a la mitad de la población”.

“Políticas como el IFE argentino tuvieron un impacto diferenciado sobre las mujeres porque están sobrerrepresentadas en el grupo de trabajadores informales y de personas pobres, por eso hablamos generalmente de feminización de la pobreza”.

Cuidados desiguales

Un informe del Centro de Economía Política evidencia que se exacerbó la desigualdad en la distribución de los cuidados por el cierre de escuelas y de los espacios de esparcimiento y de ocio.  

“Antes de las medidas de aislamiento, en promedio, las mujeres destinaban casi siete horas diarias al total de trabajo no remunerado mientras que los hombres dedicaban cinco. Durante el aislamiento, con la sobrecarga -sobre todo en materia educativa y de trabajo remoto- la cantidad de horas que dedicaron las mujeres aumentó un 70%, a casi doce horas diarias, prácticamente la mitad de la jornada de las mujeres se destinó a trabajo no remunerado. En el caso de los varones aumentó a 7,9 horas diarias”.

“Muchas de las mujeres tuvieron que dejar sus trabajo o vieron disminuidos los ingresos porque tuvieron que trabajar menos para hacer frente a las tareas de cuidado”. Por otra parte, “el decreto que obligaba a otorgar licencias por cuidado durante lo que durara el ASPO en la mayor parte del sector privado no se cumplió y en algunas del sector público tampoco”.

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Censura en La Nueva: “Este hecho no puede pasar inadvertido”

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La agrupación Watu Corriente Comunista emitió un comunicado respecto a la no distribución del diario La Nueva el sábado 27 de febrero para evitar la difusión de una nota sobre el armado de una causa por parte de la Policía Bonaerense.

Las víctimas de los hechos fueron los hermanos Vidal Ríos, quien hoy son investigados por narcotráfico por la justicia federal. Según el CEO, Fernando Monacelli, el empresario Gustavo Elías prefirió descartar la edición que incluía la nota para no “horadar” la causa que tramita el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

“Todo está en la resolución de la jueza Promé, que dice cómo ha sido armada esa causa. Nos preguntamos a quién protege La Nueva sin que ese artículo pueda ser leído por la gente. Se nos ocurre que beneficia a la policía, a la justicia, que con tal de tener resultados rápido apela a cualquier cosa”.

Desde el punto de vista político, Lualdi señaló que “nos preocupa el silencio, que desde el HCD no se haya preguntado por qué una edición impresa no se distribuye, teniendo en cuenta que hay un periodista como Carlos Quiroga, por qué hay un silencio del Sindicato de Prensa. Qué será de los liberales de ADEPA, si no van a denunciar eso que casi no tiene precedentes y qué hará el intendente que de profesión es periodista, que no le llama la atención este nivel de censura”.

“Según alguna información que no podemos confirmar se han quemado esos ejemplares para terminar de consumar la censura y barbarie”.

Lualdi agregó que “se está censurando a su propio staff de periodistas, La Nueva y LU2 reciben millonarias cantidades de pauta del Municipio, de provincia y de nación y si uno censura a sus propios periodistas porque hay un artículo que el dueño del diario cree no es conveniente imaginemos la censura que puede ocurrir con los sectores que no sean del agrado de Gustavo Elías”.

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El hecho de violencia policial que motivó la censura en La Nueva

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Los hermanos Ricardo Jorge Miguel y Adrián Ángel Ariel Vidal Ríos tienen antecedentes por robo y son investigados por narcotráfico.

También fueron víctimas del accionar violento e ilegal de la Policía Bonaerense.

La historia ocurrió en 2019 y la reconstruyó un periodista de La Nueva. Se imprimió en el periódico del sábado pasado, sin embargo, su audiencia nunca pudo leerla. El dueño del medio, Gustavo Elías, prefirió destruir la edición para no “horadar la investigación en curso de la justicia federal” a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

La versión de La Nueva sobre la edición que censuró

“La nota quería reflotar esto, la causa quedó paralizada en fiscalía: tengo para meter privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio, abuso de autoridad, lesiones graves, había de todo”, dijo a FM De la Calle el abogado Juan Ignacio Vitalini.

Explicó que “gracias a unas cámaras en el domicilio de la madre de Vidal Ríos se pudo comprobar el armado del procedimiento, que no refleja la realidad de lo que dijeron los policías en el acta”.

Los oficiales involucrados son los subtenientes Sebastián Díaz Arana y Adrián Korman y los sargentos Damian Rossetti y Lucas Miranda.

“(El acta) dice que venían en persecución a los Vidal Ríos, a los disparos los Vidal Ríos, y se puede ver cómo se bajan tranquilamente. A los dos minutos llega el patrullero, empiezan a discutir y se producen disparos a quemarropa de la policía contra los Vidal Ríos: De hecho le matan un perro rottweiler, le quiebran una pierna, le disparan en la cabeza. Los hechos no tienen nada que ver con lo que relatan los policías”.

El abogado comentó que “en ese momento estaban en la (Comisaría) Sexta y no tendrían que haber hecho nada porque estaban en Bordeu y es otra jurisdicción (…). Es materia de investigación si estaban ahí en otra causa o realmente fueron a armarle el procedimiento a Vidal Ríos. Lo grave es que estos tipos siguen funcionando hace dos años y no se les hizo ni siquiera un sumario. Uno se queja de cómo tramitan algunas causas en contra de algunas personas y cómo no tramitan en contra de otras. ¿Qué veracidad podemos darle a procedimientos policiales en los que están involucrados estos funcionarios? Es gravísimo esto”.

Destacó que “tampoco se pudo comprobar que llevaran droga y un arma dentro del vehículo. Hay filmaciones previas en la camioneta, en el lugar que luego aparece el arma y la droga, y se advierte que claramente fue plantado por la policía. Si bien se les dio la libertad, la causa contra los policías no siguió de la misma manera o con la celeridad que esperaba, uno se quejaba de eso, eso es lo que yo venía hablando con el periodista La Nueva”.

Los Vidal Ríos fueron sobreseídos de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal y atentado y resistencia contra la autoridad agravado por haberse cometido por más de tres personas y haber puesto manos en la autoridad y desobediencia.

La jueza Marisa Gabriela Prome concluyó que “del contenido de los videos aportados y de su observación se desprende que los hechos no han sucedido como lo ha plasmado el personal policial en el acta procedimental que obra a fs. 1/5 así como tampoco se advierte circunstancia alguna que pudiera razonablemente hacer presumir a la autoridad prevencional que existían motivos suficientes o fundadas sospechas de comisión de un delito para autorizar el procedimiento llevado a cabo; sino que, por el contrario, a partir de ellos es que puede sostenerse que la versión brindada por los aquí imputados ha quedado corroborada”. 

Vitalini afirmó que “la policía se quiso llevar el dvr (registro de las cámaras de seguridad). Se confundieron y se llevaron el equipo de Direct TV sino tampoco podríamos habernos enterado. Gracias a dios ellos lo tenían escondido en otro lugar”.

Señaló que la policía siempre “les tuvo pica” a los hermanos Vidal Ríos. “No son santos de nada, tienen un antecedente cada uno por robo, pero después les han querido endilgar cuanto robo y cuanto comercio de estupefaciente estuviera dando vueltas por Bahía”.

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La versión de La Nueva sobre la edición que censuró

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Tal como denunció el Sindicato de Prensa de Bahía Blanca, el sábado 27 de febrero la empresa La Nueva, cuyo propietario y director es Gustavo Elías, tomó la decisión de no distribuir la edición impresa.

El objetivo fue impedir que trascendiera el contenido de un artículo sobre un caso de abuso y violencia policial. Ante la falta de información oficial sobre la censura a la nota, FM De la Calle consultó a la compañía.

El CEO Fernando Monacelli afirmó que “el director (Gustavo Elías) consideró en su momento que una nota vinculada con un antiguo procedimiento policial irregular contra los hermanos prófugos en el marco de los allanamientos por drogas de la semana pasada, que ocupaba la sección principal del ejemplar del diario que ya estaba impreso, podía horadar la investigación en curso de la justicia federal y evaluó que el interés general de la lucha contra el narcotráfico en la ciudad era superior a la distribución de la edición de ese día”.

Se trata de un procedimiento realizado en marzo de 2019 contra los hermanos Vidal Ríos que la jueza María Prome anuló por irregular. El abogado Juan Ignacio Vitalini aseguró que se abrió una nueva investigación contra los policías bonaerenses que armaron la causa y quedaron en evidencia por el registro de las cámaras de seguridad del lugar.

Monacelli dijo que fueron dadas explicaciones a sus anunciantes y a la organización gremial.

Por su parte, el Sindicato de Prensa fue convocado por la empresa para abordar el tema. Les recibió Juan Ignacio Elías, hijo del dueño de La Nueva, quien se refirió a lo ocurrido como un “error”, profirió disculpas al periodista censurado y “garantizó” que el hecho no se repetirá.

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¿Por qué procesaron al ex jefe de los espías de Bahía Blanca?

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En sus últimas horas como titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla procesó y trabó un embargo de 20 millones de pesos al ex jefe de la base bahiense de la Agencia Federal de Inteligencia, Guillermo Coll. Es por su participación en el espionaje político del gobierno de Mauricio Macri.

Coll es un ingeniero jubilado, porteño, de 58 años, domiciliado en 9 de Julio 108, Piso 7°, depto. “A” de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Revistó en la ex Side local entre el 1 de abril de 2004 y el mismo día de 2017.

“De la simple lectura de los documentos relevados se desprende que durante la jefatura de Coll, la delegación Bahía Blanca recopiló, produjo, analizó y elevó información personal de múltiples ciudadanos sobre la base de su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos”, afirmó el juez.

Ramos Padilla destacó que “el carácter de la información producida por la Delegación Bahía Blanca es particularmente sensible”. Recordemos que, a diferencia de otras bases, el espionaje en nuestra ciudad incluyó a un medio de comunicación como FM De la Calle y a la comunidad universitaria.

El macrismo realizó espionaje ilegal a organizaciones políticas y sociales desde la AFI bahiense

“Los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos”, subrayó.

En su indagatoria, Coll dijo haber ingresado a la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado el 1 de julio de 1987 y que el primer día de junio de 2017 se reincorporó como delegado de la Base La Pampa dependiente de la Dirección de Reunión Interior.

Negó haber formado parte del plan de espionaje ilegal y aseguró que se desvinculó de la AFI el 1 de abril de 2017. Sin embargo, el juez destacó que la inteligencia ilegal comenzó “a mediados de 2016”.

El imputado sostuvo que los informes eran previos a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional aunque el magistrado enfatizó que “se encontraban expresamente prohibidas desde la sanción de la Ley 25.520 en el año 2001″.

Mirá los informes de la AFI macrista sobre las organizaciones bahienses

Ramos Padilla contrastó que uno de los documentos cuya autoría asumió es el titulado “informe abril”, el cual fue producido en 2015, elevado a la superioridad en 2016 y finalmente actualizado y vuelto a enviar a la superioridad en abril de 2017, “ocasión esta última, en la que el imputado no habría participado”.

Coll explicó que “se había borrado toda la información de los servidores de delegaciones provinciales” y “la sra. subdirectora (Silvia Majdalani) quería ver cómo habían trabajado las delegaciones y no tenía forma de evaluar nuestro trabajo”.

Según el magistrado, que muchos de los documentos secuestras estén fechados entre el 12 y el 27 de abril puede deberse a “la pretensión de Guillermo Coll de ser recontratado por el director Pablo Pinamonti”.

“De este modo pueden comprenderse, por ejemplo, las reseñas sobre la participación de muchas de las organizaciones relevadas en el documento ‘informe abril’ en la marcha del 24 de marzo de 2017, en la que se conmemoraba el 41° aniversario del inicio de la última dictadura militar, es decir, una actividad que fue cubierta aún durante la permanencia de Guillermo Coll al frente de la delegación”.

El espía comentó que las organizaciones perseguidas fueron seleccionadas “porque todas tuvieron participación en algún evento en el pasado”. Dijo: “Uno entraba a la página, por ejemplo, de HIJOS y usted me dice ¿por qué Hijos? Porque Hijos aparecía muchas veces en movilizaciones. O sea, era una de las agrupaciones que más movían, entonces dijimos ‘bueno, a ver, vamos al Facebook de Hijos, quiénes están ahí. Está fulano, fulano y fulano. Bueno, listo, mételos’. Nada más”.

Y nada menos.

Otro ejemplo es el del personal de la UNS: “Había actividades que se hacían todos los años, entonces, obviamente participaba la Universidad, participaba por ahí alguna agrupación pero solamente eso. Es decir, bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se inició los juicios por lesa humanidad, estuvieron presentes sí, lógico, eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente, quiénes participaron, en qué actos, listo”.

“De este modo, el imputado reconoció haber reunido información personal sobre integrantes de una universidad pública nacional por el solo hecho de haber asistido al inicio los juicios de lesa humanidad”, afirmó el juez.

Servicios prestados

En otro tramo de su indagatoria, Coll contó que entre los documentos que le remitió a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, “se encontraban una serie de informes producidos por la Delegación Bahía Blanca en el marco de la investigación seguida contra Juan Ignacio Suris”.

Álvaro Coleffi, subrogando el mismo juzgado que Martínez, llegó a indagar al empresario y al arzobispo Guillermo Garlatti, en este caso por el encubrimiento del cura torturador Aldo Vara. Tiempo después, el secretario judicial fue perseguido en una causa por la filtración de escuchas del caso Suris y expulsado del Poder Judicial. Sin embargo, al llegar a juicio la Fiscalía desistió de la acusación por falta de pruebas. Así, las miradas se fijaron sobre el accionar de la Policía Bonaerense y los servicios de inteligencia.

Justamente por su actitud de defensa corporativa a las fuerzas policiales, Martínez –ahora fiscal federal designado por el macrismo- fue dos veces recusado en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de la cual recientemente se inhibió por “violencia moral”.

*Foto: Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

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Triple A: comenzarán los alegatos

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El 15 de marzo será el turno del alegato del fiscal Pablo Fermento en el juicio contra cuatro ex integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. También habrá audiencias los días 16 y 17.

Esta semana terminaron las testimoniales de la defensa de los imputados Raúl Roberto Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Juan Carlos Curzio.

El lunes declaró la tía política de Aceituno. La docente jubilada Élida Natol recién mencionó el parentezco ante la pregunta de la Fiscalía. Previamente había manifestado que lo conocía “de vista” de “la matiné de Ing. White” y del Club Comercial “por amigos comunes”.

Afirmó que en la década del 70 estudiaba ingeniería civil en la UNS y hacía trabajos esporádicos, uno de ellos como administrativa en la UOCRA.

Sostuvo que conoció a David “Watu” Cilleruelo “porque invitaba a reuniones” y que estaba en el edificio de Alem 1253 el día de su asesinato. Fue la única testigo que dijo que el tercero de los sicarios que acompañaban a Jorge Argibay y a su hijo Pablo era Roberto Sañudo y no su sobrino Aceituno.

Por otra parte, a pesar de las numerosas testimoniales que destacaron la ostentación de armas y la actitud amenazante de la banda en los ámbitos estudiantiles y sindicales, Natol aseguró que “no había ninguna presencia intimidatoria en la universidad”.

Ayer se presentó Silvana Flores, ex tesorera de un jardín de infantes con el que colaboró Osvaldo Pallero hace 25 años. La mujer aclaró que no tiene referencias sobre la vida del imputado en la década del 70 y que lo considera un “gran amigo, buen compañero, solidario”.

Por otra parte, el rectificador mecánico Carlos Balbuena pidió declarar porque considera que Juan Carlos Curzio debería ser enjuiciado por “ñoqui”. La línea defensiva no es novedosa, pretende sostener que Curzio fue contratado por la UNS “simplemente para cobrar un sueldo” y financiar su actividad como corredor de speedway.

Según el testigo, Curzio era concuñado del secretario de la Junta Nacional de Granos, Alberto de la Fuente, “quien le consiguió ayuda económica, entre ellas, creo que era sereno en calle Rondeau la primera cuadra. El Departamento de Agronomía lo manejaba la JNG pero pertenecía a la UNS. Yo sé que cobraba un sueldo en ese lugar para ayudarlo deportivamente. Fue cuando Ponce pasa a ser secretario de la CGT y después diputado”.

Balbuena fue afiliado del PJ y dijo que pertenecía “siempre a la izquierda”. “En mi facebook pueden ver que pongo cosas de política, cómo me visto, traje cosas para que vean, si no van a decir este vino disfrazado del Che Guevara. Amo al Che Guevara, leo al Che Guevara”. Mencionó que quince días atrás firmó “una planilla” en solidaridad con un grupo de jubilados que se manifestaba en Córdoba.

La abogada Mónica Fernández Avello le marcó la contradicción entre el “ñoqui” que “levantaba quiniela” para vivir y el corredor exitoso que ganaba de a millones. “El deporte es caro y él viajaba a Europa, a Australia… Fue en 76, 77, antes tenía que juntar la plata, él vivía de eso”, respondió.

Contó que su padre militaba en el Partido Comunista y tenía un taller mecánico. Allí conoció en su infancia a Curzio. Dijo que la Triple A “perseguía a los comunistas” y que “no cree” que el corredor la haya integrado. “Nunca supe de una afiliación política de él. Por ahí me carga y me dice zurdito”.

Balbuena dijo que era un “infiltrado” en el SMATA: “A los de izquierda no nos querían pero uno estaba ahí” y cuando hacían huelgas “la patota nos patoteaba”. Consultado por los integrantes de la banda aseguró que “los más famosos que estaban con Ponce son los Argibay, padre e hijo, despues se nombraba, me acuerdo porque fui amigo de él, un Chisu”. Sostuvo que “la fiambrera la manejaba gente de los Bustos” y aseguró que una vez vio bajarse de un Torino en pleno centro al corredor Juan Carlos Belongini armado con una itaka.

Afirmó además que tuvo “un amigo montonero” al que identificó como Chiche Ruiz Vera y respondió que la línea interna de los Bustos en el peronismo “era opuesta a la de Ponce”. El secretario de la CGT estaba “muy a la derecha” y los hermanos Bustos “a la izquierda”.

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“No es creíble que no hayan conocido lo que fue la patota de la Triple A”

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“Parece muy poco creíble que alguien de la edad de estos dirigentes no haya conocido lo que fue la patota de Triple A, la patota en la UNS encabezada por Remus Tetu, el accionar de Ponce al frente de la CGT. Es imposible no conocer que el accionar de la patota de Tripla A constituye un eslabón y antecedente inmediato e insoslayable de lo que fue el andamiaje represivo de la dictadura a partir del 24 de marzo”, dijo Walter Larrea a FM De la Calle.

El concejal se refirió así a las declaraciones de Mario Simón y Hugo Álvarez, presidente y vice del PJ, en el juicio contra cuatro ex miembros de la banda. Los dirigentes fueron convocados por la defensa de Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero y aseguraron que no conocieron la existencia de la Triple A en la década del 70 ni la conocen en la actualidad.

Larrea afirmó que los dichos le provocaron “desazón y rechazo” y agregó que “la Triple A no fue una banda de forajidos que tenía una conducta criminal, fue una banda parapolicial financiada desde el Ministerio de Bienestar Social que comandaba López Rega y que acá tuvo su expresión. Espero y confío que este juicio arroje las sentencias que esperamos en cuanto a probar la participación en la asociación ilícita y del crimen de Watu”.

“Los juicios son importantes pero tienen que servir como disparadores del debate y la discusión pública de este período tan nefasto de la historia. Que a un tipo de 70 y pico de años le den cadena perpetua está bien pero que esto sirva para la cultura de la no repetición, la sanción del crimen tiene que generar que el cuerpo social asuma que esto ha sido una mancha, un accionar delictivo que afectó a las víctimas y al conjunto social”.

El abogado recordó a otros testigos “desmemoriados” que han declarado en las causas: “Un ex concejal de la UCR, luego delegado de Cerri, Alberto Sangre, cuando se le consultó porque él estaba haciendo la conscripción prácticamente salió con una exculpación de las autoridades y efectivos del ejército. EL dr. (Carlos) Massolo cuando cuando fue a declarar, eran colegas, dijo que no le constaba las torturas de Benamo. A lo mejor no le consta porque no las vio presencialmente pero esto va más allá de ser testigo directo, es expresar una postura política sobre el accionar del terrorismo de Estado”.

“Es un debate que nos falta, hay reticencia a revisar algunas conductas que han tenido a quienes nos han antecedido en la dirigencia sindical. Cuando la basura se guarda debajo de la alfombra, capaz que no se ve, pero después empieza a echar olor”, sentenció Larrea.

Mencionó que “Argentina, por una decisión de política de Estado que recoge la lucha de los organismos, decidió enfrentar este pasado, ahora hay que trasladar este debate a la sociedad, esto nos va a permitir construir una sociedad más vivible”.

Consultado respecto a si las declaraciones del PJ habían sido analizadas en el espacio del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, aseguró que “en general es una postura del bloque, lo que no estoy al tanto es qué va a asumir la estructura del Partido Justicialista”.

Las declaraciones

El presidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, Adalberto Mario Simón, declaró en defensa de Héctor Ángel Forcelli, uno de los cuatro ex integrantes de la Triple A juzgados por crímenes de lesa humanidad.

Afirmó que sabía «muy poco» sobre la actuación de la banda parapolicial que cometió decenas de homicidios de militantes políticos y que atemorizaba a la población patrullando la ciudad y haciendo ostentación de armas en ámbitos sindicales y universitarios.

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ABSA tiene hasta mañana para presentar un plan de contingencia

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La abogada Sandra Vulich explicó en FM De la Calle los alcances del amparo colectivo en el marco del cual la justicia ordenó a ABSA “presente de manera urgente un plan de contingencia, con un protocolo para actuar con celeridad para los días que hay problemas con el agua. Tiene que aportarlo dentro de las próximas 48 horas..

El fallo de la titular del Juzgado Civil y Comercial N°2, María Selva Fortunato, aceptó la queja de vecinos y vecinas autoconvocades de barrios afectados por la falta de agua.

La magistrada suspendió el cobro del componente de agua potable en la facturas desde el 1 de enero y se brinde información a la población sobre los surgentes disponibles.

La abogada destacó que ABSA tiene que “disponer de recursos humanos y materiales que se necesiten para abastecer el servicio para que el vecino únicamente les abra la puerta de la casa. La jueza entiende que el personal tiene que estar capacitado para ese tipo de contingencia”.

La jueza estableció que la empresa tendrá que responder a los pedidos de agua en cuatro horas a partir del reclamo. Si incumple se aplicará una escala de multas diarias.

Vulich agregó que “se intima a la Autoridad del Agua para que informe la ubicación de surgentes de la ciudad, ya que hubo denuncias de vecinos donde manifestaban que los no están identificados o no están funcionando como corresponde. La titular del ADA se refirió a actos de vandalismo, esto es de larga data y deberían haber encontrado una solución”.

En relación a la facturación se resolvió que “la ADA amplíe el listado de barrios afectados. La bonificación se va a ver reflejada en los vencimientos de abril, mayo y junio”, señaló la letrada y agregó que será hasta tanto la magistrada lo disponga dentro del expediente.

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