Un directivo de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), “bajo estricto pedido de confidencialidad”, reveló a un sitio especializado que la empresa analiza instalar la quinta planta atómica del país en Bahía Blanca. “De todos modos, recién se están llevando a cabo los primeros estudios de factibilidad al respecto”, sostiene la publicación.

La titular de BIOS, Silvana Buján, aseguró a FM De la Calle que un noticia similar se conoció tiempo atrás en Mar del Plata donde “hubo primero sorpresa, después posicionamientos muy claros, nadie la quiere, ni siquiera las autoridades” municipales o universitarias. “Me parece que está pasando lo mismo en Bahía Blanca, es muy raro que suceda en estos momentos donde dentro de horas todos estos acuerdos van a ser una papa caliente para el entrante sea quien sea. Yo creo que es una bomba de humo”, dijo.

Agregó que “la ficha está puesta en la participación de la gente, la licencia social, fijáte que están pasando cosas increíbles, se está logrando frenar emprendimientos mineros, cosa que antes era imposible”.

Entre los pocos detalles referidos a la planta, El Inversor informa que “la idea es que sea la primera del tipo ‘PWR’ (de uranio enriquecido y agua natural) en toda Latinoamérica” y que “contemplará un 50% de componentes nacionales. Al promover una transferencia completa de tecnología, permitirá su exportación a otros países de la región”.

En nuestra ciudad, la ordenanza 12.976 prohíbe la instalación de usinas nucleares; la importación definitiva o temporal de residuos radiactivos; las instalaciones de gestión de residuos radiactivos, incluyendo las de combustibles gastados, y los repositorios de residuos radiactivos, incluyendo los de combustibles gastados, entendiendo por repositorios de depósitos de dichos residuos como forma de disposición final.

NA-SA está a cargo de la producción y comercialización de la energía generada por Embalse, en Río Tercero, Córdoba; y por Atucha I (ahora llamada Juan Domingo Perón) y Atucha II (rebautizada Néstor Kirchner), que se ubican en Lima, dentro del partido bonaerense de Zárate. Adicionalmente, la firma es responsable de las obras de extensión de la vida útil de Embalse y de la construcción de la cuarta usina nucleoeléctrica argentina (que también estará localizada en Lima), por lo que suma un total de 1.750 megawatts (Mw) de potencia eléctrica bruta.

“Es una locura la energía nuclear en términos de todas sus características negativas. Por un lado la inseguridad que conlleva. Por otro, lo no renovable del recurso y el descomunal costo que tiene, es algo que se está cayendo a pedazos ya con la argumentación”, explicó Buján y agregó que “así como en algún momento entró el fracking como algo maravilloso que iba a salvar las economías, bueno, ya empezaron países enteros a prohibirlo por todos lados, es un problema tener que ir siempre a la cola del problema, cuando ya está instalado y le arruinaste la vida a un montón de gente”.

La integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico opinó que “si Bahía Blanca no quiere esa central nuclear estamos en una etapa de nuestra democracia en la cual las audiencias públicas previas son obligatorias, en las cuales yo creo que aunque sea a punta de denuncia judicial uno puede lograr que alguien muestre alguna vez una evaluación de impacto ambiental, cosa que jamás la Comisión de Energía Atómica ha mostrado nunca de sus centrales construidas o en construcción, son secretos de Estado y eso es ilegal”.

Destacó el “pedigrí” de la CNEA que, en cuanto a “la parte tecnológica satelital, de energías alternativas, es fantástica” aunque “por el lado nuclear los muchachos hacen agua feo, han dejado pasivos ambientales por todo el país, jamás se hicieron cargo de nada y lo han reconocido oficialmente después de mucho tironeo de sus distintos emprendimientos mineros. Por ejemplo de uranio, están absolutamente abandonados, han empezado tímidamente una remediación que según sus propios cálculos va a llevar un siglo y pico en una de sus minas en Malargüe. Lo demás está completamente abandonado, la gente sigue viviendo alrededor con polvillo de minería de uranio volando por ahí y drenajes de ácido sulfúrico bajando por los ríos a lugares tan aislados como Carlos Paz”.

En cuanto al costo de generación de este tipo de energía, Buján comentó que por un lado está la respuesta de “cualquier gobierno que apueste a la energía nuclear”, que podría equipararse al valor de la producida por una hidroeléctrica o una central termoeléctrica tradicional de combustible fósil.

“La verdadera, si a fin de mes revisas lo que ganaste, lo que invertiste y lo que tenés que gastar a futuro, no te da de ninguna manera. Porque en la cuenta trucha no estás poniendo lo que no gastaste en remediar la basura que dejaste por ahí, las grandes minas de uranio abandonadas que tiene la CONEA, no consideran el transporte, los riesgos de seguridad, no consideran más que la construcción peladita de cuánto vale la vasija, la mano de obra, los caños, el hormigón y el terrenito. A futuro, cero. Y a futuro estamos hablando de miles y miles de años de un repositorio que no existe para poner los residuos nucleares gastados allí que voy a tener que cuidar de alguna manera por miles de años”.

La especialista concluyó que “no tenemos ética diacrónica, o sea, en el tiempo, el humano se manda la macana porque total se va a morir pronto y los que vienen después que se arreglen. Ese es un poco el concepto de los que están haciendo fracking, de los que contaminan aguas, de los agrotóxicos, los que vengan después que vean cómo lo pueden resolver”.


“Un polo energético tienen sus límites”

La asociación ambientalista Unión 20 de Agosto expresó su “rotundo rechazo” a la posibilidad de instalación de una planta nuclear y recordó que en 2002 trabajó en la elaboración de un proyecto de ordenanza consensuado en su texto y alcance durante 2003 con todos los bloques del Concejo Deliberante y aprobado a fines de 2004.

La norma prohíbe expresamente, entre otras cosas, la instalación de usinas nucleares en el partido de Bahía Blanca. “Se reguló con total responsabilidad el tránsito de material radioactivo por el distrito como también los usos permitidos de material nuclear en ciertas actividades y usos acotados como en el caso de medicina, docencia, industria, veterinaria y agricultura”.

“No rechazamos la energía nuclear para determinados usos en la sociedad que supongan por un lado un beneficio notable respecto del riesgo que signifique su utilización a esa escala, con los controles ya establecidos en los organismos del Estado, pero rechazamos rotundamente su aplicación en la producción de energía eléctrica, teniendo en cuenta los antecedentes nefastos que existieron y existen en muchos países del globo, y máxime teniendo en cuenta que el direccionamiento de producción de energía en el mundo se efectúa en el sentido de aumentar su producción a partir de energías renovables, tales como las de origen eólica, solar, hidroeléctrica o mareomotriz”, advirtió la ONG.

PARA VER: Into the eternity

Onkalo es un lugar planificado para que se pueda guardar con seguridad los residuos radioactivos de alta actividad. Una obra faraónica formada por una red de túneles perforando la dura roca a razón de 25 metros por semana, y que se sumerge hasta más de 6km de profundidad. Es el primer intento para dar una solución definitiva a los peligrosos residuos radioactivos mortales que no se ve, no se nota, ni se huele, pero que mata tras una corta exposición al mismo. Para que los residuos nucleares dejen de ser una amenaza mortal para los humanos tienen que pasar 100.000 años, este es el tiempo que los ingenieros tienen planeado ocultar estos residuos nucleares en Onkalo, pero la pregunta es: ¿Y si civilizaciones futuras encuentran estos residuos nucleares, sabrán que tienen las horas contadas?

(Por Alfredo Grande).  En la imposición de un discurso del encubrimiento, que algunos llaman relato, las cosas se han sustituido por las palabras que aluden a las cosas. Por ejemplo: no hay niños en la calle, sino en situación de calle. No hay mujeres prostituidas, ni prostitutas, sino en situación de prostitución. En una capacitación de docentes una alumna (recuerdo que alumno es aquel que tiene la capacidad de aprender) dijo: “yo trabajo con personas en situación de encierro”. Le pregunté: “¿trabajás con matrimonios”?. Me aclaró que no. En cárceles. Pero obviamente la palabra encierro y mucho más en situación es más digerible que cárcel. O manicomio. O instituto de menores. O Trata. Incluso la trata es una variante de la desaparición forzada de personas. La explotación sexual lleva al extremo límite el martirio corporal. Una forma de tortura que se ha convertido en una industria internacional que habilita fabulosas ganancias.

“No volverán las oscura golondrinas,

pero si volverán los luminosos luchadores”

Aforismo implicado A.G.

Pero la cultura represora tiene una creatividad inagotable a la hora, al minuto y al segundo de inventar torturas. La de última generación es el balotaje. Lo bautizo como “valotaje” como es de muy corto alcance. No amerita ni una B larga. Valotaje de cortísimo plazo, que se consumirá en el mismo momento que se despliega. Habrá vida después del domingo. Una vida peor. Porque los que de alguna manera estamos “en situación de izquierda”, saldremos con la resaca de la orgía derechista que aunque no quisimos conseguir, nos supieron imponer.

Algunos dicen que de los laberintos se sale por arriba, pero la mala noticia es que los minotauros actuales aprendieron a volar. Si la política es el movimiento real de la lucha de clases, tendremos que salir por abajo. Con los pobres de la tierra con aquellos a los que todavía el arroyo de la sierra les complazca mas que el mar, como enseñara José Martí.

Este Valotaje de patas cortas y lengua larga pasará. Lo arrasará el viento de la historia. Y en meses, años, décadas, o quizás días, nada quedará. Quedarán los colectivos sociales, militantes, libertarios, que no toleran ninguna injusticia, sea donde sea, y se presente como se presente.

El 13 y 14 de Noviembre hicimos el I Encuentro Nacional de Psicoanálisis Implicado en Mar del Plata. No es la ciudad feliz pero yo soy feliz en Mar del Plata. Porque siempre que voy me encuentro con las y los compañerxs que sólo descansan en cada nueva lucha. El colectivo EN RED fue nuestro anfitrión organizador. Junto a Barbecho, El Puente en la Toma, Ático y la Fundación Pelota de Trapo convocaron a este dispositivo instituyente.

“En una cultura no represora,

tanto va el cántaro a la fuente

que al final la fuente se rompe”

Aforismo implicado A.G.

Porque al pensar el psicoanálisis implicado como un analizador del fundante represor de la cultura, o sea, un dispositivo teórico y político que pone en superficie a la cultura represora tal cual es. Brutal, cruel, devastadora. Nada pero nada de “en situación de cultura represora”. En un final que como siempre es un nuevo principio escuchamos la intensidad de Vicente Zito Lema. Conmovió porque nos movió de toda comodidad intelectual. Y luego tomé la palabra y fui tomado por la emoción. Hablar después de Vicente es difícil, pero no imposible. El recuerdo de nuestra amada socia fundadora honoraria Lelia Sarmiento me quebró por segundos la voz. Pero estuvimos ahí. Tan cerca de nosotros mismos y tan lejos de las patas cortas de los valotajes que supimos conseguir y sabremos superar. Esta política corta no es la que necesitamos. Es la que nos imponen.

Tampoco necesitamos un Estado que al mismo tiempo que defiende derechos consagra privilegios. La Escuela de Educadores de Pelota de Trapo es la política de patas largas. También la lucha de EN RED contra todas las formas de abuso sexual infantil. El Puente en la Toma sosteniendo la psicoterapia y el psicoanálisis en un territorio recuperado por la lucha de los trabajadores. Barbecho con su obstinada decisión de no separar cuerpo y cultura. Y la cooperativa Ático, que el 1 de mayo de 2016 cumple sus primeros 30 años, sosteniendo que la salud mental es cosa de todos.

Por eso al menos nosotros tenemos vida después del valotaje. La mejor vida. Sólo saben los que luchan. Y en luchar contra todas las formas de la cultura represora encontraremos nuestra implicada sabiduría.

Esta madrugada, cuatro mujeres fueron rescatadas durante dos allanamientos que se realizaron en un prostíbulo denominado “Cat’s” y una vivienda particular de nuestra ciudad. Además, el operativo culminó con la clausura del local nocturno y con tres personas detenidas: el dueño, el barman y un  hombre que realizaba tareas vinculadas a la seguridad.

La medida fue ordenada por la jueza Gabriela Marrón, a cargo del Juzgado Federal N°2, por pedido del fiscal ad hoc José Nebbia, quien subroga la Fiscalía Federal N°2. Asimismo, el allanamiento contó con la participaron integrantes de la Fiscalía N°1, a cargo del fiscal Antonio Castaño.

Durante el operativo estuvieron presentes integrantes del Programa de Rescate de Víctimas del delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación, personal de la  Dirección Nacional de Migraciones y la representante local de la  Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Silvina Pasquaré.

La pesquisa comenzó a raíz de la denuncia anónima recibida el 25 de marzo en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. En esa oportunidad, una persona se refirió a la existencia del prostíbulo y dijo que habría alrededor de seis mujeres presuntamente explotadas sexualmente. Además, indicó que las víctimas vivían en el local y que el local funcionaba los domingos, miércoles y jueves de doce a ocho, evitando los restantes días de la semana para no alertar a la policía.

Al día siguiente, se registró otra denuncia sobre el mismo prostíbulo con sus presuntos responsables, una pareja de nacionalidad paraguaya, quienes les retendrían el documento a las mujeres que eran explotadas en el local nocturno.

El 1 de abril se ampliaron las denuncias. En esa ocasión, el denunciante refirió conocer los datos de dos mujeres de nacionalidad paraguaya que serían explotadas en el cabaret investigado.

Durante la investigación, se estableció los denominados “pases” se efectuaban fuera del prostíbulo, en un hotel alojamiento llamado Mesón Sur.

El local contaba con varias publicaciones a través de una serie de sitios web, cuyos anuncios garantizaban “El mejor lugar, tragos y la mejor compañía” y “Chicas muy sensuales te están esperando…baile del caño”.

Fuente: Fiscales.gob.ar

El arte “como medio de catarsis, como conciencia de la realidad” y “como medio transformador de la sociedad” son las consignas que impulsan la convocatoria al Encuentro Nacional de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia Mujeres y Niñxs en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca. En esta nota podés escuchar algunas de las voces que se expresarán en la sexta edición, cuyas actividades centrales serán este sábado desde las 14.

“Estos encuentros se realizan con el fundamento de concientizar sobre las distintas situaciones de violencia hacia las mujeres y niñxs poniendo al arte como protagonista y reflejo de la violencia machista y patriarcal que estamos viviendo las mujeres y por la que estamos siendo asesinadas y secuestradas de manera impune”, afirman desde la organización.

“Todas las expresiones artísticas simultáneas que suceden en la plaza ese día hacen posible llevar a una reflexión sobre la violencia simbólica, la violencia mediática, abuso callejero, violencia en el noviazgo, violencia institucional, parto humanizado, elecciones de reinas, aborto legal, desmitificar lo que se entiende sobre feminismo, el micromachismo y otros temas como los femicidios ocurridos en Bahía Blanca y alrededores”.

Además, el encuentro “es un reflejo del compromiso social de más de 150 artistas que participan presentando sus trabajos en pinturas, dibujos, esculturas, grabado, collage, fotografías, danza, teatro, músicas, poesía visual, relatos, murgas, performance, formando así una de las muestras multidisciplinares más grandes de la provincia”.

El encuentro enlazará a Bahía con Medellín -Colombia- donde otrxs artistas estarán llevando a cabo una actividad similar que permitirá el “intercambio cultural y hablar sobre las situaciones de violencia hacia las mujeres en ambos países”.

FM De la Calle realizará una transmisión especial desde la plaza -de 17 a 19- donde se reflejarán las expresiones que ya se escuchan en el aire de la 87.9Mhz.

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En el micro de Acciones Feministas de este miércoles, Olga Corrales recordó los inicios del Encuentro y repasó el cronograma de actividades:

Griselda y Andrea, de Socorristas en Red, estuvieron en la radio contándonos sobre su trabajo en la ciudad y Dahiana Delfiori adelantó la presentación del libro “Código Rosa”, la cual se realizará este viernes a las 19 en el 8º pido de 12 de octubre y San Juan (UNS) junto a Ruth Zurbriggen de La Revuelta y Silvia Scheider de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito:

Helen Turpaud días después de la Marcha del Orgullo y de cara al Encuentro se refirió a las disidencias sexuales:

Fer y Flor, integrantes de la Biblioteca Fija y Ambulante, comentaron las propuestas que se desarrollaron el domingo en Sixto Laspiur 456:

En el marco del micro de Acciones Feministas, Verónica Bajo recibió a la artista textil Romina Berdinelli, a Nadia Guzmán de Puño y Letra y la Colectiva Feministas y a la cantante Griselda Ortiz:

Olga Corrales, impulsora de la iniciativa, nos visitó junto a la pintora y dibujante Jules, la fotógrafa Magalí Agnello y el artista plástico Horacio Fernández:

Helen Turpaud, Griselda Cifuentes y Agus López abrieron la difusión a principios de mes comentando la idea del Encuentro de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Niños:

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Lxs trabajadorxs del Frigorífico INCOB brindaron ayer por la tarde una conferencia de prensa tras el ataque sufrido de parte de un grupo de hombres armados que llegó a la planta encabezados por el dirigente Enrique Garaggiola. Además, convocaron a la comunidad a una asamblea para informar sobre la defensa de sus puestos laborales este miércoles a las 18 en el predio de Ruta 3 Sur KM 693.5.

Ernesto Guenemil afirmó que los golpes le dejaron “un corte en la cabeza, un dedo quebrado y un tendón” pero que más “duele lo que hicieron porque los que vinieron con armas hoy eran cinco compañeros que trabajan hasta la semana pasada con nosotros. Cuando un hombre, un compañero, el famoso Mudo, tiró un tiro al aire cuando había mujeres en el portón. El hermano de Enrique un traidor más, trabajando con nosotros hoy a la mañana, empezó a tirar piedras”.

“Los actos de violencia comenzaron cuando le pedimos el balance y el cambio de autoridades”, dijo María del Carmen Dauphin y agregó que “no era manera de hacer una represalia como vino a hacer, con armas de fuego, con palos, nosotros estábamos con bombos y unas banderas porque si INAES no nos daba la importancia que pedíamos íbamos a salir a cortar la ruta, nada más”.

“Se enfermó de poder y se cree que es intocable, que es el patrón, cuando acá tenés setenta compañeros que queremos trabajar dignamente. Pero con lo que pasó hoy, somos conscientes que si acá no toman cartas en el asunto los políticos de turno, esto no va a terminar bien. Si hoy vinieron acá a darnos palo, imagínense cuando me vaya a mi casa caminando, ¿quién me dice que no me den un tiro? La misma policía, cuando llegó Garaggiola con su gente le dije a uno de los oficiales ‘Fijáte que en el 206 hay armas’, me dice ‘¿Cuál? ¿Ese?’. Lo llama al del 206 y se fue”, manifestó Cristian Guenemil.

Dauphin recordó que el frigorífico fue recuperado en 2005 mediante “una lucha muy grande con la patronal”, tras la cual se conformó la flamante cooperativa. “A Garaggiola lo pusimos nosotros de presidente porque confiamos en él”, dijo Guenemil y destacó que ahora “nadie le dijo que se vaya, simplemente que apoye el proceso de cambio porque al tener el apoyo político, porque se ha movido más en la calle, nos sirve para que apoye a los nuevos compañeros. Evidentemente hay algo más, él no quiere que esto vaya para adelante”.

“El mandato debió durar tres años, lo cual nosotros no estábamos muy al tanto. En parte es culpa nuestra porque no nos interiorizamos en saber cómo era una cooperativa, cuánto duraba un mandato y cuáles eran nuestros derechos y obligaciones”, declaró la trabajadora.

Además, comentó que “tenemos muchísimos problemas económicos, el 25 de septiembre se le pidió a esta gente que nos presentaran balances desde 2008 al 2014, que dejaran sus cargos y ahí fue cuando empezó la lucha nuestra. El sr. Enrique estaba por seguro, el sr. Gabriel Martínez que era el secretario decidió a los quince días tomarse vacaciones y el único que nos ha venido a apoyar y a dar una mano es el tesorero”.

“Los actos de violencia empezaron cuando le pedimos el balance y el cambio de autoridades, ahí fue cuando no le cerró tener que dejar la cooperativa. Bien la palabra lo dice, hay un presidente pero él no es el dueño de la cooperativa. Tampoco entendemos por qué él no quiere dejar el cargo, qué hay detrás de todo esto. Ha mandado infinidad de cartas documento, nos mandó para echarnos a diez compañeros, intimando a la persona que nos iba a comprar los cueros, mandó al Hotel Bauen que nos dieron una mano grandísima la semana pasada cuando viajamos, mandó al síndico. Manda cartas documentos como si fuera el dueño y señor de todo este frigorífico y él mismo ha salido por todos los medios que por primera vez está haciendo las cosas bien pero acá nunca se acercó a decirnos está pasando esto o lo otro”, sostuvo María del Carmen.

Por otra parte, destacó que el dirigente cuestionado tiene apoyos de “La Cámpora, de Alicia Kirchner y seguramente tenga del PJ, del Frente para la Victoria”. “Cuando hablamos la semana pasada con gente del INAES, que es el ente regulador de las cooperativas deciden mandarnos a alguien el viernes para que nos venga a fiscalizar. Nos llaman por teléfono y nos dicen va a ir el lunes, por ayer. Ayer nos llaman y dicen que iban a venir el jueves porque Garaggiola pidió una asamblea fuera de la cooperativa, cuando no corresponde, en la calle Chancay y Jujuy, poniendo como orden del día lo que a él le convenía y mentiras, porque nunca le prohibimos la entrada ni a él ni a nadie porque tenemos firmas de los compañeros, hasta la semana pasada vino el hijo del secretario a trabajar, vino la gente que hoy golpeó”.

“Desde el INAES lo único que nos pudieron comunicar es que hubo alguien que agarró los papeles que habíamos entregado con las denuncias y le dijo ‘Vos salís de este cargo, esto lo toma tal persona’. Cuando nos enteramos de eso mandamos a cuatro personas a Buenos Aires, entre ellas la carta más grande que tenemos que es el síndico, porque al no estar el presidente, ni el secretario, ni el tesorero, es quien sigue en sus cargos. A favor nuestro tenemos a todos los vocales también, todos los trabajadores estamos luchando por lo mismo que es querer trabajar dignamente. Nosotros no le vamos a hacer nada si él robó o no robó, eso se lo vamos a dejar a la justicia, a la AFIP o a quien corresponda”, detalló.

Cristian Guenemil recordó que “cuando mandaron los balances que supuestamente nos iban a servir, en ninguno está la firma de él, todos truchados. Y a mí el dolor que me quedó es que yo en 2008 laburaba por nada acá, estábamos todo el día, revocábamos, limpiábamos, hacíamos despostada, faena, cobrábamos 200 pesos por semana y ya en ese momento él se estaba encargando de hacer las cosas mal por otro lado”.

“Cuando fuimos al Concejo Deliberante a denunciar esto que está pasando en la cooperativa nos dijeron ‘No, pero si Carlín es lo más bueno que hay’, porque habla lindo y habla hermoso y nosotros somos unos brutos. Sí, somos unos brutos pero no somos ladrones (…) cuando vinieron acá estaba todo arreglado con la policía porque la policía estaba acá a la vuelta y no hizo nada”.

En nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina, José Lualdi informó acerca de una reunión que mantuvieron con la jueza de garantías Marisa Prome: “Nos resulta extraño que ni el fiscal ni la jueza ni el comisario Maldonado envíen los patrulleros que solicitamos para que se resguarde la seguridad de los trabajadores. No es que los trabajadores tienen que ir a negociar a la Quinta si van o no van a mandar un patrullero. Hacemos responsable a la justicia y al comisario Maldonado si algo le ocurriera a un trabajador de la Cooperativa INCOB o a cualquiera de los compañeros que han venido a apoyar”.

DSC08837Durante la mañana de hoy un grupo de matones junto a Enrique Garaggiola llegaron “en cinco autos y armados” a las instalaciones del frigorífico recuperado INCOB (Ex Paloni). Quienes se encontraban trabajando en la planta fueron atacadxs con armas de fuego y con otros elementos como ladrillos y fierros.

“A la fuerza y a tiros nos quisieron sacar de la planta. Estábamos en la portería en la entrada. Vinieron cinco o seis coches. Se empezaron a bajar algunos compañeros que apoyan al presidente (Enrique Garaggiola) que no quiere irse”, dijo a FM De la Calle Juan Cornou, un trabajador de la empresa.

DSC08839“Bajaron con armas. Alcanzamos a cerrar el portón. Empezaron a tirar tiros al aire y a agredirnos con fierros y ladrillos. Acá adentro no los dejamos entrar hasta que llegaron los patrulleros. Hay dos lastimados con piedrazos. A uno casi le arrancaron un dedo”.

“Hace más de treinta años que estoy acá, trataba de calmar las aguas. Hace tiempo estábamos trabajando juntos. Tenemos compañeros que viajaron a Buenos Aires al INAES porque esta persona quería hacer una asamblea fuera de la planta como para que él te pone 20 o 30 ahí afuera y entonces la asamblea la hace a gusto de él y después la presenta. Es muy lamentable”, agregó.

En este sentido, desde la cooperativa habían convocado para mañana a la tarde “a la comunidad y todas las organizaciones” para informar sobre la situación que estaban atravesando.

“Queremos seguir trabajando. Esto nos perjudica. Lamentablemente esta persona ha adoptado la fuerza así. El vino con gente que es amiga de él y medio mafiosos”.

Luego de la agresión, algunos patrulleros entraron al interior del frigorífico.

DSC08836Por su parte, la CTA se entrevistó con la jueza de Garantías Marisa Prome, exigiendo que “se articulen los medios para que garanticen la seguridad de los trabajadores”, según dijo a este medio José Lualdi, miembro de la Comisión Directiva de la central. A su vez, hacen “responsables a las fuerzas de seguridad de cualquier daño que sufran los trabajadores”.

El SUTEBA Bahía Blanca expresó a través de un comunicado “el más enérgico repudio al accionar de una patota de hombres armados, claramente identificados, que pretendieron ingresar por la fuerza a la empresa. No consiguieron su objetivo ante la valiente defensa ejercida por trabajadores y trabajadoras de INCOB. Los agresores hicieron uso de armas de fuego produciendo lesiones en varios trabajadores (uno de ellos con herida de bala en un dedo de la mano)”.

“Podemos desmentir rotundamente que se trate de un enfrentamiento entre dos fracciones rivales. Por el contrario hubo un grupo agresor que intentó entrar por la fuerza en el frigorífico y una actitud llamativamente pasiva de la policía”.

“Los trabajadores y trabajadoras de Incob han demostrado que quieren continuar su trabajo legítimo por el que tanto han luchado. Es por esa razón que al tiempo que repudiamos la violencia y demandamos juicio y castigo a los agresores, hacemos público nuestro respaldo a la lucha de quienes están hoy defendiendo el derecho a tener trabajo”.

Desde ASTRAMYC también manifestaron “nuestra absoluta solidaridad con los compañeros y compañeras del frigorífico INCOB frente al brutal ataque perpetrado por una patota, comandada por Enrique Garaggiola, en la cual fueron heridos varios compañeros con balas de plomo. Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad a solidarizarse con la lucha que se está llevando adelante por la defensa de los puestos de trabajo. A continuación dejamos el link de uno de los videos donde se observa a parte de la patota intentando ingresar al frigorífico, armas en mano”.

El horario de lectura del veredicto del juicio contra 22 represores que actuaron a órdenes de la Base Naval de Puerto Belgrano de la Armada Argentina durante el terrorismo de Estado fue adelantado por la necesidad de las autoridades de la Universidad Nacional del Sur de disponer del Aula Magna de Colón 80 para otras actividades. De esta manera, el Tribunal resolverá la situación de los imputados por crímenes de lesa humanidad el miércoles 25 desde las 15.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los imputados de la Armada Argentina son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Edmundo Óscar Nuñez; Alberto Gerardo Pazos y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa y Leandro Marcelo Maloberti; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons.

Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala; el ex coronel Carlos Andrés Stricker, y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Raúl Artemio Domínguez y el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont.

Completan el banquillo los ex prefectos navales Francisco Manuel Martínez Loydi; Pedro Alberto Pila, y Néstor Alberto Nougues y Luis Ángel Bustos; el ex prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman.

Cada vez son más fuertes las versiones sobre la vuelta a la Delegación de Gral. Cerri de su ex titular Alberto Sangre. El dirigente no solo contaría con el aval del intendente electo por Cambiemos, Héctor Gay, sino con el “consenso” de la comunidad cerrense. El probable delegado fue además concejal y candidato a jefe comunal por el radicalismo linarista y más recientemente empleado en la planta permanente de la Cámara de Diputados bonaerense.

Sin embargo, su última aparición mediática no se debió a su actividad política sino a la declaración testimonial que en 2013 brindó en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en defensa del coronel (R) Alejandro Osvaldo Marjanov, luego condenado a prisión perpetua por genocida.

“Creía que Marjanov no tenía todas las vocaciones de militar, era un excelente profesional ingeniero electrónico. Nunca lo vi salir vestido de verde a la calle. Terminaba las actividades, se vestía de civil y ni llevaba el arma personal de los oficiales. Yo terminaba acomodando su habitación. No usaba custodia. Su familia contaba con cuatro hijos y cuando me estaba por ir nació el quinto. Era una persona de familia, ¿no? Con muy, muy, muy, con mucha raíz familiar”, dijo entonces Sangre al tribunal, tras considerarse un “hijo de la democracia”.

Según la crónica de FM De la Calle en juiciobahiablanca.wordpress.com, con el grado de Mayor de Comunicaciones, el 9 de diciembre de 1976 Marjanov fue designado como Segundo Jefe del Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Su puesto durante el terrorismo de Estado incluyó la subjefatura del Área de Defensa 511. El Batallón contaba en 1977 con tres secciones de contrasubversión y sus instalaciones eran un lugar de paso hacia el campo de torturas y exterminio La Escuelita, en uno u otro sentido. Durante su subjefatura pasó por allí, entre otras víctimas, un grupo de estudiantes de la ENET Nº1 que era ‘blanqueado’ tras haber sido torturado en aquel centro clandestino.

El probable delegado cerrense de Cambiemos había sido ofrecido como testigo de la defensa oficial por sus catorce meses como conscripto en el Batallón de Comunicaciones 181 desde marzo de 1977 y sus (des)conocimientos por ser uno de los tres soldados estafetas en la Mayoría -“donde estaba la plana mayor”- a órdenes directas del imputado. “Cuando llego al servicio militar venía de una situación muy crítica, de papás separados y encontré en él a una persona que me sirvió de mucho”, dijo.

Sangre declaró que por los estafetas pasaban comunicaciones a los mandos: “En forma esporádica el segundo jefe mandaba órdenes escritas y las transmitíamos, eran para reuniones internas del Batallón, la banda, el manejo interno de una guarnición con muchísima actividad porque había muchos soldados, muchos oficiales y distintas compañías”.

“Nunca transporté una orden fuera de lo normal que era una administración cotidiana, diaria y nada más que eso”, explicó el testigo y agregó que “esperábamos que llegara él que venía con su Fiat 1600 manejando personalmente de civil. Se vestía y concurríamos a las actividades y nosotros en un pasillo que estaba frente a su despacho aguardábamos las órdenes”.

marjanovDurante parte de la colimba salía a diario de la unidad militar a trabajar, sin embargo nunca vio las filas de familiares angustiados esperando alguna información sobre parientes detenidxs desaparecidxs. “Mire, seguramente había movimiento de civiles en la guardia, pero puntualmente no las vi. Nunca escuché ese tema puntual”.

Sobre las compañías del Batallón dijo que estaban la A, la B, Comando y Servicios que dependían directamente de la unidad y además Telecomunicaciones, Policía Militar “que no dependían del Batallón”. ¿No había una de Combate? “No la conocí nunca”, respondió. ¿Pudo haber existido? “Me considero un hijo de la democracia, los hechos aberrantres los repudio y si los hubiese conocido le diría que sí”, exageró.

Interrogado por el rol que desarrolló el Batallón de comunicaciones en la “lucha antisubversiva” contestó que “había dos unidades de retén compuestas por soldados -dos camiones- y un suboficial a cargo de eso que era convocado por el Comando cuando salían de patrulla. Generalmente participaba la Compañía A. Comando y Servicios éramos todos los soldados que cumplíamos funciones específicas de actividades diarias”.

“Se hablaba” de un centro clandestino de detención pero “estábamos totalmente aislados”, no conoció “ni dónde estaba la famosa Escuelita”. Nunca vio nada raro en el Batallón. No había detenidos salvo soldados, ni zonas restringidas. En el gimnasio funcionaba la banda. A Marjanov no lo vio salir a operativos. No pudo afirmarlo en el caso del teniente coronel Mansueto Swendsen porque “era una persona muy movediza”. Nunca le explicaron qué eran las comunicaciones paralelas. Marjanov “era el segundo jefe del batallón y nada más”. Y nada menos.

Tomó su primera comunión en el Batallón con el padre Aldo Vara. “Su lugar de trabajo siempre era junto a los soldados en la compañía, por ahí, tenía un despacho que permanecía prácticamente cerrado”. El capellán prefería llevarle golosinas y caramelos a los pibes de la ENET secuestrados en el Batallón a hacerse cargo de las denuncias que le hacían sobre las torturas padecidas en La Escuelita y por su participación murió tras ser detenido en Ciudad del Este donde lo cobijó la Iglesia Católica.

“¿Conoció al capitán Otero?”, preguntó el juez Jorge Ferro en referencia a otro de los responsables del Área de Defensa 511 imputado por secuestros y homicidios, quien seguramente será condenado el próximo miércoles 25 en la Causa Armada. “Era el jefe de Comando y Servicio”, replicó Sangre y confirmó que éste respondía directamente a su defendido. Por debajo de Marjanov, el capitán Otero, por encima, el coronel Mansueto Swendsen, condenado a cadena perpetua.

La Fiscalía sostuvo que desde su ubicación jerárquica y funcional Marjanov fue uno de los eslabones imprescindibles en la cadena de mando por medio de la cual emitía y transmitía órdenes cuyo cumplimiento ocasionó la consumación “exitosa” de cada uno de los hechos. Los jueces compartieron dicho análisis y resolvieron que termine sus días en prisión.

“Marjanov ya retirado me sorprendió porque una vez vino como coordinador general de Defensa Civil de Jujuy a Bahía Blanca, nos encontramos, charlamos, yo también cumplía función pública, fue un encuentro de un par de horas y no lo vi nunca más”, cerró aquella tarde Sangre.

Desde principios de mes en Ushuaia son juzgados 17 docentes y 16 camioneros por participar de un reclamo salarial. La acusación partió de la gobernadora Fabiana Ríos tras una protesta realizada en Casa de Gobierno el 23 de mayo del 2013 en el marco de un paro provincial impulsado por la CGT y CTA.

“Los delitos imputados son atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones con diferentes grados y que llegan incluso a los catorce años de prisión como pena máxima para nuestro secretario general de la organización y secretario general de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena”, dijo a FM De la Calle Verónica Andino, dirigente de Sutef.

En aquel entonces, luego de varias negociaciones y ocho días de permanencia en el edificio se arribó a un acuerdo salarial acorde a lo solicitado por el gremio docente. Pero la revancha fue la inmediata apertura de causas judiciales y sumarios administrativos.

El 21 de octubre se conformó el Tribunal para juicio oral y público. Ese  mismo día, se dispuso la fecha de inicio. Todas las causas en Tierra del Fuego, cuando llegan a esta instancia demoran un año en fijar la fecha y dos en dar comienzo al juicio. Los turnos se están entregando para el 2017. Esta vez, rápidamente, la fecha se resolvió en un día y el juicio se realiza quince días después.

Desde la CTA Autónoma de Tierra del Fuego afirmaron que “en plena transición de gobierno, llevan a juicio a aquellos que se opusieron al ajuste sobre los trabajadores, a aquellos que se enfrentaron a la quita de derechos laborales que quería imponer el Gobierno saliente (PSP), a aquellos que hoy resisten el recorte que quiere imponer el Gobierno entrante (FPV)”.

Además, destacaron que el juez de la causa, De Gamas Soler, está acusado y procesado por ocultar evidencias en el juicio de la AMIA y buscó refugio en el fin del mundo “con la complicidad de la clase política que lo nombró”. Los sindicatos fueguinos exigen “el inmediato cierre de todos los sumarios administrativos realizados a los docentes por las mismas causas, impulsados por la gobernadora Fabiana Ríos para exonerar de sus cargos a los trabajadores de la educación. La sanción por parte del Congreso de la Nación de una ley nacional que indulte a todos los compañeros trabajadores, referentes, delegados y dirigentes procesados por hechos sucedidos en el contexto de la protesta social y sindical”.

Foto: Gremiales del Sur.

En distintas ciudades del país se realizó este jueves una Jornada Nacional contra la Megaminería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales, como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado.

Desde Santa María, Catamarca, a pocos kilómetros de la Minera La Alumbrera, Karina Matinelli aseguró a FM De la Calle que la jornada surgió a partir del derrame de agua cianurada en Jáchal: “La verdad que es tristísimo porque le arruinaron la vida al pueblo, los productores ya no pueden producir usando el agua del río porque está totalmente contaminado no solo con el cianuro que se puede evanecer con el sol o el aire sino el tema de los metales pesados, le han dejado metales a niveles de 1400% por encima de lo que establece la OMS. La situación es desesperante”.

Las trasnacionales mencionadas arriba consumen por día alrededor de nueve toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que la “complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quien será nuestro próximo “PRESIDENTE”, según las leyes 24.196 (Inversiones mineras), 24.228 (Pacto Federal Minero) y 24.224 (Reordenamiento minero), estas empresas gozan de grandes beneficios, mientras saquean nuestros bienes comunes, y envenenan a nuestro pueblo”.

“No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que estas generan. Sumáte en tu ciudad. Es momento de que se vayan”, agregaron.

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Javier Barrera, vecino de Villa Nocito, denunció el inicio de la instalación de una antena de telefonía celular de la empresa Telecom. “Llegaron unos hombres a trabajar ahí nomas de mi casa. Estaban poniendo unos postes, cuando les pregunté para qué eran, me contestaron que era para iluminar”, dijo a FM De la Calle y agregó que “fue todo instantáneo, comenzamos a preguntar, convocamos a los vecinos en el lugar donde estaban trabajando y realizamos la primera asamblea”.

Poco tiempo después se apoyaron en la ordenanza N°17.130 que impide la colocación de este tipo de antenas: “Nadie controla nada de nada. Esto está prohibido por la justicia, desde el municipio y el Concejo Deliberante no pasa nada. No podemos vivir corriendo a la gente que hace estas cosas, no es nuestra función”. “No me siento en democracia porque nos están imponiendo algo que nos perjudica mucho, nadie consulta nada de nada. (…) Hablé con vecinos de Bahía Blanca y con personas de la provincia. Nos tenemos que reeducar y concientizar a la gente”, sostuvo.

Horas después de conversar con FM De la Calle, Javier informó en las redes sociales: “Primer batalla ganada, se llevaron el mono poste para el emplazamiento de la antena de telefonía y se suspendió el armado, todavía no sabemos cuál fue la razón, ni quién ordenó la suspensión. Ahora vamos por los responsables directos, seguimos con la denuncia, queremos saber quién dejó que esto ocurriera y cómo es que se saltean etapas legales con tanta impunidad y que encima, siga ocurriendo en otros barrios. Felicitaciones a mis vecinos por la decisión de seguir la lucha hasta el final, gracias a Gladys Girotti por estar cuando la convocamos, vamos a ir por la Banca 25 para Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca y por todos lo demas barrios y otro agradecimiento a Leandro Aparicio, por representarnos ante la justicia. Esta lucha sigue, estamos atentos”.


Texto: Diego García.

Con las últimas palabras de algunos de los 22 imputados por crímenes de lesa humanidad que son juzgados en Bahía Blanca, terminaron ayer las audiencias del debate oral en la Causa Armada. Los acusados son hombres de dicha fuerza naval, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral ratificó que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 18:30 dará lectura al veredicto.

El fiscal José Nebbia rechazó una serie de nulidades planteadas por la defensa oficial en relación a la incorporación a la prueba de declaraciones tomadas durante la instrucción y las inspecciones oculares a los centros clandestinos de detención.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

“Voy a dar por terminado y concluido y cerrado el debate correspondiente a la causa 1103 caratulada ‘Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterado, homicidio agravado reiterado en perjuicio, entre otras personas, de Guillermo Aníbal Aguilar’ y convoco a todos, a las partes, para el día 25 de noviembre a las 18:30 que se va a dar lectura del veredicto que va a caer sobre esta causa”, dijo el presidente del Tribunal José Mario Triputti.

tribunal efemedelacalleAntes, José Nebbia -quien estuvo a cargo de la acusación junto a Miguel Ángel Palazzani- rechazó los pedidos de nulidad solicitados por la defensa oficial. Uno de ellos estaba relacionado con las declaraciones testimoniales tomadas por la Unidad Fiscal durante la investigación de la causa “sin el control de las partes”. Entre las cuestionadas estuvo la del ex colimba Aníbal Américo Agotborde.

“Este testimonio estuvo a disposición antes de ser elevado casi tres años, esta Fiscalía no se puede hacer cargo de suplir el trabajo de la defensa. Además tuvieron la oportunidad de preguntarle ampliamente en el debate oral y no lo confrontaron con los testimonios prestados en ese momento en la instrucción”, afirmó  Nebbia. “Más allá del momento puntual en que se tomó la declaración del testigo  lo cierto es que la práctica y procedimiento del Ministerio Público Fiscal siempre es el mismo (…) ellos marcan la cancha, toman las declaraciones y después nos invitan a jugar”, se cubrió el defensor Marcos Marini.

Otra de las nulidades apuntaba a las inspecciones oculares cuyos resultados, según la defensa, fueron contradictorios. “Quiero señalar que la primera inspección ocular fue hace muchísimo tiempo, estaba Cañón todavía de fiscal, pasó Córdoba, estamos nosotros. Y en esa oportunidad no se inspeccionó la séptima batería, fueron la tercera, la cuarta y la sexta. Todos los sobrevivientes fueron convocados y (algunos) estuvieron en condiciones materiales y emocionales de ir y otros no”, comentó el fiscal.

Luego de rechazar dichos planteos, el representante del Ministerio Público pasó a rectificar algunos errores expresados durante su alegato referidos a fechas de actuación de algunos represores y se detuvo en la reivindicación de la testigo Diana Diez: “Fue secuestrada, fue abusada dentro del centro clandestino, hace diez años murió de cáncer, no pudo venir a explicar lamentablemente ella misma lo que le habían hecho. En épocas en que la impunidad reinaba, valientemente declaró y contó todo lo que supo y reconstruyó lo que les había sucedido a ella y a sus compañeros. Así que tratarla de mentirosa habla más de quien lleva adelante esa conducta que de la propia sobreviviente emblemática”.

Al momento de las últimas palabras de los imputados, el primero en tomar el micrófono en el Aula Magna de la UNS fue el prefecto Luis Ángel Bustos “muy preocupado por su salud y su familia”, seguido por su colega Néstor Alberto Nougués, quien se consideró “inocente de todos los cargos” porque no conoció a las víctimas dado que “siempre estuve en una oficina”.

El ex guardia de La Escuelita Raúl Artemio Domínguez sostuvo que “hace dos años, ocho meses y once días que estoy privado de la libertad por una causa que no tengo nada que ver” y el teniente coronel (r) Guillermo González Chipont agradeció el permiso para ver a su hijo una vez por mes.

El ex jefe de la Sección Informaciones de Prefectura Francisco Martínez Loydi quiso que el tribunal “sepa algo de mi vida” y repasó “algunos hechos que me marcaron” como su “voluntario” ofrecimiento para ir a Malvinas años después de cometer los crímenes que se le imputan. Al ex titular de la cárcel de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, le llamó la atención que la ex presidenta Estela Martínez de Perón y su ex ministro Carlos Ruckauf no aparezcan en el juicio aunque hayan sido quienes “ordenaron que actúe de la forma en que actué”.

Alejandro Lawless, quien fuera jefe de sección en el Batallón de Comunicaciones 181 volvió sobre su careo con un ex colimba y el ex responsable de la Fuerza de Tareas Nº2 de la Armada, Gerardo Alberto Pazos, afirmó que “se han sacado del contexto histórico hechos que ocurrieron en el país durante los años 70”

Tomás Hermógenes Carrizo comandó la contrainteligencia en Puerto Belgrano y leyó en su “condición de marino” unos párrafos de una carta de un almirante yankee a otro nazi que tras la segunda guerra mundial reivindicaban la obediencia debida. “Finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubrí las facetas oscuras, corruptas y confusas de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba desde el comienzo de mi vida, fueron la justicia, la política y la Armada”, rezongó Enrique de León, quien fuera encargado de la contrainteligencia en Baterías.

Raúl Oscar Otero aseveró que su cargo en el Batallón de Comunicaciones 181 era logístico y que no tenía injerencia fuera de la unidad y habló de su estado de salud. Pedro Alberto Pila explicó “algunas facetas” de su vida “cuando casi daba por terminado su ciclo en la Prefectura Naval Argentina” porque había perdido su vocación de servicio cuando la fuerza se involucró “en funciones ajenas a su función específica”.

El ex jefe del Departamento Seguridad y Comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano José Luis Ripa pidió “a dios ilumine a vuestras excelencias para que dictaminen mi sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata” y Carlos Andrés Stricker insistió en diferenciar el Batallón de Comunicaciones 181 del “cuartel de Villa Floresta” del Ejército y afirmó que por los crímenes que se le achacan “tendrá que dar cuentas mi jefe que está muerto”.

Todos ellos, más los que ayer prefirieron el silencio, escucharán qué será de su futuro el próximo miércoles 25 a las 18:30 en Colon 80, sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur a cuya comunidad supieron reprimir crudamente.

(Por Laura García Vázquez) No suelo comenzar mis notas con comentarios personales, ni suelo hacerlo tampoco en su transcurso, pero esta vez haré una excepción. Miré la fecha de la última vez que escribí, 27 de septiembre, pasó un largo mes, pasaron las elecciones de octubre, comenzó el mes de noviembre y faltan dos semanas para el balotaje que decidirá el próximo presidente de mi país, de nuestro país, la nación Argentina.

Pareciera que la realidad me ha dejado sin palabras, me ha superado sería otra forma de decirlo, aunque en verdad no es eso lo que sucede sino que el proceso eleccionario en la Argentina y sobre todo la conciencia sobre nuestra verdadera situación económica, estructural, social y política me llevan forzosamente a escuchar y leer la realidad y, como consecuencia de esta atención en la lectura a no expresarme, o al menos a no hacerlo tan seguido.

Voy a retomar algunas de las preocupaciones de mi última nota, una de ellas es la del país dividido. Una falsa división si me atengo a los intereses que naturalmente deberíamos tener. Más dañina y peligrosa aún si tenemos en cuenta nuestra condición de país dependiente: es imposible luchar contra la dependencia para un pueblo dividido como bien señala el Martín Fierro, pero hay algo más  significativo: sobre el fomento de esa división hemos llegado al esquema de poder actual, el que, más allá de cuál de los dos candidatos gane el balotaje, ya ha cambiado en nuestro país y nos ha puesto a la defensiva, en la resistencia y ha retrasado los objetivos de construir una alternativa emancipadora para la Argentina. Y si en este momento uno ahondara en las responsabilidades sólo estaríamos aumentando las divisiones que nos perjudican. Existe una gran dificultad extendida en el pensamiento de muchos que diluye todos los límites y confunde las prioridades.

Me pregunto dónde quedó la política cuando  partidos tradicionales han perdido sus nombres y carecen de organización política. Al contrario, lo que ha crecido es el clientelismo como práctica diversificando sus modalidades y abarcando todas las clases sociales y culturales y, también, el marketing como fábrica de instalar opinión en la sociedad. Quizás por esto también, lo digo esperanzada, ninguno de los dos candidatos que participarán del balotaje ha concentrado grandes mayorías. Recordemos: Daniel Scioli 36.8% y Mauricio Macri 34,3%. Tampoco ninguno ha generado entusiasmo positivo y, en cambio, si se expresan la defensa, o el hartazgo, no dejando lugar para proyectar una verdadera justicia social y los derechos humanos integrales para todos los argentinos.

La democracia también ha sufrido una distorsión grande. En vez de democratizarse las decisiones importantes que nos atañen a todos, se incentivan las expresiones que bajo una aparente libertad aumentan el individualismo o el individualismo colectivo por sobre los derechos sociales o la verdadera solidaridad. Mientras,  se concentran los círculos de poder y la clase política como tal se perpetúa en el ejercicio del gobierno conservando sus privilegios y representándose a sí misma o gerenciando los grandes negocios privados y extranjeros.

Evidenciar los problemas estructurales de nuestra Argentina nada tiene que ver en este momento con sembrar alarmas innecesarias, por lo contrario, es un acto de responsabilidad, porque ya se sabe que las crisis las paga el pueblo, pero no todo en igual medida, y eso también dificulta la necesaria unidad que solamente puede lograrse mediante una sociedad solidaria y profundamente humana, que no se distraiga en el consumo o la sobrecarga de actividad e información, que se detenga y demore a pensar en el otro, que se tome tiempo también para interiorizarse de nuestra verdadera situación económica, no la propia sino la del conjunto. Los problemas estructurales no se solucionan ni con maquillaje ni con la indiferencia.

Sinceramente, me preocupa mucho más el futuro que el resultado del balotaje, es imprescindible que tengamos todos capacidad autocrítica para comprender el círculo vicioso de la Argentina.

Siempre lo ha sido pero ahora más que nunca es necesario un Proyecto Nacional que sólo puede construirse con Unidad, dejando de lado sectarismos y falsos ideologismos.

Es nuestra obligación ir en busca de la Patria perdida, recomponer una larga historia donde el poder de turno se encargó de confundir a patriotas con entreguistas, y de esta manera mantuvo la dependencia que nos imposibilitó conquistar un necesario modelo productivo soberano que responda a nuestras verdaderas necesidades humanas.

Hoy se realizará una jornada de protesta convocada por la Asociación Judicial Bonaerense en repudio a la persecución gremial que ejerce el Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, contra el flamante secretario general de la departamental local, Néstor Alende.

La medida se da en el marco del Congreso General Ordinario que sesionará en Bahía Blanca en solidaridad con Alende. Al mediodía se realizará una asamblea en el hall de tribunales y luego se marchará a la sede del Ministerio Público Fiscal para reclamarle a Fernández por la persecución y hostigamiento que lleva adelante contra el trabajador judicial.

“Decidimos realizar esta acción gremial en Bahía Blanca porque los trabajadores judiciales no podemos tolerar que un compañero sea sancionado por hacer valer sus derechos. El sumario fue armado burdamente por el Fiscal General, en reacción a los límites que Alende puso a su accionar arbitrario y violento”, señaló Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

Cabe recordar que Alende fue sancionado por negarse a cumplir una orden inconstitucional de su superior y Fiscal General, Juan Pablo Fernández. “Se puede decir que no, acá la obediencia debida no existe, cuando algo es ilegítimo no tenemos que agachar la cabeza y cumplirlo, tenemos que denunciar, hay muchos compañeros sumariados, hay fiscales e instructoras sumariadas”, dijo el secretario General de la AJB Bahía Blanca.

Por su parte, Abramovich señaló que estamos ante “un intento de atacar la libertad sindical en el Poder Judicial, que lamentablemente viene siendo avalado por el accionar corporativo de un sector del Poder Judicial que pretende que no exista un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, concluyó.

La AJB y la Federación Judicial Argentina han realizado numerosas protestas y gestiones ante la Procuradora María del Carmen Falbo, solicitando el archivo del sumario contra Alende.

La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

El arquitecto Raúl Luisoni se refirió en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al proyecto de ordenanza sobre “techos verdes” que analiza el Concejo Deliberante. Según el profesional, se trata de “realizar sobre la estructura de una casa o edificio el crecimiento de plantas, ya sean nativas o adaptadas y de pequeño porte en lo posible” para no incrementar los costos.

Luisoni comentó sus aspectos positivos: “Los beneficios son varios, la aislación térmica de las superficies es uno. También evita la voladura de polvo en los días ventosos. Gozaríamos de una ciudad con menor temperatura y menor amplitud térmica. A modo personal, en la casa de uno no estaría con tanta temperatura y en la noche no despediría calor la estructura del hogar. Todo depende y es en función del clima de una ciudad”.

“En la estructura de losa es un poco más sencillo realizar un techo verde. Ahora, en la estructura de chapa es más complejo, hay que hacer una subestructura para que aguante. Igual es un gasto mayor a no realizarlo. (…) Estaría bueno incentivar a las zonas del centro y macrocentro que es donde existe mayor calor. Cuando salís para lugares más periféricos, cambia la cuestión, hay más plantas. Se está estudiando un descuento en el ABL para estimular a los consorcios de los edificios”, añadió.

En el plano político, Luisoni recibió el apoyo de la concejala Elisa Quartucci: “Se interesó en el tema y consultó al Colegio de Arquitectos. Durante años tratamos de darle un marco legal, que tenga una serie de beneficios, públicos y privados y además, que la gente lo entienda”.

“En Rosario y Capital Federal están legislados. Hay varios puntos de país donde ocurre. Acá pasó en una casa del barrio Palihue recuerdo. Todo depende del clima, realmente es muy difícil que haya un verde absoluto”, sentenció.

Texto: Diego García.

El fin de semana circuló por Facebook un comunicado de la empresa Profertil dando cuenta de “una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco” que provocó un “fuerte ruido”, el cual se agregaba que las autoridades estaban “debidamente informadas”. Sin embargo, vecinxs whitenses se quejaron por la falta de comunicaciones a la población.

El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, César Pérez, aseguró en FM De la Calle que “es normal que eso suceda en estas plantas de proceso” y que no ameritaba difundirse desde la comuna. Además, se refirió a la multa que finalmente le impondría el Municipio a la empresa Dow por no informar oportunamente sobre la explosión e incendio registrada en una de sus plantas la semana pasada.

“El único comunicado que hemos recibido de Profertil es de ayer a la tarde en el cual nos comunicaban que estaban poniendo en marcha sus unidades”, sostuvo Pérez. En las redes sociales, la empresa había dicho el sábado: “A las 19 horas del día de hoy se produjo una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco. A raíz de esto se pudo percibir un fuerte ruido. En el curso de las acciones que a continuación se sucederán por esta parada imprevista de la planta podrá observarse mayor luminosidad en las antorchas de proceso y, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual en estas maniobras”.

“Son secuencias operativas y las mismas protecciones por proceso que por alguna causa han parado el equipo, el compresor, es normal que eso suceda en estas plantas de proceso”, afirmó el titular del CTE y agregó que “una falla puede determinarse que un instrumento detectó alguna variable fuera de lugar en el compresor, entonces, por seguridad automáticamente mandan a parar el compresor, eso es propio de todo lo que es el funcionamiento de esta máquina”.

En cuanto a la comunicación del episodio, que se limitó solo a la voluntad de la empresa en las redes sociales, Pérez comentó que “muchos de esos comunicados los recibimos nosotros vía el sistema de radio que tenemos con la empresa”. ¿No amerita que se lo comunique a la comunidad?, se le preguntó. “No, no”, respondió.

Luego de este mediodía, Profertil reportó a los medios por correo electrónico: “La compañía informa que, normalizada la situación que dio origen a la salida de servicio del Complejo, se han iniciado las maniobras de puesta en marcha de las unidades productivas de urea y amoniaco. Durante este proceso podrá observarse una mayor luminosidad en antorchas como así también, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas según lo acostumbrado en estos casos”.

Multa a Dow

Si bien en principio la Agencia Ambiental y el CTE descartaron infraccionar a Dow PBB Polisur por la explosión e incendio en una de sus plantas (foto), el viernes resolvieron enviar al Tribunal de Faltas una denuncia por incumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas.

“A través de todo lo que es la legislación nacional y provincial no teníamos ningún elemento para poderla sancionar. Sí después corroborando los datos y la secuencia de llamados en el Proceso APELL del Plan de Respuestas a Emergencias Tecnológicas (PRET) observamos que la empresa no había hecho un comunicado dentro de los treinta minutos como lo dice el Plan. Se le está imputando una falta por la ordenanza municipal 17.087”, dijo Pérez.

La empresa debió dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo el martes 3 en Dow dentro de los treinta minutos posteriores a la explosión a través de Radio Nacional. El Juzgado de Faltas podrá aplicarle una multa de entre cincuenta y cien sueldos municipales.

Por otra parte, el coordinador del CTE sostuvo que el PRET depende de tres componentes: “Las empresas, la comunidad en la cual están incluidos los equipos de respuesta, llámese Bomberos o Defensa Civil y la Municipalidad. Hay un protocolo en el cual iniciado el evento, si no lo categoriza la empresa en función de lo que puede estar sucediendo, se hace una primera categorización de un Nivel 1 y después se va viendo si es necesario o no aumentar de nivel”.

“El Proceso APELL tiene un coordinador que desde hace un año no ha sido nombrado, estando a cargo del CTE y por tener cierta relación con el proceso y por tener la guardia que son los primeros que están en la emergencia, transitoriamente estoy yo como coordinador y llevando adelante el desarrollo y las actividades de las tres comisiones que tiene el proceso”, relató.

En la explosión de Dow la categorización fue de Nivel 1 aunque se registraron tres heridos. “No teníamos certeza si había o no heridos, con lo cual estábamos en un Nivel 1. Cuando ya estaba todo controlado el fuego, ahí recién nos avisan que había una persona un poco aturdida por el ruido, nada más. Teniendo en cuenta eso, se evaluó junto con el director de Defensa Civil que no era necesario subir al Nivel 2. Sí después finalizado y dado por concluido el PRET, que fue alrededor de las 16:10, sí hubo dos personas que tenían algún golpe en la mano pero el evento ya había finalizado”.

El Nivel 2 hubiese implicado la conformación de un “comité móvil” integrado por representantes de Defensa Civil, Policía, Dow y el municipio “para seguir cuál es el avance del incidente hasta tanto finalice”.

Que la empresa haya informado tarde la existencia de heridos, para el titular del CTE, estaría dentro de la misma infracción elevada al Tribunal de Faltas aunque todavía “la comisión de Respuesta a Emergencia del Plan APELL” debe “determinar si todos los protocolos también se siguieron con respecto a los avisos”.

El arquitecto José Zingoni fue invitado en los últimos días a formar parte orgánica del gobierno municipal del intendente electo Héctor Gay. El ofrecimiento surgió por su labor en la elaboración del Plan Estratégico durante el gobierno de Jaime Linares. “Lo bueno que tiene esto es no hay un plan de gobierno sino un plan de ciudad”, dijo el presidente del GEN.

“El plan en su momento fue una herramienta novedosa, buscaba definir el horizonte de la ciudad de una manera muy participativa, nosotros trabajábamos en conjunto con distintas instituciones locales y privadas. En principio se realizaba un diagnostico participativo, luego un menú de programas y proyectos. Lo que se mezclaba son los aspectos técnico de desarrollo local como el metodológico empleado para llevar a cabo un plan”, explicó a FM De la Calle.

El arquitecto recordó problemáticas que continúan vigentes: “La cuestión de la contención de la periferia, el acceso de la gente a la tierra, estos temas han quedado de lado. El desarrollo portuario es una de las cosas más importantes para la ciudad y dio un giro importante. Fijate que el puerto crece hacia adentro, no hacia afuera. Uno de los fines del plan era trabajar para la comunidad”.

Añadió que “después del 2003 hay cosas que sobrevivieron del plan, como por ejemplo el tema de los ensanches de algunas calles. Lo que tenía que ver con el tránsito, los espacios públicos, los edificios históricos, todas estas cuestiones han quedado de lado”. Además, remarcó, “no se compró ni un metro de tierra para ampliar el actual relleno (sanitario), no hay ni un solo informe de cómo van las cosas en la temática de residuos”.

El plan contemplaba la problemática del agua en la ciudad. “Durante nuestro trabajo tomamos como fundamental los informes realizado en la Universidad del Sur. Hicimos una ponderación de varias opiniones, el mismo avance tecnológico en esta materia fue y son importantes. En la actualidad se ha desatendido la voz de los especialistas en esta materia”.

Con respecto al ofrecimiento del macrismo, Zingoni manifestó que “fue una propuesta generosa de parte de Gay. Yo estoy agradecido pero respondo a un sector político y no voy a cambiar. Mis deseos eran formar parte de un hipotético gabinete de Virginia Linares y no se dio. Desde hace tiempo que tengo en claro en qué lugar estoy y quiero estar. Políticamente es mi lugar”, sentenció.

El presidente del GEN aclaró que “sería bueno y necesario reflotar, renovarlo al Plan Estratégico. Estoy pensando con mi equipo de trabajo en ser un asesor externo del nuevo gobierno comunal, pero todavía no definimos”.