DSC08837Durante la mañana de hoy un grupo de matones junto a Enrique Garaggiola llegaron “en cinco autos y armados” a las instalaciones del frigorífico recuperado INCOB (Ex Paloni). Quienes se encontraban trabajando en la planta fueron atacadxs con armas de fuego y con otros elementos como ladrillos y fierros.

“A la fuerza y a tiros nos quisieron sacar de la planta. Estábamos en la portería en la entrada. Vinieron cinco o seis coches. Se empezaron a bajar algunos compañeros que apoyan al presidente (Enrique Garaggiola) que no quiere irse”, dijo a FM De la Calle Juan Cornou, un trabajador de la empresa.

DSC08839“Bajaron con armas. Alcanzamos a cerrar el portón. Empezaron a tirar tiros al aire y a agredirnos con fierros y ladrillos. Acá adentro no los dejamos entrar hasta que llegaron los patrulleros. Hay dos lastimados con piedrazos. A uno casi le arrancaron un dedo”.

“Hace más de treinta años que estoy acá, trataba de calmar las aguas. Hace tiempo estábamos trabajando juntos. Tenemos compañeros que viajaron a Buenos Aires al INAES porque esta persona quería hacer una asamblea fuera de la planta como para que él te pone 20 o 30 ahí afuera y entonces la asamblea la hace a gusto de él y después la presenta. Es muy lamentable”, agregó.

En este sentido, desde la cooperativa habían convocado para mañana a la tarde “a la comunidad y todas las organizaciones” para informar sobre la situación que estaban atravesando.

“Queremos seguir trabajando. Esto nos perjudica. Lamentablemente esta persona ha adoptado la fuerza así. El vino con gente que es amiga de él y medio mafiosos”.

Luego de la agresión, algunos patrulleros entraron al interior del frigorífico.

DSC08836Por su parte, la CTA se entrevistó con la jueza de Garantías Marisa Prome, exigiendo que “se articulen los medios para que garanticen la seguridad de los trabajadores”, según dijo a este medio José Lualdi, miembro de la Comisión Directiva de la central. A su vez, hacen “responsables a las fuerzas de seguridad de cualquier daño que sufran los trabajadores”.

El SUTEBA Bahía Blanca expresó a través de un comunicado “el más enérgico repudio al accionar de una patota de hombres armados, claramente identificados, que pretendieron ingresar por la fuerza a la empresa. No consiguieron su objetivo ante la valiente defensa ejercida por trabajadores y trabajadoras de INCOB. Los agresores hicieron uso de armas de fuego produciendo lesiones en varios trabajadores (uno de ellos con herida de bala en un dedo de la mano)”.

“Podemos desmentir rotundamente que se trate de un enfrentamiento entre dos fracciones rivales. Por el contrario hubo un grupo agresor que intentó entrar por la fuerza en el frigorífico y una actitud llamativamente pasiva de la policía”.

“Los trabajadores y trabajadoras de Incob han demostrado que quieren continuar su trabajo legítimo por el que tanto han luchado. Es por esa razón que al tiempo que repudiamos la violencia y demandamos juicio y castigo a los agresores, hacemos público nuestro respaldo a la lucha de quienes están hoy defendiendo el derecho a tener trabajo”.

Desde ASTRAMYC también manifestaron “nuestra absoluta solidaridad con los compañeros y compañeras del frigorífico INCOB frente al brutal ataque perpetrado por una patota, comandada por Enrique Garaggiola, en la cual fueron heridos varios compañeros con balas de plomo. Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad a solidarizarse con la lucha que se está llevando adelante por la defensa de los puestos de trabajo. A continuación dejamos el link de uno de los videos donde se observa a parte de la patota intentando ingresar al frigorífico, armas en mano”.

El horario de lectura del veredicto del juicio contra 22 represores que actuaron a órdenes de la Base Naval de Puerto Belgrano de la Armada Argentina durante el terrorismo de Estado fue adelantado por la necesidad de las autoridades de la Universidad Nacional del Sur de disponer del Aula Magna de Colón 80 para otras actividades. De esta manera, el Tribunal resolverá la situación de los imputados por crímenes de lesa humanidad el miércoles 25 desde las 15.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los imputados de la Armada Argentina son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Edmundo Óscar Nuñez; Alberto Gerardo Pazos y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa y Leandro Marcelo Maloberti; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons.

Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala; el ex coronel Carlos Andrés Stricker, y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Raúl Artemio Domínguez y el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont.

Completan el banquillo los ex prefectos navales Francisco Manuel Martínez Loydi; Pedro Alberto Pila, y Néstor Alberto Nougues y Luis Ángel Bustos; el ex prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman.

El viernes, siete ataques simultáneos realizados por células del Estado Islámico (EI) sacudieron la capital de Francia. El gobierno galo decretó horas después el estado de emergencia, cerró las fronteras y bombardeó la ciudad siria de Rappa, dominada por el grupo terrorista.

“Uno podría decir bueno, ahí está el EI, pero ¿cómo bombardea Francia? En menos de 24 horas manda aviones, no respeta a Naciones Unidas, no tiene la aprobación del Consejo de Seguridad, no pide permiso al presidente de Siria. Bombardea una ciudad y los bombardeos esos, la experiencia lo ha demostrado, no son efectivos (respecto a) que van a caer encima de un terrorista del EI. Uno nunca sabe si van a bombardear a Raqqa o van a seguir bombardeando con la excusa del EI”, dijo a FM De la Calle el periodista Leandro Albani.

En París quedaron más de 130 muertos y 350 heridxs. Los ataques fueron en inmediaciones del Stade de France, donde el presidente François Hollande presenciaba un partido de su selección, la sala de conciertos Bataclan y varios restaurantes. “Éste ataque sólo es el comienzo de una tormenta y una advertencia a aquellos que les gusta impartir lecciones por el mundo”, afirmó un comunicado del EI.

Albani escribe en Marcha, Resumen Latinoamericano, Sudestada y es autor de “Kurdistán, crónicas insurgentes”, esta mañana dialogó con el programa En Eso Estamos y aseguró que  “Estados Unidos lo que quiere hoy de Medio Oriente es que se mantenga esta desestabilización permanente, que no haya realmente Estado, no en el sentido anarquista de la palabra, sino que no exista estabilidad posible. Cuando vos ves Afganistán, ves Irak y ves Libia sobre todo, te das un poco cuenta de eso. En esta falta de organización estatal o de legalidad, hoy Estados Unidos está muy bien con esa nueva forma de controlar una región”.

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Foto: Derrocando a Roca.

-¿Qué es el Estado Islámico?

El Estado Islámico (EI) es una maquinaria de guerra conformada básicamente por mercenarios que en estos últimos años se utilizó para desestabilizar y combatir contra ejércitos y gobiernos legítimos en Medio Oriente.

El EI tiene algunas características muy similares a Al Qaeda porque es un desprendimiento. Al Baghdadi, que es el líder, comenzó su carrera terrorista en Al Qaeda. La característica del EI a diferencia del Al Qaeda es, primero, su tamaño porque en estos años ha crecido de una manera muy grande y después es similar su funcionamiento a un ejército regular.

Al Qaeda tenía esa característica de ser células que están desparramadas por el Medio Oriente o el mundo y se activan, como fue en teoría el atentado a las Torres Gemelas. El EI tiene una presencia territorial muy grande y, su nombre lo dice, a diferencia de Al Qaeda, este grupo -que también se llama Daesh- busca crear un califato en Medio Oriente que se extienda desde Bagdad en Irak hasta Alepo en Siria, que es el norte del país.

Sí tiene una gran capacidad de financiamiento que viene básicamente de Arabia Saudita y de Qatar. Son las monarquías del Golfo Pérsico que lo hacen abiertamente. Y después viene mucho dinero de Turquía, no solamente por el dinero que entrega el gobierno turco de Erdogan sino porque Turquía es el principal comprador de petróleo que hoy maneja el EI, tanto en Siria o en Irak. Hay que recordar que el EI controla muchos pozos petroleros y esa zona es la más rica de Medio Oriente seguro y una de las más ricas del mundo.

El EI tiene esas características y sobre todo esa necesidad, por lo que dicen, de crear un califato, que sería una monarquía islámica para hacer un paralelismo, remontándose a siglos pasados. Cuando uno habla con gente de la comunidad islámica o leemos declaraciones sobre todo ahora después de los atentados de París, la mayoría te dice que ellos no son musulmanes, que el Islam que profesan está tergiversado, que la palabra del profeta no dice lo que ellos hacen y lo hemos visto en estos años, las barbaridades de asesinar niños, meter a gente enjaulada en el agua para que se ahogue, toda esa espectacularidad que tiene el EI.

Y también la presencia de Estados Unidos no como apoyo directo al EI pero sí a través de lo que Obama siempre dijo, esta ayuda no letal que llega a Siria, para la oposición Siria, ellos hablan de la oposición o los rebeldes moderados. Pero hay que recordar que en Siria cuando comienza la crisis se crean muchos grupos terroristas, sobre todo basándose en este supuesto Islam. Después esos grupos van a ir ingresando al EI y como son mercenarios básicamente, hay mucho dinero y armas que envía Estados Unidos o Europa misma a estos grupos en teoría moderados, pero esta gente va rotando por diferentes grupos, pueden estar en el EI, después pasar al Frente al Nusra que es otra organización terrorista grande que hoy está en Siria, y después volver al EI y eso no está nunca claro.

Lo que es claro es que el EI tiene un capital de dos mil millones de dólares que es una barbaridad de dinero para un grupo que tiene apenas cinco años y que vive en la ilegalidad.

-De alguna manera repiten la historia de Al Qaeda en cuando a sus orígenes y su desarrollo luego enfrentándose a occidente y entrando en un juego que luego beneficiará a determinados países.

Sí, vos cuando ves lo que pasó después del 2001, después de las Torres Gemelas y Al Qaeda y ves ahora al EI es similar. Hay que recordar que Estados Unidos a veces cuando nosotros vemos o analizamos esto, nos preguntamos cómo pueden hacer lo que hacen y hasta todavía nos asombramos. Pero cuando en la década del 70 o principios de los 80 en Afganistán estaban las tropas soviéticas, Estados Unidos apoyó a los mujaidines para que derrotaran a los soviéticos, cuando los mujaidines llegan al poder Estados Unidos apoya a los talibán para derrocar a los mujaidines, cuando los talibanes llegan al poder Estados Unidos dice que está Al Qaeda, que está Bin Laden y que hay que sacarlos del poder.

Acá sucede más o menos lo mismo, ese mecanismo tiene que ver mucho desde que asumió Obama. Obama tiene un concepto bastante diferente a lo que era Bush, es que no creo que Estados Unidos, que los poderes que gobiernan Estados Unidos quieran cambiar de presidente o quieran cambiar -en Medio Oriente- ciertas estructuras para que el Estado funcione. Creo que Estados Unidos lo que quiere hoy de Medio Oriente es que se mantenga esta desestabilización permanente, que no haya realmente Estado, no en el sentido anarquista de la palabra, sino que no exista estabilidad posible. Cuando vos ves Afganistán, ves Irak y ves Libia sobre todo, te das un poco cuenta de eso. En esta falta de organización estatal o de legalidad, hoy Estados Unidos está muy bien con esa nueva forma de controlar una región.

-¿Por qué atacar a Francia?

Mirá, escuchaba a un analista mexicano de apellido Jalife que escribe en el Diario La Jornada y él decía que estos atentados a París son el 11 de septiembre francés. En el caso nuestro no tenemos capacidad para saber realmente qué sucede en el trasfondo de todo esto. A mí me resulta muy curioso que tanto en este atentado como en el de Charlie Hebdo hace diez meses, los servicios de seguridad franceses actuaron muy rápido, mataron a los terroristas y poco más se conoció. Lo de Charlie Hebdo fue eso, en menos de 24 horas atraparon a los que acusaban de haber hecho los atentados, los mataron, se dijo que eran parte de grupos terroristas que actuaban en Siria y no mucho más, es un poco lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos.

Da para muchos interrogantes porque Francia desde ayer está bombardeando a Raqqa, la ciudad donde está el EI en Siria. Uno podría decir bueno, ahí está el EI, Francia bombardea pero ¿cómo bombardea Francia? En menos de 24 horas manda aviones, no respeta a Naciones Unidas, no tiene la aprobación del Consejo de Seguridad, no pide permiso al presidente de Siria. Bombardea una ciudad y los bombardeos esos, la experiencia lo ha demostrado, no son efectivos (respecto a) que van a caer encima de un terrorista del EI. La ciudad está devastada y Francia entró a Siria a bombardear y uno nunca sabe si van a bombardear a Raqqa o van a seguir bombardeando con la excusa del EI.

raqqa1.JPG_973718260-El presidente de Siria dijo que repudiaba los ataques pero que esto es lo que pasa todos los días en su país. Es efectivamente así, más allá de que incluso hasta nosotros hoy estemos charlando con vos y no en una ocasión anterior, tenemos doble vara en prestar atención muchas veces a lo que sucede en el propio Medio Oriente.

Sí, lo que dijo Al Assad fue muy interesante, fue muy concreto. Y después también, en el caso de Francia, vos estás negociando y financiando a mercenarios, no estás apoyando a un ejército revolucionario, a una organización política. No, son mercenarios, y los mercenarios un día reciben tu dinero y otro día el dinero de otro y otro día no les pagaste lo que tenías que pagar y te pasan factura.

Por otro lado, también es real que en Francia hay ocho millones de musulmanes y muchos de esos chicos, jóvenes, que entran al EI y que Francia sabe dónde los reclutan, en las mezquitas, el gobierno francés sabe que el país es uno de los centros de reclutamiento de jóvenes para el EI.

Esa juventud está jugada, es pobre, no tiene futuro, es discriminada. Con esto que sucedió uno piensa en lo que puede ser el narcotráfico en América Latina. Son jóvenes que no tienen nada y se agarran del lugar donde consiguen dinero, donde tienen cierta pertenencia. Un chico que  meten en el sistema del narcotráfico y es dealer o labura en una esquina capaz que no le importa morirse por nada o por defender a ese patrón. Creo que acá sucede algo similar, el gobierno francés sabe que su país es un lugar de reclutamiento del EI y no hace nada.

Uno se pregunta por qué no hace nada si lo están haciendo -por supuesto que no en todas- pero en muchas mezquitas de Francia. Esto no significa que hay que cerrarlas ni comenzar una cacería contra quienes profesan el Islam, que en Francia también sucede. El gobierno de Sarkozy hizo una campaña muy fuerte contra las personas que son musulmanas, prohibiéndoles a las mujeres usar el velo cuando realmente eso es una cuestión cultural, religiosa, que hay que respetar y analizar con mucha más paciencia y frialdad y no decir ‘todos los musulmanes son locos, son malos, son asesinos’. Me parece que por ahí va la cosa.

-¿Y esto se agudizará con la crisis migratoria y decisiones como las de cerrar las fronteras?

Sí, eso sucede. Con lo de Charlie Hebdo fue muy fuerte. Me acuerdo que después del atentado, en apenas dos o tres días hubo entre cincuenta y sesenta ataques diferentes a personas que eran musulmanas dentro de Francia. Hay una organización islámica ahí que los contabilizó, eran ataques como que te pueden decir algo en la calle, agredirte, ataques personales, pero se genera una paranoia y una histeria muy grande.

El ejemplo mayor es lo que sucedió después del 11 de septiembre en Estados Unidos que cuando uno ve algunos videos o habla con alguien sobre lo que era eso es la paranoia total. Y el gobierno tiene capacidad para poner ciega a buena parte de la sociedad y decidir el mismo día que va a bombardear Siria y hoy lo está haciendo.

Y repito: cuando la coalición internacional que encabeza Estados Unidos demostró, en este tiempo que estuvo bombardeando, ser muy inefectiva porque al ingresar Rusia, en estos pocos meses que está colaborando con el ejército sirio, fue mucho más eficaz que Estados Unidos. Esto no lo decimos nosotros, lo denunció el gobierno sirio, lo denunció la ONU muchas veces. También es interesante ver cómo con el gobierno de Sarkozy o ahora con Hollande -que entró como el gran socialista europeo- esas estructuras o esas formas de colonización siguen intactas.

Cada vez son más fuertes las versiones sobre la vuelta a la Delegación de Gral. Cerri de su ex titular Alberto Sangre. El dirigente no solo contaría con el aval del intendente electo por Cambiemos, Héctor Gay, sino con el “consenso” de la comunidad cerrense. El probable delegado fue además concejal y candidato a jefe comunal por el radicalismo linarista y más recientemente empleado en la planta permanente de la Cámara de Diputados bonaerense.

Sin embargo, su última aparición mediática no se debió a su actividad política sino a la declaración testimonial que en 2013 brindó en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en defensa del coronel (R) Alejandro Osvaldo Marjanov, luego condenado a prisión perpetua por genocida.

“Creía que Marjanov no tenía todas las vocaciones de militar, era un excelente profesional ingeniero electrónico. Nunca lo vi salir vestido de verde a la calle. Terminaba las actividades, se vestía de civil y ni llevaba el arma personal de los oficiales. Yo terminaba acomodando su habitación. No usaba custodia. Su familia contaba con cuatro hijos y cuando me estaba por ir nació el quinto. Era una persona de familia, ¿no? Con muy, muy, muy, con mucha raíz familiar”, dijo entonces Sangre al tribunal, tras considerarse un “hijo de la democracia”.

Según la crónica de FM De la Calle en juiciobahiablanca.wordpress.com, con el grado de Mayor de Comunicaciones, el 9 de diciembre de 1976 Marjanov fue designado como Segundo Jefe del Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Su puesto durante el terrorismo de Estado incluyó la subjefatura del Área de Defensa 511. El Batallón contaba en 1977 con tres secciones de contrasubversión y sus instalaciones eran un lugar de paso hacia el campo de torturas y exterminio La Escuelita, en uno u otro sentido. Durante su subjefatura pasó por allí, entre otras víctimas, un grupo de estudiantes de la ENET Nº1 que era ‘blanqueado’ tras haber sido torturado en aquel centro clandestino.

El probable delegado cerrense de Cambiemos había sido ofrecido como testigo de la defensa oficial por sus catorce meses como conscripto en el Batallón de Comunicaciones 181 desde marzo de 1977 y sus (des)conocimientos por ser uno de los tres soldados estafetas en la Mayoría -“donde estaba la plana mayor”- a órdenes directas del imputado. “Cuando llego al servicio militar venía de una situación muy crítica, de papás separados y encontré en él a una persona que me sirvió de mucho”, dijo.

Sangre declaró que por los estafetas pasaban comunicaciones a los mandos: “En forma esporádica el segundo jefe mandaba órdenes escritas y las transmitíamos, eran para reuniones internas del Batallón, la banda, el manejo interno de una guarnición con muchísima actividad porque había muchos soldados, muchos oficiales y distintas compañías”.

“Nunca transporté una orden fuera de lo normal que era una administración cotidiana, diaria y nada más que eso”, explicó el testigo y agregó que “esperábamos que llegara él que venía con su Fiat 1600 manejando personalmente de civil. Se vestía y concurríamos a las actividades y nosotros en un pasillo que estaba frente a su despacho aguardábamos las órdenes”.

marjanovDurante parte de la colimba salía a diario de la unidad militar a trabajar, sin embargo nunca vio las filas de familiares angustiados esperando alguna información sobre parientes detenidxs desaparecidxs. “Mire, seguramente había movimiento de civiles en la guardia, pero puntualmente no las vi. Nunca escuché ese tema puntual”.

Sobre las compañías del Batallón dijo que estaban la A, la B, Comando y Servicios que dependían directamente de la unidad y además Telecomunicaciones, Policía Militar “que no dependían del Batallón”. ¿No había una de Combate? “No la conocí nunca”, respondió. ¿Pudo haber existido? “Me considero un hijo de la democracia, los hechos aberrantres los repudio y si los hubiese conocido le diría que sí”, exageró.

Interrogado por el rol que desarrolló el Batallón de comunicaciones en la “lucha antisubversiva” contestó que “había dos unidades de retén compuestas por soldados -dos camiones- y un suboficial a cargo de eso que era convocado por el Comando cuando salían de patrulla. Generalmente participaba la Compañía A. Comando y Servicios éramos todos los soldados que cumplíamos funciones específicas de actividades diarias”.

“Se hablaba” de un centro clandestino de detención pero “estábamos totalmente aislados”, no conoció “ni dónde estaba la famosa Escuelita”. Nunca vio nada raro en el Batallón. No había detenidos salvo soldados, ni zonas restringidas. En el gimnasio funcionaba la banda. A Marjanov no lo vio salir a operativos. No pudo afirmarlo en el caso del teniente coronel Mansueto Swendsen porque “era una persona muy movediza”. Nunca le explicaron qué eran las comunicaciones paralelas. Marjanov “era el segundo jefe del batallón y nada más”. Y nada menos.

Tomó su primera comunión en el Batallón con el padre Aldo Vara. “Su lugar de trabajo siempre era junto a los soldados en la compañía, por ahí, tenía un despacho que permanecía prácticamente cerrado”. El capellán prefería llevarle golosinas y caramelos a los pibes de la ENET secuestrados en el Batallón a hacerse cargo de las denuncias que le hacían sobre las torturas padecidas en La Escuelita y por su participación murió tras ser detenido en Ciudad del Este donde lo cobijó la Iglesia Católica.

“¿Conoció al capitán Otero?”, preguntó el juez Jorge Ferro en referencia a otro de los responsables del Área de Defensa 511 imputado por secuestros y homicidios, quien seguramente será condenado el próximo miércoles 25 en la Causa Armada. “Era el jefe de Comando y Servicio”, replicó Sangre y confirmó que éste respondía directamente a su defendido. Por debajo de Marjanov, el capitán Otero, por encima, el coronel Mansueto Swendsen, condenado a cadena perpetua.

La Fiscalía sostuvo que desde su ubicación jerárquica y funcional Marjanov fue uno de los eslabones imprescindibles en la cadena de mando por medio de la cual emitía y transmitía órdenes cuyo cumplimiento ocasionó la consumación “exitosa” de cada uno de los hechos. Los jueces compartieron dicho análisis y resolvieron que termine sus días en prisión.

“Marjanov ya retirado me sorprendió porque una vez vino como coordinador general de Defensa Civil de Jujuy a Bahía Blanca, nos encontramos, charlamos, yo también cumplía función pública, fue un encuentro de un par de horas y no lo vi nunca más”, cerró aquella tarde Sangre.

Desde principios de mes en Ushuaia son juzgados 17 docentes y 16 camioneros por participar de un reclamo salarial. La acusación partió de la gobernadora Fabiana Ríos tras una protesta realizada en Casa de Gobierno el 23 de mayo del 2013 en el marco de un paro provincial impulsado por la CGT y CTA.

“Los delitos imputados son atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones con diferentes grados y que llegan incluso a los catorce años de prisión como pena máxima para nuestro secretario general de la organización y secretario general de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena”, dijo a FM De la Calle Verónica Andino, dirigente de Sutef.

En aquel entonces, luego de varias negociaciones y ocho días de permanencia en el edificio se arribó a un acuerdo salarial acorde a lo solicitado por el gremio docente. Pero la revancha fue la inmediata apertura de causas judiciales y sumarios administrativos.

El 21 de octubre se conformó el Tribunal para juicio oral y público. Ese  mismo día, se dispuso la fecha de inicio. Todas las causas en Tierra del Fuego, cuando llegan a esta instancia demoran un año en fijar la fecha y dos en dar comienzo al juicio. Los turnos se están entregando para el 2017. Esta vez, rápidamente, la fecha se resolvió en un día y el juicio se realiza quince días después.

Desde la CTA Autónoma de Tierra del Fuego afirmaron que “en plena transición de gobierno, llevan a juicio a aquellos que se opusieron al ajuste sobre los trabajadores, a aquellos que se enfrentaron a la quita de derechos laborales que quería imponer el Gobierno saliente (PSP), a aquellos que hoy resisten el recorte que quiere imponer el Gobierno entrante (FPV)”.

Además, destacaron que el juez de la causa, De Gamas Soler, está acusado y procesado por ocultar evidencias en el juicio de la AMIA y buscó refugio en el fin del mundo “con la complicidad de la clase política que lo nombró”. Los sindicatos fueguinos exigen “el inmediato cierre de todos los sumarios administrativos realizados a los docentes por las mismas causas, impulsados por la gobernadora Fabiana Ríos para exonerar de sus cargos a los trabajadores de la educación. La sanción por parte del Congreso de la Nación de una ley nacional que indulte a todos los compañeros trabajadores, referentes, delegados y dirigentes procesados por hechos sucedidos en el contexto de la protesta social y sindical”.

Foto: Gremiales del Sur.

En distintas ciudades del país se realizó este jueves una Jornada Nacional contra la Megaminería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales, como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado.

Desde Santa María, Catamarca, a pocos kilómetros de la Minera La Alumbrera, Karina Matinelli aseguró a FM De la Calle que la jornada surgió a partir del derrame de agua cianurada en Jáchal: “La verdad que es tristísimo porque le arruinaron la vida al pueblo, los productores ya no pueden producir usando el agua del río porque está totalmente contaminado no solo con el cianuro que se puede evanecer con el sol o el aire sino el tema de los metales pesados, le han dejado metales a niveles de 1400% por encima de lo que establece la OMS. La situación es desesperante”.

Las trasnacionales mencionadas arriba consumen por día alrededor de nueve toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que la “complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quien será nuestro próximo “PRESIDENTE”, según las leyes 24.196 (Inversiones mineras), 24.228 (Pacto Federal Minero) y 24.224 (Reordenamiento minero), estas empresas gozan de grandes beneficios, mientras saquean nuestros bienes comunes, y envenenan a nuestro pueblo”.

“No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que estas generan. Sumáte en tu ciudad. Es momento de que se vayan”, agregaron.

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La titular del Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, Gilda Stemphelet, hizo lugar a un recurso de hábeas corpus presentado por los fiscales de Derechos Humanos José Nebbia y Miguel Palazzani y ordenó el cese de los traslados permanentes a distintas unidades carcelarias a los que era sometido un hombre privado de la libertad.

Durante la audiencia celebrada el pasado 28 de octubre, el detenido había denunciado ser trasladado en forma constante a distintas unidades penitenciarias, permaneciendo en las mismas siempre por períodos muy cortos, lo que le impedía cumplir con lo dispuesto en cuanto al régimen de las mismas. También, denunció haber sufrido golpizas en los días previos por parte de agentes del servicio penitenciario de la Unidad Carcelaria N°19, al tiempo que aseguró que actualmente cuenta con una medida de seguridad y resguardo físico ordenada por la justicia de La Matanza, ya que teme por su vida.

Al hacer lugar al amparo, la magistrada consideró que la única pena que debe sufrir una persona condenada es la pérdida de la libertad ambulatoria “y no la de sus derechos fundamentales”. Agregó, a su vez, que el traslado permanente implica un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención, violatorio de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de Derechos Humanos de idéntica jerarquía.

“El cumplimiento de los regímenes carcelarios como en caso de la progresividad no es sólo un derecho de la persona privada de la libertad, sino que es un deber del Estado hacerlo cumplir, ya que sería la única forma de poder evaluar la posibilidad de reinserción social del detenido”, señaló.

Respecto a la denuncia por lesiones, la magistrada formó una causa por separado y remitió la misma a la unidad fiscal de turno, conjuntamente con el certificado confeccionado por la asesoría pericial acerca del estado de salud del detenido.

Fuente: fiscales.gob.ar

Javier Barrera, vecino de Villa Nocito, denunció el inicio de la instalación de una antena de telefonía celular de la empresa Telecom. “Llegaron unos hombres a trabajar ahí nomas de mi casa. Estaban poniendo unos postes, cuando les pregunté para qué eran, me contestaron que era para iluminar”, dijo a FM De la Calle y agregó que “fue todo instantáneo, comenzamos a preguntar, convocamos a los vecinos en el lugar donde estaban trabajando y realizamos la primera asamblea”.

Poco tiempo después se apoyaron en la ordenanza N°17.130 que impide la colocación de este tipo de antenas: “Nadie controla nada de nada. Esto está prohibido por la justicia, desde el municipio y el Concejo Deliberante no pasa nada. No podemos vivir corriendo a la gente que hace estas cosas, no es nuestra función”. “No me siento en democracia porque nos están imponiendo algo que nos perjudica mucho, nadie consulta nada de nada. (…) Hablé con vecinos de Bahía Blanca y con personas de la provincia. Nos tenemos que reeducar y concientizar a la gente”, sostuvo.

Horas después de conversar con FM De la Calle, Javier informó en las redes sociales: “Primer batalla ganada, se llevaron el mono poste para el emplazamiento de la antena de telefonía y se suspendió el armado, todavía no sabemos cuál fue la razón, ni quién ordenó la suspensión. Ahora vamos por los responsables directos, seguimos con la denuncia, queremos saber quién dejó que esto ocurriera y cómo es que se saltean etapas legales con tanta impunidad y que encima, siga ocurriendo en otros barrios. Felicitaciones a mis vecinos por la decisión de seguir la lucha hasta el final, gracias a Gladys Girotti por estar cuando la convocamos, vamos a ir por la Banca 25 para Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca y por todos lo demas barrios y otro agradecimiento a Leandro Aparicio, por representarnos ante la justicia. Esta lucha sigue, estamos atentos”.


Texto: Diego García.

Con las últimas palabras de algunos de los 22 imputados por crímenes de lesa humanidad que son juzgados en Bahía Blanca, terminaron ayer las audiencias del debate oral en la Causa Armada. Los acusados son hombres de dicha fuerza naval, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral ratificó que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 18:30 dará lectura al veredicto.

El fiscal José Nebbia rechazó una serie de nulidades planteadas por la defensa oficial en relación a la incorporación a la prueba de declaraciones tomadas durante la instrucción y las inspecciones oculares a los centros clandestinos de detención.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

“Voy a dar por terminado y concluido y cerrado el debate correspondiente a la causa 1103 caratulada ‘Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterado, homicidio agravado reiterado en perjuicio, entre otras personas, de Guillermo Aníbal Aguilar’ y convoco a todos, a las partes, para el día 25 de noviembre a las 18:30 que se va a dar lectura del veredicto que va a caer sobre esta causa”, dijo el presidente del Tribunal José Mario Triputti.

tribunal efemedelacalleAntes, José Nebbia -quien estuvo a cargo de la acusación junto a Miguel Ángel Palazzani- rechazó los pedidos de nulidad solicitados por la defensa oficial. Uno de ellos estaba relacionado con las declaraciones testimoniales tomadas por la Unidad Fiscal durante la investigación de la causa “sin el control de las partes”. Entre las cuestionadas estuvo la del ex colimba Aníbal Américo Agotborde.

“Este testimonio estuvo a disposición antes de ser elevado casi tres años, esta Fiscalía no se puede hacer cargo de suplir el trabajo de la defensa. Además tuvieron la oportunidad de preguntarle ampliamente en el debate oral y no lo confrontaron con los testimonios prestados en ese momento en la instrucción”, afirmó  Nebbia. “Más allá del momento puntual en que se tomó la declaración del testigo  lo cierto es que la práctica y procedimiento del Ministerio Público Fiscal siempre es el mismo (…) ellos marcan la cancha, toman las declaraciones y después nos invitan a jugar”, se cubrió el defensor Marcos Marini.

Otra de las nulidades apuntaba a las inspecciones oculares cuyos resultados, según la defensa, fueron contradictorios. “Quiero señalar que la primera inspección ocular fue hace muchísimo tiempo, estaba Cañón todavía de fiscal, pasó Córdoba, estamos nosotros. Y en esa oportunidad no se inspeccionó la séptima batería, fueron la tercera, la cuarta y la sexta. Todos los sobrevivientes fueron convocados y (algunos) estuvieron en condiciones materiales y emocionales de ir y otros no”, comentó el fiscal.

Luego de rechazar dichos planteos, el representante del Ministerio Público pasó a rectificar algunos errores expresados durante su alegato referidos a fechas de actuación de algunos represores y se detuvo en la reivindicación de la testigo Diana Diez: “Fue secuestrada, fue abusada dentro del centro clandestino, hace diez años murió de cáncer, no pudo venir a explicar lamentablemente ella misma lo que le habían hecho. En épocas en que la impunidad reinaba, valientemente declaró y contó todo lo que supo y reconstruyó lo que les había sucedido a ella y a sus compañeros. Así que tratarla de mentirosa habla más de quien lleva adelante esa conducta que de la propia sobreviviente emblemática”.

Al momento de las últimas palabras de los imputados, el primero en tomar el micrófono en el Aula Magna de la UNS fue el prefecto Luis Ángel Bustos “muy preocupado por su salud y su familia”, seguido por su colega Néstor Alberto Nougués, quien se consideró “inocente de todos los cargos” porque no conoció a las víctimas dado que “siempre estuve en una oficina”.

El ex guardia de La Escuelita Raúl Artemio Domínguez sostuvo que “hace dos años, ocho meses y once días que estoy privado de la libertad por una causa que no tengo nada que ver” y el teniente coronel (r) Guillermo González Chipont agradeció el permiso para ver a su hijo una vez por mes.

El ex jefe de la Sección Informaciones de Prefectura Francisco Martínez Loydi quiso que el tribunal “sepa algo de mi vida” y repasó “algunos hechos que me marcaron” como su “voluntario” ofrecimiento para ir a Malvinas años después de cometer los crímenes que se le imputan. Al ex titular de la cárcel de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, le llamó la atención que la ex presidenta Estela Martínez de Perón y su ex ministro Carlos Ruckauf no aparezcan en el juicio aunque hayan sido quienes “ordenaron que actúe de la forma en que actué”.

Alejandro Lawless, quien fuera jefe de sección en el Batallón de Comunicaciones 181 volvió sobre su careo con un ex colimba y el ex responsable de la Fuerza de Tareas Nº2 de la Armada, Gerardo Alberto Pazos, afirmó que “se han sacado del contexto histórico hechos que ocurrieron en el país durante los años 70”

Tomás Hermógenes Carrizo comandó la contrainteligencia en Puerto Belgrano y leyó en su “condición de marino” unos párrafos de una carta de un almirante yankee a otro nazi que tras la segunda guerra mundial reivindicaban la obediencia debida. “Finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubrí las facetas oscuras, corruptas y confusas de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba desde el comienzo de mi vida, fueron la justicia, la política y la Armada”, rezongó Enrique de León, quien fuera encargado de la contrainteligencia en Baterías.

Raúl Oscar Otero aseveró que su cargo en el Batallón de Comunicaciones 181 era logístico y que no tenía injerencia fuera de la unidad y habló de su estado de salud. Pedro Alberto Pila explicó “algunas facetas” de su vida “cuando casi daba por terminado su ciclo en la Prefectura Naval Argentina” porque había perdido su vocación de servicio cuando la fuerza se involucró “en funciones ajenas a su función específica”.

El ex jefe del Departamento Seguridad y Comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano José Luis Ripa pidió “a dios ilumine a vuestras excelencias para que dictaminen mi sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata” y Carlos Andrés Stricker insistió en diferenciar el Batallón de Comunicaciones 181 del “cuartel de Villa Floresta” del Ejército y afirmó que por los crímenes que se le achacan “tendrá que dar cuentas mi jefe que está muerto”.

Todos ellos, más los que ayer prefirieron el silencio, escucharán qué será de su futuro el próximo miércoles 25 a las 18:30 en Colon 80, sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur a cuya comunidad supieron reprimir crudamente.

Hoy se realizará una jornada de protesta convocada por la Asociación Judicial Bonaerense en repudio a la persecución gremial que ejerce el Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, contra el flamante secretario general de la departamental local, Néstor Alende.

La medida se da en el marco del Congreso General Ordinario que sesionará en Bahía Blanca en solidaridad con Alende. Al mediodía se realizará una asamblea en el hall de tribunales y luego se marchará a la sede del Ministerio Público Fiscal para reclamarle a Fernández por la persecución y hostigamiento que lleva adelante contra el trabajador judicial.

“Decidimos realizar esta acción gremial en Bahía Blanca porque los trabajadores judiciales no podemos tolerar que un compañero sea sancionado por hacer valer sus derechos. El sumario fue armado burdamente por el Fiscal General, en reacción a los límites que Alende puso a su accionar arbitrario y violento”, señaló Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

Cabe recordar que Alende fue sancionado por negarse a cumplir una orden inconstitucional de su superior y Fiscal General, Juan Pablo Fernández. “Se puede decir que no, acá la obediencia debida no existe, cuando algo es ilegítimo no tenemos que agachar la cabeza y cumplirlo, tenemos que denunciar, hay muchos compañeros sumariados, hay fiscales e instructoras sumariadas”, dijo el secretario General de la AJB Bahía Blanca.

Por su parte, Abramovich señaló que estamos ante “un intento de atacar la libertad sindical en el Poder Judicial, que lamentablemente viene siendo avalado por el accionar corporativo de un sector del Poder Judicial que pretende que no exista un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, concluyó.

La AJB y la Federación Judicial Argentina han realizado numerosas protestas y gestiones ante la Procuradora María del Carmen Falbo, solicitando el archivo del sumario contra Alende.

Este jueves a las 12:30 el Tribunal Criminal Nº2 dará a conocer su veredicto en el juicio contra Néstor Luis Ibars, imputado por abuso sexual agravado por acceso carnal y por el retraso madurativo de su víctima, una ex interna del Patronato de la Infancia. En 2008, el caso destapó las irregularidades y mala atención que recibían lxs menores en la institución y una innecesaria judicialización y polémica sobre el aborto no punible generada por grupos “pro vida”.

“Son tres personas denunciadas, a dos se logró imputarlos. Eran Eber Mardones, que falleció, y Néstor Ibars y Juan Esteban Mardones que está prófugo de la justicia. La Fiscalía pidió doce años de condena, nuestra abogada que es la dra. (Claudia) Gauna pidió 15 años y el dr. (Jorge) Sayago de la defensa oficial pidió la absolución porque consideró que había contradicciones en los dichos y las excusas técnicas que siempre surgen en estos casos”, dijo a FM De la Calle la madrina de la joven, Fernanda Petersen.

Al debate fueron incorporadas por lectura las declaraciones que realizó la víctima durante la instrucción. “Por eso el fiscal (Rodolfo De Lucía) al momento de alegar referenció que no hay que perder de vista que el único testimonio que hay que tener en cuenta, que es el de mi ahijada, estaba en la Cámara Gesell y que al ser un delito que se produce entre cuatro paredes todo lo que ella dice está corroborado por las pericias psicológicas, por la gente a la que ella se lo contó. Creo que este sistema favorece porque declarar en un tribunal con las circunstancias que tiene y un defensor, que tiene todo el derecho legal y técnico a preguntar, hubiese generado una situación en ella demasiado violenta”.

La abogada testificó al igual que su hermana María Agustina por ser “las primeras personas que tomamos contacto con la situación”. Luego se presentaron las psicólogas que atendieron a la chica en la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía y médicos del Hospital Penna que realizaron el aborto terapéutico.

“Por parte de la defensa estuvo el director del Patronato, Antonio López, y Verónica Godoy, que es la trabajadora social y que obviamente referenció que no recordaba nada. Ella es una pieza muy importante no dentro de este juicio sino del que se está siguiendo al personal técnico y directivo del Patronato porque ellos por parte del hermano tomaron conocimiento de que en la casa de la persona que falleció se habían dado situaciones que no eran las adecuadas. El hermano de mi ahijada es una persona alcohólica, violenta, él se responsabilizó de que esto no iba a volver a pasar y esta información nunca la acercaron a tribunales”, aseguró Petersen.

La denunciante, quien en la época de los hechos era secretaria del hogar, agregó que la justicia se enteró de los abusos “cuando con mi hermana ese lunes nos presentamos en el Patronato diciendo: ‘¿Qué pasó? ¿Quién hace la denuncia con nosotras?’. Nadie nos acompañó y ahí empezó todo este camino que llegó, después de siete años pero llegó al fin, contra Néstor Ibars, que también es una persona que trabajaba para la Dirección General de Escuelas con lo que esto implica”.

“Empezar a poner blanco sobre negro ayuda porque, más allá del tiempo que haya pasado y la sentencia que se pueda llegar a tener o no, el tema de visibilizar y de que estas cuestiones no queden en la nada y sobre todo el tema institucional del Patronato de la Infancia. Mi ahijada le contó lo que ella había vivido con todos los detalles a Susana Camblor, a Verónica Godoy y al psicólogo de la institución Esteban Godia y nadie hizo nada. No solamente que no hicieron nada sino que le dijeron que habían hecho un evatest y que como dio negativo consideraron que no era tan grave, que de eso no se hablaba”, dijo.

Petersen subrayó que “generarle a una víctima de abuso ‘de esto no se habla, esto no es bueno’, obviamente es victimizarla doblemente. Y no fue por parte de gente que tal vez no conoce este tipo de situaciones, fue por parte de personal calificado o que debería serlo, que trabaja en una institución que también es responsabilidad del Estado porque recibía becas -y lo sigue haciendo- del Estado municipal y provincial”.

Respecto a la falta de memoria planteada por la trabajadora social Verónica Godoy, Petersen afirmó que “ella está imputada penalmente por estos hechos, tiene que acordarse, se analizará en su momento si con esta cuestión comete algún delito o no y si es así la denunciaremos con mi hermana porque no vamos a permitir que esta gente siga haciendo lo que le plazca. Uno cuando va a un juicio oral tiene obligación de decir verdad de todo lo que sabe, ella hace menos de dos años declaró todo esto en la Fiscalía de la dra. Herro, salvo que haya un certificado que diga que tiene amnesia total no puede olvidarse. (…) Ella dijo textualmente: ‘De esto voy a hablar en mi juicio’, como si esto fuera una obra de teatro en la que uno tiene exclusividad y no puede hablar en otro canal”.

“Los testigos de la defensa intentaron demostrar que mi ahijada mentía, que fabulaba, que era mentira que fuera tantas veces. Todo eso quedó más que acreditado así que esperamos con confianza el fallo”, manifestó Petersen. Mañana las juezas Eloisa Errea de Watkins y Claudia Fortunatti y el juez Eugenio Casas darán su veredicto en los tribunales de Estomba 54.

Foto: DesBandadas.

(Por Julia Giménez) No fue magia, ni pura coincidencia. Pasado más de un mes del derrame de cianuro en aguas sanjuaninas y a días de las nuevas explosiones de la Dow en Bahía Blanca, el modelo de desarrollo concentracionario y extractivo que se expande por el territorio latinoamericano volvió a causar estragos.

Siendo el Brasil tierras de procedencia de los grandes capitales que dirigen los destinos económicos de la región, no por eso queda exenta del destructivo modelo productivo.

El 5 de noviembre se produjo el rompimiento de dos represas de la minera Samarco, de las empresas Vale dos Ríos y la australiana BHP Billiton. Campeona por las denuncias de reiteradas violaciones a los derechos humanos y ambientales, la megamineradora Vale S.A. es la responsable el “tsunami” de barro que inundó el distrito de Benito Rodrigues, entre las ciudades de Mariana y Oro Preto, en la región central de Minas Gerais.

La quebradura de las represas lanzó 62 millones de metros cúbicos de residuos mineros y agua, dejando como saldo la desaparición de alrededor de 45 personas, la muerte de más de 30 vecinos y trabajadores de la empresa, y la destrucción de la localidad tapada por lodo tóxico.

Lejos de ser un accidente, como en tantas otras oportunidades, se trató de una catástrofe anunciada. O sea, que podría haber sido evitada.  El informe técnico realizado por el Instituto Prístino, a pedido del Ministerio Público durante el licenciamiento del proyecto, ya identificaba una serie de problemas insistentemente denunciados por los sindicatos y movimientos sociales. En este sentido, y como afirma la “Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale” (Otro rastro de destrucción y muerte en la historia de la minería y de la empresa Vale S.A. – Nota de la Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale S.A.), lo ocurrido es “crimen”.

En contexto en que el modelo va en marcha, sin dar un paso atrás frente a las desbastadoras consecuencias que deja a su andar, las catástrofes se convierten en efímeros videos en Facebook que retratan lo anunciado y silenciado.

Mientras esto sucede, miles de dólares siguen siendo apostados a costa del destino de los pueblos latinoamericanos, y el gobierno de Minas Gerais no descansa por acrecentar los caudales de las empresas mineras.

Al ritmo del barro que arrasó con la localidad minera, el gobernador Fernando Pimentel (PT) envió a la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, el Proyecto de Ley nº 2.946/2015, que altera el Sistema Estadual de Medio Ambiente (Sisema), con la intención de dar “mas agilidad a los procesos de licenciamientos”.

Frente a las contradicciones del modelo de desarrollo, los afectados vuelven a decir: “¡BASTA!”

La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

El arquitecto Raúl Luisoni se refirió en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al proyecto de ordenanza sobre “techos verdes” que analiza el Concejo Deliberante. Según el profesional, se trata de “realizar sobre la estructura de una casa o edificio el crecimiento de plantas, ya sean nativas o adaptadas y de pequeño porte en lo posible” para no incrementar los costos.

Luisoni comentó sus aspectos positivos: “Los beneficios son varios, la aislación térmica de las superficies es uno. También evita la voladura de polvo en los días ventosos. Gozaríamos de una ciudad con menor temperatura y menor amplitud térmica. A modo personal, en la casa de uno no estaría con tanta temperatura y en la noche no despediría calor la estructura del hogar. Todo depende y es en función del clima de una ciudad”.

“En la estructura de losa es un poco más sencillo realizar un techo verde. Ahora, en la estructura de chapa es más complejo, hay que hacer una subestructura para que aguante. Igual es un gasto mayor a no realizarlo. (…) Estaría bueno incentivar a las zonas del centro y macrocentro que es donde existe mayor calor. Cuando salís para lugares más periféricos, cambia la cuestión, hay más plantas. Se está estudiando un descuento en el ABL para estimular a los consorcios de los edificios”, añadió.

En el plano político, Luisoni recibió el apoyo de la concejala Elisa Quartucci: “Se interesó en el tema y consultó al Colegio de Arquitectos. Durante años tratamos de darle un marco legal, que tenga una serie de beneficios, públicos y privados y además, que la gente lo entienda”.

“En Rosario y Capital Federal están legislados. Hay varios puntos de país donde ocurre. Acá pasó en una casa del barrio Palihue recuerdo. Todo depende del clima, realmente es muy difícil que haya un verde absoluto”, sentenció.

Texto: Diego García.

El fin de semana circuló por Facebook un comunicado de la empresa Profertil dando cuenta de “una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco” que provocó un “fuerte ruido”, el cual se agregaba que las autoridades estaban “debidamente informadas”. Sin embargo, vecinxs whitenses se quejaron por la falta de comunicaciones a la población.

El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, César Pérez, aseguró en FM De la Calle que “es normal que eso suceda en estas plantas de proceso” y que no ameritaba difundirse desde la comuna. Además, se refirió a la multa que finalmente le impondría el Municipio a la empresa Dow por no informar oportunamente sobre la explosión e incendio registrada en una de sus plantas la semana pasada.

“El único comunicado que hemos recibido de Profertil es de ayer a la tarde en el cual nos comunicaban que estaban poniendo en marcha sus unidades”, sostuvo Pérez. En las redes sociales, la empresa había dicho el sábado: “A las 19 horas del día de hoy se produjo una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco. A raíz de esto se pudo percibir un fuerte ruido. En el curso de las acciones que a continuación se sucederán por esta parada imprevista de la planta podrá observarse mayor luminosidad en las antorchas de proceso y, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual en estas maniobras”.

“Son secuencias operativas y las mismas protecciones por proceso que por alguna causa han parado el equipo, el compresor, es normal que eso suceda en estas plantas de proceso”, afirmó el titular del CTE y agregó que “una falla puede determinarse que un instrumento detectó alguna variable fuera de lugar en el compresor, entonces, por seguridad automáticamente mandan a parar el compresor, eso es propio de todo lo que es el funcionamiento de esta máquina”.

En cuanto a la comunicación del episodio, que se limitó solo a la voluntad de la empresa en las redes sociales, Pérez comentó que “muchos de esos comunicados los recibimos nosotros vía el sistema de radio que tenemos con la empresa”. ¿No amerita que se lo comunique a la comunidad?, se le preguntó. “No, no”, respondió.

Luego de este mediodía, Profertil reportó a los medios por correo electrónico: “La compañía informa que, normalizada la situación que dio origen a la salida de servicio del Complejo, se han iniciado las maniobras de puesta en marcha de las unidades productivas de urea y amoniaco. Durante este proceso podrá observarse una mayor luminosidad en antorchas como así también, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas según lo acostumbrado en estos casos”.

Multa a Dow

Si bien en principio la Agencia Ambiental y el CTE descartaron infraccionar a Dow PBB Polisur por la explosión e incendio en una de sus plantas (foto), el viernes resolvieron enviar al Tribunal de Faltas una denuncia por incumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas.

“A través de todo lo que es la legislación nacional y provincial no teníamos ningún elemento para poderla sancionar. Sí después corroborando los datos y la secuencia de llamados en el Proceso APELL del Plan de Respuestas a Emergencias Tecnológicas (PRET) observamos que la empresa no había hecho un comunicado dentro de los treinta minutos como lo dice el Plan. Se le está imputando una falta por la ordenanza municipal 17.087”, dijo Pérez.

La empresa debió dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo el martes 3 en Dow dentro de los treinta minutos posteriores a la explosión a través de Radio Nacional. El Juzgado de Faltas podrá aplicarle una multa de entre cincuenta y cien sueldos municipales.

Por otra parte, el coordinador del CTE sostuvo que el PRET depende de tres componentes: “Las empresas, la comunidad en la cual están incluidos los equipos de respuesta, llámese Bomberos o Defensa Civil y la Municipalidad. Hay un protocolo en el cual iniciado el evento, si no lo categoriza la empresa en función de lo que puede estar sucediendo, se hace una primera categorización de un Nivel 1 y después se va viendo si es necesario o no aumentar de nivel”.

“El Proceso APELL tiene un coordinador que desde hace un año no ha sido nombrado, estando a cargo del CTE y por tener cierta relación con el proceso y por tener la guardia que son los primeros que están en la emergencia, transitoriamente estoy yo como coordinador y llevando adelante el desarrollo y las actividades de las tres comisiones que tiene el proceso”, relató.

En la explosión de Dow la categorización fue de Nivel 1 aunque se registraron tres heridos. “No teníamos certeza si había o no heridos, con lo cual estábamos en un Nivel 1. Cuando ya estaba todo controlado el fuego, ahí recién nos avisan que había una persona un poco aturdida por el ruido, nada más. Teniendo en cuenta eso, se evaluó junto con el director de Defensa Civil que no era necesario subir al Nivel 2. Sí después finalizado y dado por concluido el PRET, que fue alrededor de las 16:10, sí hubo dos personas que tenían algún golpe en la mano pero el evento ya había finalizado”.

El Nivel 2 hubiese implicado la conformación de un “comité móvil” integrado por representantes de Defensa Civil, Policía, Dow y el municipio “para seguir cuál es el avance del incidente hasta tanto finalice”.

Que la empresa haya informado tarde la existencia de heridos, para el titular del CTE, estaría dentro de la misma infracción elevada al Tribunal de Faltas aunque todavía “la comisión de Respuesta a Emergencia del Plan APELL” debe “determinar si todos los protocolos también se siguieron con respecto a los avisos”.

Sin inconvenientes, se llevaron a cabo los comicios para elegir representantes de estudiantes en distintos órganos de gobierno. La Junta Electoral informó los resultados provisorios de la elección.

Para el Consejo Superior, la Lista Unidad obtuvo 2.774 votos, y cinco cargos; Generación UNS, 2.522 y cuatro cargos; MNR Desafíos 518, sin cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda, 478 votos, sin cargo; Franja Morada, 282, sin cargos. Votos en blanco, 134.

Para la Asamblea Universitaria: Unidad 2.716 votos y 11 cargos; Generación UNS 2.539 y 10 cargos; MNR Desafíos 554 y dos cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda 480, un cargo; Franja Morada, 293, sin cargos. Votos en blanco: 134.

Fuente: Prensa UNS.

En la madrugada del domingo pasado falleció Aldo Etchegoyen, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, cofundador y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y copresidente de la Comisión Provincial de la Memoria. Será homenajeado este domingo a las 19 en la sede metodista de Belgrano 355.

Aldo Etchegoyen era conocido y destacado por su trabajo por los derechos humanos, especialmente –aunque no solo- durante la última dictadura cívico-militar, compromiso que adquirió desde un principio con honradez y jugándose la vida en las visitas a los detenidos, reclamando por la aparición con vida de los desaparecidos, poniéndose siempre desde el lugar de las víctimas de la represión.

Esa actitud valiente de un infatigable luchador por la paz como Etchegoyen, le ha valido el reconocimiento de gente como Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y otrxs. Entre ellos, del propio pastor de la Iglesia Metodista de Bahía Blanca, Aníbal Sicardi.

“Aldo, como lo llamaba la gente desde que empezó su trabajo en el Chaco junto a los pueblos originarios, y que continuó en Córdoba, Bahía y Buenos Aires, y siendo representante argentino ante el Consejo Mundial de Iglesias y presidente del Consejo Metodista de América Latina y el Caribe, era un hombre sencillo, espontáneo. Favorecía siempre el diálogo y el intercambio, aún entre quienes disentían”.

“Era ante todo un pastor. Así lo recuerda la gente”, dijo en FM De la Calle. “Junto a de Nully Brown y Pagura, es una de las figuras centrales que marcan la identidad del metodismo en Argentina”.

Una identidad signada por la lucha, que continuó en democracia en los últimos años en la Comisión Provincial de la Memoria y el trabajo con los presos que día a día sufren vejaciones en las cárceles de nuestro país.

Pueden utilizarse para rendirle un justo homenaje las palabras que el propio Aldo utilizara en una ocasión en una visita a nuestra ciudad: “Hemos andado un largo camino, pero sabemos que queda mucho por andar por los derechos de los pueblos indígenas que sufren avasallamiento por los poderosos terratenientes, empresas agropecuarias o mineras que invaden sus territorios; en poner dignidad en personas que sufren trata de personas, en mujeres, niños y marginados, mujeres que sufren violencia de género, salud, educación y tantas otras expresiones de graves situaciones humanas”.

Una nueva Marcha del Orgullo se realizará este sábado a las 16 en Plaza Rivadavia para reivindicar la lucha por la libertad sexual y los derechos LGTBI “enfrentando la impunidad, la represión y la derecha ajustadora y machista que se viene”. Durante la jornada se recordará y demandará justicia por las víctimas del odio homolesbotransfóbico como Diana Sacayán y Alejandra Galicio.

“Mientras en la provincia no se aplica la Ley de Educación Sexual Integral, las compañeras trans siguen en su mayoría en situación de prostitución y con una expectativa de vida de menos de 40 años, y siguen muriendo mujeres en abortos clandestinos, Scioli (Que llama a Negre de Alonso -Abiertamente del Opus Dei- para integrar la Corte Suprema) y Macri siguen representando el programa de la derecha machista, pro-Bergoglio y antiabortista de más represión, más persecución y menos derechos. La igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida en este sistema de opresión y explotación”, asegura la convocatoria.

Por otra parte, “mientras grupos de choque que apoyan al intendente electo del Pro atacan y amenazan de muerte a activistas LGTBI y de izquierda en Mar del Plata, los mismos que atacaron junto con la policía a la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, en la provincia de Córdoba, en Salta, etc, siguen aplicándose códigos contravencionales que habilitan a la detención de personas LGTBI sólo por su identidad. Se suceden día a días los asesinatos de odio a compañeras trans. El más visible últimamente fue el de la activista Diana Sacayán, que denunciaba la complicidad del aparato represivo con el narco y luchaba por los derechos laborales de las personas trans”.

“En nuestra ciudad siguen falleciendo compañeras trans jóvenes y, mientras la iglesia y la policía se legitiman y ejercen su permanente violencia simbólica y física sobre las mujeres y la diversidad sexual, se cumplen 10 años del asesinato de Alejandra Galicio por ser travesti y nunca se investigó al respecto”.

Galicio tenía 33 años cuando el jueves 7 de abril de 2005 fue encontrada malherida en las cercanías de avenida Cerri al 900 en un sector de la desocupada edificación de la ex bodega Arizu lindante con las vías del ferrocarril. Ingresó al Hospital Municipal con traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, contusiones varias y traumatismos de rostro, además de la existencia de un hematoma cerebral, según concluyó una tomografía computada, pero su estado no le permitió en los días de agonía, prestar declaración testimonial. Murió a las 5:45 del día 11 de abril por la brutal golpiza recibida.

La Marcha del Orgullo fue organizada por la Comisión de la Mujer y LGTBI del CEHum con la adhesión de las siguientes agrupaciones: BíoCentro; Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas y Niños; Agrupación de mujeres Pan y Rosas; Acciones Feministas; DesBandadas; Agrupación universitaria Tesis XI; Puño y Letra; Cardumen; Colectivo Pueblo en Lucha; Partido de los Trabajadores Socialistas; Partido Comunista; La Fede de Watu; Diversidad y Liberación; y Juntas y a la Izquierda.

Escuchá al docente Facundo Martínez en diálogo con FM De la Calle: