En línea con lo solicitado por el fiscal federal Antonio Castaño, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva de cuatro hombres procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en una serie de prostíbulos y locales ubicados en Ingeniero White.

En su resolución, los jueces de Cámara consideraron que existen riesgos procesales, ya que el hecho de que se determinara que en el caso hubo “connivencia policial” permite presumir “el riesgo de elusión de la justicia” por parte de los imputados.

Los jueces también indicaron que, permaneciendo en libertad, los imputados podrían ejercer su influencia, comprometiendo los testimonios de las víctimas, y entorpecer así el procedimiento judicial, con la manipulación o contaminación de las pruebas.

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El principal imputado es Víctor Hugo Iglesias, único prófugo. Los detenidos este viernes tras la decisión del tribunal son Alfredo Ismael García, Alberto Martín Vargas y Eduardo Horacio Gutt. Los camaristas señalaron que Iglesias “aprovecha su influencia personal y política para garantizar la impunidad de los hechos ocurridos al interior del bar”.

Este último es un prefecto en actividad y García perteneció a la misma fuerza. Junto a Iglesias, ex dirigente de un club de fútbol de Ingeniero White, tienen causas elevadas a juicio por el mismo delito en los prostíbulos “Night Club Kaos” y “Las Vegas”.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

Tanto Iglesias como Vargas y García están acusados de ser autores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que Gutt se encuentra procesado como partícipe primario del mismo delito.

Esta organización estaría involucrada en el circuito prostibulario local y habría actuado con la connivencia policial ya que, a través de la investigación, se estableció que existieron mensajes de aviso para advertir allanamientos.

La organización habría sido la dueña de una serie de prostíbulos que tenían la fachada de lugares con “Show” y “Karaoke” pero donde en realidad había mujeres ofreciendo “copas” y “pases”. Además, según el testimonio de “clientes” de esos boliches, los “pases” se realizaban dentro de camiones ubicados en una playa de estacionamiento.

Iglesias, junto a Natalia Zotta, reabrieron la histórica Cantina Royal.

Iglesias, junto a Natalia Zotta, reabrió la histórica Cantina Royal.

Esos hechos habrían ocurrido desde una fecha desconocida hasta 15 de abril del año pasado, cuando se realizaron los allanamientos en varios locales nocturnos de esa localidad. En esa oportunidad, fueron rescatadas 25 mujeres en situación de vulnerabilidad.

En junio de 2016, el fiscal Castaño y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo -que asiste en la investigación-, solicitaron los procesamientos con prisión preventiva de los cuatro acusados. Sin embargo, el Juzgado Federal N°2 les dictó el procesamiento pero los mantuvo en libertad. Como consecuencia, en noviembre de 2016 el representante del MPF apeló la medida y solicitó la inmediata detención y prisión preventiva para los cuatro acusados.

Fuentes: FM De la Calle y fiscales.gob.ar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el rechazo al pedido de salir transitoriamente del país formulado por el ex camarista federal Néstor Luis Montezanti, imputado en la causa que investiga 22 homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca.
El ex magistrado había solicitado el permiso para viajar al exterior, pero el tribunal supremo rechazó el recurso extraordinario contra el fallo con el que, meses atrás, la Cámara Federal de Casación Penal se había opuesto a la solicitud.
Ya en setiembre de 2016, la Cámara Federal de Bahía Blanca, el mismo tribunal que presidió Montezanti, se había opuesto al pedido.
La Corte, con las firmas del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministro Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti desestimó al recurso, al que consideró “inadmisible” por no estar dirigido contra una sentencia definitiva.
El ex camarista federal fue denunciado por su “protección” al sangriento accionar de la Triple A bahiense y por haber actuado como Personal Civil de Inteligencia (PCI) que reportaba al Destacamento 181 y al Batallón 601 del Ejército dentro de las aulas de la Universidad Nacional del Sur durante el terrorismo de Estado.
En la causa penal se le atribuyó participación indirecta en 22 homicidios de la Triple A entre 1974 y 1975; se le imputó también el secuestro y los tormentos de un militante de la Juventud Peronista (JP) que lo habría reconocido durante su interrogatorio en el Cuerpo V de Ejército en 1977, y además se lo juzga por su desempeño como agente Inteligencia.
Montezanti renunció a su cargo en febrero de 2016, cuando en el Consejo de la Magistratura de la Nación avanzaba un proceso de juicio político en su contra por mal desempeño de sus funciones, “conductas incompatibles con los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y vocación democrática”.
Fuente: Télam.

(Por Martín Becerra) Tras más de un año de desmentidas oficiales, Cablevisión Holdings y Telecom, cuyos accionistas son los grupos Clarín y Fintech (David Martínez) anunciaron esta noche su fusión. El 40% del futuro conglomerado, que gestiona el visto bueno del gobierno argentino a través del ente gubernamental de Comunicaciones (ENaCom) pertenecerá a Fintech, mientras que el Grupo Clarín obtendrá aproximadamente un 33% y el resto cotizará en bolsa. Clarín y Fintech ya son socios en Cablevisión Holdings (del cual Clarín tiene el 60% y Fintech el 40% restante) mientras que Telecom ha sido en el último año y medio -gracias al aval del gobierno argentino- controlada en su totalidad por la compañía que representa D. Martínez.

En los términos en que se difundió, la fusión Telecom + Cablevisión coloca al Grupo Clarín en una situación inédita, pues será accionista minoritario en una apuesta estratégica por primera vez en su historia. Sin embargo, es prematuro aún para saber quién oficia de “punto” y quién es “banca” en esta operación.

El nuevo conglomerado infocomunicacional será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país. Aparte, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios, es propietario de radios líderes en AM (Radio Mitre) y FM (La 100) y de una de las cadenas de televisión abiertas más importantes (El Trece), además de ser accionista en Papel Prensa SA, la Agencia DyN y poseer señales de tv paga.

La fusión expresa un hito en la concentración de los mercados de información y comunicación de la Argentina y supera todos los niveles previos, que ya eran elevados. La prédica del gobierno del presidente Mauricio Macri acerca de inyectar mayor competencia en los sectores de la comunicación queda así expuesta a un sonado fracaso, pues en lugar de agregar nuevos concurrentes su política estimuló la fusión de los actores industriales dominantes (que en varios de los segmentos exhiben comportamientos anticompetitivos). Los nuevos niveles de concentración serían motivo de intervención de autoridades de defensa de la competencia en cualquiera de los países europeos o de América del Norte que suelen citarse como ejemplo de políticas serias. Los predicadores oficialistas, que combinan consignas de competencia y de inversiones como promesa a futuro para eludir la delicada trama institucional decretada por Macri, ahora enfrentan un nuevo desafío a su imaginario.

El gobierno argentino desguazó desde diciembre de 2015 las regulaciones previas (en particular aquellos artículos que habían merecido un atento examen de la Corte Suprema de Justicia y que en 2013 fueron declarados plenamente constitucionales, referidos a los límites a la concentración de la propiedad de medios) a través de decretos y resoluciones unilaterales que contravienen a su vez la declarada intención de establecer reglas republicanas estables y duraderas para un sector que suele esgrimir la inseguridad jurídica como pretexto para justificar los bajos niveles de inversión, la mala calidad de los servicios y la tendencia a la cartelización. Si Fintech ya violentaba los términos del DNU 267 suscripto por Macri al inicio de su mandato, el nuevo conglomerado fruto de la concentración entre Telecom y Cablevisión demandará un nuevo rediseño regulatorio a la medida por parte del gobierno nacional.

El martes 27 a las 19 en el Centro Histórico Cultural de la UNS, Rondeau 29, realizaremos una charla debate sobre el impacto que tendrá Vaca Muerta en Bahía Blanca. Será un espacio de difusión y discusión sobre este megaproyecto impulsado por poderes empresariales, políticos y mediáticos que transmiten sus supuestas bondades sin detenerse en sus consecuencias.

Avanzada sobre territorios ancestrales de comunidades originarias, contaminación ambiental y social, modificación acelerada de los modos de vida y de producción de las zonas afectadas por los tentáculos del emprendimiento de explotación de hidrocarburos no convencionales que en lo local habilitaría, entre otros negocios, la ampliación del polo petroquímico.

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Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, explicará por qué se explotan los no convencionales y por qué Vaca Muerta es mucho más que un proyecto energético. El OPSur es una organización que trabaja problemáticas de energía, ambiente y derechos colectivos y propone una transición hacia otra matriz productiva y energética bajo un marco de justicia ambiental y social.

La docente del Departamento de Geografía de la UNS María Amalia Lorda, a partir del trabajo de campo que realiza junto a François Taulelle en Añelo, expondrá los marcados y acelerados cambios que se produjeron en la localidad patagónica como consecuencia de la explotación de no convencionales. Lorda se detiene en los elementos que permiten entender esos cambios y cuestiona de qué manera este tipo de explotación impacta en el territorio, en sus actores y en sus usos tradicionales.

En tanto Emilce Heredia Chaz, historiadora de la UNS e investigadora del CONICET, propondrá pensar qué significa Vaca Muerta para Bahía Blanca problematizando el lugar que ocupa nuestra ciudad en el actual modelo extractivista a través del concepto de extractivismo urbano.

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(Por TEL*) La ofensiva del gobierno contra los jueces nacionales del trabajo y los propios abogados laboralistas es de una gravedad inusitada. Forma parte de una agresiva política impulsada por los sectores del capital con el objeto de hacer tierra arrasada con los derechos de los trabajadores.

Gobierno nacional y gobiernos locales vienen llevando adelante una verdadera campaña de destrucción del derecho del trabajo y sus estructuras normativas, concentrando sus ataques sobre jueces y abogados laboralistas porque saben que de ese modo golpean también a los trabajadores.

La violación abierta de la ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta extremadamente autoritaria que se inscribe en este marco.

Otros ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba, es expresión directa de la sumisión absoluta de los gobiernos a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.

La insólita pretensión del gobierno de esa provincia de sancionar una ley limitando el derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.

La acusación oficial que recae sobre jueces y abogados del fuero laboral conforma una ofensiva ideológica sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. No son los abogados laboralistas quienes promueven una supuesta “industria del juicio” sino las prácticas empresariales que desconocen la ley y los derechos de los trabajadores. Antes bien, si hay una infame “industria del juicio”, deberá buscársela en el sistema de las ART, las que de forma sistemática se niegan a reconocer las enfermedades laborales y obligan a los trabajadores a demandar judicialmente para obtener prestaciones médicas e indemnizaciones que apenas si reparan los daños recibidos, impulsando intencionalmente una verdadera saturación de la justicia del trabajo, con miles de juicios de trabajadores accidentados o enfermos por su labor y por las precarias condiciones en que realizan la misma. Esto da cuenta de la hipocresía de presentar a los empleadores y aseguradoras como víctimas en vez de victimarios.

El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar este proceso.

El pedido de juicio político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.

Quizás como nunca se ha revelado el carácter de clase de quienes abiertamente gobiernan en nombre y representación de los poderosos.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.

Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos con jueces y abogados laboralistas, y denunciamos que el absurdo ataque contra los mismos es en realidad parte de la ofensiva profunda y extendida contra los trabajadores como clase.


El Taller de Estudios Laborales es una institución científica y educativa independiente, que desde 1990 produce conocimiento, formación, y otros recursos destinados a elevar la capacidad y calidad de intervención de los trabajadores/as y sus organizaciones en las relaciones laborales y la negociación colectiva, a nivel de la empresa y la sociedad.

La Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctor Honoris Causa –post mortem– al ex fiscal general Hugo Omar Cañón, activo defensor de los derechos humanos.

La vicepresidenta académica Ana Barletta recordó que “Hugo Cañón fue el único fiscal general que desde Bahía Blanca se enfrentó a los represores y luego promovió los juicios por la verdad” y rescató “su valentía para luchar contra La Nueva Provincia, un diario cómplice de la dictadura militar”. “Cañón fue muy importante como testigo en el juicio que se realizó en España contra Adolfo Scilingo, condenado como autor de delitos de lesa humanidad”, agregó.

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El ex juez español Baltasar Garzón, quien recibió el diploma en nombre de su amigo, aseguró que “Cañón es un ejemplo de entrega al servicio público, sabía que los desaparecidos y las familias merecían de su máximo esfuerzo para que se supiera qué había pasado, para buscar la Verdad y la Justicia”.

La decana de Periodismo Florencia Saintout destacó “el coraje del fiscal Cañón que, en épocas de incertidumbre, en una ciudad con fuerte presencia militar como era Bahía Blanca, él salía a buscar testigos para que declararan en juicios por la Verdad”.

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El Consejo Superior de la UNLP aprobó esta distinción por una propuesta elevada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, destacando la trayectoria de un luchador que defendió las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La labor de Hugo Cañón como fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue fundamental para lograr la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Cañón también se desempeñó como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.

Fuente: UNLP

El fiscal general federal Alejandro Cantaro pasó por el programa ¿Quién te juna? (miércoles de 21 a 22), donde comentó la situación en los penales y su visión del sistema judicial.

Al principio se le consultó por qué se opta por el juicio abreviado para lxs menores, y si bien manifestó no contar con estadísticas, afirmó que esta modalidad de juicio últimamente se ha llevado adelante tanto con niñxs y adolescentes como en el sistema penal de mayores.

“El juicio abreviado significa que no hay debate. Desde hace unos años, en la provincia de Buenos Aires, todas las causas penales se resuelven con un juicio oral y público. A veces con un juez –cuando el delito es menor, son delitos correccionales, penas hasta tres años–, y ante un tribunal oral si son delito graves, de más de tres años. Ese es el modo normal para concluir una causa penal”, explicó Cantaro.

Además, expresó que hay soluciones ‘alternativas’ al conflicto. Por ejemplo, “lo que se llama suspensión de juicio a prueba. No se hace el juicio, se suspende, se le impone ciertas condiciones a la persona que está imputada de ese delito y, si en un plazo determinado (entre dos y cuatro años) no comete un nuevo delito, y cumple con las reglas que el juez le impone, entonces queda sobreseída, la causa termina”.

También, en algunos casos, “se puede llegar a un acuerdo, entre el imputado del delito, el fiscal y su defensor. Esto es lo que se llama juicio abreviado, no hay debate, la causa llega hasta un cierto punto”. Cuando recién se impuso el juicio abreviado, la controversia se generó porque muchos juristas y jueces rechazaban esta idea; lo sentían como una presión, una extorsión, sobre todo para los presos”.

En el sistema penitenciario la mayor parte de los presos son procesados, no penados. Pero, según contó el fiscal, “el tratamiento en el servicio penitenciario es diferente para el que está procesado y privado de su libertad, que para aquel que está penado. Entonces, el preso quiere ser penado, porque empieza a transitar el período de ir mejorando su situación, su conducta y poder ir calificando para cuando llegue el momento de salir en libertad”.

La situación de niñxs y adolescentes

“Llamémoslos como debe llamárselos –aseveró Cantaro–. Basta de menores, son ‘niñxs y adolescentes en conflicto con la ley penal’. Y hay que ser muy cautos con los defensores; los oficiales por lo menos son muy buenos, muy aguerridos, y seguramente se posicionan frente a una acusación contra un/a adolescente en una forma muy defensora”.

Asimismo, el fiscal explicó que la ley que regula el juicio penal se modificó hace algunos años, de modo que lxs niñxs y adolescentes tienen las mismas garantías que un adulto. “La ley prevé algunas reducciones de pena; inclusive, para un mismo delito, para un adulto o un/a adolescente es diferente la pena. Se imponen garantías de alojamiento donde van a estar; de hecho, son muy pocos los que son sometidos a un juicio penal estando privados de su libertad.

Cantaro criticó severamente el funcionamiento del sistema penitenciario en relación a la situación de lxs niñxs y adolescentes: “El sistema penal es tremendo, es una aplanadora. Debilita, desgasta. Si llega a quedar privado de su libertad un/a niñx o adolescente, en Bahía Blanca por ejemplo, no hay sistema de privación de libertad. Hay algunos institutos donde, en el caso de no quedar privado de libertad, permanecen, como empezando ya a instalar el sistema de reposicionamiento. El sistema penal es particularmente perverso con los niños o adolescente”.

El sistema penitenciario en Bahía Blanca

Del mismo modo, el fiscal general se quejó de las condiciones de la UP4, y la situación de las personas privadas de su libertad. “La cárcel de Bahía Blanca debe tener 100 años (la de Saavedra es más nueva). Ahora le habían cortado el gas, y estaban inventando métodos para poder calentarse. Nosotros trabajábamos mucho a partir de denuncias que recibíamos. Tenemos un teléfono con cobro revertido de todas las cárceles del país, así que recibimos todos los días veinte, treinta llamados. Cuando llaman presos de otras cárceles, nos comunicamos con el juzgado para decirle que tal persona, que está a disposición suya, necesita que vayan a verlo porque está padeciendo esto”.

Con ese sistema de teléfono, en un momento lograron trabajar dentro de la Unidad 4. “Cuando nos decían que en varios pabellones no tenían agua caliente… se congelaban en invierno al bañarse. Y debajo de la cárcel hay un surgente. Entonces fuimos, hablamos con uno, con otro, agarramos al jefe del servicio penitenciario, al ministro de seguridad, y lo que hicieron fue hacer caños, y con el agua del surgente lo llevaron a tres pabellones. Después las condiciones de vida en la Unidad Penal 4, y en otras cárceles que nosotros hemos visitado, son tremendas”, ratificó.

Cantaro no tuvo reparo en criticar el accionar del poder judicial. “He escuchado jueces, que cuando alguien venía a quejarse porque no podía ir al hospital a hacerse atender, le decían ‘mire mi compromiso es que usted no esté peor en la cárcel de lo que estaba en la calle. Este es mi compromiso, usted no tiene que estar peor’. Pero esto es lo que asumió el Estado, sino que renuncie”.

Y agregó: “Cada vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que intervenir en estos casos, se le impone penas [a Argentina] por no cumplir. Después del caso Verbitsky, donde Horacio describió lo que pasaba en las cárceles, dice ‘mire, no me diga que su único compromiso es que alguien no esté peor en la cárcel que en su casa, porque usted lo tiene que tener bien. Tiene que alimentarlo, curarlo si está enfermo. Para eso asumió el compromiso, sino renuncie”. La verdad es que hay innumerables violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario”.

QTJ: ¿Crees en la justicia?

“Diría que he visto al sistema judicial resolver algunos conflictos rápidamente, y enfáticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los días intervenciones en amparos de salud. Gente que tiene que recurrir a la justicia para que su prepaga, su obra social o el Estado, le dé una prótesis tal como se merece para su operación. He visto al sistema penal, y he visto alguna resolución de conflicto en materia penal, pero la verdad es que el sistema judicial y el penal tienen baches enormes”.

El camarógrafo Claudio Videla y su compañera fueron detenidos por un grupo de hombres de civil mientras cubrían la conferencia de prensa que brindó la gobernadora María Eugenia Vidal durante el encuentro de ADEPA en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Nunca les dijeron de qué se les acusaba. Su delito fue filmar. Su delito fue mostrar lo que “no debe” ser mostrado.

En una camioneta blanca sin identificación Claudio fue trasladado a la DDI de la Polícia Bonaerense donde 40 años atrás funcionó un centro clandestino de detención y torturas. Su compañera fue llevada a un calabozo de la Comisaría 1º donde la obligaron a desnudarse para revisarla.

En ambos casos el objetivo era quitarles las tarjetas de memoria de sus cámaras y borrar las imágenes que tomaron rodeados de periodistas y funcionarios municipales y provinciales que avalaron con su silencio el accionar de los hombres de la gobernadora.

Los grandes medios que se proponen garantía de la Verdad eligieron no difundir la noticia.

Hoy como ayer: “Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”. (Rodolfo Walsh)

LIBRTAD

El viernes pasado la gobernadora María Eugenia Vidal visitó la ciudad para participar del encuentro en el que Adepa (entidad que nuclea a patronales de medios) dio el el aval al actual dueño de La Nueva (Provincia), Gustavo Elías. Para la mandataria, el empresario es poco menos que un paladín de la lucha contra el narcotráfico.

El escenario utilizado fue el del Teatro Municipal. Varias cuadras a la redonda fue colocado un vallado con el objetivo de invisibilizar la marcha docente que acudió en reclamo de respuesta a la situación salarial y de infraestructura. La mañana en la ciudad transcurrió en medio de quejas vecinales por las dificultades para transitar normalmente en horario escolar y laboral.

A las 15, una conferencia de prensa tuvo lugar en el histórico teatro, ubicado a pocas cuadras de la plaza central. Luego de pasar las vallas, el camarógrafo independiente Claudio Videla y su ayudante Mara Solis ingresaron al teatro sin inconvenientes. Su olfato periodístico reparó en la presencia de Analía Larrea, quien durante al anterior visita de la mandataria provincial a la ciudad hizo público un reclamo en medio de un acto en el palacio municipal. Entonces, un grupo de funcionarios forman una barrera para bloquear a la joven. Videla pide que dejen pasar a Larrea y comienza a filmar.

Personal no identificado le pide la credencial al camarógrafo. Mientras éste sigue filmando, un grupo de personas lo lleva por la fuerza, torciéndole los dedos y los brazos. Una vez afuera, Videla pide que lo dejen circular en libertad. Uno de los individuos comienza a ahorcarlo y a golpearlo y lleva a por la fuerza a Videla hacia una camioneta blanca.

Este video de FM De la Calle muestra el momento:

Luego, aparece un uniformado (el único identificado hasta el momento). Videla apaga la filmadora y guarda la tarjeta de memoria en el bolsillo. Lo trasladan a dependencias de la DDI. Una vez en el establecimiento, si bien no hubo maltrato, le sustrajeron la tarjeta de memoria del bolsillo y borraron el material filmado.

El camarógrafo expresó que los oficiales de la DDI reconocieron que las órdenes fueron de parte del personal de seguridad de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.   

“Sacate la ropa”

Por su parte, Mara Solis enciende la filmadora cuando comienzan los forcejeos en el teatro. Personal de seguridad la obliga a apagar la filmadora y la saca de la sala. “Esto es un evento privado”, adujo uno de los agresores. Dos mujeres la “acompañan” hasta un patrullero. Luego, la trasladan hasta la comisaría primera y la detienen en una celda. Sus pertenencias son retenidas.

Hora y media más tarde, Solís pide permiso para ir al baño. Es autorizada. Cuando intenta salir del baño, dos oficiales mujeres le piden que se desvista, cerrándole el paso. Luego de una lógica protesta, es obligada a desvestirse. Buscan algún elemento que pueda dar testimonio de las irregularidades. Durante horas la mantienen incomunicada, aun cuando ella aduce que sus hijos se encuentran solos. Cerca de las 19 le acercan un acta para firmar. Finalmente, le entregan sus pertenencias, entre ellas, su celular desarmado.

Las víctimas hicieron la denuncia penal.

En medio de un congreso de medios de comunicación, plagado de periodistas, nadie registró nada.

*La crónica se desprende del testimonio ofrecido por las víctimas en una entrevista otorgada a Radio Universidad

(Por Mauro Llaneza) Valeria Mapelman y Alexis Papazian, integrantes de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, participaron en Bahía Blanca del pre Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización que se realizará durante el viernes 26 y el sábado 27 en la Delegación Norte de Vieytes 2700.

En diálogo con FM De la Calle, Papazian dijo que el genocidio de los pueblos originarios “es un crimen imprescriptible que no ha tenido justicia, por lo tanto, se continúa y habilita a nuevas matanzas o a poder expropiar tierras o a desalojos o un montón de otras variables, de formas de marginalización y de generar imaginarios de amenaza con respecto a distintas organizaciones originarias”.

“Hay dos juicios por crímenes de lesa humanidad, en relación a Napalpí y a lo ocurrido en La Bomba en el ’47. Y estos dos juicios están silenciados. No están en la agenda de los organismos de derechos humanos y eso es muy llamativo. Eso demuestra también que este genocidio tiene consecuencias hasta el día de hoy”, agregó Mapelman.

Consultada sobre las causas de dicha omisión, la autora de Octubre Pilagá opinó que “todavía las víctimas de pueblos originarios son vistas como Otros, no hay voluntad política para que eso cambie. Entonces, desde los organismos de derechos humanos, desde el Estado digamos, no se les presta atención, no le dan importancia y están como demasiado ocupados en los grandes juicios, en los megajuicios (sobre hechos) que ocurrieron durante la dictadura”.

Papazian propuso pensar el genocidio “como una matriz de eliminación física, cultural, simbólica” que en el caso particular de la avanzada contra los pueblos originarios se inició hacia 1876-1878 y “luego con la Conquista avanza en el sur de la actual Argentina, en el norte, pero después se continúa y se puede ver en estudios como el que ha hecho Valeria vinculados con matanzas muy posteriores en 1947 o con despojos y procesos de erradicación de comunidades en distintas partes del país para mediados del siglo XX y hasta la actualidad con la lucha territorial que atraviesan”.

“Es interesante trabajar el término y el concepto de genocidio y nos parece que es sumamente sugestivo, y creo que va a ser un momento único, la idea del Foro que están planteando desde la Marcha de Mujeres Originarias con las diferentes organizaciones para pensar desde los mismos pueblos originarios cómo fue el devenir de su propia historia (…) e ir viendo qué continuidades y qué particularidades los atravesó a cada uno de los más de treinta pueblos que preexisten a la nación argentina”.

Mapelman afirmó que “hay una continuidad que se demuestra en estos casos que hemos podido identificar sobre todo en el Gran Chaco, que ocurren a mediados del siglo XX, es decir, la campaña militar al ‘desierto’ de Pampa y Patagonia no se termina ahí sino que después se corre hacia el norte, hasta el extremo de la frontera y lleva un tiempo todo ese proceso genocida”.

“Lo que podemos ubicar y escuchar, por parte de los abuelos y las abuelas que están vivos todavía, acerca de la masacre del año ’47 prueba que este proceso ocurrió y que fue muy extenso en el tiempo y territorialmente. Por supuesto que hay otros casos además, no es que lo que ocurre en el año ’47 ocurre aisladamente sino que vemos el caso de la masacre de Napalpí, Zapallar es del año ’33, en el ’19 también hay una represión extendida sobre todo a las comunidades pilagá durante la presidencia de Yrigoyen”.

Sobre las características del genocidio en el norte, Mapelman explicó que “la idea era disciplinar para el trabajo a una mano de obra muy numerosa, para llevarla a las industrias, ya sea Jujuy, Salta, los obrajes del Gran Chaco y entonces todo el sistema que se montó ya sea desde el punto de vista militar como desde el punto de vista del control de los cuerpos dentro de las reducciones indígenas apuntaba a este disciplinamiento laboral, a convertir en obreros, en trabajadores sedentarios y mano de obra útil y barata a una población muy numerosa”.

“En las reducciones de Napalpí, Bartolomé de las Casas y Muñiz hubo años en los que había siete mil personas cortando quebracho para el Estado y en condiciones de control policial donde el espacio estaba cerrado y controlado continuamente, donde a la gente se le pagaba con vales como ocurría en las grandes empresas azucareras o en las forestales del norte, y la Secretaría de Trabajo y Previsión a mediados del siglo XX era la que controlaba esos lugares, estaban vistos como trabajadores. Pero claro, ese trabajo estaba impuesto, estaba regulado, estaba controlado por un estado policial”.

Papazian destacó que “los genocidios siempre dejan rastros, huellas y gente que sigue con sus formas de resistencia. En muchos casos marginados, sojuzgados, pero siguen viviendo y siguen intentando reproducir sus formas culturales de existencia. Eso ha pasado con todos los pueblos originarios en la Argentina que durante la década del ’90 del siglo XX han reemergido en muchos casos, se han fortalecido en otros y no es menor, empiezan a tener presencia”.

 “Que estemos discutiendo el concepto de genocidio hoy habla de que este proceso ha sido invisivilizado durante mucho tiempo y ahora ya no está tan invisible y se va a pasar tal vez a un plano de discusión y hasta de negación”.

“Una vez que uno comprende y entiende porqué estamos hablando de genocidio -la forma sistemática con intención de destruir, se observa en el norte y en el sur, modalidades distintas en algunos casos pero se ven campos de concentración en las reducciones, en la isla Martín García, en Valcheta, en Puan-, si uno puede observar todo ese plano que habla de una sistematicidad y una centralidad ya no hay manera de volver atrás”, advirtió.

Basta de mujeres indígenas asesinadas, hombres y mujeres perseguidos, encarcelados y torturados. Nos juntaremos en el Primer Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización el 26 y 27 de Mayo en Bahía Blanca para fortalecernos y acompañarnos en nuestro caminar hacia la justicia desde y para los pueblos originarios.

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 211 votos afirmativos y giró al Senado un proyecto que busca dar marcha atrás con el beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

Consensuado por todos los bloques parlamentarios, la iniciativa nucleó una serie de proyectos en respuesta al fallo de la Corte Suprema que aplicó la “ley más benigna” en el caso del represor Luis Muiña. El debate en el recinto duró más de seis horas y contó con la presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El proyecto con media sanción establece que el beneficio del 2×1 no deberá ser aplicable a “conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.

La diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, consideró que se trata de “uno de los fallos más vergonzosos desde que existe la Corte”. “Por la gravedad del tema, tenemos que dar un mensaje claro y contundente: en este país la Cámara de Diputados de la Nación dice que no vamos a renunciar a la memoria, la verdad y la justicia”, resumió la legisladora.

Héctor Recalde, titular del bloque del Frente para la Victoria, rechazó el fallo del máximo tribunal y manifestó: “Si en algo nos hemos insertado en el mundo fue en materia de DD.HH”. “Es bueno que haya una respuesta del Congreso hoy, a través de la Cámara de Diputados, para que el pueblo sepa que respetamos sus derechos”, añadió Recalde.

El diputado Remo Carlotto, del Peronismo para la Victoria, aseveró que “se trabajó sobre un texto acordado con respecto a lo que consideramos un fallo vergonzoso por parte de la Corte Suprema”.

Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, dijo que “con esta ley venimos a corregir un error de este cuerpo legislativo” y consideró que el rechazo al 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad “tuvo que ser previsto mediante una ley”.

En nombre del Bloque Justicialista, el diputado salteño Pablo Kosiner dijo “que no es un momento para especulaciones políticas: este fallo es un grave retroceso de la política de DD.HH. de la Argentina”. Y recordó que presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para que declare inválido lo resuelto en el fallo Muiña.

El Senado intentará hoy transformar el proyecto en ley en el marco de la concentración convocada por los organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo y numerosas ciudades del país.

En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán esta tarde en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.

La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontrarán a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.

Foto: HIJOS Capital.

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, utilizó argumentos del fallo 2×1 de la Corte Suprema para otorgar la detención domiciliaria a un integrante de la Triple A acusado de participar en 22 asesinatos. El titular del Juzgado Federal Nº1 mandó a Osvaldo Omar Pallero a la casa de su hijo en el barrio Rosendo López porque en prisión siente “depresión, angustia y desestima personal”.

“El Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’”, citó.

El fiscal Miguel Palazzani recordó a Hugo Cañón -su antecesor en tiempos de leyes de impunidad- quien “desobedeciendo las instrucciones que se impartían a todos los fiscales federales del país, impugnó la Ley de Obediencia Debida por inconstitucional y, por mayoría, los jueces de la Cámara Federal de BB, Cotter y Larraza, la declararon inconstitucional a pesar de la presión institucional para que eso no ocurriera. En esa época fueron los únicos. Podemos desobedecer en masa al 2×1”.

Pallero fue contratado el 17 de marzo de 1975 por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay. Integró la primera tanda del “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.

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Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal, fue parte de los grupos de choque que, a instancias del diputado nacional del FreJuLi Rodolfo “Fito” Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.

Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.

El juez Alejo Ramos Padilla lo detuvo, procesó y embargó por un millón de pesos en 2015 por haber sido parte de “una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975”.

Según Padilla, el grupo de seguridad de la UNS “funcionó como una organización que buscaba imponer el terror y la violencia a través del uso de la fuerza y la intimidación para llevar adelante las acciones que a nivel nacional planeaba y dirigía el Ministro de Educación [Oscar] Ivanisevich y a nivel local, el Rector interventor Remus Tetu en el ámbito estudiantil, y el diputado Ponce en el ámbito gremial”.

En la causa que investiga 22 homicidios, Pallero es coimputado junto al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, docente de la UNS suspendido y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti.

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Al momento de responder el pedido de detención domiciliaria presentado por la defensa del represor, la Fiscalía advirtió que tanto los informes médicos y psicológicos que se le realizaron como los de la propia Colonia Penal de Santa Rosa no planteaban “imposibilidad alguna” para que sus dolencias continúen siendo atendidas dentro del ámbito carcelario.

El juez López Da Silva afirmó que el matón de Remus Tetu cumple “ampliamente con la condición etárea” -tiene 74 años- y padece “una profunda depresión con reiterados pensamientos de ideación suicida que pondrían en riesgo su vida”. Asimismo opinó que la gravedad del terrorismo de Estado y la responsabilidad internacional de juzgar sus crímenes no pueden “conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado”.

Y cerró con la cita al fallo de la Corte que el mundo repudia: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho’ (CSJN, 1574/2014/RH1 “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”, rta. 3/5/2017)”.

Da Silva ordenó que la Dirección Nacional de Readaptación Social le coloque la pulsera de vigilancia electrónica a Pallero y al Servicio Penitenciario Federal que lo traslade “de forma inmediata” a la casa de su hijo.

El repudio en la calle

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En Bahía Blanca el fallo de la Corte Suprema que acepta aplicar el cómputo 2×1 para los años de detención de genocidas será rechazado en dos actos que confluirán la tarde del miércoles en la sede de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.

La Agrupación H.I.J.O.S., la APDH, Red por la Identidad, Familiares de Desaparecidos y la Mesa por el Juicio y Castigo se encontraran a las 18 en Sarmiento 173. En tanto la Comisión de Apoyo a los Juicios realizará a las 17 una radio abierta en la Plaza Rivadavia, a las 18 leerá allí un documento y movilizará media hora después a Fiscalía.

Desde la Marcha de Mujeres Originarias hacemos un llamamiento espiritual y colectivo para denunciar el genocidio sistemático. La Conquista del Desierto no ha terminado, sigue en proceso. Somos las voces de esos hermanos y hermanas que fueron desaparecidos de forma aberrante e inhumana. No solamente es genocidio matar y desaparecer; existe genocidio en las violaciones, mutilaciones de nuestra tierra y de nuestros cuerpos femeninos.

Genocidio es reducirnos a las urbes, traídos por el hambre y la desnutrición. Genocidio está en los centros de salud que no nos permiten parir libremente y nos dejan morir por ser mujeres pobres, por ser indígenas, por no hablar castellano. Genocidio cuando viene un uniformado y nos mata, nos viola, nos ultraja o nos mete presas. Genocidio introducido por el Estado a través de las drogas, el alcohol y la prostitución.

Por el desmembramiento de comunidades y familias, en cada una de las mujeres que el Estado invalida como madres y las separa de sus hijos e hijas para acentuar el colonialismo. Así, no solamente nos intentan matar físicamente sino culturalmente, espiritualmente, buscando que mueran nuestras propias lenguas autóctonas, desconociendo los derechos lingüísticos.

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Existe un genocidio silencioso, en los niños, niñas y jóvenes que se suicidan, por culpa de una sociedad que los niega, y les arrebata el futuro. También al negarnos el acceso a la educación, a la salud, a viviendas y trabajos dignos. Hay un genocidio silencioso en las mujeres que matan al no dejarlas hablar y dejarlas a la deriva, lo hacen con sus palabras, considerándonos objetos.

Genocidio es la reducción de nuestros territorios, que no nos permitan sembrar, criar nuestros animales y mantener una soberanía alimentaria autónoma. El Estado Nacional y los poderes transnacionales, incluyendo las multinacionales están asentándose sobre las poblaciones indígenas provocando desplazamiento forzado, involuntario, generando condiciones para que la gente no pueda quedarse.

Está en juego nuestra existencia.

En nuestro territorio no hay fronteras, el territorio y su ancestralidad viajan con nosotras. Somos mujeres de la tierra y queremos caminar en dualidad. Las mujeres somos pilares imprescindibles, estamos pidiendo memoria, verdad, justicia y amor.

Caminamos por la defensa y sanación de los territorios, de la memoria y de nuestros cuerpos. Por la recuperación de nuestros ríos, lagunas y montañas llenas de conocimiento y bondades sanadoras.

Las mujeres hacemos un llamamiento a todas las naciones originarias y al pueblo argentino para fortalecer nuestras espiritualidades y territorios; por el nacer, crecer y ser libres de nuestros niños, niñas y de nuestras hermanas.

Basta de mujeres indígenas asesinadas, hombres y mujeres perseguidos, encarcelados y torturados. Nos juntaremos en el Primer Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización el 26 y 27 de Mayo en Bahía Blanca para fortalecernos y acompañarnos en nuestro caminar hacia la justicia desde y para los pueblos originarios.

Recuperaremos nuestra memoria para llegar a la verdad. Sanando nuestros territorios.

No más silencios, nos unimos en un mismo grito, en un mismo canto.

¿Quién sino vos? ¿Cuándo sino ahora?

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(Por Comisión de Apoyo a los Juicios) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un insólito pero no sorpresivo fallo, aplicó la ley 24390 (del “2 por 1”) en una causa que se sigue por delitos de lesa humanidad (caso de Luis Muiña –expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”).

En consonancia con manifestaciones de funcionarios y del propio presidente de la Nación, quienes niegan el genocidio, la cantidad de desaparecidos y reflotan la “teoría de los dos demonios”, el máximo órgano judicial se acopla al espíritu reaccionario de un gobierno que marca un retroceso en el avance que se evidenció en la política de derechos humanos en los últimos años cuando se logró juzgar y condenar por genocidio a varios de los más infames represores.

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Hoy volvemos a estar alertas a los embates de la impunidad. Debemos impedir que este ejemplo se propague a otras causas y evitar que asome el fantasma del indulto. El discurso oficial parece ir en ese sentido, por ello es que llamamos a manifestar el repudio a esta medida a todas las organizaciones y particulares que siguen levantando las banderas que nos legaron lxs 30000 compañerxs detenídxs desaparecidxs.

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(CIJ) La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.

En disidencia, votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”). Lee el fallo completo.

Mayoría integrada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti

En un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio “siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más benigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos.

Asimismo destacaron su apego al precedente “Arce” (Fallos 331:472) donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso.

Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse, en tanto el artículo 2 del Código Penal, contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan mediante la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que entre nosotros sucedió con la sanción de la ley 24.390 que, justamente, concedía este beneficio.

A todo evento, los Jueces Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del artículo 2 del Código Penal a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la ley 24.390 no se hace excepción respecto de tales delitos.

En su voto conjunto recordaron que la solución que propugnaban era, además, aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad. Mencionaron al respecto que el Estatuto de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente establecido para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya implementación se aprobó en nuestro país a través de la ley 26.200-, incorpora el principio de ley penal más benigna en su artículo 24.2 y que tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación de dicho principio.

Finalmente afirmaron también que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña.

Voto del juez Rosatti

En su voto, que conforma con sus fundamentos la mayoría, el juez Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes.

Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional, tal como lo describiera en sus votos en las casos “Villamil” y “Alespeiti”, de marzo y abril pasados.

Pero un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado.

Disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda

Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría y con votos concurrentes, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.

Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248).

Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto, y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo.

Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso.

Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390.

Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236).

Hechos de la causa y su calificación legal

En la presente causa se atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal).

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, provincia de Buenos Aires, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados.

Por su responsabilidad en dichos sucesos el 29/12/2011 Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de esta ciudad a la pena de trece (13). El fallo quedó firme el 21/8/2013 cuanto la Corte declaró inadmisible –por aplicación del art. 280 del CPCCN– el recurso extraordinario articulado por la defensa del nombrado.

A partir del carácter firme de la condena, con fecha 9/9/2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 efectuó el cómputo de detención y de pena de Muiña, teniendo en consideración las previsiones del art. 7 de la ley 24.390, determinando que su pena vencerá el 11 de noviembre de 2016.

Dicho cómputo fue observado y luego recurrido en casación por el Ministerio Público Fiscal, siendo finalmente anulado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 28/3/2014, que dispuso realizar un nuevo cómputo con prescindencia del beneficio consagrado en el art. 7 de la ley 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso.

Este último pronunciamiento es el que fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado CSJ 1574/2014.

(Por Bahiensas Feministas) Este Primero de Mayo, mujeres trabajadoras feministas queremos poner en común nuestras demandas específicas, que están vinculadas con una explotación por partida doble: la del capitalismo y la del patriarcado.

En muchos lugares esta fecha todavía está asociada solo al mundo de los hombres y se suele hablar del ‘Día del Trabajador’ excluyendo a las mujeres trabajadoras que también fueron protagonistas de esta historia. Si bien se ha avanzado en la construcción de nuevos sentidos para pensar también el día de las trabajadoras, por ejemplo desde el lenguaje, pensamos que aún falta mucho camino por recorrer.

Las mujeres hemos trabajado desde que tenemos existencia: hemos sido costureras, sombrereras, urdidoras de telares, peinadoras, entre tantos otros oficios, muchos de ellos ligados a las actividades domésticas; pero también, hemos sido campesinas, herreras, mineras, deportistas, periodistas… aún en esas épocas donde la historia oficial mostraba que las fábricas eran sostenidas sólo por varones. Hemos luchado dentro y fuera de la fábrica y nos hemos organizado para que las imágenes de mujeres referentas aparezcan en los supuestos grandes relatos. Nuestra historia como mujeres trabajadoras está plagada de esfuerzos, sacrificios y organización, porque cuando los acontecimientos les atribuían derechos a los varones nosotras todavía batallábamos para que se nos considerara también sujetas de derecho.

El capitalismo profundizó las estructuras patriarcales, devaluando nuestros salarios en comparación con el de los varones y responsabilizándonos de las tareas de cuidado que aseguran la reproducción de la vida y garantizan la producción de los bienes y servicios en la sociedad. Es así como las mujeres sufrimos una doble explotación: la del capital, compartida con todxs lxs trabajadorxs y la que nos relegó al ámbito privado haciéndonos cargo de cuidar: parir, criar, pensar comidas, hacer compras, lavar, limpiar, y otras innumerables obligaciones que implica organizar la vida en el hogar en general. En Argentina los datos muestran que casi 9 de cada 10 mujeres participan en actividades del hogar, mientras que sólo 5 de cada 10 varones lo hacen y esas tareas ocupan en promedio 3 horas más de trabajo para las mujeres. La organización social del cuidado es injusta, se deben redistribuir las tareas no remuneradas, no sólo disminuir la responsabilidad de los hogares, sino al interior de estos entre mujeres y varones. Esta distribución de los cuidados profundiza las desigualdades y puede dar lugar a la tercerización de estas tareas recayendo siempre en otras mujeres.

El contexto actual de precarización general de la vida consecuencia de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Macri profundiza las desigualdades de género en diversos ámbitos de nuestras existencias. La situación de empleabilidad de las mujeres está históricamente marcada por peores condiciones laborales: en la actualidad existe una brecha salarial del 27% en sectores registrados, pero que alcanza el 39% en los no registrados, techos de cristal que nos impiden alcanzar puestos jerárquicos, o paredes de cristal que nos relegan a determinadas tareas dentro del mercado laboral, que justamente se vinculan con las domésticas. Sumado a esto, la situación cotidiana de acoso laboral ejercida por parte de compañeros varones, que sufrimos muchas mujeres en nuestros lugares de trabajo. Además, mientras los indicadores de desempleo en la argentina superan el 7% (y el 9% en Bahía Blanca), para las mujeres jóvenes este dato supera el 19%.

El recorte presupuestario que se muestra en la disminución del gasto público en servicios esenciales como el cuidado de la salud, la educación, el transporte, el alimento, delega responsabilidades del Estado y los gobiernos a los hogares, y especialmente a las mujeres que son las que se ocupan de estas tareas en la división sexual del trabajo.

El pasado 8 de marzo transformamos el Día de la Mujer en un paro internacional de mujeres. Mujeres de más de 40 países nos unimos bajo la consigna ‘si nuestra vidas no valen, produzcan sin nosotras’ para luchar por los derechos que el estado patriarcal se resiste a garantizarnos tales como la legalización del aborto, la libertad sobre nuestros cuerpos y la erradicación de las violencias económicas y los crímenes machistas.

En Bahía Blanca la fecha nos permitió a mujeres organizadas e independientes crear nuevos vínculos a través de la organización: difundimos el paro en barrios, escuelas y sindicatos; escribimos un documento común en el que plasmamos todas nuestras reivindicaciones; pintamos una bandera para encabezar la marcha con la consigna internacional y marchamos todas juntas en un día de lluvia torrencial. Organizar el paro también implicó que nos diéramos el tiempo para preguntarnos y reflexionar, por ejemplo: ¿quién para la olla cuando nosotras paramos? Ahí aprendimos que nuestra fuerza de trabajo es funcional al sistema ya que al ocuparnos de las tareas domésticas, el capital explota a los varones contemplando ese tiempo que no dedican al hogar.

Por otra parte, pudimos pensar la unidad de las mujeres en un contexto en el que nuestras vidas corren peligro cada 18 horas. Por tal motivo, participamos de multisectoriales para organizar estrategias de intervención, que incluyen la demanda al Estado en su responsabilidad sobre los femicidios y la gestión de las políticas necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y combatir la cultura de la violación como parte fundamental de la cultura patriarcal.

Este 1° de mayo exigimos:

  • Revalorización, redistribución y socialización de las tareas de cuidado. Esto implica más políticas públicas: hogares, jardines, formación de personal y que el Estado exija a las empresas guarderías y lactarios.
  • Ampliación de licencias por maternidad y paternidad.
  • Reglamentación de la licencia por violencia de género.
  • Representación equitativa en las organizaciones gremiales.

Por último queremos compartir una declaración de Flora Tristán de 1843, que a pesar del paso del tiempo continúa aún vigente:

«A vosotros, obreros que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo (…) y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos; proclamad, vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como a vuestra igual, y que, a este título, le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la unión universal de los obreros y obreras».

«La mujer es la proletaria del proletariado (…) hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer».

¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la lucha de las trabajadoras y los trabajadores!

(Por Observatorio Petrolero Sur) Vaca Muerta es la principal formación de shale oil y shale gas de Argentina y una de las más “atractivas” del mundo. Se ha repetido hasta el cansancio que tiene una superficie de 30 mil km2, es decir 145 veces la Ciudad de Buenos Aires, o el 30% de la superficie total de Neuquén. Sin embargo, sus tentáculos se expanden mucho más allá de esos claros límite geológicos y la vinculan directamente con Entre Ríos y Gaiman (Chubut), con Buenos Aires, Luxemburgo y China.

Vista aérea de Loma Campana, el área más desarrollada en Vaca Muerta / Fabián Ceballos

Según la Administración de Información Energética de EE.UU. Vaca Muerta es el proyecto de hidrocarburos no convencionales de mayor potencial a nivel global por fuera de norteamerica. Más allá de los recursos hidrocarburíferos, esa oficina valora positivamente la cercanía a importantes cursos de agua y la infraestructura ya existente. Así bienes subterráneos y superficiales se complementan con la historia local por que la instituciones e infraestructuras son necesarias para lograr extraer los hidrocarburos desde la formación geológica..

Así entendida Vaca Muerta se compone también de una red de infraestructura existente y en proceso de instalación. Sus límites, entonces, lejos de ser claros, como supone la idea de los 30 mil km2, se difuminan en amplias regiones. Caminos, rutas, ductos y transferencias bancarias constituyen lo que llamamos los tentáculos.

En ese extenso territorio se instalan otros procesos necesarios de la producción hidrocarburífera como, por ejemplo, la extracción y traslado de las arenas, y el traslado por ductos y procesamiento –en refinerías o polos petroquímicos– de los hidrocarburos. Pero, además, todas esas actividades comparten el suelo con otras producciones –como la de los crianceros de ganado menor o la frutihortícola– y con otros usos: centralmente las ciudades, áreas naturales protegidas, comunidades mapuche. Como se ve los límites son imprecisos y la diversidad en torno a los usos del suelo donde se asienta el megaproyecto es notable.

Si bien para Vaca Muerta se produce nueva infraestructura, en la mayoría de los casos ésta se asienta sobre inversiones anteriores. Así, por ejemplo, se multiplican las transformaciones en rutas y vías férreas ya existentes. Ninguna de esas instalaciones por sí es una obra de muy grandes dimensiones, como puede haber sido la construcción de las grandes represas, como El Chocón, a fines de la década de 1960. Sin embargo, la suma de esas modificaciones convierte a Vaca Muerta en un megaproyecto, en un pulpo que supera en mucho los límites de la formación geológica.

La superficie de Vaca Muerta se subdivide en 200 áreas hidrocarburíferas, que han sido concesionadas a distintas compañías para su puesta en producción. La parcialmente estatizada YPF es la que mayor superficie tiene y la más importante en Argentina en términos de extracción de gas y petróleo. Pero hay también otro sinnúmero de operadoras y de compañías de servicios, diferentes estados, fundaciones y consultoras que tienen intervención en la definición de este megaproyecto.

En los lugares donde se expande la extracción hidrocarburífera se constatan una serie de problemáticas sociales, sobre todo generadas por la presencia de muchos hombres solos y con disponibilidad de dinero. Alcoholismo, trata de personas, consumo de drogas y narcotráfico, se conjugan con la suba indiscriminada del valor de las propiedades y alquileres son algunas de las problemáticas que los hidrocarburos generan en los lugares donde se extrae. Pero además, ante las expectativas que los anuncios oficiales generan, se hace necesaria la adaptación de las ciudades para absorber el crecimiento desmesurado. Según prevén desde el gobierno, “la capital nacional del shale”, Añelo, pasará de 6.000 habitantes en 2015, a 41 mil en 2019, es decir su población prácticamente se multiplicaría por seis en cuatro años.

Finalmente, ya más allá de las infraestructuras tradicionales, este tipo de explotación generan infraestructuras financieras y jurídicas, que rozan lo ilegítimo. Esas instituciones permiten, como las empresas off shore (asentadas en paraísos fiscales como Delaware e Islas Caiman, entre otros), por un lado, gestionar la financiación necesaria para la explotación y, por otro, liberar a las corporaciones de las obligaciones en caso de demandas posteriores. Al mismo tiempo, la juridicidad internacional y sus cortes intervienen en las disputas situadas dentro de las fronteras estatales, como establecen los acuerdos arribados con las compañías trasnacionales.

De este modo, Vaca Muerta se convierte en un territorio que excede en mucho los ya extensos 30 mil km2 de la formación que le dio nombre.

Infraestructura del fracking en el Cono Sur

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Las rutas

En la zona el automotor es el principal medio de transporte. Calculan que tres mil camiones se mueven diariamente por la cuenca hidrocarburífera neuquina. Por las limitaciones que existen o prevén, desde las oficinas gubernamentales trabajan para extender la ampliación de la ruta provincial 7 con cuatro carriles desde Centenario a Añelo. Para favorecer el mismo recorrido, invertirán cuantiosas sumas en mejorar las rutas provinciales 51 y 151, cuyo recorrido es paralelo a la ruta 7. En el mismo sentido avanza la autovía sobre ruta 22 que une Villa Regina con la ciudad de Neuquén y se prevé ampliarla hasta Arroyito.

Los trenes

Las recomendaciones oficiales indican la necesaria reactivación de los servicios ferroviarios. Mencionan los mejoramientos y puesta en funcionamiento del ramal Buenos Aires-Bahía Blanca-Neuquén- Contralmirante Cordero. También se proyecta la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces y la extensión de la línea desde Zapala hasta el paso internacional Pino Hachado. Se anunció, además, la intalación de una vía desde Trelew hasta Choele Choel para garantizar el transporte de arenas para fracking.

Procesamiento y basureros

Las refinerías, los polos petroquímicos y los basureros petroleros son inherentes a este tipo de explotación. Lo extraído en la region se vincula con las refinerías y los polos petroquímicos ubicados en Plaza Huincul (Neuquén), Luján de Cuyo (Mendoza), Ensenada, Bahía Blanca y Dock Sud (en Buenos Aires). Además, la extracción de no convencional es un proceso que genera cuantiosos residuos, por eso existen cuatro plantas de tratamiento en Neuquén a metros de la población. Por los reclamos, el gobierno las obligó a radicarse a ocho kilómetros de zonas urbanas y a cinco de áreas productivas. Comarsa junto a una nueva ompañía, Servicios Ambientales de Neuquén, se están instalando en las afueras de Añelo. Indarsa y Treater están “mudándose” al parque industrial de esa localidad, que no cumple con la normativa. Sobre el traslado de Real Work (Plaza Huincul) no hay novedades.

Vista aérea del basurero petrolero Comarsa en la ciudad de Neuquén / Fabián Ceballos

Gasoductos

Los gasoductos Neuba I y II que vinculan los yacimientos de la cuenca con Bahía Blanca y la zona Metropolitana de Buenos Aires utilizan actualmente a la mitad de su capacidad operativa. Así que no sería necesario ampliarlos en lo inmediato. El poliducto Mega, una empresa compuesta por YPF, Pampa Energía y Dow Argentina, también une la zona con Bahía Blanca. Una de las inversiones más destacadas para YPF ha sido la realizada en el área Estación Fernández Oro (Allen) para trasladar el gas extraído a los troncales y anunció que ampliará esa conexión. Este es otro paso en la brutal transformación que ha sufrido la localidad desde el boom del fracking. Otro gasoducto de relevancia es el Centro Oeste que vincula la zona con la región de Cuyo y posteriormente con Santa Fe. Dos gasoductos vinculan la región con Chile: el denominado Pacífico que une Loma la Lata con el puerto de Concepción (puerto de GNL), y GasAndes que vincula Mendoza con Santiago de Chile y Bahía Quintero (puerto de GNL). Pueden ser utilizados para exportar, como para importar gas.

Los oleoductos

En relación a oleductos, la compañía Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), mantiene los 1700 kms desde Rincón de Los Sauces y Challacó (ambas en Neuquén) hasta Bahía Blanca, por donde se transporta más el 80% del petróleo de la cuenca. Otro oleoducto de relevancia une el área de Puesto Hernández (Neuquén) con la refinería de Luján de Cuyo.

La arena del fracking

El agente sostén es un insumo fundamental para el fracking. La arena de sílice, causante de una enfermedad pulmonar llamada silicosis, es uno de los principales componentes usados con ese objetivo. Este insumo hoy se importa desde China, Brasil y EE.UU. A nivel local se extrae de Entre Ríos y Chubut. YPF adquirió campos en el departamento de Gaiman, a 120 kilómetros de Trelew, para convertirlos en yacimientos de esa preciada arena. Una compañía local comenzó a extraer, lavar y fraccionar la arena allí y la transporta en camiones hacía Vaca Muerta. En tanto, YPF, cuyo proyecto en Chubut permanece frenado, ya instaló una planta de procesamiento de arenas en Añelo.

Planta de tratamiento de arenas en Dolavon (Chubut) / Jorge Ariza

Pasos fronterizos y aduanas

Vaca Muerta está fuertemente integrada hacia el Atlantico, la planificación pública persigue vincularla también con el mercado del Pacífico. Esto se manifiesta en las modificaciones de las políticas aduaneras que apuntan en esa dirección, pero también en los proyectos de mejora de los pasos fronterizos. En este sentido, están intentado darle mayor relevancia al paso internacional Pichachen por el norte de Neuquén. El Paso de Pino Hachado es transitable todo el año y vincula los puertos atlánticos de Bahía Blanca y San Antonio Oeste con los puertos de Concepción, San Vicente y Talcahuano en Chile. A su vez, se complementa con el Polo Logístico de Zapala, zona primaria aduanera y punta de rieles del ferrocarril hacia Bahía Blanca.

Infraestructuras parainstitucionales

El acuerdo entre Chevron e YPF permitió conocer que la creación de sociedad “offshore” es un modus operandi. Para llevar adelante ese convenio se creó un complejo entramado de compañías radicadas en paraísos fiscales de Delaware (EE.UU.) y en las Islas Bermudas. Algo similar sucede en otros contratos. Así las empresas esquivan controles fiscales y regulatorios, y evitan posibles imputaciones judiciales. Otro de los elementos que emerge del contrato es que el marco jurídico aplicable es el del Estado de Nueva York y que el arbitraje internacional se radica en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.

En octubre de 2016 se conoció el derrame de 240 mil litros de líquido de inyección. En la fotografía, realizada pocas semanas después, se observa las líneas de árboles ya secos que fueron afectados por los químicos / Fabián Ceballos

Las zonas de preservación

El avance extractivista se desarrolla mediante políticas públicas impulsadas por los gobiernos involucrados, permitiendo la exploración, explotación y las actividades conexas hidrocarburíferas. Como resultado, la actividad petrolera se ha incorporado a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo, que modifica el entorno en zonas urbanas, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuche, zonas de densidad productiva no petrolera y puntos críticos de riesgo sobre fuentes hídricas como ríos, lagos o acuíferos.

En la norpatagonia, más específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro, epicentro de la actividad de Vaca Muerta en la actualidad, hay factores que cimentan la expansión permitiendo que se dé sin ningún tipo de límites ni condicionantes. Así, el extractivismo sustenta su avance en: una tradición petrolera, una idea de progreso y hegemonía, un Estado rentista, y las mejoras de costos y subsidios para la extracción.

El avance de las fronteras extractivas se torna dinámico, sin límites y con pocos condicionantes. Los distintos gobiernos ven en la extracción la posibilidad de acceder a dinero inmediato para sortear las crisis recurrentes. En ese camino, la coparticipación petrolera en el caso de los municipios, las regalías en las arcas provinciales y las inversiones en las nacionales hacen que el disciplinamiento al capital internacional sea una norma.

En este contexto, creemos que más allá de la necesaria discusión más general sobre la necesidad de una transición hacia otras fuentes de energía, es urgente reclamar el establecimiento de zonas de preservación como forma propositiva en la búsqueda de un futuro mejor. En este sentido, encontramos cinco zonas de preservación prioritarias: zonas urbanas, fuentes hídricas, zonas de densidad productiva, territorios comunitarios indígenas, y las áreas naturales protegidas.

“Gracias a la perseverancia de nuestra búsqueda y a la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), hoy el nieto 122 puede conocer la verdad sobre su origen”, afirmaron las Abuelas de Plaza de Mayo al comunicar la restitución del hijo de Iris García Soler y Enrique Bustamante, desaparecidos el 31 de enero de 1977 durante la última dictadura cívico-militar.

Al momento del secuestro, Iris estaba embarazada de tres meses. Había llamado a sus padres para avisar que pasaría de visita, pero luego canceló el encuentro y su familia nunca más supo de ella ni de su compañero ni del niño que debió nacer en julio de 1977.

Las Abuelas manifestaron que “esta nueva restitución es la demostración de que la verdad y la justicia siempre vencen al olvido y el silencio. Muchos años llevó determinar la identidad de Iris y Enrique, muchos más dar con sus familiares que desconocían la existencia de un niño robado a quien le habían sustituido la identidad. El propio nieto debió esperar que le dijeran que podía ser hijo de desaparecidos para conocer su origen”.

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“Este caso es la muestra de que los juicios han sido y siguen siendo una herramienta fundamental y que el Estado debe acompañar con políticas públicas el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. A la sociedad le pedimos que nos siga ayudando a encontrar a nuestros nietos. Este año cumplimos 40 años de búsqueda y son cientos las familias que anhelan el abrazo con su ser querido. Por favor rompamos el silencio y nos los dejemos con la duda a los más de 300 hombres y mujeres que todavía no saben quiénes son”.

Iris Nélida nació el 15 de mayo de 1952 en la ciudad de Mendoza. Estudiaba Sociología en la Universidad Católica Argentina (UCA), y su familia y amigos la llamaban “Susuki”. Enrique nació el 5 de junio de 1951 y era conocido como “Bebé”. Iris comenzó su actividad en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y luego compartió su militancia con Enrique en la organización Montoneros. Allí, sus compañeros la conocían como “Tita”, “Pajarito” o “La Gallega”, y a él como “El Lobo” o “El Chamaco”.

Ambos fueron secuestrados por personal de la Policía Federal en la pensión en la que vivían, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Tacuarí al 400. Fueron vistos en el centro clandestino de detención “Club Atlético” y, por testimonios de sobrevivientes, se supo que Enrique fue llevado a la ESMA y luego devuelto al Atlético. Iris estuvo en Atlético hasta mayo de 1977, momento en que fue llevada a la ESMA para dar a luz. Sus compañeros de cautiverio la llamaban “la Lobita”. Este hecho muestra la coordinación represiva entre la Armada Argentina con otras fuerzas de seguridad, en este caso con la Policía Federal Argentina.

Por otro lado, testimonios de sobrevivientes de la ESMA dieron cuenta de que “Tita” había dado a luz a un varón en julio de 1977, y que llegó a tenerlo en sus brazos. La diversidad de apodos y testimonios hicieron que llevara tiempo identificar que “Tita” y “la Lobita” -una secuestrada embarazada y la otra que había dado a luz en la ESMA- eran la misma persona.

La investigación

La denuncia sobre el embarazo y la desaparición forzada de Iris Nélida García había sido realizada por su padre, Manuel García. Al mismo tiempo, desde Abuelas de Plaza de Mayo, gracias al testimonio de Nilda Orazi y otras sobrevivientes de la ESMA, tomaron conocimiento de una joven embarazada apodada “la Lobita”, que había sido trasladada desde el centro clandestino Club Atlético a la ESMA para dar a luz. Pero las piezas encajarían mucho después.

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En 2004, la Conadi comenzó a trabajar para dilucidar la identidad de dos mujeres. Una de ellas era apodada “Tita” y había sido vista por distintos liberados del Atlético; la otra, “la Lobita”, había sido vista en la ESMA.

A partir de la investigación, pudo saberse que uno de los sobrenombres de Iris era “Tita”, por lo que se determinó la conexión con la embarazada vista en el Atlético. Más adelante, se supo la identidad de su compañero, “el Lobo”, y se descubrió que no estaba denunciado como desaparecido. El apodo de Enrique permitió establecer que Iris era “La Lobita” vista en el ESMA.

A fines de 2004, una persona liberada de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había militado en el mismo ámbito que la pareja, pudo identificar al “Lobo” y a “la Lobita” o “Tita” como Enrique Bustamante e Iris Nélida García. De esta manera, pudo incorporarse un nuevo caso al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Sin embargo, hasta ese momento no había familiares de Enrique Bustamante para contactar, ya que no estaba denunciado como desaparecido y sus padres ya habían fallecido. Recién en 2010, una prima se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos para solicitar información sobre Enrique y se pudo realizar la denuncia e incorporar el grupo familiar al BNDG.

Cabe destacar que tanto la desaparición de Iris como la apropiación de su hijo están siendo juzgadas en el juicio por los crímenes de la ESMA que comenzó en 2013, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la Capital Federal.

La búsqueda

Frente a numerosas denuncias recibidas por Abuelas, la filial de Córdoba decidió contactar, a través de su equipo de acercamientos, a un joven que presumiblemente era hijo de desaparecidos. El hombre accedió a realizarse los exámenes de ADN de forma voluntaria y el 18 de abril último, el BNDG informó a la Conadi que se trata del hijo de Iris García y Enrique Bustamante.