A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero se perdió el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto, la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal se centra en precisar el derrotero del joven y en establecer si integrantes de la Policía bonaerense tuvieron intervención en la desaparición seguida de muerte.

Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. (FM De la Calle)

El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal difundió este informe elaborado por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim, quienes llevan adelante la investigación.

De acuerdo a las pruebas, Facundo salió a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su ex novia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19. La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado “esencial”, y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara.

El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje a pie por la Ruta Nacional N°3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo acercó. El joven tuvo allí su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10.

A partir de entonces, la investigación se abre en una serie en incógnitas; la evidencia forense obtenida en diferentes procedimientos, los datos técnicos que se desprenden de dispositivos de telefonía celular y las declaraciones testimoniales relevadas no son suficientes para conformar un relato uniforme y cronológico del derrotero de Facundo.

Las dudas se centran en:

  • Lo sucedido Mayor Buratovich.
  • La forma y circunstancias en las que Facundo continuó su viaje hacia Teniente Origone, lo acontecido en ese lugar y con posterioridad.
  • La relación íntima entre una testigo del caso que dijo haber trasladado a Facundo y el personal policial que lo detuvo previamente en Mayor Buratovich.
  • Las razones por las cuales estuvo en posición de morir por asfixia por sumersión en algún lugar del estuario de Bahía Blanca.
  • La desaparición de su DNI con cuyos datos se obtuvieron líneas de teléfono.
  • La aparición dentro de su mochila -hallada en el estuario casi un mes después que su cuerpo- de la ropa que tenía puesta al momento de ser detenido por primera vez por la policía.
  • Los extraños movimientos de algunos patrulleros cuyos dispositivos de georreferenciación los sitúan en fechas y horarios relevantes para la investigación.

Mayor Buratovich

De acuerdo con los elementos recabados en la causa, Facundo fue interceptado alrededor de las 10 por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca a la altura del kilómetro 779, en la localidad de Mayor Buratovich. Durante el procedimiento, Facundo fue fotografiado de espaldas junto a Sosa. La foto fue hallada durante la extracción forense de datos de un dispositivo de ese oficial, pero no se ha dado aún con el aparato desde el cual se tomó la imagen. Esa fotografía permitió determinar cómo estaba vestido Facundo, quiénes lo interceptaron, el horario y la identificación del móvil policial, N°23.360.

Al momento de su interceptación, Facundo llevaba su DNI: la policía tomó una foto del documento y la incorporó en el sumario formado por la violación del ASPO. El DNI nunca fue hallado, pese a que en septiembre apareció la mochila de Facundo, y después de su desaparición fue utilizado para dar de alta líneas de telefonía celular, aspecto que es objeto de investigación en un legajo de la causa: la fiscalía intenta determinar si quien utilizó los datos de la víctima tiene el DNI en su poder.

En el mismo dispositivo secuestrado a Sosa se halló un audio remitido por la oficial María Delgado, quien le transmitió a su colega la orden del oficial subayudante a cargo de la subcomisaría de Mayor Buratovich, Andrés Daniel Gerbatin, para que le enviaran “los datos completos y la foto” de Facundo y les advertía que “si se hacía el pajero que lo bajaran”. En la jerga policial, “bajar” significa que lo debían trasladar a la dependencia. Todavía se investiga si Facundo continuó su viaje después de ese encuentro con la policía o si, antes de retomar el camino, fue trasladado a la subcomisaría. Los movimientos del sistema de georreferenciación instalados en el patrullero indican que el móvil se dirigió hacia la dependencia tras el episodio.

En las declaraciones testimoniales que les recibió la justicia provincial -a cargo inicialmente de la búsqueda de Facundo-, Sosa y Curuhinca aseguraron que, tras haberle labrado la infracción, le indicaron que retornara a su domicilio. De las actuaciones se desprende que ambos agentes no consultaron con el juzgado de turno cómo debían proseguir, tal y como disponen las normas de procedimiento.

Teniente Origone

Facundo continuó su viaje. Siomara Flores, quien resultó ser miembro de la Policía bonaerense, medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -cuestión que pudo conocerse a través del análisis del teléfono celular de este último-, declaró que trasladó al joven desde Buratovich hasta Teniente Origone. Unos 25 kilómetros separan las dos localidades. La testigo aseguró que vio al joven haciendo dedo sobre la ruta y que aproximadamente a las 13 descendió del vehículo en la entrada al pueblo, sobre la ruta. Agregó que, durante el diálogo que tuvieron en el viaje, Facundo se dio cuenta que ella conocería a su madre y que entonces le solicitó que no le dijera que lo había visto.

Puesto Policial Teniente Origone (FM De la Calle)

La investigación tuvo noticia de este traslado sólo a través del testimonio de Flores, quien compareció cuando el caso tramitaba en el fuero ordinario como una búsqueda de paradero.

Una prueba técnica contradice o pone en duda esa versión. Cristina Castro, madre del joven, habló a las 13.33 con su hijo; en esa comunicación Facundo le manifestó que “no lo iba a ver nunca más”. La antena de telefonía celular que activó el teléfono del joven fue la de Buratovich, no la de Origone donde -según Flores- había arribado media hora antes.

Aunque no existe certeza del horario de arribo y de quién lo trasladó hacia allí, Facundo llegó igualmente a Origone. Alrededor de las 15 fue visto por dos testigos en el kilómetro 755 de la Ruta Nacional N°3. De acuerdo con el relato, el joven se encontraba recostado a la vera de la ruta y dado su contextura física los testigos creyeron que se trataba de un niño.

Los testigos se comunicaron con un amigo de Origone y esa persona dio aviso al puesto de vigilancia policial. Esa secuencia fue reconstruida con los relatos y los informes concordantes de las prestatarias de telefonía celular.

A las 15.27, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez por el teniente primero Alberto González. El agente declaró en el expediente provincial que encontró a Facundo a 6 o 7 kilómetros de la entrada del pueblo y que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI. González fotografió el carnet a las 15.43, de acuerdo con la extracción forense de datos realizada en su teléfono celular.

Alberto González (FM De la Calle)

González añadió que en la oportunidad había consultado con la comisaría de la localidad de Médanos qué debía hacer con Facundo y que el jefe, Juan Carlos Reynoso, le indicó que debía dejarlo continuar. El policía registró lo sucedido en una libreta manuscrita, que fue secuestrada y forma parte de las pruebas de la causa.

Agregó que había visto que Facundo subió luego a una camioneta Renault Duster u Oroch, con sentido a Bahía Blanca. Tanto del relato del policía como de las constancias documentales -notó el equipo fiscal-, se desprende que la fuerza de seguridad no siguió el procedimiento establecido por ley: no avisó a la autoridad judicial ni hizo cesar la conducta violatoria del aislamiento.

No obstante la versión de González y los datos emanados de los peritajes, otros testigos aseguraron haber visto a Facundo entre las 15.20 y las 15.40 en cercanías de Buratovich, en dirección hacia Bahía Blanca, subiendo a la parte trasera de una camioneta negra y blanca de la policía. Los testigos, además, individualizaron al conductor del vehículo como el oficial Sosa.

Entretanto, otros elementos de la causa permiten suponer que Facundo pudo haber pasado por el puesto de vigilancia de Origone. En efecto, sus datos identificatorios -nombre, documento y domicilio al cual se dirigía en Bahía Blanca- figuran en el Libro de Guardia del puesto. Además, el geolocalizador del patrullero de González da cuenta que, tras la interceptación del joven en la ruta, se dirigió a la sede policial. Con posterioridad, en el registro realizado sobre ese patrullero se encontró un pelo. La evidencia no permitió recabar ADN nuclear, pero sí le permitió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecer que presentaba identidad con el haplotipo mitocondrial de Cristina Castro. Semanas después el patrullero fue nuevamente inspeccionado con la ayuda de perros y se detectaron nuevos rastros que se están analizando en este momento.

Asimismo, en el allanamiento realizado a la sede policial de Origone el 31 de julio pasado fue hallado en un montículo de basura un amuleto de madera con forma de sandía que contiene en su interior una vaquita de San Antonio tallada, el cual fue identificado por la madre de joven y otros testigos como propiedad de Facundo: un regalo que le había hecho la abuela materna, idéntico a otros que también le entregó a sus hermanos, y que tenía un alto valor afectivo.

En un segundo allanamiento ordenado por la Cámara Federal por un recurso de la fiscalía, la investigación detectó en el interior del mismo puesto de Teniente Origone un trozo de piedra turmalina que formaría parte de un colgante que podría corresponderse con el que lucía Facundo sobre su cuello. La piedra estaba entre la tierra, en el mismo lugar donde se encontró el otro amuleto. Ese elemento y otras muestras todavía están siendo peritadas por la Gendarmería Nacional.

Continuación del viaje a Bahía Blanca

En la pesquisa es objeto de indagaciones la declaración prestada por un testigo de identidad reservada, el Testigo H, quien dijo que conducía por la Ruta Nacional N°3 a la altura de Origone, aparentemente momentos después de que González hubiera dejado continuar a Facundo. El testigo contó que levantó al joven en su vehículo Honda HRV y que se dirigió rumbo a Bahía Blanca. Dijo que Facundo le pidió que lo dejara en el primer cruce ferroviario viajando en dirección a aquella ciudad, situado a unos 27 kilómetros de Origone. El joven le dijo que pasaría antes por la localidad de General Cerri a visitar a un amigo, para luego continuar camino. Le explicó, siempre según la versión del testigo, que quería evitar el paso por el control zoo-fitosanitario, ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional N°3.

Desde el cruce donde supuestamente el testigo dejó a Facundo, la vía se introduce y se alza en medio del estuario durante casi 19 kilómetros hasta que llega a General Cerri, la supuesta parada intermedia. Situado en el punto donde dijo haberlo dejado el Testigo H, a Facundo le faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Bahía Blanca.

El Testigo H afirmó que, al retirarse del lugar, alcanzó a ver al joven caminando por el medio de las vías. En esa zona y en la dirección que según el relato habría tomado Facundo, la topografía cambia al ritmo de las mareas. Los fiscales recorrieron la zona y también entrevistaron a varios testigos que conocen el lugar. Todos coinciden en que las vías son el lugar más seguro para caminar ya que, por la forma en la que fueron construidas, nunca se inundan.

No hay personas que hayan visto a Facundo después del Testigo H. Su último rastro fue un mensaje que partió de su teléfono celular a las 20.21 del 30 de abril hacia el de un amigo, en el cual le informaba que no tenía señal ni batería en el dispositivo y que en un rato lo llamaría. El testigo puso en duda que el mensaje que recibió hubiera sido escrito por Facundo, dado que -según dijo- no redactaba de esa forma. El amigo de Facundo declaró que le había enviado un mensaje de respuesta, pero que nunca había llegado.

Fin de la desaparición

Facundo Astudillo Castro estuvo desaparecido desde entonces hasta el sábado 15 de agosto. Ese día tres pescadores encontraron su cuerpo, totalmente esqueletizado, en el canal denominado “Cola de ballena”, un cangrejal situado en la zona de Villarino Viejo, contigua a la localidad de General Cerri.

En la zona del hallazgo trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la asistencia del Gabinete Científico de la Policía Federal. Además de los restos óseos, se encontró una de las zapatillas que vestía el joven a unos 30 metros, “en estado casi intacto”, describió el equipo fiscal.

El 1° de octubre pasado el EAAF dio a conocer los resultados de la autopsia: fue una muerte violenta producto de una asfixia por sumersión. Las microalgas obtenidas en la médula ósea del cadáver se correspondían con las que se desarrollan en el estuario de Bahía Blanca, pero el avanzado deterioro del cuerpo no permitió determinar si en la muerte existió participación de terceros o si fue producto de un asesinato, accidente o un suicidio.

La perito de la parte querellante, Emma Virgina Creimer, presentó una disidencia en el dictamen. Indicó que el fenómeno de pink teeth (dientes rosados) que se observó en el cadáver era la consecuencia de un traumatismo vital antemortem, es decir, en vida, y que por lo tanto no podía descartarse la hipótesis de participación de terceras personas.

Patrulleros en la zona

El equipo fiscal recabó información sobre otros móviles policiales que podrían haber tenido contacto con Facundo o que, de acuerdo a sus dispositivos de georreferenciación, estuvieron en la zona en la que se encontraron los restos óseos.

En efecto, el 8 de mayo un móvil de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca estuvo ubicado en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Todavía llama la atención del equipo fiscal que un vehículo urbano haya ingresado y permanecido en ese lugar.

Al advertir el dato, la fiscalía solicitó el allanamiento de la UPPL y el secuestro del móvil. Semanas más tarde, durante una inspección llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, se halló un trozo de piedra de color negro en el interior del baúl, que fue reconocido inmediatamente por Cristina Castro. El estudio pericial desarrollado por un geólogo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad determinó que se corresponde con una piedra turmalina, tal como había referido la madre del joven.

Entretanto, el 12 de septiembre otro pescador de la zona encontró una mochila a unos metros del punto donde fue hallado el cadáver de Facundo. En el interior se encontró la licencia de conducir, dos teléfonos celulares deteriorados y una muda de ropa que presentaba daños, sometida actualmente a estudios para determinar si se corresponden con la biodiversidad del lugar, las condiciones climáticas y/o la acción de otras personas. Para sorpresa de los investigadores y la fiscalía, en esa muda estaba el pantalón que Facundo lucía en la foto que le tomaron de espaldas en Mayor Buratovich cuando había sido interceptado por Sosa y Curuhuinca. Sorprende a los investigadores, además, el buen estado de conservación de la mochila a diferencia del resto de la ropa que estaba en su interior.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pendiente el estudio de los dos teléfonos celulares encontrados en la mochila con una técnica denominada chip-off, que permita extraer la mayor información posible.

El equipo fiscal y las medidas pendientes

El 12 de febrero el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez se inhibió de seguir interviniendo en el caso. Su pedido fue aceptado por el Juzgado Federal y el procurador general interino, Eduardo Casal, designó en su lugar a la fiscala federal Silvestre, quien pasó a integrar el equipo del MPF en este caso junto a Azzolin y Heim.

El equipo fiscal aguarda actualmente que la Cámara Federal haga lugar a medidas de prueba rechazadas por el juzgado, las cuales consisten en el secuestro de dos patrulleros que habrían transitado por Origone en el horario en el que Facundo se encontraba en la zona y otras medidas de coerción que los fiscales consideran indispensables.

También se encuentra cuestionada la continuidad de la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo del caso. El equipo fiscal la recusó, la solicitud fue rechazada y actualmente la fiscalía prepara un pedido para que la Cámara de Casación Federal admita el tratamiento del caso. El equipo considera que la jueza no es imparcial porque ha abrazado como única hipótesis posible la de un accidente.

La obligación de llegar a la verdad

Cuando Facundo se encontraba desaparecido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para que el Estado Argentino adopte las acciones “necesarias para determinar la situación y paradero” del joven, “con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”. Luego de la aparición del cuerpo, la CIDH levantó la medida cautelar, lamentó la muerte de Facundo y recordó -de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” del joven. El organismo regional precisó que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. En tal sentido, la CIDH instó al Estado “a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo, de ser el caso, estableciendo las responsabilidades de cualquier índole a que dieren lugar”.

Esa es la manda que guía el trabajo del equipo fiscal a un año de la desaparición del joven.

“El compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”, afirmaron les fiscales de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

En una entrevista difundida por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim reflexionan acerca de la responsabilidad institucional del Ministerio Público Fiscal ante la familia del joven de Pedro Luro y cuentan cómo organizan y despliegan su trabajo en el marco de la pandemia de Covid-19.

-¿Cuál es la responsabilidad institucional frente a este caso? ¿Qué puede esperar la sociedad, y en especial su familia, de la actuación del MPF?

El compromiso institucional es absoluto y así está expresado desde la integración de un equipo de trabajo, que implica el involucramiento y la responsabilidad de un grupo de hombres y mujeres integrantes del Ministerio Público Fiscal que día a día trabajan en la sistematización de datos, relevamiento de hipótesis, recolección de pruebas, presentaciones judiciales, etc. Todo el equipo de trabajo ha tomado este caso con un gran compromiso, no sólo porque es nuestra función investigar exhaustivamente para establecer la verdad sobre lo sucedido con Facundo, mucho más cuando entre las hipótesis barajadas se encuentran comprometidos agentes estatales (de la policía de la Provincia de Buenos Aires), sino además porque de no hacerlo de tal manera estaríamos nosotros incumpliendo con el deber del Estado de agotar todos los medios a nuestro alcance para llegar a esa verdad.

En ese sentido, el compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante.

La responsabilidad institucional de litigar este caso está definida, por un lado, desde la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el resto de las normas que rigen la actuación del MPF. La Constitución nos exige promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad y nuestra Ley Orgánica nos manda dirigir nuestras acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a la que debemos brindarle asistencia. La ley de víctimas establece disposiciones similares. Por el otro, por el tipo de caso, ya que al tratarse de una investigación por desaparición forzada de personas seguida de muerte hay una serie de criterios de actuación, definidos por organismos e instrumentos internacionales, que se deben seguir para concretar investigaciones exitosas y evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Estos criterios forman parte del cristal a través del cual debe mirarse el caso, y esa mirada es la que venimos sosteniendo desde que asumimos nuestra intervención directa en la investigación.

(FM De la Calle)

-¿Qué implica la conformación de un equipo fiscal? ¿Cuáles son sus ventajas?

Las ventajas de la integración de un equipo de trabajo están dadas por la diversidad, las múltiples miradas y el intercambio de ideas: cada integrante aporta sus conocimientos y experiencia para enriquecer la posición; de la diferencia de opiniones suelen salir productos más elaborados en cuanto a la estrategia de litigación y la solidez técnica. Ayuda, además, a alivianar la carga del fiscal titular al poder repartir las tareas entre más magistrados. Es un sistema previsto en nuestra ley orgánica y es la forma de trabajo habitual en sistemas acusatorios. Todo es sometido al análisis del equipo y las decisiones se adoptan en función de esos aportes, sobre los que luego decidimos también en conjunto.

La circunstancia de que los y las integrantes del equipo conozcamos y asumamos nuestra ubicación y responsabilidad institucional, hace que tengamos claro el objetivo y estemos cohesionados en función de ello.

La conformación del equipo implica la decisión institucional de reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal en un caso que por sus características es complejo, tal y como ha pasado en otras ocasiones de graves violaciones a los Derechos Humanos. En ese sentido, se debe tener en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho -vigencia de la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional-, los lugares en los que se desarrollaron diversas secuencias del caso que se están reconstruyendo -en la ruta Nacional nº 3, en zonas rurales y/o despobladas y casi sin circulación de personas-, la intervención y ubicación en la escena del suceso de diversos integrantes de una fuerza policial, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones del ASPO al momento de la interceptación de la víctima y de comunicación a las autoridades judiciales competentes, la situación de vulnerabilidad de la víctima, las enormes dificultades en la recopilación de la prueba, los obstáculos en su producción, la presentación de elementos distorsivos en la investigación, en especial, en la etapa previa a que el caso pasara a tramitar ante la justicia federal bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas, entre otras.

Un trabajo a distancia, pero articulado

Silvestre se encuentra en Santa Rosa, La Pampa, a cargo de las fiscalías de primera instancia y de juicio, y su desempeño tiene lugar en el ámbito de la jurisdicción de la justicia federal de Bahía Blanca. Azzolin y Heim son titulares de la UFECI y la PROCUVIN, respectivamente, que tienen oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente y sus evidencias se encuentran físicamente en Bahía Blanca, donde también trabaja parte del equipo de colaboradores. Fiscales.gob.ar les preguntó también cómo transitan este periodo de investigación, pandemia mediante, y cómo coordinan el trabajo:

El trabajo se coordina básicamente a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, como grupos de WhatsApp, mails, Zoom, etc. Eso hace que podamos estar cerca a pesar de la distancia y continuamente comunicados seguir el trámite de la causa.

Por las características propias de las unidades, trabajamos con fiscales del resto del país en forma remota, por lo que estamos familiarizados a trabajar en las actuales condiciones. Eso nos facilitó el proceso de gestionar un caso a distancia, especialmente durante los momentos en los que no es conveniente desplazarse por la situación epidemiológica.

Ante la imposibilidad de vernos en persona, el diálogo por videoconferencia está a la orden del día. De esa forma nos conocimos primero y discutimos diversos aspectos del trabajo después.

La utilización de servicios en la nube y documentos colaborativos son las herramientas que nos permiten gestionar el expediente, cuya versión física es administrada por un colaborador de nuestra máxima confianza. La digitalización del legajo y el uso de la firma digital optimizan la concreción de la labor en las actuales condiciones que impone la pandemia.

-En la causa colaboran las direcciones generales de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). ¿Cuáles son y cómo evalúan los aportes de cada área? ¿Y de otras dependencias del MPF?

La colaboración de las áreas del MPF es indispensable. DATIP, para aportarnos una mirada interna (y por ende, de confianza) sobre diversos aspectos técnicos en un caso en el que no podemos depender íntegramente de los laboratorios de la policía; algunos de sus aportes fueron claves para el avance del caso. La DOVIC es otra área indispensable, ya que gestionan la relación con la familia de la víctima y los testigos, los acompañan, contienen, orientan, y nos ayudan a gestionar algunas diligencias que tenemos que hacer con ellos. La Dirección de Comunicación Institucional del MPF también ha sido de enorme ayuda para definir una estrategia de comunicación adecuada para un caso de trascendencia como éste, y para concretar la difusión de esa información.

Las distintas áreas administrativas de la Procuración General de la Nación han sido de inestimable ayuda en la gestión de las diversas situaciones que se van presentando en la tarea del equipo; por ejemplo, la Oficina de Pasajes y Viáticos, para gestionar nuestros traslados motivados en el caso.

Fuente: fiscales.gob.ar

El Tribunal Oral Criminal N°3 realizará el 27 de mayo la audiencia preliminar del juicio por jurados que analizará la responsabilidad de Gregorio Raúl Costa en el femicidio de Susana Melo.

La modalidad del debate oral fue elegida por el acusado, quien reconoció haber asesinado a su pareja el 21 de marzo de 2020.

Según la investigación realizada por el fiscal Jorge Viego (UFIJ N°5), durante la madrugada, Costa disparó intencionalmente a Melo en la cabeza, presumiblemente en el interior de la vivienda de Solier al 4000.

“Todas esas conductas desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer”, afirmó el funcionario.

Luego, el imputado trasladó el cuerpo hasta un camino vecinal ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252 donde fue encontrado por la policía.

Costa será juzgado por “homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género”.

Tras de la audiencia se fijará la fecha en la que se llevará a cabo el juicio oral.

La abogada Mónica Fernández Avello, en representación de la Agrupación H.I.J.O.S., solicitó penas de prisión perpetua para Raúl Aceituno y de diez años de cárcel para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Focelli.

Es por haber integrado la asociación ilícita Triple A, la cual cometió decenas de crímenes en nuestra ciudad durante los meses previos al golpe de Estado de 1976. En el caso de Aceituno, se le imputa, además, participación directa en el homicidio de David “Watu” Cilleruelo.

“Por los 30 mil, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, las compañeras y compañeros víctimas de la Triple A y sus familiares, señores jueces, les solicito que se haga justicia”, concluyó.

El 3 de mayo continuarán las audiencias con los alegatos de Leandro Aparicio y Francisco Fuster, en representación de la familia de Luis “Negrito” García y la Universidad Nacional del Sur, respectivamente.

La querella no computó ningún tipo de atenuantes. “Es obvio que no existieron condicionamientos de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento que los hubiera compelido a cometer los hechos”. Sí sumó agravantes, “principalmente respecto a la extensión del daño causado y a la ausencia de arrepentimiento”.

Por otro lado, adhirió a los pedidos de reparación simbólica realizados por la Fiscalía y requirió que se revoquen las excarcelaciones de Curzio, Pallero y Forcelli y la detención domiciliaria de Aceituno.

La abogada cerró con una cita de la testigo Gladys Haydé Elvira:

“Para que una sentencia sea justa debe ser reparadora. (…) Hay que reparar los 45 años de demora, el medio siglo que pasó con los asesinos impunes. Esta gente ni siquiera se cambió de vecindario, nos obligaron a convivir por medio siglo a las víctimas y a los familiares con los asesinos. (…) Espero de este tribunal una sentencia ejemplificadora, aleccionadora, que acabe con la impunidad para siempre (…), aun así, con los 45 años de impunidad. Quiero decir que José, Julio, Gabe, los 30 mil no son solo Memoria, son, por sobre todas las cosas, convicciones que levantaron los pañuelos blancos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y que en este presente todavía sin justicia, levantan los hijos, las hijas, los nietos y nietas”.

Fernández Avello agregó: “Por los testigos fallecidos durante este juicio. Maffo Pereyra, que durante su declaración se quedó sosteniendo la cabeza de su amigo Watu. Esa gran mujer que fue la compañera de Gini, Marta Fabini. Eugenio Navarrete, Víctor Basterra y Jorge Bernardi. También Luis Ángel ‘el Turko’ Salomón, quien tomó registro de todos los juicios en Bahía Blanca. Y por ese gran luchador contra la impunidad en Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo”.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia rechazó el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Diego Hernán Rogero y confirmó la condena a prisión perpetua por el femicidio de Aída Rosa Caballín.

El 12 de febrero del año pasado el Tribunal Criminal Nº2 determinó que Rogero fue el autor responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018, alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en inmediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. «Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer», sostuvo el funcionario.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era explotada sexualmente en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó un rastreo mediante las cámaras de seguridad que registraron un vehículo utilitario que coincidía con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Tehuel De la Torre, joven trans de la localidad bonaerense de San Vicente, está desaparecido hace más de un mes. Luego de cinco allanamientos y una serie de rastrillajes hay dos sospechosos detenidos aunque la carátula de la causa sigue siendo “Averiguación de paradero”.

En el marco de la búsqueda se realizaron varias marchas pidiendo por su aparición con vida. 

“El 11 de marzo a las 19 sale de la casa hacia una entrevista de trabajo porque iba a hacer de mozo en un evento. Me lo cruzo cuando venía de mi trabajo 19:30. Me dijo que iba a ver a un amigo ‘Luis’. Esa fue la última vez que lo vimos”, comentó a FM De la Calle su hermana, Verónica Alarcón.

Agregó que luego “viene la novia y nos avisa que no había vuelto a la casa, hicimos la denuncia y empezamos a averiguar. Se hicieron allanamientos en la casa de (Luis) Ramos y encontraron pertenencias de Tehuel: su celular roto y la campera”.

Días después, apareció en la causa Oscar Montes, un chatarrero de la zona. La justicia peritó los teléfonos de Ramos y Montes, habían sido reseteados los dos del mismo día. Sin embargo, encontraron una foto donde estaban los tres: Ramos, Montes y Tehuel.

En primera instancia, Ramos y Montes fueron interrogados como testigos sobre si habían visto a Tehuel. Ambos lo negaron. El 23 de marzo Ramos fue detenido y Montes cuatro días después. Eligieron no declarar. 

“Estuvimos con Sergio Berni, se hizo un pedido de recompensa para ver si alguien tiene más información, estuvimos con la ministra de Géneros de la Provincia, Estela Díaz, se comprometieron a brindar recursos para la búsqueda”, dijo Verónica.

Para aportar datos

Quien tenga alguna información sobre su paradero, comunicarse con la UFI Descentralizada de San Vicente: por teléfono al 0221-429-3015 o por mail en [email protected]. También se puede llamar al 911. ACTUALIDADARGENTINALGBTI+TRANSFEMINISMOS

La abogada Mónica Fernández Avello avanzó esta semana en su alegato contra cuatro ex miembros de la Triple A bahiense. Afirmó que negar la existencia de la banda parapolicial «es un insulto a la inteligencia».

Fue al considerar lo dicho por los testigos de la defensa y, en particular, por el presidente y el vice del Partido Justicialista Mario Simón y Hugo Álvarez.

«La única conclusión lógica y razonada es que dicen desconocerla porque no solamente apoyaban su ideología sino también apoyaban sus métodos. Más que una declaración ha sido una confesión y desde esta punto de vista solicito se valoren», dijo.

Los imputados son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli. La letrada sostuvo que «la responsabilidad de la sociedad es decir Nunca Más» y la del tribunal «es la de sentenciarlos con la máxima pena que corresponda al delito que cometieron».

La audiencia del martes terminó de manera abrupta por un corte de internet. Su exposición continuará con el análisis de las responsabilidades penales de los acusados el próximo 26 de abril desde las 9.

«¡Están mintiendo!»

La representante de H.I.J.O.S. destacó la «falta de credibilidad absoluta de todos los contemporáneos a los hechos que manifestaron desconocer lo que era la Triple A. No solamente por la magnitud que tuvo esta organización criminal -estamos juzgando una parte de los hechos porque la realidad es que son alrededor del doble- sino porque era imposible vivir en Bahía Blanca y no haberse topado uno o sus conocidos en algún momento con estos delincuentes».

La militancia política no era necesaria para saber lo que hacían: «Andaban en la vía pública haciendo ostentación de armas, en bares, en whiskerías, en restaurantes, cafés. Eran visibles para todos nosotros aunque no supiésemos sus nombres o no los pudiésemos identificar por su cara. ¿Cuál es la valoración que hago de esos testimonios? ¡Están mintiendo!».

La querellante se preguntó por el motivo de estas declaraciones que se podrían haber amparado en el señalamiento de represores que murieron impunes. «Hasta podrían haber dicho ‘yo estaba de acuerdo con la ideología de la Triple A pero no con sus métodos’. Pero ¿desconocer qué existían? Es un insulto a la inteligencia».

«La única conclusión lógica y razonada es que dicen desconocerla porque no solamente apoyaban su ideología sino también apoyaban sus métodos. Más que una declaración ha sido una confesión y desde esta punto de vista solicito se valoren».

Fernández Avello recordó que en el debate «vimos la declaración del presidente y del vicepresidente de un partido democrático», en referencia a los líderes del Partido Justicialista local Mario Adalberto Simón y Hugo Héctor Álvarez.

«Repito: acá no solamente estamos juzgando casos lejanos y pensamos que nunca más van a ocurrir. No, señores jueces, esto puede volver a ocurrir. Ya he explicado cómo el gobierno anterior comenzó este circuito de inteligencia nuevamente para espiar y perseguir, incluso a mis patrocinadas, H.I.J.O.S. Bahía Blanca. ¿O acaso no vimos todos y todas por televisión en una manifestación bolsas de polietileno negro, simulando mortajas con nombres, entre otros el de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo? ¿No vimos en una manifestación anterior que iban con horcas? ¿O acaso no hay una guerra judicial que ha destruido el Código Penal y la Constitución?».

La querellante advirtió que «en cuanto se les da una mínima oportunidad comienzan a rearmarse» y que no es una cuestión de nombres: «López Rega no está, Ponce no está, pero dejaron sus retoños».

Un único objetivo

Fernández Avello precisó que, a diferencia de los militares que intentaban excusarse en el cumplimiento de tareas ajenas al terrorismo de Estado como la hipótesis del conflicto con Chile, el único objetivo de la Triple A fue la eliminación de enemigos políticos. «Pertenecer era formar parte de los ejecutores porque, como ha quedado probado, la inteligencia correspondía a distintos organismos del Estado».

«Si bien es verdad que salvo el caso de Aceituno -que se lo ubica caminando con los Argibay cuando asesinaron a Cilleruelo- el resto solo va por la asociación ilícita, para esta querella todos y cada uno son responsables de todos los homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos, amenazas y daños ocurridos en aquella época porque con su aporte a la organización criminal permitieron que estos delitos se hagan posibles», afirmó.

Lesa humanidad

La abogada sostuvo que la tesis principal de la causa es que los hechos «son delitos de lesa humanidad porque la Triple A recibió el aporte del Estado para realizar sus crímenes. Esto lo vemos claramente porque cuando este aporte cesó, cesaron los crímenes de la Triple A que pasaron a manos de las fuerzas armadas».

«Digo Estado en un sentido amplio del término, sea de las fuerzas de seguridad con sus zonas liberadas, de la justicia no investigando, las fuerzas armadas haciendo inteligencia, la Universidad Nacional del Sur pagándoles un sueldo y permitiéndoles usar sus vehículos», concluyó.

El periodista Emilio Ruchansky repudió la persecución del fiscal Mauricio Del Cero hacia personas que cultivan y consumen cannabis. Esta tarde participará en una charla con familiares de los jóvenes de Puán detenidos por supuesto narcotráfico.

“Desde el caso Moscoso en adelante ha tenido un accionar sospechoso encubriendo a la policía, uno ya no sabe si es porque desconoce en materia de drogas o porque responde directamente a lo que le pide la policía”, dijo el editor de THC a FM De la Calle.

Agregó que “sorprende el grado de desconocimiento sobre la planta de cannabis, encontré fotos de ramas, hojas, que eso no se utiliza pero te lo pesan y te lo cuentan. Sale en los medios hablando que decomisó kilos y kilos y a veces son plantas que ni siquiera llegaron a florecer, no hay ningún material estupefaciente”.

Ruchansky explicó que “si bien sigue siendo delito cultivar y consumir, en Mar del Plata, por ejemplo, si te encuentran con drogas para uso personal te las decomisan pero no te llevan a una comisaría ni te forman causa. Acá hay políticas criminales que podrían decir: no voy a saturar las fiscalías con personas que consumen”.

“El fiscal general de Bahía (Juan Pablo Fernández) bien podría tomar una política más inteligente, si bien se trata de respetar los derechos de las personas hay un idea de eficacia y economía”, señaló el integrante del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis.

Uno de los pioneros en adoptar esta alternativa no punitivista fue el juez necochense Mario Juliano, quien falleció el año pasado.

“Se puso a investigar cuánta plata se gastaba en perseguir a las y los jóvenes y se dio cuenta que se era muchísimo dinero para algo que no tenía sentido. Había un hostigamiento directo a la gente que estaba en la calle, gastando dinero por algo en lo que no hay víctima. Si tengo un porro en el bolsillo es un delito sin víctima, en todo caso el daño me lo hago yo pero no a los demás”, dijo el autor de “El Cogollero Gris”.

“Juliano forzó una audiencia donde la policía pidió disculpas por el accionar violento. Insisto: podés sacarle la sustancia pero de ahí a detenerla, a armarle una causa, es mucho. Quiero dar este mensaje: se pueden cambiar las cosas, incluso sin tener una nueva ley, que la necesitamos y la Corte la pidió, se puede por lo menos tener otra política criminal”.

Por otro lado, mencionó que “el gobernador Kicillof mandó un proyecto que crea una Agencia Provincial de Cannabis y que obliga a funcionarios a tener buenas relaciones con la comunidad cannábica”.

“Quedó demostrado, por experiencias de otros países, que si uno legaliza y regula el consumo de cannabis no pasa nada. La ministra de Seguridad, el ministro de Educación, el Ministerio de Salud han trabajado en generar acceso al cannabis medicinal. Hay un clima favorable, es un año electoral, es complicado meter temas así. Creo que hay mirar los cambios en EE.UU. porque es el país de donde parte todo el prohibicionismo”, propuso.

Ruchansky integrará el panel que sobre “Criminalización de la juventud, política de drogas y derechos humanos en contexto de Covid” coordinado por la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la UNS. La charla virtual será a las 19 por zoom.

“Hicieron lo que hicieron por la connivencia de políticos, fuerzas armadas, jueces y fiscales. O sea, el Estado puso a disposición de estos asesinos gran parte de su aparato”, dijo Mónica Fernández Avello en la primera jornada de su alegato.

La representante de la agrupación H.I.J.O.S. continuará lunes y martes desde las 9 su exposición en el juicio contra cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense acusados de integrar una asociación ilícita que cometió 24 homicidios.

“Todos sabíamos quién era Ponce y su patota, el terror que nos producía la fiambrera y la certeza de que la justicia no nos iba a dar ninguna respuesta ante el atropello de estos asesinos”, afirmó.

La semana pasada la Fiscalía pidió pena de prisión perpetua para Raúl Roberto Aceituno y de 10 años de cárcel para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli.

Fernández Avello recordó que en los noventa, década en la cual nació la agrupación H.I.J.O.S., “existía la absoluta impunidad” y el discurso oficial sostenía la teoría de los dos demonios. “Se pretendía equiparar a las víctimas del terrorismo de Estado con los genocidas. Eso lo estamos viendo en este juicio ante la insistencia de la defensa para hacer ver los hechos como una simple disputa interna dentro de un partido que se arreglaba a los tiros, cuando la Triple A en ese momento definía todo en esta ciudad, en la CGT, en la universidad, en la justicia y en la iglesia”.

Destacó que el accionar de la asociación ilícita que integraban, entre otros, los imputados en el juicio “se dedicó a matar a un montón de gente en Bahía Blanca y la zona dentro de un plan criminal macro que estaba establecido en todo el país”.

“No estamos nutriéndonos solamente de prueba testimonial, no nos valemos de testimonios únicos, aislados, huérfanos y carentes de sustento. Cada uno está refrendado por muchos documentos, por elementos de convicción como, por ejemplo, las notas periodísticas de la época y por los informes de inteligencia, refrendados a su vez por las causas penales en las que surge palmariamente la connivencia del Poder Judicial”.

Impunidad y reciclaje

En aquel clima de impunidad menemista surgieron los escraches. “Se encontraban las víctimas y los victimarios. Ellos: asesinos, torturadores, violadores y robadores de bebés, andaban por las calles, en algún café, en cualquier kiosco o en la esquina de una manifestación de derechos humanos”.

Eso permitió que muchos genocidas se reciclaran en la función pública. “En este juicio lo hemos visto claramente. Uno de los casos emblemáticos es el de Pablo Argibay, hijo de Jorge Oscar Argibay, a quien hemos escuchado nombrar hasta el cansancio como el jefe de los culatas”.

“Este señor actuaba conjuntamente con su hijo Pablo y formaba parte de la asociación ilícita Triple A, varios testigos los vieron en la UNS y en otros lugares, armados, amedrentando y también asesinando, como es el caso de Watu”.

Pablo Argibay murió impune días después que la Fiscalía lo incluyera en el pedido de detención e indagatoria al grupo que está siendo enjuiciado. Luego de su participación en el genocidio, estudió medicina, trabajó en el Hospital Italiano de Buenos Aires, fue asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología, investigador del CONICET. “Murió en 2015 como un gran señor lleno de honores por sus colegas. Una se pregunta: ¿por qué sucedió esto? Realmente sucedió por la impunidad”.

Otro ejemplo fue el del acusado Héctor Ángel Forcelli, quien al recuperar la libertad -de la que aún goza- concurrió al acto del Día de la Lealtad Peronista el 17 de octubre de 2018. “Nadie de los presentes reparó en él o repudió su presencia, cosa que sí hizo la agrupación que represento”.

“Ni que hablar de otro muy mencionado en este juicio, Rodolfo Ponce, quien fuera diputado de la Nación desde el 10 de diciembre de 1983 al 9 de diciembre de 1985”, agregó y subrayó “la distorsión moral que permitió que aquellos integrantes de hordas asesinas se transformaran en representantes del pueblo argentino”.

Acólitos de Montezanti

En otro tramo de su alegato, Fernández Avello se refirió a la demora que tuvo la justicia bahiense en dictar su primera sentencia sobre los crímenes del terrorismo de Estado respecto a otras jurisdicciones.

Arriba: Forcelli, Montezanti y Aceituno. Abajo: Chisu, Curzio y Pallero.

“No es casual que ocurra esto en un Poder Judicial que, hasta hace pocos años, tenía como integrante de la Cámara Federal a Néstor Montezanti, quien también fue profesor de la UNS formando futuros abogados. Este individuo está procesado por la asociación ilícita Triple A, la misma que estamos juzgando acá. Él no está más pero sus acólitos y los de la dictadura siguen estando en el Poder Judicial”, afirmó.

La persistencia del miedo

Para la abogada, esto explica el miedo de los testigos para declarar en la causa. “Tenemos a todos los procesados en libertad y uno solo con domiciliaria, en una ciudad chica como Bahía Blanca donde, como remarcaron varios testigos, todos sabíamos quién era Ponce y su patota, el terror que nos producía la fiambrera y la certeza de que la justicia no nos iba a dar ninguna respuesta ante el atropello de estos asesinos”.

Durante el debate se supo que Curzio llamó a una testigo antes de su declaración. “Pero claro, el tribunal no lo tomó como un acto intimidatorio y Curzio sigue en libertad. Esta es la respuesta que la justicia les da a las víctimas hoy. Y después quieren que los testigos no tengan miedo”.

“Me limité a decir lo que dije, si alguna vez la justicia me da seguridad yo voy a explicar esto”, sostuvo otro testigo a quien, luego de ser convocado en la instrucción, le quemaron la casa y un grupo -entre cuyos integrantes sospecha estaba Pallero- le dio una paliza.

Dijo Fernández Avello: “Señores jueces, hace once años que estoy como querellante en juicios de lesa humanidad pero nunca vi el terror de los testigues. Es más, muchos ni siquiera quisieron declarar”.

Más allá de las disculpas

“Hoy estamos juzgando hechos que ocurrieron hace 46, 47 años”, sostuvo la titular de la querella, “más allá de las disculpas que se puedan pedir a las víctimas y sus familiares, la asociación que represento no es culpable de esta situación”.

“Culpables son los que apoyaron o callaron ante las leyes de impunidad. Culpables son esos jueces que no investigaron, esa policía que dio zona liberada, esa prensa que mintió deliberadamente y, por qué no, esa parte de la sociedad que miró para el costado siendo la Triple A la antesala de los años más oscuros que vivió la Argentina y cuya influencia siguió hasta nuestros días”, sentenció.

La Fiscalía pidió condenas de prisión perpetua y de 10 años de cárcel para los cuatro imputados en la causa que juzga más de una veintena de homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca.

Son las penas más altas para los delitos que se imputan.

“Por la memoria de las víctimas y la dignidad de familiares y sobrevivientes, por la valentía de quienes prestaron testimonio y el silencio de quienes no pudieron hacerlo, por el fin de la impunidad y del miedo, que sea justicia”, afirmó Pablo Fermento.

Los acusados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno. Todos imputados por asociación ilícita y en el caso de Aceituno, también por la coautoría del crímen de David Cilleruelo.

“Los hechos que estas personas cometieron siguen atravesando a la sociedad, la condena cumple una función reparadora ya que únicamente de esa manera se clausura el capítulo de impunidad”.

Fermentó solicitó que todos los actos sean considerados crímenes de lesa humanidad constitutivos de genocidio.

Reclamó que se revoque la prisión domiciliaria de Aceituno y se ordene la detención de los otros tres represores.

En cuanto a la reparación simbólica requirió que se declaren insalvablemente nulas un conjunto de resoluciones del ex interventor de la UNS, Remus Tetu, y del ex secretario general técnico, Julio César Lemos, y se encomiende a las autoridades actuales que notifiquen a los destinatarios de las cesantías y expulsiones ocurridas en 1975.

A las universidades del Sur y del Comahue y a las delegaciones de Bahía Blanca y General Pico de la UTN que coloquen en espacios de circulación pública de referencias históricas sobre la puesta a disposición de sus instalaciones y recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados y la publicación de la sentencia definitiva de la causa.

A 46 años del crimen se conformó la Comisión por el reconocimiento académico de Watu Cilleruelo. La Fiscalía sumó su apoyo y consideró que el dirigente “se convirtió en un símbolo por lo que fue, por lo que le hicieron y por cómo y para qué se lo hicieron”. Por ello, pidió que la UNS le entregue el título honoris causa al dirigente de la Federación Universitaria del Sur.

El periodista Miguel Bonasso destacó la relevancia del juicio contra ex integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. Este jueves, La Fiscalía cerrará su alegato con el pedido de penas para los cuatro imputados.

“Puede mostrar el vínculo perverso de la derecha peronista con la Marina que ha aparecido siempre como el arma más gorila, más antiperonista, y, por supuesto, con La Nueva Provincia que es un órgano directo del Servicio de Inteligencia Naval”, dijo el ex secretario de Prensa de Héctor Cámpora a FM De la Calle.

La entrevista se realizó días después de las declaraciones de Mario Simón y Héctor Álvarez, presidente y vice del Partido Justicialista bahiense respectivamente, quienes defendieron a dos de los represores y desconocieron los crímenes de la banda parapolicial en la región.

“Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento”, afirmó Bonasso.

¿Por qué el PJ no tiene una mirada crítica respecto a los años previos al golpe de Estado?

No se ha hecho el juicio a Isabel Perón y no se ha calado a fondo en la responsabilidad del propio Perón en la creación de la Triple A y en la persecución brutal desatada después de su regreso con Ezeiza.

El elemento central es que los crímenes perpetrados por la Triple A -más de 1500 asesinatos entre 1974 y el golpe, durante el gobierno ‘constitucional’ de la señora María Estela Martínez, alias Isabel Perón- fueron perpetrados desde el Estado, con autos y armas del Ministerio de Bienestar Social. En Bahía Blanca también con el apoyo de la universidad conducida por el nazi rumano Remus Tetu, de triste memoria.

Todo es terrorismo de Estado y son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Cuando algunos pseudo periodistas como Ceferino Reato presentan a José Ignacio Rucci como un pobre mártir del sindicalismo olvidan el vínculo que, por ejemplo, está explícito y claro en el tema de Rodolfo Ponce, mencionado reiteradamente en el juicio. En este criminal, que fue diputado justicialista, Cámpora tenía confianza al comienzo -me consta por haber sido secretario de prensa del Frente Justicialista de Liberación- y era un hombre de los servicios vinculado a la Marina. No es casual que este juicio esté ocurriendo en Bahía Blanca, esto tenía que ver con lo que significa La Nueva Provincia y el Servicio de Informaciones Navales.

Para cualquier persona con dos dedos de frente y uno de memoria, no cabe duda: la Triple A no solo existió sino que desgraciadamente no puede negarse la responsabilidad de altos dirigentes del peronismo en su participación directa o en su encubrimiento.

Si no se quiere tratar y estos señores contestan cosas que dan la sensación de que viven dentro de un frasco, tanto el presidente como el vicepresidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca, les diría que salgan del frasco, saquen la tapa de la olla porque se van a ahogar con los olores fatales que hay adentro y vean la realidad. Es cierto que ha pasado mucho tiempo pero también sabemos muchas cosas que pasaron hace tiempo…

Usted menciona en uno de sus libros “el somatén para Perón”, ¿cómo se fue gestando y cómo lo veían desde dentro de las filas del movimiento peronista?

Cuando escribí ‘El presidente que no fue’ fui el primero que denunció lo del somatén, me hago responsable. Decirlo fue un acto de valentía porque de alguna manera he pertenecido al peronismo, no al PJ sino a la JP, estuve vinculado a Montoneros pero no al PJ específicamente.

Desgraciadamente tengo el testimonio grabado de Gloria Bidegain, la hija del dr. Oscar Bidegain -quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires- en un viaje que hizo a España en abril de 1973 para ir después a China con José López Rega, uno de los jefes de la Triple A, y con Isabel Perón.

Perón se refirió a algunos actos de violencia que habían ocurrido en Argentina. Algunos posiblemente cometidos por el ERP, no recuerdo exactamente. Dijo: ‘lo que hace falta en Argentina es un somatén’. El somatén fue aplicado en la dictadura española de Miguel Primo de Rivera, el padre del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, y era un organismo paramilitar, parapolicial, creado desde el Estado para reprimir actividades fundamentalmente de la izquierda social, sindical, de la que peleaba al nivel de la clase trabajadora.

La Triple A es eso, es un somatén. Perón estaba esbozando ahí la idea de crear un aparato estatal secreto, paraestatal, no oficial sino oficioso, con los recursos del Estado para reprimir a la izquierda, sobre todo a la de su propio movimiento que era la que más le preocupaba. Está comprobado, es histórico, hay numerosos documentos, hay una reunión a la que se convocó a los dirigentes del justicialismo con el objeto de denunciar, investigar y señalar a personas que pudieran ser infiltradas, que fueran subversivos.

¿Por qué ese Perón que había hablado de la juventud maravillosa, que había elogiado al Che Guevara como el mejor de nuestros compañeros, que se había reunido con los Montoneros, que había aprobado el tema Aramburu -muy espinoso- que alentaba a la juventud guerrillera, militante, de golpe se convierte en el tipo que dice hay que hacer el somatén?

Por una razón muy sencilla. Vuelve con un pacto con fuerzas internacionales, incluido obviamente Estados Unidos. El pacto se hace a través de la gente de Licio Gelli de Propaganda Due, los tipos que tuvieron que ver con el asesinato del papa Luciani, le estoy hablando de cosas gruesas, han provocado varios muertos en el mundo, son una mafia internacional muy pesada.

Hay un viaje clave que hacen a Roma Isabel Perón y López Rega para entrevistarse con Gelli. Le plantean que el único que puede parar a la izquierda revolucionaria, a las organizaciones armadas a la Argentina, es Juan Perón con su retorno. Esto explica Ezeiza.

El autor de ‘Recuerdo de la muerte’ y ‘Diario de un clandestino’, entre otros libros, destacó la responsabilidad en la organización de aquella masacre de López Rega y el teniente coronel Jorge Osinde y excluyó al ministro del Interior Esteban Righi y a la Policía Federal.

La Federal había aconsejado armar una especie de círculo alrededor del palco donde iba a hablar Perón para evitar incidentes –recordó-. Osinde, con un argumento aparentemente popular, se negó diciendo que la gente no iba a querer ver uniformes de la Federal que había reprimido hasta el día anterior en la dictadura. Era un argumento de izquierda para hacer una política de derecha. La policía quedó a 1500 metros de distancia. Eso permitió que grupos fascistas como la CNU, el CdO de Brito Lima y otras porquerías siniestras y armadas por el estilo, ocuparan militarmente el palco y el Hogar Escuela que estaba enfrente, lo cual hizo que hubiera una apariencia de enfrentamiento pero eran todos del mismo bando, la extrema derecha peronista. En el medio quedó la multitud.

El periodista destacó que “así como Perón tuvo una primera presidencia brillante, ejemplar desde el punto de vista de la distribución -por algo se generó el peronismo- también es cierto Perón regresó en un negocio con el imperialismo y la oligarquía y fue un Perón represor. No alcanzó a desplegar toda su represión total porque se murió”.

Foto: Diego Goldberg

En cuanto a José Ignacio Rucci, sostuvo que tuvo una participación directa en la masacre de Ezeiza:

Lo que queda demostrado con este vínculo con Ponce y la gente de Bahía Blanca es que Rucci no era un angelito, un pobre mártir del movimiento obrero, lo cual no significa que hubiera que asesinarlo. No estoy para nada de acuerdo con eso, creo que es un hecho terrible y lamentable, que no debió haberse producido. Pero no por sus características morales sino porque Perón lo había elegido como secretario general de la CGT y hacerle eso a alguien que acababa de ganar con el 62% de los votos desde el punto de vista político era una barbaridad descomunal.

Rucci no era un santo. Lo prueba el juicio de Bahía Blanca. Prueba que Rucci estaba decidido a cazar militantes de izquierda. Él decía ‘hay que acabar a los bichitos colorados’. ¿Quiénes eran los bichitos colorados? Nosotros. Por eso 1500 compañeros quedaron tirados en las cunetas, perforados a balazos por la Triple A.

Nunca se debió responder a la violencia con violencia sino con una política de masas. En aquel momento, afortunada y desgraciadamente también, la Juventud Peronista respondía a Montoneros como organización revolucionaria y la visualizaba como conducción, eso sindicaba que había que haber dado una batalla política enorme para quedarse con la conducción del peronismo.

En el juicio se evidenció el alineamiento de Ponce con Rucci y se juzga la toma de la sede local de la UTN en el marco de un proyecto que ese sector del sindicalismo tenía para las universidades y en el contexto de instalación del polo petroquímico. ¿Qué intereses había detrás de ellos?

Rucci era un producto del vandorismo, tuvo una fuerte presencia en la UOM. Hay todo un sector del sindicalismo argentino vinculado al sindicalismo norteamericano. Detrás está el poder económico. Para mí la derecha es derecha, puede ser peronista o no, pueden ser los que pusieron las bolsas (NdR: en Plaza de Mayo) el otro día u otros, representa el poder económico frente a un modelo distinto de justicia social, distributiva. El vandorismo se caracterizaba por simular una lucha sindical, incluso a veces con acciones audaces, huelgas y lo demás, para después negociar. (…)

Lo que querían hacer en las universidades era limpiarlas de toda presencia militante de izquierda peronista o no peronista. Por otro lado, vincularlas al desarrollo técnico pero no por el propósito benefactor de generar técnicos sino de establecer un control político sobre un sector que les resultaba adverso.

Durante la entrevista el ex diputado nacional recordó una conversación con el padre Hernán Benítez, confesor de Eva Duarte:

Él sabía que yo era amigo de Carlos Mujica, asesinado por la Triple A. Me dijo, ¿quién asesinó a nuestro amigo Carlitos? Le digo: la Triple A. Me dice, no, eso ya se sabe, la Iglesia lo sabe bien, yo le preguntó quién disparó la ametralladora. Le digo que, según un testimonio de un sobreviviente que fue herido con Mujica, fue el comisario Rodolfo Almirón. ¿Y qué era el comisario Rodolfo Almirón en ese momento? Le digo: era el jefe de la custodia de Isabel Perón. ¿Usted no cree en el carácter transitivo?, me preguntó.

Por eso, Bonasso repudió semanas atrás el saludo del papa Francisco a Isabel Perón cuando la ex presidenta cumplió 90 años: “Isabel tendría que haber sido convocada por lo menos para la investigación del asesinato de Carlos Mujica”.

En nuestra ciudad el debate oral del juicio continuará mañana a las 9:30 con el tramo final del alegato del fiscal Pablo Fermento. El viernes, comenzará la exposición de la dra. Mónica Fernández Avello por la querella.  Las audiencias son transmitidas en directo por el canal de youtube Audiovisuales UNS y el sitio juiciobahiablanca.wordpress.com

A Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, se les imputa haber integrado la asociación ilícita y en el caso de Aceituno, además, haber sido uno de los asesinos del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo.

El fiscal Pablo Fermento avanzó con el alegato contra cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense para quienes pedirá condenas en la audiencia del 8 de abril.

El lunes pasado continuó con la exposición de los hechos y las pruebas que dan cuenta de los homicidios que son juzgados.

Se refirió a Luis Jesús García, Alberto Noé Bayarsky, Carlos Dorñak, María Isabel Mendivil, Fernando Antonio Alduvino, José Manuel González, Angel Enrique Ogues, Ovidio Oscar Ancel, Carlos Anibal Nakandakare, Alberto Mario Pojomovsky, Víctor Eduardo Oliva Tronocoso, Hugo Norberto Ardiles, Orlando Walker, Manuel Santiago García y Salvador Julio Trujillo.

Luis Jesús “Negrito” García, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Al ser asesinado tenía 18 años y trabajaba en la empresa constructora Interamerican en Ingeniero White, donde había sido designado delegado de obra.

De acuerdo con las pruebas señaladas por la fiscalía, en la madrugada del 22 de septiembre de 1974, un grupo de entre cuatro y cinco personas armadas ingresó violentamente en su domicilio alegando pertenecer a la policía. En el acto, procedieron a su secuestro, arrastrándolo y golpeándolo. Los captores se retiraron del lugar en dos vehículos. Por la mañana de aquel día, y luego de una intensa búsqueda por parte de familiares y compañeros de militancia, el cadáver de García fue hallado junto a un camino de tierra perpendicular a la ruta N° 3, cerca del paraje conocido como “El Pibe de Oro”.

Para la fiscalía, la realización de aquel operativo por parte de la asociación ilícita dirigida por el fallecido diputado provincial Rodolfo Ponce quedó acreditada –junto al patrón de actuación– por los testimonios que dieron cuenta de una tarea de “fichaje” por parte de la C.G.T. local, entre cuyos blancos se encontraba el propio García.

Pero el dato insoslayable resulta ser, según se indicó en el alegato, que tanto los captores como los vehículos utilizados para la concreción del secuestro fueron identificados por la madre y la hermana de la víctima como pertenecientes a la organización criminal conocida como Triple A. De acuerdo a las actuaciones judiciales de la época, el automotor fue hallado en el hall de la Universidad Nacional Tecnológica de la ciudad, cuyas instalaciones se encontraban por entonces bajo ocupación armada del mismo grupo paraestatal.

Otro aspecto destacado en la exposición fue la profusa actividad de inteligencia que se realizó sobre el acto de sepelio de García —según consta en archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense que fueron expuestos en pantalla durante el alegato— en donde figuran los nombres y las banderas políticas de quienes asistieron. Tal es así que la gran mayoría de las personas apuntadas luego fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Por otra parte, se expuso la prueba sobre una serie de crímenes cometidos por la misma organización criminal en la madrugada del 21 de marzo de 1975, en la que fue asesinado el sacerdote Dorñak, y secuestrados y posteriormente ejecutados Mendivil y Alduvino.

Esa misma madrugada, hicieron detonar además una bomba en el domicilio del militante universitario Jorge Riganti, atacaron con armas una escuela de Cáritas (en donde intentaron secuestrar a la hermana Norma Gorriarán) y tuvo lugar la tentativa de secuestro de Carlos Entraigas, también militante estudiantil.

A su vez, se analizó la prueba del caso de Alberto Mario Pojomovsky, quien en la madrugada del 29 de junio de 1975, al retirarse junto a su esposa en vehículo de la casa de unos amigos, fue interceptado por un grupo de personas armadas que se trasladaba en un Ford Falcón verde con techo blanco y una camioneta doble cabina, ambos vehículos propiedad de la Universidad Nacional del Sur.

Tras hacerlos descender del automóvil y pedirles que acreditaran la identidad, los agresores intentaron secuestrar a la pareja de la víctima, quien logró escapar corriendo, pero recibió un disparo en una de las piernas. Mientras se alejaba, escuchó los disparos efectuados a su marido.

Según el análisis de la fiscalía, Pojomovsky fue abandonado herido por los captores, junto a la camioneta que estos utilizaban, la cual un día más tarde fue reclamada a la policía por uno de los integrantes del grupo paraestatal en representación de la Universidad Nacional del Sur, bajo la cobertura de que el automotor había sido robado del rectorado la noche anterior. Antes de fallecer veinte días más tarde en el Hospital Municipal, la víctima llegó a manifestar a su familia que el Falcon que usaron los atacantes también pertenecía a esa casa de altos estudios.

La fiscalía enfatizó en el modo en que los casos de García y Pojomovsky ponen de manifiesto la práctica de utilización de los vehículos y recursos de las universidades, al servicio del accionar delictivo de la asociación ilícita. Por aquel entonces, el rector de la Universidad Nacional del Sur era Remus Tetu, señalado por la acusación como uno de los jefes de la Triple A bahiense.

Durante el desarrollo de los restantes casos analizados en la jornada, se exhibió en pantalla un volante de la época —aportado por un testigo— en el que compañeros de militancia de los trabajadores “Negrito” García, González, Ardiles, Walker, Trujillo y Santiago García apuntaban al sector de Rodolfo Ponce como el responsable de sus asesinatos. Cabe destacar que para la fiscalía el diputado nacional y secretario de la CGT Bahía Blanca era el otro de los jefes de la Triple A local.

El juicio continuará el 8 y 9 de abril a las 8.30. La fiscalía estima que en la primera jornada concluirá su exposición y formulará el petitorio de las penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín recurrirán ante la Cámara de Casación tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones bahiense a la recusación contra la jueza federal María Gabriela Marrón.

También apelarán el rechazo de nuevas medidas investigativas, mientras se continúan realizando diligencias en el estuario de Bahía Blanca. Por otra parte, Santiago Ulpiano Martínez ya tiene reemplazante.

La vacante del funcionario inhibido en la causa será cubierta por la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre, designada días atrás por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

La Cámara Federal de Bahía Blanca, con el voto de Pablo Larriera, rechazó el planteo de recusación de Marrón. La Fiscalía consideró que su imparcialidad había quedado afectada luego de disponer de oficio y sin control de las partes una medida de prueba por sobre la estrategia de litigación del caso que tienen los representantes luego de que se les delegara la instrucción del sumario.

Heim, Azzolín y Silvestre están elaborando un recurso de casación contra dicha decisión, ya que consideran que sus argumentos no fueron valorados en su totalidad, en especial en lo relativo a nuevas irregularidades cometidas por la titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca en las últimas semanas, como no suspender la ejecución de la medida pese a varios planteos en ese sentido y el efecto suspensivo del recurso interpuesto.

Además, informaron ante la Cámara Federal, en el marco del trámite del incidente de nulidad que plantearon contra esa decisión de la jueza, que consideraron que no estaba adecuadamente fundada y afectaba la independencia del organismo. Si bien la jueza rechazó la nulidad, los fiscales esperan revertir esa situación en instancias superiores y, como consecuencia, apartar a la magistrada del caso tal y como lo prevé el Código Procesal Penal.

Nuevas medidas realizadas y solicitadas

Los y la representante del Ministerio Público solicitaron en los últimos días, con el secreto de sumario vigente, la concreción de una serie de medidas de prueba que fueron rechazadas por la jueza, decisión que también fue apelada.

Azzolín, Heim y Silvestre esperan que la nueva queja sea resuelta por el tribunal revisor en el mismo sentido que lo hizo en febrero, lo que motivó la concreción de allanamientos.

En el marco de los trabajos de campo que desde hace meses vienen realizando en el estuario de Bahía Blanca, días pasados la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron un relevamiento del lugar con drones. También se prevé una recorrida a pie en compañía de testigos.

El camarista Pablo Larriera ratificó a la jueza Gabriela Marrón en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

De esta manera rechazó la recusación planteada por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín quienes invocaron “temor de parcialidad” al concluir que Marrón comprende una única hipótesis: que Facundo “en su trayecto hacia la localidad de Ingeniero White, transitó por el complicado terreno del estuario en el que se anegó y luego se ahogó”.

Plantearon, además, que la jueza se entrometió en asuntos de la Fiscalía al reasumir la investigación para incorporar un estudio de mareas del IADO en el cual el director del organismo oceanográfico “realizó consideraciones que no le fueron solicitadas sobre el posible desplazamiento de Facundo dentro del estuario”.

Azzolín y Heim devolvieron el escrito, “no obstante luego, invocando una medida para mejor proveer y afirmando que no reasumía la instrucción, la dra. Marrón ordenó un estudio que, en los hechos, implicaba realizar las mismas actividades que el IADO realizó sin que se lo haya ordenado”.

Al rechazar su recusación la jueza sostuvo que “la conexión entre el Estuario y la Ría de Bahía Blanca y el aporte que puede llegar a lograrse a partir de su estudio es innegable para la reconstrucción del hecho, ya que esta última zona es donde se vio a Facundo José Astudillo Castro transitar con vida, y luego, se encontraron sus restos y pertenencias”.

Se refiere a lo dicho por la Testigo H, cuyo testimonio fue incorporado a la causa por dos de los policías sospechados -Mario Sosa y Siomara Flores- y se contradice en varios aspectos con el de Alberto González, quien detuvo a Facundo por segunda vez el 30 de abril. Marrón no considera, entre otras pruebas, el hallazgo de pertenencias del joven en un calabozo de Puesto Policial de Teniente Origone.

En definitiva, en el fallo firmado ayer en la Cámara de Apelaciones, Larriera manifestó que la delegación de la investigación en los fiscales “no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final en determinados temas”. Esto independientemente de lo que los camaristas resuelvan respecto a la validez de la prueba del IADO cuya nulidad fue planteada en otro incidente.

Cintia Villega denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Gustavo San Román. El 21 de agosto el hombre se llevó a la nena de nueve años impidiéndole todo contacto con la madre.

En la puerta de la Fiscalía General, la mujer junto a su abogada y organizaciones sociales reclamaron celeridad para que la niña pueda volver con su familia y que citen a declarar al agresor.

“Hace nueve años estoy juntada con él, siempre me amenazó con que me la iba a sacar y lo hizo, manipuló la situación. A mi hija la tiene manipulada, no la vi más a la nena. No se cómo está, la sacó de la vida que ella tenía, iba a natación, inglés, él la veía todos los días. Se enojó conmigo, me pegó y se la llevó”, dijo Cintia a FM De la Calle.

Relató que fue a la Comisaría de la Mujer a denunciar que la “ahorcó” aunque “justo el servicio local estaba con otro caso”.

“Me cruzo un amigo de él que le avisa que estoy ahí. Él va con Sofía a la comisaría, le dice al servicio local si puede tener a la nena durante tres días porque era el cumpleaños del hermano y no me la trajo nunca más”.

La abogada Alicia Busteros afirmó que “la justicia tiene que ser más expeditiva porque si no no es justicia. La criatura tiene un problema de salud grave, no se la medica en tiempo y forma. Ahora se agravó porque tampoco la lleva a la escuela”.

“La escuela fue la que dio aviso de que no estaba yendo la nena, el servicio local nos dijo ‘vamos a comunicarnos la semana que viene'”, señaló.

Hay varias denuncias: una está radicada en el Juzgado de Familia Nº3 y otra en la UFIJ Nº3 a cargo de la fiscal Agustina Olguín.

Busteros destacó que el hombre se “manifiesta humillando a la madre, golpeándola físicamente, psicológicamente. El servicio local no se había dado cuenta que se ejercía violencia psíquica contra ella porque la violencia que ejercía contra la madre era siempre enfrente de la nena”.

Por último, Cintia contó que “Sofía estaba todos los días conmigo, ella hacía deportes, iba a canto, estaba todos los días con los hermanos. Tiene a su perro, su gato, su rana, todo en mi casa. Ella no se quedaba nunca a dormir con él porque no quería. No puedo creer que hace siete meses que la tiene y que no se cómo está. Necesito que me ayuden”.

1025 genocidas fueron condenados tras la reapertura de las causas de lesa humanidad hace 15 años y 165 personas fueron absueltas. En total, son 3490 las investigadas de las cuales solo un cuarto está privado de la libertad.

Según información de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida.

Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas.

En la actualidad existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado: 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.

Entre febrero y marzo inicaron los debates de cinco causas y para abril se espera el inicio de otra. La situación de emergencia sanitaria influyó en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados antes de la cuarentena, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. Entre estos últimos, el debate de la causa Triple A de Bahía Blanca.

De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.

A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.

De las 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas 1661 -es decir, un 47% del total- transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.

La Procuraduría destacó, además, que en relación al tiempo que insume la tramitación de estas causas, transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.

Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.

El secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, dijo a FM De la Calle que el testigo de identidad reservada cuya desaparición se denunció ayer, “está otra vez con su familia, muy afectado y asustado por todo lo que le viene pasando”.

Afirmó que se trata de “una serie de llamados telefónicos, amenazas y hostigamientos, hacia él y su familia, todo en función de haber sido testigo en la causa de Facundo”.

Respecto a la protección judicial que debió tener el testigo, Cirpiano contó que “es bastante deficiente, lo venimos señalando, ha costado mucho que la justicia se haga cargo de la protección de testigos, funciona con intermitencias y desprolijidades. Son testigos que hay que cuidarlos mucho porque aportaron información muy importante”.

“En algún momento el temor y el terror que sentía por esos llamados y el involucramiento de algunos de sus familiares lo llevó a esconderse por temor a que esas amenazas se convirtieran en algo real. Después conversando con sus familiares regresó con ellos. Estamos haciendo presentaciones para que se lo cuide y se le de un tratamiento adecuado”, agregó.

En cuanto al estado de la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo, el abogado de la CPM comentó que “hay muchos elementos que dan cuenta de la participación de la Bonaerense en el hecho. Tenemos un problema serio con la jueza que claramente quiere imponer la versión del accidente y no está dispuesta a investigar la pista policial”.

“El fiscal Martínez lo mismo, ahora se inhibió en la causa y están los otros dos fiscales designados especialmente para esto. Pero la jueza tiene una actitud, incluso extraña, de negar prueba pertinente y necesaria. Hubo que recurrir a la Cámara, tendría que aceptar que se investiguen todas las pistas, no la que ella cree que debe ser. Creemos que tiene intenciones de cerrar la causa y en función de eso la hemos recusado”.

Días atrás, el Municipio de Villarino facilitó un defensor para los policías sospechados. Recordemos que el intendente Carlos Bevilacqua pretendió vincular a Facundo con el narcotráfico mientras el joven permanecía desaparecido.

Se trata del abogado Sebastián Martínez, quien ahora vela por los intereses de Mario Sosa, Jana Curruhinca, Siomara Flores y Alberto González.

Cipriano destacó que aun “no hay una imputación concreta” aunque “hay muchos elementos que relacionan a estas personas con la causa”. Para avanzar con pedidos de indagatoria esperan que se defina la continuidad o no de la jueza recusada: “Cada vez las pruebas nos van convenciendo más de la hipótesis de la responsabilidad policial”.

ACTUALIZACIÓN 23/3 8:40: Leandro Aparicio confirma: el testigo apareció y “se encuentra bien”. Denunció que “Gendarmería tardó 4 horas en llegar al lugar y ni siquiera fue a su domicilio”. Cristina Castro, testigos de identidad reservada y amigues son hostigados y amenazados por la Bonaerense. #Facundo

Durante la tarde de hoy, Cristina Castro difundió que no podían localizar a “uno de los testigos protegidos en la causa”.

A través de un audio, pidió “ayuda a todos” y su aparición. Según contó la mamá de Facundo, se trata de un joven que “venía siendo hostigado, venía siendo amenazado desde el día viernes”.

“Han amenazado de muerte a su familia. Lo citaron en un lugar en Pedro Luro o que se entregara él. El chico este accedió a entregarse él para que no maten a su hijo”, expresó.

Además, advirtió que “es testigo protegido. Nadie lo protegió. Nadie nos protegió. Estamos a merced de la Bonaerense”.

De inmediato se desplegó una red alerta y se apeló al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Diferentes organismos de derechos humanos que colaboran con la querella dieron aviso a autoridades y difundieron la noticia a través de redes sociales y servicios de mensajería de voz y texto.

Minutos después de las 21, se dio a conocer que el testigo, temiendo por su seguridad, buscó refugio y se encontraba resguardado.

A su vez, mediante un mensaje de voz, anotició a Cristina que se encuentra con vida.


Sin embargo, pasadas las 22, un nuevo posteo en Facebook de la mamá de Facundo ratificó que el testigo permanece desaparecido: “Mil disculpas a familiares de J., se reunieron conmigo, a nosotros también nos informaron mal. Él sigue desparecido, solo envió un texto y como ya sabemos lo pudo escribir otra persona seguimos buscándolo. Que aparezca, esto no puede pasar, hasta cuándo tantas amenazas, no bajemos los brazos hasta que aparezca”.