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(Por Lorena Zerneri*) El próximo miércoles, jueves y viernes (28, 29 y 30 de junio) se llevará a cabo en el Juzgado Criminal Nº 1 el Juicio Oral de la causa “Caramelli Carlos Marcelo por extorsion y exacciones ilegales en concurso real en calidad de autor y Pombo Leonardo Andres por extorsión en calidad de participe secundario” tramitada ante la U.F.I. Nº 10 del Dr. Gustavo Zorzano.

Caramelli, ingresó al Municipio de Bahía Blanca, en el año 2005, durante la gestión del Dr. Rodolfo López, en la Secretaria de Turismo, luego durante la gestión de Cristian Breitenstein estuvo a cargo del Cementerio y en el año 2007 se hizo cargo de la Dirección de Espacios Públicos hasta enero de 2014, durante el último tiempo (Desde Enero 2013) también a cargo de la Delegación Norte.

En Mayo de 2014 el Intendente Gustavo Bevilacqua simuló la renuncia de Caramelli y de Lenzi frente a los ciudadanos de Bahía Blanca. Oficialmente redactaron una “renuncia temporal”.

Cuando en enero de 2015, presenta la renuncia Ruben Lascano, secretario de Obras Pubicas, Marcelo Caramelli ocupa su oficina dentro del Palacio Municipal, a la vista de todos, para llevar a cabo la campaña política del Frente Renovador con Gustavo Bevilacqua a la cabeza como diputado nacional.

Fue detenido el 25 de Noviembre de 2015 y permaneció privado de su libertad hasta marzo de 2016, cuando fue beneficiado con la prisión domiciliaria por diabetes. Para los que no saben, en la Unidad Penal de Floresta hay muchos internos con esta misma enfermedad y otras graves y gravísimas, por las que no les otorgan el mismo beneficio.

Con fecha marzo de 2016 se conoció que fue imputado en la causa de la muerte de Daiana Herlein con los delitos de Homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público.

También con fecha marzo de 2016, nos hicimos presentes en la Municipalidad ante la nueva gestión a cargo de Héctor Gay, nos atendió junto a Karina Mahon, y entre otras cosas, solicitamos que consideraran la posibilidad de que la Municipalidad se presente en esta causa en como “particular damnificado” ya que Caramelli, extorsionó y cobró coimas a ciudadanos bahienses en nombre del municipio. La Dra. Mahon dijo no conocer la ley en materia penal. No sólo nunca se presentaron, sino que trabajan a la par con el Dr. Sebastián Martinez, hoy empleado municipal, defensor de Caramelli, sino tambien con el Dr. Romanelli, quien estuvo a cargo de ensuciar la causa judicial de Daiana. Nunca más nos atendieron en el municipio. Sólo nos utilizaron en la campaña!

La foto data del acto realizado en AEC, junto a sus compañeros de militancia del Frente Renovador Romanelli, Serra (ladrón de la camioneta municipal) Laplace (exsecretario de Gustavo Bevilacqua) días antes de su detención.

Esperamos con ansias una sentencia JUSTA para este criminal !! y por la memoria de DAIANA HERLEIN.

*Mamá de Daiana Herlein, joven fallecida tras ser golpeada por una rama de un árbol en mal estado en el Parque de Mayo.

(Por ¿Quién te juna?) Semanas atrás se dieron a conocer incidentes ocurridos en la planta de cloro soda, de Unipar Indupa. El comunicado oficial, sostiene que el incendio producido en inmediaciones de la empresa fue controlado por la brigada de emergencia del lugar y que, por protocolo se convocó a los bomberos de Ingeniero White.

Si bien, esto es lo que sabemos sobre lo ocurrido en la empresa perteneciente al polo petroquímico de la ciudad, todavía quedan algunas dudas sobre el incidente. En dialogo con ¿Quién te juna? (miércoles de 21 a 22), Adrián Vlek integrante de Aukan y activista por el medio ambiente sostuvo: “Como siempre pasa en estos casos no hay demasiada información pública sobre lo que sucede en las plantas del polo petroquímico”, al mismo tiempo agregó: “Lo que no se dice, y todavía estoy esperando alguna respuesta para despejar dudas es que: la automática parada de planta, significa cortar la producción y que, cuando hay una producción contenida, en la mayoría de los casos se libera parte de ese compuesto a la atmósfera a través de las chimeneas. Eso, en ningún momento del informe se dice”.

Claro está que la falta de información por parte de las empresas, así como la desconfianza de la sociedad en general aumenta, cada vez que sucede algo en el polo. Al respecto Vlek comenta: “Todas estas cosas que deberían ser aclaradas de manera inmediata, no sólo por los jerárquicos de la empresa, sino también por el CTE que es responsable de los controles. No hacen más que abonar a la desconfianza sobre lo que realmente pasa en cada evento de las plantas del polo y que, reavivan en cada incidente lo que paso con el cloro y las plantas de Solvay. Eso es una herida que no va a cerrar fácilmente, por toda la desconfianza que hay sobre lo que ocurre dentro de las plantas”.

Asimismo, vale destacar que la planta de Indupa, fue vendida a fines del año pasado. En relación a esto Adrián Vlek comentó: “El año pasado la adquirió una empresa brasileña. La planta estaba en venta desde el 2014, y la mayoría de las acciones las tenía el Estado a través del ANSES, y la controlante era la belga Solvay”. Además agrega: “Todos sabíamos en ese momento, que la planta de Solvay-Indupa era que la menos actualizaciones tenía, sobre todo en materia de tecnología y sistemas de seguridad. Por lo tanto, cada accidente que hubo, y que sigue habiendo en la planta de Indupa. Nos obliga a pensar, si realmente la empresa tiene las medidas de seguridad actualizadas bajo normas internacionales, con exigencias muy fuertes sobre el control ambiental y nos gustaría saberlo”.

Siguiendo esa línea, se tomó un momento para recordar cómo se fue conformando el polo desde sus inicios y cuáles son las repercusiones que tiene hoy en la sociedad bahiense. “En la década del ’80 con las inversiones que venían llegando de distintas empresas al polo petroquímico, la promesa era que esto se iba a convertir en la California de Sudamérica. Pero hoy, con este presente y con lo que pasó a través de la historia en las empresas de polo, sabemos que eso no fue así. Sólo el 1% de la población tiene trabajo dentro de las empresas del Polo Petroquímico y que, ha generado más inconvenientes que beneficios”.

Foto: Ariel Mancini.

(Ricardo Ragendorfer para Tiempo Argentino) La reciente captura en Bahía Blanca y Mendoza de una banda encabezada por narcos mexicanos, junto con el decomiso de casi dos toneladas de cocaína oculta en bobinas de acero y bolsas con piedras preciosas, propició una brisa fresca a las autoridades, muy atareadas en los últimos tiempos debido a la renuncia o el arresto de ciertos jefes policiales por escandalosos casos de corrupción.

Pero desde un ángulo más totalizador, esta historia constituye un caso testigo de la profusa actividad desarrollada en Argentina por los organismos norteamericanos de inteligencia y seguridad. Una circunstancia que también causa satisfacción –aunque en privado– a los funcionarios locales.

De modo que el 19 de junio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se la vio exultante –secundada por el siempre circunspecto secretario Eugenio Burzaco y el titular de la Policía Federal, Néstor Roncaglia– al brindar detalles del asunto en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca, donde además se exhibían ocho enormes cilindros metálicos con un total de 1984 ladrillos de droga con envoltorios multicolores. Por eso el operativo fue bautizado con el criterioso nombre de “Bobinas de Acero”. Lo cierto es que en ese momento la funcionaria se mostró muy generosa con la prensa.

En resumen, informó que la pesquisa fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y fue ejecutada por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA bajo el monitoreo del propio Roncaglia. Dijo que el valor de la droga se estimaba entre 60 y 80 millones de dólares, siendo su destino final España y Canadá. Añadió que tras innumerables seguimientos y 50 intervenciones telefónicas se allanaron 30 domicilios en Buenos Aires, Bahía Blanca y la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, donde fue incautada otra media tonelada de esa pócima. Y que resultaron detenidos 13 argentinos y cuatro mexicanos; a saber: Rodrigo Alexander Naged Ramírez (el presunto cabecilla), Gilberto Acevedo Villanueva, Max Rodríguez Córdova y Jesús Madrigal Vargas. Todos oriundos del estado de Michoacán, pero sin precisar a qué cártel pertenecían, como si reservara para sí ese secreto.

La señora Bullrich también se mostró evasiva con respecto al origen de la pesquisa. “Fue un dato que obtuvo personal de Drogas Peligrosas”, deslizó en voz baja. Y finalmente dijo que la Drug Enforcement Agency (DEA) solo “ayudó en la identificación de los detenidos”.

Apenas unas horas después trascendía que en la ciudad canadiense de Montreal era secuestrada una bobina de acero con 372 kilos de cocaína. Y eso señala claramente el papel de la DEA por medio de una “entrega vigilada” –tal como se le llama al acto de monitorear la ruta del cargamento hacia su destino final–, una operatoria que, en consecuencia, también abarcó su etapa en Bahía Blanca y Mendoza.

Por tal motivo en particular este caso no deja de ser un déjà vu de los grandes procedimientos antidroga del período menemista, como la “Operación Café Blanco” (1995), donde el triunfo sobre el flagelo narco se vio enturbiado por la presencia de un “agente encubierto provocador”, es decir, alguien que instigó la triangulación del cargamento en el país para así articular una trampa. Cabe destacar que en aquella oportunidad –en la cual intervino el comisario bonaerense Mario Naldi con la colaboración del ahora famoso espía Antonio Stiuso– el agente en cuestión fue un tal Mario Álvarez, quien supo tener cierto renombre con anterioridad por haber sido el productor ejecutivo de la película Evita, quien quiera oír que oiga, de Eduardo Mignogna.

Claro que era la época de las “relaciones carnales” con Estados Unidos, algo que también incluía a la CIA, el FBI y la DEA.

La historia parece repetirse. De hecho, ya el 27 de febrero de 2016, la ministra Bullrich, acompañada por Burzaco y el director de Cooperación Internacional, Gastón Schulmeister, viajaron a Estados Unidos para reunirse con el entonces director de la DEA, Chuck Rosemberg. Al concluir el encuentro, este dijo: “Acabamos de sellar una asociación estratégica que no solo beneficiará a ambas naciones, sino al mundo entero”.

Tales palabras no tardaron en plasmarse en el campo de la realidad. A partir de entonces Estados Unidos aumentó la planta permanente de agentes antinarcóticos en Argentina, reabrió sus oficinas en Salta –clausurada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– y estableció franquicias para la actuación –sin tener que pedir autorización a las autoridades argentinas– del personal encubierto llegado especialmente para misiones puntuales.

Y en marzo de aquel año, durante la visita de Barack Obama al país, se ampliaron tales acuerdos además de concretar otros relativos al terrorismo sin diferenciar seguridad de defensa. Dicho combo incluía asistencia en la Triple Frontera, misiones militares en el continente africano, la presencia en el país de fuerzas del Comando Sur junto con la articulaciones de centros de fusión para tareas de inteligencia. Lo que se dice, una “cooperación” irrestricta.

Ya con Donald Trump en la Casa Blanca, el gobierno macrista –siempre a través de Bullrich– ratificó sus acuerdos con la DEA a mediados de febrero, durante el encuentro del South American Work Group realizado en la ciudad de Buenos Aires con los jefes antidrogas de la región y los popes de la DEA.

El acatamiento de las fuerzas de seguridad argentinas a los dictados de ese organismo ahora es redondo como una bobina de acero. Los primeros resultados ya están a la vista.

El martes 27 a las 19 en el Centro Histórico Cultural de la UNS, Rondeau 29, realizaremos una charla debate sobre el impacto que tendrá Vaca Muerta en Bahía Blanca. Será un espacio de difusión y discusión sobre este megaproyecto impulsado por poderes empresariales, políticos y mediáticos que transmiten sus supuestas bondades sin detenerse en sus consecuencias.

Avanzada sobre territorios ancestrales de comunidades originarias, contaminación ambiental y social, modificación acelerada de los modos de vida y de producción de las zonas afectadas por los tentáculos del emprendimiento de explotación de hidrocarburos no convencionales que en lo local habilitaría, entre otros negocios, la ampliación del polo petroquímico.

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Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, explicará por qué se explotan los no convencionales y por qué Vaca Muerta es mucho más que un proyecto energético. El OPSur es una organización que trabaja problemáticas de energía, ambiente y derechos colectivos y propone una transición hacia otra matriz productiva y energética bajo un marco de justicia ambiental y social.

La docente del Departamento de Geografía de la UNS María Amalia Lorda, a partir del trabajo de campo que realiza junto a François Taulelle en Añelo, expondrá los marcados y acelerados cambios que se produjeron en la localidad patagónica como consecuencia de la explotación de no convencionales. Lorda se detiene en los elementos que permiten entender esos cambios y cuestiona de qué manera este tipo de explotación impacta en el territorio, en sus actores y en sus usos tradicionales.

En tanto Emilce Heredia Chaz, historiadora de la UNS e investigadora del CONICET, propondrá pensar qué significa Vaca Muerta para Bahía Blanca problematizando el lugar que ocupa nuestra ciudad en el actual modelo extractivista a través del concepto de extractivismo urbano.

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Un grupo de jubilados y jubiladas conformó la Agrupación Norma Plá y convocó a sus pares a organizarse y salir a la calle en defensa de sus derechos. Se reunirán esta tarde en La Bancaria, Mitre 177, desde las 15. “La gente recibe las cosas como si lloviera y el jubilado no se mueve para defender sus derechos, si él no se mueve nadie se va a mover”, afirman.

“El jubilado ha dejado de entender que es un sujeto de derecho, es una persona que tiene derechos y tiene que defenderlos”, dijo Rodolfo Ferrini y agregó que “somos los últimos del tarro, se habla de todos los sueldos menos del último, del jubilado, ni siquiera estamos en la mínima”.

Ferrini manifestó que el grupo “es esencialmente político, no vamos sobre las sociedades de fomento que tienen su actividad, que en algunos casos es muy buena y les sirve a los jubilados, pero sí vamos a decirle que la política no es una cosa mala (…) lo que no va a haber es política partidaria”.

“Este gobierno no está haciendo nada bueno por los jubilados y todo lo que se perfila es para peor. Una ley como sacó a los discapacitados -NdR: la quita indiscriminada de pensiones- ni Videla la sacó. (…) Llamamos a los jubilados no para que cumplan un papel de seguir sino un papel protagónico, necesitamos gente que tenga ganas de protagonizar esto, de decir yo soy un jubilado pero no soy alguien que desapareció”, aseguró.

Jorge Molina explicó que decidieron referenciarse en la figura de Norma Plá porque “es la luchadora de la Plaza Lavalle para todos los jubilados. Más allá de que muchos se burlaban de ella, Cavallo se reía de ella tomándole el pelo, diciéndole que a su padre no le alcanzaba con 10 mil cuando ella cobraba 150 pesos, creo que en estos momentos identificarnos con ella es un honor”.

“Vienen por las pensiones, que si muere el titular de la familia, muere el abuelo, a la abuela si tiene una pensión o una jubilación probablemente ya están pensando en no dársela. Fueron por los medicamentos, fueron por los lentes, están poniendo cápitas y topes, va a pasar la fiesta del plus, que todos los jubilados que no vamos a poder ir porque no tenemos médicos de cabecera o tenemos que hacernos ciertas prácticas no la vamos a poder hacer solventándolo del PAMI, vamos a tener que sacar plata de lo que no tenemos, de nuestros hijos”.

Margarita Grandotto agregó que en la obra social de los jubilados y las jubiladas “se generaron 351 cargos nuevos gerenciales y subgerenciales en esta gestión de gobierno con sueldos, salarios, de aproximadamente 160 mil pesos cuando en realidad lo que se necesitan son médicos. En Bahía Blanca hay ocho mil personas sin médicos de cabecera”.

La Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctor Honoris Causa –post mortem– al ex fiscal general Hugo Omar Cañón, activo defensor de los derechos humanos.

La vicepresidenta académica Ana Barletta recordó que “Hugo Cañón fue el único fiscal general que desde Bahía Blanca se enfrentó a los represores y luego promovió los juicios por la verdad” y rescató “su valentía para luchar contra La Nueva Provincia, un diario cómplice de la dictadura militar”. “Cañón fue muy importante como testigo en el juicio que se realizó en España contra Adolfo Scilingo, condenado como autor de delitos de lesa humanidad”, agregó.

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El ex juez español Baltasar Garzón, quien recibió el diploma en nombre de su amigo, aseguró que “Cañón es un ejemplo de entrega al servicio público, sabía que los desaparecidos y las familias merecían de su máximo esfuerzo para que se supiera qué había pasado, para buscar la Verdad y la Justicia”.

La decana de Periodismo Florencia Saintout destacó “el coraje del fiscal Cañón que, en épocas de incertidumbre, en una ciudad con fuerte presencia militar como era Bahía Blanca, él salía a buscar testigos para que declararan en juicios por la Verdad”.

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El Consejo Superior de la UNLP aprobó esta distinción por una propuesta elevada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, destacando la trayectoria de un luchador que defendió las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La labor de Hugo Cañón como fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue fundamental para lograr la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Cañón también se desempeñó como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

Fuente: UNLP

El fiscal general federal Alejandro Cantaro pasó por el programa ¿Quién te juna? (miércoles de 21 a 22), donde comentó la situación en los penales y su visión del sistema judicial.

Al principio se le consultó por qué se opta por el juicio abreviado para lxs menores, y si bien manifestó no contar con estadísticas, afirmó que esta modalidad de juicio últimamente se ha llevado adelante tanto con niñxs y adolescentes como en el sistema penal de mayores.

“El juicio abreviado significa que no hay debate. Desde hace unos años, en la provincia de Buenos Aires, todas las causas penales se resuelven con un juicio oral y público. A veces con un juez –cuando el delito es menor, son delitos correccionales, penas hasta tres años–, y ante un tribunal oral si son delito graves, de más de tres años. Ese es el modo normal para concluir una causa penal”, explicó Cantaro.

Además, expresó que hay soluciones ‘alternativas’ al conflicto. Por ejemplo, “lo que se llama suspensión de juicio a prueba. No se hace el juicio, se suspende, se le impone ciertas condiciones a la persona que está imputada de ese delito y, si en un plazo determinado (entre dos y cuatro años) no comete un nuevo delito, y cumple con las reglas que el juez le impone, entonces queda sobreseída, la causa termina”.

También, en algunos casos, “se puede llegar a un acuerdo, entre el imputado del delito, el fiscal y su defensor. Esto es lo que se llama juicio abreviado, no hay debate, la causa llega hasta un cierto punto”. Cuando recién se impuso el juicio abreviado, la controversia se generó porque muchos juristas y jueces rechazaban esta idea; lo sentían como una presión, una extorsión, sobre todo para los presos”.

En el sistema penitenciario la mayor parte de los presos son procesados, no penados. Pero, según contó el fiscal, “el tratamiento en el servicio penitenciario es diferente para el que está procesado y privado de su libertad, que para aquel que está penado. Entonces, el preso quiere ser penado, porque empieza a transitar el período de ir mejorando su situación, su conducta y poder ir calificando para cuando llegue el momento de salir en libertad”.

La situación de niñxs y adolescentes

“Llamémoslos como debe llamárselos –aseveró Cantaro–. Basta de menores, son ‘niñxs y adolescentes en conflicto con la ley penal’. Y hay que ser muy cautos con los defensores; los oficiales por lo menos son muy buenos, muy aguerridos, y seguramente se posicionan frente a una acusación contra un/a adolescente en una forma muy defensora”.

Asimismo, el fiscal explicó que la ley que regula el juicio penal se modificó hace algunos años, de modo que lxs niñxs y adolescentes tienen las mismas garantías que un adulto. “La ley prevé algunas reducciones de pena; inclusive, para un mismo delito, para un adulto o un/a adolescente es diferente la pena. Se imponen garantías de alojamiento donde van a estar; de hecho, son muy pocos los que son sometidos a un juicio penal estando privados de su libertad.

Cantaro criticó severamente el funcionamiento del sistema penitenciario en relación a la situación de lxs niñxs y adolescentes: “El sistema penal es tremendo, es una aplanadora. Debilita, desgasta. Si llega a quedar privado de su libertad un/a niñx o adolescente, en Bahía Blanca por ejemplo, no hay sistema de privación de libertad. Hay algunos institutos donde, en el caso de no quedar privado de libertad, permanecen, como empezando ya a instalar el sistema de reposicionamiento. El sistema penal es particularmente perverso con los niños o adolescente”.

El sistema penitenciario en Bahía Blanca

Del mismo modo, el fiscal general se quejó de las condiciones de la UP4, y la situación de las personas privadas de su libertad. “La cárcel de Bahía Blanca debe tener 100 años (la de Saavedra es más nueva). Ahora le habían cortado el gas, y estaban inventando métodos para poder calentarse. Nosotros trabajábamos mucho a partir de denuncias que recibíamos. Tenemos un teléfono con cobro revertido de todas las cárceles del país, así que recibimos todos los días veinte, treinta llamados. Cuando llaman presos de otras cárceles, nos comunicamos con el juzgado para decirle que tal persona, que está a disposición suya, necesita que vayan a verlo porque está padeciendo esto”.

Con ese sistema de teléfono, en un momento lograron trabajar dentro de la Unidad 4. “Cuando nos decían que en varios pabellones no tenían agua caliente… se congelaban en invierno al bañarse. Y debajo de la cárcel hay un surgente. Entonces fuimos, hablamos con uno, con otro, agarramos al jefe del servicio penitenciario, al ministro de seguridad, y lo que hicieron fue hacer caños, y con el agua del surgente lo llevaron a tres pabellones. Después las condiciones de vida en la Unidad Penal 4, y en otras cárceles que nosotros hemos visitado, son tremendas”, ratificó.

Cantaro no tuvo reparo en criticar el accionar del poder judicial. “He escuchado jueces, que cuando alguien venía a quejarse porque no podía ir al hospital a hacerse atender, le decían ‘mire mi compromiso es que usted no esté peor en la cárcel de lo que estaba en la calle. Este es mi compromiso, usted no tiene que estar peor’. Pero esto es lo que asumió el Estado, sino que renuncie”.

Y agregó: “Cada vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que intervenir en estos casos, se le impone penas [a Argentina] por no cumplir. Después del caso Verbitsky, donde Horacio describió lo que pasaba en las cárceles, dice ‘mire, no me diga que su único compromiso es que alguien no esté peor en la cárcel que en su casa, porque usted lo tiene que tener bien. Tiene que alimentarlo, curarlo si está enfermo. Para eso asumió el compromiso, sino renuncie”. La verdad es que hay innumerables violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario”.

QTJ: ¿Crees en la justicia?

“Diría que he visto al sistema judicial resolver algunos conflictos rápidamente, y enfáticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los días intervenciones en amparos de salud. Gente que tiene que recurrir a la justicia para que su prepaga, su obra social o el Estado, le dé una prótesis tal como se merece para su operación. He visto al sistema penal, y he visto alguna resolución de conflicto en materia penal, pero la verdad es que el sistema judicial y el penal tienen baches enormes”.

(Por ¿Quién te juna?) En el marco del día de lxs periodistas y el #NiUnaMenos, se realizó en salón fundadores de la Universidad Nacional del Sur la charla-debate “Mujeres en el medio”. Allí las comunicadoras Sandra Crucianelli, Gisela Estremador y Virginia Calzada Frache, disertaron sobre la realidad que vive el periodismo y la sociedad en general.

En este sentido, las periodistas hicieron hincapié en la estructuración de la agenda mediática de Bahía Blanca. “Básicamente la agenda, está dominada por la agenda de gobierno. El gobierno municipal gasta una fortuna en publicidad oficial y se cubre mayormente la oficina de prensa de la municipalidad, porque esto es conveniente para el medio. Y luego está lo policial, que ocupa una buena parte”, mencionó Crucianelli, a quien no le tembló la voz al mencionar las exorbitantes sumas de dinero que algunos medios de la ciudad se llevan en pauta oficial.

“Hay medios que son FM y que se llevan en lo que va del año más de medio millón de pesos en publicidad, estamos en junio, LU2 Radio Bahía Blanca sin ir más lejos, se lleva en lo que va del 2017, un millón de pesos en publicidad municipal ¿es necesario? Gustavo Elías que es dueño de La Nueva Provincia, ¿no tiene el dinero para bancar lo que hoy es La Nueva? Bueno, sin embargo el dinero público que aportamos de nuestros impuestos va para este tipo de medios, y esto hace que estos medios se vean en la necesidad de cubrirle toda la agenda noticiosa”.

En relación a la fuerte tendencia que existe actualmente en los medios locales de cubrir temas policiales, Crucianelli sostuvo: “Lo que le estamos trasmitiendo a la gente es más inseguridad de la que hay. Una vidriera rota en los ’80 no era noticia cuando yo trabajaba en La Nueva Provincia, yo pasé por policiales y no era noticia. Lo que hacía una mechera no era noticia. Tenía que ser un robo importante, que se llevaran mucho dinero, que ingresaran por la fuerza. Tenía que tener ciertas características un hecho policial. Hoy un ratero es noticia, y así estamos”.

Siguiendo esa misma línea, la conductora del noticiero de Canal 4, Gisela Estremador agregó: “Hoy también se da una situación muy particular, en donde, ese ratero es noticia porque, a través del grupo de WhatsApp, la policía pasa las fotos que le sacó cuando lo detenían, el parte y demás; que me imagino eso en otra época no existía. Entonces claro, está todo cocinado, escribimos lo que dice el parte policial y se terminó”.

Además, Estremador hizo referencia a cómo vive el día a día dentro del medio para el cual trabaja: “Yo trabajo en un canal de cable muy pequeño que tiene una trampa en sí mismo. En donde nosotros, la verdad que la presión de ‘esta nota tiene que estar por si la tiene determinado medio’, yo no la vivo. Pero, si yo quisiera hacer algo distinto, tendría que contar con recursos que no los tengo para nada: ni el tiempo, ni lo editores, ni lo camarógrafos”. Crucianelli por su parte sostuvo: “Es cierto eso, muchas veces la gente nos dice: ‘¿Por qué no investigan esto? ¿Por qué no investigan lo otro?’ y vos vas y se lo propones a tu jefe y te dice: ‘No, eso a quién le importa’”.

ADEPA y los ataques a la libertad de expresión

Cuando se les consultó cómo se arma la agenda de los medios locales, la periodista Virginia Calzada Frache destacó los ataques que sufrieron el fotógrafo Claudio Videla y su acompañante en el marco de la reunión de ADEPA, celebrada semanas atrás en nuestra ciudad. “El viernes pasado hubo un hecho, a propósito de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal, en donde terminaron llevando detenidos a dos camarógrafos: un hombre y una mujer. La pregunta que les hago es: ¿Dónde lo leyeron? ¿Lo escucharon? ¿Salió en algún lado?”.

Crucianelli agregó: “Hubo una descalificación absoluta de parte de los colegas hacia estas dos personas. Te digo la verdad yo no los conocía, pero me parece terrible lo que les pasó. Discutí con un colega sobre esto porque me decía: ‘¿Quiénes son? ¿Serán militantes políticos?’. No me interesa, hoy les pasó a ellos, mañana nos puede pasar a nosotros. No importa si son buenos o malos, si son camarógrafos o no. El tema es que les pasó”. Y redobló la apuesta al agregar de forma contundente: “También es grave que se los echó tomando como argumento que se trataba de un evento privado. Las películas privado. A ver, estaba la gobernadora. Es un escenario público el Teatro Municipal, que estaba presidido por la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires. Eso de privado no tenía nada”.

Gisela Estremador mencionó conocer a Claudio de otros espacios y, en relación al hecho sostuvo: “Esto para mí, habla de una perversidad en este sistema en donde la pauta está jugando muy fuerte; con estos números que vos estás diciendo (a Sandra), para determinados medios y para determinados periodistas “independientes”, que están marcando una gravedad institucional que no la vamos a ver en todos lados. Pero hoy, con las redes sociales, estas cosas no pasan como agua debajo del puente. Quizás lo más grave es que no tengan ninguna repercusión puntal. Digo, no escuché al intendente decir nada, ni hablar de ciertos medios. Todos los partidos políticos, todos los funcionarios que estaban ahí, por lo menos podrían haberse solidarizado con el compañero y la compañera, o haberse asombrado de lo que había pasado. Porque aparte, nos damos cuenta que le pasó a él, le pasa a cualquiera”.

Por otro lado, las comunicadoras hablaron sobre la falta de compromiso y solidaridad por parte del Sindicato de Prensa de Bahía Blanca con lxs compañerxs atacadxs en la reunión de ADEPA, en donde el gremio local ni siquiera emitió un comunicado.

En este sentido, Estremador sostuvo: “La verdad que me parece lamentable. Sobre todo, digo, es políticamente correcto, hay que hacerlo. Por lo menos tiene que salir un comunicado. Yo no estoy en el Sindicato de Prensa, no estoy afiliada, entonces también muchas veces, cargar contra los sindicatos cuando estamos afuera, a mí mucho no me gusta”, y finalizó diciendo: “Sí me parece que carece de cierta fuerza y de cierto compromiso público y visible en la defensa activa de los y las trabajores que, en este momento en particular, estamos viviendo todos. Hoy, día del periodista y la periodista, la noticia fue que la revista veintitrés va a dejar de salir y demás. Entonces, estamos en una situación y en un escenario laboral muy precario”.

De igual manera, Crucianelli se expresó al respecto, siendo más dura a la hora de hablar del rol que cumple el gremio en nuestra ciudad: “Voy a ser sincera, el Sindicato de Prensa en Bahía Blanca responde a la patronal”, y aprovechó para contar cómo había sido su experiencia cuando estaba afiliada. “De los 17 años que yo trabajé en La Nueva Provincia, 14 estuve afiliada, y en los últimos años recibí tres suspensiones en el trabajo por negarme a cumplir órdenes que consideraba indecentes. La última suspensión fue de 29 días, que me puso al borde del despido. El Sindicato no movió un sólo dedo. Me desafilié. Después, cuando entré a televisión éramos monotributistas, autónomos. Cuando pasamos nuevamente a manos privadas, me volví a afiliar y después de un incidente que ocurrió hace un año y medio, donde me volví a dar cuenta que respondía a la patronal, me volví a desafiliar y sigo sosteniendo lo mismo. Nunca defendió los intereses de los trabajadores”.

La política actual y el rol de los medios

Hoy en día, los medios de comunicación ocupan un rol fundamental dentro de la política actual. Asimismo vale destacar que el miércoles 7, el intendente le ofreció el desayuno a lxs comunicadorxs de nuestra ciudad. En este sentido, las periodistas dieron su opinión al respecto sobre cómo es la relación entre lxs colegas y lxs funcionarixs.

Sandra Crucianelli, fue la primera en tomar la palabra. “Hay que empezar a ir a los desayunos y a las conferencias de prensa. Yo lo hablaba hoy con mi marido, y le decía a un colega: no hay que dejar estos espacios en blanco”. Gisela Estremador por su parte, sostuvo: “Yo creo que ahí muchos de ellos son más papistas que el Papa, por esa cuestión de agradar. En las conferencias de prensa no hay un solo minuto de incomodidad, que se supone que es el rol de los y las periodistas”.

Al mismo tiempo, Crucianelli recordó cómo era hacer periodismo en otros tiempos, y además tratando de explicar la falta de costumbre que tienen hoy lxs funcionarixs a ser interpeladxs. “No están acostumbrados a la interpelación. Yo siento que en los ’80, por lo menos lo que me tocó cubrir de Cabirón, y de las tres intendencias de Linares, hubo un periodismo que interpelaba al poder y que hacía las preguntas que había que hacer en el momento que era necesario”.

Por su parte Estremador, se tomó un momento para hablarle directamente a las futuras generaciones de comunicadorxs. “A mí lo que también me parece que está bueno, sobre todo de los y las estudiantes de periodismo, que por ahí arrancan en algún medio, es que se animen a preguntar. Yo sé que es muy difícil, no me hago la canchera, porque todos tuvimos nuestro primer momento, pero pregunten. Porque de última son los que menos tienen para perder, créanme”.

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal realizó esta mañana una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre la situación del sector a partir de las demandas que no fueron escuchadas por las autoridades comunales en la última paritaria así como por el incumplimiento de otras que sí habían sido acordadas.

Según el gremio, el contexto se agravó al hacerse cargo el sistema público de la atención de pacientes de PAMI ante la crisis de la obra social que no avizora perspectivas de mejoramiento. Cabe destacar, que la población afectada por esta problemática demanda muchos más cuidados que los habituales.

La atención municipal también está recibiendo una sobredemanda de afiliados y afiliadas a obras sociales que no cubren las prestaciones básicas como la de aquellas trabajadoras y trabajadores que en lo últimos meses perdieron sus empleos y, por consiguiente, sus coberturas médicas y afrontan difíciles realidades socioeconómicas.

Ante este panorama no hubo adecuación de los recursos humanos ni materiales.

Al precario estado de la infraestructura de las unidades sanitarias y los centros de salud, se sumó el anuncio de la construcción de otros centros sin profesionales para cubrir las vacantes de cargos que todavía no fueron concursados.

Este faltante, advirtió la Asociación, se repite en otras áreas del sistema sanitario local o es cubierto por personal precarizado mediante distintas formas de contratación irregular.

En el aspecto salarial, el Departamento Ejecutivo firmó un aumento en las categorías profesionales a cobrar a partir de julio que no cumplió y demora su pago.

Finalmente, el acuerdo paritario incluía una bonificación para el conjunto de las y los profesionales de atención primaria en reconocimiento a la complejidad de su labor, sólo restaba definir el monto. “El Ejecutivo nuevamente intentó negar el pago aunque ante el insistente reclamo abonó 200 pesos como suma fija, monto que interpretamos como el valor que da el ejecutivo local a la labor de la atención primaria de la salud que realizamos día a día”, afirmaron.

En el marco de la charla- debate organizada por ¿Quién Te Juna? junto a FM De la Calle y el Frente Julieta Lanteri, disertaron las comunicadoras Sandra Crucianelli, Virginia Frache y Gisela Estremador  reflexionando acerca del rol de las mujeres periodistas en los medios de comunicación locales.

“Cuando se arma una rutina desde un noticiero o desde un producto periodístico, lo primero que el responsable te pregunta es ¿y cuál es la noticia? Entonces tenemos dos tipos de productos periodísticos, el informativo -propiamente dicho- y los programas de opinión de naturaleza periodística. Ninguno de estos dos productos está liderado por mujeres en la ciudad de Bahía Blanca. Ni los programas de naturaleza eminentemente política están conducidos por mujeres; ni ninguna sala de redacción está, hoy, liderada por mujeres. Entonces la perspectiva de género, obviamente, está ausente. Las que estamos por afuera, que no tenemos ni voz ni voto en la decisión de la agenda informativa, podemos sugerir, podemos pedir, podemos acercar una fuente, pero las decisiones pasan, todavía, por lo masculino”, expresó Sandra Cucianelli.

La semana pasada un grupo de mujeres integrantes de la Fuerza Artística de Choque Comunicativo se desnudó frente a edificios públicos bajo la consigna “Femicidio es genocidio”. Al respecto, Virginia Frache opinó que “cuando los cuerpos de las mujeres están producidos, o los medios los producen para ser objetos deseables, objetos de venta, está todo bien. Cuando está presentada como un objeto sexual, apetecible, está todo bien. Ahora, cuando hacen una intervención de estas características, está todo mal. Cuando nosotras decidimos usar nuestros cuerpos como un arma para interpelar a la sociedad”.

Gisela Estremador afirmó que “en el tratamiento de los medios, sobre todo los medios hegemónicos, entendemos que hay una postura políticamente correcta sobre todo el 3J donde el cartel del Ni Una Menos, y en donde decir que matan mujeres está bien,  con ese grado de obviedad, todos lo dicen, sobre todo los varones comunicadores, después ya al segundo o tercer día donde se empieza a desmenuzar la noticia y pasan otras cosas de la marcha o de que está muy politizada y demás, ya ahí se empieza a dibujar el sentido”.

Redes sociales: “El que trata de puta a una víctima, de mi página se va”

El debate también giró en torno a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación digitales en la producción de contenidos y en el filtro que se realiza (o no) en los comentarios de los portales.

“En los comentarios de las notas de los medios digitales, se leen verdaderas barbaridades. Pero barbaridades. Que expresan de parte de mujeres un machismo y una discriminación que, desde mi punto de vista, no deberían permitirse. Cualquiera no puede decir cualquier cosa en una red social. Cualquiera no puede insultar, menospreciar, socavar en la intimidad, la dignidad de una madre que está pidiendo justicia por su hija. Yo empecé a tomar acciones. En mi página de facebook cualquiera no dice cualquier cosa. El que trata de puta a una víctima, de mi página se va. Lo invito a irse. Y si no se va voluntariamente, yo lo bloqueo”, señaló Crucianelli.

“Hay que demostrar todo el tiempo que una está capacitada”

En un breve recorrido por la trayectoria laboral de las comunicadoras todas expresaron un punto en común: “Hay que demostrar todo el tiempo que una está capacitada para hacer lo que está haciendo”.

¿Qué se comunica y de qué manera?

“En esa construcción como periodista y como mujer, el feminismo para mí fue muy importante porque me hizo un click en la manera de contar las historias y en la manera de mirar la realidad a partir de ese lugar y lo primero que fue importante para mí fue el tema del lenguaje, darme cuenta que no nos nombrábamos, que no estábamos visibles ahí, bajo ese rotulo de usar los genéricos. Para mí desmontar eso fue un trabajo, lo sigue siendo aún hoy, porque tengo el chip de haber sido formada bajo esas consignas”, dijo Virginia Frache.

Gisela Estremador se preguntó si realmente las mujeres pueden hablar de todo en los medios hegemónicos: “Nosotras tenemos reservados determinados lugares y es hablar de tareas  de cuidado, de notas de color: moda, belleza y por ese lado. Y política y economía y otros temas  nada tienen que ver con nosotras al igual que el deporte. Aspectos que parece no estamos capacitadas para hacerlo, aun hoy si bien hay muchas compañeras que lo hacen con un profesionalismo impresionante tienen que estar a los codazos”.

“Encargadas de descubrir la verdad en los rincones más oscuros de la historia. Con su valiente trabajo, las periodistas nos colocan un espejo ante los ojos, donde se reflejan nuestro presente vertiginoso y el verdadero rostro de nuestra sociedad”.

Isabel Allende

El camarógrafo Claudio Videla y su compañera fueron detenidos por un grupo de hombres de civil mientras cubrían la conferencia de prensa que brindó la gobernadora María Eugenia Vidal durante el encuentro de ADEPA en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Nunca les dijeron de qué se les acusaba. Su delito fue filmar. Su delito fue mostrar lo que “no debe” ser mostrado.

En una camioneta blanca sin identificación Claudio fue trasladado a la DDI de la Polícia Bonaerense donde 40 años atrás funcionó un centro clandestino de detención y torturas. Su compañera fue llevada a un calabozo de la Comisaría 1º donde la obligaron a desnudarse para revisarla.

En ambos casos el objetivo era quitarles las tarjetas de memoria de sus cámaras y borrar las imágenes que tomaron rodeados de periodistas y funcionarios municipales y provinciales que avalaron con su silencio el accionar de los hombres de la gobernadora.

Los grandes medios que se proponen garantía de la Verdad eligieron no difundir la noticia.

Hoy como ayer: “Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. (Rodolfo Walsh)

LIBRTAD

El viernes pasado la gobernadora María Eugenia Vidal visitó la ciudad para participar del encuentro en el que Adepa (entidad que nuclea a patronales de medios) dio el el aval al actual dueño de La Nueva (Provincia), Gustavo Elías. Para la mandataria, el empresario es poco menos que un paladín de la lucha contra el narcotráfico.

El escenario utilizado fue el del Teatro Municipal. Varias cuadras a la redonda fue colocado un vallado con el objetivo de invisibilizar la marcha docente que acudió en reclamo de respuesta a la situación salarial y de infraestructura. La mañana en la ciudad transcurrió en medio de quejas vecinales por las dificultades para transitar normalmente en horario escolar y laboral.

A las 15, una conferencia de prensa tuvo lugar en el histórico teatro, ubicado a pocas cuadras de la plaza central. Luego de pasar las vallas, el camarógrafo independiente Claudio Videla y su ayudante Mara Solis ingresaron al teatro sin inconvenientes. Su olfato periodístico reparó en la presencia de Analía Larrea, quien durante al anterior visita de la mandataria provincial a la ciudad hizo público un reclamo en medio de un acto en el palacio municipal. Entonces, un grupo de funcionarios forman una barrera para bloquear a la joven. Videla pide que dejen pasar a Larrea y comienza a filmar.

Personal no identificado le pide la credencial al camarógrafo. Mientras éste sigue filmando, un grupo de personas lo lleva por la fuerza, torciéndole los dedos y los brazos. Una vez afuera, Videla pide que lo dejen circular en libertad. Uno de los individuos comienza a ahorcarlo y a golpearlo y lleva a por la fuerza a Videla hacia una camioneta blanca.

Este video de FM De la Calle muestra el momento:

Luego, aparece un uniformado (el único identificado hasta el momento). Videla apaga la filmadora y guarda la tarjeta de memoria en el bolsillo. Lo trasladan a dependencias de la DDI. Una vez en el establecimiento, si bien no hubo maltrato, le sustrajeron la tarjeta de memoria del bolsillo y borraron el material filmado.

El camarógrafo expresó que los oficiales de la DDI reconocieron que las órdenes fueron de parte del personal de seguridad de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.   

“Sacate la ropa”

Por su parte, Mara Solis enciende la filmadora cuando comienzan los forcejeos en el teatro. Personal de seguridad la obliga a apagar la filmadora y la saca de la sala. “Esto es un evento privado”, adujo uno de los agresores. Dos mujeres la “acompañan” hasta un patrullero. Luego, la trasladan hasta la comisaría primera y la detienen en una celda. Sus pertenencias son retenidas.

Hora y media más tarde, Solís pide permiso para ir al baño. Es autorizada. Cuando intenta salir del baño, dos oficiales mujeres le piden que se desvista, cerrándole el paso. Luego de una lógica protesta, es obligada a desvestirse. Buscan algún elemento que pueda dar testimonio de las irregularidades. Durante horas la mantienen incomunicada, aun cuando ella aduce que sus hijos se encuentran solos. Cerca de las 19 le acercan un acta para firmar. Finalmente, le entregan sus pertenencias, entre ellas, su celular desarmado.

Las víctimas hicieron la denuncia penal.

En medio de un congreso de medios de comunicación, plagado de periodistas, nadie registró nada.

*La crónica se desprende del testimonio ofrecido por las víctimas en una entrevista otorgada a Radio Universidad

“Nos ofrecieron la mitad de la indemnización. Esperamos que recapaciten y que siga la fuente laboral o que por lo menos nos paguen lo que corresponde”, dijo Fernanda Schott empleada de heladería Vito en diálogo con el programa ¿Quién te juna? de FM De la Calle.

El conflicto se originó el sábado por la tarde cuando algunxs de lxs empleadxs  no pudieron ingresar al local. “Me di cuenta que habían cambiado la cerradura, cuando miro por la ventana, faltaban computadoras. “Mañana no vengas,  tomate franco” me dijeron. Ahí pensamos que había algo raro. Directamente nos autoconvocamos en la sede. Cuando vino el apoderado nos amenazó verbalmente que estábamos todos despedidos, pero hasta ese momento no teníamos ningún indicio, nunca nos dijeron nada”, señaló Schott.

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El gerente, José Luis Lombardo, dice ser solamente empleado pero cuando lxs trabajadrxs  recibieron el telegrama se dieron cuenta de que “quien lo firma es el padre de él”.

Veinte familias son las perjudicadas por el cese de producción, administración y venta, pero Schott manifestó que “es una cadena, porque se abrieron veinte franquicias más y dejan a esas otras familias sin trabajo”. Hacía dos meses que el personal notaba una baja en la producción de helado que nunca se normalizó.

“En este momento seguimos pacíficamente en la heladería, estamos a la espera de la audiencia de mañana (por hoy), esperamos tener una respuesta favorable a nuestro reclamo. Esperamos que hayan recapacitado y que siga la fuente laboral y si no hay posibilidad, que por lo menos nos pague lo que corresponde. 100% de la indemnización. Ellos nos ofrecieron un 50%. Yo no soy socia de la empresa, soy empleada. Si se manejaron mal, no es mi problema, ellos tendrán que hacerse cargo”, sentenció la empleada.

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Hasta el momento los dueños no se han contactado con lxs trabajadorxs, solo intervinieron los abogados que los representan.

“No sabemos las intenciones verdaderas de la empresa, ellos no presentaron quiebra.  Sabemos que querían vaciarla y dejarnos en la calle. Eso queda claro al ver que empaquetaron toda la mercadería, embalaron las computadoras, cambiaron las cerraduras. Yo le dije a Lombardo que tiene asegurado el plato de comida para sus hijas, a nosotros nos está cortando la posibilidad”, dijo.

Hoy a las 9 los trabajadores y las trabajadoras se concentraran frente a la sede del Ministerio de Trabajo en O´Higgins 247.

(Por Mauro Llaneza) Valeria Mapelman y Alexis Papazian, integrantes de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, participaron en Bahía Blanca del pre Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización que se realizará durante el viernes 26 y el sábado 27 en la Delegación Norte de Vieytes 2700.

En diálogo con FM De la Calle, Papazian dijo que el genocidio de los pueblos originarios “es un crimen imprescriptible que no ha tenido justicia, por lo tanto, se continúa y habilita a nuevas matanzas o a poder expropiar tierras o a desalojos o un montón de otras variables, de formas de marginalización y de generar imaginarios de amenaza con respecto a distintas organizaciones originarias”.

“Hay dos juicios por crímenes de lesa humanidad, en relación a Napalpí y a lo ocurrido en La Bomba en el ’47. Y estos dos juicios están silenciados. No están en la agenda de los organismos de derechos humanos y eso es muy llamativo. Eso demuestra también que este genocidio tiene consecuencias hasta el día de hoy”, agregó Mapelman.

Consultada sobre las causas de dicha omisión, la autora de Octubre Pilagá opinó que “todavía las víctimas de pueblos originarios son vistas como Otros, no hay voluntad política para que eso cambie. Entonces, desde los organismos de derechos humanos, desde el Estado digamos, no se les presta atención, no le dan importancia y están como demasiado ocupados en los grandes juicios, en los megajuicios (sobre hechos) que ocurrieron durante la dictadura”.

Papazian propuso pensar el genocidio “como una matriz de eliminación física, cultural, simbólica” que en el caso particular de la avanzada contra los pueblos originarios se inició hacia 1876-1878 y “luego con la Conquista avanza en el sur de la actual Argentina, en el norte, pero después se continúa y se puede ver en estudios como el que ha hecho Valeria vinculados con matanzas muy posteriores en 1947 o con despojos y procesos de erradicación de comunidades en distintas partes del país para mediados del siglo XX y hasta la actualidad con la lucha territorial que atraviesan”.

“Es interesante trabajar el término y el concepto de genocidio y nos parece que es sumamente sugestivo, y creo que va a ser un momento único, la idea del Foro que están planteando desde la Marcha de Mujeres Originarias con las diferentes organizaciones para pensar desde los mismos pueblos originarios cómo fue el devenir de su propia historia (…) e ir viendo qué continuidades y qué particularidades los atravesó a cada uno de los más de treinta pueblos que preexisten a la nación argentina”.

Mapelman afirmó que “hay una continuidad que se demuestra en estos casos que hemos podido identificar sobre todo en el Gran Chaco, que ocurren a mediados del siglo XX, es decir, la campaña militar al ‘desierto’ de Pampa y Patagonia no se termina ahí sino que después se corre hacia el norte, hasta el extremo de la frontera y lleva un tiempo todo ese proceso genocida”.

“Lo que podemos ubicar y escuchar, por parte de los abuelos y las abuelas que están vivos todavía, acerca de la masacre del año ’47 prueba que este proceso ocurrió y que fue muy extenso en el tiempo y territorialmente. Por supuesto que hay otros casos además, no es que lo que ocurre en el año ’47 ocurre aisladamente sino que vemos el caso de la masacre de Napalpí, Zapallar es del año ’33, en el ’19 también hay una represión extendida sobre todo a las comunidades pilagá durante la presidencia de Yrigoyen”.

Sobre las características del genocidio en el norte, Mapelman explicó que “la idea era disciplinar para el trabajo a una mano de obra muy numerosa, para llevarla a las industrias, ya sea Jujuy, Salta, los obrajes del Gran Chaco y entonces todo el sistema que se montó ya sea desde el punto de vista militar como desde el punto de vista del control de los cuerpos dentro de las reducciones indígenas apuntaba a este disciplinamiento laboral, a convertir en obreros, en trabajadores sedentarios y mano de obra útil y barata a una población muy numerosa”.

“En las reducciones de Napalpí, Bartolomé de las Casas y Muñiz hubo años en los que había siete mil personas cortando quebracho para el Estado y en condiciones de control policial donde el espacio estaba cerrado y controlado continuamente, donde a la gente se le pagaba con vales como ocurría en las grandes empresas azucareras o en las forestales del norte, y la Secretaría de Trabajo y Previsión a mediados del siglo XX era la que controlaba esos lugares, estaban vistos como trabajadores. Pero claro, ese trabajo estaba impuesto, estaba regulado, estaba controlado por un estado policial”.

Papazian destacó que “los genocidios siempre dejan rastros, huellas y gente que sigue con sus formas de resistencia. En muchos casos marginados, sojuzgados, pero siguen viviendo y siguen intentando reproducir sus formas culturales de existencia. Eso ha pasado con todos los pueblos originarios en la Argentina que durante la década del ’90 del siglo XX han reemergido en muchos casos, se han fortalecido en otros y no es menor, empiezan a tener presencia”.

 “Que estemos discutiendo el concepto de genocidio hoy habla de que este proceso ha sido invisivilizado durante mucho tiempo y ahora ya no está tan invisible y se va a pasar tal vez a un plano de discusión y hasta de negación”.

“Una vez que uno comprende y entiende porqué estamos hablando de genocidio -la forma sistemática con intención de destruir, se observa en el norte y en el sur, modalidades distintas en algunos casos pero se ven campos de concentración en las reducciones, en la isla Martín García, en Valcheta, en Puan-, si uno puede observar todo ese plano que habla de una sistematicidad y una centralidad ya no hay manera de volver atrás”, advirtió.

Basta de mujeres indígenas asesinadas, hombres y mujeres perseguidos, encarcelados y torturados. Nos juntaremos en el Primer Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización el 26 y 27 de Mayo en Bahía Blanca para fortalecernos y acompañarnos en nuestro caminar hacia la justicia desde y para los pueblos originarios.

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 211 votos afirmativos y giró al Senado un proyecto que busca dar marcha atrás con el beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

Consensuado por todos los bloques parlamentarios, la iniciativa nucleó una serie de proyectos en respuesta al fallo de la Corte Suprema que aplicó la “ley más benigna” en el caso del represor Luis Muiña. El debate en el recinto duró más de seis horas y contó con la presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El proyecto con media sanción establece que el beneficio del 2×1 no deberá ser aplicable a “conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.

La diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, consideró que se trata de “uno de los fallos más vergonzosos desde que existe la Corte”. “Por la gravedad del tema, tenemos que dar un mensaje claro y contundente: en este país la Cámara de Diputados de la Nación dice que no vamos a renunciar a la memoria, la verdad y la justicia”, resumió la legisladora.

Héctor Recalde, titular del bloque del Frente para la Victoria, rechazó el fallo del máximo tribunal y manifestó: “Si en algo nos hemos insertado en el mundo fue en materia de DD.HH”. “Es bueno que haya una respuesta del Congreso hoy, a través de la Cámara de Diputados, para que el pueblo sepa que respetamos sus derechos”, añadió Recalde.

El diputado Remo Carlotto, del Peronismo para la Victoria, aseveró que “se trabajó sobre un texto acordado con respecto a lo que consideramos un fallo vergonzoso por parte de la Corte Suprema”.

Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, dijo que “con esta ley venimos a corregir un error de este cuerpo legislativo” y consideró que el rechazo al 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad “tuvo que ser previsto mediante una ley”.

En nombre del Bloque Justicialista, el diputado salteño Pablo Kosiner dijo “que no es un momento para especulaciones políticas: este fallo es un grave retroceso de la política de DD.HH. de la Argentina”. Y recordó que presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para que declare inválido lo resuelto en el fallo Muiña.

El Senado intentará hoy transformar el proyecto en ley en el marco de la concentración convocada por los organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo y numerosas ciudades del país.

En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán esta tarde en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.

La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontrarán a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.

Foto: HIJOS Capital.

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, utilizó argumentos del fallo 2×1 de la Corte Suprema para otorgar la detención domiciliaria a un integrante de la Triple A acusado de participar en 22 asesinatos. El titular del Juzgado Federal Nº1 mandó a Osvaldo Omar Pallero a la casa de su hijo en el barrio Rosendo López porque en prisión siente “depresión, angustia y desestima personal”.

“El Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’”, citó.

El fiscal Miguel Palazzani recordó a Hugo Cañón -su antecesor en tiempos de leyes de impunidad- quien “desobedeciendo las instrucciones que se impartían a todos los fiscales federales del país, impugnó la Ley de Obediencia Debida por inconstitucional y, por mayoría, los jueces de la Cámara Federal de BB, Cotter y Larraza, la declararon inconstitucional a pesar de la presión institucional para que eso no ocurriera. En esa época fueron los únicos. Podemos desobedecer en masa al 2×1”.

Pallero fue contratado el 17 de marzo de 1975 por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay. Integró la primera tanda del “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.

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Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal, fue parte de los grupos de choque que, a instancias del diputado nacional del FreJuLi Rodolfo “Fito” Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.

Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.

El juez Alejo Ramos Padilla lo detuvo, procesó y embargó por un millón de pesos en 2015 por haber sido parte de “una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975”.

Según Padilla, el grupo de seguridad de la UNS “funcionó como una organización que buscaba imponer el terror y la violencia a través del uso de la fuerza y la intimidación para llevar adelante las acciones que a nivel nacional planeaba y dirigía el Ministro de Educación [Oscar] Ivanisevich y a nivel local, el Rector interventor Remus Tetu en el ámbito estudiantil, y el diputado Ponce en el ámbito gremial”.

En la causa que investiga 22 homicidios, Pallero es coimputado junto al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, docente de la UNS suspendido y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti.

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Al momento de responder el pedido de detención domiciliaria presentado por la defensa del represor, la Fiscalía advirtió que tanto los informes médicos y psicológicos que se le realizaron como los de la propia Colonia Penal de Santa Rosa no planteaban “imposibilidad alguna” para que sus dolencias continúen siendo atendidas dentro del ámbito carcelario.

El juez López Da Silva afirmó que el matón de Remus Tetu cumple “ampliamente con la condición etárea” -tiene 74 años- y padece “una profunda depresión con reiterados pensamientos de ideación suicida que pondrían en riesgo su vida”. Asimismo opinó que la gravedad del terrorismo de Estado y la responsabilidad internacional de juzgar sus crímenes no pueden “conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado”.

Y cerró con la cita al fallo de la Corte que el mundo repudia: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’ (CSJN, 1574/2014/RH1 “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”, rta. 3/5/2017)”.

Da Silva ordenó que la Dirección Nacional de Readaptación Social le coloque la pulsera de vigilancia electrónica a Pallero y al Servicio Penitenciario Federal que lo traslade “de forma inmediata” a la casa de su hijo.

El repudio en la calle

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En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán la tarde del miércoles en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.

La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontraran a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.

Desde la Marcha de Mujeres Originarias hacemos un llamamiento espiritual y colectivo para denunciar el genocidio sistemático. La Conquista del Desierto no ha terminado, sigue en proceso. Somos las voces de esos hermanos y hermanas que fueron desaparecidos de forma aberrante e inhumana. No solamente es genocidio matar y desaparecer; existe genocidio en las violaciones, mutilaciones de nuestra tierra y de nuestros cuerpos femeninos.

Genocidio es reducirnos a las urbes, traídos por el hambre y la desnutrición. Genocidio está en los centros de salud que no nos permiten parir libremente y nos dejan morir por ser mujeres pobres, por ser indígenas, por no hablar castellano. Genocidio cuando viene un uniformado y nos mata, nos viola, nos ultraja o nos mete presas. Genocidio introducido por el Estado a través de las drogas, el alcohol y la prostitución.

Por el desmembramiento de comunidades y familias, en cada una de las mujeres que el Estado invalida como madres y las separa de sus hijos e hijas para acentuar el colonialismo. Así, no solamente nos intentan matar físicamente sino culturalmente, espiritualmente, buscando que mueran nuestras propias lenguas autóctonas, desconociendo los derechos lingüísticos.

Watch video!

Existe un genocidio silencioso, en los niños, niñas y jóvenes que se suicidan, por culpa de una sociedad que los niega, y les arrebata el futuro. También al negarnos el acceso a la educación, a la salud, a viviendas y trabajos dignos. Hay un genocidio silencioso en las mujeres que matan al no dejarlas hablar y dejarlas a la deriva, lo hacen con sus palabras, considerándonos objetos.

Genocidio es la reducción de nuestros territorios, que no nos permitan sembrar, criar nuestros animales y mantener una soberanía alimentaria autónoma. El Estado Nacional y los poderes transnacionales, incluyendo las multinacionales están asentándose sobre las poblaciones indígenas provocando desplazamiento forzado, involuntario, generando condiciones para que la gente no pueda quedarse.

Está en juego nuestra existencia.

En nuestro territorio no hay fronteras, el territorio y su ancestralidad viajan con nosotras. Somos mujeres de la tierra y queremos caminar en dualidad. Las mujeres somos pilares imprescindibles, estamos pidiendo memoria, verdad, justicia y amor.

Caminamos por la defensa y sanación de los territorios, de la memoria y de nuestros cuerpos. Por la recuperación de nuestros ríos, lagunas y montañas llenas de conocimiento y bondades sanadoras.

Las mujeres hacemos un llamamiento a todas las naciones originarias y al pueblo argentino para fortalecer nuestras espiritualidades y territorios; por el nacer, crecer y ser libres de nuestros niños, niñas y de nuestras hermanas.

Basta de mujeres indígenas asesinadas, hombres y mujeres perseguidos, encarcelados y torturados. Nos juntaremos en el Primer Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización el 26 y 27 de Mayo en Bahía Blanca para fortalecernos y acompañarnos en nuestro caminar hacia la justicia desde y para los pueblos originarios.

Recuperaremos nuestra memoria para llegar a la verdad. Sanando nuestros territorios.

No más silencios, nos unimos en un mismo grito, en un mismo canto.

¿Quién sino vos? ¿Cuándo sino ahora?

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El viernes, cerca de las 16, murió Dario Marillán quien trabaja en una ampliación de la empresa Cargill. Caminando hacia el merendero “se le cerró el pecho”. El joven de 32 años habría estado realizando tareas de pintura. La ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar.

“Hay que analizar si podía estar haciendo las tareas que estaba haciendo”, dijo a Ángeles y Demonios* Diego Márquez, prosecretario del sindicato de aceiteros, ya que el operario “tenía asma”. El Ministerio de Trabajo envió una inspección al respecto.

Recién luego de las 22 la familia logró retirar el cuerpo. Sus compañeros pararon la fábrica y otras empresas aledañas para reclamar que se resuelva la entrega del cuerpo lo antes posible. “No había nadie que firme”, ya que es territorio federal.

“Ya había un planteamiento de la intersindical de que adentro del Consorcio del Puerto tendría que haber ambulancias como también una sala médica apropiada para atender a los trabajadores. Si eso hubiera estado las probabilidades hubieran jugado a favor nuestro y hoy Darío estaría con nosotros”, agregó el dirigente.

Por otra parte, “no es la primera vez que pedimos una ambulancia y tarde más de treinta minutos”, aseguró. Márquez estimó que unos mil operarios y operarias ingresan diariamente al puerto. Sin embargo, no cuentan con ambulancia y sala de atención dentro del mismo.

El martes habrá una reunión intersindical y se analizarán las medidas a tomar. “Creo que el puerto tiene lo suficiente para que nosotros podamos tener un servicio de emergencia como corresponde”.

*Se emite los sábados de 10 a 12 por Continental Bahía Blanca.

Imagen ilustrativa: Tecnobahía.