Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

Días atrás el partido GEN presentó el Informe sobre desempleo en Bahía Blanca para grupos vulnerables y un plan de equidad laboral de género para lograr la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. “Queremos ver qué nos está pasando en Bahía Blanca para ver cómo revertirlo”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional Virginia Linares.

Agregó que como entienden que el observatorio debería ser gubernamental, le propuso al intendente Gustavo Bevilacqua que la tarea sea encarada por el municipio pero “no mostró interés”. Según la legisladora, “nos pasa en Bahía Blanca lo que nos pasa en todo el país, la gran vulnerabilidad que hay con los jóvenes y con las mujeres”.

Justamente sobre las trabajadoras se enfoca esta edición del informe que, de entrada, destaca que “uno de los aspectos centrales de la situación de las mujeres frente al trabajo está dado por la doble responsabilidad -hogar y trabajo- que viven aquellas que desean trabajar y a las que se les plantean una serie de conflictos entre su desarrollo personal y su desempeño laboral, que se presentan frecuentemente como incompatibles”.

La diputada adelantó que presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto para crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres que deberá integrarse con representantes de las áreas comunales de empleo y políticas sociales, del empresariado y los sindicatos.

En particular, también propondrán un ingreso igualitario al plantel de las Sapem Ambiental y de Transporte, sobre todo en esta última, descartando que “tienen las condiciones mínimas para manejar un colectivo tanto varones como mujeres”.

El estudio manifiesta que “el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar –incluyendo quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de niños, personas enfermas y ancianos- es del doble al triple del dedicado por los hombres”.

Citando al Consejo Nacional de las Mujeres, menciona que aún se mantiene “un conjunto reducido de ocupaciones que se definen como típicamente femeninas en términos culturales.   Las mujeres trabajan, fundamentalmente como maestras y profesoras, enfermeras, secretarias, dactilógrafas, empleadas de oficina y vendedoras de comercio, peluqueras y afines”.

familias“En Bahía Blanca, al igual que en otros centros urbanos del país y de América Latina, se ha registrado una profunda transformación del modelo de proveedor único del hogar, que predominó durante décadas. Ha ido quedando progresivamente atrás el modelo tradicional del ‘hombre proveedor’ -con un padre que trabaja y es el sostén único del hogar, la mujer como ama de casa a tiempo completo e hijos dependientes- reemplazado por familias de doble o múltiple ingreso”, dice el informe. Si este fenómeno se mantiene en la ciudad y el país “representaba ya en años recientes apenas algo más de un tercio de los hogares con núcleo de familia”.

El documento explica que “este cambio tiene amplias consecuencias, ya que conlleva un replanteo de los roles en el hogar y pone de relieve la importancia que ha adquirido la presencia de los aportantes adicionales de ingresos, entre los cuales les corresponde un lugar destacado a las cónyuges”. Por otra parte, es notable el aumento registrado en las últimas décadas de los hogares con jefatura femenina que en Bahía Blanca se traduce en un 32,2%.

En cuanto a la participación femenina en las actividades económicas, a finales de 2013, “las mujeres jóvenes de hasta 29 años, contaban en Bahía Blanca con una tasa de empleo (28,7%) que era la mitad de la de los hombres de las mismas edades (57,6%). Aunque algo más atenuadamente, esta misma situación se registraba en el grupo de 30 a 64 años, con el 63,2% de las mujeres empleadas y el 90,5% de los hombres en dicha situación”.

La desocupación les afecta con mayor contundencia que a los hombres: “En la ciudad en el último trimestre de 2013 y con una tasa general de desocupación del 8,7%, en tanto un 13,2% de las mujeres estaban desocupadas, sólo un 4,8% de los hombres lo estaban”.

Tampoco las favorece la brecha salarial dado que cuando “la media de ingreso mensual de la ocupación principal de los varones era de $5900, la de las mujeres $3800, un 36% menos”. El dato se replica “en todos los niveles de calificación laboral, y se incrementa entre las ocupaciones de menor o nula calificación, desde un 20% más de ingreso mensual promedio de los varones profesionales respecto a sus pares femeninas hasta un 60% más de ingreso para los varones no calificados respecto a las mujeres sin calificación”.

brecha salarial“Actualmente junto al notable aumento de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y a la asunción, por parte de ellas, de roles claves y de gran relevancia en los procesos de crecimiento y desarrollo económico –incluidas sus crecientes responsabilidades como jefas de hogar-, y aun habiéndose registrado una marcada mejora de sus niveles de instrucción y escolaridad –en los que desde finales de los años 90 superan a los varones-, persisten importantes brechas de desigualdad respecto a los varones que requieren ser atendidas concertadamente desde el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, concluyen desde el Observatorio.

El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación, Javier De Luca, propuso archivar una denuncia del suspendido camarista Néstor Montezanti contra el profesor Dante Patrignani. Se trata de la supuesta “revelación de secretos políticos y militares” en la que habría incurrido el docente al difundir el legajo que demuestra la pertenencia del abogado al Destacamento de Inteligencia 181 durante la dictadura y su juramento de guardar “lealtad y fidelidad” al estado genocida.

El documento había sido presentado por Patrignani como prueba en la demanda civil que Montezanti le inició al considerar que el conocido fotomontaje que lo muestra con gorra militar “era difamatorio y humillante” y lo deshonraba “al ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura, de modo ilegítimo e arbitrario, además de considerarlos impúdicos”.

De Luca destacó que “la vergüenza del demandante por haber colaborado con el Ejército Argentino” no constituye delito y advirtió que, tal como informara FM De la Calle, del legajo militar “surge que con fecha 25 de septiembre de 1980 fue presentado a la Fuerza por el entonces Coronel José Osvaldo Riveiro, de modo que mediante los afiches se había dado a conocer un hecho verídico en el libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”.

En la primera instancia, la Fiscalía entendió que “la documentación no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas” y el juez dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. El letrado, que será próximamente sometido a un juicio político en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, apeló y la Cámara Federal que supo presidir revocó la decisión por “prematura y contraria a derecho”.

Patrignani y la Fiscalía calificaron a resolución como “absurda y arbitraria en tanto sujeta la revocación de un archivo a medidas superfluas y sobreabundantes” y recurrieron a Casación, cuyo fiscal ahora insistió con la inexistencia de delito.

“No deja lugar a duda que el informe de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino en cuanto a que la documentación que fue presentada por el demandado en una causa civil, no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. A ello, cabe agregar que fue presentada en el marco del legítimo ejercicio de un derecho, el de defensa en juicio y que, por ser de interés público, su uso y difusión tampoco puede constituir delito. Por todo ello considero que se impone el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”, opinó.

También subrayó que Montezanti ejercía hasta hace algunas semanas la titularidad de cátedras en la Universidad del Sur y presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca, por lo cual, el hecho de que “trabajó para el Ejército Argentino, constituye información de interés público que queda amparada por la libertad de expresión. La presentación de dicho documento en una causa civil no resulta suficiente para atribuir responsabilidad penal, por cuanto se estarían limitando los derechos vinculados con la información, y así también el debate público de cuestiones de interés general como garantía del sistema democrático”.

montEn su dictamen, De Luca recordó los fundamentos del Decreto 4/2010 que desclasificó la nómina del Personal Civil del Ejército entre 1976 y 1983, que reconoce que “mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa al accionar de las fuerzas armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de memoria, verdad y justicia” y que “la  decisión de un Estado democrático de clasificar y mantener información y/o documentación de carácter no público no sólo debe basarse en la necesidad de proteger la seguridad del Estado y sus relaciones multilaterales sino que debe también establecer un límite temporal a esa restricción”.

Asimismo, aclara que el accionar de las fuerzas armadas durante el genocidio “demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto”.

“Pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de ‘Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado. Cualquier limitación (…) podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, concluye.

Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.com

El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense de Bahía Blanca, Néstor Alende, se refirió en FM De la Calle a las demandas de las trabajadores y los trabajadores del sector y anunció que “vamos a una jornada de lucha el 28 de octubre”.

Alende remarcó tres temas primordiales: “Exigimos que se trate en la Legislatura la ley de recuperación del 3% de antigüedad que hemos perdido, la ley de Paritarias y la ley de Autarquía”.

El secretario se explayó sobre estos dos últimos y explicó que “la ley de autarquía es un resorte del Poder Ejecutivo. Nosotros discutimos con dos patrones, uno como dije es el Ejecutivo, que abarca el tema monetario, y otro con la Suprema Corte que comprende las condiciones laborales”.  “Queremos una cláusula, queremos tener paritarias con o sin autarquía”, enfatizó.

Algunos dirigentes de gremio, en el caso local el propio Alende, están siendo perseguidos gremialmente. El tema fue planteado en una reciente reunión con el máximo tribunal provincial. El dirigente aseguró al respecto que “persiguen a los compañeros de varios rincones de la provincia y adelantó que  “el presidente de la Corte Suprema lo va a dejar sin efecto”.

Finalmente, el secretario de la AJB comentó que “hay varios peritos que no están cobrando la retención del título, ya sea escribanos o contadores.  A los abogados se lo están liquidando”.

Tres documentalistas francesas visitaron el estudio de FM De la Calle para contar su experiencia en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mar del Plata y comentaron el trabajo que están realizando en la ciudad. Coline Dhaussy, Lucie Assemat y Marine Allard participaron del micro de Acciones Feministas en el programa En Eso Estamos.

“Se trata de ver cómo se puede manejar acá, en América Latina, las luchas por los derechos de las mujeres, por una vida libre de violencia y las luchas socioambientales que tienen que ver con la libertad de estar en el territorio donde quieres estar, como son los pueblos mapuches. Nosotras vemos acá en Argentina como un hilo rojo en términos de luchas por la autodeterminación, como fue la lucha de lxs trans para cambiar de estado civil, también como fue la lucha del matrimonio igualitario, tiene que ver en ganar libertad en la manera de gestionar tu propia vida”, comentó Lucie.

Agregó que “nos pareció interesante ir profundizando esa búsqueda con eso de los derechos colectivos, porque está muy bien que tengamos el derecho al aborto, que tengamos esas luchas, una vida libre de violencia pero también eso se tiene que inscribir en un marco de defensa de derechos, pues si eres mujer en alguna comunidad donde no tienes algún hospital cerca, algún centro de salud o no te dan el derecho a gestionar tu salud con métodos naturales tampoco puedes usar tu derecho individual. Queríamos ver como se podían manejar esas dos luchas y como podían confluir. También como llevar esos ejemplos a Europa”.

Sobre el Encuentro de Mujeres, Coline afirmó que “no esperaba tantas mujeres juntas en la misma ciudad, estuve muy emocionada, porque un encuentro con 60 mil mujeres o más es imposible en Francia”. “Sería posible hacer una revolución, es una buena esperanza para mujeres de todo el mundo, es muy importante con el documental hablar del encuentro, el mundo no conoce el ENM”, opinó Marine.

Lucie manifestó que “no solo se trata de la muchedumbre que éramos, también se trata de cómo se lucha acá. Yo nunca vi a tantas feministas, cantar, tocar, bailar, tanta alegría. Lo filmamos y veíamos a tantas mujeres bailar y agarrándose como si fuera, no sé… un tecno party en Francia feminista y con consignas políticas. De lograr hablar de femicidio, de violencia, de abuso, de maltrato cantando y bailando, dando fuerza y alegría. No es un milagro porque no creo en la Iglesia pero es muy inspirador”.

Las documentalistas conversaron acerca de la situación en Francia en materia de violencia machista, femicidio y políticas públicas. “En la ley francesa y en los tratados europeos e internacionales hay concepto feminista de violencia de género. En la nueva legislación en Francia hay noción. Ese concepto de violencia por cosas de género aquí ya está instalado. Pero en la práctica hay un gran problema de la formación de la policía, de los trabajadores sociales, de los médicos, de los servicios sociales. Entonces, cuando una mujer quiere dejar a su marido la dificultad empieza en ese momento, en todos los servicios sociales, para tener un apartamento, para abrir una cuenta bancaria, para tener a sus hijos, es muy complicado, es muy difícil”, comentó Marine.

Por su parte, Lucie acotó que “el nivel de tolerancia está bajando, eso es alentador. También la violencia psicológica está empezando a ser reconocida por parte de las mujeres, el personal de salud, policial, judicial se tiene que capacitar. Una cosa que ya como que no aguantan tanto como hace unos 10 años”.

“En Francia el aborto es legal hace como 40 años. No van a quitar el derecho al aborto en términos legales, la derecha lo quiere quitar con el programa de austeridad, centros de aborto, etc. Ahora ya no es tanto una batalla en términos legales sino más en presupuesto y acceso”.

Por último, al ser consultadas sobre su postura respecto a la prostitución, Lucie sostuvo que “mientras nos peleamos, estamos gastando un montón de energía en eso, no hacen falta los opositores para que nos estemos peleando. Hay un argumento de las reglamentaristas que las prostitutas tienen que tener derechos. Las abolicionistas dicen que no es un trabajo, que no pueden tener derechos por ese trabajo. Igual voy a sonar muy utópica diciendo esto, pero creo que todo el mundo debe tener los mismos derechos universales. Por tu trabajo que tengas derecho a la salud, a la educación, al retiro y por ahí se puede solucionar de esa manera”.

(Por Partido Comunista de Bahía Blanca) El próximo domingo la ciudad vota el color político del gobierno que ejecute los lineamientos del siguiente mandato. Pese a que se pretende polarizar la intención de voto, en coincidencia con el intento del sciolismo vs marcrismo, es importante observar las particularidades del fenómeno en nuestra región.

En términos generales, el macrismo es una fuerza de derecha que intenta instalarse con rostro propio sin tener que pedir prestado un partido popular para ejecutar sus políticas. Se muestra abierto al diálogo y habla sólo de “cambio” sin explicar cuál sería, dado que de hacerlo tendría que confesar los crímenes de clase que cometerá.

El Frente para la Victoria intenta, por su parte, mostrar el rostro humano del capitalismo basado en no perder los derechos asignados. Lo hace con un candidato que utiliza el discurso de lo realizado como base para avanzar cambiando lo que haya que cambiar. En este sentido, Scioli tampoco confiesa cuáles serán los cambios y qué sector social será el beneficiario.

Mientras tanto el gobernador anunció a su futuro gabinete de ministros que de progresista tiene lo que Macri de popular: ni la sombra.

Dejando de lado la oferta acotada de sectores trotskistas que no intentaron un frente que contuviera a todos los sectores en lucha sino que buscaron apoyo acrítico hacía su proyecto, llegamos a octubre de 2015 sin una herramienta política popular alternativa para confrontar contra las políticas de profundización del capitalismo y contención del conflicto social. El FIT no representa el crecimiento de la izquierda sino la expresión del fracaso en la búsqueda de una herramienta política amplia que contenga a las organizaciones populares.

En Bahía Blanca la derecha clásica realizó su apuesta coherente eligiendo como candidato al cuadro que han formado durante décadas: Héctor Gay.

Por su parte, el Frente para la Victoria no se quedó atrás en términos de sacar de entre los suyos el más conservador de los candidateables: Marcelo Feliú.

Mientras Héctor Gay brinda con su mentor, Vicente Massot, Marcelo Feliú lo hace con su amigo Montezanti. Gay siempre estuvo del lado de las empresas y contra “la gente”. ¿Algún militante político o social ha visto alguna vez a Feliú en 1 conflicto popular que pueda recordar? Cada quien tiene el derecho de ver lo que quiera ver en cada candidato. Sin embargo, por más mas baño de pueblo con el que intenta lavarse Hetitor y más progresismo kirchnerista con el que quiera vestirse el legislador destacado, el uno sigue siendo el vocero a sueldo de las empresas que nos matan y dejan nada a cambio, y el otro el señorito católico por el que apostó el conservadurismo social y empresarial.

Si bien es cierto que no es lo mismo el Frente para la Victoria que Cambiemos, cuando los candidatos asisten a debates tienen serias dificultades para mostrar alguna diferencia programática en torno al objetivo de sus fuerzas basado en la funcionalidad y el aliento a los negocios que han llevado a esta ciudad a ser una con los mayores índices de desocupación, a la dependencia económica de un Polo industrial que contamina y no genera gran cantidad de empleo ni deja riqueza hacia la comunidad, en una ciudad donde pasan miles de millones de dólares y esa sangría constante que sale en barco la pagamos los y las bahieses.

Creemos que, dentro de la pobre oferta electoral existente y en la necesidad de profundizar los esfuerzos por la constitución de una fuerza política alternativa del pueblo, el proyecto económico de Cambiemos y del FpV es consolidar los negocios de los mismos de siempre.

La foto de Scioli con el embajador yanqui y la tropa “progresista” prometiendo desarrollo no podría ser más gráfica. Gay pidió también su turno para entrevistarse con el funcionario norteamericano. Hace 30 años los mismos sectores prometieron desarrollo y construyeron un muro que nos tapa el mar y nos mata lentamente. Hablan de crecimiento pero no dicen para quién. Hablan de inversiones pero mientras los y laburantes, las pymes y los que no son grandes actores económicos luchan a diario y son asfixiados por diferentes trabas, hay otra ley siempre dispuesta a favoreces a quienes nada han hecho para el bien común y todo han hecho únicamente por sus propias arcas y beneficios.

En este contexto, Integración Ciudadana, aún con todas las diferencias que expresamos públicamente en su momento, representa una fuerza política que no tiene compromisos con esos sectores de poder y que puede dar al Estado un rol menos vergonzante que el de esclavo por elección. Y decimos Integración Ciudadano porque no apoyamos la lista, más allá de lo local, que el sello Progresistas presentó. Hablamos de una fuerza con sellos de goma que ha retirado el apoyo a los procesos populares, que ha expresado su apoyo a los sectores golpistas y antipopulares de Venezuela.

Volviendo al plano local, decimos nuevamente que no se puede ser progresista y conservador al mismo tiempo. No se puede ser pro imperialista y popular en simultáneo. Se puede ser una cosa y mostrarse como otra, pero la única verdad es la realidad y a la realidad todos y todas la tenemos en frente.

(Por Walter Rezzuti*) Porque creo que el acceso a la Tierra es cuestión prioritaria para miles de bahienses que buscan tener un lugar propio y, para ello, hay que enfrentarse al negocio y la especulación inmobiliaria, intereses que históricamente Gay ha defendido y lo sigue haciendo, al tener a su lado a personas que han acrecentado su patrimonio con la práctica de métodos propios de quienes no les importa permitir la posibilidad del acceso a un lote con servicios.

Porque creo que el sueño de la vivienda propia implica gestión e independencia empresarial por parte de un intendente que no se encuentre ligado a la obra pública tradicional, y que aplique en toda su magnitud la Ley de Acceso Justo al Hábitat, ley provincial que fue boicoteada permanentemente por Gay desde los micrófonos de la radio de la que fue empleado.

Porque creo que el trabajo y la generación de ingresos debería ser una política central en un gobierno municipal, que contribuya a la inclusión de la mayoría  postergada en una economía humanizada que ponga en el centro al trabajador y sus necesidades para el desarrollo de una vida digna, lo que implica cuestionar e intervenir sobre el proceder económico de corporaciones poderosas, al lado de las cuales Gay ha estado en las últimas décadas.

Porque creo que la respuesta a problemas sociales acuciantes es imperante, aunque ello implique enfrentar a sectores que actuaron en connivencia con los que Gay ha representado en sus años de periodista en LU2.

Porque creo que la defensa de la salud y su acceso gratuito como forma de favorecer el ejercicio pleno de derechos fundamentales, va a contramano de las palabras que Gay ha expresado permanentemente a favor de la medicina prepaga y en contra de los trabajadores de la salud.

Porque creo en la escuela pública como principio político de articulación de la igualdad de oportunidades, fundamentalmente desde los sectores populares, y en los docentes como instrumentos de transformación, es que no puedo dejar de recordar cada una de las palabras de Gay permanentemente defenestrando la lucha de los maestros y la situación de la educación pública en detrimento de la privada.

Porque creo en un concepto de cultura que implica el desarrollo de las comunidades barriales de sus propias capacidades y sensibilidades, a fin de recuperar el sentido de sociedad con metas comunes y sueños colectivos –y desde las producciones artísticas-, aspectos estos permanentemente bastardeados por Gay desde la postura de una cultura propia de las élites sociales.

Porque creo que es condición necesaria el desarrollo social en un medio ambiente acorde para el hombre y todos los hombres, no puedo dejar de recordar el ocultamiento de información y de hechos que Gay ha realizado sistemáticamente siempre a favor de los poderosos y nunca de las víctimas que sufrieron las consecuencias de un accionar signado por la lógica del mercado y en detrimento de la calidad de vida.

Porque creo que la inseguridad está íntimamente ligada a la seguridad social que brinda el trabajo, el acceso a la tierra y la vivienda, la salud, la educación, la cultura y el medio ambiente, es que no concibo la estigmatización permanente que ha hecho Gay de los sectores más pobres de la comunidad asimilando barrios pobres con delincuencia juvenil, como si no existieran valores a imitar desde de la realidad de ese sector.

Porque creo que al frente de los intereses de los bahienses debe estar alguien que haya estudiado y que tenga un título de grado, para comprender, con gran apertura de criterio, las distintas situaciones y hechos que se dan en una sociedad como la nuestra, y que requieren capacidad e interés en seguir aprendiendo y no mentes cerradas en preconceptos a los que Gay nos tuvo acostumbrados durante tantos años.

Por todo eso, y porque creo en un desarrollo económico pero también político, social y cultural inclusivo, es que pienso que sería un retroceso social si un hombre como Gay, con todas sus relaciones corporativas, con vasos comunicantes con los más poderosos sectores bahienses que no han permitido que todos tengamos un lugar en nuestro querido partido de Bahía Blanca, llega a la Intendencia de Bahía Blanca, al menos, sin un recorrido político que nos haya permitido evaluar sus acciones.

NO VOTO A GAY PARA INTENDENTE DEL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA.

*Integrante de la Agrupación Municipal Nueva Bahía.

Mónica Dambolena es la mamá de Juan Cruz Manfredini, joven trabajador que murió hace cinco años tras una explosión en el depósito que la empresa Camin Cargo Control tenía en un dúplex de Cuyo al 1300. Según comentó a FM De la Calle, “pasó mucho tiempo y todavía no hay justicia. Está todo listo para el juicio oral, solo falta la fecha”.

Las presentaciones de los imputados fueron rechazadas por la Cámara de Apelaciones y “hay un veredicto de un juez que  marca la culpabilidad, solo tenemos que esperar la fecha. Estamos cansados, queremos que nos digan cuando y listo”, dijo en referencia al fallo que confirmó los procesamientos de  Marcelo Javier Camín y Norberto Maximiliano Metz.

La demora en la definición del inicio del debate se debe a la falta de fecha disponible “por la cantidad de casos atrasados que tienen la jueza y el fiscal”. “No sé si es político o qué. Yo quiero terminar con esto”, afirmó Dambolena.

Con respecto con la precarización laboral, la madre de Juan Cruz sostuvo que “en el puerto están trabajando en las mismas situaciones. Parece que a nadie le importa esta problemática, tienen más peso las empresas que el municipio o el Concejo Deliberante”.

Eduardo Mena, integrante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y denunciante de la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo petroquímico y ABSA, aseguró a FM De la Calle que no hay novedades en la causa y que el juez Agustín López Coppola “no tiene tiempo para atendernos”.

“Hace ya cinco años y no hay novedades, no hay movimientos. Las empresas siguen contaminando. Hemos hecho pruebas tan simples como agarrar un vaso de agua de lo que sale de las empresas, meter una lombriz adentro y se muere”, afirmó.

El pescador insistió en que junto al resto de los denunciantes quieren “ver un cambio, por lo menos que dejen de contaminar, más allá de la fuente de trabajo que me la arrebataron”. “Que una causa no avance por ahí es entendible con los términos judiciales, pero que sigan contaminando me parece un asesinato. Y no solo es el tema pescadores, se contamina toda Bahía Blanca, Villalonga, Punta Alta, porque esto es por agua y por aire”, declaró.

En cuanto a la actividad ictícola Mena explicó que “está muy pobre, ya casi no hay pesca, la mayoría -incluyéndome a mí- hemos salido a buscar otros trabajos como lo que es limpiar patios, cartonear y, algunos, trabajos ilícitos”. A la pérdida de la fuente laboral tradicional se suman las dificultades que les genera pelear judicialmente por sus derechos porque “ya no te toman en ningún lado”.

Mena sostuvo que tampoco encontraron respuestas en ámbitos políticos: “Promesas hemos tenido del Municipio, de todos lados, pero la única respuesta que hemos tenido es cuando hemos hecho disturbios, hemos quemado gomas, hemos hecho cortes. Lo cual yo lo he hecho pero no es de mi agrado, a mí se me enseñó a trabajar no a ir por la justicia, por lo legal. Yo entiendo que hay mucho poder por delante pero la contaminación sigue, nosotros estamos a la deriva, nos cerraron las puertas de todos lados. Hoy por hoy hacemos peripecias para darle de comer a nuestras familias”.

En cuanto al manejo de fondos públicos destinados a la reconversión pesquera o la indemnización de trabajadores resignados ante el avance industrial, Mena comentó que “podemos tener veinte mil deducciones pero pruebas no tenemos ninguna. Pero que hubo un mal manejo lo sabemos todos”.

“Eso lo dictamina la justicia y, bueno, ellos tienen el poder para investigar a quien tienen que investigar (…) Hay gente que se le dijo que se le iba a dar sesenta mil y le dieron veinte mil. Yo entiendo que en la pesca hay mucha gente que no sabe leer ni escribir pero me parece muy deshonesto que se hayan abusado de tal forma de haberles mostrado un montón de plata y que no sepan lo que era. Y bueno, los robaron, en cierta forma les robaron”, dijo.

Por otra parte, el pescador informó que tras las denuncias judiciales referidas a los atentados e intimidaciones sufridas por su grupo y su abogado “el tema se calmó muchísimo” aunque “desvió la causa”.

“Más de uno de nosotros tiene la vida jugada porque se sabe que nos estamos metiendo con gente que no se va a quedar tranquila. Esto ya del momento en que lo iniciamos teníamos de idea de que nos podía pasar algo, pero la lucha es que dejen de contaminar, la lucha es salvar nuestra ciudad, salvar nuestros hijos y poder tener una fuente laboral”, concluyó.

Luego de dos años de intenso recorrido en cines y festivales “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” está disponible para ver y bajar en internet. La tercerización, los negociados con los servicios públicos, el desvío de subsidios, el papel de la burocracia sindical y de los funcionarios políticos, la actuación de las fuerzas represivas (bajo el mando de Aníbal Fernández) son temas de enorme actualidad en la situación política reflejados en la película. Mirala en delacalle.org

Un intenso recorrido 

El 4 de abril de 2013 fue el día del estreno de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” en los cines. Faltaban sólo dos semanas para la sentencia en el juicio por el asesinato de Mariano que terminaría con una histórica sentencia a una parte de los responsables políticos del crimen. Entre ellos uno de los principales líderes de la burocracia sindical que aún hoy continúa preso: José Pedraza.

Los realizadores Julián Morcillo y Alejandro Rath, junto al Ojo Obrero y la productora Puente Films, hicieron un gran esfuerzo para llegar con la película terminada para esa fecha con la intención de sumar el estreno a la campaña por juicio y castigo que ya era una gran causa popular con importantes hitos de movilización y expresiones artísticas de apoyo. En un mercado cinematográfico muy hostil para las producciones documentales nacionales (por el dominio del mismo por parte de las producciones norteamericanas) la película consiguió permanecer en cartel durante cinco semanas en cinco salas de la ciudad de Buenos Aires y estrenar en varias salas del interior del país (Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, etc.) logrando superar la cifra de 10.000 espectadores. Incluso ese número podría ser superior si la película hubiese sido estrenada en una mayor cantidad de salas. Un dato que certifica esto es que la película logró estar en el top ten de cantidad de espectadores por función de todas las películas estrenadas en 2013. Este hecho y la gran repercusión obtenida en medios y críticas hablan de la importancia de la película en la lucha por el juicio y castigo.

La realización misma de la película fue producto de una excepcional movilización política. Martín Caparrós interpretando al protagonista; Iván Moschner y Lucía Romano realizando importantes papeles; la participación de Leonor Manso, Enrique Piñeyro y Soledad Villamil; los compañeros de lucha de Mariano y su familia que dieron su testimonio; los cientos de militantes que representaron los hechos del 20 de octubre; el equipo técnico que se sumó a la producción; la gente que puso su casa para filmar o que ayudó con la comida en el rodaje, las decenas de aportes recibidos para terminar la película; la campaña militante de difusión de la película; los miles de espectadores que llenaron las salas en los primeros días para permitir que la película siga en cartel… en fin, una película que pudo ser realizada y tener el recorrido que tuvo sólo porque expresó una causa popular y sentida.

Fuente: APEL.

La Corte Suprema de Justicia cerró la última querella por “calumnias e injurias” que el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones imputado en la causa Triple A, Néstor Luis Montezanti, había iniciado contra el militante Alberto Rodríguez.

“Se ha resuelto declarar extinguida por prescripción la acción penal, quedando cerrado definitiva e irrevocablemente el proceso a favor del querellado”, sostuvieron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El ex estudiante se mostró “sorprendido” ante FM De la Calle porque desconocía que el docente suspendido hubiera recurrido al máximo tribunal.

“Otra vez miente miente, pero esta no le salió”, manifestó Rodríguez recordando el reportaje que el ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura se hizo en el diario de Massot acorralado por su pasado en la Universidad del Sur, el Consejo de la Magistratura y la causa penal en la cual el juez Ramos Padilla lo declaró en rebeldía por cobijarse en sus fueros para no ser indagado.

En el panfleto, Montezanti negaba su pertenencia a la Triple A y mentía: “Cuando un viejo y tenaz militante comunista quiso usar esa infamia en mi contra para limpiar la universidad de todos los profesores que se opongan al discurso homogéneo e intolerante de su facción, yo me sentí injuriado, lo querellé y gané el juicio”.

El represor comenzó la querella tras una serie de denuncias que Rodríguez hizo en 2002 ante el Consejo Superior de la UNS. En aquella reunión, el testigo del asesinato del dirigente David Cilleruelo por miembros de la Triple A exigió “analizar de una buena vez el plantel de docentes”, recordó que “aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad” y señaló a Montezanti como “partícipe de la Triple A”.

“Eran cuatro querellas. Dos las pude demostrar ante el juez Ares, otra en el Juzgado de Mercedes que es adonde elevó la queja y quedaba la de la misión Ivanissevich la cual la Corte de la provincia la mandó a archivo y hasta ahí la había seguido. Después se ve que sin avisar mandó a la Corte Suprema de la Nación el recurso de amparo y acaba de salir que definitivamente las calumnias e injurias por las cuales me acusaba quedaron definitivamente archivadas dando la razón al querellado, que en este caso era yo”, comentó Rodríguez.

“Esperemos que pase también lo mismo con la Universidad del Sur donde los amigos de Bahía Blanca parece que todavía lo protegen“, dijo el actor y afirmó que si bien la imputación sobre la pertenencia del ex camarista a la misión Ivanissevich fue archivada, “él fue un abogado secretario del Departamento de Humanidades para hacer el listado de profesores para que luego quedaran cesantes. De eso no tengo pruebas que lo hizo pero sería interesante preguntarles a los docentes cesanteados qué hizo Montezanti en las pocas semanas que fue secretario”.

Mientras el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano se encamina lentamente a su fin, otro represor se benefició con la impunidad biológica. Esta vez fue el turno del ex jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora Domingo Ramón Negrete.

El ex capitán de navío falleció el viernes a los 85 años, según los avisos fúnebres publicados este fin de semana en el diario LaNueva. del empresario Vicente Massot, coimputado en las causas contra civiles y militares partícipes del terrorismo de Estado que se tramitan en Bahía Blanca.

La Fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH habían solicitado en sus alegatos la pena de 17 años de prisión para el genocida por ser coautor mediato de privación ilegal de la libertad en dos casos, un caso de imposición de tormentos agravados y uno de abuso deshonesto. En tanto el Equipo Nizkor y familiares de víctimas elevaron el pedido a 25 años.

El represor había nacido el 9 de abril de 1930 en Salta, hijo de Eduardo María y de Rebeca Irene Visich. Desde el 6 de febrero de 1976 al 31 de enero de 1977 ejerció la jefatura de la Base Espora, una de las principales bases operativas de la Aviación Naval en la cual se asentaban varias escuadrillas y un taller aeronaval.

Familiares, amigos y el consorcio del Edificio Caviglia, en cuyo piso 15 cumplía prisión domiciliaria oraron por la “querida memoria” del reo y sus camaradas de armas de las “Promociones 79 ENM, 18 CMN y 82 EAN” mostraron en las páginas de La Nación, pesar por su muerte “en situación de detenido político” .

La Defensoría del Pueblo presentó una intimación a las empresas de internet Google y Youtube, para que eliminen de la web los contenidos que vulneran los derechos de un adolescente bahiense, en los que se afectan su intimidad, imagen, dignidad y honor, por los cuales padece un sistemático hostigamiento a través de las redes sociales.

El titular del organismo, Marcelo Honores, informó a FM De la Calle que el miércoles “Google y Youtube habían bloqueado el acceso a esos videos, a esa información, en los portales y en los motores de búsqueda. Lo cual significa que han aceptado el pedido que se hace en resguardo de los derechos del niño y creo que la motivación de la afectación es indudablemente un tema muy sensible, es un chico de 13 años, esto le está causando un daño y de alguna forma había que cesarlo”.

El hecho por el cual el joven sufre -desde hace meses- hostigamiento a través del amplio abanico de redes sociales, se dio luego de una nota televisiva donde el adolescente aparece y habla ocasionalmente sobre sus gustos por la lectura y el arte y que disparó a cientos de personas a ridiculizarlo en videos, imágenes, graffitis y hasta imprimir merchandising con su cara.

El cyberacoso llegó a tal punto que trascendió el espacio virtual para instalarse en la vida cotidiana del chico y su familia, que no pueden salir a la calle sin que se acerquen los “fans” a solicitarles una foto o una “selfie”.

“Para bloquear determinada información, los buscadores pueden crear filtros a partir de ciertas palabras y así evitar mostrar todos los sitios que las contengan. No se trata de un reclamo de naturaleza jurídica, sino de un imperativo humano y moral, el cual busca proteger y garantizar los derechos del adolescente”, explicó Mónica Bornia, coordinadora de la Secretaría General y del equipo interdisciplinario sobre hostigamiento escolar de la Defensoría.

Honores explicó a FM De la Calle que el grupo conducido por Bornia está “integrado por periodistas, psicólogos, licenciados en servicio social, que trabajan específicamente el tema y tienen la función concienciar y atender los casos. Trabajan muy coordinadamente con la Dirección de Psicología de la Dirección General de Escuelas”.

En Bahía Blanca funciona una delegación de la Defensoría del Pueblo en Salta 350. Para contactarse al 451-4692 o por correo electrónico a [email protected]

Con el impulso de la Vía Campesina se celebra hoy el Día de la Soberanía Alimentaria de los pueblos. En Bahía Blanca el Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria -ETSA- realizará desde las 19 una charla en el Aula 9 del Departamento de Agronomía de la UNS (San Andrés 800). “Concepto e implicancias de la soberanía alimentaria en el modelo agropecuario y el sistema agroalimentario” será el punto de partida del lic. Matías Alamo.

Esta mañana el disertante comentó en FM De la Calle que se discutirá “cómo y cuándo un pueblo es soberano y cómo y cuándo puede aplicar sus políticas priorizando a la agricultura familiar, a los pequeños productores, a los campesinos y a las comunidades originarias”.

“Es decir, la soberanía alimentaria la pensamos como la manera diferente de producir a este agronegocios, a este agrobusiness, a esta agricultura industrial que aplasta con todo el modelo y todo el sistema y que es controlado por cinco o seis multinacionales en todo el mundo. Es pensar un objetivo social de los alimentos y no los alimentos como una mera mercancía”, sostuvo.

Alamo destacó que “el ETSA es un colectivo que lo formamos la mayoría profesionales graduados y estudiantes de la UNS con el ámbito de aplicación en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos pensando en experiencias vinculadas con la feria, con la comercialización, con acercar a esos productores familiares a los potenciales consumidores que se encuentran en el espacio urbano”.

“Nuestra experiencia es incipiente porque venimos trabajando de 2013, pero la idea es nuclear a esos pequeños productores en ferias de la agricultura familiar, de las pequeñas producciones. Uno de los principios de la soberanía alimentaria es anclar a los sistemas agroalimentarios locales, revalorizar esas economías locales y regionales que van a permitir incrementar las producciones y además, que los consumidores accedan a alimentos mucho más sanos y más nutritivos”, agregó.

gacetilla DMSA

La Cámara Federal bahiense, con la firma de los jueces ad hoc Omar Cirilo Vojacek y Javier Esteban García, avaló una queja del ex Personal Civil de la Inteligencia de la dictadura Néstor Luis Montezanti la cual nulificaría su suspensión como docente y la sustanciación del juicio académico resuelto por el Consejo Superior de la Universidad del Sur.

“Estamos asesorándonos con los abogados, creo que queda una instancia de apelación y la idea es agotar todas las que tengamos”, dijo la vicerrectora de la UNS, Claudia Legnini, a FM De la Calle. Al ser consultada sobre la vuelta del espía a las aulas afirmó: “Dennos tiempo a ver qué paso seguimos. Siempre se buscarán distintos caminos y demás para ver si se pueden resolver las cuestiones realmente de fondo que nosotros creemos tener en cuanto a diferencias para con determinados profesores”.

El ex presidente de la Cámara también fue suspendido en dicho cargo por el Consejo de la Magistratura y espera el inicio de un juicio político en su contra. Además, fue declarado en rebeldía por el juez Alejo Ramos Padilla por no responder a cuatro llamados a indagatoria en el marco de la causa que investiga 22 crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en la cual está imputado junto a cinco miembros de las patotas que actuaron en la ciudad.

El punto que obstruye la discusión sobre la capacidad ética y moral de Montezanti para dictar -paradójicamente- clases de Derecho se reduce a una discusión burocrática. No fueron los tres años que el Departamento de Derecho cajoneó la solicitud de enjuiciamiento presentada en 2011 por el profesor Dante Patrignani sino el inicio del conteo de los cinco días hábiles que el denunciante tenía para apelar la impunidad universitaria del abogado.

La Cámara afirmó que corresponde tomar los plazos de licencia anual ordinaria del personal no docente y no del plantel docente como lo hizo Patrignani, dado que se trata de un trámite administrativo. “Notificado el nombrado el 05/01/2015, que por haber sido declarado asueto por el aniversario de la UNS debe considerarse inhábil, el quinto día hábil para interponer el recurso de apelación se cumplió el 02/02/2015”, dijeron los jueces ad hoc al considerar al planteo como “extemporáneo”.

Trámite celerísimo

El fiscal general Alejandro Cantaro cuestionó la designación de los jueces ad hoc y pidió su nulidad, mencionando que el Consejo de la Magistratura tramita un concurso para ocupar las vocalías vacantes y analizaba un dictamen de la Comisión de Selección para su cobertura temporal con magistrados subrogantes. Este último paso se cumplimentó el martes con la jura de los camaristas Alejandro Segura (San Justo), Alberto Lugones (de San Martín) Roberto Lemos Arias (La Plata) y el también integrante del tribunal que lleva adelante los juicios de lesa humanidad, Jorge Ferro (Mar del Plata).

Vojacek y García sostuvieron que dicho argumento “no abona” la postura del fiscal y que “por el contrario, podría ser interpretado como un planteo dilatorio: el de ‘quedarse a la espera’ de lo que ocurra primero (la definición del concurso o el tratamiento del dictamen en el Plenario), abandonando los expedientes sin magistrado hasta que algo suceda, lo que se da de bruces con el trámite celerísimo que impone a los magistrados la ley 16.986”.

Para rechazar su apartamiento, los magistrados ad hoc aseguraron que para su nombramiento se utilizó la lista confeccionada por el Poder Ejecutivo que incluye catorce conjueces con acuerdo del Senado. Solo dos de ellxs están domiciliados en la jurisdicción: el abogado Walter Larrea y la subrogante del Juzgado Federal de Santa Rosa Iara Silvestre. Del resto se carecía de mayores datos que permitieran su ubicación.

Desde la Cámara se solicitó la información de rigor a lxs conjueces encontrándose con cuatro inhibidos por estar afiliados a un partido político “sin expresar su determinación de renunciar al mismo” o desempeñar cargo público. Otros ni siquiera contestaron. Así la lista se redujo a cinco sumando a lxs mencionadxs Silvestre y Larrea a Omar Cirilo Vojacek, Juan Antonio Raña y Javier Esteban García, domiciliados en otras jurisdicciones.

El fallo advierte que de la lista en cuestión surgieron 46 designaciones de conjueces para intervenir en diversos trámites, siendo en el expediente analizado el único en el cual el fiscal “objetó la validez del trámite”. La referencia no incluye las causas de lesa humanidad en las cuales Cantaro no interviene.

Por ende, los firmantes se ratificaron en la causa y reprocharon al fiscal general “un celo selectivo” dado que “son estas designaciones en estas causas las que lo perturban y no las otras múltiples designaciones de igual tenor que han sido necesarias en los últimos meses por encontrarse el fuero totalmente desintegrado”.

Helen Turpaud y Luciana Foulkes son dos de las bahienses que el último fin de semana hicieron el 30º Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, ayer visitaron la FM De la Calle y repasaron tres jornadas de lucha, alegría y represión patriarcal.

Helen destacó la multitudinaria participación de mujeres y advirtió que “no nos comemos ciertos versos que circulan en relación a ‘los derechos ya están’, no nos comemos el verso de la Iglesia, y es importante que eso quede claro. Es el año del #NiUnaMenos y todo esto cuaja de una manera bastante irregular por ahí en organizaciones estructuradas o en gente que no sabe hasta qué punto se entienden o no algunas cuestiones. Es todo muy heterogéneo. El balance es muy positivo a pesar de lo que nos sacude bastante, que fue la represión en la Catedral”.

Su compañera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Socorristas en Red, Luciana Foulkes, agregó que “era un año especial porque estamos cumpliendo los diez de la Campaña y justamente es una muestra del sentido en que sirven estos encuentros. Si bien siempre hay una crítica de que no son resolutivos, no sé hasta qué punto sirve resolver ciertas líneas de acción en un taller donde nos encontramos personas de muy diversas procedencias políticas, pero sí son espacios donde nos encontramos muchas compañeras que venimos laburando las mismas cuestiones”.

“Estuvo muy atravesado por el #NiUnaMenos y más allá de que el final de la marcha fue un bajón, el resto estuvo muy buena. Una de las cosas más valorables es que había muchas mujeres que se iban sumando en el camino a la marcha y creo que eso tiene que ver con una conciencia que generó el trabajo de las organizaciones de años y que terminó de cerrar con el #NiUnaMenos”, opinó Luciana quien integra además el Colectivo Pueblo en Lucha.

12118922_10153384829503645_5471040054518862858_n

Al ser consultadas sobre la decena de femicidios ocurridos en los últimos días, Luciana sostuvo que “no es casual que se dé mientras las mujeres ganamos en organización y hacemos un encuentro que casi duplicó la cantidad de gente de los anteriores, se producen en la misma ciudad tres femicidios. No es una relación lineal, no matan tres mujeres porque vamos a hacer el encuentro pero sí tiene que ver con una reacción machista frente a un empoderamiento de las mujeres”.

“Nos interesa siempre marcar políticamente estos temas, el sistema funciona así, funciona reprimiendo y reprime el doble cuando empieza a haber un cuestionamiento cada vez mayor del poder hegemónico. (…) Lo de Diana Sacayán es realmente tremendo porque es una militante travesti que ha estado en todas las movidas para ampliar derechos, para luchar por la comunidad trans. Es realmente muy impactante y hay que reaccionar a eso, hay que seguir, hay que poder aprovechar el envión de saber que somos muchísimas que estamos tendiendo hacia esta lucha para poder organizarnos”, dijo Helen.

Luciana recordó que “por parte del Estado tenemos una ley contra la violencia que está muy buena pero sigue sin ser reglamentada, lo que significa que no se le asigna presupuesto y en la realidad concreta esa ley no está”.

Desde la Colectiva Feminista hicieron una evaluación sobre las respuestas municipales al #NiUnaMenos y concluyeron que “fue la foto con el cartelito pero después, ¿qué hacemos? Seguimos teniendo un refugio que alcanza para cinco personas, 50 botones antipánico, una cantidad insuficiente de los cuales la mitad no anda. A nivel institucional fue muy poco lo que cambió. Sí vemos que cambió a nivel social, que la gente comprenda el femicidio, todas las mujeres que se animaron a hablar, a ir a un encuentro de mujeres, saber que esta problemática excede el caso individual”.

Iglesia, neonazis y policías

10486524_10153384668283645_831646093150675060_nEn el audio que acompaña esta nota Helen Turpaud describió la represión a la manifestación que llegó hasta la puerta de la Catedral marplatense donde las mujeres se encontraron con una patota de católicos neonazis y policías que les dispararon con balas de goma y gases lacrimógenos y llegaron a secuestrar a tres de ellas por varias horas dentro del templo.

“Parecía realmente como si fuera una trampa por toda la secuencia de cosas: se dispersaron las compañeras, sentí el olor a gases, salí corriendo gritando ‘limón, limón’ porque había estado una vez en Chile y compañerxs allá me tiraron la del limón. Estaba medio disperso el tema pero después cayó una columna de compañeras de izquierda y había muchos chicos y chicas de la plaza que se sumaban y ahí empezaron a tirar directamente a la gente. En la corrida se tuvieron que replegar compañeras a las que hubo que ayudar, había con carritos de bebés, no es para victimizarse”, comentó Helen.

Agregó que “si la policía estaba tan interesada en proteger a la población no hubieran hecho esto, saben perfectamente lo que pasa, cómo son las marchas todos los años, no es que justo no sabían. Si querían que esto no pasara ponían un cordón de otro tipo y no pasaba, no pasa ni la barrabrava de Boca. Ya tenemos experiencia con esto, en Tucumán fue muy heavy también porque tiraron gases lacrimógenos y ahí también había infiltrados que golpearon compañeras en la marcha”.

“La diferencia acá es la absoluta declaración de principios de tener a un dirigente neonazi (Carlos Pampillón) adentro de la Catedral. También lo de arrastrar compañeras y secuestrarlas dentro de la Catedral es, como decía una compañera, presas por la policía dentro de la Catedral, ni siquiera una metáfora”, manifestó la autora de las fotos aquí publicadas.

Por su parte Luciana relató que “veíamos cómo a partir del papa Francisco empieza a haber una recomposición de los sectores más conservadores de la sociedad que se aglutinan alrededor de esa figura y ahí vimos la alianza clarísimo. Policías que salen a proteger a un dirigente neonazi y sus amigos que estaban rezando en la puerta de la Catedral. Después deteniendo compañeras ilegalmente, porque hablar de detenciones es otra cosa que hizo la organización del Encuentro cosa que nos parece importante no hacerla, no fueron detenciones porque una detención se hace en una comisaría y queda asentada en un registro. Es un secuestro, una privación ilegítima de la libertad”.

La candidata a concejal por la fuerza política que dirige a nivel nacional Maurio Macri, Cambiemos, visitó el estudio Heinrich y Loyola el martes durante el programa Tarde Piaste.

Aquí dejamos la segunda de las charlas con quienes encabezan la lista de aspirantes a ocupar cargos en el Honorable Concejo Deliberante local.

Las ocho grandes refinerías del país se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida. La falta de información veraz y de acceso a la documentación oficial se convierte en un problema tan serio como los riesgos tóxicos a los que están expuestos. Como demuestran los trabajos reunidos en esta publicación, no existe una firme política de control, las instancias de fiscalización no son efectivas y no se han desarrollado programas permanentes de evaluación socio-sanitaria. Estas carencias impiden un conocimiento profundo de lo que sucede, dificultan la generación de demandas para revertir la situación, invisibilizan el problema, obturan los debates públicos -tanto sobre la necesidad de otra planificación territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética existente-, y restringen las discusiones, en el mejor de los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las plantas industriales.

El Colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo lugar, el Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul, Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental, Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en el que leyó minuciosamente los expedientes de los incidentes ambientales y sus remediaciones en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Seguido, Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco, coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista, fue la encargada de analizar los impactos de la refinería y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San Lorenzo, Santa Fe.

Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de información fidedigna, que pretende conmensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad, barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada global de las problemáticas socioambientales vinculadas a la industrialización de los hidrocarburos en Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental, en un intento de enunciar y explorar las preguntas que surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas; las que son fruto de la lectura atenta de los informes de remediación ambiental, y, finalmente, las que resultan de la ausencia o vacíos de información.

Bajate y compartí el libro completo

polos

La semana pasada la Cámara de Diputados creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR). Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la norma representa un avance sustantivo en el desarrollo de políticas integrales de prevención de la violencia armada. Entre 2008 y 2011, sólo en la provincia Buenos Aires murieron 4.596 personas por armas de fuego.

Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática, destacó en FM De la Calle “las dificultades del propio Estado para registrar, evaluar la circulación dinámica de las armas que tiene en su poder. Cualquier política seria ligada a la regulación de mercados legales e ilegales tiene que tener al Estado como principal motor de proponer una política concreta de desarme y trabajar en políticas eficientes para evitar que armas que están en su poder pasen a mercados ilegales”.

Respecto al armamento de la Policía Bonaerense sostuvo que “hemos identificado que no solo que no se sabe a ciencia cierta cuántas y cuáles son sino que, por otro lado, detectamos que una cantidad importante se pierden, de extravían, les son robadas al personal policial o quedan involucradas en faltantes que se producen en comisarías y no hay mayores explicaciones”.

Desde 2012 la Comisión por la Memoria elabora y actualiza un informe sobre prevención de la violencia armada que da cuenta de las graves falencias en materia de control de armas. Según el documento que puede leerse aquí, esa falencia deriva en un “alto impacto en la producción de violencia, ya que las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal y facilitan el despliegue de prácticas policiales y judiciales ilegales”.

La CPM accedió a información oficial que constata la existencia, entre 2009 y 2014, de al menos 900 armas pertenecientes a la Bonaerense que se extraviaron, robaron o desviaron, entre otros supuestos. Sin dudas, se trata sólo de la punta del iceberg que da pie a diversas hipótesis; entre ellas, la incorporación de estas armas al mercado ilegal. Sin embargo, queda pendiente continuar explorando la verdadera dimensión de este problema si se tiene en cuenta el caudal de armas en poder del Servicio Penitenciario y las agencias de seguridad privada.

En relación a la intervención policial con armas de fuego, el documento destaca que la mayoría de las muertes provocadas por funcionarios policiales se desencadenan fuera del horario de trabajo. La muestra sobre la que trabaja el informe, indica que el 70 por ciento de estas muertes se produjeron en franco de servicio. En estos casos y en el marco del estado policial, los policías utilizan las armas reglamentarias para gestionar conflictos privados o responder a situaciones de victimización por robos.

Pomares explicó en el programa En Eso Estamos que el estado policial “constituye al policía como un sujeto-policía, se transforma en un algo distinto al resto de la sociedad (…), si a eso se le agrega que es considerado prácticamente -como lo ha expresado el gobernador en el juramento que les tomó- como un defensor de la democracia, lo liga más a las fuerzas militares o de seguridad que a las policiales que son de prevención”.

“Respecto a las policías locales venimos alertando y proponiendo que son policías de proximidad, que trabajan sobre la primera línea de prevención de los delitos, alertan, toman intervención inmediata pero con una lógica de monitoreo de los territorios, no son una fuerza de intervención directa. Lo que planteábamos es que era un buen momento para discutir el estado policial y que los policías tengan que portar su arma luego de cumplir su actividad”, finalizó.