Los integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio Ejército III reaccionaron fuertemente esta tarde cuando una testigo se refirió a la lentitud de las causas y la falta de controles sobre los imputados. Cristina Cévoli pidió celeridad incluso por el represor Osvaldo Floridia que lleva casi cinco años detenido sin condena y denunció que el imputado fue visto en una playa jugando al fútbol con sus nietos.

“Si los gobiernos democráticos nombraran más jueces los procesos no serían tan largos, nosotros somos extranjeros acá, ¿entiende? La justicia de Bahía Blanca naufragó en su momento hasta que vinimos nosotros”, dijo José Triputti. Jorge Ferro ignoró la labor del fallecido Hugo Omar Cañón y afirmó que el Ministerio Público “hasta el 2011 en esta jurisdicción no hizo absolutamente nada y tenemos que soportar que nos vengan a cuestionar”. El titular de la APDH local quiso manifestarse desde la platea de Colón 80 y fue retirado de la sala.

El fiscal Miguel Palazzani dijo a la testigo que “tiene todo el derecho a reclamar y sígalo haciendo porque el mérito de que se hagan estos juicios es de los familiares y de las víctimas y no de los operadores de la justicia argentina”. “Son palabras muy ponderables pero sin tribunal no tiene juicio”, retrucó el vocal Martín Bava quien se quejó de las “consecuencias físicas” que le trae viajar a la ciudad y agregó que “cuando vinimos acá nadie quería venir”.

Las audiencias se reanudarán el martes 29 de noviembre a las 15.

Cristina Cévoli es la esposa del sobreviviente de La Escuelita Eduardo “Bachi” Chironi, quien se presentó en la Policía Federal de Viedma cuando supo que lo buscaban y fue trasladado ilegalmente a dependencias del V Cuerpo de Ejército. La testigo declaró en la causa “Bayón” y fue nuevamente convocada para referirse a la intervención del represor Osvaldo Vicente Floridia en un allanamiento en casa de sus padres en diciembre del 76.

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“Lo identifico porque dos o tres días después de ese allanamiento fue a la casa de mis padres, él y (Héctor) Abelleira, me preguntó por qué estaba ahí, dije que era la casa de mis padres, que ellos tenían que explicar qué hacían ahí y me dijo ‘hacéte la viva nomás que te voy a llevar a Bahía como llevé al otro’. El otro era mi compañero ‘Bachi’ Chironi que había sido detenido el 13 de diciembre del 76 en la Federal y el 15 había sido trasladado a Bahía Blanca. Yo casi me muero del susto”, dijo Cévoli.

La ex presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro dio detalles de un amplio operativo del Ejército y la Federal en torno a la casa de sus padres. “Mi mamá me dijo que a media mañana habían tocado timbre unos hombres de particular, alguno con uniforme policial, que traían un papel en la mano y le dijeron que tenían que revisar el patio de la casa para buscar unas cosas, le dijeron que buscaban armas”.

Ella se encontraba con sus hijos en el domicilio de su suegra. Por la tarde “tocan timbre, atiende mi suegra y eran mi mamá y (el comisario) Forchetti. Mamá los había acompañado en la camioneta a buscarme porque le comentaron que ‘Bachi’ había dicho que yo sabía dónde estaban enterradas las armas”.

Para que no sigan destrozando el lugar Cévoli les indicó dónde había guardado una colección de El Descamisado, unos libros de Evita Montonera y publicaciones sobre la muerte de Perón, que su esposo suponía quemadas tiempo atrás.

“Yo soy una defensora de la justicia y me parece que estos procesos largos no son muy justos que digamos. Cuando uno exige justicia para uno mismo también tiene que exigirla por los demás. Me alegra que lleguemos a esta instancia, me alegra por él porque determinarán si corresponde o no que esté detenido pero por lo menos no está en una nebulosa”, dijo Cévoli sobre el policía Floridia.

Mencionó que “hace un tiempo le hicieron una nota radial y dijo que llevaba gente a Bahía Blanca en calidad de detenidos pero no sabía detenidos por qué. Lo cierto es que no los llevaba sentados, tomando mate y fumando. Los llevaba encapuchados, aterrados, tirados en un auto, así que realmente creo que se debiera haber dado cuenta. Es medio difícil pero realmente a mí me parece que sería necesario hacer un control un poco más estricto”.

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El juez Bava no quiso más “recomendaciones al tribunal” y dio paso al fiscal. “Me parece apropiado que se siga explayando sobre el tema, me parece legítimo e importante”, dijo Palazzani. “Hace unas dos semanas una persona de Viedma me comentó que había visto al señor Floridia jugando al fútbol en la playa con sus dos nietos. Eso quería contar”, agregó la testigo.

El presidente del tribunal, José Triputti, afirmó que “si los gobiernos democráticos nombraran más jueces los procesos no serían tan largos, nosotros somos extranjeros acá, ¿entiende? La justicia de Bahía Blanca naufragó en su momento hasta que vinimos nosotros. Tenemos nuestros tribunales con trabajos en nuestras jurisdicciones, el problema que existió en esta ciudad es un problema que la gente de esta ciudad no resolvió y se recurrió a jueces subrogantes e independientes entre los que estamos nosotros”.

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Bava se quejó de que “es la segunda vez que escucho la misma argumentación, me increpa a mí como parte del tribunal que yo soy el retardo de la justicia en cuanto a sus causas que ya he fallado y en cuanto a su testimonio que ya he escuchado”.

“Señora, el Ministerio Público es parte del Estado argentino y usted tiene derecho a exigir celeridad en estos juicios y el Estado se la tiene que dar, usted tiene todo el derecho a reclamar y sígalo haciendo porque el mérito de que se hagan estos juicios es de los familiares y de las víctimas y no de los operadores de la justicia argentina”, dijo Palazzani.

Jorge Ferro apuntó que “el Ministerio Público hasta el año 2011 en esta jurisdicción no hizo absolutamente nada y tenemos que soportar que nos vengan a cuestionar la dilación de los juicios y no he escuchado hasta este momento ninguna queja relacionada con los fiscales federales porque hasta la época del dr. Córdoba acá no hubo absolutamente nada y por eso tenemos que ser tres foráneos los que vinimos a hacer justicia”.

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El secretario de la APDH Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, quiso intervenir desde el público y el marplatense le ordenó: “Cállese porque lo puedo retirar de acá”. “No me pueden detener porque soy una víctima, me voy a retirar, esa es la prioridad de ustedes”, gritó mientras salía del recinto.

Ferro propuso “serenarnos” y continuar con el testimonio de Cévoli quien respondió preguntas de jueces y defensores y aclaró que su manifestación fue sobre “todo un proceso que convengamos que fue largo” y que participa “en todos los juicios no con la sensación de revictimización sino con la convicción de que así podemos ayudar a la búsqueda de la verdad y lograr la justicia”.

“Hacer justicia es muy difícil porque estamos valorando testimonios de cuarenta años atrás y lamentablemente la ciudad querida de Bahía Blanca ha tenido serios problemas con la justicia. Espero, rezo, para que los resuelva en paz, en democracia, como debe ser. No escuché nunca al Colegio de Abogados de acá con respecto a las falencias”, dijo Triputti y agregó que “si ustedes no lo defienden es muy probable que vengan otros o no venga nadie, yo no tendría inconveniente en irme”.

El Concejo Deliberante alcanzaría esta semana el consenso necesario para transformar en ordenanza un proyecto que “regule” los concursos de belleza y las elecciones de reinas. De aprobarse, dichos eventos no podrán contar “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y solo podrán participar adolescentes desde los 16 años con consentimiento de “ambos padres” y mayores de 18 libremente.

La agrupación impulsora del debate, Acciones Feministas, e integrantes de otras organizaciones volverán al recinto de Estomba y Sarmiento el jueves a las 14 para presenciar la sesión.

En junio, Integración Ciudadana propuso “la no realización” de concursos “en espacios privados de acceso público” y el desaliento comunal de “toda iniciativa privada que promueva su realización”. La Sociedad de Fomento de Ing. White, que realiza la elección de la reina del Camarón y el Langostino, se manifestó en contra.

“Sin necesidad de llegar a un extremo de la prohibición de los concursos de belleza, en procura de no atentar contra derechos personales e individuales, se propone establecer una serie de condiciones que regulen a los mismos, garantizando que se realicen en el marco de la legislación vigente en materia de igualdad de género y dejando en claro que este tipo de iniciativas no se incluyen entre aquellas que deberían recibir forma alguna de aliento, colaboración o auspicio por parte del Estado”, dice el texto que se votará.

El despacho establece que los concursos de belleza que se realicen en el partido de Bahía Blanca no contarán “con financiamiento, auspicio, apoyo ni promoción del Municipio” y prohíbe la participación de menores de 18 años en certámenes en que “se evalúen atributos físicos” aunque permite una “autorización especial” para mayores de 16 con “consentimiento escrito” de “ambos padres”.

Dispone que los certámenes que se realicen con apoyo comunal no estén “ligados ni asociados a la evaluación del aspecto físico de mujeres y hombres y sean sustituidos por el reconocimiento a personas que en forma individual o colectiva se destaquen en el cultivo de valores ciudadanos, participativos y solidarios, fortalecimiento de la identidad y las tradiciones positivas, superación personal, conocimientos académicos o aptitudes artísticas o deportivas”.

Sus organizadores deberán “simultáneamente” y “por su cuenta” realizar “actividades de promoción de la equidad de género, prevención de la violencia contra las mujeres y la discriminación y concientización sobre los efectos negativos de todos los tipos de violencia”.

La iniciativa prohíbe la participación de “funcionarios municipales y concejales como jurados” o en la entrega de reconocimientos, sugiere la conformación de una comisión asesora dentro del Consejo Local de las Mujeres para monitorear el cumplimiento de la ordenanza y “proponer acciones que acompañen, difundan y promuevan su espíritu”. Asimismo, quienes participen y “verifiquen acciones u omisiones contrarias” a la norma podrán denunciarlas “ante la autoridad que corresponda”.

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Los fundamentos

Los bloques coincidieron en “la necesidad de trabajar en pos de la eliminación de determinados estereotipos de belleza que, sin duda, pueden menoscabar la dignidad de las mujeres, especialmente niñas y adolescentes a partir de su participación en concursos y/o elecciones de representantes”.

El proyecto se inscribe en el trabajo de “distintos sectores” que buscan prohibir dichos eventos para evitar la “cosificación de la mujer” y la “violencia simbólica” impulsadas por “organizaciones feministas e instituciones” y continuada, por ejemplo, por las que integran la Red Local de Violencia de Género.

Si bien considera “que los concursos de belleza son una tradición en fiestas populares” destaca que “se pueden seguir desarrollando certámenes, concursos, fiestas patronales, etcétera, que continúen alimentando la tradición y la construcción de la identidad de las comunidades sin que ello suponga la discriminación o estigmatización de las mujeres”.

Sobre su carácter discriminatorio suma argumentos de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, del Comité de los Derecho del Niño y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“La cancelación de estos concursos de belleza debería encontrarse incluida en una reflexión más amplia sobre la equidad de los géneros y el lugar que las prácticas sociales tienen en la búsqueda de ésta y nos plantea un desafío pendiente que deberíamos re-pensar a la luz de los instrumentos jurídicos analizados”, afirma el despacho y agrega que “como lineamiento de mínima, se impone con urgencia la eliminación de todo criterio discriminatorio y lesivo del principio de igualdad que, en los reglamentos de estos certámenes, se estipula en relación a las aspirantes, estableciendo distinciones arbitrarias de oportunidades y de trato que nuestro sistema vigente de protección de los derechos humanos claramente no admite”.

Se publicó en el Boletín Oficial una modificación a la ley de drogas 23.737 que incluye a los precursores químicos dentro de la descripción de los tipos penales, faculta al Poder Ejecutivo para confeccionar y actualizar listas de los mismos, y establece la obligatoriedad de inscripción ante el Registro Nacional de Precursores Químicos de aquellas personas físicas y jurídicas que legítimamente utilicen esas sustancias. También se actualizaron las multas dinerarias de varios tipos penales.

La noticia generó dudas y confusión entre autocultivador@s y consumidor@s de marihuana que entendieron que se trata de “una nueva cruzada legislativa” en contra de sus derechos. Para Mariano Fusero, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, la penalización anticonstitucional del autocultivo está intacta y su criminalización sigue librada a la “ruleta judicial”.

“La inclusión de precursores químicos es hasta una deuda pendiente porque hubo mucha confusión también respecto a si estaban contemplados dentro de la ley de drogas”, dijo el especialista en diálogo con FM De la Calle. “Judicialmente se debatían si los precursores químicos -por ejemplo la efedrina o el tolueno que son utilizados para el desarrollo de determinadas drogas como las sintéticas (…)- se consideraban dentro de los términos de la ley como una materia prima o no, o si estábamos hablando, por ejemplo, de la hoja de coca”.

“Para terminar esa confusión es que se incluye claramente el tema de los precursores químicos dentro del texto de la ley, penalizándolos a igual grado que se realiza respecto a otras conductas como es la producción, el comercio, la tenencia para comercialización -no la tenencia para consumo-, etc. No hay ningún consumidor que en la práctica tenga precursores químicos en su poder ni en su casa como para desarrollar una droga de diseño. Se está criminalizando lo que sería la cadena de tráfico”, explicó.

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Fusero subrayó que “el autocultivo ya estaba criminalizado, o sea, con la misma pena que en la actualidad que es de un mes a dos años. La tenencia para consumo personal, que es donde versa el fallo Arriola de 2009, también se encontraba criminalizada y nunca varió la ley a pesar del fallo Arriola. Todo eso no cambia, con lo cual vale la pena aclararlo una y otra vez como para brindar cierta tranquilidad en ese punto, que vale aclarar también que estamos en la misma situación de inconstitucionalidad que antes, no es que estemos bien, ni mejor ni nada. Estamos igual”.

“No hay una cuestión numérica de decir ‘a partir de determinada cantidad de plantas uno puede estar exento de una pena o no’. Es una cuestión de discrecionalidad judicial que es muy peligrosa porque hay fallos que en la práctica dijeron que un número de 110 plantas eran para consumo personal o que no había muestras o indicios de comercialización. Le cabe la duda a favor de la persona, el Estado es el que debe demostrar que esa persona estaba cometiendo alguna conducta de comercio, de tráfico, no es la persona que tiene que demostrar su inocencia”.

“Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires principalmente, por cinco plantas bajaron una pena de prisión de alrededor de cuatro años de cumplimiento efectivo y esas sentencias están hoy por hoy apeladas y las personas pasaron largos meses en prisión preventiva. Es una ruleta judicial: dónde cae, en qué jurisdicción, bajo qué fiscal, bajo qué juez, va a tener un criterio un poco más abierto, más progresista, o un criterio mucho más punitivista de presumir que esa persona estaba cometiendo un acto de tráfico cuando no hay ningún indicio”, afirmó.

Allí continúa vigente la deuda del Congreso de adaptar la legislación al fallo Arriola de la Corte Suprema, situación que “afecta principalmente a las personas más vulneradas, que no tienen acceso a una defensa técnica relevante y se ven compelidos a una criminalización que la mayoría de los casos lleva a una aplicación a veces tardía del fallo Arriola, pero se ven vinculados a todo un proceso penal que ya significa prisión preventiva, estigmatización social, familiar, laboral, toda una serie de perjuicios respecto de los consumidores que afectan sus derechos y causan un daño más allá de que la causa quede en nada”.

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La Defensoría Oficial de Bahía Blanca presentó en septiembre un Hábeas Corpus correctivo ante la Jueza de Garantías N°1, Dra. Gilda Stemphelet por “las inhumanas condiciones de detención de quienes están privados de libertad en la Comisaría Primera de Bahía Blanca”.

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El Defensor Oficial, Dr. Carlos Carnevale, dijo a FM De la Calle que “se establecieron plazos” para normalizar la situación por lo que aún “sigue habiendo 21 personas” y ello “excede la actuación judicial”. El abogado explicó que decidieron darlo a conocer públicamente porque la situación se repite desde hace años. “Llegó a haber 32 detenidos”, informo´.

“La dependencia policial sólo está habilitada para tener a 8 personas detenidas”, sin embargo, “en promedio se encuentran alojadas 30 personas, contando con un solo baño para todas ellas, sin poder acceder al mismo en horas de la noche” (ver fotos).

A esta grave situación se suma al oscuro escenario carcelario que “no cuentan con elementos de seguridad. Algunos incluso deben dormir en el suelo. La comida no alcanza para el excesivo número de personas. Ninguna de las celdas posee luz natural”.

La Dra. Stemphelet comunicó esta grave situación a la Suprema Corte Bonaerense teniendo en cuenta la responsabilidad internacional que podría caberle a nuestro país por el incumplimiento de las reglas mínimas de detención. La Corte ordenó que en forma inmediata se informe a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de nuestra provincia para que tomen las medidas pertinentes a fin de revertir el estado pésimo en la que se encuentra la Comisaria 1° de nuestra ciudad.

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“Pese a todo lo actuado las condiciones inhumanas de detención no han cesado y por el contrario se ha agravado, por lo que en el día de martes se realizó una nueva presentación ante la Jueza de Garantías en turno, Dra. Susana Calcinelli, “quien ordenó, ese mismo día, el inmediato traslado de TODOS los detenidos fuera dicha dependencia policial”.

En consecuencia, por disposición de la Sra. Defensora General Dra. Graciela Cortazar, funcionarios de la Defensoría Departamental, constataron que pese a lo dispuesto por la magistrada de garantías, hay 21 detenidos, sin que hayan mejorado en forma alguna las inhumanas condiciones de detención en las que se encuentran.

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Algunos bloques del Concejo Deliberante discuten modificaciones o propuestas alternativas al proyecto de Integración Ciudadana para “dejar sin efecto todo procedimiento administrativo que permita o habilite por parte del Municipio concursos de belleza”. Según la edila Betiana Gerardi, desde el Frente para la Victoria apuntan “a algo mucho más serio y más amplio”.

La iniciativa de Miriam Iantosca (IC) cuestiona las elecciones de reinas por “discriminatorios, sexistas y propiciadores de violencia simbólica” y advierte que el Estado debe velar por “la protección de las mujeres y niñas, quebrando el paradigma de la cosificación de la mujer y promoviendo medidas que eviten la violencia simbólica, en el marco de la ley 26.485”.

El jueves, cuatro meses después de su presentación y luego de escuchar opiniones a favor y en contra desde la Banca 25, las firmas de Integración Ciudadana no alcanzaron para que el tema sea debatido en sesión. Un grupo de militantes feministas -que esperaron tres horas sin ningún tipo de explicación- mostraron su enojo y preocupación ante la falta de compromiso del cuerpo en la toma de medidas contra la violencia machista y para la adecuación de las normas municipales a la legislación nacional.

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Verónica Bajo de Acciones Feministas dijo apuntando su megáfono a las espaldas legislativas: “No queremos ver a ningún concejal o concejala en las marchas del #NiUnaMenos, no nos vamos a cansar de escracharles porque no pueden dar tantas vueltas para pensar que una piba desfilando en tanga es violencia simbólica o no. Están avalando que se midan mujeres en una fiesta, que les midan las tetas, la cintura y el culo, ¿no les da vergüenza? ¿Qué tienen que discutir?”.

“¿Cómo pueden tener esta cara, las mujeres, cuál es la sororidad, la solidaridad de género? Quiero saber, mujeres, ¿dónde estaban la noche de Micaela? ¿Estaban con las chicas? Tienen que votar esto porque es todo el mismo circuito de violencia patriarcal y machista, gente, se están equivocando muy mal, están equivocando el camino, nos da mucha pena tener que irnos de esta manera de este recinto”, afirmó Silvia Palumbo, integrante de DesBandadas.

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La secretaria de CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Ana Canullo, agregó que “no pueden no sensibilizarse con esto, espero que mañana esto salga en todos los medios, lo que los concejales y las concejalas se negaron a tratar hoy, no se los vamos a dejar pasar y las vamos y los vamos a seguir escrachando porque se trata de la salud, de la salud de niñas, de adolescentes, de mujeres, no es una pavada”.

El día después

Para la autora del proyecto “era innecesario lo que pasó el jueves porque venimos preguntando qué le falta, las organizaciones visitaron los bloques para ver si necesitaban alguna información porque sabemos que esto es un cambio cultural y que se necesita un tiempo”.

“Creo que fue un tiempo prudencial, semana a semana, trayendo diferentes propuestas, llevando herramientas y que el día anterior no dijeron que no lo iban a tratar como el jueves anterior que sí me pidieron que lo bajara. Tienen razón las organizaciones, nadie bajó a explicarles las otras agrupaciones políticas que estaban ahí que sabían cómo son los tiempos legislativos o qué es lo que podía llegar a pasar, eso motivó el enojo, el silencio, e inclusive cuando hablaban no las miraban”, dijo Iantosca.

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En diálogo con FM De la Calle, Bajo ratificó que “nadie nos dio ningún tipo de explicación” y calificó la negativa a debatir la ordenanza como “un boicot muy importante”. Destacó que “si hay un proyecto superador se podrá discutir más adelante pero por lo menos debemos desvincular a la Municipalidad de la elección de la reina o de los concursos de belleza”.

La intención de “profundizar un poco más el tema de la cosificación de la mujer, que no quede solo en una prohibición sino que vaya más allá, apuntando a un tema educativo, a una concientización” fue evidenciada por Betiana Gerardi, presidenta de la Comisión de Educación. La legisladora aseguró que el “gesto” de Educación fue despachar el proyecto a la comisión de Legales para mostrar que “seguimos discutiendo el tema”.

“Se le presentó de parte de Cambiemos un despacho alternativo a Miriam Iantosca del cual no aceptó los cambios que se estaban haciendo, pedimos que pase al Consejo Local de Mujeres y que sean las propias mujeres las que charlaran y conversaran tanto del proyecto de Iantosca como de este despacho que había hecho Cambiemos. En el Consejo Local de Mujeres -que fue el día miércoles- no se llegó a un acuerdo, no pusieron ninguna objeción, no hicieron cambios ni nada por el estilo entonces el jueves a la mañana estuvimos trabajando sobre el tema”.

“Como concejales nos enteramos que el tema se iba a tratar el jueves por las redes sociales y no por lo que nos corresponde que es el orden del día”, se quejó.

Para Gerardi “los concursos de belleza llevan a la cosificación de la mujer pero estamos diciendo que eso solo no resuelve el tema de la cosificación de la mujer, queremos ampliar un poquito más lo que tiene que ver con esta ordenanza o armar una distinta si no llegamos a un consenso de un despacho conjunto”.

Ante el pedido de detalles sobre el borrador, la concejala afirmó: “Si nos llamás la semana que viene te presentamos el proyecto conjunto para no poner a discusión algo que lo estamos charlando acá en el seno del Concejo Deliberante”.

(Por Giuliana Crucianelli) “Quiero contarles lo que me pasó. Los medios son un recurso importantísimo en la búsqueda de una nena”, dijo Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega en la charla sobre violencia simbólica y mediática organizada por ¿Quién Te Juna? y el Frente Julieta Lanteri. Además, disertaron Verónica Bajo de Acciones Feministas y la periodista Virginia Calzada Frache.

La violencia simbólica está tipificada en la ley 26.485, aprobada en 2009 y reglamentada en 2011, y es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca la desigualdad, discriminación y subordinación de la mujer en la sociedad.

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“Estamos cansadas del doble discurso de lxs concejalxs, se sacan fotos con el cartel del #NiUnaMenos para después aplaudir o avalar la violencia simbólica”, dijo Verónica Bajo, impulsora del proyecto para desalentar la participación del Estado en los concursos de belleza. “Después de más de  cuatro meses desde que la concejala presentó el proyecto no lo quieren tratar. Hay resistencia,  falta de interés y falta de compromiso”, agregó.

Virginia Calzada Frache se refirió al rol de los medios en casos de violencia de género y femicidio. “Como primer paso para que seamos visibles, tenemos que nombrarnos. El lenguaje no es algo menor, es fundamental. Hay que empezar a incluirnos”.

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Señaló que hay que empezar a hablar de todas las violencias además del femicidio, violencia sexual, económica, psicológica y en los diferentes ámbitos tales como el doméstico o institucional.

“¿Para que nos sirve a los medios publicar ciertas cosas? ¿Ayudan? Hay cosas que no, hay cosas que son puro morbo”, concluyó la periodista respecto a la necesidad de preserva r la intimidad de la víctima.

“Siempre tuve bien claro qué necesitaba de los medios, que mostraran su cara, el número de teléfono y que era de Bahía Blanca. Cuando llegaron los medios nacionales me pidieron cosas de Mica, yo las mostré. Y después me pidieron que les muestre el cuarto, yo tenía el pedido de la policía de no dejar entrar por resguardo del lugar. Y la noticia fue que la mama de Micaela ocultaba información. Innecesario”, señaló Mónica Cid.

La mamá de Mica afirmó que “tenía que decirle a mis amigos y familia que no lean los comentarios, que no contesten. Y en uno de los diarios decía ‘“La nena de Bahía Blanca tenía más de cinco perfiles de facebook’, era innecesario. ‘¿Dónde estaba la mamá de Mica cuando ella estaba en facebook’, eso duele”.

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“Cuando publicaron la carta no querían buscar una nena que estaba perdida, querían seguir matando a la familia de Mica y a la nena”.

Parafraseando a Rita Segato, la violencia simbólica es la madre de las violencias y cuanto más sutil es, más efectiva se vuelve.  Es como una gota que cae siempre en el mismo lugar, durante un tiempo no va a hacer nada, pero cuando esa misma gota cae por años en el mismo lugar hace desastres. Por eso es tan importante concluir con los concursos de belleza que ponen como objeto  a las mujeres cada día más, que se entrelazan con montones de actitudes violentas  y terminar de una vez con todas aquellas formas que toma el patriarcado para violentarnos. Porque no queremos otra Katherine, porque no queremos otra Micaela.

Este sábado se cumplen cinco años del asesinato y desaparición del cuerpo del trabajador golondrina Daniel Solano en Choele Choel. El grupo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir lo recordará y reforzará el pedido de justicia con la proyección de la película “¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa” con la participación del abogado de la familia y autor del documental, Leandro Aparicio. Será el domingo a las 18 en Sixto Laspiur 456.

Las organizadoras afirmaron que “el genocidio de los pueblos originarios no lo practicó solo el colonizador, sino que esto se viene practicando desde la emancipación, con múltiples tratados que se violaron avalados por el Estado. A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niña/os, estas acciones sistemáticamente fueron ejercidas por el poder. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión, ya que se intenta invisibilizar, la realidad en la que vivimos hoy en las ciudades o zonas rurales”.

Daniel era un joven guaraní de Misión Cherenta, Salta, que viajó a trabajar como miles de jóvenes a más de dos mil kilómetros para recolectar fruta en Río Negro. Percibió una estafa millonaria perpetrada entre la tercerizada Agro Cosecha S.A. y la multinacional Expofrut y lo compartió con sus compañeros.

En los estudios de FM De la Calle, Leandro Aparicio brindó detalles de la investigación realizada junto a su colega Sergio Heredia que da cuenta de un entramado mafioso que involucra a las empresas, la justicia, la policía y la política.

“Los testimonios dieron mucha información y siguen ratificando la presencia constante y nefasta de La Nueva Provincia actuando en conjunto con la justicia de entonces, con el juez Madueño y sus secretarios Sierra y Girotti y el aparato represivo, ese tridente en combinación y los efectos que produjeron acá en la zona”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia tras las primeras declaraciones del juicio Ejército III.

Las audiencias se reanudarán el martes 15 a las 15 y el miércoles 16 desde las 9 en Colón 80 de Bahía Blanca.

El tribunal aseguró que se desobedeció la orden, motivada en una queja de la Fiscalía, para que las fuerzas de seguridad se encarguen del traslado de los represores Noel, Salinas y Laurella Crippa quienes hasta ahora concurren solo con sus cuidadoras. Nebbia comentó que el martes “a la salida se retiraron y pasaron por medio de los familiares, los sobrevivientes y las hijas, con sonrisas socarronas –provocando, básicamente- y eso es muy violento”.

El martes la audiencia comenzó casi una hora después de lo previsto por la demora en el traslado de los imputados alojados en la unidad de Villa Floresta. “Brujas de mierda”, dijo el condenado Walter Bartolomé Tejada al pasar cerca de la abogada querellante Mónica Fernández Avello y las dos hijas de desaparecidxs que la asisten. Frente al tribunal, el ex segundo jefe del Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército prefirió callar y dar lástima con sus supuestas dolencias. Otros siete represores acompañaron su silencio por videoconferencia desde Capital.

La excepción fue Enrique José Del Pino, miembro del Batallón de Inteligencia 601, quien por su “destacada” participación en el Operativo Independencia al mando del general Adel Vilas fue requerido por éste como jefe de su custodia en comisión en el V Cuerpo de Ejército y participó en operativos de secuestro. “Colombres” dijo a los jueces que no tuvo relación con la represión en la ciudad sino que vino en varias ocasiones asignado a reforzar la seguridad de Vilas y su familia ante supuestas amenazas del PRT-ERP y ofreció “sus condolencias” a “todas las víctimas de ambos contendientes en este absurdo conflicto”.

El primero de los testimonios fue el de Ricardo Ángel Bustos, integrante de una familia de militantes peronistas particularmente perseguida durante la dictadura y sobreviviente de La Escuelita. Su vecino y amigo de la infancia, José Azpiroz, relató cómo fue secuestrado en el marco del operativo militar en torno a la casa de Bustos y mantenido varios días en cautiverio.

Josefina de las Nieves Álvarez fue secuestrada en dos ocasiones y recluida en La Escuelita en 1976 y en la cárcel de Villa Floresta en 1978. Sus torturadores le hicieron identificar a militantes barriales en una serie de fotos carnet.

Al día siguiente abrió la sesión Paula Lazer, hija de Laura Manzo, militante peronista secuestrada por efectivos de la policía bonaerense a fines de 1975 junto a María Emilia Salto y Daniel Bombara, primer desaparecido bahiense. Sobre el mismo caso fue convocada Gladys Inés Espíndola Vera, amiga de Manzo.

María Cristina Prado, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, declaró sobre un operativo en el departamento que compartía con dos estudiantes de la UNS que fueron capturados ilegalmente en julio de 1976 y cómo un par de meses después ella misma fue secuestrada en Coronel Dorrego. Estuvo en La Escuelita y en las cárceles de Villa Floresta y Devoto donde compartió cautiverio con varias víctimas de la causa.

También hizo su aporte la titular de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, quien llegó a entrevistarse durante los años de impunidad con algunos de los guardias del mayor campo de exterminio del V Cuerpo de Ejército para dar con el paradero de las personas desaparecidas y los bebés nacidos en cautiverio.

Liliana Beatriz Griskan describió cómo un choque de autos entre su hermano y el represor Alejandro Lawless derivó en una represalia y persecución contra su familia que incluyó un despliegue militar alrededor de su domicilio, el cautiverio en dependencias militares y la tortura contra su hermano mientras realizaba el servicio militar -del cual había sido exceptuado por problemas de salud- en Colonia Sarmiento.

Pedro Alberto Golub fue encerrado en el gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181 por reclamar por el paradero de su hermano secuestrado en Mayor Buratovich y aseguró que allí se encontró con Jorge y Raúl Griskan.

Las reseñas de cada una de las declaraciones mencionadas serán ampliadas y publicadas en www.juiciobahiablanca.wordpress.com en los próximos días.

Hoy se reanudará el juicio Ejército III en Bahía Blanca con la quinta audiencia a las 15 en Colón 80. Se espera que finalicen las declaraciones indagatorias con el grupo de imputados que sigue el debate por videoconferencia desde los tribunales porteños y comiencen luego las testimoniales. El miércoles la actividad será de 9 a 15. Las audiencias son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del TOF.

Días atrás la mayoría de los 34 imputados pasó frente a los jueces y se negó a ampliar sus defensas con excepción del ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, quien se dispuso a responder preguntas a pesar de la recomendación de su defensor. El represor, ya condenado a prisión perpetua, intentó limitar su responsabilidad a la conducción de la mencionada unidad militar deslindando injerencias en la jefatura del Área 511.

Por otra parte, el tribunal aceptó sumar las acusaciones por dos nuevas víctimas a los imputados Juan Manuel Bayón y Osvaldo Páez y rechazó incorporar dos genocidas del Ejército al banquillo. El defensor oficial Gustavo Rodríguez pidió la prescripción de los crímenes investigados y el fiscal Miguel Palazzani enmarcó el planteo en “un reflujo de discursos negacionistas del genocidio”.

Durante la tercera audiencia, el 18 de octubre, se informó que los secretarios del tribunal relevaron las cárceles de Villa Floresta y Saavedra para evaluar las condiciones de detención de algunos de los militares juzgados.

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Distintos actores judiciales de la provincia y los propios internos “comunes” de la UP4 denuncian permanentemente el hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos. No parece ser el caso de los detenidos de lesa humanidad que cuentan con “un espacio común con cocina, un baño y cuatro habitaciones” para seis y un pabellón contiguo para otros cuatro.

A pesar de ello, algunos volvieron a sus “unidades de origen” tras las indagatorias y esperan la resolución de los pedidos de arresto domiciliario y “medidas paliativas”. En la UP19 hubo quejas por faltante de colchones pero ahora cada uno tiene el suyo.

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Finalizada la lectura de la acusación el juez José Mario Triputti declaró abierto el debate y el fiscal Palazzani pidió la acumulación de dos tramos de la causa Ejército.

El primero se terminó de investigar el 19 de agosto e incluye a Raúl Esteban Andrés y Luís María Delaico. Andrés fue oficial de Estado Mayor, ayudante del jefe de la Unidad y jefe de Sección de la Compañía del Batallón 181 y Delaico comandó el Batallón de Arsenales 181 con sede en Pigüé.

Palazzani argumentó que se trata de represores de la misma fuerza y cadena de mando que integraron varios de los acusados, que su incorporación ampliaría el universo de víctimas y que de no sumarse ahora los militares llegarían a juicio “en tres o cuatro años”. El otro tramo fue instruido hasta el 16 de septiembre y agrega casos a los imputados Páez y Bayón.

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Respecto a este último punto los jueces pidieron a las partes que ofrezcan prueba por los hechos padecidos por Carlos Oscar Trujillo y Ángel Enrique Arrieta y, por otro lado, rechazaron la solicitud sobre Delaico y Andrés porque “no se trata de los mismos acusados ni víctimas”.

El defensor oficial Rodríguez pidió en un prematuro alegato la extinción de la acción penal de sus 23 representados por la prescripción de los hechos. El fiscal Palazzani destacó que el reclamo “es un tema por demás saldado en los tribunales del país” con 167 sentencias que lo rechazaron y que ni siquiera sostiene la defensora general Stella Maris Martínez, jefa del abogado.

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“Gran parte de este país cuando escucha los testimonios de las víctimas y los familiares todavía, por suerte señor presidente, temblamos de indignación”, dijo el pampeano y agregó que lo de su colega se enmarca en “un reflujo de discursos negacionistas del genocidio”. El TOF difirió su resolución hasta la lectura de la sentencia.

Finalmente, el teniente coronel y defensor particular Mauricio Gutiérrez recusó a los jueces porque, a su entender, en la redacción de la sentencia del primer juicio sobre los hechos padecidos por Rubén Alberto Ruiz “existe un pronunciamiento respecto de la responsabilidad de Cáceres, Nilos, Rojas y otros imputados” aunque los jueces no hicieron lugar al planteo por extemporáneo y falto de argumentación.

Con participación de integrantes de Concejos Deliberantes, de organizaciones ambientales y habitantes de varios partidos de la Cuenca de Claromecó, se realizó el viernes en Sierra de la Ventana un nuevo encuentro para definir estrategias de resistencia al fracking y otras prácticas contaminantes en la región. Bahía Blanca no tuvo representación legislativa.

Se concluyó reforzar la presencia de la asamblea en los municipios que aun no cuentan con ordenanzas antifracking y propiciar la actualización de las normas existentes en relación a la gasificación subterránea de carbón, impulsar una ley provincial con los mismos objetivos, propiciar el uso de energías renovables e insistir en el pedido de informes a la gobernadora sobre los proyectos en marcha.

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Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, destacó la necesidad de conocer las técnicas que pretenden utilizarse y los antecedentes internacionales de su aplicación para poder transmitir la preocupación a las comunidades de la cuenca.

Por ejemplo, los estados australianos de Victoria y Queensland prohibieron la gasificación subterránea de carbón y Escocia decidió este mes desalentar su uso. “Los estudios que la provincia de Buenos Aires financió para el aprovechamiento limpio de carbón ponen como referencia estos proyectos de Australia como que eran re seguros y ahora estamos viendo como los están tirando abajo y en una etapa piloto, no llegó a tener un desarrollo industrial”.

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“Hay gente haciendo lobby, recorriendo los campos, hablando con la gente, les dicen que la extracción de gas de carbón va a servir para generar urea para fertilizar los campos. Nos están usando como chanchitos de la India”, dijo el periodista y agregó que “en Australia decidieron que el desarrollo económico que plantea la agricultura no se puede poner en juego con estas promesas de bienestar del desarrollo de carbón”.

En cuanto a la explotación, Scandizzo explicó que se trata de “mantos de carbón que están entre 400 y 800 metros de profundidad, muy cerca de los acuíferos. No se va a sacar el carbón sino que va a permanecer en el subsuelo. Hay dos técnicas, una es que en el manto hay carbón, hay agua y hay gas metano. Una de las posibilidades es el aprovechamiento -como dicen las empresas- del gas intersticial”.

“Al perforar, al fracturar ese carbón para que libere el gas, se saca el agua porque está haciendo presión para que el gas no se mueva. A partir de ahí se extrae el gas. El problema además es que el agua es salobre y viene acompañada de una cantidad de químicos que participaron de la generación del carbón y que también tiene restos de metano, la disposición final es un problema muy grande”.

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En el aprovechamiento de gas asociado a carbón sucede que al fracturar, “si la presión es mayor a la presión hidrostática que tiene ese manto, se rompe la roca que está sirviendo como techo y deja migrar ese agua almacenada hacia los acuíferos de la superficie”.

Para la gasificación subterránea del carbón “se hace un pozo de entrada en el que se inyecta oxígeno, se genera la combustión del carbón que está en la veta y los gases que se generan son sacados por otro pozo productor. Ahí se separa el gas sintético, el metano y demás”. En los pozos de monitoreo australianos pasó que cuando llegó el rastro de contaminación “ya se habían mandado una macana muy grande”.

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“No tienen constancia de que la roca sello haya quedado en buen estado porque ha habido migraciones hacia la superficie y en la cavidad no pudieron controlar que la combustión se haga por segmento, que se queme una parte de carbón y no avance hacia otros costados. Eso genera el fenómeno de subsunción, que se hunda el suelo, que tal vez en la superficie no se nota pero sí en las formaciones geológicas y se altera el curso de las aguas subterráneas”, detalló Scandizzo.

Ana Colantonio, del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos, comentó a FM De la Calle que las exploraciones en la Cuenca de Claromecó existen “desde 1960 con la Ley de Hidrocarburos en la época de los militares” aunque las “dio a conocer el gobernador Scioli en 2010. No es algo improvisado que cae por sorpresa”.

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Aseguró que “en Tres Arroyos tuvimos un lobista antes de que comenzara esta discusión de la gasificación subterránea, convocó a pocas personas y nos vino a vender esto como producto limpio. No es limpio para nada, la diferencia que el lobista te va a decir es que el fracking usa agua que es por lo que la gente protestaba y en esto se va a usar aire, pero es mucho peor. (…) Es más silencioso pero hay que tener cuidado con lo que nos venden las corporaciones porque a ellos no les va a interesar la salud ni romper con la economía regional”.

María Saint Martín, asambleísta de Laprida, comentó que en su partido se movilizaron y fueron casa por casa para juntar tres mil firmas que les permitieran avalar proyectos de ordenanza antifracking y “para el cuidado del agua y que prohibiera el depósito de residuos peligrosos”.

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Las iniciativas fueron expuestas desde la Banca Ciudadana con el respaldo de un tercio de la población comunal aunque “no logramos nada porque el Frente para la Victoria era mayoría -y aun lo sigue siendo- y nunca decidieron tratar el tema”. “Incluso fue gente de YPF a querer convencernos de que los químicos que usaban eran los mismos que usaban en los chupetes de los bebés y en un montón de cosas que usábamos en la vida diaria. Nos reunieron a todos para decirnos eso y mucha gente se enojó y se fue de la exposición porque dijeron ‘nos están tomando el pelo'”.

El concejal de Pringles Osvaldo D’Annunzio (GEN) recordó que en su municipio la aprobación de la ordenanza contra el fracking “fue difícil porque había dos posiciones, a favor el oficialismo de ese momento, incluso vino gente de la provincia hablando de las bondades de este método, pero el Concejo Deliberante logró el consenso y se aprobó por unanimidad”. Además, valoró el interés del periodismo que “se ha comprometido más que la parte política”.

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Tras la audiencia, el ex edil de Guaminí Ignacio Zavaleta (UCR) dijo a FM De la Calle que “hemos tenido avances enormes tanto en la construcción de la conciencia institucional por medio de ordenanzas, se va sumando muy lentamente la conciencia ciudadana que es el trabajo al que falta darle un poco más de impulso”.

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“Los interesados en este tipo de explotación tratan por todos los medios que quede invisibilizado, eso les permite avanzar sin ningún tipo de contratiempo, por eso nuestro planteo resulta sumamente incómodo. Nos falta toda esa estructura y ese espacio en los medios para llegar a la gente, una política más incisiva en cuanto a la parte educativa, ir a los colegios, si bien ya lo estamos empezando a hacer”.

Finalmente, ante la falta de anuncios oficiales, Zavaleta afirmó que “el Estado nos brinda información cuando detecta que nosotros ya la tenemos, mientras tanto se hacen los sotas y miran para otro lado, pero cuando saben que vamos a buscar algo específico: ‘acá está’. La van demorando pero ya con lo que tenemos es suficiente para ir a fondo con este tema y pararlo de una vez por todas”.

La gobernadora María Eugenia Vidal, a instancias de funcionarios de su gabinete militantes del Opus Dei, revocó la resolución de la ministra de Salud Zulma Ortiz que adhería a lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de mujeres, niñas y personas trans.

La resolución de Ortiz había sido bien recibida por profesionales de distintas disciplinas porque les “hubiera dado muchísimas más herramientas” y en un contexto de creciente rechazo a la violencia machista, los femicidios y la vulneración de derechos de las mujeres.

Así lo afirmó a FM De la Calle la médica Selva Lamtzev, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quien comentó que “en 2013 más de cuarenta mujeres murieron por abortos clandestinos que consideramos que son femicidios, muertes que pudieron haber sido evitadas si realmente el sistema de salud se hiciera cargo de lo que le toca”.

El aborto en casos de violación o cuando esté en riesgo la salud de la mujer es legal en Argentina desde 1921. Lamtzev sostuvo que “el Código Penal habla de que corra riesgo, riesgo es que pueda ocurrir algún evento que perjudique la salud de la mujer, no habla de que ese evento esté ocurriendo. En el fallo FAL la Corte puntualiza que cualquier mujer que haya tenido un embarazo producto de una violación tiene derecho a realizarse un aborto legal en el sistema de salud público o el privado”.

“En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación saca un protocolo de ILE que es muy interesante por dos cosas. En primer lugar por puntualizar algunas cuestiones más específicas en relación a las mujeres que tienen acceso, a cómo realizar la atención, a reafirmar el fallo FAL en relación al acceso al aborto legal en casos de violación y también en comprender lo que decía del riesgo para la salud. Cualquier mujer que se encuentra en gestación ya sea deseada o no tiene un riesgo exacerbado para su salud. Cualquier mujer, incluso previamente sana, por el simple hecho del curso del embarazo puede tener una serie de enfermedades relacionadas con el mismo”.

Lamtzev valoró además que el protocolo de 2015, en línea con la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como “un estado de bienestar bio-psico-social”. “Una mujer que se enfrenta a un embarazo que afecta a cualquiera de esas tres esferas estaría dentro del protocolo y podría solicitar la interrupción legal del embarazo”.

“Lo de Vidal es un retroceso increíble, nos lleva a un oscurantismo tremendo que pone la salud de las mujeres en una situación super precaria. También considerando que estamos teniendo dificultades para garantizar los métodos anticonceptivos”.

La profesional declaró que la obstaculización del aborto legal y el recorte en salud sexual y reproductiva “da la pauta de cuál es la visión del rol de la mujer en la sociedad para este gobierno, o sea, tu único camino en la vida es ser madre, lo quieras o no lo quieras. (…) No son hechos aislados sino que forman parte de una política de agresión hacia las mujeres”.

(Por Mauro Llaneza) Las empresas del polo petroquímico desistieron de las declaraciones de un grupo de pescadores artesanales a quienes habían convocado como testigos en el marco de la causa civil por contaminación en la ría que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. Durante la audiencia que encabezó ayer el juez Agustín López Cóppola solo se escuchó a un empleado del Consorcio del Puerto.

“Deberían haber declarado los pescadores que son actores de esta acción civil, es una prueba ofrecida por la parte demandada donde se los cita -se llama absolución de posiciones- para que digan si determinados puntos son verdades o mentiras”, dijo el abogado Lucas Beier en FM De la Calle.

A su lado, el pescador Miguel Ángel Córdoba afirmó que fue a responder las preguntas de las empresas “con la frente en alto, no como ellos que es una agachada, lo que hicieron es de muy cobardes, no querer escuchar la realidad o la verdad es de muy cobarde, nadie les iba a mentir”.

“El único que declaró fue un testigo ofrecido por el Consorcio del Puerto, que es (Alberto) Carnevali, que es empleado del puerto, y contestó algunas preguntas referidas al dragado” y a la posibilidad de que haya causado daños. Beier destacó que el testigo “manifestó sobre los estudios que se hicieron sobre los sedimentos, si esos estudios estaban dentro de los parámetros autorizados por el OPDS, dijo que sí, motivo por el cual el OPDS autorizó la obra del dragado”.

La contaminación del estuario es investigada en una causa penal que tramita la justicia federal y otra civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo: “¿Qué es esto? Toda la comunidad sufrió un daño, el ejemplo más tangible es la clausura del balneario Maldonado que ya no es con agua salada, alguien si se quiere ir a bañar a Cerri no puede, si quieren comer en el muelle de Cerri no pueden porque está contaminado, entonces todo eso debe resarcirse a la comunidad y tendrá que resolver el juez de qué modo”.

En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores que impulsan la demanda con el fin de lograr un “resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio”.

Contaminar o no contaminar

El abogado destacó que nadie está haciendo nada clandestinamente, tanto el vertido de tóxicos como el dragado están autorizados por la provincia, por eso la consideran responsable. “Más allá de que la provincia dice que las empresas pueden arrojar ciertos parámetros no se controla si cumplen, hay una falta de servicios de la provincia porque el CTE controla una o dos veces al mes. Con eso es imposible saber cuánto es el acumulado (…) estamos pidiendo que se analice el barro, que se analice agua y principalmente las especies vivas, ya sean moluscos o peces. Ahí vamos a saber si existe una bioacumulación de metales pesados tóxicos, por ejemplo el mercurio que es tóxico sin importar la cantidad”.

Beier explicó que “la Ley de Pesca de la provincia de Buenos Aires no habla de parámetros, dice que está prohibido. Está prohibido arrojar sustancias tóxicas que puedan generar un daño a la biología. Como este es un sector de pesca, los pescadores son actores en esta causa y la justicia les dio el lugar de actores y querellantes en la penal, ellos están ejerciendo su actividad o la ejercían al menos dentro de la misma zona donde las empresas arrojan sus sustancias tóxicas, entonces ¿qué ley tiene que regir? ¿La de Pesca que dice cero o una resolución de la Autoridad del Agua que es para mar abierto y que habla de parámetros?”.

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“Si el juez resuelve que va a ser cero, va a ser una complicación para las empresas porque significa que ya no van a poder arrojar sustancias tóxicas. No va a ser ni uno, ni dos, ni tres. Va a ser cero”. Los desechos de las empresas deberían trasladarse más de cien kilómetros para alcanzar mar abierto. Nunca llegan “porque la marea corre cada seis horas, va y viene siempre, y hay estudios realizados que una parcela de agua frente al puerto con marea bajante no llega más allá de Puerto Rosales y cuando sube vuelve otra vez, nunca se va”, fundamentó.

Y el pescado sin vender

Miguel Ángel Córdoba recordó que la demanda se originó en la falta de pesca. “Por historias de pescadores más viejos decían que iban enfrente a remo y venían llenos de pescado. Empezamos a notar que empezó a caducar mucho más, mucho menos embarque porque al ser tanta gente a bordo de una lancha no alcanzaba. Dio la casualidad de que empezando a hablar, hablar, hablar, vino alguien que hizo la investigación de contaminación y es como que nos abrió los ojos y empezamos a mover un poco porque era la comida, el pan nuestro de cada día”.

“Toda mi familia son descendientes de pescadores, nosotros también, mis hermanos, mis primos, cuñados, mucha cantidad. Es una familia grande la de los pescadores. Nosotros venimos subsistiendo de changas pero hay gente que no sabe hacer otra cosa, que nació en la pesca, los llevó el padre de chico a los nueve años arriba de una lancha y hoy por hoy no tiene nada, el muelle hoy está tapado, la dársena está tapada de barro, las cuatro lanchas que hay están en seco, tenés que esperar que crezca toda la marea para poder sacarla (…) hay tres embarcaciones pescando afuera, son tres, 21 personas nomás, ¿y el resto?”. En los buenos tiempos había al menos 200 trabajadores “a pleno”.

Miguel Ángel afirmó que los frigoríficos de White “murieron todos”, como desaparecieron quienes pelaban camarones o fileteaban el pescado. “Gente que no tenía para comer y en un momento iba al muelle y sabía que se traía un pescado a la casa, todo eso no existe más”.

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“Otra cosa es que ahora en White los únicos que están son los chinos y laburan con pescado de afuera porque nadie te come el de acá. Mi hermano tiene una canoa para salir a laburar con mi otro hermano y está ahí estancada en el muelle, sabemos que no lo va a comprar nadie ese pescado. Primero que no hay y el poquito que hay no te lo compra nadie, Bahía sabe que ese pescado no se puede comer. En White se está comiendo langostino del sur, de Rawson. El que come, si puede comprarlo”.

“Lo único que queremos es que vuelva el puerto como lo teníamos antes. No va a volver como estaba antes, eso está recontra claro. Pero por lo menos tratar de remediar algo de lo que hicieron, que dejen de contaminar, queremos el agua que teníamos antes, que sea limpia como antes, hay un montón de cosas, la pesca no sé si va a volver o no va a volver porque no soy dios para decir, pero sí que se termine con esto”, dijo.

La pericia

El próximo paso de la causa es la realización de una pericia sobre el estado del estuario. El juez López Cóppola descartó en su momento los reparos de la querella respecto a los intereses profesionales y económicos entre la Universidad del Sur y las empresas demandadas y ordenó que sea esa institución la que haga los análisis. El rector Ricardo Sabbatini argumentó que sus investigadores estaban ocupados en el dictado de clases y rechazó la propuesta.

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El juez atendió el pedido de los pescadores para que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA pero ante una impugnación de una firma imputada optó por recurrir a la Fundación de la Universidad del Sur. “Creo que son los mismos profesionales los de la fundación que los de la UNS así que imagino que la respuesta debería ser similar a la que dijo el rector”, opinó Beier quien estudiará la posibilidad de cuestionar la medida “porque obviamente puede ser que los profesionales que integran la fundación vean que corre peligro su trabajo si se ponen en contra o la pericia da en contra de lo que dicen las empresas”.

“Podrían llegar a tener un interés muchísimo más tangible, mucho más palpable que el de la Universidad de Buenos Aires que no hace ningún estudio para las empresas de acá, la Universidad del Sur tiene cantidad de estudios, y es más, hay contratos vigentes entre el Conicet y la universidad con el CTE, millonarios, por año”.

Desde hoy y hasta el 31 de octubre en se realizan en Buenos Aires, Neuquén y Cipoletti una seria de charlas públicas y capacitaciones sobre salud, ambiente e hidrocarburos no convencionales organizadas por EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Participan profesionales nacionales y de Estados Unidos.

Las jornadas se enfocan desde el abordaje de salud socioambiental que trabaja los vínculos entre salud, ambiente y procesos sociales y productivos. Bajo este marco, pretenden abordar enfoques generales y conceptuales con casos concretos registrados por el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y la implementación del fracking, paquete tecnológico central en la nueva frontera.

Tal objetivo se considera pertinente y prioritario debido al impulso y conflictividad asociados con el desarrollo a escala masiva formaciones antes no viables, como Vaca Muerta en la Cuenca neuquina. Entre los puntos debatidos por tal promoción uno central es la cuestión de ambiente y salud pública de poblaciones locales y trabajadores del sector, aspecto que cuenta con una creciente literatura científica a nivel internacional que amerita su debate y divulgación.

Se busca exponer y debatir el acumulado histórico que se viene produciendo en el país y el extranjero desde diversos planos para incrementar el conocimiento y participación social. En primer lugar, desde un abordaje general al relatar las experiencias de intervención territorial y conceptual de salud socioambiental. En segundo, cómo se traduce este abordaje en el caso concreto de los hidrocarburos no convencionales, tanto en el país como en los Estados Unidos, país pionero tanto en la generación y expansión de la industria como en el registro de sus impactos y costos asociados.

Además de quienes integran EJES, como el Taller Ecologista y el Observatorio Petrolero Sur, las jornadas contarán con la presencia de las dras. Sandra Steingraber y Kathleen Nolan, integrantes del Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires, Asamblea Fuera Basureros del Neuquén, representantes del Siprosaprune y del Equipo de Salud de la Confederación Mapuche del Neuquén, entre otros y otras.

Más información en www.opsur.org.ar – www.tallerecologista.org.ar

#FrackingySalud

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El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, apartó a Fernando Díaz como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), cargo que ocupaba desde diciembre de 2015. Lo reemplazará Juan Baric, actual subsecretario de política penitenciaria. La gobernadora María Eugenia Vidal dará una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, para brindar precisiones sobre el tema.

La Comisión por la Memoria (CPM) saludó la decisión y aseguró que “es una buena noticia que debe venir acompañada de cambios estructurales para transformar la grave crisis que enfrenta el sistema de encierro bonaerense”.

El miércoles de la semana pasada la CPM se reunió con la gobernadora María Eugenia Vidal para entregarle su décimo informe anual El sistema de la crueldad, sobre políticas de encierro y seguridad en la provincia de Buenos Aires. En la agenda de temas conversados en esa reunión se reiteró el pedido de renuncia de Fernando Díaz como jefe del SPB.

Esa no fue, sin embargo, la primera vez. Al ser designado en diciembre de 2015, la CPM manifestó públicamente su preocupación por los antecedentes que Díaz había tenido en su paso previo por el mismo cargo entre los años 2005 y 2009. Entre sus responsabilidades figura la de haber estado al frente de la institución cuando ocurrió la masacre de Magdalena en la que fueron asesinados 33 presos.

Posteriormente, la CPM insistió con la impugnación de Díaz en una reunión mantenida con la Gobernadora en el mes de febrero y en una posterior con el ministro de Justicia.

En las últimas semanas, la figura de Díaz volvió a ser cuestionada por una causa por corrupción en Salta. Él, junto a otros 37 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, está acusado de administración fraudulenta en un sistema de compra de viandas para el Complejo Penitenciario Federal de Salta entre 2012 y 2015, cuando se desempeñaba como auditor general del Servicio Penitenciario Federal. El organismo, además de la renuncia del jefe penitenciario, solicitó al Ministro una auditoría externa para evaluar la compra de alimentos durante la gestión del cuestionado funcionario.

Por todo esto, la CPM señaló como positiva la decisión tomada por el ministro Ferrari de desplazar al funcionario y designar un auditor externo. Al mismo tiempo, en el organismo esperan que esta decisión sea el inicio de una política que modifique estructuralmente el sistema de encierro, a fin de revertir las graves violaciones de derechos humanos que padecen las personas privadas de su libertad.

El diputado provincial Santiago Nardelli (PRO) presentó un proyecto de ley que busca “prohibir cualquier tipo de actividad pública que permita y/o apoye y/o promocione y/o cree concursos de belleza y de elección de reinas, princesas y/u otras expresiones similares”. “Lo que buscamos no es prohibir los concursos de belleza sino más bien generar otros parámetros de elección del rey y la reina”, dijo a FM De la Calle y agregó que el debate sobre la violencia simbólica “no aporta nada”.

El Concejo Deliberante bahiense discute una iniciativa similar de la edila Miriam Iantosca (IC) que apunta a desincentivar la participación estatal en dichos certámenes por entender que son “discriminatorios, sexistas y propiciadores de violencia simbólica, donde solo se mira y define a la mujer por sus medidas, atributos físicos y estereotipos de belleza” cuando el Estado debe velar por “la protección de las mujeres y niñas, quebrando el paradigma de la cosificación de la mujer”.

Nardelli aseguró que “pretendemos un premio pero que sea no en base a una virtud estética sino a quien haya presentado un proyecto que elijan los organizadores del concurso. Por ejemplo, a la mejor acción medioambiental o al mejor proyecto de conservación del ambiente, alguna cuestión que sea ponderar algún valor que nos parezca rescatable y no hacer una exaltación de la figura estética que nos parece que, más allá de que en el debate está instalado que cosifica y que pone eso en cuestión, nos da la sensación de que no aporta nada”.

“No es tanto prohibir porque quien lo haga como instancia privada que lo haga, pero me parece que en las fiestas en las cuales el Estado de alguna manera participa o fomenta hay que sostener el concurso porque sirve, porque existe como tal y lleva mucho tiempo, pero ponderar otras virtudes, no caer en la virtud de la figura estética que eso sí lo vemos que no nos sirve como sociedad”, agregó.

En cuanto a la discusión central que promueven las ordenanzas que en distintos municipios ya dieron de baja los concursos de belleza en un contexto de creciente violencia machista, el diputado macrista afirmó que “no es el motor que tiene el proyecto que presentamos en la Cámara”. Quienes impulsan aquel debate sostienen que la violencia simbólica es una escala en la espiral que a partir de la cosificación de las mujeres, en casos extremos, termina en los femicidios de cada día.

“No digo ni que sí ni que no a esa afirmación, supongo que tendrá un fundamento y que quienes la afirman saben por qué lo dicen, lo que ponderamos es correr del simbólico la ponderación de la belleza estética y no de determinadas actitudes que puedan ser ponderadas por una sociedad”, dijo Nardelli y agregó que “la relación que se hace del simbólico estético y el femicidio creo que hoy es un análisis para tener en cuenta pero, si te digo, nosotros vamos por el camino de una cuestión que es más lineal”.

Pasaron más de nueve meses de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y en el marco de su gestión continúa sin pagarse la deuda millonaria que mantiene con nuestros medios. Sumado a esto, no se abrieron las anunciadas líneas 2016 del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), incumpliendo así con lo previsto en la Ley Nacional de Presupuesto del año en curso. 

Además algunas de esas líneas restringen las posibilidades de concursar a medios de nuestro sector, cuya única legalidad otorgada por el Estado ha sido un número de empadronamiento. Ese fondo establecido en la Ley 26522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), se mantiene vigente aún pese a los decretos que modificaron varios de sus artículos, y no pueden ser utilizados para ningún otro fin que no sea el apoyo a los medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera. Son Fondos que existen actualmente y que no están siendo ejecutados.

Desde el inicio de la nueva gestión venimos sosteniendo reuniones tanto con el directorio del organismo como con el área que atiende las políticas de fomento para el sector. Hemos realizado propuestas, entregado toda la información y la documentación requerida; hemos sido abiertos al diálogo y una y otra vez las promesas se desvanecieron en el aire. El diálogo, hasta ahora, fue un simulacro.

La falta de pagos impacta en la sostenibilidad de los medios, obligándolos al cerrar o a seguir construyendo en la carencia de recursos. Esto no es democratización ni pluralidad, sino regresión en materia de derechos a la libertad de expresión, de los medios y de sus audiencias.

Tampoco se avanzó en estos largos meses en la habilitación definitiva de los canales comunitarios concursados, que cumplieron con todas las exigencias derivadas del acto de adjudicación, ni se han abierto nuevos concursos de radio y televisión sin fines de lucro. El ENACOM es rápido para habilitar canales comerciales y para avanzar en acuerdos con empresas, pero desoye los reclamos de los medios no lucrativos.

El incumplimiento también se verifica en el desconocimiento de la reserva el 33 por ciento del espectro para el sector sin fines de lucro. Cuando medios privados cierran sus empresas, como el caso de Radio América, la normativa vigente establece el reordenamiento del espectro radioeléctrico en base a cumplir con la reserva para el sector no comercial de la comunicación.

Además, continúan las interferencias contra Barricada TV y Urbana TV por parte de la empresa Canal 13/Artear, y tampoco se levantó el proceso penal contra Antena Negra TV, iniciado por una empresa de seguridad privada que no posee licencia alguna para operar en el espectro. En este marco comienzan a aparecer situaciones de interferencias de medios comerciales a medios de nuestro sector como sucede con FM La Caterva y FM La Tribu, ante las cuales el organismo plantea la resolución del conflicto entre las partes desentendiéndose de su rol.

Los funcionarios de ENACOM, ente presidido por Miguel Ángel De Godoy, sostienen una política de dilación con los medios comunitarios. Nos reciben, pero no nos escuchan. Nos prometen respuestas que nunca llegan y en nada han avanzado en estos meses, condenándonos al ahogo financiero y la precariedad. En consonancia con otros conflictos que surgen cotidianamente en el país, la gestión de Cambiemos sólo gana tiempo, para que el único que avance sea el mercado.

Convocamos una vez más a adherir, sumarse y acompañar a los medios alternativos, populares, comunitarios y autogestivos para que el ENACOM no solo pague la deuda sino que garantice condiciones legales para la permanencia al aire de nuestros medios y cumpla con la ley.

Por eso convocamos a movilizar para que el Gobierno Nacional:

– Pago de los FOMECAS Adeudados.

– HABILITACION de los canales comunitarios concursados: Barricada TV, Urbana TV y Pares TV. Basta de interferencias de Canal 13.

– Reconocimiento Legal y Devolucón de los equipos a ANTENA NEGRA TV.

– Resolución de los CONCURSOS pendientes para radio y televisión comunitarias.

– Cumplimiento de la RESERVA del 33% para las sin fines de lucro y elaboración del Plan Técnico.
 

MIÉRCOLES 26 de Octubre 16 horas
TODOS Y TODAS AL ENACOM
Perú 106 (CABA)

(Por Giuliana Crucianelli) Quizás esto no es muy periodístico, probablemente no me sirva en mi curriculum para entrar a trabajar en algún lugar, pero la verdad no me importa. Mucho ha circulado de la manifestación del miércoles, de las sensaciones.  En mi caso no tuve ni tiempo a pensar, es más, hasta llegué un poco tarde porque hay responsabilidades ineludibles. Pero bueno, la cuestión es que llegué corriendo porque la marcha ya había empezado, me llamaron, hice un móvil toda agitada y me puse a sacar fotos, no tuve mucho tiempo para ver quiénes estaban, qué banderas, cuáles no, cuál era el comentario general, qué medios. Todo eso me lo perdí, así que empecé a registrar.

Foto, foto, que se vea bien la bandera, a ver esta piba si levanta el puño me viene joya, allá hay una nena, las tamboras, a ver si les puedo sacar haciendo ruido, la prima de Kathy, la mamá de Mica. Y acá paro, saqué la foto y bajé la cámara. No le pude sostener la mirada y huí. No porque ella me dijera algo, sino que le vi la cara, por primera vez en todo lo que había pasado me detuve a verle los ojos. Eran tan negros y llenos de dolor, que tuve que salir corriendo.

Y en mi huida con la cámara, las vi a las pibas. Estaban todas agarradas haciendo un cordón y gritando juntas. Y me tape la cara con una mano y lloré como una criatura. Y con la otra me sequé las lágrimas porque siempre me da vergüenza llorar en público y porque me parecía que había que pelear pero no llorar, no les voy a dar el gusto  a que me pregunten si estoy irascible porque me vino o porque viste como son las minas de sensibles. No. Era un día de vindicaciones. Y seguí sacando fotos. Hasta que me miré a mí misma y me dije se va todo a cagar, yo voy a marchar.

Y uso el lenguaje coloquial porque cuando estoy enojada o muy emocionada por algo me sale así y a veces hasta me como las eses. Porque eso es lo que nos pasa, estamos enojadas, tenemos rabia, bronca porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar y ser nosotras una nueva Lucía, o Mica, o Kathy, o Lola, o Luciana. Y no es victimizarse no, no. Estábamos más empoderadas que nunca porque sabemos que esto nos corresponde, que es lo que TENEMOS que hacer, y no me importa nada que me digan extremista, que me acusen que siempre cuestiono todo, que me digan pesada, que ya basta con eso, que no tengo humor porque no soporto un chiste de suegras malas o minas incogibles o que por favor tengamos el almuerzo en paz sin que a vos se te ocurran cosas locas como que dividamos las tareas equitativamente. Tampoco me vengas con eso de los extremismos flaca, ¿no te das cuenta que yo no le pegué a nadie? Ay al final vos siempre odiaste a los tipos y no lo querés asumir. Gorda, trola.

Incomodamos tanto que nuestra lucha es el motor de bocha de mezquindades, de planteos absurdos, de sinsentidos. Estamos despertando un monstruo que estaba dormido, que estaba en su lugar de confort, dañando desde las sombras y si ese monstruo se despierta es porque le dolemos, le dolemos las mujeres poderosas, les duelen nuestros cuestionamientos, les duele nuestra deconstrucción, les duele nuestra marcha, les duele la convocatoria, les duele que hayamos terminado en una ronda sinfín con bailes, con abrazos, con sonrisas porque lejos de creernos perros mojados, lejos de volver con la cola entre las patas estamos más combativas que nunca, y nos reímos en la cara de la mierda que venimos bancando. No es poner la otra mejilla, es salir a luchar.

Como la catarsis del miércoles, la catarsis del Encuentro, la de nuestros encuentros en bares con birra de por medio, la del grupo de whatsapp, la de lxs amigxs. La catarsis de las marchas, la catarsis del discurso, la catarsis de mi cuerpo y mi pensar, la catarsis de mi sentir. Organizar esa catarsis en convocatoria nacional e internacional, en una transmisión en vivo, en un abrazo colectivo, en un paro de mujeres, en una multitud, en un grito a todo corazón no es absurdo, es vibrar. Y cuando una vibra, contagia. Y la de al lado también vibra, y la del otro lado también y nos trasformamos en un batifondo que no para, y es una oleada, una marea sonora que no tiene fin y ahí, justo ahí, cuando te estás abrazando con la compañera como si la conocieras de toda la vida, cuando te emocionás con ella,  de repente un velo se corre y ves con claridad todo lo que no  habías podido ver hasta ese momento y todo cobra sentido. De golpe cierran muchas cosas y otras tantas se abren.

Eso es vivir, eso es trascender.

Hay 1057 detenidos, de los cuales casi la mitad está en la cárcel. Mientras se tramitan 15 juicios en todo el país, hay 118 causas elevadas a debate oral. El relevamiento fue realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Casi 800 personas han sido sentenciadas en causas por crímenes de lesa humanidad desde 2006, cuando comenzaron los primeros juicios orales y públicos tras la reapertura de los procesos. En rigor, suman 723 los condenados y 76 los absueltos después del dictado de 167 sentencias en todo el país, según el último relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El organismo del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal general Jorge Auat y coordinado por Carolina Varsky publicó la actualización de esas cifras al 30 de septiembre de este año, en cuadros que pueden consultarse en la sección Estadísticas del sitio de la Procuración.

Los números indican que 2541 personas fueron imputadas desde la reapertura de los procesos a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio de 2005.

Entre los detenidos, suman 527 alojados en cárceles y 494 quienes permanecen en arresto domiciliario.

Ese número de 2541 imputados está compuesto por los 799 sentenciados (723 condenados y 76 absueltos), 817 procesados, 157 con falta de mérito, 44 con sobreseimiento, 278 solamente imputados, 31 indagados sobre quienes aún no se ha resuelto su situación procesal, 5 declarados incapaces de seguir adelante en el proceso, 365 fallecidos y 45 prófugos. Ésta última categoría suma 46, pero en este desagregado no se cuenta al ex mililitar Jorge Olivera, quien se profugó tras haber sido condenado.

En ese sentido, otra perspectiva de análisis sobre los imputados la ofrece un recorte según su condición: de los 2541 imputados, hay 1057 detenidos (42 por ciento); 1003 en libertad (39 por ciento); 435 fallecidos (17 por ciento), número que incluye a los condenados que han fallecido; y los 46 prófugos.

De los 1057 detenidos, 527 están alojados en establecimientos penitenciarios, 494 cumplen arresto domiciliario, 16 permanecen en dependencias de fuerzas de seguridad federales, provinciales, hospitales y/o detenidos en el exterior, mientras se carece de datos respecto de otros 20.

En este contexto, se registran 561 causas activas en todo el país por crímenes de lesa humanidad, de la cuales 261 (46 por ciento) están en la fase de instrucción, 167 (30 por ciento) tienen sentencia, 118 fueron elevadas a juicio oral (21 por ciento) y 15 (3 por ciento) se encuentran en debate actualmente.