(Por Comisión por la Memoria) Con mucha tristeza compartimos con ustedes la noticia del fallecimiento de nuestro querido Aldo Etchegoyen, presidente de la CPM, guía, amigo, compañero. A sus 87 años seguía militando, poniendo el cuerpo, su voz, sus ideas y su compromiso en cada causa que lo convocaba, ahí donde había una injusticia. Fue uno de los forjadores de la Comisión, su paso es nuestra huella, nuestro camino.

Ha sido un privilegio haberlo conocido, tenerlo de maestro, con esa humildad y sencillez de los grandes, capaz de jugarse entero por los otros, siempre, sin espera de otro reconocimiento que no sea aliviar el sufrimiento.

Aldo: el pastor, el obispo, el hombre de esa otra iglesia que se comprometió, que denunció y acompañó aún en los momentos más difíciles. Un incansable luchador por la vigencia de los derechos humanos y la defensa de la vida.

Ya en los años previos a la dictadura, desde la Iglesia Metodista, desarrolló una comprometida y sentida tarea militante contra las violencias desplegadas desde el estado, abriendo sus puertas para proteger a los perseguidos, a las víctimas, visitando a los presos políticos, sosteniendo a los familiares, ayudando a los exiliados chilenos. Y siempre siguió firme en sus convicciones: en el presente junto a los pueblos originarios, acompañándolos en cada reclamo, estando aquí y allá, sin tener en cuenta sus ochenta y tantos.

Fue miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y entre 1979 y 2001 fue obispo de la Iglesia Metodista y Presidente del Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe.

Deja en el movimiento de DDHH una huella imborrable y un legado profundo: su sensibilidad para escuchar y acompañar, su calidez humana, su claridad y convicciones, su fortaleza.

Lo despediremos en la primera Iglesia Metodista (Corrientes 718 CABA) a partir de las 18 hs y una ceremonia a las 20.

Acompañamos con un abrazo fuerte y fraternal a toda su familia.

Lo vamos a extrañar porque siempre nos daba un poco más, pero su ausencia será firme presencia, más que nunca.

Siempre en nuestras memorias, seguirá presente en la lucha.

La autopsia realizada al cuerpo del dirigente social chaqueño Ángel Verón confirmó que su muerte fue provocada por los golpes y castigos propinados por agentes y funcionarios de la policía provincial, quienes intervinieron el 24 de septiembre en la represión a un corte de ruta realizado por familias que reclamaban por el incumplimiento de la entrega de becas y herramientas para la autoconstrucción de viviendas.

“El informe preliminar de la autopsia antes de llegar al fiscal llegó a Casa de Gobierno. Desde allí conseguimos la información y dimos a conocer a la opinión pública y recién ayer el fiscal de Derechos Humanos dijo que llegó a la Fiscalía y lo estaban informatizando”, dijo a FM De la Calle el titular del Centro Mandela, Rolando Núñez, y agregó que “se hizo todo mal y cuando se hace todo mal tan sistemáticamente no obedece a errores, nuestra experiencia nos marca la posibilidad del encubrimiento”.

Verón falleció el 19 de octubre en la sala de terapia intensiva del Hospital Perrando, según sus compañeros del MTD No al Desalojo, “pese a que la perversidad humana y política del gobierno habría ordenado que lo mantuvieran artificialmente vivo hasta después de la elecciones presidenciales”.

La denuncia del crimen político fue inmediatamente desmentida por las autoridades provinciales y hasta por el jefe de gabinete nacional Aníbal Fernández, quien declaró que la muerte de había producido por una “septicemia”. “No sé qué responderle, porque es Aníbal Fernández. Este es un tema serio, lamento que se haya expresado en esos términos sin conocer absolutamente nada. Cuando lo dijo se estaban despejando las dudas y estábamos quebrando ese muro que estaban construyendo para que esto no se esclarezca”, aseguró Núñez.

El dirigente manifestó que “el procedimiento policial fue absolutamente ilegal de punta a punta. La crisis institucional es muy profunda acá y mientras tanto las cosas siguen pasando. Hoy la policía está actuando descabezada y viene de un fuerte proceso de desorganización signada por dos factores: violencia y corrupción. Mucha de la corrupción asociada al narcotráfico. Estamos en un severísimo problema y esto explica también los altos niveles de inseguridad que en este momento presenta la provincia de Chaco”.

La exhumación del cadáver de Ángel fue realizada el sábado 24 de octubre, a pesar de que María -esposa de Ángel- había solicitado a la justicia penal que se realizara la autopsia de sus restos antes de ser sepultado, como correspondía dado que su fallecimiento venía precedido de violencia policial. El fiscal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca no ordenó tal medida, vital para esclarecer la real causa de muerte a pesar de que María ya había efectuado una denuncia.

Según informó el Centro Mandela, el hospital Julio C. Perrando extendió un certificado de defunción atribuyendo la muerte de Ángel a “enfermedad”, en una clara estrategia de manipulación institucional para encubrir la violencia policial, la causa de la muerte y a brindar impunidad a los autores. La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, y el Comité Contra la Tortura fueron y son funcionales a la estrategia política de encubrimiento.

El poder político se mantuvo en silencio desde el 24 de septiembre, día de la represión. Nunca informó a la opinión pública sobre las circunstancias de los hechos de la violencia institucional que provocó la muerte de Ángel. Las dos únicas comunicaciones oficiales salieron de la oficina de prensa de la Jefatura de Policía del Chaco. Argumentaron que Ángel se autoinflingió una herida, que no se efectuó un procedimiento de desalojo, que el personal policial actuó de acuerdo a las normas legales y que Ángel falleció de enfermedad. El jefe de policía nunca reconoció que el operativo policial no contó ni estuvo avalado por ninguna orden judicial de la justicia chaqueña ni del juzgado federal de Resistencia.

“Es un gesto a destacar, porque entendíamos que es congruente con la calificación de idoneidad profesional de todos ellos y además porque ya estamos ante un traspaso y, en consecuencia, no vamos a nombrar funcionarios sino la cobertura interina de los cargos”, dijo el gobernador Jorge Capitanich al aceptar las renuncias de su ministro de Gobierno, Javier Oteo, del secretario de Seguridad, Marcelo Churin, y del jefe de Policía, Gustavo Peña. Este último fue reemplazado por el subjefe Ariel Acuña, firmante de la orden de desalojo que inició la represión que mató a Verón.

(Alfredo Grande) Escribí 3 artículos titulados: “Corporación Republicana :la democrática” . Mi enamoramiento con las formas y modos burgueses de la democracia duró lo que duran dos cubos de hielo en un whisky on the rocks, al decir de Joaquín Sabina. Quizá en la primavera alfonsinista. Un oasis de agua en el atroz desierto de las restituciones, las caricaturas, las traiciones y las cipayadas.

Así no es la vida, pero la vida obviamente es de diferentes maneras. Felices aquellos que eligen desde y con el amor. Los que viven para hacer lo que quieren. Los ricos de espíritu que habitualmente tienen pobre su cuerpo. La década de los 90 llegó para quedarse así como la década de los 60 llegó para ser arrasada. El sida viral, cultural, vincular y político logró más que el terror y el espanto que los genocidas marcaron.

Una inmunodeficiencia nos convirtió en posibilistas, temerosos del mercado, de dios y del dios mercado. Resignados a la bancarización de la vida y al consumismo de lo inútil y al no consumo de lo necesario. A la banalidad del bien de la democracia, casta en su origen pero prostituida en su destino. Nos lavamos las manos en las aguas potables o contaminadas de las urnas. Los rituales del eterno retorno a la inercia de una república sometida a la cosa privada de los dueños de tierras, aguas y cielos. Llegamos con el caballo cansado, la montura desvencijada y las coyunturas quebradas.

“En una cultura represora votamos el mal menor.

En una cultura no represora votamos el bien mayor”

(Aforismo implicado A. G.)

El faraónico costo de la publicidad de los candidatos deviene inversión para ellos pero costo brutal para los pueblos que vía impuestos al consumo, sostienen el aparato burocrático estatal del cual están excluidos. Como la inclusión bien entendida empieza por casa, nombro en cada rincón del estado a familiares y amigos. La familia patriarcal deviene principal. Y no solamente la familia judicial, ya que familias sobran. Militar, clerical, empresarial, provincial. Familias nacionales y familias internacionales. Los derechos humanos son defendidos en cada generación. Los privilegios se heredan. Y por varias generaciones.

Diferentes sumas del poder público convierten a muchas dinastías en “infames traidores a la patria”, según reza (es un eufemismo) nuestra carta magna. Claro que en los tiempos del mail, instagram, twitter y facebook, las cartas por más magnas que sean, poco se leen. Y menos se recuerdan. Por eso los 30 años y más de democracia, los he pensado entre el dolor y la furia. Y pocas veces, demasiado pocas, entre el amor y la alegría. Escribí alguna vez que sólo saben los que luchan. Y sólo vale el amor y la alegría entre los que luchan contra todas las formas de la cultura represora.

El domingo a la noche estaba en la ciudad de Viedma para la capacitación que lunes y martes daba en la delegación de la UNTER, el sindicato de docentes de Río Negro. Amada organización. Nos reunimos con varios compañeros y compañeras para cenar mientras los resultados electorales iban impidiendo digerir los alimentos y las noticias. Como dijo el general, peronistas son todos. Y yo sin serlo no pude ni quise dejar de sentir como peronista en ese momento que la honesta militancia estaba siendo agredida y frustrada una vez más.

Mi alegría por la derrota de Aníbal Fernández no pudo compensar mi desazón por la forma en que se llegaba al balotaje. Dije y escribí que lo mejor era que el candidato del FPV no ganara en primera vuelta. La suma del poder público más la suma del poder privado es demasiado suma. Pero la forma en que se llegaba a segunda vuelta más que vuelta era una voltereta de la historia. El infierno más temido, y eso que tenemos muchos infiernos para temer, estaba golpeando la puerta de nuestras casas. El candidato del oficialismo era políticamente derrotado, vapuleado, azotado por la rancia derecha de paladar blanco. Y colmillos afilados.

Scioli, inventado por Menem y luego reciclado por Néstor como vicepresidente primero, y doble gobernador después, llegó como caballo de comisario, pero entró como un caballo en los manejos del comisario. O comisaria. Los mismos que lo apoyaban, lo denostaban. Ya no era tragarse un sapo, o varios. Ya era una aceptación servil, resignada, cobarde, a una determinación unipersonal que ni siquiera toleró las PASO que el mismo gobierno nacional había inventado. Mal PASO y peor caída.

El peronismo sostiene su ritual de hacer todo por la mitad, o menos de la mitad, plastificar y encerar los caminos a la derecha, incluso la derecha criminal, y luego ensayar discursos justificatorios y culpógenos. Hacen buches y gárgaras con la palabra traición. Obviamente, los traidores son los otros y las otras y siempre están dispuestos a tirar la primera, la segunda y la última piedra.

“Todos unidos nunca triunfaremos.

Porque en la unidad anida la serpiente y están sus huevos.”

(Aforismo implicado A. G. )

Han creado el peor de los escenarios posibles. La amenaza fascista está a cientos de kilómetros de la tierra, pero cual meteorito se acerca con una inscripción que dice: “va a estar buena la argentina”. El kirchnerismo armó la trampa. No hay forma de medir la “derechemia” en sangre. En ambos contendientes los valores son altos. Demasiados altos. Pero lo único que puede subvertir un texto es el contexto. Dime quién te apoya y te diré quién eres. Dime quién te paga, y te diré quién eres. Dime quién te sufre, y te diré quién eres. Entonces creo que hay que dinamitar el sistema de voto secreto y obligatorio. Que la boca de urna deje de ser los primeros auxilios, la respiración boca a boca para los que quieren llegar a la playa después de tragar aguas servidas. Entre esos tipos y yo hay algo personal e institucional.

Kirchner fue electo por la furia de los anti Menem, sin tener que salir de boxes. Las andanzas en el sur eran desconocidas en las pampas y en las orgullosas ciudades de los opulentos puertos. Se levantó y andó. Y durante 12 años siguió andando y fue creando a todos sus enemigos. Hasta llegar en el tiro del final, que parece que ahora si va salir, a crear al mejor peor enemigo. Una astilla del mismo palo. En la actualidad, Scioli parece más un candidato de la oposición que del oficialismo. Pero sin tener ningún as en la manga, sabe que a nadie le interesa esperar que el meteorito llegue a tierra.

El sistema de voto secreto devino clandestino. Hay personas que no dicen a quién votan, ni siquiera después. Obligatorio consagra la democracia por mandato. O sea: parodia de parodias. No haber institucionalizado la revocación de mandatos o el plebiscito vinculante, hacen de los pueblos meros espectadores de las comedias y tragedias de las actrices y actores principales y de reparto. No participar del circo me parece meritorio. O sea: no votar. Porque votar es un derecho, pero no tendría que ser un deber.

Votar o no votar. Pero gritar que nunca más el fascismo, aunque el meteorito todavía esté lejos, pueda arrasar la tierra de mis hermanos, mis combatientes desaparecidos, torturados y masacrados. Combatir la más cruel y letal expresión de la cultura represora es necesario. Malcom X dijo: “Normalmente, cuando las personas están tristes no hacen nada. Sólo lloran sobre su condición. Pero cuando están enfadados, provocan el cambio” .

Yo grito furioso. Con la furia del negro que encadenado odiaba al secuestrador y destructor de su familia. Furioso contra el fascismo de consorcio que pretende encadenar a los pueblos. Fascismo nunca más. Entonces quizá sienta un poco menos de dolor, aunque por años y años seguiré sintiendo la misma furia.

El Suteba Bahía Blanca presentó este martes el informe “Educación Pública: los números de la crisis” en el cual se manifiesta que “en el transcurso de estos ocho años, lejos de cumplir con la promesa de la ‘recuperación de lo público’ el gobierno privilegió el desarrollo de la educación privada a través de subsidios discrecionales y le otorgó el status de ‘pública de gestión privada'”. En este artículo ofrecemos una entrevista con la subsecretaria de Educación gremial, Monserrat Gayone, y otra con la postura del jefe Distrital Santiago del Santo.

Para el sindicato, “el sostenimiento del sistema privado y la continuidad de la transferencia de responsabilidades a los presupuestos provinciales, junto a la Emergencia Económica son el corsé que impide materialmente el crecimiento de la educación pública estatal. El congelamiento presupuestario afecta tanto el cobro de los salarios docentes y auxiliares como la creación de nuevos cargos, el pago a los proveedores, la creación de nuevas escuelas y jardines y la refacción y/o mantenimiento de las existentes”.

Gayone subrayó en el documento que “luego de casi una década de obligatoriedad del nivel inicial, este no creció sustancialmente. Para que ingresen más alumnos de cuatro y cinco años, quedan afuera los de tres. Si no pueden concurrir a privado se inscriben condicionales, a la espera de vacantes. Así es que se registran sólo 497 niños más que en 2007, quedando este año 733 como condicionales”.

En el caso de la escuela primaria se registró una pérdida de 400 alumnxs cuyo “destino más probable” fueron las instituciones privadas. “Se evidencia también una dinámica de la matrícula desde las escuelas periféricas hacia las más céntricas y de éstas a las escuelas privadas. De esta manera se sigue trasladando la creciente fragmentación social al sistema educativo”.

Al analizar la educación especial, la dirigente del Suteba destacó que “comparando los datos de 2007 y 2015 se contabiliza una baja de 194 alumnos. El nuevo paradigma ‘social’ que desalienta la derivación de alumnos con necesidades educativas especiales y la inclusión como estrategia universal está a la base de la baja de matrícula en el sector”.

El informe desarrolla el caso de la Escuela 509 y concluye que “la falta de espacio, la demorada creación de cargos y la carencia de recursos, por los que hace años reclama la escuela y su comunidad educativa, perjudica a los niños y jóvenes con discapacidad, más allá de la promesa incumplida por el Estado de la ampliación de derechos”.

Finalmente, desde el gremio se sostuvo que en el nivel secundario, a pesar de su obligatoriedad, se registró una pérdida de 4161 pibas y pibes entre 2007 y 2015. Sobre sus causas, se planteó la hipótesis de que parte de la matrícula haya pasado al sector privado y otro tanto haya optado por el plan FINES o proyectos de terminalidad similares. “La educación secundaria es el nivel con mayores problemas de infraestructura que se arrastran desde la reforma de los 90 -transferencia de escuelas de Nación a provincia-, creación precaria de secundarias en edificios de primaria, falta de obras de reparación y mantenimiento de los edificios de las escuelas Medias y Técnicas preexistentes. Un rasgo muy significativo del período es la fragmentación curricular profundizando la ruptura del nivel con el conocimiento disciplinar”.

educacionEl jefe distrital de Educación, Santiago del Santo, coincidió con los datos publicados por Suteba pero no “con la interpretación que se hace” de los mismos. Acordó además en el rechazo a “los resultados nefastos para los derechos de las personas” que trae el neoliberalismo y criticó la falta de diálogo y colaboración por parte del gremio para “construir y sacar adelante las cuestiones del Estado que son responsabilidad de todos”.

Respecto a la variación de la matrícula planteó analizar cuáles son las variables que intervienen: “Los compañeros de los gremios han suspendido 71 días de clases en el año 2014 y 36 días de clase -38 solamente el Suteba- en el 2015. Entonces, pararnos en la vida cotidiana de las familias, yo como papá, y seguramente las cuestiones de infraestructura van a incidir, hemos hecho mucho pero falta muchísimo por hacer (…) pero creo que pesa mucho, mucho, muchísimo más, además de este análisis de políticas ideológicas profunda, que no tengan clases”.

“Ninguna acción mía va en contra de la educación de gestión privada, es parte de la educación pública porque en el mismo lugar, en el mismo artículo de la Constitución Nacional donde está consagrado el derecho a aprender, también está el derecho a enseñar”, aseveró.

Sobre la baja en la matrícula del nivel inicial el funcionario aseguró que en la comparación entre los últimos dos años no se registraban menos alumnxs sino la misma cantidad -tomando a lxs chicxs de cinco como caso testigo-. “Apareció un dato significativo que eran 200 chicos más en privada, la explicación se dio en algunos colegios privados de Bahía Blanca que abrieron su jardín, por ejemplo el Don Bosco y otros lugares que abrieron mayor cantidad de salitas. Ahora, la meseta de por qué se mantenía la misma cantidad de chicos era algo que no le encontrábamos explicación y lo logramos viendo la tasa de natalidad. Afirmamos exactamente lo mismo que el Suteba, (aunque) pensamos que las causas son múltiples y no solo una”.

Del Santo informó que hay cuatro jardines por construir para atender la demanda de las salas obligatorias, dos edificios están en obra y los restantes pendientes por falta de terrenos propios. Más adelante se refirió a la sobredemanda de matrícula en sectores que han incrementado su población, las obras financiadas por el Fondo Educativo y la falta de cargos y otras problemáticas de la Escuela Especial 509.

“El presupuesto de la educación en la provincia de Buenos Aires se lleva el 33% del presupuesto oficial y de ese 33 el 98% se aplica a sueldos. Entonces, en ese volumen de dinero estamos gestionando para que las cosas vayan donde tienen que ir”, afirmó el jefe distrital.

El juez federal Alejo Ramos Padilla desestimó la denuncia que había realizado el camarista suspendido Néstor Montezanti ante una fiscalía provincial, por medio de la cual un policía bonaerense se infiltró en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para investigar una pegatina de afiches. Además, respondiendo a otro pedido del fiscal José Nebbia, el magistrado ordenó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.

Montezanti había realizado una demanda por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen del camarista luciendo una gorra militar.

La causa había sido iniciada en el fuero ordinario por impulso del propio abogado en noviembre de 2014 y pasó al fuero federal por incompetencia. En esa denuncia, el ex Personal Civil de Inteligencia durante el terrorismo de Estado había imputado el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani, a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria “cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes”.

En el marco de esa denuncia, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado “tareas de investigación” que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. El uniformado “llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente” (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que “aun así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad” (sic).

El fiscal Nebbia había desestimado el planteo de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que “las tareas de inteligencia” en la UNS son “una verdadera locura”, porque “lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

El juez federal resolvió en el mismo sentido señalando que “ninguno de los hechos imputados en este legajo ha reunido las exigencias típicas requeridas por los tipos penales objeto de estudio, no logrando en ninguno de los casos atravesar el umbral de la tipicidad, deviniendo indefectiblemente en la atipicidad de las conductas endilgadas”.

Además, en relación con el pedido de investigación sobre la violación a la ley de inteligencia nacional, Ramos Padilla precisó que “dado que los hechos descriptos son expresamente contrarios a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos los cuales generan responsabilidad para el Estado Argentino, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal, por ello, extráigase testimonio de la presente causa, fórmese causa penal y deléguese la instrucción al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Fuente: Fiscales.gob.ar

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur devolvió ayer las actuaciones del Tribunal Académico que juzgó a la docente Gloria Girotti, ex secretaria del Juzgado Federal Nº1 durante el terrorismo de Estado imputada por crímenes de lesa humanidad. En su dictamen, el jurado propuso “mantener abierto el juicio académico” y aconsejó “analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.

Girotti asistió al juez muerto impune Guillermo Federico Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 desde donde tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos hábeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Para la ex consejera Telma Alonso “el tribunal está confundiendo las cosas (…) no entiendo por qué estuvo dos años dando vueltas con el tema y no resolvió nada. Dice ‘el Consejo debería tomar alguna medida cautelar’. Los que tienen que tomar la resolución son ellos, tiene que absolverla, suspenderla o separarla del cargo. Corresponde que se expida taxativamente sobre qué opina”.

El consejero por la Lista Azul No Docentes Roberto Cimatti fue el miembro informante del proyecto aprobado y repasó el recorrido del expediente abierto casi cuatro años atrás. Ahora el Tribunal deberá dictar sentencia en un plazo de veinte días hábiles.

DSCN9663 (2)El pedido de juicio académico fue solicitado a mediados de noviembre de 2011 con el respaldo de 59 miembros de la comunidad universitaria y recibió el aval del Departamento de Derecho en marzo del año siguiente. Girotti recurrió la decisión de sus colegas y el Consejo Superior rechazó su planteo permitiendo que en junio de 2012 se sorteen los jurados entre una lista de profesores eméritos o consultos quienes recién se constituyeron en octubre.

En marzo de 2013 la acusada hizo su descargo. Un mes después renunció un integrante del tribunal y fue reemplazado en mayo por otro futuro renunciante. En agosto el jurado quedó nuevamente listo aunque recién reanudó sus reuniones en septiembre para solicitar información a la justicia sobre las causas penales en las que Girotti está imputada. La documentación fue recibida en marzo de 2014 y doce meses después el jurado requirió a la Dirección General de Personal de la UNS sobre la situación laboral de la docente.

Luego de este riguroso trayecto burocrático, el mes pasado estamparon sus firmas en el dictamen final simplemente proponiendo “mantener abierto el juicio académico”.

La resolución que ayer llegó al plenario del Consejo con el acuerdo de lxs consejeros Cimatti, Julieta Gutiérrez y Gonzalo Rodríguez (Unidad), Brenda Russo (MNR Desafíos), Guido Beltrami (Generación UNS) y el decano de Medicina Pedro Silberman, propuso devolver las actuaciones al Tribunal Académico para que dicte sentencia en los próximos veinte días hábiles.

DSCN9645 (2)En su argumentación recuerdan que el Reglamento de Juicios Académicos establece que el tribunal “deberá pronunciar sentencia (…) la que debe contener una recensión de lo sustancial de la causa, el planteamiento de las cuestiones surgidas, un análisis razonado y pormenorizado de los elementos de ella considerados conducentes para la solución del caso juzgado, efectuado conforme a las reglas de la sana crítica, y unas conclusiones en las que se indicará claramente si el imputado debe ser absuelto, suspendido o separado”.

El director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que “lo resuelto por el Tribunal Académico no es, en términos jurídicos, un fallo” sino la suspensión del procedimiento y que esto no es una opción prevista en las normas.

A su vez, la iniciativa advierte que “no es óbice para tal pronunciamiento la inexistencia de una sentencia definitiva en sede penal, pues lo que juzga el Tribunal Universitario no son necesariamente la comisión de delitos (…) sino el reproche ético de conductas que vulneran el Estatuto de la UNS”. El jurado tuvo en cuenta “el carácter ético” de la instancia aunque eludió su responsabilidad y sugirió que “resultaría aconsejable analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.

La ex consejera y dirigente de ADUNS Telma Alonso recordó durante la sesión que Gloria Girotti, como secretaria del juez Madueño, “firmó la negativa a muchos habeas corpus de gente que estuvo detenida desaparecida y que después se demostró que evidentemente lo estaba y el Juzgado no hizo absolutamente nada para tratar de determinar si realmente era sí o no”.

DSCN9640 (2)La docente mencionó el testimonio en indagatoria del represor Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta, quien declaró que “muchos de los detenidos estaban con los ojos vendados y algunos engrillados. Cuando el juez le pregunta por qué él no hace la denuncia dijo: ¿Y por qué voy a hacer la denuncia si la dra. Girotti estaba presente, si ella veía lo mismo que yo estaba viendo?”.

“Me da la impresión de que lo que está pidiendo la comunidad universitaria, representada a través de estos miembros que presentan el juicio académico, es que se analice la conducta ética de Gloria Girotti, no la cuestión judicial. (…) Está demostrado que firmó los habeas corpus, que fue secretaria de Madueño -que murió preso por delitos de lesa humanidad-, que fue nombrada por un represor que dice que estaba presente cuando se le tomaba declaración a los detenidos desaparecidos.

“¿Esa persona tuvo un comportamiento ético compatible con su calidad de docente? ¿Puede estar formando a nuestros alumnos de derecho? Esa es la pregunta. No si tiene que estar presa o no”, aseguró Alonso y planteó que incluso el fallo es perjudicial para la acusada: “Gloria Girotti tiene un pedido de juicio académico, hay un tribunal que debe decir si es merecedora de ello, pero no tiene que tener la espada de Damocles en forma indefinida”.

Guillermo Lucanera de la Lista Blanca aseguró que “filosóficamente, teóricamente, estoy de acuerdo con lo que se pide pero tengo mis enormes reservas en relación al resultado de esta resolución. Son las que me van a llevar a abstenerme de votarlo porque no quiero votar en contra”.

“Este es un tema muy sensible para toda la universidad. Hemos designado un jurado que tiene que evaluar y realizar una sentencia hacia la persona en cuestión y la potestad de decidir o no sobre el trascurso de esta sentencia es por parte del tribunal y no del Consejo Superior”, opinó Guido Beltramini, representante del alumnado por Generación UNS.

Finalmente el cuerpo aprobó la devolución de las actuaciones al Tribunal Académico con una abstención y la exclusión de Javier Orozco de Línea PHI quien fue firmante de la solicitud del juicio.

La titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, procesó a un hombre, a quien además le impuso prisión preventiva, y a una mujer acusados de haber engañado y trasladado con fines de explotación sexual a al menos tres personas trans en un privado.

Se trata de una pareja acusada de captar mujeres transexuales extranjeras en situación de vulnerabilidad, llevarlas al lugar donde ellos vivían y obligarlas a prostituirse. Además de ser el propietario del lugar, el imputado habría sido el el encargado de retenerles el 50% de las ganancias de los “pases” realizados por las víctimas.

La causa estuvo a cargo del fiscal Antonio Castaño, quien subrogaba la Fiscalía Federal N°2 de la ciudad bonaerense, hasta julio de este año cuando José Nebbia fue puesto a cargo de esa dependencia del Ministerio Público.

La investigación había comenzado en febrero, cuando una de las víctimas denunció que una de las imputadas le había ofrecido viajar a Bahía Blanca para alojarse en su domicilio y prostituirse a cambio se conseguir dinero para acceder a prótesis mamarias. Además, indicó que los acusados se hicieron cargo del pasaje y que, una vez en el lugar, le retuvieron la cédula de identidad y que le retenían el 50% del valor de los “pases”.

Durante la pesquisa, se estableció que en las inmediaciones del domicilio, personas del colectivo trans ofrecían “servicios sexuales” e ingresaban al prostíbulo. Asimismo, se determinó que el propietario del lugar sería el hombre procesado con prisión preventiva y que era el encargado del lugar y de retener la recaudación.

El 4 de octubre pasado, se realizaron cuatro allanamientos de manera simultánea en el privado de Bahía Blanca, en un cabaret y en otras dos propiedades, ubicadas en la ciudad Ingeniero White, a pocos kilómetros. Durante los procedimientos, se rescataron nueve personas.

Fuente: Fiscales.gob.ar

El juez José Luis Ares ordenó desmantelar la antena de telefonía celular 4G instalada en Agustín Álvarez y Rizzo. Fue en el marco del amparo presentado por la Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca contra Telefónica Móviles Argentina S.A., la Municipalidad y el Club de Equitación. Deberá ser en el plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento.

El magistrado remitió la causa a la Fiscalía para investigar al intendente Gustavo Bevilacqua y los titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Hay certeza científica acerca de la peligrosidad que acarrea la antena en cuestión, por lo que el principio preventivo exige tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud de los potenciales afectados y el derecho a un ambiente sano. Pero a mayor abundamiento, destaco que incluso en caso que la apreciación o convicción respecto de ese peligro fuera dudosa, sería imprescindible tomar la misma decisión por aplicación del principio precautorio que rige en materia ambiental”, aseguró el juez correccional.

Ares dejó sin efecto el certificado de prefactibilidad y el permiso otorgado por la comuna para “instalar y hacer funcionar la antena en cuestión, y ordenar que se cumpla la Ordenanza Municipal 17130 y declarar la inhabilitación para la emisión de señal o radiación alguna a través de dicha antena en dicha ubicación, para lo cual se comunicará esta decisión al organismo controlador, OPDS”.

“Comenzamos con una fuerte convicción y mucha valentía. Se conformó la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca como una muestra de nuestra solidaridad, no queriendo que nuestro problema se traslade a otro barrio tal como nos propuso el intendente Bevilacqua, de sacarla de nuestro barrio e instalarla en otro. Quisimos en cambio trabajar para solucionar un problema que tiene solución, con compromiso político e inversión económica, colocando las antenas fuera del ejido urbano e instalando la tecnología adecuada para que la señal llegue a nuestros teléfonos en bajos niveles de emisión que no perjudiquen la salud y a los seres vivos”, dijeron lxs vecinxs denunciantes en Facebook.

La relocalización de la antena deberá realizarse tras una evaluación de impacto ambiental y el cumplimiento de la mencionada ordenanza en sector “fuera de la planta urbana y alejado de los centros de reunión”. El Club de Equitación deberá abstenerse “de colocar en su predio por sí o a través de terceros antenas de telefonía celular que emitan ondas electromagnéticas” en violación a la normativa local.

“La ordenanza fue sancionada por la presión de los organismos y de la gente, estuvo cajoneada en el Concejo Deliberante y no la quisieron aplicar. Cuando quisieron, le introdujeron modificaciones para tener ellos una parte del control y poder tener la cometa, lo único que les importa acá es el diezmo, el quince por ciento que manotean”, aseguró el abogado de la ONG Leandro Aparicio en relación a los funcionarios municipales.

Si bien el fallo es apelable, el letrado explicó que “la concesión del recurso es con efecto devolutivo” y no suspensivo, por lo tanto, la empresa deberá proceder a quitar la antena hasta tanto termine definitivamente la causa.

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El concejal del Encuentro Amplio Raúl Ayude terminará su mandato en diciembre de este año. Fue co fundador del Frente Integración Ciudadana. Hace pocos meses se alejó de esta fuerza por diferencias políticas. El referente de la centro izquierda analiza en esta entrevista realizada durante el programa Tarde Piaste de FM De la Calle los resultados electorales, la situación política de la ciudad, el balance de su experiencia política frentista y las perspectivas del espacio político del que es referencia.

En la ciudad de Bahía Blanca los resultados del escrutinio dieron la victoria electoral al referente de Cambiemos, Héctor Gay, con un 43.58%. En segundo término se ubicó el legislador del FpV Marcelo Feliú, quién alcanzó el 35.30% de los votos positivos. El reciente referente local de UNA Hernán González Bécares obtuvo un 9.30%. La propuesta de Progresistas encabezada por Raúl Woscoff no alcanzó los votos suficientes para que ingrese un edil por dicha fuerza tras obtener un 7.30%. El FIT logró un 4.45%, resultado con el cual tampoco logra entrar al cuerpo deliberativo.

De esta forma, serán 12 los nuevos legisladores locales en el Honorable Concejo Deliberante. Laura Biondini, Constanza Rivas Godio, Fernando Compagnoni, Tomás Marsico, María Soledad Pisani y José Santomássimo lo harán por Cambiemos (6 bancas). Maximiliano Nuñez, Pablo Rosenfelt, Paola Ariente, Ezequiel Gimeno y Betiana Gerardi serán ediles por el FpV (5 bancas). El actual jefe de gabinete municipal Roberto Ércoli lo hará por UNA (1 banca).

Los referentes de cada espacio se pronunciaron luego del resultado electoral.





Foto: Pablo Romera

El colectivo de Antena Negra TV festeja por estas horas el sobreseimiento de uno de sus integrantes, quien había sido imputado por el delito de interferencia en la comunicación tras un violento allanamiento del canal por parte de la Policía Federal.

“Como grupo estamos más tranquilos de que no tenemos un compañero puesto en peligro de estar penalizado por una causa judicial sino que además nos tranquiliza como medio de comunicación porque el hecho de que se pudiera llevar al fuero penal a una persona por comunicar era bastante significativo y preocupante”, dijo Malena a FM De la Calle.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi falló en contra de la empresa PROSEGUR y determinó que Martín Sande había sido erróneamente acusado. “El hecho investigado no encuadra en una figura legal”, dicta el fallo. Ocurre que faltan elementos, como el dolo, para que se configure el tipo penal en cuestión cuya expectativa de pena es de seis meses a dos años de prisión.

Malena afirmó que “se habla mucho de la pluralidad de voces y demás y que suceda esto hubiera sido muy preocupante para la situación futura de nuestros medios de comunicación”.

“No corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión vinculada al derecho que en definitiva le asiste o no a la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda. y/o a la empresa General Industries Argentina S.A. de utilizar esa porción de espectro, ya que ello corresponde ser planteado en la órbita administrativa pertinente, so riesgo de intervenir el suscripto en competencias ajenas que exceden ampliamente las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional para su tratamiento“, concluye el magistrado.

Desde el canal comunitario afirmaron que “quedó demostrado que Antena Negra TV afrontó una causa donde nunca existió el delito. PROSEGUR y la Policía Federal llevaron adelante un proceso legal que derivó en el secuestro de equipos y destrozos en el canal. Antena Negra fue dejada sin aire el 4 de septiembre por un delito que nunca cometió. Desde ese momento la transmisión se fue a la calle y logró la resolución favorable del conflicto”.

Días atrás el partido GEN presentó el Informe sobre desempleo en Bahía Blanca para grupos vulnerables y un plan de equidad laboral de género para lograr la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. “Queremos ver qué nos está pasando en Bahía Blanca para ver cómo revertirlo”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional Virginia Linares.

Agregó que como entienden que el observatorio debería ser gubernamental, le propuso al intendente Gustavo Bevilacqua que la tarea sea encarada por el municipio pero “no mostró interés”. Según la legisladora, “nos pasa en Bahía Blanca lo que nos pasa en todo el país, la gran vulnerabilidad que hay con los jóvenes y con las mujeres”.

Justamente sobre las trabajadoras se enfoca esta edición del informe que, de entrada, destaca que “uno de los aspectos centrales de la situación de las mujeres frente al trabajo está dado por la doble responsabilidad -hogar y trabajo- que viven aquellas que desean trabajar y a las que se les plantean una serie de conflictos entre su desarrollo personal y su desempeño laboral, que se presentan frecuentemente como incompatibles”.

La diputada adelantó que presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto para crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres que deberá integrarse con representantes de las áreas comunales de empleo y políticas sociales, del empresariado y los sindicatos.

En particular, también propondrán un ingreso igualitario al plantel de las Sapem Ambiental y de Transporte, sobre todo en esta última, descartando que “tienen las condiciones mínimas para manejar un colectivo tanto varones como mujeres”.

El estudio manifiesta que “el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar –incluyendo quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de niños, personas enfermas y ancianos- es del doble al triple del dedicado por los hombres”.

Citando al Consejo Nacional de las Mujeres, menciona que aún se mantiene “un conjunto reducido de ocupaciones que se definen como típicamente femeninas en términos culturales.   Las mujeres trabajan, fundamentalmente como maestras y profesoras, enfermeras, secretarias, dactilógrafas, empleadas de oficina y vendedoras de comercio, peluqueras y afines”.

familias“En Bahía Blanca, al igual que en otros centros urbanos del país y de América Latina, se ha registrado una profunda transformación del modelo de proveedor único del hogar, que predominó durante décadas. Ha ido quedando progresivamente atrás el modelo tradicional del ‘hombre proveedor’ -con un padre que trabaja y es el sostén único del hogar, la mujer como ama de casa a tiempo completo e hijos dependientes- reemplazado por familias de doble o múltiple ingreso”, dice el informe. Si este fenómeno se mantiene en la ciudad y el país “representaba ya en años recientes apenas algo más de un tercio de los hogares con núcleo de familia”.

El documento explica que “este cambio tiene amplias consecuencias, ya que conlleva un replanteo de los roles en el hogar y pone de relieve la importancia que ha adquirido la presencia de los aportantes adicionales de ingresos, entre los cuales les corresponde un lugar destacado a las cónyuges”. Por otra parte, es notable el aumento registrado en las últimas décadas de los hogares con jefatura femenina que en Bahía Blanca se traduce en un 32,2%.

En cuanto a la participación femenina en las actividades económicas, a finales de 2013, “las mujeres jóvenes de hasta 29 años, contaban en Bahía Blanca con una tasa de empleo (28,7%) que era la mitad de la de los hombres de las mismas edades (57,6%). Aunque algo más atenuadamente, esta misma situación se registraba en el grupo de 30 a 64 años, con el 63,2% de las mujeres empleadas y el 90,5% de los hombres en dicha situación”.

La desocupación les afecta con mayor contundencia que a los hombres: “En la ciudad en el último trimestre de 2013 y con una tasa general de desocupación del 8,7%, en tanto un 13,2% de las mujeres estaban desocupadas, sólo un 4,8% de los hombres lo estaban”.

Tampoco las favorece la brecha salarial dado que cuando “la media de ingreso mensual de la ocupación principal de los varones era de $5900, la de las mujeres $3800, un 36% menos”. El dato se replica “en todos los niveles de calificación laboral, y se incrementa entre las ocupaciones de menor o nula calificación, desde un 20% más de ingreso mensual promedio de los varones profesionales respecto a sus pares femeninas hasta un 60% más de ingreso para los varones no calificados respecto a las mujeres sin calificación”.

brecha salarial“Actualmente junto al notable aumento de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y a la asunción, por parte de ellas, de roles claves y de gran relevancia en los procesos de crecimiento y desarrollo económico –incluidas sus crecientes responsabilidades como jefas de hogar-, y aun habiéndose registrado una marcada mejora de sus niveles de instrucción y escolaridad –en los que desde finales de los años 90 superan a los varones-, persisten importantes brechas de desigualdad respecto a los varones que requieren ser atendidas concertadamente desde el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, concluyen desde el Observatorio.

El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación, Javier De Luca, propuso archivar una denuncia del suspendido camarista Néstor Montezanti contra el profesor Dante Patrignani. Se trata de la supuesta “revelación de secretos políticos y militares” en la que habría incurrido el docente al difundir el legajo que demuestra la pertenencia del abogado al Destacamento de Inteligencia 181 durante la dictadura y su juramento de guardar “lealtad y fidelidad” al estado genocida.

El documento había sido presentado por Patrignani como prueba en la demanda civil que Montezanti le inició al considerar que el conocido fotomontaje que lo muestra con gorra militar “era difamatorio y humillante” y lo deshonraba “al ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura, de modo ilegítimo e arbitrario, además de considerarlos impúdicos”.

De Luca destacó que “la vergüenza del demandante por haber colaborado con el Ejército Argentino” no constituye delito y advirtió que, tal como informara FM De la Calle, del legajo militar “surge que con fecha 25 de septiembre de 1980 fue presentado a la Fuerza por el entonces Coronel José Osvaldo Riveiro, de modo que mediante los afiches se había dado a conocer un hecho verídico en el libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”.

En la primera instancia, la Fiscalía entendió que “la documentación no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas” y el juez dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. El letrado, que será próximamente sometido a un juicio político en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, apeló y la Cámara Federal que supo presidir revocó la decisión por “prematura y contraria a derecho”.

Patrignani y la Fiscalía calificaron a resolución como “absurda y arbitraria en tanto sujeta la revocación de un archivo a medidas superfluas y sobreabundantes” y recurrieron a Casación, cuyo fiscal ahora insistió con la inexistencia de delito.

“No deja lugar a duda que el informe de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino en cuanto a que la documentación que fue presentada por el demandado en una causa civil, no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. A ello, cabe agregar que fue presentada en el marco del legítimo ejercicio de un derecho, el de defensa en juicio y que, por ser de interés público, su uso y difusión tampoco puede constituir delito. Por todo ello considero que se impone el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”, opinó.

También subrayó que Montezanti ejercía hasta hace algunas semanas la titularidad de cátedras en la Universidad del Sur y presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca, por lo cual, el hecho de que “trabajó para el Ejército Argentino, constituye información de interés público que queda amparada por la libertad de expresión. La presentación de dicho documento en una causa civil no resulta suficiente para atribuir responsabilidad penal, por cuanto se estarían limitando los derechos vinculados con la información, y así también el debate público de cuestiones de interés general como garantía del sistema democrático”.

montEn su dictamen, De Luca recordó los fundamentos del Decreto 4/2010 que desclasificó la nómina del Personal Civil del Ejército entre 1976 y 1983, que reconoce que “mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa al accionar de las fuerzas armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de memoria, verdad y justicia” y que “la  decisión de un Estado democrático de clasificar y mantener información y/o documentación de carácter no público no sólo debe basarse en la necesidad de proteger la seguridad del Estado y sus relaciones multilaterales sino que debe también establecer un límite temporal a esa restricción”.

Asimismo, aclara que el accionar de las fuerzas armadas durante el genocidio “demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto”.

“Pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de ‘Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado. Cualquier limitación (…) podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, concluye.

Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.com

Tres documentalistas francesas visitaron el estudio de FM De la Calle para contar su experiencia en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mar del Plata y comentaron el trabajo que están realizando en la ciudad. Coline Dhaussy, Lucie Assemat y Marine Allard participaron del micro de Acciones Feministas en el programa En Eso Estamos.

“Se trata de ver cómo se puede manejar acá, en América Latina, las luchas por los derechos de las mujeres, por una vida libre de violencia y las luchas socioambientales que tienen que ver con la libertad de estar en el territorio donde quieres estar, como son los pueblos mapuches. Nosotras vemos acá en Argentina como un hilo rojo en términos de luchas por la autodeterminación, como fue la lucha de lxs trans para cambiar de estado civil, también como fue la lucha del matrimonio igualitario, tiene que ver en ganar libertad en la manera de gestionar tu propia vida”, comentó Lucie.

Agregó que “nos pareció interesante ir profundizando esa búsqueda con eso de los derechos colectivos, porque está muy bien que tengamos el derecho al aborto, que tengamos esas luchas, una vida libre de violencia pero también eso se tiene que inscribir en un marco de defensa de derechos, pues si eres mujer en alguna comunidad donde no tienes algún hospital cerca, algún centro de salud o no te dan el derecho a gestionar tu salud con métodos naturales tampoco puedes usar tu derecho individual. Queríamos ver como se podían manejar esas dos luchas y como podían confluir. También como llevar esos ejemplos a Europa”.

Sobre el Encuentro de Mujeres, Coline afirmó que “no esperaba tantas mujeres juntas en la misma ciudad, estuve muy emocionada, porque un encuentro con 60 mil mujeres o más es imposible en Francia”. “Sería posible hacer una revolución, es una buena esperanza para mujeres de todo el mundo, es muy importante con el documental hablar del encuentro, el mundo no conoce el ENM”, opinó Marine.

Lucie manifestó que “no solo se trata de la muchedumbre que éramos, también se trata de cómo se lucha acá. Yo nunca vi a tantas feministas, cantar, tocar, bailar, tanta alegría. Lo filmamos y veíamos a tantas mujeres bailar y agarrándose como si fuera, no sé… un tecno party en Francia feminista y con consignas políticas. De lograr hablar de femicidio, de violencia, de abuso, de maltrato cantando y bailando, dando fuerza y alegría. No es un milagro porque no creo en la Iglesia pero es muy inspirador”.

Las documentalistas conversaron acerca de la situación en Francia en materia de violencia machista, femicidio y políticas públicas. “En la ley francesa y en los tratados europeos e internacionales hay concepto feminista de violencia de género. En la nueva legislación en Francia hay noción. Ese concepto de violencia por cosas de género aquí ya está instalado. Pero en la práctica hay un gran problema de la formación de la policía, de los trabajadores sociales, de los médicos, de los servicios sociales. Entonces, cuando una mujer quiere dejar a su marido la dificultad empieza en ese momento, en todos los servicios sociales, para tener un apartamento, para abrir una cuenta bancaria, para tener a sus hijos, es muy complicado, es muy difícil”, comentó Marine.

Por su parte, Lucie acotó que “el nivel de tolerancia está bajando, eso es alentador. También la violencia psicológica está empezando a ser reconocida por parte de las mujeres, el personal de salud, policial, judicial se tiene que capacitar. Una cosa que ya como que no aguantan tanto como hace unos 10 años”.

“En Francia el aborto es legal hace como 40 años. No van a quitar el derecho al aborto en términos legales, la derecha lo quiere quitar con el programa de austeridad, centros de aborto, etc. Ahora ya no es tanto una batalla en términos legales sino más en presupuesto y acceso”.

Por último, al ser consultadas sobre su postura respecto a la prostitución, Lucie sostuvo que “mientras nos peleamos, estamos gastando un montón de energía en eso, no hacen falta los opositores para que nos estemos peleando. Hay un argumento de las reglamentaristas que las prostitutas tienen que tener derechos. Las abolicionistas dicen que no es un trabajo, que no pueden tener derechos por ese trabajo. Igual voy a sonar muy utópica diciendo esto, pero creo que todo el mundo debe tener los mismos derechos universales. Por tu trabajo que tengas derecho a la salud, a la educación, al retiro y por ahí se puede solucionar de esa manera”.

(Por Partido Comunista de Bahía Blanca) El próximo domingo la ciudad vota el color político del gobierno que ejecute los lineamientos del siguiente mandato. Pese a que se pretende polarizar la intención de voto, en coincidencia con el intento del sciolismo vs marcrismo, es importante observar las particularidades del fenómeno en nuestra región.

En términos generales, el macrismo es una fuerza de derecha que intenta instalarse con rostro propio sin tener que pedir prestado un partido popular para ejecutar sus políticas. Se muestra abierto al diálogo y habla sólo de “cambio” sin explicar cuál sería, dado que de hacerlo tendría que confesar los crímenes de clase que cometerá.

El Frente para la Victoria intenta, por su parte, mostrar el rostro humano del capitalismo basado en no perder los derechos asignados. Lo hace con un candidato que utiliza el discurso de lo realizado como base para avanzar cambiando lo que haya que cambiar. En este sentido, Scioli tampoco confiesa cuáles serán los cambios y qué sector social será el beneficiario.

Mientras tanto el gobernador anunció a su futuro gabinete de ministros que de progresista tiene lo que Macri de popular: ni la sombra.

Dejando de lado la oferta acotada de sectores trotskistas que no intentaron un frente que contuviera a todos los sectores en lucha sino que buscaron apoyo acrítico hacía su proyecto, llegamos a octubre de 2015 sin una herramienta política popular alternativa para confrontar contra las políticas de profundización del capitalismo y contención del conflicto social. El FIT no representa el crecimiento de la izquierda sino la expresión del fracaso en la búsqueda de una herramienta política amplia que contenga a las organizaciones populares.

En Bahía Blanca la derecha clásica realizó su apuesta coherente eligiendo como candidato al cuadro que han formado durante décadas: Héctor Gay.

Por su parte, el Frente para la Victoria no se quedó atrás en términos de sacar de entre los suyos el más conservador de los candidateables: Marcelo Feliú.

Mientras Héctor Gay brinda con su mentor, Vicente Massot, Marcelo Feliú lo hace con su amigo Montezanti. Gay siempre estuvo del lado de las empresas y contra “la gente”. ¿Algún militante político o social ha visto alguna vez a Feliú en 1 conflicto popular que pueda recordar? Cada quien tiene el derecho de ver lo que quiera ver en cada candidato. Sin embargo, por más mas baño de pueblo con el que intenta lavarse Hetitor y más progresismo kirchnerista con el que quiera vestirse el legislador destacado, el uno sigue siendo el vocero a sueldo de las empresas que nos matan y dejan nada a cambio, y el otro el señorito católico por el que apostó el conservadurismo social y empresarial.

Si bien es cierto que no es lo mismo el Frente para la Victoria que Cambiemos, cuando los candidatos asisten a debates tienen serias dificultades para mostrar alguna diferencia programática en torno al objetivo de sus fuerzas basado en la funcionalidad y el aliento a los negocios que han llevado a esta ciudad a ser una con los mayores índices de desocupación, a la dependencia económica de un Polo industrial que contamina y no genera gran cantidad de empleo ni deja riqueza hacia la comunidad, en una ciudad donde pasan miles de millones de dólares y esa sangría constante que sale en barco la pagamos los y las bahieses.

Creemos que, dentro de la pobre oferta electoral existente y en la necesidad de profundizar los esfuerzos por la constitución de una fuerza política alternativa del pueblo, el proyecto económico de Cambiemos y del FpV es consolidar los negocios de los mismos de siempre.

La foto de Scioli con el embajador yanqui y la tropa “progresista” prometiendo desarrollo no podría ser más gráfica. Gay pidió también su turno para entrevistarse con el funcionario norteamericano. Hace 30 años los mismos sectores prometieron desarrollo y construyeron un muro que nos tapa el mar y nos mata lentamente. Hablan de crecimiento pero no dicen para quién. Hablan de inversiones pero mientras los y laburantes, las pymes y los que no son grandes actores económicos luchan a diario y son asfixiados por diferentes trabas, hay otra ley siempre dispuesta a favoreces a quienes nada han hecho para el bien común y todo han hecho únicamente por sus propias arcas y beneficios.

En este contexto, Integración Ciudadana, aún con todas las diferencias que expresamos públicamente en su momento, representa una fuerza política que no tiene compromisos con esos sectores de poder y que puede dar al Estado un rol menos vergonzante que el de esclavo por elección. Y decimos Integración Ciudadano porque no apoyamos la lista, más allá de lo local, que el sello Progresistas presentó. Hablamos de una fuerza con sellos de goma que ha retirado el apoyo a los procesos populares, que ha expresado su apoyo a los sectores golpistas y antipopulares de Venezuela.

Volviendo al plano local, decimos nuevamente que no se puede ser progresista y conservador al mismo tiempo. No se puede ser pro imperialista y popular en simultáneo. Se puede ser una cosa y mostrarse como otra, pero la única verdad es la realidad y a la realidad todos y todas la tenemos en frente.

(Por Walter Rezzuti*) Porque creo que el acceso a la Tierra es cuestión prioritaria para miles de bahienses que buscan tener un lugar propio y, para ello, hay que enfrentarse al negocio y la especulación inmobiliaria, intereses que históricamente Gay ha defendido y lo sigue haciendo, al tener a su lado a personas que han acrecentado su patrimonio con la práctica de métodos propios de quienes no les importa permitir la posibilidad del acceso a un lote con servicios.

Porque creo que el sueño de la vivienda propia implica gestión e independencia empresarial por parte de un intendente que no se encuentre ligado a la obra pública tradicional, y que aplique en toda su magnitud la Ley de Acceso Justo al Hábitat, ley provincial que fue boicoteada permanentemente por Gay desde los micrófonos de la radio de la que fue empleado.

Porque creo que el trabajo y la generación de ingresos debería ser una política central en un gobierno municipal, que contribuya a la inclusión de la mayoría  postergada en una economía humanizada que ponga en el centro al trabajador y sus necesidades para el desarrollo de una vida digna, lo que implica cuestionar e intervenir sobre el proceder económico de corporaciones poderosas, al lado de las cuales Gay ha estado en las últimas décadas.

Porque creo que la respuesta a problemas sociales acuciantes es imperante, aunque ello implique enfrentar a sectores que actuaron en connivencia con los que Gay ha representado en sus años de periodista en LU2.

Porque creo que la defensa de la salud y su acceso gratuito como forma de favorecer el ejercicio pleno de derechos fundamentales, va a contramano de las palabras que Gay ha expresado permanentemente a favor de la medicina prepaga y en contra de los trabajadores de la salud.

Porque creo en la escuela pública como principio político de articulación de la igualdad de oportunidades, fundamentalmente desde los sectores populares, y en los docentes como instrumentos de transformación, es que no puedo dejar de recordar cada una de las palabras de Gay permanentemente defenestrando la lucha de los maestros y la situación de la educación pública en detrimento de la privada.

Porque creo en un concepto de cultura que implica el desarrollo de las comunidades barriales de sus propias capacidades y sensibilidades, a fin de recuperar el sentido de sociedad con metas comunes y sueños colectivos –y desde las producciones artísticas-, aspectos estos permanentemente bastardeados por Gay desde la postura de una cultura propia de las élites sociales.

Porque creo que es condición necesaria el desarrollo social en un medio ambiente acorde para el hombre y todos los hombres, no puedo dejar de recordar el ocultamiento de información y de hechos que Gay ha realizado sistemáticamente siempre a favor de los poderosos y nunca de las víctimas que sufrieron las consecuencias de un accionar signado por la lógica del mercado y en detrimento de la calidad de vida.

Porque creo que la inseguridad está íntimamente ligada a la seguridad social que brinda el trabajo, el acceso a la tierra y la vivienda, la salud, la educación, la cultura y el medio ambiente, es que no concibo la estigmatización permanente que ha hecho Gay de los sectores más pobres de la comunidad asimilando barrios pobres con delincuencia juvenil, como si no existieran valores a imitar desde de la realidad de ese sector.

Porque creo que al frente de los intereses de los bahienses debe estar alguien que haya estudiado y que tenga un título de grado, para comprender, con gran apertura de criterio, las distintas situaciones y hechos que se dan en una sociedad como la nuestra, y que requieren capacidad e interés en seguir aprendiendo y no mentes cerradas en preconceptos a los que Gay nos tuvo acostumbrados durante tantos años.

Por todo eso, y porque creo en un desarrollo económico pero también político, social y cultural inclusivo, es que pienso que sería un retroceso social si un hombre como Gay, con todas sus relaciones corporativas, con vasos comunicantes con los más poderosos sectores bahienses que no han permitido que todos tengamos un lugar en nuestro querido partido de Bahía Blanca, llega a la Intendencia de Bahía Blanca, al menos, sin un recorrido político que nos haya permitido evaluar sus acciones.

NO VOTO A GAY PARA INTENDENTE DEL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA.

*Integrante de la Agrupación Municipal Nueva Bahía.

Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral de La Plata que esta semana condenó a varios jefes de la Armada y la Prefectura por crímenes de lesa humanidad cometidos contra militantes políticos y gremiales de las fábricas de la zona, comentó por FM De la Calle el fallo y las medidas reparatorias hacia las víctimas.

Rozanski aseguró que durante el juicio se evidenció “una actividad conjunta de Prefectura y de Armada en la zona de Berisso, Ensenada y La Plata y también la tarea realizada específicamente con la Fuerza de Tareas Nº5 en las empresas que estaban y están ubicadas en esa zona, es decir, Astilleros Río Santiago, YPF, Swift, donde previamente al golpe ya se había hecho todo una indicación de gente, listas de personas, etcétera, y había comenzado toda esta operación, que a partir del golpe de Estado se agudizó con los secuestros y desapariciones”.

Como centros de detención y torturas la Armada utilizó en la zona de la capital bonaerense “lugares que actuaban oficialmente por un lado y paralelamente mantenían gente cautiva. Estamos hablando de Prefectura, del BIM 3 -el Batallón de Infantería de Marina-, de Astilleros. Porque, por ejemplo, quedó probado que en Astilleros Río Santiago se comenzó a hacer listas de personas en las cuales, básicamente, opositores sindicales a la lista oficialista eran detenidos cuando llegaban a trabajar, hacían una fila y ahí se consultaban las listas de quiénes eran los que debieran ser detenidos. O sea que en la propia empresa se detenía gente, esto también es una novedad”, indicó el juez.

Rozanski dijo que el TOF ordenó investigar a civiles de “las empresas tanto estatales como privadas porque quedó evidenciada la participación, no se trató solamente de la Fuerza de Tareas Nº5, que es la que operaba en esta zona de la Armada y la Prefectura, sino que además contaban con la colaboración activa de las empresas respectivas que entregaban gente y que incluso esa gente después figuraba como abandono de tareas de su trabajo, lo cual a su vez le dificultó muchísimo la vida posterior a los que sobrevivieron”. También deberán ser investigados los dirigentes sindicales que entregaron trabajadores a las fuerzas armadas.

Como medidas reparatorias, el tribunal indicó la corrección de los legajos personales de las víctimas y la facilitación de las jubilaciones de los sobrevivientes. “Cuando hablamos de reparación no es solamente en el derecho penal una sanción a quien puede ser responsable de un hecho delictivo, la reparación es mucho más que eso, por supuesto comienza con una condena cuando corresponde”.

“En este caso en particular, muchos de los trabajadores, quienes han perdido la vida y quienes sobrevivieron, no tenían más trabajo. Por lo tanto, comenzaron muchos años, en algunos casos décadas, deambulando incluso sin poder hacer aportes previsionales, lo cual de alguna manera había que reparar. Eso es parte de la resolución en cuanto a los trabajadores que están con una dispensa, es decir, que no van a trabajar pero perciben su sueldo. Que lo sigan percibiendo hasta tanto tengan condiciones para jubilarse. Si no hicieron los aportes no pueden jubilarse pero no los hicieron porque la propia represión se los impidió.

Finalmente, Rozanski explicó la diferencia entre la expresión utilizada en la primera sentencia tras la reapertura de las causas que destacaba que los crímenes fueron cometidos “en el contexto del genocidio que ocurrió en el país” con la actual aplicación directa del concepto de genocidio.

“Recordemos que era el primer juicio que se hacía en treinta años, por lo cual había que meditar seriamente, más allá de que yo entendí claramente y los colegas también que correspondía la aplicación del concepto de genocidio. A mi entender no estaban dadas las condiciones para condenar propiamente, más allá de que igual no existía como delito en el Código Penal. Nos pareció, y con mi voto hice eso, enmarcarlo en el genocidio que había ocurrido, que era una forma de decir que en Argentina hubo un genocidio”.

“En este momento la sentencia es explícitamente por genocidio. No es la primera porque lo hemos hecho en juicios anteriores, lo que pasa es que no se puede a una persona condenar por un delito como genocidio y aplicar pena por genocidio porque no la tiene. Entones, a los efectos de la pena, lo que se hace es buscar la figura por la cual fue indagado, elevado a juicio y juzgado. En este caso: desaparición de personas, homicidio calificado, privaciones ilegales de la libertad, tormentos, depende cada uno de los imputados”, concluyó el presidente del TOF platense.

Las penas

(fiscales.gob.ar) El encuadre de los delitos de la legislación interna (privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio) como crimen internacional de genocidio que el TOCF utilizó para condenar fue el resultado de la mayoría compuesta por el presidente del cuerpo, Carlos Rozanski, y el juez subrogante César Álvarez, mientras que el también subrogante Germán Castelli se inclinó por la categoría de crímenes de lesa humanidad.

La misma mayoría se impuso para condenar a 25 años de prisión al ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek, y el ex director del Liceo Naval y también comandante de la Fuerza de Tareas 5 (FT5) de la Armada, Juan Carlos Herzberg, para quienes la Fiscalía había requerido seis años de prisión. La amplia diferencia entre el petitorio del MFP y lo dispuesto por Rozanski y Álvarez se explica en que el único caso por el que fueron condenados los dos represores fue considerado por los fiscales como un hecho de privación ilegal de la libertad, mientras que para los jueces se trató de desaparición forzada de persona.

La misma pena de 25 años recibieron los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca (para este último, los fiscales habían requerido 22 años) y el oficial de la Prefectura Eduardo Antonio Meza.

La penas de prisión perpetua fueron para el comandante de la FT5, Jorge Alberto Errecaborde, el comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIM3), José Casimiro Fernández Carró, y el jefe de Operaciones e Inteligencia del BIN3, Roberto Eduardo Fernando Guitian.

Foto: InfojusNoticias.

Mónica Dambolena es la mamá de Juan Cruz Manfredini, joven trabajador que murió hace cinco años tras una explosión en el depósito que la empresa Camin Cargo Control tenía en un dúplex de Cuyo al 1300. Según comentó a FM De la Calle, “pasó mucho tiempo y todavía no hay justicia. Está todo listo para el juicio oral, solo falta la fecha”.

Las presentaciones de los imputados fueron rechazadas por la Cámara de Apelaciones y “hay un veredicto de un juez que  marca la culpabilidad, solo tenemos que esperar la fecha. Estamos cansados, queremos que nos digan cuando y listo”, dijo en referencia al fallo que confirmó los procesamientos de  Marcelo Javier Camín y Norberto Maximiliano Metz.

La demora en la definición del inicio del debate se debe a la falta de fecha disponible “por la cantidad de casos atrasados que tienen la jueza y el fiscal”. “No sé si es político o qué. Yo quiero terminar con esto”, afirmó Dambolena.

Con respecto con la precarización laboral, la madre de Juan Cruz sostuvo que “en el puerto están trabajando en las mismas situaciones. Parece que a nadie le importa esta problemática, tienen más peso las empresas que el municipio o el Concejo Deliberante”.