Desde principios de mes en Ushuaia son juzgados 17 docentes y 16 camioneros por participar de un reclamo salarial. La acusación partió de la gobernadora Fabiana Ríos tras una protesta realizada en Casa de Gobierno el 23 de mayo del 2013 en el marco de un paro provincial impulsado por la CGT y CTA.

“Los delitos imputados son atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones con diferentes grados y que llegan incluso a los catorce años de prisión como pena máxima para nuestro secretario general de la organización y secretario general de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena”, dijo a FM De la Calle Verónica Andino, dirigente de Sutef.

En aquel entonces, luego de varias negociaciones y ocho días de permanencia en el edificio se arribó a un acuerdo salarial acorde a lo solicitado por el gremio docente. Pero la revancha fue la inmediata apertura de causas judiciales y sumarios administrativos.

El 21 de octubre se conformó el Tribunal para juicio oral y público. Ese  mismo día, se dispuso la fecha de inicio. Todas las causas en Tierra del Fuego, cuando llegan a esta instancia demoran un año en fijar la fecha y dos en dar comienzo al juicio. Los turnos se están entregando para el 2017. Esta vez, rápidamente, la fecha se resolvió en un día y el juicio se realiza quince días después.

Desde la CTA Autónoma de Tierra del Fuego afirmaron que “en plena transición de gobierno, llevan a juicio a aquellos que se opusieron al ajuste sobre los trabajadores, a aquellos que se enfrentaron a la quita de derechos laborales que quería imponer el Gobierno saliente (PSP), a aquellos que hoy resisten el recorte que quiere imponer el Gobierno entrante (FPV)”.

Además, destacaron que el juez de la causa, De Gamas Soler, está acusado y procesado por ocultar evidencias en el juicio de la AMIA y buscó refugio en el fin del mundo “con la complicidad de la clase política que lo nombró”. Los sindicatos fueguinos exigen “el inmediato cierre de todos los sumarios administrativos realizados a los docentes por las mismas causas, impulsados por la gobernadora Fabiana Ríos para exonerar de sus cargos a los trabajadores de la educación. La sanción por parte del Congreso de la Nación de una ley nacional que indulte a todos los compañeros trabajadores, referentes, delegados y dirigentes procesados por hechos sucedidos en el contexto de la protesta social y sindical”.

Foto: Gremiales del Sur.

En distintas ciudades del país se realizó este jueves una Jornada Nacional contra la Megaminería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales, como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado.

Desde Santa María, Catamarca, a pocos kilómetros de la Minera La Alumbrera, Karina Matinelli aseguró a FM De la Calle que la jornada surgió a partir del derrame de agua cianurada en Jáchal: “La verdad que es tristísimo porque le arruinaron la vida al pueblo, los productores ya no pueden producir usando el agua del río porque está totalmente contaminado no solo con el cianuro que se puede evanecer con el sol o el aire sino el tema de los metales pesados, le han dejado metales a niveles de 1400% por encima de lo que establece la OMS. La situación es desesperante”.

Las trasnacionales mencionadas arriba consumen por día alrededor de nueve toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que la “complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quien será nuestro próximo “PRESIDENTE”, según las leyes 24.196 (Inversiones mineras), 24.228 (Pacto Federal Minero) y 24.224 (Reordenamiento minero), estas empresas gozan de grandes beneficios, mientras saquean nuestros bienes comunes, y envenenan a nuestro pueblo”.

“No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que estas generan. Sumáte en tu ciudad. Es momento de que se vayan”, agregaron.

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Javier Barrera, vecino de Villa Nocito, denunció el inicio de la instalación de una antena de telefonía celular de la empresa Telecom. “Llegaron unos hombres a trabajar ahí nomas de mi casa. Estaban poniendo unos postes, cuando les pregunté para qué eran, me contestaron que era para iluminar”, dijo a FM De la Calle y agregó que “fue todo instantáneo, comenzamos a preguntar, convocamos a los vecinos en el lugar donde estaban trabajando y realizamos la primera asamblea”.

Poco tiempo después se apoyaron en la ordenanza N°17.130 que impide la colocación de este tipo de antenas: “Nadie controla nada de nada. Esto está prohibido por la justicia, desde el municipio y el Concejo Deliberante no pasa nada. No podemos vivir corriendo a la gente que hace estas cosas, no es nuestra función”. “No me siento en democracia porque nos están imponiendo algo que nos perjudica mucho, nadie consulta nada de nada. (…) Hablé con vecinos de Bahía Blanca y con personas de la provincia. Nos tenemos que reeducar y concientizar a la gente”, sostuvo.

Horas después de conversar con FM De la Calle, Javier informó en las redes sociales: “Primer batalla ganada, se llevaron el mono poste para el emplazamiento de la antena de telefonía y se suspendió el armado, todavía no sabemos cuál fue la razón, ni quién ordenó la suspensión. Ahora vamos por los responsables directos, seguimos con la denuncia, queremos saber quién dejó que esto ocurriera y cómo es que se saltean etapas legales con tanta impunidad y que encima, siga ocurriendo en otros barrios. Felicitaciones a mis vecinos por la decisión de seguir la lucha hasta el final, gracias a Gladys Girotti por estar cuando la convocamos, vamos a ir por la Banca 25 para Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca y por todos lo demas barrios y otro agradecimiento a Leandro Aparicio, por representarnos ante la justicia. Esta lucha sigue, estamos atentos”.


Texto: Diego García.

Con las últimas palabras de algunos de los 22 imputados por crímenes de lesa humanidad que son juzgados en Bahía Blanca, terminaron ayer las audiencias del debate oral en la Causa Armada. Los acusados son hombres de dicha fuerza naval, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral ratificó que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 18:30 dará lectura al veredicto.

El fiscal José Nebbia rechazó una serie de nulidades planteadas por la defensa oficial en relación a la incorporación a la prueba de declaraciones tomadas durante la instrucción y las inspecciones oculares a los centros clandestinos de detención.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

“Voy a dar por terminado y concluido y cerrado el debate correspondiente a la causa 1103 caratulada ‘Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterado, homicidio agravado reiterado en perjuicio, entre otras personas, de Guillermo Aníbal Aguilar’ y convoco a todos, a las partes, para el día 25 de noviembre a las 18:30 que se va a dar lectura del veredicto que va a caer sobre esta causa”, dijo el presidente del Tribunal José Mario Triputti.

tribunal efemedelacalleAntes, José Nebbia -quien estuvo a cargo de la acusación junto a Miguel Ángel Palazzani- rechazó los pedidos de nulidad solicitados por la defensa oficial. Uno de ellos estaba relacionado con las declaraciones testimoniales tomadas por la Unidad Fiscal durante la investigación de la causa “sin el control de las partes”. Entre las cuestionadas estuvo la del ex colimba Aníbal Américo Agotborde.

“Este testimonio estuvo a disposición antes de ser elevado casi tres años, esta Fiscalía no se puede hacer cargo de suplir el trabajo de la defensa. Además tuvieron la oportunidad de preguntarle ampliamente en el debate oral y no lo confrontaron con los testimonios prestados en ese momento en la instrucción”, afirmó  Nebbia. “Más allá del momento puntual en que se tomó la declaración del testigo  lo cierto es que la práctica y procedimiento del Ministerio Público Fiscal siempre es el mismo (…) ellos marcan la cancha, toman las declaraciones y después nos invitan a jugar”, se cubrió el defensor Marcos Marini.

Otra de las nulidades apuntaba a las inspecciones oculares cuyos resultados, según la defensa, fueron contradictorios. “Quiero señalar que la primera inspección ocular fue hace muchísimo tiempo, estaba Cañón todavía de fiscal, pasó Córdoba, estamos nosotros. Y en esa oportunidad no se inspeccionó la séptima batería, fueron la tercera, la cuarta y la sexta. Todos los sobrevivientes fueron convocados y (algunos) estuvieron en condiciones materiales y emocionales de ir y otros no”, comentó el fiscal.

Luego de rechazar dichos planteos, el representante del Ministerio Público pasó a rectificar algunos errores expresados durante su alegato referidos a fechas de actuación de algunos represores y se detuvo en la reivindicación de la testigo Diana Diez: “Fue secuestrada, fue abusada dentro del centro clandestino, hace diez años murió de cáncer, no pudo venir a explicar lamentablemente ella misma lo que le habían hecho. En épocas en que la impunidad reinaba, valientemente declaró y contó todo lo que supo y reconstruyó lo que les había sucedido a ella y a sus compañeros. Así que tratarla de mentirosa habla más de quien lleva adelante esa conducta que de la propia sobreviviente emblemática”.

Al momento de las últimas palabras de los imputados, el primero en tomar el micrófono en el Aula Magna de la UNS fue el prefecto Luis Ángel Bustos “muy preocupado por su salud y su familia”, seguido por su colega Néstor Alberto Nougués, quien se consideró “inocente de todos los cargos” porque no conoció a las víctimas dado que “siempre estuve en una oficina”.

El ex guardia de La Escuelita Raúl Artemio Domínguez sostuvo que “hace dos años, ocho meses y once días que estoy privado de la libertad por una causa que no tengo nada que ver” y el teniente coronel (r) Guillermo González Chipont agradeció el permiso para ver a su hijo una vez por mes.

El ex jefe de la Sección Informaciones de Prefectura Francisco Martínez Loydi quiso que el tribunal “sepa algo de mi vida” y repasó “algunos hechos que me marcaron” como su “voluntario” ofrecimiento para ir a Malvinas años después de cometer los crímenes que se le imputan. Al ex titular de la cárcel de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, le llamó la atención que la ex presidenta Estela Martínez de Perón y su ex ministro Carlos Ruckauf no aparezcan en el juicio aunque hayan sido quienes “ordenaron que actúe de la forma en que actué”.

Alejandro Lawless, quien fuera jefe de sección en el Batallón de Comunicaciones 181 volvió sobre su careo con un ex colimba y el ex responsable de la Fuerza de Tareas Nº2 de la Armada, Gerardo Alberto Pazos, afirmó que “se han sacado del contexto histórico hechos que ocurrieron en el país durante los años 70”

Tomás Hermógenes Carrizo comandó la contrainteligencia en Puerto Belgrano y leyó en su “condición de marino” unos párrafos de una carta de un almirante yankee a otro nazi que tras la segunda guerra mundial reivindicaban la obediencia debida. “Finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubrí las facetas oscuras, corruptas y confusas de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba desde el comienzo de mi vida, fueron la justicia, la política y la Armada”, rezongó Enrique de León, quien fuera encargado de la contrainteligencia en Baterías.

Raúl Oscar Otero aseveró que su cargo en el Batallón de Comunicaciones 181 era logístico y que no tenía injerencia fuera de la unidad y habló de su estado de salud. Pedro Alberto Pila explicó “algunas facetas” de su vida “cuando casi daba por terminado su ciclo en la Prefectura Naval Argentina” porque había perdido su vocación de servicio cuando la fuerza se involucró “en funciones ajenas a su función específica”.

El ex jefe del Departamento Seguridad y Comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano José Luis Ripa pidió “a dios ilumine a vuestras excelencias para que dictaminen mi sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata” y Carlos Andrés Stricker insistió en diferenciar el Batallón de Comunicaciones 181 del “cuartel de Villa Floresta” del Ejército y afirmó que por los crímenes que se le achacan “tendrá que dar cuentas mi jefe que está muerto”.

Todos ellos, más los que ayer prefirieron el silencio, escucharán qué será de su futuro el próximo miércoles 25 a las 18:30 en Colon 80, sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur a cuya comunidad supieron reprimir crudamente.

(Por Laura García Vázquez) No suelo comenzar mis notas con comentarios personales, ni suelo hacerlo tampoco en su transcurso, pero esta vez haré una excepción. Miré la fecha de la última vez que escribí, 27 de septiembre, pasó un largo mes, pasaron las elecciones de octubre, comenzó el mes de noviembre y faltan dos semanas para el balotaje que decidirá el próximo presidente de mi país, de nuestro país, la nación Argentina.

Pareciera que la realidad me ha dejado sin palabras, me ha superado sería otra forma de decirlo, aunque en verdad no es eso lo que sucede sino que el proceso eleccionario en la Argentina y sobre todo la conciencia sobre nuestra verdadera situación económica, estructural, social y política me llevan forzosamente a escuchar y leer la realidad y, como consecuencia de esta atención en la lectura a no expresarme, o al menos a no hacerlo tan seguido.

Voy a retomar algunas de las preocupaciones de mi última nota, una de ellas es la del país dividido. Una falsa división si me atengo a los intereses que naturalmente deberíamos tener. Más dañina y peligrosa aún si tenemos en cuenta nuestra condición de país dependiente: es imposible luchar contra la dependencia para un pueblo dividido como bien señala el Martín Fierro, pero hay algo más  significativo: sobre el fomento de esa división hemos llegado al esquema de poder actual, el que, más allá de cuál de los dos candidatos gane el balotaje, ya ha cambiado en nuestro país y nos ha puesto a la defensiva, en la resistencia y ha retrasado los objetivos de construir una alternativa emancipadora para la Argentina. Y si en este momento uno ahondara en las responsabilidades sólo estaríamos aumentando las divisiones que nos perjudican. Existe una gran dificultad extendida en el pensamiento de muchos que diluye todos los límites y confunde las prioridades.

Me pregunto dónde quedó la política cuando  partidos tradicionales han perdido sus nombres y carecen de organización política. Al contrario, lo que ha crecido es el clientelismo como práctica diversificando sus modalidades y abarcando todas las clases sociales y culturales y, también, el marketing como fábrica de instalar opinión en la sociedad. Quizás por esto también, lo digo esperanzada, ninguno de los dos candidatos que participarán del balotaje ha concentrado grandes mayorías. Recordemos: Daniel Scioli 36.8% y Mauricio Macri 34,3%. Tampoco ninguno ha generado entusiasmo positivo y, en cambio, si se expresan la defensa, o el hartazgo, no dejando lugar para proyectar una verdadera justicia social y los derechos humanos integrales para todos los argentinos.

La democracia también ha sufrido una distorsión grande. En vez de democratizarse las decisiones importantes que nos atañen a todos, se incentivan las expresiones que bajo una aparente libertad aumentan el individualismo o el individualismo colectivo por sobre los derechos sociales o la verdadera solidaridad. Mientras,  se concentran los círculos de poder y la clase política como tal se perpetúa en el ejercicio del gobierno conservando sus privilegios y representándose a sí misma o gerenciando los grandes negocios privados y extranjeros.

Evidenciar los problemas estructurales de nuestra Argentina nada tiene que ver en este momento con sembrar alarmas innecesarias, por lo contrario, es un acto de responsabilidad, porque ya se sabe que las crisis las paga el pueblo, pero no todo en igual medida, y eso también dificulta la necesaria unidad que solamente puede lograrse mediante una sociedad solidaria y profundamente humana, que no se distraiga en el consumo o la sobrecarga de actividad e información, que se detenga y demore a pensar en el otro, que se tome tiempo también para interiorizarse de nuestra verdadera situación económica, no la propia sino la del conjunto. Los problemas estructurales no se solucionan ni con maquillaje ni con la indiferencia.

Sinceramente, me preocupa mucho más el futuro que el resultado del balotaje, es imprescindible que tengamos todos capacidad autocrítica para comprender el círculo vicioso de la Argentina.

Siempre lo ha sido pero ahora más que nunca es necesario un Proyecto Nacional que sólo puede construirse con Unidad, dejando de lado sectarismos y falsos ideologismos.

Es nuestra obligación ir en busca de la Patria perdida, recomponer una larga historia donde el poder de turno se encargó de confundir a patriotas con entreguistas, y de esta manera mantuvo la dependencia que nos imposibilitó conquistar un necesario modelo productivo soberano que responda a nuestras verdaderas necesidades humanas.

Hoy se realizará una jornada de protesta convocada por la Asociación Judicial Bonaerense en repudio a la persecución gremial que ejerce el Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, contra el flamante secretario general de la departamental local, Néstor Alende.

La medida se da en el marco del Congreso General Ordinario que sesionará en Bahía Blanca en solidaridad con Alende. Al mediodía se realizará una asamblea en el hall de tribunales y luego se marchará a la sede del Ministerio Público Fiscal para reclamarle a Fernández por la persecución y hostigamiento que lleva adelante contra el trabajador judicial.

“Decidimos realizar esta acción gremial en Bahía Blanca porque los trabajadores judiciales no podemos tolerar que un compañero sea sancionado por hacer valer sus derechos. El sumario fue armado burdamente por el Fiscal General, en reacción a los límites que Alende puso a su accionar arbitrario y violento”, señaló Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

Cabe recordar que Alende fue sancionado por negarse a cumplir una orden inconstitucional de su superior y Fiscal General, Juan Pablo Fernández. “Se puede decir que no, acá la obediencia debida no existe, cuando algo es ilegítimo no tenemos que agachar la cabeza y cumplirlo, tenemos que denunciar, hay muchos compañeros sumariados, hay fiscales e instructoras sumariadas”, dijo el secretario General de la AJB Bahía Blanca.

Por su parte, Abramovich señaló que estamos ante “un intento de atacar la libertad sindical en el Poder Judicial, que lamentablemente viene siendo avalado por el accionar corporativo de un sector del Poder Judicial que pretende que no exista un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, concluyó.

La AJB y la Federación Judicial Argentina han realizado numerosas protestas y gestiones ante la Procuradora María del Carmen Falbo, solicitando el archivo del sumario contra Alende.

La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

El arquitecto Raúl Luisoni se refirió en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al proyecto de ordenanza sobre “techos verdes” que analiza el Concejo Deliberante. Según el profesional, se trata de “realizar sobre la estructura de una casa o edificio el crecimiento de plantas, ya sean nativas o adaptadas y de pequeño porte en lo posible” para no incrementar los costos.

Luisoni comentó sus aspectos positivos: “Los beneficios son varios, la aislación térmica de las superficies es uno. También evita la voladura de polvo en los días ventosos. Gozaríamos de una ciudad con menor temperatura y menor amplitud térmica. A modo personal, en la casa de uno no estaría con tanta temperatura y en la noche no despediría calor la estructura del hogar. Todo depende y es en función del clima de una ciudad”.

“En la estructura de losa es un poco más sencillo realizar un techo verde. Ahora, en la estructura de chapa es más complejo, hay que hacer una subestructura para que aguante. Igual es un gasto mayor a no realizarlo. (…) Estaría bueno incentivar a las zonas del centro y macrocentro que es donde existe mayor calor. Cuando salís para lugares más periféricos, cambia la cuestión, hay más plantas. Se está estudiando un descuento en el ABL para estimular a los consorcios de los edificios”, añadió.

En el plano político, Luisoni recibió el apoyo de la concejala Elisa Quartucci: “Se interesó en el tema y consultó al Colegio de Arquitectos. Durante años tratamos de darle un marco legal, que tenga una serie de beneficios, públicos y privados y además, que la gente lo entienda”.

“En Rosario y Capital Federal están legislados. Hay varios puntos de país donde ocurre. Acá pasó en una casa del barrio Palihue recuerdo. Todo depende del clima, realmente es muy difícil que haya un verde absoluto”, sentenció.

Texto: Diego García.

El fin de semana circuló por Facebook un comunicado de la empresa Profertil dando cuenta de “una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco” que provocó un “fuerte ruido”, el cual se agregaba que las autoridades estaban “debidamente informadas”. Sin embargo, vecinxs whitenses se quejaron por la falta de comunicaciones a la población.

El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, César Pérez, aseguró en FM De la Calle que “es normal que eso suceda en estas plantas de proceso” y que no ameritaba difundirse desde la comuna. Además, se refirió a la multa que finalmente le impondría el Municipio a la empresa Dow por no informar oportunamente sobre la explosión e incendio registrada en una de sus plantas la semana pasada.

“El único comunicado que hemos recibido de Profertil es de ayer a la tarde en el cual nos comunicaban que estaban poniendo en marcha sus unidades”, sostuvo Pérez. En las redes sociales, la empresa había dicho el sábado: “A las 19 horas del día de hoy se produjo una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco. A raíz de esto se pudo percibir un fuerte ruido. En el curso de las acciones que a continuación se sucederán por esta parada imprevista de la planta podrá observarse mayor luminosidad en las antorchas de proceso y, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual en estas maniobras”.

“Son secuencias operativas y las mismas protecciones por proceso que por alguna causa han parado el equipo, el compresor, es normal que eso suceda en estas plantas de proceso”, afirmó el titular del CTE y agregó que “una falla puede determinarse que un instrumento detectó alguna variable fuera de lugar en el compresor, entonces, por seguridad automáticamente mandan a parar el compresor, eso es propio de todo lo que es el funcionamiento de esta máquina”.

En cuanto a la comunicación del episodio, que se limitó solo a la voluntad de la empresa en las redes sociales, Pérez comentó que “muchos de esos comunicados los recibimos nosotros vía el sistema de radio que tenemos con la empresa”. ¿No amerita que se lo comunique a la comunidad?, se le preguntó. “No, no”, respondió.

Luego de este mediodía, Profertil reportó a los medios por correo electrónico: “La compañía informa que, normalizada la situación que dio origen a la salida de servicio del Complejo, se han iniciado las maniobras de puesta en marcha de las unidades productivas de urea y amoniaco. Durante este proceso podrá observarse una mayor luminosidad en antorchas como así también, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas según lo acostumbrado en estos casos”.

Multa a Dow

Si bien en principio la Agencia Ambiental y el CTE descartaron infraccionar a Dow PBB Polisur por la explosión e incendio en una de sus plantas (foto), el viernes resolvieron enviar al Tribunal de Faltas una denuncia por incumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas.

“A través de todo lo que es la legislación nacional y provincial no teníamos ningún elemento para poderla sancionar. Sí después corroborando los datos y la secuencia de llamados en el Proceso APELL del Plan de Respuestas a Emergencias Tecnológicas (PRET) observamos que la empresa no había hecho un comunicado dentro de los treinta minutos como lo dice el Plan. Se le está imputando una falta por la ordenanza municipal 17.087”, dijo Pérez.

La empresa debió dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo el martes 3 en Dow dentro de los treinta minutos posteriores a la explosión a través de Radio Nacional. El Juzgado de Faltas podrá aplicarle una multa de entre cincuenta y cien sueldos municipales.

Por otra parte, el coordinador del CTE sostuvo que el PRET depende de tres componentes: “Las empresas, la comunidad en la cual están incluidos los equipos de respuesta, llámese Bomberos o Defensa Civil y la Municipalidad. Hay un protocolo en el cual iniciado el evento, si no lo categoriza la empresa en función de lo que puede estar sucediendo, se hace una primera categorización de un Nivel 1 y después se va viendo si es necesario o no aumentar de nivel”.

“El Proceso APELL tiene un coordinador que desde hace un año no ha sido nombrado, estando a cargo del CTE y por tener cierta relación con el proceso y por tener la guardia que son los primeros que están en la emergencia, transitoriamente estoy yo como coordinador y llevando adelante el desarrollo y las actividades de las tres comisiones que tiene el proceso”, relató.

En la explosión de Dow la categorización fue de Nivel 1 aunque se registraron tres heridos. “No teníamos certeza si había o no heridos, con lo cual estábamos en un Nivel 1. Cuando ya estaba todo controlado el fuego, ahí recién nos avisan que había una persona un poco aturdida por el ruido, nada más. Teniendo en cuenta eso, se evaluó junto con el director de Defensa Civil que no era necesario subir al Nivel 2. Sí después finalizado y dado por concluido el PRET, que fue alrededor de las 16:10, sí hubo dos personas que tenían algún golpe en la mano pero el evento ya había finalizado”.

El Nivel 2 hubiese implicado la conformación de un “comité móvil” integrado por representantes de Defensa Civil, Policía, Dow y el municipio “para seguir cuál es el avance del incidente hasta tanto finalice”.

Que la empresa haya informado tarde la existencia de heridos, para el titular del CTE, estaría dentro de la misma infracción elevada al Tribunal de Faltas aunque todavía “la comisión de Respuesta a Emergencia del Plan APELL” debe “determinar si todos los protocolos también se siguieron con respecto a los avisos”.

El arquitecto José Zingoni fue invitado en los últimos días a formar parte orgánica del gobierno municipal del intendente electo Héctor Gay. El ofrecimiento surgió por su labor en la elaboración del Plan Estratégico durante el gobierno de Jaime Linares. “Lo bueno que tiene esto es no hay un plan de gobierno sino un plan de ciudad”, dijo el presidente del GEN.

“El plan en su momento fue una herramienta novedosa, buscaba definir el horizonte de la ciudad de una manera muy participativa, nosotros trabajábamos en conjunto con distintas instituciones locales y privadas. En principio se realizaba un diagnostico participativo, luego un menú de programas y proyectos. Lo que se mezclaba son los aspectos técnico de desarrollo local como el metodológico empleado para llevar a cabo un plan”, explicó a FM De la Calle.

El arquitecto recordó problemáticas que continúan vigentes: “La cuestión de la contención de la periferia, el acceso de la gente a la tierra, estos temas han quedado de lado. El desarrollo portuario es una de las cosas más importantes para la ciudad y dio un giro importante. Fijate que el puerto crece hacia adentro, no hacia afuera. Uno de los fines del plan era trabajar para la comunidad”.

Añadió que “después del 2003 hay cosas que sobrevivieron del plan, como por ejemplo el tema de los ensanches de algunas calles. Lo que tenía que ver con el tránsito, los espacios públicos, los edificios históricos, todas estas cuestiones han quedado de lado”. Además, remarcó, “no se compró ni un metro de tierra para ampliar el actual relleno (sanitario), no hay ni un solo informe de cómo van las cosas en la temática de residuos”.

El plan contemplaba la problemática del agua en la ciudad. “Durante nuestro trabajo tomamos como fundamental los informes realizado en la Universidad del Sur. Hicimos una ponderación de varias opiniones, el mismo avance tecnológico en esta materia fue y son importantes. En la actualidad se ha desatendido la voz de los especialistas en esta materia”.

Con respecto al ofrecimiento del macrismo, Zingoni manifestó que “fue una propuesta generosa de parte de Gay. Yo estoy agradecido pero respondo a un sector político y no voy a cambiar. Mis deseos eran formar parte de un hipotético gabinete de Virginia Linares y no se dio. Desde hace tiempo que tengo en claro en qué lugar estoy y quiero estar. Políticamente es mi lugar”, sentenció.

El presidente del GEN aclaró que “sería bueno y necesario reflotar, renovarlo al Plan Estratégico. Estoy pensando con mi equipo de trabajo en ser un asesor externo del nuevo gobierno comunal, pero todavía no definimos”.

Sin inconvenientes, se llevaron a cabo los comicios para elegir representantes de estudiantes en distintos órganos de gobierno. La Junta Electoral informó los resultados provisorios de la elección.

Para el Consejo Superior, la Lista Unidad obtuvo 2.774 votos, y cinco cargos; Generación UNS, 2.522 y cuatro cargos; MNR Desafíos 518, sin cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda, 478 votos, sin cargo; Franja Morada, 282, sin cargos. Votos en blanco, 134.

Para la Asamblea Universitaria: Unidad 2.716 votos y 11 cargos; Generación UNS 2.539 y 10 cargos; MNR Desafíos 554 y dos cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda 480, un cargo; Franja Morada, 293, sin cargos. Votos en blanco: 134.

Fuente: Prensa UNS.

Una nueva Marcha del Orgullo se realizará este sábado a las 16 en Plaza Rivadavia para reivindicar la lucha por la libertad sexual y los derechos LGTBI “enfrentando la impunidad, la represión y la derecha ajustadora y machista que se viene”. Durante la jornada se recordará y demandará justicia por las víctimas del odio homolesbotransfóbico como Diana Sacayán y Alejandra Galicio.

“Mientras en la provincia no se aplica la Ley de Educación Sexual Integral, las compañeras trans siguen en su mayoría en situación de prostitución y con una expectativa de vida de menos de 40 años, y siguen muriendo mujeres en abortos clandestinos, Scioli (Que llama a Negre de Alonso -Abiertamente del Opus Dei- para integrar la Corte Suprema) y Macri siguen representando el programa de la derecha machista, pro-Bergoglio y antiabortista de más represión, más persecución y menos derechos. La igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida en este sistema de opresión y explotación”, asegura la convocatoria.

Por otra parte, “mientras grupos de choque que apoyan al intendente electo del Pro atacan y amenazan de muerte a activistas LGTBI y de izquierda en Mar del Plata, los mismos que atacaron junto con la policía a la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, en la provincia de Córdoba, en Salta, etc, siguen aplicándose códigos contravencionales que habilitan a la detención de personas LGTBI sólo por su identidad. Se suceden día a días los asesinatos de odio a compañeras trans. El más visible últimamente fue el de la activista Diana Sacayán, que denunciaba la complicidad del aparato represivo con el narco y luchaba por los derechos laborales de las personas trans”.

“En nuestra ciudad siguen falleciendo compañeras trans jóvenes y, mientras la iglesia y la policía se legitiman y ejercen su permanente violencia simbólica y física sobre las mujeres y la diversidad sexual, se cumplen 10 años del asesinato de Alejandra Galicio por ser travesti y nunca se investigó al respecto”.

Galicio tenía 33 años cuando el jueves 7 de abril de 2005 fue encontrada malherida en las cercanías de avenida Cerri al 900 en un sector de la desocupada edificación de la ex bodega Arizu lindante con las vías del ferrocarril. Ingresó al Hospital Municipal con traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, contusiones varias y traumatismos de rostro, además de la existencia de un hematoma cerebral, según concluyó una tomografía computada, pero su estado no le permitió en los días de agonía, prestar declaración testimonial. Murió a las 5:45 del día 11 de abril por la brutal golpiza recibida.

La Marcha del Orgullo fue organizada por la Comisión de la Mujer y LGTBI del CEHum con la adhesión de las siguientes agrupaciones: BíoCentro; Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas y Niños; Agrupación de mujeres Pan y Rosas; Acciones Feministas; DesBandadas; Agrupación universitaria Tesis XI; Puño y Letra; Cardumen; Colectivo Pueblo en Lucha; Partido de los Trabajadores Socialistas; Partido Comunista; La Fede de Watu; Diversidad y Liberación; y Juntas y a la Izquierda.

Escuchá al docente Facundo Martínez en diálogo con FM De la Calle:

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron esta tarde “con enorme alegría” que restituyeron la identidad al hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Ogando, nieto de Delia Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras del organismo de derechos humanos.

Virginia Ogando, hermana del nieto encontrado, también fue un actor clave en esta búsqueda. El 15 de agosto de 2011, la joven falleció, como una consecuencia más del terrorismo de Estado, pero su sangre albergada en el Banco Nacional de Datos Genéticos permitió determinar en un 99,99 por ciento el vínculo filiatorio.

“Delia recorrió toda la Argentina con el anhelo de encontrar a Martín y a los cientos de jóvenes apropiados por el terrorismo de Estado. Hace menos de un mes viajó a Europa para difundir la lucha de la Asociación en el exterior, con la esperanza de llegar a algún hombre o mujer con dudas sobre su identidad. Hoy, Delia se enteró de que su nieto vive fuera del país. La amplificación de esta búsqueda da resultados concretos: nuestros nietos pueden estar en cualquier lugar del mundo”, leyó Estela de Carlotto.

La presidenta de Abuelas agregó que “aún falta restituir la identidad de casi 400 hombres y mujeres. Ellos son presente, porque sólo con Memoria, Verdad y Justicia se puede construir un futuro democrático. Sus Abuelas, hermanos, tíos, primos y familiares necesitan saber qué pasó con ellos. Pero también, como sociedad, tenemos el deber de resolver su identidad, que es la identidad de nuestro pueblo”.

Stella Maris nació en La Plata el 3 de septiembre de 1949 y Jorge, el 28 de noviembre de 1947 en Tornquist, provincia de Buenos Aires. En 1973 nació su primera hija, Virginia. Ambos militaban en el PRT-ERP y el 16 de octubre de 1976 fueron secuestrados en su departamento por un grupo de tareas compuesto por militares y policías. Virginia quedó sola y una vecina se comunicó con Delia para avisarle lo que había ocurrido. Desde entonces, la Abuela se hizo cargo del cuidado de la niña, de apenas tres años.

Stella Maris estaba embarazada de ocho meses al momento del secuestro. Según testimonios de sobrevivientes, la pareja permaneció detenida en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, donde la joven, el 5 de diciembre de 1976, dio a luz a un niño al que llamó Martín. Luego del parto, fue llevada al “Pozo de Quilmes”.

Desde el momento de la desaparición, Delia emprendió la búsqueda de la pareja. Primero, en soledad; luego, junto a otras Madres que también habían sufrido la desaparición de sus hijos. En 1977, algunas de ellas advirtieron que además buscaban a los hijos de sus hijas o nueras embarazadas o a sus nietos secuestrados. Entonces, emprendieron juntas la búsqueda de esos niños y niñas. Recorrieron casas cuna, juzgados, comisarías e iglesias.Nieto-118-16-580x391

Delia fue una de estas doce mujeres fundadoras de lo que luego sería la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. De a poco, se fueron sumando muchas más para caminar codo a codo a lo largo de estos 38 años y crearon distintas estrategias para llegar tanto a jóvenes con dudas como a personas que pudieran aportar información sobre sus nietxs apropiadxs.

Entre 2006 y 2008, Abuelas recibió tres denuncias anónimas, por teléfono y por mail, en las que se planteaba que quien hoy sabemos es el nieto de Delia había sido inscripto como hijo propio de quienes decían ser sus padres. También, se indicaba que en su familia circulaba el rumor de que había nacido en un centro clandestino de detención.

El 30 de marzo de este año, este hombre se acercó a Abuelas con fuertes sospechas de ser hijo de desaparecidos. Luego de ser entrevistado por el área de Presentación Espontánea, la consulta siguió los carriles correspondientes y fue derivado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), donde comenzó la investigación documental.

Como el nieto vive desde hace 15 años en el exterior, la extracción de sangre se produjo a través del Consulado del país en el que reside, el 15 de mayo de este año. Gracias al trabajo mancomunado de distintas instituciones del Estado, la muestra llegó a la Argentina y fue recibida por la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, que la remitió a la CoNaDI. En junio, fue derivada al Banco Nacional de Datos Genéticos para efectivizar el estudio.

Esta mañana, el Banco informó finalmente a la CoNaDI que el joven es hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.

Fotos: Kaloian.

(Alfredo Grande) Siempre intento diferenciar, y casi siempre lo logro, entre crítica y reproche. La primera es una interpelación a una idea, una conducta, una decisión. Interpelar es el intento de colocar una alternativa, una diferencia, donde aparece lo único y lo idéntico. Aquellos que son adoradores de “lo único”, sea el pensamiento, el sentimiento, el dios, el partido, el líder, ven en la crítica un peligro letal. ¿Y si lo único fuera el resultado de haber exterminado lo diverso? Como dijera Gregorio Baremblitt, el Universo no es único: es un Poliverso.

En la infinitud choca todo intento de unificar, condensar, apelmazar, compactar. Lo infinito no es solamente el tiempo espacio. Lo infinito es también la lucha de clases, porque siempre habrá clases que luchan. Pero lucha no es matanza. Para la cultura represora, sí. Matanzas, exterminios, saqueos. Así luchan los cobardes, los soldados y oficiales de todos los imperios. El extremo límite de todo partido político es ser el único partido. Pocos pueden, pero todos lo intentan. La alternancia es apenas un pacto perverso para que haya dos “únicos” para que en su alternancia hagan el “Único”. O sea: el modo de producción capitalista. Donde consumo es despilfarro y donde la producción es explotación laboral, que algunos llaman productividad.

“No es buena idea dejarse morder por una serpiente

para averiguar si es venenosa.”

(Aforismo implicado A. G.)

El correlato de lo único como burro de batalla es la idolatría de El Estado. En singular y mayúsculas como debe ser. Ni siquiera podemos discutir qué estado, para quién el estado, qué nos da y qué nos quita el estado. Cuando el fundante no asoma a la superficie, todo lo que se discute no es lo que es importante discutir.

En los 60 y 70 luchábamos por diferentes “patrias”. La Patria Socialista llevó la peor parte. No sólo por ser arrasada, sino porque sigue cargando con la culpa histórica de la lucha armada. Pero fue la batalla de todas las batallas. No era fondo de pantalla. Era la pantalla. Con la compilación, edición y co-autoría de Vicente Zito Lema, Ediciones La Llamarada publicó “Trelew: una ardiente memoria”. Se presentó en “Barbecho”, centro cultural que coordina Oscar Mongiano. Vicente me pidió que hablara para hacer una semblanza de este libro necesario. Escribí uno de los capítulos, “Socialismo y Barbarie”.

Leer este libro nos ubica en el exacto tiempo y espacio que no podemos abandonar, porque nuestros hermanos nos preguntarán por qué los hemos abandonado. Olvidar nombres es también una forma del abandono que no acepto. “Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Alberto Carlos del Rey, Mario Emilio Delfino, Alfredo Elias Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Suarez, Humberto Adrian Toschi, Jorge Alejandro Ulla, Ana María Villareal de Santucho, Alberto Camps, Ricardo René Haidar, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna, Marcos Osatinsky, Roberto Jorge Quieto,Mario Roberto Santucho, Fernando Vaca Narvaja, Víctor Fernández Palmeiro, Mario Abel Amaya, Rodolfo Ortega Peña. Algunos pudieron fugar, otros fusilados en la base Almirante Zar, otros por la triple A, algunos por la dictadura genocida. En esas décadas, la crítica no era convencional, era fundante. Era crítica revolucionaria. Como toda crítica debiera ser. Y la cultura represora reprochaba y castigaba ese intento de crítica necesaria. Si es dolorosamente cierto lo que Marx señala que “el peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”, no es menos cierto que también oprimen el cerebro de los vivos las palabras nefastas de las derechas.

“En la cultura represora, sólo podemos elegir

entre el malo conocido y el malo por conocer”

(Aforismo implicado A. G.)

El ministro de trabajo Otero en pleno lopezreguismo decía de la Juventud Trabajadora Peronista: “de juventud tienen algo, de trabajadores poco y de peronistas nada”. El burócrata firmó la sentencia de muerte de esos jóvenes. A más de 40 años de esa heroica lucha, nuestras izquierdas, más separadas de lo conveniente, también tropiezan, aunque no siempre, con la tentación de ser la “única izquierda”.

La monogamia nunca es buena consejera y en política es suicida y homicida. Sectarismo, mesianismo, macartismo, iluminismo, personalismo, son la práctica permanente de todas las derechas. Pésimo camino para intentar la unión en las luchas. Hoy tenemos una militancia social libertaria y rebelde sin expresión partidaria. Los partidos parten. Algunos porque se van, otros porque dividen y a veces se dividen. La próxima final del Gran Torneo Electoral que algunos llaman balotaje, presenciará el cruce de anatemas entre los que votarán en blanco, los que no irán a votar, y los que votarán a Scioli en la fórmula de un hasta hace poco impensable Frente para la Derrota. Las izquierdas no votarán a Macri. Y en esto espero que la vida no me dé sorpresas. No se trata del remanido “cuanto peor, mejor”. Mucho menos de “cuanto mejor, peor”.

El laberinto del fraude hoy tiene su expresión en el balotaje. Hoy 80% del padrón / patrón electoral apoya a las derechas que supimos conseguir. Una serena crítica y auto crítica es necesaria. Cuando se disipen las nieblas de los festejos, los colectivos revolucionarios, autogestivos, libertarios deberemos reunirnos para seguir pensando/luchando es un escenario más parecido al parque jurásico que a un jardín botánico.

Cuando entre el dolor y la furia quedo paralizado, palabras escritas por Vicente Zito Lema me ayudan: “Un libro sobre el 22 de agosto en Trelew nos demanda seguir buscando el destino de nuestras luchas, aun de nuestras derrotas en los pliegues de la misma lucha. Sin tregua nos impulsa a no quedar atrapados por la melancolía que nos hiere, por la soledad que nos detiene, y nos hace rumiar las penas y justificarnos en los fracasos”.

En mi diálogo sin fin con Alberto el “Morla” querido, le digo que con ternura venceremos, porque con esa misma ternura lucharemos. Ternura entre compañeras y compañeros. Ternura es cuidar y cuidarnos. Héroes y mártires nos acompañan. Nunca más estaremos solos. Y el dolor y la furia también serán, aunque no sé cuando, algo que podremos olvidar.

La pintura pertenece a Marc Chagall.

 

Durante la tarde del 25 de noviembre, el tribunal oral subrogante de Bahía Blanca dará a conocer el veredicto del juicio contra 22 de los 25 represores que comenzaron a ser juzgados en julio de 2014 por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La fecha será antecedida por las audiencias de réplicas y dúplicas convocadas para el miércoles 11 y el jueves 12.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas públicas y privadas que ocuparon las últimas seis sesiones del debate oral. Los abogados solicitaron la absolución de los imputados que pertenecen a la Armada, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A casi cuatro décadas del inicio formal de la dictadura cívico militar, muchos serán lxs testigos, sobrevivientes y familiares que no podrán ver plasmado el histórico reclamo de juicio y castigo, al igual que no serán de la partida muchos de los responsables del terrorismo de Estado. En este caso, el ex contralmirante Manuel Jacinto García Tallado y el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli fueron apartados por problemas de salud y los ex capitanes de navío Domingo Ramón Negrete y Guillermo Félix Botto, como diría el psicoanalista Alfredo Grande, gozan de “la impunidad de los cementerios”.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani solicitaron penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los restantes. Además, pidieron que, como reparación integral a las víctimas, se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.

La revocación de la prisión domiciliaria de los acusados, los trabajos de prospección en el predio de la Séptima Batería “para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos” y la baja por exoneración y/o destitución de los represores fueron compartidas por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y la APDH. También por el abogado César Sivo, quien se diferenció al rechazar la tipificación de genocidio para los crímenes juzgados y calificarlos como delitos contra la humanidad.

Los genocidas llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios y, durante el debate, el tribunal aceptó ampliar la imputación por delitos sexuales contra 19 de ellos. “Las víctimas habían contado los abusos y las violaciones que sufrieron estando secuestradas y eso debía ser juzgado en este juicio”, aseguró entonces el fiscal José Nebbia. Los jueces destacaron la “interdependencia entre el cautiverio, las torturas y los abusos de índole sexual que se produjeron en un mismo lugar de detención respecto de la misma persona”.

Para comprender estos crímenes específicos en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, la “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”, alegó la querellante Mónica Fernández Avello.

Los abogados oficiales Marcos Marini y Gustavo Rodríguez y los particulares Mauricio Gutiérrez, Luis De Mira, Gerardo Ibáñez y Sebastián Olmedo Barrios coincidieron en el pedido de absolución de sus clientes.

Los días miércoles 11 y jueves 12 la Fiscalía tendrá la oportunidad de contestar varios planteos de nulidad realizados por las defensas y luego el tribunal escuchará las réplicas y dúplicas, previas a las últimas palabras de los represores y el veredicto de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava.

El banquillo

Los imputados de la Armada Argentina son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Edmundo Óscar Nuñez; Alberto Gerardo Pazos y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa y Leandro Marcelo Maloberti; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons.

Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala; el ex coronel Carlos Andrés Stricker, y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Raúl Artemio Domínguez y el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont.

Completan el banquillo los ex prefectos navales Francisco Manuel Martínez Loydi; Pedro Alberto Pila, y Néstor Alberto Nougues y Luis Ángel Bustos; el ex prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman.

(Por Comisión por la Memoria) Con mucha tristeza compartimos con ustedes la noticia del fallecimiento de nuestro querido Aldo Etchegoyen, presidente de la CPM, guía, amigo, compañero. A sus 87 años seguía militando, poniendo el cuerpo, su voz, sus ideas y su compromiso en cada causa que lo convocaba, ahí donde había una injusticia. Fue uno de los forjadores de la Comisión, su paso es nuestra huella, nuestro camino.

Ha sido un privilegio haberlo conocido, tenerlo de maestro, con esa humildad y sencillez de los grandes, capaz de jugarse entero por los otros, siempre, sin espera de otro reconocimiento que no sea aliviar el sufrimiento.

Aldo: el pastor, el obispo, el hombre de esa otra iglesia que se comprometió, que denunció y acompañó aún en los momentos más difíciles. Un incansable luchador por la vigencia de los derechos humanos y la defensa de la vida.

Ya en los años previos a la dictadura, desde la Iglesia Metodista, desarrolló una comprometida y sentida tarea militante contra las violencias desplegadas desde el estado, abriendo sus puertas para proteger a los perseguidos, a las víctimas, visitando a los presos políticos, sosteniendo a los familiares, ayudando a los exiliados chilenos. Y siempre siguió firme en sus convicciones: en el presente junto a los pueblos originarios, acompañándolos en cada reclamo, estando aquí y allá, sin tener en cuenta sus ochenta y tantos.

Fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y entre 1979 y 2001 fue obispo de la Iglesia Metodista y Presidente del Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe.

Deja en el movimiento de DDHH una huella imborrable y un legado profundo: su sensibilidad para escuchar y acompañar, su calidez humana, su claridad y convicciones, su fortaleza.

Lo despediremos en la primera Iglesia Metodista (Corrientes 718 CABA) a partir de las 18 hs y una ceremonia a las 20.

Acompañamos con un abrazo fuerte y fraternal a toda su familia.

Lo vamos a extrañar porque siempre nos daba un poco más, pero su ausencia será firme presencia, más que nunca.

Siempre en nuestras memorias, seguirá presente en la lucha.

La autopsia realizada al cuerpo del dirigente social chaqueño Ángel Verón confirmó que su muerte fue provocada por los golpes y castigos propinados por agentes y funcionarios de la policía provincial, quienes intervinieron el 24 de septiembre en la represión a un corte de ruta realizado por familias que reclamaban por el incumplimiento de la entrega de becas y herramientas para la autoconstrucción de viviendas.

“El informe preliminar de la autopsia antes de llegar al fiscal llegó a Casa de Gobierno. Desde allí conseguimos la información y dimos a conocer a la opinión pública y recién ayer el fiscal de Derechos Humanos dijo que llegó a la Fiscalía y lo estaban informatizando”, dijo a FM De la Calle el titular del Centro Mandela, Rolando Núñez, y agregó que “se hizo todo mal y cuando se hace todo mal tan sistemáticamente no obedece a errores, nuestra experiencia nos marca la posibilidad del encubrimiento”.

Verón falleció el 19 de octubre en la sala de terapia intensiva del Hospital Perrando, según sus compañeros del MTD No al Desalojo, “pese a que la perversidad humana y política del gobierno habría ordenado que lo mantuvieran artificialmente vivo hasta después de la elecciones presidenciales”.

La denuncia del crimen político fue inmediatamente desmentida por las autoridades provinciales y hasta por el jefe de gabinete nacional Aníbal Fernández, quien declaró que la muerte de había producido por una “septicemia”. “No sé qué responderle, porque es Aníbal Fernández. Este es un tema serio, lamento que se haya expresado en esos términos sin conocer absolutamente nada. Cuando lo dijo se estaban despejando las dudas y estábamos quebrando ese muro que estaban construyendo para que esto no se esclarezca”, aseguró Núñez.

El dirigente manifestó que “el procedimiento policial fue absolutamente ilegal de punta a punta. La crisis institucional es muy profunda acá y mientras tanto las cosas siguen pasando. Hoy la policía está actuando descabezada y viene de un fuerte proceso de desorganización signada por dos factores: violencia y corrupción. Mucha de la corrupción asociada al narcotráfico. Estamos en un severísimo problema y esto explica también los altos niveles de inseguridad que en este momento presenta la provincia de Chaco”.

La exhumación del cadáver de Ángel fue realizada el sábado 24 de octubre, a pesar de que María -esposa de Ángel- había solicitado a la justicia penal que se realizara la autopsia de sus restos antes de ser sepultado, como correspondía dado que su fallecimiento venía precedido de violencia policial. El fiscal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca no ordenó tal medida, vital para esclarecer la real causa de muerte a pesar de que María ya había efectuado una denuncia.

Según informó el Centro Mandela, el hospital Julio C. Perrando extendió un certificado de defunción atribuyendo la muerte de Ángel a “enfermedad”, en una clara estrategia de manipulación institucional para encubrir la violencia policial, la causa de la muerte y a brindar impunidad a los autores. La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, y el Comité Contra la Tortura fueron y son funcionales a la estrategia política de encubrimiento.

El poder político se mantuvo en silencio desde el 24 de septiembre, día de la represión. Nunca informó a la opinión pública sobre las circunstancias de los hechos de la violencia institucional que provocó la muerte de Ángel. Las dos únicas comunicaciones oficiales salieron de la oficina de prensa de la Jefatura de Policía del Chaco. Argumentaron que Ángel se autoinflingió una herida, que no se efectuó un procedimiento de desalojo, que el personal policial actuó de acuerdo a las normas legales y que Ángel falleció de enfermedad. El jefe de policía nunca reconoció que el operativo policial no contó ni estuvo avalado por ninguna orden judicial de la justicia chaqueña ni del juzgado federal de Resistencia.

“Es un gesto a destacar, porque entendíamos que es congruente con la calificación de idoneidad profesional de todos ellos y además porque ya estamos ante un traspaso y, en consecuencia, no vamos a nombrar funcionarios sino la cobertura interina de los cargos”, dijo el gobernador Jorge Capitanich al aceptar las renuncias de su ministro de Gobierno, Javier Oteo, del secretario de Seguridad, Marcelo Churin, y del jefe de Policía, Gustavo Peña. Este último fue reemplazado por el subjefe Ariel Acuña, firmante de la orden de desalojo que inició la represión que mató a Verón.