La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. En la mayoría de los casos se alega la elevada edad y/o razones de salud.

Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.

Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados. Sus crímenes han sido contra la humanidad. La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad.

Han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro la CPM corroboró que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible. Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo.

Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos.

La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar.

El organismos destacó que los genocidas deben terminar sus días en la cárcel y los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. “Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria”.

El fiscal general Javier De Luca interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que el 4 de julio había declarado inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había convalidado la del juez ad hoc Claudio Pontet de declarar la falta de mérito del empresario periodístico Vicente Massot, en la causa en la que se investigan los homicidios de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal fundó el recurso en el carácter de equiparable a sentencia definitiva de la resolución apelada, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos constitutivos de esta clase de delitos, además de poner en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado Argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

El fiscal ante Casación subrayó que la decisión del juez ad hoc Pontet y Cámara de Apelaciones “encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado, lo cual se traduce en la imposibilidad de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral”. También, indicó que “el plexo probatorio incorporado hasta el momento es suficiente para arribar al grado de probabilidad necesario acerca de la participación del imputado en los hechos punibles que se le atribuyen, lo cual habilitaba el procesamiento de Vicente Massot”.

Leading case

De Luca consideró que la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal no logró captar “el carácter de leading case del objeto de esta causa. Con respuestas ritualistas dejó pasar la oportunidad de fijar un estándar internacional sobre la intervención de civiles en delitos de lesa humanidad, no mediante vías de hecho, sino a través del poder simbólico de las palabras difundidas por importantes medios de comunicación”.

Para arribar a esa conclusión, De Luca repasó los elementos de prueba vinculados a los casos Heinrich y Loyola, los del rol de La Nueva Provincia en la “actividad psicológica” de la que el diario de Bahía Blanca “formó parte del y/o sirvió al plan criminal perpetrado por la última dictadura militar”, y su adecuación a la calificación legal de instigación pública o incitación a la violencia colectiva que eran la concreción del crimen internacional e instigación al genocidio o graves violaciones a los derechos humanos.

Lo hizo siguiendo los razonamientos y las pruebas incorporadas a la causa por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes habían demostrado que el empresario periodístico “en su condición de ser uno de los tres miembros del núcleo decisional del diario”, “haber publicado un mensaje de incitación al genocidio (o delitos de lesa humanidad), a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano”, “un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.

Fuente: fiscales.gob.ar

La agrupación H.I.J.O.S. Santiago del Estero repudió enérgicamente la invitación que el Centro Cultural del Bicentenario y la Unión de Editores hicieron al dueño del ex diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, para presentar su libro “Los dilemas de la independencia”. Asimismo rechazaron “el espacio que le otorgaron en el Diario El Liberal y el programa Libertad de Opinión de Canal 7 principales medios de nuestra provincia”.

Massot está beneficiado en la actualidad por la falta de mérito dictada por el abogado Claudio Pontet -en una cuestionada subrogancia del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca- y ratificada por los camaristas Jorge Ferro y Pablo Candisano Mera. La Fiscalía lo imputó como partícipe en una causa por crímenes de lesa humanidad referida al rol de su empresa como auxiliar de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica desplegadas por el Ejército y la Armada y como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos y dirigentes gremiales, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.

“Los vínculos entre Macri y los Massot datan del inicio de la carrera política del actual presidente. Vicente Massot fue quien lo presentó en sociedad a empresarios y políticos. El sobrino del genocida Massot, Nicolás, fue el elegido por Macri para presidir el bloque legislativo. Un guiño más de los tantos que viene dando el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la protección de los represores y los civiles cómplices de la dictadura”, afirmó H.I.J.O.S. en un comunicado.

Allí destacaron que “el rol de los medios de comunicación” durante la dictadura “fue fundamental para la implementación del terror en la Argentina: actuaron como aparato de reproducción ideológica para que sea posible el genocidio llevado a cabo” y en “la construcción del enemigo interno, los llamados subversivos, guerrilleros, terroristas” y la “legitimación del Terror a través del disciplinamiento de la sociedad”.

“La Nueva Provincia, no solo ocupó un lugar central en la trama del poder y en la construcción de un discurso de legitimación, sino que fue de suma importancia para las Fuerzas Armadas. Un informe elaborado por Prefectura y en colaboración de uno de los jefes de seguridad de la empresa, el comisario Ramos (sindicado por víctimas como uno de los más eficientes torturadores), consignaba en una lista de empleados “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL, tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria’ cita textual del informe.

“Los Massot pusieron el diario a disposición de las fuerzas armadas de 1976 por convicción ideológica y militancia contra la ‘infiltración subversiva’, línea editorial que hasta el día de hoy sostienen desde ese medio. Como otrora realizaron editoriales festejando el cambio y el saneamiento, que llevaría a cabo el régimen terrorista de 1976, en estos últimos días el ingeniero Macri, escribió una editorial en LaNueva., donde instaba a ‘decir la verdad'”, finalizaron.