La CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego se movilizó esta mañana junto a sindicatos y agrupaciones culturales, estudiantiles, sociales y políticas en el marco del paro nacional.

La columna partió desde Colón y Vieytes y pasó por la sede del Rectorado de la UNS, la ANSES y el PAMI. “No al FMI, Basta de ajuste y La deuda es con el pueblo” fueron las consignas centrales de la protesta.

“No se trata de la agrupación o de la central sindical en la que estemos agrupados, es la unidad de la clase la que nos da fuerza para enfrentar esta política económica que favorece a unos pocos”, dijo frente a la sede de la obra social de las y los jubilados el dirigente Enrique Gandolfo.

Afirmó que “la grieta no la vemos en términos de política partidaria, la entendemos entre las y los de abajo y entre los grandes grupos económicos, como hoy las petroleras que con el aumento de las naftas se benefician con otra millonada que va a engrosar sus bolsillos”.

“Les preguntaría, por ejemplo, a los compañeros y las compañeras empleadas de comercio si no sienten y no les pasan las mismas cosas que a nosotros. Una cosa son las dirigencias sindicales que viven a costa de sus propias prebendas y privilegios y otra los y las compañeras que laburan en cada lugar y saben lo que significan nuestros padecimientos”

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo ayer a FM De la Calle que “estamos frente a una situación límite en términos de destrucción de los empleos, aumento de la desocupación y la pobreza”.

“Una Argentina agobiada, con tasas de interés que los pequeños comerciantes y productores no pueden enfrentar, con precios que todos los días siguen en alza, con una inflación que no la para nadie. Es el único país del mundo que mezcla picos de inflación con picos de recesión. No se aguanta más”, agregó.

En la ciudad el paro incluyó protestas en los accesos por parte de integrantes del Sindicato de Camioneros.

Ocho trabajadores perdieron sus puestos laborales en el diario La Nueva. Se desempeñaban en las áreas de publicidad, difusión y gráfica.

Fabián Castro, secretario general del Sindicato de Artes Gráfico, comentó a FM De la Calle que “nos quedaba un trabajador que estaba de licencia por ART (cuando fue la tanda anterior de despidos) y que automáticamente se le envió el telegrama cuando le dieron el alta”.

“El resto son del Sindicato de Comercio y de Prensa. Con el Sindicato de Prensa quisimos comunicarnos varias veces y no pudimos lograrlo. Sabemos que Prensa es muy dependiente de la empresa. Se está comentando que vienen despidos del área de prensa, periodistas”, señaló Castro.

Un mes atrás, el periódico de Gustavo Elías, despidió a 15 trabajadores gráficos. “Los despedidos anteriores, a las 72 horas recibieron una indemnización. Fue una liquidación del 70 u 80 por ciento, no fue el total. Nosotros vía legal estamos solicitando que nos depositen lo que falta”, dijo el dirigente.

Por último, consultado por la posibilidad de reincorporaciones, el secretario general del gremio comentó que “los trabajadores venían cobrando a cuenta gotas así que directamente eligieron que querían cobrar y no depender más de la empresa”.

El próximo lunes a las 9:30 comenzará un nuevo juicio por la muerte de Juan Cruz Manfredini. El trabajador murió por las quemaduras que sufrió tras la explosión en un dúplex que funcionaba como depósito clandestino de la empresa Camin Cargo Control.

Norberto Maximiliano Metz, gerente local de la firma, fue absuelto en junio de 2016 por homicidio culposo. La Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de prisión y la familia del joven cuatro años y medio y 200 mil pesos de multa.

Ahora será juzgada la máxima autoridad de la empresa: Marcelo Camin.

“Después de tantos vericuetos con la justicia, porque agotaron todas las instancias, finalmente quedó firme la fecha”, dijo a FM De la Calle el papá de Juan Cruz, Federico Manfredini.

“La jueza Susana González La Riva permitió que desdoblaran el juicio, ellos apelaron a La Plata. Con Mónica fuimos y hablamos con Ferrari, el ministro de Justicia. Mandaron todo el expediente para acá y conseguimos la fecha. Ellos agotaron todas las instancias para no llegar a juicio. Quisieron que se declare culpable y evitar el juicio pero no voy a negociar la dignidad de mi hijo ni con la Justicia ni con la plata”, comentó.

Agregó que “en mi caso particular quiero dejar en claro que la Justicia también es para los pobres. El fiscal Marra, en su momento, nos dijo que la justicia no es para los pobres. Pasaron ocho años, luchamos mucho y tenemos fecha”.

El lunes 9:30 será la primera audiencia a cargo del juzgado en lo Correccional N°1 de Estomba 34.

Una semana después de su lanzamiento oficial se mantienen las dudas y dificultades en torno a la puesta en marcha del programa Precios Esenciales. FM De la Calle dialogó con Pamela Cantero, asesora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, respecto a los productos disponibles en Bahía.

“Los inspectores relevaron Cooperativa Obrera y Walmart, en la Cooperativa de 64 productos faltaban 15 y nos dicen que es un problema de proveedores.  Todos los supermercados deben tener el listado en la entrada. La Cooperativa les ha puesto a los faltantes un sustituto. Que no estén esas marcas no quiere decir que no haya productos”.

Mientras que en Walmart “hay un faltante del 21 productos porque dependen de la provisión de la casa central de capital”.

Por otro lado, Cantero destacó que “en Bahía  se suma La Banderita y La Ilusión. No están incluidos supermercados chinos y mayoristas”. Con respecto a la carne señaló que “depende de Nación y aquí no hay convenio”.

Trabajadores y  trabajadoras de los equipos del Programa Envión que “recibe, atiende y acompaña a los habitantes de los barrios más vulnerables de la ciudad”, denunciaron la precarización laboral a la que se ven sometidos por parte del municipio. En los últimos días se reunieron con concejalas de a oposición y el oficialismo para  arbitrar los medios e insistir en el pedido de reunión con el intendente.

Betiana Gerardi (PJ Cumplir) brindó FM De la Calle detalles del encuentro. “El reclamo es que el convenio que se hace con la provincia todavía no fue renovado. Cuando el intendente era candidato los fue a ver, le plantearon estas problemáticas y cuando asumió nunca más pudieron acceder a él. La concejala Lucía Pendino se comprometió a darles una respuesta que todavía no está”.

“Hay un tema de Envión y de los Hogares Proteccionales que son los que atienden a nuestros niños, niñas y adolescentes: su sueldo no se equipara a los aumentos que tienen los empleados municipales, esto provoca que haya distintas escalas salariales y de formas de contratación dentro de un mismo espacio o programa”.

“Lo que sí vemos es que lo que tiene que ver con el ingreso que viene para pagar a los equipos técnicos habría dinero para aumentar, lo que vemos es que no hay una decisión política para que se cumpla este aumento”, agregó Gerardi.

Comentó que “en el año 2016 se tuvo una reunión por este tema, en ese momento estaba Fabio Pierdominicci en el área de Políticas Sociales. Se acordó que cada paritaria municipal y cada aumento se le iba a aplicar a trabajadores de Envión y ya hace un tiempo, un año, que se ha dejado de percibir este beneficio de aquellos que están en planta permanente”.

“Los coordinadores son lo que le dan continuidad en el tiempo y conocen a los chicos. Primero que cuesta mucho que el chico te acepte y cuando te incorpora como parte de su barrio y de su cotideaneidedad te estás yendo porque el recurso económico por el cual te dicen que tenés que estar 25 horas en el lugar no te rinde y más en esta situación”.

Otro de los reclamos son los condicionamientos del Programa: “En otros municipios se equipara el sueldo con cantidad de horas y en este caso están casi 30 horas con un sueldo de 15 mil pesos”.

Respecto al programa Autonomía Joven, Gerardi comentó que “el municipio no trabaja de forma transversal, hay una sobreintervención en algunos barrios y se deja de incorporar otros. Este programa es muy interesante pero está solo en noroeste”.

Más de tres mil productores agrícolas ganaderos presentarán un proyecto ley de protección de cinturones verdes, “por alimentos sanos y ciudades sustentables”.

Lautaro Leveratto, integrante del MTE Rural de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, explicó a FM De la Calle que “es estratégico para un Estado que existan productores en esos cinturones hortícolas que generan miles de puestos de trabajo y que nos abastecen de alimento fresco a la sociedad. Segundo punto, no podemos destruir los cinturones verdes periféricos porque nos traen beneficios a las ciudades: alimentos de cercanía, de fletes cortos y también protege y disminuye la problemática del cambio climático”.

El dirigente agregó que la propuesta “por un lado resguarda las tierras para producir alimento, vamos a un cambio de paradigma en la producción, esos cinturones tienen que producir de manera sustentable. El otro punto, acceso a la tierra para familias agricultoras, lo que la ley plantea es que si el agricultor está viviendo hace más de 10 años en esa tierra tiene derecho a acceder a un crédito con la condición del uso solamente para la producción hortícola ganadera de animales pequeños”.

En la actualidad se producen frutas y verduras mediante el alquiler de pequeñas parcelas de tierra: “Los alquileres elevan el costo y el precio de los alimentos. Se encarece toda la cadena de producción de alimento y termina en una góndola a precios exorbitantes. En unos años comerte un tomate o un morrón va a ser como comerte un pedazo de lomo hoy en día. Tiene que haber una política que garantice la producción de alimentos”.

“También apunta a abrirle el juego a los municipios para que definan mercados de comercialización para que los productores sin intermediarios puedan llevar sus producciones frescas directo para abastecer a los vecinos del pueblo y ciudad. Eso baja el precio al 50% de todos los productos”, comentó Leveratto.

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad advirtió que los anuncios de Vidal sobre el congelamiento del tarifazo de la energía eléctrica es falso.

Su titular, Mariano Lovelli, comentó a FM De la Calle que “es un congelamiento falso porque ya se aplicó el 80 % del tarifazo restando solo el 4 % de marzo y el 4 de agosto. Solo para los usuarios residenciales se hará cargo el Estado por única vez. La diferencia es que se va a pagar de forma indirecta”.

Respecto al ítem que figura en las boletas de luz como “Incremento de Costos Tarifarios”, Lovelli señaló que “en el caso de EDES figura un porcentaje de los consumos mensuales que está destinado exclusivamente para compensar a las empresas del 2018 y la inflación que le generaban mayores costos”.

“En este contexto, mantener ese privilegio a las empresas nos parece desatinado, nosotros nos preguntamos cuándo será el momento que la gobernadora nos compense por la inflación que está generando su propio gobierno”.

Respecto al tarifazo del gas recordó que “sigue vigente la resolución cautelar del juez de Dolores Alejo  Ramos Padilla: “Camuzzi no puede cortar el gas por falta de pago, si no es pasible de ser denunciado penalmente porque es una resolución vigente”.

 

“Casación dijo que no hay delito y Montezanti no tiene nada que hacer”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani luego de conocer el archivo de la demanda que le impuso el ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti por el presunto delito de violación de secretos.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA recordó que el ex presidente de la Cámara Federal le inició tres causas por denunciar su participación en el terrorismo de Estado.

“Una es la que me inició por el agravio al honor, en el fuero civil. Terminé pagando 105 mil pesos, me embargaron el sueldo. Esto está apelado, queda una instancia en la Corte Suprema. Otra era esta, que es una demanda penal y de haber fallado en contra nuestro terminábamos varios años presos”.

“La tercera causa, que también se la gané, fue por pegar carteles frente a la Cámara Federal. Fue esa famosa causa donde el juez provincial manda a un policía a infiltrarse dentro de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti. Lo pasan a Ramos Padilla y también falla a mi favor. La única que queda es la del dinero”, comentó Patrignani.

Respecto al Juicio Académico en la UNS que nunca llegó a concretarse, Patrignani recordó que “la Universidad nombró a los jurados pero todos se excusaban y, por último, le llegó la obligatoriedad de jubilarse porque la ley que tenemos ahora lo obliga a jubilarse a los 70 años, y con eso zafó”.

Cabe destacar, además, que Montezanti optó por jubilarse también como magistrado horas antes de que se conociera la sentencia de un jury que se aprestaba a destituirlo. En ese sentido, Patrignani aseguró que hasta último momento el diputado nacional Nicolas Massot -sobrino de Vicente (ex dueño de La Nueva Provincia)- “estuvo presionando a gente del tribunal de enjuiciamiento para que zafara”.

 

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Silvia Godoy, destacó que los descuentos en medicamentos anunciados por el gobierno “son una medida falaz”.

“Informamos que se estaban vendiendo 100 mil unidades menos por día entonces la industria farmacéutica implementó el bono de descuento para mover los productos que estaban estancados. Es un anuncio de algo que ya se venía implementando en lo que no hay aporte del gobierno”, comentó a FM De la Calle.

“¿Por qué no se ocuparon de los beneficiarios del Plan Salud?”, se preguntó la farmacéutica. “Es gente en pobreza extrema, es un plan que está abandonadísimo y muchos pacientes no pueden tomar los medicamentos. En Bahía quedamos tres o cuatro farmacias abasteciendo y no sabemos cuándo van a estar los pagos”.

Godoy agregó que “llama la atención la disminución en  medicamentos recetados por enfermedades crónicas. Son medicamentos que la gente no los toma porque quiere. (…) Hipertensión, diabetes, son los primeros rubros que cayeron”.

En otro orden, respecto al estudio de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos Sanitarios (ANSM) de Francia que alertó que el consumo de ibuprofeno puede agravar cuadros de infecciones, Godoy explicó que “es un medicamento de uso demasiado masivo, tenemos pocas políticas de salud en cuanto a las publicidades de medicamentos. El medicamento no es una mercancía. No puedo decirte tomáte esto que te vas a sentir re bien. La gente cree que por estar en la tele es inofensivo”.

 

Profesionales del INTA y el Conicet identificaron 18 agroquímicos en el agua de tres barrios de Pergamino. La investigación fue avalada por peritos de la Corte Suprema de Justicia y ratifica la denuncia que desde hace años vienen planteando las Madres de Barrios Fumigados de la localidad.

Agustina Aller, colaboradora de la agrupación, comentó a FM De la Calle que “en Pergamino, en los barrios periféricos a los campos es directa la fumigación, es indiscriminada. Está el pensamiento retrógrado del matayuyo, que no pasa nada. La última difamación que se da es que las madres están haciendo política con esto, que no está mal porque no hacemos política partidaria sino para que se apliquen medidas a largo plazo”.

En los últimos días la Policía Federal realizó varios allanamientos para secuestrar elementos que son utilizados para fumigar a pesar de la prohibición establecida por una medida cautelar.

“Acá el agua viene de las napas, se sabe que la contaminación del suelo pasa a las napas, el agua se sigue tomando igual y siempre se supo que tenía arsénico”, comentó Aller.

Sabrina Ortiz, una de las madres de la organización y quien lleva adelante la denuncia por la presencia de agroquímicos en la sangre de sus hijos, recibió amenazas. Aller destacó que “desde que empezó a visibilizar esta problemática hay una campaña sucia a través de punteros políticos, ahora dicen que son mentiras las fotos de los niños, las cuales fueron publicadas con autorización de las madres”.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, archivó por inexistencia de delito la causa seguida al docente de la Universidad Nacional del Sur, Dante Patrignani, quien fuera denunciado por el ex camarista federal y docente Néstor Montezanti por el presunto delito de violación de secretos.

Según la denuncia del ex PCI, Patrignani pegó una serie de afiches donde se veía al ex magistrado luciendo una gorra militar, valiéndose para ello -de acuerdo a la denuncia- de información reservada que daba cuenta de la pertenencia de Montezanti a la inteligencia militar durante el terrorismo de Estado.

Casación hizo lugar a los recursos presentados oportunamente por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa contra el fallo de la Cámara Federal bahiense que había revocado por prematura y contraria a derecho la resolución del juez de primera instancia.

El magistrado interviniente había considerado que la documentación de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino utilizada como fuente de información para la elaboración de los afiches no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas y dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

El juzgado había considerado que la documentación de la Dirección General de Inteligencia del Ejército utilizada como fuente de información para la elaboración de los afiches no era de acceso restringido ni secreto.

El fallo de Casación se refirió a la arbitrariedad alegada por los impugnantes y, en efecto, hizo lugar a la pretensión. Señaló que la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca no debió soslayar la inexistencia de delito sostenida por el titular de la acción pública, basada en que “la propia Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino informó que la documentación no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520”.

En esa línea, agregó que “si bien es sabido que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, existe el deber de pronunciarse sobre los puntos propuestos en cuanto sean decisivos o relevantes en el pleito, puesto que la falta de pronunciamiento con respecto a estos puntos trae aparejada la nulidad de los decidido por falta de fundamentación”.

El origen de la causa

En primer lugar, Montezanti demandó en sede civil a Patrignani por ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura.

Al momento de contestar la demanda por difamación, el profesor explicó que el ex camarista era Personal Civil de Inteligencia, y fundó su afirmación con una fotocopia del legajo personal del Ejército, con información en ese sentido.

“De modo que mediante los afiches, se había dado a conocer un hecho verídico en libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”, afirmó la defensa del demandado.

A raíz de ello, el ex magistrado -constituido como querellante en la causa- denunció penalmente al profesor y su letrada por violación de secretos, al considerar que la primera hoja de su legajo personal implicaba develar información reservada.

Libertad de expresión

El fiscal general Javier De Luca dictaminó en el expediente cuando subrogaba la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal. En su presentación había solicitado que se hiciera lugar a los recursos de casación interpuestos por el MPF y la defensa.

Entre sus argumentos sostuvo que si no existe delito, tal como lo había manifestado primeramente el fiscal de instrucción y luego confirmado el juez de esa instancia, no existe acción penal posible.

En este sentido, agregó que aquellas medidas que se consideraron pendientes de realización con el fin de dilucidar la cuestión de fondo presentadas por el denunciante “resultan innecesarias y no logran conmover los argumentos del Ministerio Público Fiscal, que fueron recibidos por el juez de instrucción al archivar las actuaciones por inexistencia de delito”.

Es que el documento de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino, por el cual se denunció al docente por violación de secretos, no era una información secreta, lo que impedía que se configurase uno de los elementos esenciales del tipo penal. El demandante trabajó para el Ejército Argentino y ello constituye información de interés público cuya divulgación queda amparada por la libertad de expresión.

“Cualquier limitación al acceso de información y documentación podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, había dictaminado De Luca.

El representante del MPF había agregado que el informe en cuestión, presentado en la causa civil, no era suficiente para atribuir responsabilidad penal, en tanto de ese modo se estarían limitando los derechos al acceso a la información y el debate público de cuestiones de interés general como “garantía del sistema democrático”. El documento de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. Así las cosas, el fiscal general consideró que el expediente debía ser archivado por inexistencia de delito.

Se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que impulsa la creación del Instituto Nacional del Libro Argentino. Alejandro Dujovne, investigador del Conicet y especialista en historia y sociología del libro y la edición, comentó a FM De la Calle los alcances de la iniciativa.

“Uno de los capítulos importantes de la ley es la creación de un observatorio del libro y la lectura. Por otro lado, la industria del papel en la Argentina está monopolizada, ellos deciden cuánto salen los libros. También tiene que ser discutido qué políticas tenemos para llevarlos a los barrios populares”, comentó Dujovne.

El doctor en Ciencias Sociales señaló que “en cuatro años, del 2014 al 2107, hubo una caída sustantiva en la cantidad de personas que dice haber leído un libro al año. Una respuesta simple son los cambios tecnológicos pero esa es una decisión superficial porque el gusto e interés también se definen por las políticas públicas. En ese período han desaparecido los planes de lectura del Ministerio de Educación y los planes de compra de libros de lectura”.

“El mundo del libro comprende actores desde el más visible que es escritor y de ahí en más desde el editor o editorial, traductor, editores, maquetadores, pasando por talleres gráficos, librerías que no solo son un lugar de expendio sino que es dónde se construye un valor en torno al libro”.

Dujovne comentó que “desde la Secretaría de Cultura trataron de evitar (la creación de un instituto como tiene la música o el cine) porque le da más poder a los actores del libro y eso le sacaba poder a quienes decidían cómo funciona el sector del libro del país. Hubo un consenso grande entre todos los bloques, el PRO es el único partido que no está apoyando”.

El titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Carlos Amorin, dialogó con FM De la Calle sobre las medidas anunciadas por el gobierno nacional la semana pasada y el impacto de las mismas en el sector que representa.

Respecto a los beneficios para la regularización impositiva para Pymes que realizará la AFIP, Amorin señaló que “como todas las medidas de este gobierno son coyunturales y no resuelven los problemas de fondo. Podrán dar un poco de oxígeno a las cooperativas que tienen problemas impositivos pero no resuelven el problema de estar en una economía en franco retroceso. Sabemos las cooperativas son el gran salvavidas de las épocas de crisis, esto es maquillaje, no es darle una transformación al rumbo”.

“He observado que las cooperativas de la zona hacen un esfuerzo enorme por sostener la fuerza de trabajo para que la gente no pierda la vinculación con la cooperativa en el pueblo, en el barrio. Siempre hubo algún vínculo de las cooperativas a través de las propias organizaciones que el gobierno propone pero cuando el marco en el que estás inserto propugna que te achiques, que cierres, no hay quien resista”, señaló Amorin sobre la situación local.

La corvina de la foto fue capturada en los últimos días en la zona de Puerto Galván. Al parecer, el globo sanguinolento que se ve sobre uno de sus ojos sería un tumor. Profesionales consultados por FM De la Calle manifestaron la imposibilidad de detectar su origen sin realizar estudios histopatológicos.

¿Será producto de la contaminación?

En septiembre, profesionales de la UBA convocados por la justicia recomendaron la prohibición inmediata de la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, la prohibición del vertido al estuario de cadmio, cromo, plomo y cobre.

Los altos niveles de metales pesados fueron relativizados por las autoridades municipales quienes descartaron tomar cualquier tipo de medidas. Es así que no falta quien tire una línea en la ría y se encuentre con estos peces dignos de Springfield.

En cuanto al estado de la causa judicial iniciada por la Asociación de Pescadores Artesanales en 2011, recordamos que el juez Agustín López Copola aceptó en febrero la realización de pericias sobre los procesos químicos de cada empresa como complemento de el informe elevado oportunamente por la Facultad de Agronomía de la UBA.

El 8 de marzo se aceptó a los peritos propuestos por las firmas denunciadas a partir de lo cual tendrían cinco días para aceptar el trabajo y 40 días hábiles judiciales para la presentación de las conclusiones sin posibilidad de prórrogas.

De esta manera, el próximo 27 de mayo quedaría despejado el camino para el desarrollo de los alegatos y la sentencia que el juez prometió para julio.

FM De la Calle presenta “Derechos y Reveses”, una serie microdocumental sobre el ejercicio y violación de derechos en Bahía Blanca. Podrá verse desde este martes en el canal de youtube: FMDELACALLETV.

El ciclo audiovisual es fruto de un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces subsidiado por el ENACOM.

La difusión de los derechos y el seguimiento del ejercicio o violación de los mismos son prioridad de nuestro colectivo al momento de producir contenidos e incluyen un esfuerzo en la construcción de relatos que reconozcan las tensiones invisibilizadas por los medios masivos de comunicación.

La serie original proponía la producción de diez capítulos sobre derechos vinculados al trabajo, la salud, las identidades sexuales, el ambiente, la intimidad, entre otros, en una sociedad de características conservadoras.

La demora en el pago de los fondos del subsidio impidió afrontar los costos del proyecto original y es por eso que la serie se limitó a tres problemáticas: el derecho al trabajo y la destrucción de la pesca artesanal en la ría bahiense; la lucha contra el dragado en Gral. Cerri y la intención de ampliar el polo petroquímico en función de Vaca Muerta; y la marea verde por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la ciudad.

Trabajadores y trabajadoras de la “Feria Patito”, ubicada en Beruti y Estados Unidos, se presentaron en la Municipalidad para exigir una reunión con el intendente debido a la orden de desalojo del juez de Faltas Ricardo Germani.

Esas tierras pertenecían a la comuna hasta que fueron otorgadas a Vialidad Nacional. “La sociedad de fomento le pide a Vialidad que haga un espacio verde”, señaló la feriante Miriam Montenegro.
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“Somos 450 familias que vivimos de la feria. Fueron mis compañeros a ver si nos atienden (en la Municipalidad) porque nosotros no vamos a movernos de ahí, así vengan con topadoras”. El Juzgado de Faltas prorrogó una semana el desalojo.

La feria se creó durante la crisis del 2001: “Antes éramos toda gente pobre, ahora va todo el mundo. Antes la gente llevaba bolsas a las iglesias, ahora van a vender la ropa. Hay sábados que la gente va desesperada a vender, vajilla, platos, cosas que no usa, hace dos sábados no había lugar para vender, teníamos que compartir puestos”, dijo Montenegro.

“Mi marido se quedó sin trabajo en Lucaioli así que empecé a cocinar y sigo trabajando de empleada doméstica. 15 años en Lucaioli, no está despedido pero tampoco le pagan. ¿Quién le da trabajo a los 50 años? Cada vez está más difícil este país”, dijo Miriam.

Finalmente, comentó que “estamos trabajando dignamente, nadie roba. ¿Qué les molesta? Somos laburantes”.

Al momento de esta publicación todavía había feriantes en el municipio esperando que los reciba Héctor Gay.

 

 

El gerente de compras de la Cooperativa Obrera, Fernando Heredia, dialogó con FM De la Calle a raíz del congelamiento de precios en productos esenciales anunciado por el presidente Mauricio Macri, la modificación de la Ley de Lealtad Comercial y el proyecto de ley de Góndolas.

“Son alrededor de 64 productos y tenemos más de 50, los queríamos reemplazar por marcas que tenemos en Bahía. El consumidor va a tener opciones de productos más económicos, que lea la góndola porque va a conseguir productos más baratos”, comentó.

El anuncio incluyó promociones en algunos cortes de carne. Heredia comentó que “es más difícil en ese caso, porque los kilos disponibles son pocos y son pensados para el mercado central y las bocas de expendio de los frigoríficos grandes. Son animales que se exportan y los cortes remanentes son los que vienen al mercado interno”.

En cuanto al proyecto de regulación de góndolas, el gerente explicó que “no modificaría una las góndolas de productos de la Coope. No en los comodities, en algunas bebidas tal vez. Tenemos una gran cantidad de proveedores cooperativos, muchos productos de marcas propias, tenemos un importante trabajo con las PyMEs de las ciudades donde estamos”.

 

El escritor Guillermo Martínez, quien presentará este sábado su última novela en Bahía Blanca, analizó en FM De la Calle las políticas públicas del gobierno nacional, la sensibilidad de la época y reflexionó acerca de la formación de jóvenes lectores.

El gobierno de Cambiemos

“Tengo la esperanza de que se perciba el fracaso de las políticas neoliberales, la lógica de que se puede ajustar indefinidamente, que todo depende del ideal individualista, espero que podamos revertirlo”.

“Pensaba que desde el primer año quedó claro, la luz al final del túnel, el segundo semestre. El gobierno tenía una sola idea que era que llovieran inversiones, una vez que esa idea se develó que no iba a ocurrir, empezó el ajuste y el endeudamiento. Es muy deprimente lo que nos ocurrió”.

“Es el eterno retorno de la pesadilla. Espero que no sea otro suicidio colectivo. Me parece increíble como se reprodujo en sus expresiones toda la política del neoliberalismo”.

La sensibilidad de la época

“La sensibilidad de esta época está muy dirigida a la igualdad de derechos de las mujeres y a la reconversión de la cuestión del aborto, a los derechos de las mujeres, es un elemento de la sensibilidiad contemporánea”.

Políticas educativas: literatura y matemática

“Los adolescentes cuando terminan la escuela han leído máximo cinco libros. Tiene que haber una forma de acceder a los universos que hay en los libros. Tener una sensación de que la literatura tiene una diversidad. El colegio secundario tiene que tener una política diferente”.

“Con la matemática tengo una idea un poco diferente. La matemática tiene un lenguaje abstracto que implica entender otro idioma. Hay un nivel mayor de dificultad. El gran problema de este lenguaje abstracto es que hasta los 10 u 11 años no tienen todavía la gimnasia mental que los prepare para ese salto de abstracción”.