“Hemos podido aprobar los parámetros urbanísticos. Es la posibilidad de subdividir el macizo que la nación había desafectado del Ejército para destinarlo al programa PROCREAR”, dijo a FM De la Calle el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.

Concretamente se aprobó “la subdivisión en lotes pequeños, acordes a las necesidades de los vecinos. Se estableció un mínimo de frente de 8 metros o 10 metros y una superficie mínimo de entre 230 y 250 metros cuadrados”.

Por otra parte, luego de analizar los tipos de edificación a aprobarse, el cuerpo definió que “solamente se podrán construir viviendas unifamiliares”.

Además, el concejal informó que “se pudo avanzar en un borrador de loteo que alcanza a más de 500 terrenos. Ahora es el PROCREAR el que tiene que presentar finalmente ese plano de subdivisión y a partir de allí avanzar con las obras de infraestructura necesaria para finalmente poder hacer entrega de los terrenos”.

Paralelamente “el área del Banco Hipotecario ya tiene los pliegos preparados para poder iniciar la licitación de forma inmediata. Allí se abrirá un primer registro para que quienes salieron sorteados en el primer sorteo puedan reinscribirse, ya que es necesario saber cuántas son las personas que hoy están en condiciones de seguir adelante con el programa”.

Mayoría calificada

Por otra parte, el titular del órgano deliberativo se refirió a la investigación que evalúa posibles sanciones aplicables al concejal Ricardo Pera por intentar agredir a la abuela de Daiana Herlein, Irma Díaz, y golpear a los ediles Sergio Massarella, Gustavo Mandará y Manuel Mendoza. “En una sesión especial que se fijó ayer, el día 8 de julio cada uno de los concejales deberá haber evaluado los informes para saber si corresponde una sanción o no”, dijo esta mañana.

Consultado acerca de los motivos por los que se definió sesionar sin presencia de público, Mandolesi Burgos arguyó que “los antecedentes que venimos teniendo en el Concejo Deliberante, sobre todo el día de la creación de la comisión investigadora, nos llevaron a tener cierta precaución”. Al mismo tiempo aclaró que “la sesión es pública, los medios de comunicación acreditados previamente van a poder estar presentes y va a ser transmitida en vivo”. Sin embargo, “en cuanto  a la presencia de público en general, se decidió que debíamos resguardar el ámbito del Concejo y al personal que allí trabaja”.

Finalmente, el dirigente político destacó el carácter especial de la votación que dirimirá la suerte de Pera respecto de sus responsabilidades en los hechos que se le imputan. “Esto necesita una mayoría calificada. Se necesitan 16 votos. Los concejales no sólo deciden una sanción sino una misma sanción. Pueden ser un apercibimiento, una multa o finalmente la destitución. Hoy tenemos 11 bloques políticos. Es necesario que haya una confluencia de 16 concejales que voten en un mismo sentido. No sólo definir si las conductas del concejal Pera son pasibles de sanción, sino cuál”, explicó.

En otras palabras, en caso de no se consiga el número de votos antedicho, no habría sanción.

Desde el miércoles el Juzgado Federal Nº1 está a cargo del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. El trámite fue formalizado por autoridades del Consejo de la Magistratura tras la no renovación por parte del plenario del cuerpo de las subrogancias de Santiago Martínez y Claudio Pontet.

Tal como sucedió con la conformación del Tribunal Oral, la llegada de un funcionario ajeno a la corporación judicial a las oficinas que ocuparon alguna vez los jueces del aparato represivo Guillermo Federico Madueño y Jorge Francisco Sutter -luego defensor de genocidas- y, ya en democracia, su buen amigo Alcindo Álvarez Canale, genera expectativas de cambio en las investigaciones que involucran a sectores del poder bahiense.

El flamante titular aseguró a FM De la Calle que está evaluando las causas en las que deberá intervenir, “conociendo a la gente” del juzgado y “con mucho trabajo”. Por el momento prefirió no hacer mayores declaraciones. Leer más

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apoyó el pedido efectuado por el Consejo de Defensores Generales provinciales en el que solicitan revisar la situación de superpoblación en cárceles y comisarías. En una presentación, la funcionaria reclamó a la Corte Suprema de la Nación que haga lugar a un recurso presentado ante la gravedad institucional de los derechos fundamentales violados.

La Defensora Graciela Cortazar dijo FM De la Calle que “esta fue una presentación que hicimos intentando en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, llevar esta realidad que estábamos viendo de superpoblación carcelaria para ser tratada en el marco de aquel habeas corpus que lleva el nombre de Horacio Verbistsky. Hace muchos años la Corte de la Nación, ante una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le ordena a la provincia de Buenos Aires que revea, no solamente las políticas carcelarias, sino también la cuestión normativa, y demanda a los jueces no utilizar excesivamente la prisión preventiva. El relevamiento que se había hecho por entonces ponía en severo riesgo de responsabilidad institucional por violación a los derechos humanos a la nación Argentina”.

En esa oportunidad, “lo que hizo la Corte de la Provincia de Buenos Aires fue dejar abierto el habeas corpus del CELS en lo que significaba cumplir con lo que la Corte de la Nación había dicho. Algunas cosas se hicieron”.

Sin embargo, Cortazar expresó que “a lo largo de estos años, después de un primer momento en donde hubo una modificación legislativa favorable y alguna merma en la cantidad de población carcelaria, luego de este primer momento, todo volvió a ser peor”.

Ante esta situación verificada por las defensorías, realizaron la presentación ante “la Corte de la provincia para que vea como desde aquel caso Verbitsky, y no solamente que nada cambió sino que las cosas han empeorado. Un poco en sintonía con lo que ahora planteó la Comisión Provincial por la Memoria”.

La defensora explicó que finalmente la corte provincial respondió que “el fallo Verbistky ha sido cerrado y ustedes tienen que ir por la vía ordinaria en lugar de una acción colectiva”.

Frente a la negativa, “nos fuimos a la corte de la Nación y ahí surge este dictamen (de Gils Carbó) que nos llena de muchísima esperanza porque lo que hace es ordenarle a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) que se aboque a analizar que esta acción colectiva y resuelva verificar qué es lo que está pasando nuevamente en la Provincia de Buenos Aires con los lugares de encierro”.

En el distrito que ocupa a la Defensoría ubicada en Bahía Blanca “tenemos un observatorio”. Allí se constata que “las únicas intervenciones que el Estado hace es en realizar más espacios para alojar gente. Es cierto que la provincia está interesada en que no se produzcan violaciones o falta de atención de derechos en las cárceles y comisarías. Pero lo cierto también es que, en la medida que los jueces y los legisladores sigan produciendo resoluciones que lleven al encierro, no vamos a poder encontrar una solución porque la superpoblación nos va a volver a superar en estas intenciones de no afectar los derechos de las personas. Lo que hay que bajar son los niveles de prisionización”.

Según Cortazar, “hay que buscar alternativas. El encierro preventivo debe ser usado ocasionalmente y aquí se lo usa como regla. Y esto no solamente es una afectación de los derechos sino que es generadora de reincidencia (delictiva). En este sentido me parece que el Estado se está equivocando reincidiendo en la idea de encerrar como respuesta al conflicto penal”.

El último día de junio de 2014, el gobierno de Bahía Blanca anunció que a partir del primero de agosto de ese año quedaría prohibido el uso de tracción a sangre. La medida afectó a trabajadores y trabajadoras del cartón. Luego de arduas negociaciones al tiempo que móviles policiales ‘acompañaban’ el recorrido de muchxs cartonerxs, el municipio anunció una serie de medidas y se alcanzó un acuerdo con una gran parte de quienes vieron afectada su tarea.

Esta mañana el cartonero Juan Carlos Serrano dijo a FM De la Calle que están “en la misma situación desde hace un año. Con el mismo galpón, las mismas carretas, los mismos baños químicos, el agua que es una manguera sin canilla y la luz. Recibimos unas camperas hace quince días, después de un año de que las pedimos”.

Respecto de las promesas de los funcionarios de gobierno locales, el trabajador afirmó que “no hay guardería, no está el veterinario que iban a poner para los caballos, no tenemos seguro, no nos quieren blanquear, no tenemos nada de nada. De todo lo que habíamos acordado no ha llegado nada”.

Serrano afirmó que desde el gobierno “dicen que todavía no le estamos prestando un servicio a la Municipalidad y que no nos pueden blanquear hasta que no lo hagamos”.

Por las tareas realizadas a partir del mes que viene “vamos a cobrar 500 pesos más”, pasando a recibir $3500 mensuales por persona. En octubre cobrarían otro aumento de $500.

Actualmente trabajan unas 56 personas en el galpón donde se desempeña Serrano. Intentan gestionar una cooperativa para regularizar su situación y generar más oportunidades laborales.

Respecto de las tricicletas que las autoridades municipales ofrecieron como alternativa a la tracción a sangre, el cartonero afirmó que hace pocos días “fueron dos representantes a probarla y no les convenció porque son más chicas que las carretas que tenemos nosotros. Los compañeros no la quieren”.

El abogado de los pescadores artesanales en la causa por contaminación ambiental en la ría, Lucas Beier, recibió intimidaciones en los últimos días. Esta mañana dijo a FM De la Calle que “la sorpresa fue bastante desagradable. Uno siempre sospecha de que si estás luchando contra tantos intereses económicos y políticos, por supuesto que la respuesta de ellos no va a ser simplemente en una contestación de demanda”.

En primera instancia dos personas ingresaron armados a su estudio. Este “primer hecho, el asalto a mano armada, me generó ciertas dudas porque se fueron sin llevarse nada”. El abogado no se encontraba en el lugar. Sin embargo, su secretaria le dijo a Beier que preguntaron por él y le mostraron el arma. “A la policía le llamó la atención que entren dos personas armadas sin llevarse nada. Había computadoras y otras cosas. Además, estuvieron quince minutos parados en la ventana charlando. Es medio raro que alguien que entre a robar se quede quince minutos parado charlando afuera. Ingresaron a cara descubierta”.

Respecto del episodio sufrido el domingo, cuando desconocidos lesionaron la fachada de su domicilio particular, el letrado expresó que “no deja ningún margen de duda de que es un mensaje mafioso el hecho de tirar brea caliente en el frente de mi casa”.

Se cumple un mes de la aparición del cuerpo de Katherine Moscoso. En los próximos días podría haber resoluciones en la causa judicial. Su prima, Wanda Banegas, dijo a FM De la Calle en referencia a las movilizaciones vecinales en las que participan cada sábado más de cien personas que ve “muy poco apoyo de la gente. Tienen miedo porque son sobornados y mandados. Cuando es un pueblo chico la gente tiene miedo”.

La joven afirmó que “todavía creo que estamos viviendo con los asesinos sueltos en Monte Hermoso. Acá hay muchas cosas sucias que se están escondiendo”. A su vez, denunció maniobras de intimidación. “Todos los sábados en las marchas aparece gente. Se va. Nos miran. Me siento observada todo el tiempo. A mí no me cuida nadie y a un montón de gente sí. Tengo a mi hermano preso (por el homicidio de ‘Canini’ González). Hay amenazas todo el tiempo”, aseguró.

Banegas no dio más detalles sobre las hipótesis que sostiene la familia de la víctima acerca de las responsabilidades que se indagan puesto que hay una investigación en curso.

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, Miguel Agüero, dijo esta mañana a FM De la Calle que “se ha firmado un acuerdo en el que se va a hacer una guardería para el personal del Hospital Municipal”. Por otra parte,  informó que “se había dejado de recibir hace muchos años el almuerzo y la cena. El convenio también contempla esto para quienes tengan ocho horas de trabajo”.

Asimismo, el dirigente sindical presentó en las últimas horas una nota al gobierno municipal y al Concejo Deliberante, requiriendo instrumentos que canalicen soluciones para la situación de precariedad laboral padecida por trabajadorxs municipales.

El candidato a senador provincial por el massismo explicó que “a partir del 7 de julio entra en vigencia la nueva ley. En paritaria se le dio la regularidad. O sea que si hay cambios en el gobierno no se puede dar de baja a un temporario que tenga más de tres años de antigüedad. Pero se hicieron muchas reconversiones, que no tienen esos años de antigüedad que está pidiendo la ley 14656”.

Debido a esta problemática “se hizo una presentación para que no solamente los temporarios sino también a los contratados se les dé una cobertura tal y ver cómo se va a implementar”.

Según el dirigente, “este Ejecutivo actual tiene que hacer el presupuesto 2016. Necesitamos que todos los sectores políticos de la ciudad converjan en un proyecto de ordenanza para poder promulgarlo y darle la estabilidad que realmente corresponde a todos los trabajadores”.

Esta madrugada el doctor Lucas Beier, abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y querellante en la causa por contaminación del estuario, sufrió un atentado en su domicilio particular. El frente de su casa fue manchada con brea caliente. El ataque provocó daños en la mampostería y en aberturas. El profesional se encontraba dentro de la vivienda junto a su familia.

Días atrás, Beier fue víctima de otro episodio de violencia. Dos individuos con armas de fuego ingresaron a su estudio jurídico. Según pudo averiguar FM De la Calle, ingresaron expresando intención de robo, sin embargo, se retiraron sin llevarse nada.

Tal como publicamos ayer, la justicia ordenó a la provincia de Buenos Aires que presente en 180 días un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario de Bahía Blanca.

La medida cautelar fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Cóppola, tras una denuncia contra ABSA y las autoridades bonaerenses realizada por el abogado Lucas Beier en representación de un grupo de pescadores artesanales. También se tramita una causa contra las empresas del polo petroquímico y la prestataria del servicio cloacal que pretende la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados al estuario local y el cese de los vertidos contaminantes.

“Hay fuertes razones para pensar que estas causas están conectadas con lo que le pasó a Beier”

El fiscal general Alejandro Cantaro manifestó que el  abogado de los pescadores se comprometió en causas de contaminación donde “hay intereses muy fuertes, no solo los del polo petroquímico y ABSA también están involucrados otros sectores de pescadores que no son los que representa Beier”. La investigación por amenazas recayó sobre la Fiscalía Nº2  que desde hoy subroga José Nebbia, actual titular de la Unidad de Delitos de Lesa Humanidad.

 

La justicia ordenó a la provincia de Buenos Aires que presente en 180 días un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario de Bahía Blanca.

La medida cautelar fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Cóppola, tras una denuncia contra ABSA y las autoridades bonaerenses realizada por el abogado Lucas Beier en representación de un grupo de pescadores artesanales. También se tramita una causa contra las empresas del polo petroquímico y la prestataria del servicio cloacal que pretende la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados al estuario local y el cese de los vertidos contaminantes.

“La provincia de Buenos Aires, a través de ABSA, ha llevado adelante, por largo tiempo y sin solución de continuidad, conductas antijurídicas que afectan negativamente el ambiente mediante el prolongado e ininterrumpido vertido de desagües cloacales no tratados al medio marino, con alteración relevante del mismo. Asimismo viene omitiendo realizar los actos de gobierno y buena administración que permitan revertir la situación”, aseguraron los denunciantes.

A su turno, ABSA explicó que en la ría bahiense escurren tres cuencas que al momento de hacerse cargo de la concesión contaban con plantas depuradoras de líquidos cloacales muy deterioradas en Ingeniero White, Punta Alta y Bahía Blanca. En septiembre de 2010 fue deshabilitada la de White derivándose los líquidos hacia la primera cuenca donde reciben “un tratamiento primario”.

La provincia aseguró que controla la prestación del servicio de ABSA a través del OCABA y requirió “que se ajusten los valores de vuelco de efluentes a la normativa vigente”. Sin embargo, “sólo compareció el Director de Información Jurídica del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) que carece de incumbencia en el tema”.

Para el juez “ABSA S.A. se encuentra obligada a operar, mejorar y mantener las Plantas de tratamiento de desagües cloacales existentes a los fines de cumplir con los objetivos del servicio que debe prestar, pero no está obligada a invertir en nuevas plantas sin el correspondiente Plan Director que lo prevea, el que contemplará la pertinente tarifa de expansión”.

Como ese plan debe ser elaborado por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos cada cinco años, López Cóppola dirigió su fallo contra la provincia.

Por otra parte, Beier destacó los beneficios que traería la instalación de una planta que permita reutilizar los líquidos cloacales con fines industriales que, a la vez que mejoraría la situación ambiental del estuario, aliviaría la demanda de agua potable que ingresa a Bahía Blanca y Punta Alta desde el Dique Paso Piedras al ahorrar el 25 o 30 por ciento que consume el polo. Para ello, solicitó un embargo preventivo a la provincia y a ABSA de cinco millones de dólares mensuales hasta alcanzar “un fondo de restauración” de 90 millones.

La propuesta no fue aceptaba por el juez dado que “no resulta ser la medida que mejor se ajusta al objeto cautelar pretendido, esto es, evitar el agravamiento de la situación ambiental imperante en el estuario y su recomposición”.

Foto: El Balneario Maldonado fue clausurado por la contaminación del agua. En la actualidad llena su pileta con agua de pozo.

Lorena Zerneri denunció al ex fiscal Oscar Duizeide, reemplazado recientemente en la investigación sobre las responsabilidades en la muerte de su hija Daiana Herlein. La imputación por encubrimiento, asociación ilícita y falso testimonio incluye a policías y empleadxs municipales.

Según afirmó Zerneri a FM De la Calle, “ya están denunciados por el propio fiscal que atiende ahora la causa (Gustavo Zorzano), por falso testimonio, Noelia Pérez que es policía, Cartagena que también es policía, Eduardo Hess y su esposa Susana Gallegos que son los que robaron el árbol (que cayó sobre la joven)”.

Asimismo, la mamá de Daiana dijo que “el mismo día 5 de marzo (de 2014) figura en la causa una nota dirigida del comisario Alejandro Barreto de la Seccional Segunda hacia el intendente dándole órdenes, según la secretaria del fiscal, de la poda de los árboles en mal estado (en el Parque de Mayo). El día 10 la doctora Rodríguez, secretaria de Duizeide, emite un oficio deslindándose de responsabilidades diciendo que la carta del comisario Barreto no se ajusta a lo que ella le ordenó. Pero solamente hace un oficio y la incluye en la causa cinco días después. Nadie denuncia este hecho, como debería haber sido. Esto nos indica, sumado a los testimonios de estas cuatro personas que dan falso testimonio, que hay asociación ilícita entre el poder judicial, el poder ejecutivo y la policía”.

De esta manera, el robo tendría como objetivo “que no se pudiera realizar la pericia del árbol que mató a mi hija, pero se pudo hacer igual. Lo importante es el trasfondo de esta cuestión. Encontramos que acá hay un delito penal y las razones de los sucesivos pedidos de licencia del fiscal y su desaparición a partir de la presentación del informe de pericia”.

Daiana Herlein murió por la caída de un árbol en el Parque de Mayo el 5 de marzo de 2014. Según las pericias oficiales y de parte el ejemplar llevaba seco entre 5 y 10 años.

En este sentido, piden que “se investigue con las pruebas” que presentaron. Zerneri asegura que hay fotos donde se puede ver “a la policía viendo al señor Hess y la señora Gallego, empleados municipales, cuando se llevaron el árbol, y ellos en la causa manifestaron que no habían visto nada”.

“Esto se presentó en la Fiscalía General. Es una causa conexa, ya que esto no afecta a la causa de Daiana pero sí es un delito que descubrimos en el análisis de la causa”, finalizó la denunciante.

El Consejo de la Magistratura aprobó por 7 votos contra 6 la separación provisoria de los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y su reemplazo por Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal de Dolores.

Luego de escuchar al fiscal Miguel Palazzani, quien explicó los argumentos de la denuncia de la Unidad de Lesa Humanidad de Bahía Blanca contra los funcionarios, tomaron la palabra integrantes de organismos de derechos humanos locales y nacionales como APDH, H.I.J.O.S., Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el ex fiscal Hugo Cañón.

Lxs familiares hicieron hincapié en que más allá de las discusiones reglamentarias planteadas por lxs seis consejerxs opositores, la permanencia de Martínez y Pontet significaría la continuidad de la impunidad y el cierre de las causas contra los civiles partícipes del terrorismo de Estado. A lxs seis representantes del kirchnerismo en el Consejo se acopló la presidenta del organismo, Gabriela Vázquez, para lograr el desempate.

Más temprano, la comisión de Disciplina y Acusación escuchó la declaración testimonial del secretario de derechos humanos del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, también denunciado por la Fiscalía y los organismos locales.

Recordamos que en su sesión anterior, lxs consejerxs citaron al ahora apartado Martínez para que el 14 de agosto se defienda en el marco del expediente 252/14, caratulado “Nebbia José A. y Palazzani M. (Fisc. Gral. Ad Hoc de Bahía Blanca) s/actuación del Dr. Martínez, Santiago U.”. Allí se lo acusa por mal desempeño, según el artículo 53 de la Constitución Nacional y los incisos 1 (desconocimiento inexcusable del derecho), 2 (incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias) y 4 (la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones) del artículo 25 de la Ley del Consejo de Magistratura.

En la misma causa quedó pendiente la convocatoria de los magistrados Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

En la mañana del martes se desarrolló una reunión de la Comisión de Seguimiento y Articulación del Fondo Educativo en el Concejo Deliberante. De ella participó el edil Manuel Mendoza quien dijo a FM De la Calle que “se definieron inversiones en obras que veníamos esperando que Infraestructura de la provincia haga los valores ajustados a la realidad”.

El concejal informó que se fijaron montos para “el jardín 950 destinados a una ampliación y refacción edilicia por $3.222.750. También el zoom del jardín 922. El que tienen hoy es de adobe, no se puede en esas condiciones. El monto es de $2.832.431. Se fijó el monto para la terminación de la media 11. Hay que terminarle cuatro aulas, sanitarios y otras cosas. Ahí el monto es de $6.371.541”.

Por otra parte, el integrante de la comisión afirmó que “están entrando aproximadamente 4 millones de pesos por mes. Es casi un 60 % más de lo presupuestado. Esto es muy bueno”.

Respecto del uso de los recursos de este fondo en años anteriores, el funcionario expresó que “el municipio lo que había hecho, por más que se enojen, es utilizar los fondos para cualquier cosa. Yo no estoy en contra de que el municipio asfalte, pero que no lo haga utilizando los fondos de la Ley de Financiamiento Educativo”.

Foto: GEN Bahía Blanca

A horas de que el Consejo de la Magistratura trate la separación provisoria de los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y su reemplazo por Alejo Ramos Padilla, integrantes de organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles se manifestaron frente a la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Alberto Rodríguez agradeció “de corazón” todas las manifestaciones de solidad recibidas luego de ser amenazado por el hijo de uno de los detenidos en el marco de la causa Triple A y aseguró que “no olvidar, movilizar y concientizar, es lo único que nos puede llevar al triunfo en las luchas que vienen de aquellos años y que seguimos hoy los jóvenes y los no tan jóvenes para cambiar este país y darlo vuelta de una vez por todas”.

Por su parte, Dante Patrignani destacó la amplitud de la convocatoria, “como no podía ser de otra manera ante la amenaza contra un compañero que es denunciante de los crímenes de las Tres A” y advirtió que tras el probable apartamiento de Martínez y Pontet “esto no termina porque la corporación es muy fuerte y tiene dentro de este recinto un responsable, tiene nombre y apellido, que es Néstor Luis Montezanti”.

Este jueves, el también cuestionado secretario de derechos humanos del Juzgado Federal Nº1, Mario Fernández Moreno, declarará ante una comisión del Consejo de la Magistratura a las 9:30 y a las 11 el plenario tomará una decisión clave respecto al futuro de las investigaciones contra los civiles partícipes del terrorismo de Estado. Afuera, en Libertad 731 de la Capital, se manifestarán organismos de derechos humanos.

“Ahí van a tener que levantar las manos, van a tener que votar a favor o en contra de aquellos que han sido cómplices de la dictadura. Esperamos ver las manos levantadas, no nos vamos a olvidar del que va a levantar la mano a favor de Montezanti ni vamos a olvidar tampoco a aquel que sepa reconocer que no puede seguir en su puesto”, dijo Rodríguez.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

Ya está disponible el sitio Boletín Oficial, una herramienta que permite acceder al archivo de los documentos publicados por el Boletín Oficial desde la década del 40.

Según dijo a FM De la Calle la periodista que ideó el proyecto, Sandra Crucianelli, “en el año 2008, cuando con Gabriel Bermúdez lanzamos (el sitio web) Sólo Local, nos dimos cuenta de que mucha información importante, documental, estaba en el Boletín Oficial. Por ejemplo, la formación de las empresas, los empresarios que las componen, la distribución accionaria, las direcciones que declaraban esos empresarios para estas empresas, cuándo renunciaban. Y nos dimos cuenta que el Boletín Oficial tenía una tercera sección de contrataciones del Estado. Pero ¿qué pasa? Cuando vos entrás al sitio del gobierno, sólo termine la consulta del día. Si querés ir hacia atrás no podés. Tenés que pagar una subscripción que cuesta unos $1300 anuales, que te habilita solamente para 280 consultas al año, una por día. Entonces empecé a descargarme todos los dos días la segunda y la tercera sección. Así llegué con casi 2000 documentos al 2011. Ahí me di cuenta de que iba a ser medio imposible lograr una base de datos importante haciendo manualmente”.

Crucianelli explicó que en ese momento “surgen las iniciativas por el periodismo de base de datos. Me di cuenta que había repositorios, que te permiten recuperar cosas que estuvieron en internet y no están más. Pero cuando llegó el momento que el Centro Internacional de Periodismo en 2011 me otorga una beca, yo tenía agujeros en las fechas. Cuando fui a Washington presenté el proyecto y me dijeron ‘Crucianelli ¿qué es lo que hace falta para mejorar el acceso a la información pública en la Argentina que está tan cerrado por parte del gobierno?’ Básicamente consultar el Boletín Oficial. El histórico, bien hacia atrás. Por ejemplo, sería interesante saber qué sociedades se formaron durante la dictadura o pre dictadura. Qué negocios se hicieron entre empresarios que pudieron verse beneficiados por la dictadura”.

Finalmente, “un día en el 2014, buscando otra cosa, me encuentro con un link de la segunda sección, y veo la estructura de la URL. Veo que había ocho números. Uno que corresponde al año, otro al mes y otro al día. Empecé a cambiar los números y me di cuenta que ahí estaban todos. Era un link patrón. Si un programador hace correr un programa que permita ir cambiando las fechas automáticamente, te podés ir descargando la base de datos completa. Ahí lo llame urgente Javier (Luján)”, quien se encargó de la programación del flamante sitio.

“La idea nuestra es democratizar la información. Si el gobierno dice para acceder tenés que pagar, yo digo no. ¿Por qué esa información tiene que ser privada?”, reflexionó la periodista.

Padres, madres y estudiantes de la Escuela Técnica Número 2 llevaron adelante una movilización ayer, en manifestación de rechazo a la modificación del programa de apoyo escolar que brinda la institución.

Según dijo a FM De la Calle el integrante del Consejo Escolar por Integración Ciudadana Raúl López, se trata de “un sistema de tutoría para los alumnos, sobre todo en las materias características de la escuela técnica. Es muy conveniente tener estos profesores, porque generalmente los retrasos en los alumnos en las escuelas secundarias se vienen solventando con clases particulares. Hay materias que son específicas de la escuela que es imposible conseguir el apoyo fuera de la escuela”.

“Son profesores que están realmente capacitados para dictar estas materias y tienen una carga horaria obligatoria. Lo que quiere hacer Del Santo es lo que la provincia de Buenos Aires está proponiendo para todo el sistema educativo, ajuste. El plantea el Plan Mejora” en reemplazo del actual Proyecto 13. “Se trata de dinero en efectivo que deposita en una cuenta de banco y la dirección de la institución determina cómo se imparte y quiénes son los que lo van a recibir. Con la particularidad de que es dinero en negro, por lo que representa un ajuste importante al salario”.

Respecto del marco legal al que acuden las autoridades para defender la modificación, el ex dirigente gremial explicó que “la ley de transferencias indicaba que no se debía perder ningún cargo en las escuelas que pasaban de nación a provincia. Este es el marco legal vigente”.

Según López, el cambio representaría “para la provincia de Buenos Aires una alternativa menos eficaz pero mucho más barata”.

La tercera estación espacial china se está construyendo en la provincia de Neuquén. Las razones oficiales del proyecto están vinculadas a la implementación del Programa de Exploración Lunar.

El diputado provincial de UPie, Raúl Dobrusin, dijo a FM De la Calle que “a fines del año pasado se aprobó el convenio entre China y Argentina en el Congreso Nacional para la base espacial junto con los créditos, los trenes, los vagones. Desde diciembre de 2012 ya habían empezado a construir la base, sin ningún tipo de autorización. La provincia les cedió 200 hectáreas a través de una triangulación”.

La empresa que recibió el territorio “es dependiente del ejército chino, como si fuera acá Fabricaciones Militares”.

Por otra parte, el legislador informó que “en la Legislatura de Neuquén todavía no se trató ese tema. Nos saltearon alegremente”.

Para Dobrusin, se trata de “una antena importante. Todos en sus hipótesis de conflicto, tanto Rusia, Comunidad Europea como los chinos, se dan cuenta de que los misiles teledirigidos, si no tienen GPS no pueden mandarlos. Entonces cada uno está haciendo su GPS propio. China tiene 22 satélites, la NASA tiene 33 y lo que les faltaba era una antena en el hemisferio sur. Esto pasa a ser el factor determinante de telemetría del GPS chino. Con lo cual tiene una función estratégica y creo que esto también tiene que ver con el tema del armado de Malvinas con la OTAN”.

Por otra parte, el emprendimiento de construcción de la base atraviesa repetidos conflictos laborales. “Ahora están despidiendo más de doscientas personas. Pero acá la dirección de la UOCRA de la zona acepta que haya extranjeros en proporción de tres por uno”, expresó el diputado.

Finalmente, el dirigente neuquino afirmó que “es un tema geopolítico. Nos metieron en despiole porque si hay algún conflicto entre los grandes, no se la agarran entre ellos con territorios de ellos. Pasamos a pertenecer a ese grupo de lugares que, por una cuestión estratégica de un país, podemos pasar a tener problemas en los que no podemos incidir por sí o por no”.

El Frente Social y Popular logró el ingreso de Carlos del Frade a la Cámara de Diputados de Santa Fé junto a Mercedes Meier. Por otra parte, Celeste Lepratti obtuvo una concejalía en la ciudad de Rosario. Según dijo el legislador electo a FM De la Calle, “cuando se haga el escrutinio definitivo famoso tendremos cerca de 92 mil votos”.

El periodista expresó que cuando asuma trabajará “mucho para agradecer, porque no tenemos otra manera que hacerlo desde la legislatura con la idea de generar leches que le sirvan nuestro pueblo. Estamos convencidos de que tiene que haber una ley de cupo de trabajo estable y en blanco para los chicos entre 18 y 30 años, que son los que más sufren la precarización. Para los mayores de 45 años que la ferocidad del sistema los hecha como perros. Que terminen las exenciones impositivas. Multinacionales como Cargil, que facturan 51 mil pesos por minuto, no pagan ingresos brutos en la provincia de Santa Fé, y si lo hacen una carnicería o una peluquería, lo cual es obsceno. Creemos que hay que convocar a una especie de congreso pedagógico para discutir la secundaria, para que vuelva a enamorar a los pibes, para que los pibes no vayan a la calle. Soñamos con un Ministerio de Deporte. Esas son las principales ideas fuerza con las que queremos empezar a trabajar”.

Respecto de la violencia generada en derredor de los negocios vinculados al narcotráfico, el dirigente dijo que “hubo una particular forma de negociar con el narcotráfico. Un acuerdo de juicio abreviado con la principal organización mafiosa, asesina y narco que es la organización de Los Monos, donde a su jefe se lo pasa de prisión perpetua a 8 años de prisión. Fue un acuerdo impulsado por el gobierno de la provincia a través del procurador de la Corte en los tribunales provinciales”.

Organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles convocan a un acto “contra la impunidad y la corporación judicial” este miércoles a las 18 frente a la Cámara Federal de Bahía Blanca ubicada en Mitre 62.

La convocatoria tiene lugar ante “el inminente tratamiento en el Consejo de la Magistratura de las denuncias contra Santiago Ulpiano Martínez, subrogante del Juzgado Federal Nº1, y el secretario de derechos humanos Mario Fernández Moreno, por obstaculizar las causas contra civiles partícipes del terrorismo de Estado como los integrantes de la banda de la Triple A, el director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti y el fallecido capellán Aldo Vara”.

El jueves el Consejo de la Magistratura votará el dictamen de la Comisión de Selección que propuso apartar temporalmente a los funcionarios y poner al frente del juzgado al magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Según un comunicado emitido por diversas organizaciones “Santiago Martínez es uno de los máximos exponentes de la corporación judicial local que pretenden garantizar la impunidad de los genocidas. Para ello cuenta con el aval del camarista federal y ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército Néstor Luis Montezanti”.

Los espacios firmantes expresan también que “contra este juez y docente de la UNS pesan también varias denuncias y pedidos de juicio político en la Magistratura y al respecto exigimos a lxs consejerxs el urgente tratamiento”.

Alberto Rodríguez, testigo de crímenes de la Triple A en Bahía Blanca amenazado por el hijo de uno de los imputados, agradeció a quienes se acercaron en solidaridad y respaldo. “Gracias a todos, que han sido muchos. No me va a alcanzar el tiempo para agradecer la solidaridad que he recibido y que transmito a todos los testigos, que somos más de uno y en más de una causa”, dijo en FM De la Calle.

El actor agregó que “lo que estamos esperando hace cuarenta años es que un juez lleve adelante una causa única en Bahía Blanca, se llegue a la detención de los imputados en su totalidad, que podamos participar los testigos en esa causa única y definir las culpabilidades, dictar las sentencias y que los civiles también empiecen a pagar por los crímenes de lesa humanidad”.

Por otra parte, Dante Patrignani explicó que en el Consejo de la Magistratura “la denuncia (contra Montezanti) ya tiene dos años y medio. Por eso tenemos cierta urgencia para que se resuelva antes de que pasen tres años y no pase a archivo como han sido las anteriores denuncias contra Montezanti. A la denuncia mía original, pidiendo la separación del poder judicial por haber pertenecido a la inteligencia militar durante la dictadura, se fueron sumando otras. Las últimas son denuncias de los fiscales en cuanto a la destitución de Coleffi. Montezanti estaba excluido de las cuestiones que tenían que ver con los derechos humanos, sin embargo retomó sus funciones e intervino ante el caso del juez Coleffi. Hay denuncias de HIJOS, APDH, se van sumando al expediente”.