#Es ley: “Tenemos derecho a jugar y a contarlo”

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¿Para qué sirve el cuerpo de las mujeres? ¿Sólo para procrear y ser cuidadoras? ¿Para el goce sexual y visual de los hombres? ¿Para vender productos y fantasías? No y no. Con sus cuerpos mujeres, jóvenes y niñas pueden (y deben) jugar, correr, abrazar, entrenar, transpirar, relatar historias y aventuras.

Negar el derecho a abortos legales, seguros y gratuitos era persistir en el mandato que el cuerpo a la mujer no le pertenece. Era continuar ese concepto de que un cuerpo gestante es de la sociedad y el sistema capitalista que lo utilizan para reproducirse y multiplicar desigualdades e injusticias.

Y fue así como el mundo del deporte fue alejado durante décadas del alcance de mujeres y disidencias con deseos y habilidades para ser protagonistas tanto en el juego, entrenamientos y competencias, como en planos dirigenciales, arbitrales o en diversas profesiones en torno a ámbitos deportivos.

Camila Recalde es periodista deportiva y comunicadora feminista. Ella fue parte de la transmisión especial de FM De la Calle en la jornada histórica en la que se debatió y aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el último 29 de diciembre en Plaza Rivadavia. Con ella conversamos sobre los derechos y desafíos que se amplían desde ahora.

“Debatir esta ley, es hacer explícito el derecho que tenemos para decidir sobre nuestros cuerpos. Que nuestras voces sean escuchadas y nuestros deseos respetados. En el deporte se hace muy notoria la falta de pluralidad de voces de género y disidencias. En Bahía Blanca somos solo dos las mujeres que hacemos periodismo deportivo en radio. Junto a Fabiola Natalio, durante mucho tiempo trabajamos y nos formamos para estar a la altura de cualquier tarea relacionada a esta profesión. Sabemos que hay muchas mujeres capaces de ser parte de coberturas y transmisiones deportivas y no son convocadas para estar frente a la cámara y a los micrófonos. Hay mucho potencial acá, pero permanece esa mirada patriarcal sobre qué podemos o no hacer”, explicó Recalde.

Por deporte… y deseo

Jugar, entrenar, competir y ser protagonista del deporte es un poder más construido desde los feminismos. Animarse a sentir en los cuerpos todas esas sensaciones que fueron negadas durante décadas era impostergable. Sin embargo, el periodismo deportivo avanza muy lento hacia una perspectiva de comunicación más democrática.

“Es muy difícil hablar de perspectiva de género en la comunicación cuando las mujeres y disidencias no estamos en los medios, cuando nuestras voces no son escuchadas para contar lo que nos pasa o sucede alrededor. Surgen varios problemas allí, sobre todo en el modelo de medios hegemónicos, que nos guste o no, es más masivos. En esos espacios sigue existiendo discriminación y violencias. Creo que con diálogo, capacitaciones y ejemplos de trabajo cotidiano podremos construir otra comunicación más inclusiva”, aseguró la periodista.

Y fue más allá: “Busqué relacionar aborto y deporte en noticias o crónicas publicadas y de eso no se habla. Hay algunas periodistas o deportistas que se proclaman a favor de ley IVE, pero enseguida salta la implicancia de hacer actividad física con los riesgos de abortar. Y ahí otra vez aparece la estigmatización y la desinformación”.

Nos fue censurado el deporte, como palabra y ejercicio. Y se nos había negado transitar las experiencias corporales que a su vez, nos enseñaban a tener conciencia de nuestros derechos para decidir cómo nos queremos ver y qué queremos para nosotres. Hoy la deconstrucción que muchas realidades reflejan está pariendo nuevas oportunidades, merecidas conquistas y necesarias transformaciones en tal sentido.

Camila, integrante además de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, fue contundente: “Ojalá el periodismo deportivo pueda estar a la altura, y sus masculinidades (algunas lamentables cómplices de violencias que se perpetúan) tengan la voluntad y sabiduría para revisar sus privilegios y correrse del centro de la cancha. Tenemos derecho a jugar y a contarlo. Podemos discutir sobre fútbol o cualquier deporte, estamos capacitadas para ocupar cualquier rol profesional: relatar, comentar, entrevistar, y además pensamos estrategias deportivas como política de cuidado e inserción social y laboral”.

Camila Recalde y Fabiola Natalio. Foto: Ayelen Angerami.

Nos mueve el deseo amoroso que condena la clandestinidad y el individualismo. Queremos libertad y salud para todas las personas gestantes. Para que puedan gestar sueños, proyectos, dudas y revoluciones, además de embriones. Gestar la vida que deseen vivir. Con cicatrices y triunfos elegidos. Como derecho conquistado y destino merecido.

Y no podríamos expresarlo mejor que Tamara, militante de Las Martas Fútbol feminista888… “En el jugar hay una potencia hermosa y en el juego colectivo esa potencia se vuelve infinita. Si le agregamos jugar a algo donde se suponía que no debíamos estar nosotras, si le agregamos que nuestros cuerpos ocupen (desde el deseo y el placer) espacios pensados sólo para hombres, la combinación conlleva una irreverencia imparable. El fútbol jugado por mujeres es fútbol feminista y eso es revolucionario. (…) Que las canchas y la vida toda, sean nuestras”.

Que la comunicación y el periodismo… también.

888 Declaración publicada en el libro Feminismo para Jóvenas, editorial Chirimbote.

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El Presidente promulgará la ley de aborto

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Será este jueves en un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. La ley amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

Entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladoras/es y funcionaries.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por la cámara alta el 30 de diciembre pasado, con 39 votos favorables y 29 en contra.

En el acto, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado.

Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.

Ahora, las mujeres podrán un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

La IVE tiene como eje central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en los servicios del sistema de salud “en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”.

Fuente: Télam.

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#EsLey: en América Latina continúa la lucha feminista, anticapitalista y anticolonial

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A pocas horas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el pasado 29 de diciembre, las noticias internacionales llegadas del otro lado del mundo anunciaban que Corea del Sur se sumaba a la lista de los países que legalizan el aborto hasta la semana catorce del embarazo.

Dos pequeños, pero importantes, pasos que parecen indicar que los países del Sur caminan en dirección a disminuir la gran brecha con los países de Norte en la garantía del derecho a decidir sobre los cuerpos. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar.

Como muestran los mapas que circularon en las últimas semanas, mientras la mayoría de los países llamados ‘desarrollados’ contemplan hace años el derecho al aborto, el panorama no es tan favorable en las regiones ‘subdesarrolladas’ o dependientes. En América Latina y el Caribe, se calcula que más del 90% de las personas gestantes en edad fértil están prohibidas de realizar prácticas voluntarias de interrupción del embarazo y, según la CEPAL, se estima que las cifras de muertes por abortos clandestinos superan los cinco mil óbitos anuales. Entre los pocos países que ya garantizan este derecho en la región están Cuba (1965), Guyana (1995) y Uruguay (2013), y el Distrito Federal (2007) y el estado de Oaxaca (2019) en México.

Aunque, como sucedía en Argentina antes de la reciente sanción, existen diversidad de normativas algunas de las cuales permiten el aborto dentro de una serie de supuestos como violación, riesgo de la madre y/o malformación del feto, el problema de acceso a la salud y educación público, y la desinformación se amarra a las graves desigualdades de clase, género y raza que impide la garantía de estas mínimas excepciones en la región. Ese es el caso de Chile, Colombia y Brasil, donde la inestabilidad política y el fuerte peso de las derechas católicas son un nítido obstáculo al avance de la democracia. Entre los países más restrictivos, podemos mencionar El Salvador, Haití y Honduras, donde la prohibición del aborto bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual. 

Para Claudia Korol, comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, la sanción de la ley avanza en la conciencia antipatriarcal de la sociedad no sólo en Argentina, sino que estimula las luchas en el resto de Abya Yala – el continente americano- por el derechos a decir sobre nuestras vidas, modos de estar y de decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. La lucha por la interrupción voluntaria del embarazo evidencia el crecimiento del poder feminista y “da más fuerza para seguir organizándonos contra las violencias con las cuales pretenden reglamentarnos”; sin embargo, advierte Claudia, una ley no garantiza en sí mismo el derecho y hay que continuar organizadas para que se reglamente en las provincias.  “Esperamos que salgamos más organizadas y, a partir de eso, construir desde abajo, desde el pie, desde la raíz, más fuerza para seguir la lucha antipatriarcal, feminista, anticapitalista y anticolonial”, dijo Claudia Korol en conversación con FM de la Calle en la previa a la sanción de la ley.

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La madre de Celina Paredes pidió a las mujeres no callarse más

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Esperanza Valdiviezo encabezó este miércoles la movilización en Mayor Buratovich para reclamar justicia por su hija Celina Yésica Paredes, productora de cebollas del MTE Rural, quien a los 21 años y siendo madre de dos hijos fue víctima de un femicidio por parte de su pareja, Juan Torrejón Huallpa.

  La mamá de la joven retribuyó el acompañamiento de más de mil personas de esa localidad y otras ciudades de la región: “les agradezco que me hayan acompañado. Pensé que iba a pasar este momento sola pero estoy acompañada por todos ustedes. Sé que mi hija no va a volver y esto no tiene que pasarle a ninguna familia más. A las mujeres que sufren violencia, les pido que no se queden calladas, no tengan miedo, y hablen”.

 En ese marco, Laura Vázquez, referenta del MTE Rural en Mayor Buratovich, expresó que “la respuesta de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad para pedir justicia fue impresionante. Fue una movilización grandísima que salió casi sin organización. Todos sentimos la necesidad de salir a reclamar y pedir justicia”.

 “Queremos que este femicidio no quede impune como muchas veces ocurre por culpa de la justicia machista y patriarcal”, planteó la militante del MTE y agregó que “exigimos al Estado acompañamiento para la familia de Celina”.

 Asimismo, Vázquez señaló la necesidad de que se construyan “políticas públicas para erradicar la violencia machista y que se generen equipos interdisciplinarios para que las compañeras puedan expresar lo que viven y tengan el acompañamiento que necesitan para salir de esas situaciones”.

 El de Celina es el tercer femicidio en lo que va del 2021, mientras que el año pasado fueron asesinadas 298 mujeres por razones de género: un femicidio cada 29 horas, de los cuales el 65,5% fueron ocasionados por las parejas y las ex parejas en el ámbito familiar, según datos del Observatorio Ahora Que Si Nos Ven. Estos números escalofriantes  también  golpean con fuerza a las mujeres y diversidades del campo y demuestran la desigualdad y el poder de la cultura machista que todavía sigue gobernando en nuestros territorios.

Fuente: MTE Rural

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Femicidio en Buratovich

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Un femicidio sacude a la localidad de Mayor Buratovich, se trata de Celina Yésica Paredes de 21 años, quién fuera asesinada por su pareja Juan Torrejón Huallpa.

Paredes era madre de una niña de dos y un niño de cuatro años, quienes estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos. La comunidad se congregó en una movilización para pedir justicia por Celina.

La joven era oriunda de La Plata y hacia tres meses que estaba radicada en la localidad del Partido de Villarino, donde había llegado para trabajar en la cosecha de cebolla. Integraba el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Laura, compañera del MTE y amiga de la familia, señaló a FM De la Calle que “la mamá de Celina se enteró que había muerto por las redes, llegó esta mañana y no pudo verla. Celina era buena, pegada a los hijos, muy tranquila, no te daba indicios de que estaba sufriendo violencia de género”. Por otro lado, mencionó que los hijos se quedarán al cuidado del padre de la víctima.

Señaló que Martínez se encuentra detenido aunque no tiene denuncias previas realizadas por Celina.

“Burato es muy chiquito, de 10 mil habitantes, la noticia nos cayó como un balde agua fría. Como movimiento también venimos trabajando el área de género como para tener en claro que las mujeres rurales también sufren violencia, encontrándonos desamparadas, sin saber qué hacer”, comentó Laura.

Desde el MTE expresaron que “necesitamos equipos de abordaje y acompañamiento para situaciones de violencia en nuestros territorios, en articulación con organizaciones sociales, campesinas e indígenas”.

Tres femicidios en los primeros cinco días del 2021

El sábado una mujer de 63 años fue asesinada en su casa de la localidad bonaerense de Grand Bourg. Por el femicidio detuvieron a su hermano mayor.

En Sierra de los Padres, en un paseo comercial, una comerciante de 41 años fue asesinada de un balazo en el cuello por un hombre que trabajaba en ese lugar y que le recriminó a la víctima que lo acusara de un supuesto abuso previo.

Por su parte, el Observatorio de Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” dio a conocer las cifras finales sobre femicidios de 2020, las cuales arrojaron un total de 298 casos, es decir, uno cada 29 horas.

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Encuentro de querellantes y víctimas del espionaje político en la provincia

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Más de 60 referentes de organizaciones sociales y políticas, militantes de organismos de derechos humanos y sindicatos, familiares de víctimas de la violencia policial, docentes y estudiantes, participaron de un primer encuentro organizado por la Comisión por la Memoria (CPM) con el objetivo de informar sobre el estado de las causas que tramitan en los tribunales federales de Dolores, Lomas de Zamora, La Plata y Comodoro Py, en las que se que investigan las acciones de espionaje ilegal desplegadas entre 2016 y 2019 por el gobierno de Cambiemos.

Quienes participaron, entre ellas/os un representante de FM De la Calle, forman parte de las querellas o fueron víctimas principales del espionaje realizado en estos años.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, inauguró el debate explicando que el objetivo principal del espacio era “compartir información para poder reflexionar sobre la trascendencia de la inteligencia ilegal y el espionaje político e ideológico en la Argentina, visibilizarlo y fundamentalmente dejar de naturalizarlo. La CPM tiene una expertiz sobre estos temas, ya que desde su fundación le fue conferida la custodia del archivo de inteligencia de la ex DIPPBA”.

La experiencia de la CPM en el trabajo de investigación y peritaje de documentos de lo que fuera la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la ubican como un actor clave para reflexionar en torno a las rupturas y continuidades de las prácticas de inteligencia ilegal en tiempos de dictadura y democracia, y proponer acciones concretas para definir políticas de Estado.

Por su parte, Sandra Raggio, directora general de la CPM, precisó que “la política debe comprometerse con la erradicación de la inteligencia ilegal, ya que no se trata de algo que haya quedado en la opacidad de los pliegues del estado represivo sino que, por el contrario, es una trama muy compleja que llega hasta nuestros días y constituye una de las vulnerabilidades de nuestra democracia”.

En el mismo sentido se expresó Víctor Mendibil, integrante de la CPM: “La democracia no ha resuelto muchas de las demandas que tiene nuestro pueblo y una de ellas son las acciones de espionaje ilegal que tienen el objetivo de perseguir, espiar y disciplinar al conjunto de la sociedad que resiste”.

Estas acciones de espionaje que investiga la justicia y cuyo blanco fueron centralmente personas que militan en organizaciones del campo popular, comenzaron a consumarse en decisiones políticas tomadas inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2015. A partir de ese momento volvieron las reservas sobre la identidad de los agentes de inteligencia y se repusieron los gastos reservados: el crecimiento del presupuesto de inteligencia entre 2016 y 2019 llegó a los 8 mil millones de pesos, de los cuales más del 90% fueron gastos reservados, imprescindibles parea el despliegue de acciones ilegales.

Luego, Federico Schmeigel, director del Programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal de la CPM, expuso con detalle las características de esta red de espionaje que investiga la justicia en la que aparecen trabajando de manera articulada los referentes políticos de la AFI con ex comisarios de la policía bonaerense o agentes de la misma fuerza y el SPB. “Las bases creadas por el gobierno de Cambiemos en los puntos calientes del conurbano empezaron a funcionar de manera secreta entre 2016 y 2018. Aunque su objetivo formal era la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, las investigaciones muestran que su motor real era el espionaje social y político”.

Por estos hechos, el juzgado federal de Dolores acaba de dictar el procesamiento de 11 ex funcionarios y agentes de la AFI acusados de formar parte de una red de inteligencia ilegal en el AMBA durante los años 2017 y 2018. La prueba acumulada en la causa y los hechos acreditados revelan la gravosa magnitud del sistema de vigilancia política implementado durante la gestión CAMBIEMOS, con rémoras de viejas prácticas autoritarias. Las tareas de inteligencia ilegal alcanzaron a centenares de militantes opositores y de diversas extracciones políticas. Asimismo, se produjeron infiltraciones en partidos políticos, cooperativas, organizaciones sociales y  gremios.

Durante más de dos horas participaron del debate referentes de estas organizaciones espiados y abogados querellantes en las diferentes causas. Gabriela Troiano, diputada nacional mandato cumplido por el Partido Socialista, agradeció a la CPM por el espacio y la iniciativa de llevar adelante las acciones necesarias, y manifestó: “Esto es algo que no podemos dejar pasar, somos responsable de hacer las cosas que hagan falta para vivir en una democracia, y para eso tenemos que hacer cumplir sus principios básicos: el espionaje ilegal no está dentro de estas premisas, pertenecen a una etapa oscura de nuestra historia”.

Por su parte, Guillermo Torremare, abogado y presidente de la APDH Nacional, habló también como querellante en una de las causas. Desde ese lugar explicó que “lo que resulta novedoso en este caso es la magnitud y la línea de responsabilidad política en los acciones de inteligencia que se advierte en la investigación judicial y que están diseñados para orquestar una represión hacia sectores opositores o enemigos”.

El juez Alejo Ramos Padilla llama la atención sobre el impacto que estas acciones de espionaje han tenido sobre la educación. Son numerosos los casos de trabajadores de la educación y estudiantes espiados y perseguidos. Muchos de ellos estuvieron hoy presentes en el encuentro y como contracara de estas acciones represivas reivindicaron su derechos a la organización y la protestas por los derechos.

En este sentido, Sergio Zaninelli de ADUNS señaló que “cualquier gobierno que espía a los sindicatos por lo hacen en defensa de sus representados, nos espía porque somos un peligro para quienes nos gobiernan”. En este punto también resultó conmovedor el testimonio de Clara, joven de Moreno que tenías 16 años y era estudiante secundaria cuando fue espiada en 2016 por sus actividades políticas. Clara participaba del programa Jóvenes y memoria de la CPM y militaba en la JP Cámpora de su localidad.

Quienes participaron del encuentro coincidieron en reforzar la línea de investigación iniciada por los juzgados de Dolores y lomas de Zamora y permanecer en alerta ante posibles acciones que pretendan derivar estas causas hacía los tribunales de Comodoro Py con el objetivo de frenarlas y garantizar impunidad para quienes diseñaron e implementaron este plan de espionaje ilegal.

También hicieron uso de la palabra la Secretaria Adjunta de SUTEBA Maria Laura Torres, el Secretario de DDHH de la  Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Mariano Fernandez, y el Secretario de DDHH de la CTA Autónoma y ATE provincia, Emiliano Huevarillo. A ellos se sumaron representantes del CEPRODH y otras organizaciones presentes. Asimismo participaron la concejal platense Victoria Tolosa Paz y la consejera escolar de Mar del Plata, Eva Fernández.

Por otro lado, se remarcó la necesidad de hacer visible estos hechos ante la opinión pública y alertar a la sociedad, desde todas las organizaciones, sobre la gravedad que tienen para la vida institucional de la democracia. En este punto, desde la CPM se anunció la realización de un encuentro sobre democracia e inteligencia para el año próximo y la coordinación de una serie de acciones tendientes a generar mecanismos institucionales de control adecuados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: CPM.

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Violencia en el Concejo: condenaron a Ricardo Pera

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El ex concejal del Frente Renovador, Ricardo Pera, fue condenado esta semana a un año y diez meses de prisión de ejecución condicional por agredir a dos de sus pares en el recinto del Concejo Deliberante.

Los hechos, de los cuales resultaron víctimas Sergio Massarella y Gustavo Mandará, ocurrieron durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 2015. Fueron calificados como lesiones leves y amenazas.

El titular del Juzgado Correccional N°1, Gabriel Giuliani, determinó que el secretario general de la UTA deberá realizar “un tratamiento sicológico para abordar la problemática que subyace del hecho por el cual fuera condenado, previo dictamen que efectúe la Asesoría Pericial Departamental”. Por otro lado, el ex edil no podrá “entablar contacto por cualquier medio con las víctimas”.

El juez tuvo por probado que Pera amenazó de muerte a Massarella manifestando “a vos también te voy a matar, sos un hijo de mil puta te voy a matar” e inmediatamente le propinó un golpe con la cabeza en el rostro. Luego pateó a Mandará.

El fallo destaca el temor de Massarella “por la forma y la virulencia esgrimida por Pera”. “Sintió que estaba ante una persona capaz de hacer cualquier cosa. Dijo que desde ese día tuvo y tiene miedo. Sintió miedo por sus hijos, porque no sabía cómo iba a continuar la situación, de hecho pidió custodia para sus hijos. Dijo que a los pocos meses que sucedió el hecho, le prendieron fuego una casa que tenía en Monte Hermoso. (…) También dijo que todo se desarrolló en un contexto, y que como antecedente habían sucedido una serie de actos violentos que habían tenido como centro de la escena al agresor”.

Giuliani tomó como agravantes la condición de funcionario público de Pera y que los hechos haya ocurrido en el recinto del Concejo Deliberante. “Es sabido que se debe guardar el respeto por la opinión contraria y ello es propio del sistema republicano de gobierno”, afirmó el fiscal Marcelo Romero Jardín durante el debate.

El representante del Ministerio Público había solicitado una pena de dos años de prisión en suspenso por ser la primera condena y el defensor, Sebastián Martínez, la absolución.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor es investigado por la justicia en otra causa iniciada a partir de una denuncia realizada por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

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El aborto es legal en Argentina. Y ahora, ¿quién nos para?

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(Por Analé Barrera – Tramas Boletín) El aborto es legal en Argentina.

Lo digo para adentro, lo digo en voz alta. Una y otra vez.

Se lo digo a mi hija de tres años ni bien se despierta, como se lo dije en una canción de cuna improvisada con la media sanción en 2018.  

Lo hicimos.

Ahora vos y tus amigas no van a tener que pasar por el dolor de clandestinidad.

Ellas escucharán los discursos en el Congreso y les resultarán increíbles, de otro mundo; como cuando nosotrxs escuchamos los planteos de quienes se oponían al voto femenino.

Las imagino fuertes y diversas, luchando por demandas nuevas. Rebeldes, libres, sonriendo.

El aborto es legal en la Argentina.

Detrás de esta conquista hay una larga historia de lucha en las calles y también dentro de las organizaciones, en los lugares de trabajo, de estudio y hasta en la mesa familiar. Están los encuentros, las campañas, las marchas, los pañuelos verdes, los brillos, los cantos… y también las peleas menos estridentes, del día a día. Las pibas que hacen una vaquita o buscan unx médicx que se juegue a recetar para acompañar a una amiga, las trabajadoras de la salud que peleaban porque se cumpliera con la ILE por causales (reconocidas en el Código Penal de 1921), las docentes que escucharon, las socorristas, las compañeras, las madres, tías, abuelas y hermanas que sostuvieron la mano.

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Manifestación del 8 de marzo de 1984. Fuente: El Cohete a la Luna.

El aborto, ¿es “cosa de mujeres”?

Cuando esos diputados y senadores “viejos chotos” (no hablo en términos de edad, sino de una categoría política; pensemos si no las emocionantes palabras de Pino Solanas en 2018) nos dicen qué tenemos que hacer y cómo… nos empieza a subir la bronca. ¿Cómo se atreven a forzar a mujeres ¡a niñas! a llevar un embarazo? Ahí decimos, sin vueltas: no tenés útero, no opines. Callate de una vez, Raúl.

Sin embargo, la identificación de la demanda por el aborto legal como tema únicamente de quienes podemos gestar, supone un reduccionismo si queremos hablar de qué estructuras sostienen la organización de la sociedad y cómo hacemos para cambiarlas.

Al recorrer la historia de las luchas feministas, vemos que desde el movimiento obrero y partidos de izquierda, con vocación de representar intereses de la clase trabajadora… se ha reforzado el planteo del aborto, entre otras demandas, como una cuestión privada, como “tema femenino” y, como tal, posible de tirar para más adelante, cuando se pueda, cuando no genere inconvenientes hacia adentro, en las alianzas…

En este sentido, el aborto legal no es (sólo) “cosa de mujeres”. Y debe ser un eje programático de cualquier movimiento que se proponga la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La noción fundamental de que las mujeres y personas con capacidad de gestar tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos remite a la autonomía personal, claro, pero también es esencialmente una cuestión social.

En la demanda del aborto legal se juega algo más.

Los sectores fundamentalistas que hablan de la “ideología de género” acá y en el mundo así lo entienden: creen que el aborto legal es la punta de lanza para otras transformaciones que destruirán a la sociedad y blablablá.

Y acá bien vale decirles: ojalá que se destruya la sociedad desigual que pregonan, así como sus discursos de odio misógino, homolesbofóbico, transfóbico, racista, xenófobo, aporofóbico. (Disculpen si sueno un poco beligerante. Pero con estos sectores que ponen porotos en todos los casilleros de la opresión, no hay coreadelcentrismo posible).

El aborto legal es entonces, en principio, “cosa de mujeres” (y de las personas con capacidad de gestar). Pero tiene implicancias que van mucho más allá.

Recuerdo la primera marcha de Ni una menos. ¿Qué tiene que ver el aborto con los femicidios? se escuchaba por ahí , en la que creo que fue la marcha más grande en la que participé en Tandil, ciudad donde viví 12 años. ¿Que qué tiene que ver? Todo. Y también con la brecha salarial de género, con la precarización, con los pisos pegajosos y el techo de cristal. Tiene que ver con el miedo a caminar solas por la calle, el tener que juntar la mesa mientras los varones de la casa se rascan, el dejar proyectos propios por cuidar a lxs hermanxs menores, hijxs, enfermxs y ancianxs…

La legalización del aborto viene a, por lo menos, horadar el mito que asocia “lo femenino” y lo natural, lo intuitivo, lo maternal y que nos confina al ámbito de lo privado y de la reproducción; legitimando así la desigualdad y las violencias de género que sufrimos en los distintos ámbitos de la vida.

Esta conquista hace que las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda. Porque en la base de la negación de nuestros derechos y de las violencias que vivimos, está la idea de que tenemos una calidad inferior; de que somos accesorias, definidas en relación a los varones. Otras.

Ahora podremos dejar de ser vistas como vasijas vacías y reclamar nuestra condición de personas. Tan básico y radical como eso.

Entonces… ¿Por qué decimos que la consigna (¡y la conquista!) del aborto legal nos lleva a otras?

Porque esta lucha ilumina el hecho de que si bien el mandato de la maternidad pesa sobre las mujeres en general, no todas lo vivimos de la misma manera. Asumir una mirada interseccional implica así saber que hay vivencias que nos unen como mujeres pero que no hay una esencia biológica o abstracta ahí: las decisiones sobre maternar o no se dan en situaciones concretas, cruzadas por opresiones de género así como de clase y raza.

Porque expone estereotipos de género y nos da herramientas para romperlos. En este proceso, el aborto legal es coherente y confluye, entre otras, con las demandas por generar condiciones para garantizar y proveer los cuidados implicados en la crianza y educación de les niñes… Para que no caigan mayoritariamente sobre nosotras y se distribuyan de forma equitativa entre mujeres y varones y, también, entre hogares, comunidad, Estado.

Porque la experiencia de lucha nos da perspectiva y organización para ir por más.

Levantemos la copa y el puño

Este nuevo derecho nos deja el invaluable aprendizaje de que luchar, sirve.

(Así lo demostraron también anoche lxs trabajadorxs de la huelga aceitera, que después de tres semanas le ganaron la pulseada a la angurria clasista de las agroexportadoras. Vaya nuestro saludo para ellxs).

Mañana brindemos y dejémonos arropar por esta alegría conquistada, que tanto necesitábamos. Que la noticia les dé más fuerzas a las compañeras que luchan en todos los países del mundo en los que el aborto aún es clandestino. Como nos gusta cantar a los gritos: ¡… se cuidan, se cuidan los machistas; América Latina va a ser toda feminista!

La cosa no termina acá: queremos una vida no sólo menos dolorosa, sino también más justa y feliz.

Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Y ahora… ¿quién nos para?

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Es ley

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Con 38 votos a favor y 29 en contra el Senado convirtió en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hubo una abstención y cuatro ausencias. También se aprobó el Plan de los 1000 días para el acompañamiento a las maternidades deseadas.

La votación llegó a las 4:12, luego de doce horas de debate que fueron seguidas con vigilias frente al Congreso y en muchas ciudades del país. En Bahía Blanca el encuentro fue en Plaza Rivadavia desde donde FM De la Calle realizó una transmisión especial de la histórica sesión.

Con el correr de las horas se conocieron las posturas de las senadoras y los senadores que aun no las habían explicitado y fueron los que permitieron revertir el resultado negativo del debate del 2018 cuando el proyecto fue rechazado por 38 votos contra 31.

El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar un veto parcial de dos artículos para sumar, entre otros, el voto del ex gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck. El cambio implicará una mirada más restrictiva para la realización del aborto luego de la semana 14.

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Ratifican a la jueza Marrón en la causa de Facundo

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El camarista Pablo Candisano Mera ratificó a la jueza Gabriela Marrón al frente de la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

Para el magistrado las querellas encabezadas por Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria “no han logrado demostrar la existencia de elementos que abonen a la afectación de la garantía constitucional invocada”, es decir, el temor de parcialidad.

La causa continúa con apelaciones pendientes en la Cámara Federal bahiense y con la producción de medidas de prueba. Las querellas recurrirán nuevamente la resolución contra el apartamiento de Marrón y la denunciarán ante el Consejo de la Magistratura.

Defensa corporativa de la Bonaerense

Mediante sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la madre del joven de Pedro Luro cuestionó a la jueza por denegarles medidas de prueba orientadas a dilucidar la responsabilidad de la Policía Bonaerense en los hechos.

Se le reprochó a la titular del Juzgado Federal N°2 hacer “una defensa corporativa” de la fuerza de seguridad y reclamaron revisar el comportamiento de los efectivos en el marco de las infracciones por violación al aislamiento obligatorio.

La querella denunció que la Bonaerense actuó de manera discrecional, sin control judicial y con criterio de selectividad -apuntando a personas humildes y migrantes– y abusando de la fuerza física.

De hecho, Facundo fue interceptado en Mayor Buratovich y en Teniente Origone y no hubo consulta a la propia jueza Marrón ni al fiscal Ulpiano Martínez -ambos de turno-, ni lo trasladaron a su domicilio.

Por otra parte, la querella planteó una queja por las sospechas de Marrón sobre la propia Cristina Castro, su orden de investigar al perito Marcos Herrero y la denuncia contra uno de los abogados de la familia.

Al rechazar su recusación, Marrón advirtió “una deformación del instituto utilizado para apartar al juez natural de la causa, tergiversando el alcance y contenido de reglas básicas del debido proceso, de los derechos de las víctimas, las garantías constitucionales, la validez probatoria, descontextualizando las circunstancias y los hechos de la causa”.

Candisano Mera afirmó que “el temor de parcialidad en el juzgador, aun cuando no esté incluida expresamente en el catálogo de motivos o causales de apartamiento de magistrados reglados en el art. 55 del CPPN, resulta una causal válida de recusación”.

“Sin embargo, los supuestos de recusación no deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa”.

El camarista sostuvo que “la Corte Suprema ha sostenido la improcedencia de la recusación de los jueces fundada solamente en su intervención oportuna en un proceso, en el marco de sus propias funciones”.

“No compartir el criterio utilizado por quien decide, sólo habilita al presentante a deducir los recursos pertinentes pero carece de entidad como supuesto objetivo capaz de generar un ‘temor de parcialidad’ que justifique su recusación”.

Candisano Mera manifestó que “más allá del acierto o no de aquellas decisiones y de la terminología utilizada, en razón de tratarse de una resolución dictada en cumplimiento de una obligación constitucional, sobre los puntos sometidos a su consideración, habilitada y fundada, descalifica de plano la alegada parcialidad, por no verificarse sospechas objetivamente justificadas que permitan afirmar –fundadamente– que la magistrada no utiliza como criterio de juicio el previsto por la ley”.

Por último, aclaró que aún están pendiente de resolución las apelaciones a muchas de las medidas tomadas por la jueza Marrón.

Foto: LB24.

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Avanza la designación de jueces para el Tribunal Oral bahiense

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Dos candidatos a integrar el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca expusieron esta semana en la Comisión de Acuerdos del Senado. Sus pliegos se tratarán en la sesión del próximo martes. Deberán intervenir en causas de lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico y delitos económicos.

Son el fiscal Sebastián Foglia y el juez subrogante de Viedma Ernesto Sebastián. El tercer candidato es el juez Eduardo D’Empaire, cuestionado por ser uno de los autores de la condena a ocho años de prisión de Rosalía Reyes.

Por otra parte, Alejo Ramos Padilla fue respaldado para hacerse cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia.

Foglia planteó que tiene una trayectoria de veinte años en el Poder Judicial, catorce de ellos desempeñándose como fiscal del Departamento de Bahía Blanca. Realizó cuarenta juicios orales promedio por año y tiene a cargo a 25 personas.

En cuanto al TOF que pretende integrar describió que cuenta con veinte personas empleadas en tres secretarías: General, Ejecución y Lesa Humanidad. “Es el único del país que no tiene ninguno de los tres jueces. Los tres primeros habían jurado en el 95, en 2013 falleció uno, en 2015 se jubiló otro y desde 2018 no hay ninguno”.

“Hay 60 causas para realizar juicio oral y unas 70 personas detenidas con prisión preventiva a la espera del juicio. Esa es la labor prioritaria. El TOF tiene demoras de tres años o más en algunas causas”.

Foglia destacó que, fuera de la sede de Lavalle y Chiclana, en el edificio del Rectorado de la UNS funciona la sala de los juicios de lesa humanidad. “Ha sido un éxito abrir las puertas de esos juicios a la comunidad”, dijo y recordó que resta desarrollar un “megajuicio” en la causa Ejército: “Se puede realizar un juicio integral con todas las elevaciones de los últimos años que restan juzgar”.

Por su parte, el actual juez subrogante del Juzgado Federal de Viedma, Ernesto Sebastián, relató que ingresó al Poder Judicial hace veinte años y que conoce “perfectamente la jurisdicción” de Bahía Blanca.

“Vamos a implementar el sistema adversarial y en particular soy un ferviente partícipe de los juicios por jurados”, afirmó. Agregó que la reglamentación debería tener en cuenta la participación de pueblos originarios en provincias “como Rio Negro y Neuquén”.

En cuanto a la demora en el trámite de las causas del tribunal aseguró que “están limitadas a causas de narcotráfico de popularidad respecto a la gran cantidad de material de estupefacientes pero que están prorrogadas por Casación”. Una de ellas es la de Bobinas Blancas referida a las casi dos toneladas de cocaína secuestrada en el Parque Industrial bahiense.

Respecto al pago del impuesto a las ganancias por parte de jueces y juezas Foglia manifestó que es “justo y razonable”. “La intangibilidad en aras de la independencia del Poder Judicial no se ve afectada por el pago de un impuesto general, eso no puede eso constituir una persecución a los jueces. Hay que contribuir a solventar los gastos del país. No es una garantía sino un privilegio”.

Por su parte, Sebastián también se mostró de acuerdo y afirmó que “para alcanzar la igualdad de cargas públicas y de tributos deberían tributar todos los miembros de los tres poderes del Estado”.

Ramos Padilla se refirió a causas bahienses

Alejo Ramos Padilla subrogó el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca luego de que el Consejo de la Magistratura corriera a Santiago Ulpiano Martínez por obstaculizar las causas de lesa humanidad.

En el marco de la presentación de su candidatura para ser juez federal platense recordó que estuvo a cargo de los procesamientos del juicio pendiente en la causa Ejército mencionado por Foglia y Sebastián.

“Actualmente se está llevando adelante el primer juicio oral y público por los hechos llevados a cabo por la Triple A, me tocó dictar el procesamiento de aquellos miembros. En su momento llegué a convocar a prestar declaración indagatoria al propio presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que no concurrió en tres oportunidades, fue declarado rebelde, y al poco tiempo el Consejo de la Magistratura llevó adelante una acusación y el tribunal de juicio, un día antes de dictar sentencia se le aceptó la renuncia. Me enteré que hace pocos meses el juez que vino cuatro años después retomó ese camino y lo procesó”, afirmó.

Recordó que tras relevar a Ulpiano Martínez encontró “un grave desorden, enorme, con centenares de personas privadas de su libertad a las que no se les resolvía su situación procesal, a los cuales no se les había tomado declaración indagatoria y más de treinta prisiones preventivas vencidas”. 

Se refirió a cuestionamientos recibidos de dirigentes de Juntos por el Cambio vinculados a la causa Suris y otras derivadas. “Estuve seis meses en el juzgado. Es difícil que a un juez le hagan un cuestionamiento por una demora de seis meses, eso alcanzaría como para no ahondar mucho más. Sin embargo hubo una investigación penal que duró cuatro años y que determinó que yo no demoré la causa sino que la avancé”.

Las acusaciones fueron ampliamente difundidas por varios medios, entre ellos La Nueva Provincia. “Había una investigación que involucraba a Juan Suris con una usina de facturas truchas. Esa causa la elevé a juicio. Había otra causa paralela en el tribunal oral por narcotráfico donde decretan la nulidad de lo actuado por el juez que me había antecedido, que era un secretario, Suris me plantea la excarcelación y digo que la causa tenía que ir rápidamente a juicio y se la deniego. Esta era la causa madre”.

“La otra era la de Ficadenti que era uno de los usuarios de estas facturas. Cuando uno investiga una evasión tributaria necesita una determinación contable. Le pedí a la Corte que determine quiénes habían sido los usuarios de esas facturas”.

Explicó que cuando llegó el primer informe parcial convocó a declaraciones indagatorias. “No solo acomodé el expediente desde el punto de vista procesal sino que la impulsé adecuadamente. Luego se hizo una investigación y el propio fiscal dijo que no había ninguna irregularidad de mi parte”.

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“Pera pero solo escuchó los cargos y pidió estar afuera”

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El martes se conocerá el veredicto sobre la responsabilidad del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, en los hechos de violencia ocurridos contra dos concejales en 2015, cuando ocupaba una banca por el Frente Renovador.

“Declaramos a medida que nos fueron llamando y se nos explicó que no podíamos presenciar toda la audiencia por cuestiones sanitarias. Estuvieron el juez, el fiscal, el defensor y el testigo. Podría haber estado Ricardo Pera pero solo escuchó los cargos y pidió estar afuera porque no se sentía bien”, explicó a FM De la Calle Gustavo Mandará, quien junto a Sergio Massarella fueron los agredidos.

Señaló que “el viernes pasado le pidieron a Pera que participe de una pericia médica, se negó y el juez dijo que se hacía la audiencia. De parte nuestra, los testigos que declararon son una empleada del Concejo, Pablo Rosenfelt y otra persona empleada del IOMA que eran mayores contribuyentes y Massarella”.

“De la parte de Pera, declaró alguien que sigue siendo empleado de Concejo pero cumple tareas en otro lado que es el señor Trellini y luego Rafael Emilio Morini que dijo que hacía mucho no lo veía”, agregó Mandará.

El concejal del Frente de Todos destacó que, en su caso, “fue volver a narrar todo, con las obvias cuestiones de que pasaron hace seis años, hay cosas que uno cree que las tiene muy vividas pero pasó el tiempo”.

“Uno de los canales de aire de Bahía hizo un informe y pasó las imágenes de 2015 y a lo que dijimos con Sergio en la salida de ese día tan triste no le agregaría ni una coma. Pedimos que actúe la justicia y eso está ocurriendo”.

Por último, destacó que “hay un correlato de explicaciones de porqué se demoró (el juicio), hubo éxito de las dilaciones de la parte de Pera, esto cayó en las manos del juez Ares que se jubiló un poco antes de la pandemia y cayó en este nuevo juez al que le vi la cara ayer en la audiencia por primera vez”.

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Triple A: la CPM contextualizó documentos DIPPBA sobre los “grupos de tareas civiles”

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La directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, Claudia Bellingeri, declaró, en carácter de testigo de concepto, en el marco del juicio que lleva adelante el TOF de Bahía Blanca contra los responsables de los crímenes cometidos por el grupo parapolicial Triple A entre 1975 y los primeros meses de 1976.

Como organismo designado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para la preservación, administración y gestión del archivo de la DIPPBA, la CPM realizó para esta causa un aporte documental de 164 registros, entre fichas, legajos e informes que individualizan a los integrantes del grupo de tareas civil, el seguimiento a muchas de sus víctimas y las conexiones con la Universidad Nacional del Sur y el diputado Rodolfo Ponce, entre otros aspectos que se ventilan en este juicio.

Las audiencias continuarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

La exposición de Bellingeri fue acompañada de una serie de diapositivas en las que se mostraban extractos de documentos oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) con datos de las víctimas de la Triple A en Bahía Blanca, la participación del por entonces interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu, en la coordinación del grupo de tareas sobre los claustros estudiantil y de no docentes, y el rol del diputado nacional Rodolfo Ponce -secretario general de la CGT local- en la conducción del grupo civil, además de la inserción funcional de la DIPPBA dentro del esquema y zonifación del terrorismo de estado.

El testimonio se extendió por más de tres horas y contempló la explicación y contextualización de 164 documentos aportados por la CPM en tres informes distintos que fueron presentados durante los últimos años desde el inicio de la investigación penal.

En primer lugar, la testigo de concepto detalló los principios de integralidad, cadena de custodia y autenticidad de los documentos, a partir del extenso trabajo de desclasificación, organización y digitalización del archivo DIPPBA. En ese marco, también se proyectó en plena audiencia el video titulado “La Inteligencia también fue Terrorismo de Estado”.

En cuanto a la Comunidad Informativa -categoría que designa la articulación, coordinación y colaboración de todas las agencias de inteligencia del país para la ejecución del plan de exterminio-, describió sus organigramas, funcionamiento orgánico, y su expresión local en Bahía Blanca.

De las reuniones de la Comunidad Informativa bahiense, por ejemplo, Bellingeri destacó documentos que prueban que Tetu participó activamente aportando nombres de trabajadores no docentes y estudiantes identificados como subversivos o de izquierda peronista o marxista, además de haber creado en la Universidad el Departamento de Seguridad desde el cual directamente se contrató a integrantes de la Triple A.

Asimismo, con respecto a Ponce los documentos expresan que varios de los integrantes de la Triple A de Bahía Blanca eran considerados como “guardaespaldas” o personal de seguridad del diputado Ponce, provenientes de gremios como el de la Junta Nacional de Granos, URGARA, y otros.

Entre las acciones encomendadas a este grupo de tareas civil se destacan la detección, seguimiento y, en algunos casos, el asesinato de “posibles elementos de izquierda” que intervinieran en los espacios gremial, fabril o universitario.

Cabe destacar que en los documentos de DIPPBA aportados a esta causa aparecen no sólo los nombres y roles de los cuatro que están siendo juzgados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- sino también los de otros integrantes de la Triple A que no llegaron a juicio, como en los casos de Argibay padre e hijo, Sañudo, Chizú, Dodero y otros.

Respecto al nombre de la organización parapolicial, Bellingeri explicó que en ningún documento aparece explicitado como Triple A sino que se los menciona como “grupo civil”, “peronismo histórico”, “peronismo ortodoxo” o “juventud sindical peronista”.

Entre las víctimas que aparecen registradas en los documentos DIPPBA se destaca el caso de David Watu Cilleruelo, estudiante universitario asesinado por el grupo de tareas y cuyo nombre había sido aportado por el rector Tetu en una de las reuniones de la comunidad informativa de Bahía Blanca.

Tras el crimen del joven, y ante las protestas y movilizaciones de la comunidad universitaria, Tetu detalló “el estado rebelde y subversivo en los claustros, provocado por dichos activistas, cuyos antecedentes se adjuntan”.

Bellingeri también puntualizó en la documentación sobre otras dos víctimas -Luis Jesús García y a Rodolfo Gini- aunque aclaró que existe material documental sobre muchas de las víctimas que se contemplan en esta causa.

Fuente: ANDAR.

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Piden dos años de prisión para Pera por agresiones en el Concejo Deliberante

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Esta mañana se realizó el juicio oral contra el ex concejal Ricardo Pera por lesiones leves contra Gustavo Mandará y Sergio Massarella. Los hechos ocurrieron en 2015 cuando participaban como concejales en una Asamblea de Mayores Contribuyentes. Pese a ser un debate público el tribunal prohibió el ingresó de la prensa.

El Fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó la pena de 2 años de prisión en suspenso por ser la primera condena, fijar domicilio, someterse a las normas del Patronato de Liberados y hacerse cargo de las costas del proceso. Su defensor, Sebastián Martínez, pidió la absolución. La sentencia se difundirá el martes 29 a las 12.

Gabriel Giuliani, a cargo del Juzgado Correccional N°1, será quien determine la responsabilidad del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor.

Según detalla la investigación del fiscal Marcelo Romero Jardín “Pera habría amenazado de muerte a Massarella y le habría propinado un golpe para luego agredir a Mandará, provocándole una lesión en la pierna izquierda”.

El ex concejal arribó a la audiencia luego de varias medidas dilatorias, entre ellas la imposibilidad de notificarlo por lo cual ayer se había ordenado su detención en caso de que no concurriera a la audiencia. Finalmente se presentó junto a su abogado Sebastián Martínez.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. En 2019 fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

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Detienen a represores imputados por violencia sexual

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El juez federal Walter López Da Silva dispuso y concretó la semana pasada la detención de cuatro ex militares en cumplimiento de la resolución de la Cámara Federal por la cual se hizo lugar al recurso interpuesto por la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad para que se les imponga la prisión preventiva.

Las capturas de los cuatro imputados tienen como antecedente la resolución dictada por el tribunal de alzada el 3 de diciembre, por la cual se confirmó su procesamiento por el delito de abuso deshonesto contra una víctima que permaneció cautiva en la compañía Combate My. Keller del Batallón de Comunicaciones 181 y se ordenó que fueran detenidos.

Los militares detenidos son el ex jefe de sección, Enrique Stel; el ex oficial de Estado Mayor, ex ayudante del jefe de la Unidad y ex jefe de Sección, Raúl Esteban Andrés; el ex jefe del Grupo Artillería, Vicente Alfredo Flores; y el ex jefe de grupo, Eduardo Carlos Videla.

Los cuatro imputados revistaron durante 1976 en aquel destino. La compañía tuvo una destacada participación en la ejecución de los operativos de secuestros y constituyó el principal grupo de tareas con el cual contaba el batallón.

El juez López Da Silva solicitó cupo al Servicio Penitenciario Federal para alojar a los cuatro ex militares, aunque decidió que a raíz de la pandemia de COVID-19 cumplan la medida cautelar en sus domicilios.

Esa resolución fue recurrida por la Unidad Fiscal. No es la primera vez que estos imputados son detenidos pero se encontraban en libertad porque habían sido excarcelados en otros expedientes.

En el recurso ante la Cámara Federal, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, sostuvo que la decisión apelada se apartaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia. También señaló que no se habían analizado los peligros procesales que provoca la omisión del dictado de la medida cautelar.

Los cuatro militares detenidos a raíz de la decisión de la Cámara Federal fueron imputados de varios hechos de violencia sexual, pero ese tribunal consideró que había prueba suficiente para uno de los hechos, calificado como abuso deshonesto, que tuvo como víctima a una mujer. Respecto de los demás hechos, dictó el sobreseimiento. La Unidad Fiscal informó que se encuentra en preparación el recurso de casación para revertir esa decisión. Para la representación del MPF el análisis desde una perspectiva de género en los procesos de lesa humanidad resulta determinante a la hora de demostrar el carácter sistemático de este tipo de conductas.

Con la confirmación del procesamiento de los doce imputados, el proceso se encamina hacia el primer juicio -el juez López Da Silva ya corrió traslado a la fiscalía para que solicita la elevación del caso a debate oral y público- en el que se juzgará a miembros del Ejército Argentino por delitos sexuales ocurridos en centros clandestinos bajo su jurisdicción. En 2015 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.

Fuente: fiscales.gob.ar

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“Gay tiene que decir si sabía, si fue parte y dar una respuesta a la comunidad”

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Representantes de organizaciones que fueron espiadas ilegalmente por la base local de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri se manifestaron esta mañana para repudiar la persecución.

Nuestro compañero, Astor Vitali, dijo que “quien ha sido un elemento central en la conducción de Cambiemos en la provincia, el intendente Héctor Gay, tiene que decir si sabía, si fue parte y dar toda la información y una respuesta a la comunidad. No es a quienes estamos aquí a quienes han perseguido sino a referentes del pueblo de Bahía Blanca”, afirmó.

Destacó que, a diferencia de lo realizado en otras jurisdicciones, la AFI en nuestra ciudad incluyó el seguimiento a un medio de comunicación -como FM De la Calle– y a organismos oficiales como la Universidad Nacional del Sur.

“En los 90 la radio también había padecido espionaje ilegal desde la DIPPBA, similitudes entre el menemismo y el macrismo”, recordó.

Mencionó que muchas de las personas señaladas en el informe son “compañeros y compañeras con los cuales nos hemos encontrado en la calle, en nuestro caso a través de radios abiertas, durante el macrismo y con algunos nos seguimos encontrando ante situaciones que consideramos injustas”.

Vitali saludó en nombre de FM De la Calle “a las personas y organizaciones a las cuales este informe nos liga, al compañero Gabriel Cena que estuvo al frente de la radio durante muchos años y a la radio de la Universidad Nacional del Sur”.

“Se señala que de la radio participan todos los movimientos de izquierda, de pueblos originarios, populares y alguna que otra cosa más. Claramente eso es una radio comunitaria, un espacio del que participan y que abrimos a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales que consideren que la comunicación es un derecho. Para eso estamos y renovamos nuestro compromiso en ese sentido”.

“La inteligencia debería estar abocada a problemas más graves. A la trata, al narcotráfico. El mismo año que nos estaban investigando salía el cargamento de Bobinas Blancas y cuanto no sabremos que habrá salido. Ni que hablar de los crímenes financieros, se investiga a la militancia política, social y cultural mientas se saquean recursos a través de mecanismos, algunos legales otros ilegales, que vacían los recursos de la población”.

Foto: Raúl Gallardo.

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Mirá los informes de la AFI macrista sobre las organizaciones bahienses

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Entre la documentación secuestrada en la base de Bahía Blanca de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de la investigación sobre el espionaje ilegal se encontró el archivo titulado “informe_organizaciones.docx”.

Para el juez federal Alejo Ramos Padilla “resultó ser un insumo que finalmente dio lugar a otro caratulado informe_abril2017.docx, en el cual se retoma la información contenida en el anterior y se agregan otros datos”.

Allí se menciona el listado completo de las organizaciones sobre las cuales recayó el seguimiento ilícito del gobierno de Mauricio Macri en nuestra ciudad hasta abril de 2017.

–Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).
–Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.
–Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA Bahía Blanca).
–Centro de Educadores Bahienses en la Federación de Educadores Bonaerenses (CEB–FEB).
–Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS).
–Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP Bahía Blanca).
–Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STM).
–Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
–Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC).
–Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
–Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
–Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA).
–Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).
–Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (SUPA).
–Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
–Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
–Partido Obrero (PO).
–Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
–Frente Popular.
–Patria Grande.
–Partido Comunista.
–WATU – Corriente Comunista.
–Frente del Colectivo Pueblo en Lucha.
–Grupo 83.
–FM De la calle.
–Unidad Socialista Para la Victoria (USPV).
–Federación Juvenil del Partido Comunista.
–Tesis XI.
–Cardumen.
–Puño y Letra – Estudiantes para la Liberación.
–Franja Morada.
–La Caldera – Unión de Juventudes por el Socialismo.
–Frente Único de Estudiantes en Lucha (FUEL).
–Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca.
–Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
–Pan y Rosas.
–Plenario de Trabajadoras (PDT).
–Corriente Clasista y Combativa (CCC).
–Partido Comunista Revolucionario (PCR).
–Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).
–Movimiento Evita.
–Unidos y Organizados.
–La Cámpora.

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El macrismo realizó espionaje ilegal a organizaciones políticas y sociales desde la AFI bahiense

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El juez Alejo Ramos Padilla confirmó que la sede bahiense de la AFI realizó espionaje ilegal “con un objetivo netamente político” durante el gobierno de Mauricio Macri. La base local, creada a principios de la década del 70, estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais.

“Es dable destacar que la producción de información no se limitó, como en otras bases relevadas, a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles, sino que en este caso se relevaron incluso medios de comunicación, como la radio ‘FM de la calle’, y organismos públicos como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur”, subrayó el magistrado.

El fallo incluye un informe de abril de 2017 con el seguimiento a 43 organizaciones: “Las características del documento se condicen con las de un mapa político de la ciudad de Bahía Blanca. Las referencias a la afinidad ideológica de personas y organizaciones, su carácter de opositoras al gobierno, la reseña de las actividades políticas más relevantes en las que participaron y las imágenes de sus referentes no permiten otra interpretación”.

El “Proyecto AMBA” consistió en la instalación de seis bases de  inteligencia en el conurbano -Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes- desde mediados de 2016, a las que se sumaron las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en la provincia durante 2017.

Oficialmente debían “investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas” aunque se probó que “se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.

Para ello se reclutó a 70 personas que se sumaron a los 20 agentes que revistaban en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. La delegación local estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais, quien ingresó a la AFI en 1995 y se jubiló en junio de 2017, ocasión en la cual fue contratado nuevamente.

“A pesar de sus esfuerzos por mostrarse lejano –geográfica y funcionalmente– a las labores de las restantes bases de inteligencia provinciales, lo cierto es que aquella división interna de la base bahiense pasó a depender directamente, desde abril de 2017, de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, la que tenía ámbito de competencia en toda la provincia y no sólo sobre el conurbano bonaerense”, dijo el juez.

La resolución advierte que una mirada comparativa a los acervos documentales de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) y de la AFI “permite identificar el modo en que la Agencia Federal de Inteligencia, a través de las bases que nos ocupan, vino a reinstaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales”.

El Proyecto AMBA “dio lugar o cobertura a una intensa red de inteligencia ilegal que se había iniciado unos meses antes y logró un conocimiento bastante acabado de todas las actividades de tipo de actividad política, en las que se incluyen las acciones de protesta, las articulaciones políticas de cada zona, los referentes, los movimientos de los intendentes, las estructuras locales de los partidos políticos y de cada agrupación de base, gremial, entre otras”.

Docentes en la mira

Durante la campaña electoral de 2017, la cual llevaría al ministro de Educación Esteban Bullrich al Senado, el espionaje puso el foco sobre los sindicatos docentes y sus organizaciones de base. Entre muchos otros: ADUNS, Suteba, CEB-FEB y Sadop. Este es solo un ejemplo de la persecución a objetivos específicos dentro de la planificación ilegal.

Además del fichaje de algunes referentes de los gremios bahienses se encontró en los archivos una publicación de la Confederación de Educadores Argentinos titulado “Formación y entrenamiento sindical para dirigentes, delegados y afiliados del sector docente”.

“No se advierte cuál era la hipótesis de afrenta a la seguridad interior, la defensa nacional o qué investigación sobre delitos complejos pudo motivar a que la Agencia Federal de Inteligencia tuviera en su poder un manual de formación sindical para el sector docente”, manifestó Ramos Padilla.

Por otra parte, el juez subrayó que “la delegación Bahía Blanca tenía en su poder una base de datos de todas las personas que participaban de la vida política institucional de la Universidad Nacional del Sur, con sus números de documento y legajo universitario”.

Falta de mérito para el jefe local

Ramos Padilla dictó la falta de mérito con prohibición de salir del país y una caución de diez millones de pesos para Novais.

En su declaración, el imputado manifestó que su jurisdicción era muy grande y no tenía recursos humanos ni tecnológicos para hacer su tarea. Respecto a sus superiores afirmó que “no nos daban ni cinco de bolilla”. El juez destacó que el espía se refirió a la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires como “Dirección AMBA” o directamente “AMBA” y a la base que tenía a cargo como “base AMBA” y que insistió que “fuera del área del conurbano bonaerense poco podía aportar”.

Además de la distancia que intentó establecer con la actividad ilícita de la AFI en el conurbano, el jefe local declaró: “Realmente es prácticamente imposible que haya hecho algún tipo de inteligencia porque en Bahía Blanca tanto 2015, 2017, 2019 con amplia mayoría el partido que estaba en ese momento –perdón, el gobierno que estaba en ese momento– ganó ampliamente, entonces realmente no tengo ninguna, nada que decir con respecto a eso”.

Para el magistrado, de esta manera, Novais “asume que la inteligencia de tipo política sólo se realiza frente a un panorama electoral adverso”.

“La información hallada vinculada a la Base AMBA, si bien en su mayoría es anterior a la asunción de Novais, da cuenta de un amplio registro ilegal de inteligencia y que es compatible con la misión que les fue asignada formalmente y por resolución escrita, a todos quienes integraran la estructura de inteligencia dependiente de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, Novais incluido”, agregó.

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