Alberto Rodríguez, testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, fue amenazado por un hombre pasadas las 20 de ayer. Acompañado por el abogado Daniel Fortunato, denunció los hechos ante el fiscal general Alejandro Cantaro. En las próximas horas comenzará la investigación pertinente.

Rodríguez fue testigo del asesinato del estudiante David “Watu” Cilleruelo ocurrido el 3 de abril de 1975 en los pasillos del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur. Brindó su testimonio e impulsó la investigación contra integrantes de las patotas de la Alianza Anticomunista Argentina que en Bahía Blanca eran conducidas por el jefe de la CGT y diputado nacional, Rodolfo Ponce, y el interventor de la UNS, Remus Tetu.

Si bien ambos represores fallecieron impunes, a principios de abril los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani requirieron el inicio de la acción penal contra varios integrantes de sus bandas. Luego de reiteradas quejas del Ministerio Público, el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez ordenó detenciones. Hasta el momento fueron capturados Héctor Oscar Chisu en Trelew y Raúl Roberto Aceituno en Ing. White.

Tras participar en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Alberto Rodríguez dijo esta semana en FM De la Calle que respecto a la causa Triple A “el punto es si se quiere avanzar, Oyarbide lo utilizó como un método de apriete para tener una carpeta más con la cual sostenerse, avanzó en una detención y después no hizo nunca más nada. Pretenden que cada uno de los hechos cometidos, de los 24 en Bahía Blanca muertos por la Triple A, se haga un juicio único que es lo que pretendemos nosotros, no que tengamos que ir por cada asesinato y encontrar a los testigos del momento en que apretaba el gatillo y mataba a cada uno de los compañeros”.

“Lo que pedimos es: hay un listado, hay testigos de quienes operaron como la Triple A en Bahía Blanca, quiénes fueron los que participaron en hechos violentos y esa gente tiene que ir a juicio pese a que algunos ya empiezan a morir como el ‘Oso’ Chisu o Rodolfo Ponce. Pero que otros siguen caminando por las calles de Bahía o dictando clases en la Universidad”.

El testigo amenazado también denunció los supuestos vínculos del camarista federal Néstor Luis Montezanti con la Triple A. Fue en una sesión del Consejo Superior Universitario de la UNS donde se discutían asuntos vinculados a la actividad académica del abogado y ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura.

Aquel episodio le valió a Rodríguez ser querellado por Montezanti en 2008. Si bien el fallo fue parcialmente adverso para el militante popular, permitió que el juez correccional José Luis Ares probara que el actual camarista había estado presente, junto a un grupo de hombres armados, durante la toma de la UTN en 1974. Además, acreditó “suficientemente la pertenencia de Jorge Argibay y su grupo de matones a la tristemente célebre Triple A”.

La Asociación de Pescadores Artesanales apeló la resolución de la jueza Gabriela Marrón que derivó a la justicia provincial el pedido de la Fiscalía de prohibir la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo y ABSA.

“No hacer lugar a la medida, pese a tener certeza científica que las sustancias que arrojan están cuanto menos generando un peligro a la salud pública, si no es que ya se ha generado un daño concreto, es permitir que las empresas o sus directores continúen cometiendo un delito, fracasando el derecho penal, no solamente porque no se ha podido disuadir que se cometa el delito, sino además porque pese a todo el esfuerzo realizado por esta parte querellante, fiscalía, y científicos que han aportado con sus estudios y declaraciones testimoniales, la justicia permite que se siga delinquiendo”, aseguró el abogado Lucas Beier en la apelación que puede leerse aquí.

La jueza se basó en el fallo “Scröeder” de la Corte Suprema que remitió a la justicia ordinaria el análisis de una acción colectiva por daño ambiental. Sin embargo, desde la querella se asegura que esto no obstaculiza la competencia penal federal “pues en aquel proceso se pretende el cese de la contaminación y la reparación integral del daño ambiental y esta causa procura la represión del delito de envenenamiento, adulteración o contaminación de modo peligro para la salud mediante la utilización de residuos peligrosos”.

El punto de discusión es si existe o no interjurisdiccionalidad. En el caso “Scröeder” se pide el saneamiento del estuario limitando efectivamente el debate al ámbito portuario provincial. Por otra parte, “la conducta típica penada por la ley de residuos peligrosos y que es objeto de investigación en la presente causa, es contaminar el ambiente poniendo en riesgo la salud pública, y la interjurisdiccionalidad exigida por la CSJN para estos casos, no es que el ambiente dañado se encuentre en más de una jurisdicción, sino que el peligro para la salud pública se extienda a más de una”.

Especialistas de la UNS declararon que existen cinco especies de peces de importancia económica que son capturadas para consumo humano dentro y fuera del estuario, migran entre mar abierto y el estuario durante sus épocas reproductivas y “los vertidos de residuos peligrosos que se imputan a las denunciadas contaminan, adulteran y envenenan su hábitat”.

Es decir, una pescadilla, un lenguado, una corvina, un pejerrey o un gatuso capturados fuera de las 12 millas de la zona costera de la provincia o en la costa del sur de Brasil o de Rawson, “posiblemente haya nacido y se haya alimentado los primeros meses de su vida en la zona interna del estuario. Y si ese pez se alimentó con crustáceos, cangrejos, o sardas contaminados por mercurio, plomo, cromo y cadmio (todas sustancias tóxicas presentes en el ambiente del estuario), por efecto de la bioacumulación, al momento de ser capturado en la provincia de Río Negro tendrá en sus músculos e hígado esas sustancias tóxicas, poniendo en peligro la población de otras provincias y hasta de otros países”.

Esta mañana, en diálogo con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle, el abogado Lucas Beier explicó los alcances de la apelación y los próximos pasos de la causa.

Lo aseguró Ana Colantonio del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos en referencia a la posibilidad de que el Grupo Delmo, de capitales australianos, explote la Cuenca Carbonífera Claromecó.

Según expresó días atrás a FM de la Calle el diputado Ricardo Vago, el método de explotación “es encender carbón bajo tierra y a partir de ahí, con los gases, generar a través de turbinas energía eléctrica”. Se trata de “un método poco usado en el mundo y que ha generado la contaminación de napas en Australia”.

Ayer por la tarde, el geólogo ex trabajador de YPF Roberto Ochandio ofreció una charla sobre la “Explotación de gas de yacimientos carboníferos” en Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos. La dirigente de GAPTA, organización que convocó a la actividad, afirmó a FM de la Calle que “el problema es el escape de los gases que tiene el carbón”.

Colantonio dijo que involucraron “a la Secretaría de Medio Ambiente para que se enteren qué es lo que pasa. Volvimos a hacer otro petitorio para que la provincia no lo lleve adelante”. Según la vecina, una de las preocupaciones que expresa la comunidad es que “nosotros no somos una zona hidrocarburífera. Va a quitar identidad regional y sabemos lo que pasa con la contaminación”.

Vecinos y vecinas de Ingeniero White convocan a una Asamblea Popular el domingo 7 de junio a las 16 en la confitería El Coqueto del Club Atlético Comercial.

“La verdad que cada día que pasa más indignación tenemos en Ingeniero White. Somos un pueblo olvidado. Como vieron ayer, otra vez la nube fue para otro lado. Lo que más bronca me da es que dicen que no es tóxico para la población. Ya sabemos que no es vapor de agua lo que larga, como siempre nos dice”, dijo a FM de Calle Claudia Schlaps.

Acerca de la convocatoria informó que “estamos a full organizando la asamblea popular whitense. No tenemos mucha difusión. No estamos avalados por nadie que tenga dinero para hacer tanta propaganda”.

Respecto de la presentación judicial que hizo la fiscalía encabezada por el dr. Cantaro, la vecina expresó que “sentimos que estamos un poquito más apoyados. Vamos a tratar todos los temas. Acá el tema es la salud. Los chicos están todos con broncoespasmo, problemas de alergia, distintos tipos de cáncer. Hay varios temas y mucha gente que puede tratar su granito de arena, de qué manera comprometer al vecino para seguir en la lucha”.

César Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo, informó a FM de la Calle que ayer “la empresa Petrobras tuvo un problema con un compresor, esto produjo que en el reactor del catalítico tuvieran una emisión de vapor con material particulado, que es lo que la gente vio, y posteriormente a eso tuvieron un problema con la caldera, con lo cual tuvieron la emisión de humos negros con una opacidad de cien por ciento”.

El Comité labró un acta a la firma puesto que “el tiempo de emisión de las dos nubes superó lo que prevé la legislación, que es de un minuto. En el caso del humo negro superó los cuatro minutos”.

Sobre la nube negra el funcionario explicó que “el humo se genera a través de una mala combustión” y respecto al material particulado afirmó que “la cartilla de seguridad nos estaba indicando que no hay impacto toxicológico de este producto”.

Por último, Pérez dijo que “no se activó la sirena porque no había riesgo para la salud de la población”. Ver video.

Silvia Palumbo es cantautora y dirige el grupo feminista Desbandadas. Ayer convocó y participó del #NiUnaMenos en Bahía Blanca. Esta mañana dijo a FM De la Calle que “fue una jornada entrañable. No podía llegar a la radio abierta por la gente que había. Había gente de la calle más allá de las organizaciones”.

La música afirmó que “lo que más me conmovió profundamente fue el estar con las familias de las víctimas, puntualmente hablando de los femicidios. Lo que queda es algo devastado que no tiene reacomodamiento familiar. Y hay tanta impunidad y justicia misógina, o sea, injusticia, que entonces las familias están demolidas”.

Por otra parte, “una cantidad enorme de mujeres se acercaban llorando para contar sus historias de silencios, de profundos silencios. Estoy hablando de maltrato y la presión que viven en cotidiano”.

Respecto del impacto político y cómo se llegó a la masividad de estas jornadas, la artista contó que “hace treinta años que soy activista lesbiana feminista. Y la verdad es que yo anoche me quebré. No imaginábamos que esto iba a suceder. No sé a esta escala, con estos niveles de convocatoria por no más femicidios. Es esperanzador. Ayer fue un grito cerrado. Un único grito. La gente estaba puesto en ese gesto, en ese basta, en ese ni una menos”.

Giuliana Crucianelli consultó a lxs participantes de la marcha sobre el rol de los medios en el entramado cultural que sustenta el machismo legitimador de los femicidios y los motivos que lxs impulsaron a salir a la calle.

Se realizaron dos nuevas inspecciones oculares en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad contra 25 represores que se desempeñaron durante la dictadura en jurisdicción de la Base Puerto Belgrano.

El fiscal José Nebbia dijo esta mañana a FM de la Calle que el martes las partes recorrieron la Base Espora junto a un testigo que se desempeñó como radio operador en la época de los hechos y que en el juicio había relatado un traslado de detenidos encapuchados y engrillados desde Espora hasta Rawson. “Lo que hizo fue reconocer el lugar y cómo fue ese operativo”, aseguró.

Por otra parte, Nebbia se refirió a la segunda inspección en el actual Museo del Puerto, que “fue sede de Prefectura de Ingeniero White”. Allí “asistieron tres sobrevivientes que reconocieron los lugares por donde pasaron” y uno de ellos  “encontró la celda en donde había estado en aquella época. Una situación muy fuerte para los sobrevivientes y para las partes”.

Hugo Dubois es uno de los cartoneros que forjó hace ocho años la Cooperativa de Cartoneros del Sur. Actualmente perciben por su labor una remuneración de $ 480 semanales. La organización denuncia que no recibe un subsidio “prometido por el municipio”.

El trabajador dijo a FM De la Calle que vienen “complicados de hace ya un tiempo largo. Creo que desde el momento que le mintieron a la gente diciendo ‘vamos a formar cooperativas para procesar los residuos’. Hoy en día estamos muchísimo más complicados por la falta de eficiencia que hay en el municipio. Hay gente en la secretaría que no tiene ni idea de la problemática, no solamente del tema de los cartoneros sino del medio ambiente y de la contaminación que se está generando”.

En este sentido, el reciclador explicó que “Bahía Blanca genera 340 toneladas diarias de residuos y se están enterrando. Eso es una cadena que a futuro nos va a perjudicar a toda la sociedad. Porque tenemos gente que es incompetente en cada puesto que desarrolla. No se ha presentado nunca un proyecto o un plan para procesar los residuos dando trabajo digno a los cartoneros”.

Dubois aseguró que “la sociedad tiene que participar muchísimo más del tema, no solamente de los cartoneros, sino de los residuos”.

En los próximos días se realizará una asamblea abierta al conjunto de cartonerxs para tratar los pasos a seguir.