“Nos va mantener la autonomía de las patronales y del gobierno”

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Mañana y pasado las asociaciones de base de la CONADU HISTÓRICA elegirán a lxs congresales que participarán el 18 de septiembre en las elecciones para renovar la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas de la federación universitaria. En Bahía Blanca, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur distribuyó cinco mesas en la UNS y sus Escuelas Medias.

La organización nacional informó este martes que “tras el intento de impugnación que realizará la Lista 1 en el marco de las elecciones de CONADU Histórica, el Ministerio de Trabajo desestimó el pedido y ratificó lo dispuesto por la Junta Electoral de la Federación. De esta manera se reafirmó la autonomía sindical como una de las dimensiones fundamentales en las que se expresa el aspecto colectivo de la Libertad Sindical”.

La Lista Nº1, Frente de Trabajadores Docentes “1ro. de Julio”, tiene como referentes de ADUNS a Sergio Zaninelli como candidato a secretario adjunto y Liliana Granero candidata a secretaria de Niveles Preuniversitarios suplente. En tanto, la Lista 4 “Unidad de los Trabajadores Docentes de las UUNN” propone como referentes bahienses a Juan Cappa, candidato a secretario de Relaciones Internacionales suplente, y Eugenia Fermento quien competirá como tercera Revisora de Cuentas titular.

La actual secretaria adjunta y candidata a ocupar la Secretaría Gremial por la Lista 4, Claudia Baigorria, visitó Bahía Blanca días atrás y dijo en los estudios de la FM De la Calle que la “propuesta es totalmente pluralista, se trata de una ratificación, una reivindicación de lo que es la historia de lucha que ha caracterizado a nuestra Federación. Una Federación que tiene su complejidad, que no es ni apéndice de ningún aparato estatal ni de ningún aparato rectoral de ninguna universidad”.

“Hemos elegido el debate y la asamblea como método cotidiano para la definición de nuestros posicionamientos y después ser consecuentes con ellos y si las asambleas de pronto nos mandatan con algún tipo de medida de fuerza las hemos impulsado, nunca de arriba para abajo, siempre esto ha sido absolutamente de abajo hacia arriba, las últimas medidas de fuerza que hemos hecho este año, el paro de una semana, fue precisamente a propuesta de la asamblea de ADUNS”, afirmó junto al dirigente local Dante Patrignani.

Baigorria agregó que “lo que tenemos son matices o miradas, me cuesta hablar de oposición porque en nuestra Federación tenemos mayorías y minorías, como decía Perón ‘el que gana gobierna y el que pierde acompaña’, de eso se trata. Hay que pasar la elección simplemente, no nos va la vida, nos va sí el fortalecimiento de nuestra Federación, sí nos va el tema de mantener la autonomía de las patronales y del gobierno nacional o de los rectores, sí nos va el saber y ser conscientes de que hay una embestida muy fuerte por parte del gobierno nacional que no es ajena a nadie”.

“Ya lo padecimos con la fractura de la CTA donde hubo una directa intervención del oficialismo nacional por querer cooptar esta central obrera, no pudiéndolo hacer lo que hizo fue dividirla. No es novedoso, no es que ‘uy que malos que son los kirchneristas’, lo intentaron todos los gobiernos”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa y conocé los temas prioritarios para la Lista 4:

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“La democracia a veces se va al carajo”

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El viernes, la Policía Local junto a efectivxs de la Bonaerense demostraron que están dispuestos a seguir reproduciendo sus peores prácticas. Esta vez, ante supuestas denuncias vecinales levantaron un puesto de información sobre marihuana, detuvieron violentamente a dos integrantes de la Cofradía Cannabica y a otro pibe que cuestionó el accionar policial.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Rivadavia frente al Palacio Municipal, una tarde primaveral con muchxs bahienses en la calle y fue registrado en video por varios celulares. El primer gran papelón de la flamante fuerza local incluyó tres detenciones abusivas y sin delito que reprochar a quienes las padecieron, una desproporcionada participación de uniformadxs, una alta dosis de prejuicios y otras violencias e irregularidades en la Comisaría Primera y los calabozos de Fiscalía.

La versión policial comenzó imputando venta de marihuana, siguió por resistencia a la autoridad y terminó en una infracción por no tener permiso para ubicarse en la plaza. A la Fiscalía no le dio ni para tomarles declaración. Los pibes fueron liberados el sábado a la mañana y hoy dos de ellos junto a compañerxs de la Cofradía Cannabica y el concejal de Encuentro Amplio, Raúl Ayude, estuvieron en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle.

“El viernes estuvimos desde las cinco en la plaza, no pasó una hora que ya la Policía Local empezó a hablar conmigo. Al principio un poco mal, que estábamos vendiendo marihuana, me tomé diez minutos para explicarles qué es lo que hacemos, que repartimos información con total respeto porque es algo que nadie habla, nadie se ocupa y nosotros quedamos en el medio. Nos tocó la triste realidad de tener el abuso policial y acá estamos”, dijo Cristian.

Julián recordó que “estaba filmando cómo le sacan las cosas a los chicos, la sargento los revisa, cosa que no se puede hacer. Estaba filmando tranquilo, se da vuelta la sargento, me dice ‘sabés qué, traé los ganchos’. Yo fui el primer detenido. Fue un momento muy feo, no me resistí ni nada, me agarraron cuatro policías”.

Sobre el tercer detenido, Georgina comentó que “hay una oficial que dice ‘ustedes están vendiendo marihuana y después los chicos van y roban’. El chico ese que pasó dijo ‘no, usted está muy equivocada’. Ahí fue que la policía lo agarró. Fue lo único que dijo y lo dijo bien, ni siquiera gritando, tranquilo”. Cristian agregó que el adolescente tuvo un ataque de pánico, que le faltaba el aire y terminó con un chichón en la cabeza.

Relató que “cuando llegamos a la comisaría, las primeras cuatro o cinco horas fueron totalmente incomunicados, sin un vaso de agua pidiendo diez veces, nada. El compañero Julián, viene un civil, le empieza a tomar datos, le saca fotos, lo quiere desnudar, dice ‘ponélo totalmente desnudo, le vamos a sacar fotos a ver qué tiene, si tiene más droga’. Tratándonos como criminales”.
“Pará, lo tiene que revisar un médico”, dijo Cristian. “Vos cerrá el culo”, le respondió el policía de civil, “ya sabés cómo es, ahora estás acá pero podés ir al otro calabozo, el de los homicidas y lo demás”.

Sostuvo que “el de la Policía Local estaba siguiendo la situación. Al principio fue algo muy feo porque ellos tampoco sabían cómo proceder, eran discusiones cada vez que nos llevaban, después de que yo pedí eso, porque nosotros repartimos el manual del detenido, estamos informados, no es que hacer esto es fumar marihuana porque es a lo que menos apuntamos”.

“Estamos muy informados y tratamos de hacer encuentros para estar más unidos y que esto no pase más, la impunidad hoy en día está cada vez más tapada, la democracia a veces se va al carajo”, manifestó Cristian.

Luego de más de doce horas de detención, el sábado a la mañana fueron trasladados a la Fiscalía. “No pasó nada, estuvimos presos en la celda con dos personas más, había una sola celda con candado, uno estaba con esposas dentro de la celda”.

“Después de las cinco horas, que a mí me acusan por infringir la Ley 27.737 y por resistencia a la autoridad, después de la difusión de los videos, dejaban la puerta abierta sin querer y escuchábamos que se les estaba yendo la situación de las manos”, afirmó.

Por su parte, el concejal Raúl Ayude, quien intervino para acercar a la comisaría a fiscales y defensores oficiales, declaró que “acá estaba la Policía Local pero los que guiaban eran policías de la provincia de Buenos Aires. Más allá del período de formación, hay prácticas que son las que terminan formando en la calle al policía, me parece que eso es lo complejo”.

“Si esto sucedió a las seis de la tarde un viernes con mucha gente filmando a plena luz del día en la Plaza Rivadavia, imagináte lo que debe ser Nocito, Maldonado, Stella Maris, 9 de Noviembre, lugares donde no hay testigos, donde la suposición de que un persona puede estar cometiendo un delito hace actuar sobre jóvenes por ser sospechosos. Yo pensaba, ser joven ya es complicado, ser joven y negro es una complicación y ser joven y tener rastas es otra complicación. Creo que sobre eso hay que actuar en función de que se actúe con justicia, que en el fondo se ataquen verdaderos delitos. Ahí creo que entronca con el trabajo de los chicos que quieren que no haya abuso policial ni estigmatización de cosas que no están penadas por la ley”, concluyó.

El viernes a las 15:30 partirá una marcha desde Alem y Uruguay hacia la Plaza Rivadavia en repudio al abuso policial.

Escuchá la nota completa:


EN CASO DE QUE LA POLICIA TE DEMORE O TE DETENGA TENES DERECHO A:
• Solicitar asesoramiento de un abogado, que puede ser particular o un Defensor Oficial (te lo da el estado gratuitamente).
• Negarte a reconocer cualquier objeto secuestrado.
• Recibir asistencia médica inmediata. El único que puede revisarte es un médico. Nadie más tiene derecho a revisarte o hacerte quitar la ropa.
• Negarte a ser chequeado por personal policial que no sea de tu mismo sexo.
• Negarte a declarar.
• Negarte a que revisen tu casa (a menos que un juez lo ordene).
• Negarte a que te exhiban ante otras personas.
• Negarte a que te extraigan sangre.
• Pedir que te lean tu declaración antes de firmarla.
• Que te informen el motivo de tu detención (averiguación de indentidad, contravención o delito)
• Si te sacaron las pertenencias personales deben darte un recibo como constancia.

ANTE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA CON LA POLICIA:
• Preguntar el nombre de la autoridad de la comisaría.
• Tomar nota del día, hora y lugar en que ocurrió.
• Acordate del nombre o chapa de los policías y patente de los patrulleros.
• Acordarse la cantidad de policías que intervinieron.

AVERIGUACIÓN DE IDENTIDAD.
Tenes derecho a transitar libremente y no pueden demorarte sin una orden competente. Sin embargo, es una práctica habitual de la policía demorarnos para averiguar nuestra identidad o antecedentes. Aunque obviamente se recomienda colaborar, tenes que saber que:
• La policía puede demorarte solo si hay un motivo previo y razonable o no tenes documentos. Si no existe tal motivo, la policía no tiene razón de demorarte.
• Estar demorado no es lo mismo que una detención, por lo tanto no te pueden tener más de 12 horas, ni te pueden poner en un calabozo con gente que cometió delitos.
• La policía no puede retenerte el DNI. Si lo hacen denuncialo en la Fiscalía lo más pronto posible.
• No pueden esposarte. No pueden sacarte fotos ni exhibirte ante otras personas.
• SI SOS MENOR DE 18 AÑOS, la policía tiene que avisarle de forma inmediata a tus padres.
• Si fuiste victima de golpes, maltratos o torturas, tenes que ir rápido a un hospital para que te den una constancia que explique tu estado de salud.

DETENIDO POR UN DELITO
Significa que violaste una normal del Código Penal.
• Se necesita una orden judicial para detenerte y para esto debe existir una causa penal. Sin esta orden solo pueden detenerte si te encuentran cometiendo el delito o escapando.
• La policía tiene que informar de tu detención al Juez, Fiscal y Defensor de turno.
• Tanto vos como tu familia y amigos tienen derecho a que la policía les informe cual es el delito.
• Tenes derecho a llamar un abogado de tu confianza. Si no tenes el Estado ya tiene designado un Defensor Oficial.

DETENIDO POR UNA CONTRAVENCION
Significa que violaste alguna normal del Código de Faltas de la Provincia. (Ej: causar desorden, incitar a la violencia en la vía pública)
• Tenes derecho a hacer una llamada.
• La policía tiene que informar de tu detención al Juez, Fiscal y Defensor de turno.
• Negarte a responder preguntas sin antes hablar con un abogado o solicitar su presencia.
• Recibir asistencia médica.
• No ser alojado junto a personas que cometieron delitos.

SI SOS MENOR
Sos inimputable, es decir, no te pueden aplicar una pena, solo medidas que favorezcan tu desarrollo como persona. La policía debe tratar de que regreses con tus padres o responsables.
• Si te detienen no pueden trasladarte en un auto sin identificación.
• No pueden esposarte sin justificativo.
• No pueden encerrarte en un calabozo con personas mayores de edad.
Está prohibido el alojamiento de menores en dependencias policiales.

SI SOS MUJER
Tiene que intervenir personal policial femenino.
• No te pueden encerrar en un calabozo con hombres.
• No te puede revisar un hombre.
• No te pueden desnudar, ni obligarte a consentir revisaciones vaginales, aunque lo solicite personal femenino o un medico.
• Si te detienen o demoran, antes de cualquier traslado tus hijos deben quedar al cuidado de alguna persona de tu confianza.

“LA POLICIA ME PASEÓ EN EL PATRULLERO”
Es una práctica naturalizada que permite a los policías contar con un margen de tiempo antes de llegar a la Comisaría para negociar con los detenidos, coimearlos o torturarlos.
Cuando te suben a un móvil policial, el trayecto a la comisaría debe ser directo. Si esto no se cumple podes denunciarlo en la Fiscalía.

Fuentes: Video Correpi. Texto Campaña contra la violencia institucional.

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Condenada por no defender a su hija

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La justicia de Bahía Blanca condenó a una madre a seis años de prisión por ser partícipe necesaria en comisión por omisión en el delito de abuso sexual con acceso carnal padecido por su hija. La violación fue consumada por su pareja mientras ella miraba televisión en la misma cama.

El tribunal dio por probado el hecho alegado por el fiscal Sebastián Foglia, quien sostuvo que se encuentra acreditado que en 2008, en Coronel Pringles, la imputada “cooperó y prestó la colaboración necesaria e imprescindible para que su pareja, pudiera acceder carnalmente a su hija de diez años de edad y con debilidad mental leve, en la habitación de su domicilio durante una visita previamente pautada con el padre biológico de la niña”.

“La colaboración prestada (al violador) consistió en avalar y consentir el abuso que se ejerció sobre su hija en tanto presenció el hecho cometido sin interponerse ni impedirlo ya que estaba en la misma cama de la habitación donde el hecho se produjo, mirando la televisión sentada en el borde de la misma, omitiendo velar por su hija ni requerir auxilio, pese a que por su carácter de progenitora le correspondía hacerlo”, asegura el fallo.

Cabe destacar que los delitos sexuales son catalogados como “delitos de propia mano”, esto significa que solo la persona que realiza una conducta abusiva puede ser autor de la misma. Quien preste colaboración al autor incurre en algún grado de responsabilidad penal, según la importancia que tenga ese aporte y la oportunidad en la cual lo realice.

Esa cooperación o ayuda puede consistir en la realización de alguna acción, y también una omisión; es decir, se puede colaborar sin hacer nada. No cualquiera que “no hace nada” o “hace otra cosa” mientras se realiza una acción abusiva, participa del abuso o colabora con el abusador. Pude incurrir en responsabilidad por otro delito, pero no por abuso.

Sin embargo, hay personas que se encuentran en una especial y particular relación con la víctima de abuso que se denomina “posición de garante”, tales como padres o madres respecto de sus hijxs y las personas encargadas de cuidar niñxs, que ante una situación que amenace la libertad sexual “son garantes” de su protección y su inacción, en esos casos, puede hacer que se consideren tan responsables como el autor del abuso.

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“El pueblo se enriquece cuando cada ciudadano está mejor informado”

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El filósofo Eduardo Rinesi afirmó en Bahía Blanca que “la comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía”. Invitado por la delegación local de AFSCA, el politólogo y educador participó de una charla en la UNS.

“Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo”, destacó.

“Derecho a la Comunicación, Medios y Política” fue la consigna del encuentro moderado por el periodista Carlos Quiroga. Rinesi se formó en las universidades de Rosario, São Paulo y FLACSO y dicta la cátedra de Sociología en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

El también titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual aseguró que pensar en términos de “libertad popular republicana” y “de derecho” obliga a abandonar la idea “antiestatalista” de la posdictadura para considerar “que el Estado puede estar del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia”.

“Necesitamos una teoría compleja que nos permita pensar el carácter bicéfalo. Estoy citando a un querido amigo hijo de esta ciudad, un gran jurista argentino, que es Abel Córdoba. No podemos andar por la vida suponiendo, como si fuéramos liberales, que el Estado es solamente una amenaza para la libertad cuando muchas veces es un garante de la libertad. Pero tampoco podemos chuparnos el dedo e ignorar que el Estado -incluso gobernado por un gobierno que eventualmente hasta nos gusta- sigue siendo un reproductor de relaciones sociales muy injustas, un violador serial de los derechos humanos, un disciplinador social”, explicó.

El filósofo se preguntó qué quiere decir tener un derecho y aseguró que si se lo preguntase a un abogado positivista, este respondería que “en las leyes, los códigos o la constitución del país donde vive está escrito que tiene derecho a”. Sin embargo, afirmó que “cuando usamos la palabra derecho en nuestro discurso político decimos otra cosa. Primero porque muchas veces las leyes dicen que tenemos derecho a cosas a las que el derecho que tenemos es por lo menos opinable. Y otras veces es exactamente porque las leyes no dicen que tenemos un derecho que nosotros decimos que lo tenemos para que las leyes digan que lo tenemos de una buena vez”.

Priorizando la idea política del derecho sobre la legalista, Rinesi manifestó que “decir que se tiene derecho a algo, en general, quiere decir: a) que no se tiene el derecho que se dice tener y b) que se lo debería tener. Por eso la palabra derecho es una de las palabras más políticas que existen, porque contiene en su misma materia, en su misma carne, la tensión entre el ser y el deber ser, entre la descripción y la prescripción, entre la caracterización de la sociedad injusta que tenemos y el sueño de la sociedad justa que deberíamos tener”.

De esta manera, el “combate” por los derechos se torna interminable porque “postulamos derechos en la medida de que alguno no lo tenemos, cuando lo tenemos dejamos de postularlo como derecho, lo olvidamos como derecho y pasamos al siguiente. Y está muy bien que sea así. Hoy a la comunicación la pensamos como uno de esos derechos”.

“Las libertades y los derechos son individuales y colectivos, son de los ciudadanos y son del pueblo. Y cuando pensamos en el derecho a la comunicación ese pueblo suele recibir el nombre de audiencia. La audiencia es el pueblo subespecie comunicativa, y ese pueblo subespecie comunicativa tiene derechos”.

¿Cuándo un derecho es humano?

El ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento recordó que luego de la dictadura se sostenía que “lo que hace humano a un derecho es la circunstancia de que fue el Estado, abusando de su poder, el que lo violó. En general, pensábamos en los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la inmediata dictadura”.

“Cuando extendíamos un poco la reflexión, decíamos ‘pero también se siguen vioando los derechos humanos cuando esos crímenes cometidos por la dictadura no son juzgados todavía’. Y cuando prolongábamos un poquito más la reflexión, decíamos ‘pero también son crímenes contra los derechos humanos los crímenes que el Estado, incluso bajo un gobierno democrático, no deja de cometer”, dijo.

Rinesi insistió en que el Estado “es una institución compleja que no se confunde con el gobierno ni con la voluntad política de su gobierno, y hoy en Argentina bajo un gobierno que a mí me gusta y que sin duda es el gobierno que más ha hecho en favor de la vigencia de los derechos humanos en muchímas décadas en este país, hoy el Estado viola sistemática y cotidianamente una cantidad de derechos humanos”.

El politólogo aseveró que “una cosa interesante que ha pasado en los últimos tiempos en la Argentina es que cuando decimos ‘derechos humanos’ incorporámos a esa lista, además de los derechos que el Estado a veces viola, un conjunto de derechos que no le pedimos al Estado que se abstenga de violar sino que le pedimos al Estado que garantice. Entre esos derechos está el derecho a la comunicación”.

“La comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía. Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo.

“El sujeto, el titular, del derecho a la comunicación es cada uno de nosotros como individuo y es el pueblo en su conjunto, porque es como conjunto que se enriquece el pueblo cuando cada uno de sus ciudadanos está mejor informado, cuando pueden decir lo que quieren sin temor a ninguna forma de censura”, concluyó.

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Novedoso fallo sobre acoso sexual tecnológico de menores

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El juez correccional José Luis Ares condenó a dos años de prisión en suspenso a José María “Demóstenes” Faroni por acoso sexual tecnológico de dos menores –grooming- cometido en Bahía Blanca y Coronel Suárez. La pena fue acordada en juicio abreviado por el fiscal Mauricio Del Cero, el defensor particular Sebastián Martínez y el imputado.

Ares describió que desde el 27 de diciembre de 2013 hasta el 11 de enero de 2014, a través de la cuenta de Facebook, mediante la utilización del seudónimo “Demóstenes Rock”, Faroni se contactó con un adolescente de 15 años y otro de 14, a quienes invitó a encontrarse en el Hotel Torino de Coronel Suárez, “donde se alojara, ofreciéndoles dinero como regalo, invitándolos a cenar o a almorzar y a tomar helados, con el propósito de ganarse la confianza de los menores con conocimiento de sus edades, introduciendo en las conversaciones contenidos sexuales, con el propósito de afectar la integridad sexual de los jóvenes”.

Al relevar las extensas conversaciones mantenidas por el imputado con los menores, Ares destacó que “en lo relativo a ganarse la confianza de los chicos y aparecer simpático y agradable, enviando fotos en las que aparece con músicos de rock, expresión artística por la que manifiesta verdadera pasión. Se puede señalar que el imputado mostraba sus fotografías tal cual es, una persona que pasó los 50 años; sin embargo a uno de los menores le dijo que tenía 38 años. También se mostró permanentemente como una persona muy querida, con muchos amigos y se definió como un ´presentador de bandas´, afirmando que su nombre artístico es ´Demóstenes´”.

“Asimismo mostró su preocupación por lo que pudieran pensar los padres de los menores si se enteraban que tenían un amigo tan grande. Dijo que sus amigos tenían entre 15 y 20 años y que con ellos se lleva muy bien y no se trata con gente de su edad; que él es un ´pendex´. En los intercambios epistolares tecnológicos, si bien se hablaron muchas trivialidades, incluyendo, el imputado, referencias al futbol, manifestándose hincha de Independiente de  Avellaneda, hablando de  recitales y de músicos de rock y hasta corredores de motos, introdujo en cuenta gotas algunas referencias a temas sexuales”.

El magistrado explicó en su fallo que “la palabra grooming proviene del idioma inglés y se refiere a conductas de acicalamiento o preparación, especialmente de animales. Llevado el concepto a los menores, se refiere a preparar a un niño o a una niña a través de comunicaciones informáticas para abusar sexualmente de ellos, quienes son especialmente vulnerables por su inmadurez e inexperiencia. Se ha entendido por grooming el conjunto de acciones que lleva a cabo un adulto a través de tecnologías de información y comunicación para ganarse la confianza de un menor, con el fin de obtener un posterior beneficio de índole sexual”.

El art. 131 del Código Penal establece que será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.

“La acción típica consiste en contactar a un menor de 18 años a través de cualquier medio de comunicación tecnológica, es decir se trata de entablar una conexión personal a través de medios tecnológicos, un contacto ´virtual´ como fase previa para la comisión de un delito que afecte la integridad sexual a través de un contacto corporal, aunque el delito subsiguiente podría cometerse sin este contacto directo”.

Según la sentencia, Faroni deberá someterse al cuidado del Patronato de Liberados, abstenerse de acercarse a menos de cien metros de sus víctimas, de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas y someterse a tratamientos psicológico y psiquiátrico.

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La misma policía con distinto color

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Dos integrantes de la Cofradía Cannabica que entregaban folletos informativos en Plaza Rivadavia fueron detenidos violentamente esta tarde por la Policía Local. Otro joven testigo del atropello policial corrió la misma suerte.

Los pibes fueron requisados y se les encontró semillas, plantines sin THC y cremas terapéuticas.

Acusados de resistirse a la autoridad fueron llevados a la Comisaría Primera. Allí esperaron al titular de la fiscalía de estupefacientes Jorge Viego. Interviene además el defensor oficial Carlos Carnevale.

En el lugar se reunieron compañerxs de la agrupación que milita contra el narcotráfico y por la legalización del autocultivo de marihuana e integrantes de organizaciones políticas. También se encuentra el concejal de Encuentro Amplio, Raúl Ayude.

La policía pretende que los jóvenes continúen detenidos hasta la mañana de este sábado.

Noticia en desarrollo.

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Montezanti: más cerca del juicio político

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La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó esta mañana un dictamen proponiendo el juicio político y la suspensión del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Ahora, se necesitan los dos tercios del Plenario del organismo para formalizar el inicio del jury.

El proyecto del secretario de Justicia, Julián Alvarez, fue acompañado por lxs legisladorxs Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Ángel Rozas y el académico Jorge Candis. El juez Luis Cabral se abstuvo de votar. Se opusieron el magistrado Leonidas Moldes y la abogada Adriana Donato.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas denuncias contra el camarista bahiense.

Por otra parte, a las 15 Montezanti fue nuevamente citado por el juez Alejo Ramos Padilla para ser indagado por su supuesta vinculación con la Triple A y un caso de secuestro y torturas ocurrido en 1977. Desde las 14:30 integrantes de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se manifestarán frente al juzgado de Alsina 317. El magistrado, amparado en sus fueros, se negó a concurrir en dos ocasiones anteriores aduciendo compromisos protocolares en la’Cámara y problemas de salud.

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Elecciones en ATE en medio de fuertes disputas internas

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(Notas.org) Desde las seis de la mañana y hasta las 20, en todo el país se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) durante el período 2015-2019. Más de 250 mil afiliados están habilitados para votar y lo harán en 2880 urnas distribuidas a lo largo y ancho de la Argentina. Delegados internacionales, que representan a distintas centrales sindicales de América Latina, el Caribe y Europa, actuarán como observadores de todo el proceso.

Esta elección es crucial en muchos aspectos. Para empezar se trata de un sindicato histórico – fue fundado en 1925 y tiene la personería gremial número dos – y de una magnitud en términos de afiliación que vuelve al proceso electoral un hecho relevante en sí mismo, sea cual sea el desenlace. Por otra parte, el elemento distintivo en esta ocasión pasa por una ruptura al interior de ANUSATE, la agrupación que viene hegemonizando la vida de ATE desde la recuperación democrática en 1984.

Las diferencias públicas entre Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, y Víctor De Gennaro, referente histórico del gremio y reciente pre-candidato presidencial por el Frente Popular (que no superó las PASO) son lo que más ha resaltado mediáticamente en este escenario que se ha configurado en el plano nacional.

A su vez, el cambio de etapa que se avecina en el país tras 12 años de kirchnerismo es un dato no menor para un sector de trabajadores y trabajadoras que ha crecido sustancialmente en esta larga década, pero que también ha estado expuesto a altos niveles de precarización laboral y a salarios que, en la foto actual, no recuperan lo perdido tras la gran crisis de principios de siglo.

En 1984, con el retorno de la democracia, los sindicatos retomaron su vida activa y ATE, que durante la dictadura se mantuvo en manos de Juan Horvath, un colaboracionista del régimen, no fue la excepción. ANUSATE (Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE), que se forjó en esos tiempos de oscuridad, se impuso en los comicios de ese año y lo siguió haciendo, siempre con la vinculación al color verde, hasta la fecha.

En aquella oportunidad Víctor De Gennaro fue electo secretario general del Consejo Directivo Nacional y Germán Abdala del Consejo Directivo Provincial. Tiempo después, serían dos de los principales impulsores (y ATE en su conjunto) de la fundación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1991. Esa fue una de las páginas más importantes en las que inscribió su sello ATE, un sindicato reconocido por su nivel de democracia y pluralidad y que sobre todo durante la década del 90 tuvo un rol destacado en las luchas contra la privatización en diferentes esferas del ámbito público.

Los datos de la última elección continuaron con la tendencia de los 25 años precedentes y marcaron un triunfo abrumador de la Lista Verde, que obtuvo el 90% en todo el país. El panorama de la elección de este miércoles dista mucho de esa contundencia.

Hugo “Cachorro” Godoy (Provincia de Buenos Aires) y Julio Fuentes (Neuquén) enrocan sus actuales cargos (adjunto y general) y se presentan por la lista Verde ANUSATE, con el aval de la figura de Víctor De Gennaro. Nando Acosta, secretario general de ATE-Jujuy y Miguel Pelandino, con el mismo cargo pero en Entre Ríos, se referencian en la Lista Verde y Blanca y expresan un armado que es afín al kirchnerismo, a pesar del buen vínculo entre Acosta y Pablo Micheli, y cuyo impulso está dado por el actual diputado nacional Edgardo Depetri, que se presenta como vocal.

Las otras tres listas que se presentan son La Bermellón, encabezada por Raquel Blas (secretaria general de Mendoza) y donde se nuclean diferentes expresiones de la izquierda tradicional e independiente; la Naranja-Lila y la Gris, también con identidades a la izquierda.

Hasta el momento el favoritismo parece estar del lado de Godoy, aunque se vislumbra una elección pareja y muy disputada en varias seccionales. Lo que ha cruzado la previa son variadas denuncias de irregularidades, principalmente vinculadas a la confección de los padrones, que han sido desestimadas por el juzgado laboral número 3.

Además de la disputa nacional, se renovarán los 23 Consejos Directivos Provinciales, el Consejo Directivo de la Capital, las 152 Seccionales, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, los 22 Centros de Jubilados y Pensionados provinciales y los 41 Centros de Jubilados y Pensionados locales. Asimismo, cada provincia elegirá Congresales Nacionales y Provinciales de acuerdo a su número de afiliados.

De todo lo antedicho, que implica nada más ni nada menos que 6315 cargos electivos, resalta la disputa del Consejo Directivo de Capital, aún más feroz que la Nacional. Allí La Verde va dividida en tres listas.

Una de ellas la encabeza el actual secretario general José Luis Matassa y se presenta con boleta corta, sin anclaje nacional pero con el apoyo decidido de Pablo Micheli. En tanto Rubén Mosquera, actual paritario de ATE, y Rodolfo Arrechea (ex secretario adjunto de ATE Capital) van con el sello de La Verde, Celeste y Blanca, que va pegado a Godoy. Finalmente, Daniel Catalano y Juan Manuel Sueiro representan a La Verde y Blanca, el armado kirchnerista en Capital, lógicamente vinculado a Nando Acosta. El posible resultado es incierto y desde varios sectores incluso hablan de “triple empate”. La Bermellón también tendrá expresión porteña con la candidatura de Mariano Skliar, de Promoción Social, como secretario general.

Para los y las estatales nucleados en ATE será un día más que importante. Para la lista ganadora, sea quien sea, todavía más. Tendrá la tarea de reconstruir un sindicato tan importante como debilitado en los últimos años, entre las diversas disputas internas que lo han erosionado. La condición actual de los trabajadores y trabajadoras del Estado y el escenario que se avecina amerita una herramienta gremial fuerte, con capacidad de conquistar avances y profundizar organización en cada sector de trabajo.

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Plenario por el edificio propio para el ISEF 86

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Alumnxs del Instituto de Formación Docente Nº86 continúan reclamando la construcción de un edificio propio para desarrollar las actividades que hoy se reparten en distintas sedes. Una de ellas, el Club Liniers donde se realizan prácticas de la carrera de profesorado de educación física, fue motivo de polémica meses atrás por atrasos en los pagos convenidos con la provincia.

Días atrás se realizó un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante en el cual se informó que si bien existe un espacio asignado en D’Orbigny y 14 de Julio, en el lugar funciona una escuela de fútbol y el terreno se redujo sensiblemente en su capacidad. La búsqueda se centra en un área cercana al Parque de Mayo, o en el interior del mismo, ya que facilitaría el traslado de las y los estudiantes.

“Para delimitar la zona de Parque de Mayo el municipio extravió un expediente que tiene que ver con un pedazo cedido a la provincia para la construcción de la Secundaria 24 y teníamos un problema con la delimitación. Se coordinó una reunión para el viernes 11 a las diez de la mañana cuando, en teoría, ya desde la Muni nos podrían decir cuál sería el área que nos pueden destinar para construir”, dijo a FM De la Calle la presidenta del centro de estudiantes Lucía Mérida.

Una vez resuelto el conflicto dominial del terreno, el Concejo Deliberante podría disponer una partida del Fondo Educativo para comenzar la construcción del edificio.

Además del centro de estudiantes, de la reunión participaron concejalxs integrantes de las comisiones de Educación, Cultura y Acción Social; de Interpretación, Asuntos Legales, Derechos Humanos y Garantías; y de Obras Publicas Urbanización y Vivienda; el secretario de la Agencia Urbana, Alberto Carimati: la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Aglietti y autoridades del I.S.F.D. N°86.

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“Bienvenida nieta 117 a la verdad”

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Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellxs.

Las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro y la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas.

Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.

Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.

Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.

En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.

A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.

Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN.

La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia.

El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.

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Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.

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Escuela Especial 509 sin combi desde julio

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Los choferes titular y suplente de la combi que trabaja con alumnos y alumnas de la Escuela Especial 509 están de licencia. Por este motivo, unos 20 estudiantes no pueden asistir al establecimiento desde el 7 de julio.

“Hay chicos que no han empezado las clases este año. Ahora el chofer está con problemas de salud muy serios y está con una licencia. Y el chofer que estaba de reemplazo creo que también”, dijo a FM De la Calle Roxana Belleggia, mamá de uno de los alumnos afectados.

“Acá hay que tomar una medida fuera de lo normal. Hay que olvidarse de lo que es la burocracia. No puede ser que no se abrieron los cargos en La Plata. Yo estoy trayendo todos los días a una vecinita, con el riesgo que ello conlleva, que vive a seis cuadras de la escuela. Porque esta nena si no va a venir más hasta el año que viene. Eso un disparate. A alguien le tiene que importar esto”, expresó.

Además, Belleggia explicó que “no hay otra escuela de estas características para nuestros hijos, hay que hacer que esta escuela funcione porque no tenemos opciones. Yo no puedo cambiar a mi hijo de escuela”.

“Hoy vamos a decidir, junto a los padres, cuáles son los pasos a seguir. Si hace falta viajar a La Plata lo haremos”, finalizó.

El Consejo Escolar expresó que no dispone reemplazo. Las comunicaciones con autoridades de La Plata fueron igual de infructuosas.

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“El Patronato fue una imagen del Estado ausente”

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Los próximos 5, 6 y 9 de noviembre se desarrollará el juicio por el abuso sexual padecido por una adolescente, interna del Patronato de la Infancia, en 2008. El caso derivó en una innecesaria polémica sobre el aborto no punible por la intervención de sectores “pro vida” quienes, amparados por el juez de familia Eduardo Longás, obstaculizaron la interrupción del embarazo producto de la violación. Además, destapó la mala atención que recibían las niñas y los niños y la oscura administración del organismo.

En el banquillo habrá un solo imputado de tres, dado que uno falleció y el otro está prófugo. “Si bien llega un poco a destiempo, sentir la ratificación y el avance de la justicia siempre es reparador, en este caso para mi ahijada que es la víctima de esta situación. Por el buen manejo que ha tenido la Fiscalía a través de instrumentos como la Cámara Gesell tuvo el menor contacto con la cuestión judicial pero es un paso importante”, aseguró la abogada Fernanda Petersen.

Si bien la fecha de inicio no está definida, el viernes 14 de agosto se realizó la audiencia preliminar en la cual las partes expusieron sus pruebas. El delito imputado “es abuso agravado por el parentesco que tenía y por su situación de discapacidad. Ella tiene un retraso madurativo que si bien en este momento tiene 24 años y en el de los hechos 18, según los informes de los peritos, su edad madurativa es entre ocho y diez años. Obviamente eso hace que el abuso sea agravado porque fue su situación la que generó mayor posibilidad de vulneración de sus derechos”, explicó Petersen.

Recordó que “junto con mi hermana hicimos una denuncia por abandono de persona porque cuando mi ahijada comenta esta situación primaria en la institución se labra un acta, no se da a conocimiento ni a nosotras, en mi carácter de madrina y de familia que la acompañábamos, ni al juzgado de menores”. De esta manera, la chica siguió en contacto con sus familiares biológicos entre quienes se encontraban sus abusadores.

Respecto al equipo técnico del Patronato “consideramos que había una situación delictiva, se configuraba el abandono de persona porque ellos eran los guardadores. Esto es una institución pública o, si bien no dependía formalmente del municipio o provincia, recibía becas del Estado”. Por ello, están imputados en otra causa el ex director Antonio López (en la foto junto al abogado Miguel Asad), el psicólogo Esteban Godia, la maestra coordinadora Susana Camblor y la trabajadora social Verónica Godoy.

“El 22 de julio la Fiscalía de la dra. (Olga) Herro pidió formalmente la elevación de la causa a juicio y, en este momento, se está notificando a los defensores y a todas las partes intervinientes para que formulen las oposiciones que correspondan. Luego deberá decidir la jueza de Garantías, Gilda Stemphelet, si considera que hay que elevar la causa o no a juicio. Pero hoy formalmente todo el equipo técnico y directivo del Patronato está imputado por abandono de persona”, aseguró.

Para Petersen “el hermano o el tío o el cuñado o quien fuera del grupo familiar que abusó de mi ahijada, obviamente que contó con la complicidad de estas personas porque si alguien se acerca a una institución y reconoce indicios o alguna situación que debe alarmar al equipo técnico o la víctima habla o no se validan sus dichos, lo que se está haciendo es ser cómplice con los abusadores”.

Ante el embarazo originado por la violación, se solicitó en el Hospital Penna un aborto no punible tal como lo establece el art. 86 del Código Penal. Sin embargo, el juez Eduardo Longás aceptó el planteo de un matrimonio que pretendía adoptar al futuro bebé y “en virtud de los derechos de la persona por nacer se plantea la interrupción del aborto que se estaba llevando adelante”. En instancias superiores, la justicia resolvió en favor de la adolescente abusada.

“También hicimos una denuncia que no prosperó, porque considerábamos que se estaba violando el artículo 86 claramente. En este tema se ha avanzado por suerte con el nuevo protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que en el caso de abuso, las víctimas pueden presentarse en el Hospital Penna y con una sola declaración jurada, la justicia no tiene posibilidad de intervenir”, destacó la abogada.

Finalmente, Petersen comentó que mantienen al tanto de cada paso procesal a su ahijada y que “para ella es muy aliviante sentir que, más allá de que quienes estamos cerca de ella y su familia le creímos siempre, la justicia respalde lo que ella dijo. Hoy por hoy tiene una vida completa, con actividades, con grupo de amigos, está muy bien pero es un hecho que está para siempre”.

Además de las causas derivadas del abuso sexual, a partir de un detallado informe en defensa de los derechos de lxs niñxs del Patronato realizado por el entonces fiscal general Hugo Cañón, se terminaron las becas y subsidios estatales para la institución y se reubicó a lxs internxs en otros hogares.

“El Patronato fue una imagen muy concreta del Estado ausente sin ningún tipo de control. Sacar hasta los alfajores de un grupo de chicos, de niñas, que están en un lugar al resguardo de esas personas habla por sí mismo. De ahí para arriba pueden hacer cualquier cosa, el informe era lapidario, había bienes que no se sabía dónde estaban y había empleados que no podían cobrar sus indemnizaciones”, concluyó Petersen.

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Juicio Armada: Massot cara a cara con Heinrich y Loyola

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Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para apretar a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia, fueron expuestas esta semana en el alegato de la Fiscalía sobre los casos de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

El tribunal oral de Bahía Blanca juzga a más de veinte represores que actuaron durante el terrorismo de Estado bajo control operacional de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. El alegato de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani se extenderá por dos audiencias más, el martes y el miércoles próximos, en Colón 80.

“Estas actas confeccionadas para entregárselas a la Inteligencia de la Prefectura y para perseguirlos de manera laboral y echarlos sin pagar la indemnización, paradójicamente hoy nos sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, afirmó Palazzani.

El representante del Ministerio Público aseguró que el contexto del caso de los obreros muestra los componentes militares del terrorismo de Estado y “atraviesa horizontalmente toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. No solamente la complicidad empresarial sino también vamos a ver que los familiares peregrinaron por los tribunales provinciales, los federales y por altos estamentos de la Iglesia Católica”.

Aquellos secuestros, torturas y homicidios calificados tuvieron “su génesis en el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot-La Nueva Provincia”. Fueron precedidos “por un período de varios meses de persecución como correlato directo de la actividad gremial desarrollada y los conflictos laborales existentes desde 1973, entre los trabajadores sindicalizados y los propietarios y directivos de la empresa. Resulta acreditado por un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones entre los representantes sindicales y los miembros de la familia Massot”.

Entre la abundante documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se destacan dos fichas a nombre de Loyola y tres correspondientes a Heinrich, informes sobre su actividad en la comisión directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pedidos de intervención al Ministerio de Trabajo, el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.

La Fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.

Leé la nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

 

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Perspectiva para los espacios culturales

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Los hechos

(Por Astor Vitali) El año pasado se sancionó la Ordenanza de Espacios Culturales. Fue antes de que Sergio Raimondi renunciara al cargo de Director del Instituto Cultural, dado el cambio de color político decidido por el intendente, sin que medie sufragio.

Hace más de dos meses el Honorable Concejo Deliberante puso al aire, en los medios que decide financiar, un spot publicitario cuyo objetivo es reivindicar la labor legislativa local, a través de la difusión de la mencionada ordenanza. “Más espacio para la cultura”, reza la publicidad.

Sin embargo, el sábado 22 de agosto la Municipalidad de Bahía Blanca tomó la decisión de clausurar La Casa del Pueblo. Se trata del viejo local del PS, hoy de Socialistas para la Victoria, quienes ceden la gestión de actividades al grupo Perro Azul, conocido por la organización de El Semillero, un encuentro de formación de gran impacto.

Los testimonios

“El sábado estábamos en lo que son las varietté del Semillero, haciendo un nuevo encuentro. Se apersonaron unas cinco o seis personas entre ellos oficiales, gente de la municipalidad. Decidieron labrarnos un acta por una supuesta denuncia de algún vecino”, dijo a FM De la Calle el actor y dramaturgo Nicolás Caminiti. “Éramos 30 personas y un chico que vino de Buenos Aires tocando la guitarra. Nos parece raro que haya una denuncia porque a nuestros costados no tenemos vecinos y con los de enfrente nos manejamos bastante bien. Es lamentable que se cierre un espacio cultural”, sostuvo.

“El acta es casi graciosa. Dice que se pasa a clausura del lugar porque está realizando una actividad cultural con 30 personas, 1 músico y malabarista, con música baja. Por esto clausuran el espacio. Estamos en una incertidumbre, en una situación complicada”.

“Hoy no se avizora para ningún espacio cultural independiente una posibilidad de habilitación a corto plazo. ¿Qué va a ser de todos estos grupos de teatro, de música y de danza que encuentran en estos espacios un lugar de expresión? Si la municipalidad genera otra alternativa sería otra cuestión”, reflexionó.

Por su parte, el poeta Marcelo Díaz, quien integró el Gabinete de Planificación de Políticas Culturales durante la gestión de Sergio Raimondi en el Instituto Cultural, explicó el proceso de confección de la vigente Ordenanza de Espacios Culturales. “Se dio por la situación de que se había empantanado en el Consejo Deliberante la habilitación de cinco espacios, en ese momento. Ahí se retomó la idea, que es un reclamo de parte del sector artístico de hace rato, de tener una normativa especial y no de andar viendo en cada caso en particular”.

“El primer problema que nos topamos es que estos espacios entraban en la categoría de la ordenanza que regula a los lugares de nocturnidad. Lo que se les pedía eran una serie de requisitos propios de un local que tienen una actividad comercial de otros tipos. Entonces lo que se trató fue de trabajar con las características particulares de los espacios culturales, para generar una categoría que los contemplara sólo a ellos. Se visitó a los que estaban con la habilitación pendiente con una comisión con un inspector de cada área, un inspector de Habilitaciones, Bromatología, Defensa Civil y Electricidad y Mecánica. Nosotros notamos que de parte de los inspectores había un gran tipo de desconocimiento de qué tipo de espacio estaban inspeccionando”.

“A partir de ese proceso, en base a otras normativas de otras ciudades y analizando la situación en Bahía se fueron sacando una serie de elementos. Que el proceso de habilitación no fuera tan largo” dado que hay quienes para recibir subsidios requieren adjuntar en la documentación presentada la habilitación del espacio. “Entonces lo que se generó en la ordenanza es un paso intermedio que es un permiso de funcionamiento, que son de seguridad. Por ejemplo, la inspección de Electricidad y Mecánica y que esté determinado el factor de ocupación, que estén los mata fuegos y que haya un plan de evacuación”.

“A la vez, se hablaba de hacer un plan para ir renovando el permiso. La idea era que en ese tiempo se podían ir recibiendo subsidios del Instituto Cultural para ir haciendo esas obras hasta tanto se llegara a la habilitación”, finalizó.

Por su parte, la titular del IC, Marcela Sainz, sostuvo que se comunicó con Caminiti “el domingo. Primero le ofrecí mi solidaridad y mi ayuda. Le ofrecí que venga a verme el lunes (pasado) a la mañana con la clausura. Cuando vino, él nunca había hecho ningún tipo de inscripción en ningún lado. No tenía hecho ni el primer trámite inicial para habilitar un espacio. Le expliqué como era. Ya lo veníamos charlando. Viste cuando dejás para mañana. Ahora ya se llevó la primer parte. Me tiene que traer los planos así empezamos con la habilitación de bomberos. Lamentablemente no estaba inscripto con el trámite iniciado”.

A su vez, “la ordenanza lo que hace es alivianar las condiciones que se solicita para cualquier otro tipo de espacio de nocturnidad. Tenemos representantes de cada una de las áreas, hacen todo el informe que es gratuito y aparte tenemos un fondo que podemos dar como subsidio para que, por ejemplo, si tiene que cambiar la electricidad, tengan una ayuda económica desde el municipio para poder arrancar y poder hacer las obras”.

La funcionaria explicó que los integrantes de la mesa que estipula la ordenanza “están designados. Hemos hechos reuniones separadas, no en conjunto”.

¿Cómo sigue?

Si bien la Ordenanza exige requisitos de menor exigencia que la normativa no específica que regulaba al sector, las inversiones que requieren para verse habilitados son de carácter edilicio, y en general, se trata de montos de decenas de miles de pesos, como mínimo. Hasta el momento, si bien según aseguró Sainz, la mesa tiene designada su conformación, luego de la aprobación de la ordenanza la normativa no tuvo aplicación práctica y no existió voluntad política para poner en marcha los mecanismos que estipula, ni los beneficios que la publicidad del cuerpo legislativo difunde.

Resulta llamativa la decisión municipal de aplicar rigurosidad a un espacio pequeño, donde se llevan a cabo actividades culturales y en cambio hacer la vista gorda hacia otros locales de carácter comercial que incumplen normativas y están a la vista de cualquiera. ¿Todos los restaurants céntricos tienen acceso para discapacitados?, por ejemplo. ¿Cuántos locales hay que no reúnen las condiciones de habilitación y no son molestados por el gobierno municipal?

El 3 de septiembre Caminiti se presentará ante el Tribunal de Faltas, citado por el juez Ricardo Germani. La Casa del Pueblo convocó a una actividad en el playón de la Universidad Nacional del Sur para el día domingo 6 de septiembre, en reclamo de normalizar la situación.

Diferentes espacios culturales comenzaron a intercambiar opiniones en función de establecer una posición común ante la clausura y respecto de cómo seguir adelante. A su vez, en los próximos días la mesa que estipula la Ordenanza de Espacios Culturales tendría su primera reunión.



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“Seguimos pidiendo justicia”

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Se cumplieron tres meses del asesinato de Katherine Gabriela Moscoso, quien fue hallada sin vida en un médano de Monte Hermoso el 23 de mayo.

“Como familia seguimos en la lucha, mi abuela ya cambió de abogado. Recibimos amenazas, nos tiraron una camioneta encima, estoy segura que quienes  hacen esto son responsables de la muerte de Katherina”, dijo Wanda Banegas, prima de la víctima, a FM De la Calle.

Una vez anoticiados del crimen, vecinos de la localidad lincharon a Juan Carlos “Canini” González, uno de los sospechosos, ocasionándole la muerte. ”Está mal que este hombre haya muerto. Él sabía mucho de lo que le ocurrió a mi prima”.

Wanda afirmó que “mi hermano sigue preso, fue el único que se hizo cargo de esto. Los del incendio van quedando el libertad”

El secretario de Seguridad, Ricardo Triches, está con licencia por problemas personales. “Está muy sucio, va a volver y lo van a seguir apañando”, aseguró.

La prima de la víctima pide justicia y que no se repitan hechos de estas características. “Éramos un pueblo tranquilo, ahora se oculta todo”.

Las marchas seguirán en la ciudad balnearia durante los festejos de la primavera. ”Vamos a aprovechar esos días, la gente de afuera se preocupa más que los montermoseños, me cuesta creer esto”, finalizó.

 

 

 

 

 

 

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Triple A: Montezanti recusó y no se presentó

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El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca no se presentó hoy a la indagatoria convocada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para defenderse de la imputación fiscal por sus supuestos vínculos con la Triple A y su complicidad con el terrorismo de Estado.

“El dr. Montezanti presentó una recusación al juez y al Ministerio Público. Se contestó, el juzgado resolvió rechazarla y luego manifestamos que por las razones que dio para no venir, que fueron funcionales, tenía algún trámite en la Cámara, entendíamos que no había razones válidas o importantes como para postergar un acto de tal trascendencia procesal. Así que solicitamos que se fije inmediatamente nueva audiencia y que se comunique esa situación al Consejo de la Magistratura”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani.

La indagatoria estaba convocada para las 11 en el juzgado de Alsina 317 donde se manifestaban organizaciones políticas y estudiantiles y cuyo frente lucía afiches que denunciaban la pertenencia del magistrado al Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 y pedían su expulsión de la Universidad del Sur.

“No me extraña, Montezanti es un cagón que se escondió durante cuatro años en la universidad, primero fue una cautelar, después una recusación a consejeros de Derecho, después del Consejo, etcétera, y es lo que está haciendo ahora. Con estas recusaciones lo único que pretende es prorrogar todos los plazos. Es muy importante hacer visible todo esto y que no queden estas cuestiones en los tribunales sino que trasciendan a la sociedad”, opinó Dante Patrignani al cierre de la transmisión especial de FM De la Calle.

Alberto Rodríguez se mostró sorprendido porque “un juez de la Cámara Federal no se haga a justicia, es un caso extraño donde tiene todas las posibilidades de demostrar su inocencia, donde podría refutar todas las acusaciones que contra él tenemos y los testigos que hay para probar su participación en la Triple A. Se ve que los tribunales le caben para juzgar a los demás pero no para defenderse, cosa que no pudieron hacer los compañeros asesinados”.

Consultado acerca de las particularidades del trámite penal para un imputado que a su vez es camarista federal, Palazzani explicó que “tienen un régimen diferente, cualquier imputado que no concurra a una convocatoria de este tipo si no tiene razones fundadas se lo puede hacer comparecer con la fuerza pública. En el caso de los magistrados esa situación no es posible por sus fueros, pero las razones que dio fueron funcionales, que tenía otra actividad en la Cámara, con lo cual permite que el juez fije otro horario para que concurra, puede ser hoy a la tarde”.

Si las ausencias de Montezanti se repiten con razones infundadas como las planteadas este mediodía, el representante del Ministerio Público aseguró que “claro que tiene que comenzar ese proceso (de desafuero)”.

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Sin novedades sobre las ciclovías

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Las agrupaciones Cultura Ciclística y Quiero Ciclovías en Bahía se quejaron de que a un mes de celebrada la audiencia pública sobre el Proyecto Red de Ciclovías “nada más se ha dicho al respecto”.

“Luego de la presentación de este proyecto serio y completo en el que participaron profesionales y funcionarios públicos, el cual asimismo recibió el aporte de ideas y alternativas por parte de vecinos interesados, nos preguntamos qué cuestiones están demorando la presentación de dicho Proyecto para que sea tratado por el órgano deliberativo de nuestra ciudad, atento la necesidad de pensar en su concreción a fin de que pueda ser incluído en el próximo presupuesto anual municipal”, dijeron en un comunicado y subrayaron que “si la condición del tránsito fuera más propicia a la seguridad de los ciclistas” se sumarían muchxs más a sus filas.

Para las agrupaciones “el cambio está al alcance de la mano” si se diagraman ciclovías “demarcadas con pintura llamativa (amarillo y verde claro por ejemplo) a lo largo y ancho de la ciudad (el total de las cuatro etapas de la red proyectada) tendría por efecto un masivo reconocimiento de la presencia de la bicicleta como medio de transporte, de la mano del ciclismo urbano como fenónemo social y cultural que viene siendo adoptado por quienes en primera persona experimentan la eficacia, practicidad y economicidad de tiempo y dinero que proporciona la bicicleta en la ciudad”.

“En el entendimiento de que los cambios significativos requieren el compromiso de quienes pueden generarlos, apelamos a la buena voluntad política de nuestros representantes locales, y solicitamos se expidan respecto al futuro próximo del Proyecto de Ciclovías”, concluyeron.

Historias de la bici

Las bicicletas fueron muy populares en las décadas de 1890, 1950 y 1970. Actualmente están experimentando un nuevo auge, creciendo notablemente su uso en Bahía Blanca y todo el mundo.

En este contexto, el historiador bahiense Francisco Daniel Panizoni presenta ‘Historias de la bicicleta’, una charla abierta sobre la bici, sus orígenes y presencia en la región. Será el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Sala Juvenil de la Biblioteca Rivadavia.

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Montezanti se defendió por escrito

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El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, rechazó ayer los cargos que le reprochan siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político que analiza la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas quejas en su contra.

El primero de ellos le valió un llamado a indagatoria en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la banda parapolicial que deberá concretarse mañana a las 11 ante el juez Alejo Ramos Padilla. El segundo, fundamentó su suspensión preventiva como docente de la UNS y la realización de un juicio académico.

El camarista evitó la exposición y volcó su descargo en un extenso escrito. Calificó como “calumniosas” las imputaciones de una supuesta “brigada acusadora” y aseguró que “se da una triple identidad de persona, objeto y causa entre las aquí planteadas, tanto respecto de la supuesta pertenencia del firmante a la Triple A, como de su breve desempeño, treinta y cuatro años atrás, como ‘asesor universitario’ en calidad de personal civil de inteligencia”.

Para comenzar el juicio político se necesitan dos tercios del plenario del Consejo de la Magistratura. Aunque antes, el trámite deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Comisión de Acusación y Disciplina presidida por el académico Jorge Candis e integrada por los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, Adriana Donato por lxs abogadxs de la matrícula federal y los senadores Ruberto Godoy y Ángel Rozas.

“Se ha demostrado, con el fallo judicial pertinente, que la infame acusación de pertenencia a la Triple A, ya ventilada en esta sede, fue objeto de sentencia judicial luego de exhaustiva investigación, con total rechazo. También se destacaron las insalvables contradicciones del testigo (Juan Pedro) Tunessi respecto de  un supuesto diploma de la organización ilícita, entre lo declarado en sede judicial y ante este organismo”, sostiene Montezanti.

Por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983 los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su indagatoria, ordenada por el juez Ramos Padilla para este jueves a las 11. Tiempo atrás, la justicia correccional identificó al camarista junto a los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce que tomaron la UTN en 1974. Fue en el fallo de una querella que el ex PCI entabló contra el militante Alberto Rodríguez, quien lo denunció durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Sur.

La semana pasada, el mismo órgano universitario aprobó por unanimidad la suspensión preventiva del docente del Departamento de Derecho hasta que culmine un juicio académico solicitado casi cuatro años atrás. “Clon de la acusación obtenido por la brigada acusadora de siempre, se ha señalado que está en curso sin haberse establecido siquiera tribunal, en sede distinta, sin que puedan influirse ambas causas, y se ha pedido prueba al respecto de los descargos, para equilibrar la expuesta en el texto en conteste”, rezongó su señoría.

Las doctrinas que propiciaba el abogado en sus escritos solían destacar el “altísimo valor moral y preventivo” de la pena de muerte como “un instrumento más de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia” y que “la derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados”.

En su descargo manifiesta su supuesta evolución ideológica, paradójicamente proponiendo la muerte de la pena de muerte e invita al consejero y autor del dictamen, Julián Álvarez, a leer su “producción en los últimos 35 años y otros textos que ponen en su lugar esta peregrina acusación”.

¿Fobia antisindical?, se pregunta más adelante el juez y se responde que es una “palmaria falsedad” considerada en su mayor parte en una causa anterior “usada, ajada y abusada como todas las propuestas” en el dictamen que propone su enjuiciamiento y que configura una “ofensa al decoro”.

“Se ha señalado el tono y estilo de Gran Inquisidor ideológico que prevalece en el texto en conteste, que acusa al firmante hasta de ‘procacidad’, como solía ocurrir con los impíos sometidos al processus inquisiotionis, inadmisible en esta sede”, mencionó antes de pedir el rechazo “de plano” del juicio político.

Para “derrumbar el tinglado acusatorio” ofreció como testigos a las secretarias Previsional de la Cámara Federal, Marianela Abrieu, y penal del Juzgado Federal Nº2 Rosana Noemí Peti; a la jefa de despacho de la Cámara Federal Julieta Mateos; a la empleada pública provincial Magdalena Cizler y al jubilado Francisco Gastañaga.

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