El miércoles las mujeres de todo el país cesarán sus actividades de trabajo y se movilizarán para decir ‘Basa de violencia machista’. En nuestra ciudad la convocatoria se replicará con un paro entre las 13 y 14 y una marcha a las 17:30 que partirá desde Plaza Rivadavia.

Luego de la serie de femicidios ocurridos los últimos días en nuestro país, mujeres de diversos sectores se reunieron en la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en Buenos Aires, para exigir el fin de los asesinatos hacia las mujeres y de la violencia machista. Se resolvió un Paro Nacional de Mujeres; Buenos Aires, Salta, Córdoba, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chubut son algunas de las ciudades que se suman a la convocatoria.

El hartazgo, el repudio y la bronca culminó con la organización que también busca poner de manifiesto la reducción del tiempo en que asesinan a mujeres en Argentina: cada 28 horas. Algunas organizaciones como MuMaLa -Mujeres de la Matria Latinoamericana- aseguran que el número se ha achicado aún más, cada 26 horas, si se toma en cuenta el relevamiento que realizaron a través del análisis de medios digitales gráficos, donde se registraron desde el 1 de enero de 2016 al 17 de octubre, un total de 226 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios.

“Si mi vida no importa, produzcan sin mi”, es una de las consignas que toma cuerpo este 19 de octubre, mes en el cual las mujeres dicen BASTA y piden al Estado una respuesta por todas las mujeres víctimas de violencia machista; las de ayer y las de hoy.

8 de octubre:

Lucía Pérez, 16 años. Mar del Plata

Viviana Rodríguez desaparecida desde el 26 de septiembre fue encontrada muerta en Entre Ríos.

9 de octubre:

Beatriz Valencia Parra, 22 años, madre de 3 hijxs. Villa Recondo, Partido de La Matanza.

11 de octubre:

Beatriz Cañumán, 51 años.

12 de octubre:

Natalia Padilla, 41 años, madre de 5 hijxs. Barrio Artigas, Córdoba.

13 de octubre:

Marcela Crelz, 54 años. Isidro Casanova, Buenos Aires

14 de octubre:

Samantha Yorg, 22 años. General Cabrera, Córdoba.

María Elisa Acuña, 63 años. Los Hornos, La Plata.

15 de octubre:

Marilyn Méndez, 28 años, embarazada de tres meses. La Banda, Santiago del Estero.

16 de octubre:

Alejandra Noemí Duarte, 49 años, quemada por su esposo días anteriores.

Vanesa Débora Moreno, 38 años. Lanús, Buenos Aires.

(Por ¿Quién te juna?) Se registran, además, aproximadamente 300 casos de gatillo fácil por año. Según el informe lanzado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en noviembre del año pasado, sobre 4.970 casos totales de asesinato por represión policial, 3.070 ocurrieron en los últimos 12 años. En el 2016, la lista aumenta nuevamente.

María del Carmen Verdú ayudó a fundar la CORREPI “contra las diferentes formas de represión del aparato estatal”, a fines de los ’80. Un organismo antirrepresivo compuesto por militantes, familiares de víctimas de hechos de gatillo fácil y jóvenes que se suman “por una necesidad de enfrentar lo que cotidianamente se padece en los barrios”.

La CORREPI realiza un informe anual –el próximo 2 de diciembre publicarán el número 20– de la Situación Represiva en Argentina. Esto es posible gracias a la colaboración de compañerxs en distintas provincias, “que se toman el trabajo de hacer el relevamiento de los casos locales y mandarnos la información, utilizamos todas las fuentes disponibles”, explica Verdú.

Además, afirma que “ninguna fuente nos parece poco útil, por el contrario, lo que sí hacemos, es un trabajo de chequeo, que se refleja en el hecho de que, en estos ya más de 20 años, ningún gobierno –y vaya que lo intentaron– pudo decir ‘este caso lo inventaron’, ‘no existe’, ‘es trucho’, imagináte que si hubieran podido, todos lo hubieran hecho”.

La referente de la Coordinadora opina que hay “una relación intrínseca entre cualquier reforma legislativa represiva (leyes antiterroristas, protocolo antipiquete, etc.) y el incremento de los fusilamientos de gatillo fácil”, y que estas legislaciones “a lo que apuntan es al disciplinamiento de la clase trabajadora organizada”.

En relación al gatillo fácil, ha tenido un incremento brutal en el curso de este año, como lamentablemente va a mostrar el informe anual.


Todos los años realizan la presentación en Plaza de Mayo. Es un acto donde, además de hacer un repaso de la situación represiva en todo el país, tratan de reflejar las principales luchas, y de hacer los necesarios homenajes: “como vamos a hacer este año con la persona de ‘Cachito’ Fukman, el compañero [fundador] de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que perdimos en julio”, concluyó la entrevistada.

“[Los policías] querían esconder las pruebas, entonces yo agarré el proyectil que le dio a mi hijo”

Quizás el caso que más resonó en nuestra ciudad, el más emblemático (lamentablemente), sea el de Giuliano Gallo. ‘Yuli’ era un chico de la casa, de 14 años, estudiaba en la Técnica 4 –donde hacía doble escolaridad–, cuidaba a sus hermanos cuando la madre, Sonia Acuña, se iba a trabajar. “Era mi compañero, porque cuando yo estaba embarazada el hacía todo lo que era de la casa”, recuerda su mamá.

El 1 de febrero del 2008, Giuliano estaba en un cumpleaños en el barrio Cooperación. Cerca de las 21.30 fueron al barrio Mi Casita, a buscar un CD de música a la casa de los chicos que hacían ruidos molestos desde temprano. “Llegaron en un mal momento. Ya había policías. Ellos entraron, y bueno… Mi hijo en ese momento se quiso escapar por la parte de atrás, a donde le dieron un tiro”, repasa la madre de la víctima.

La versión oficial dice que “se produjeron hechos entre particulares y policías que motivaron que un policía efectuara disparos”. Cuando consultamos a Sonia, afirmó que si bien tiraban piedras desde adentro de la casa, fue “para defenderse de los tiros que ellos [los policías] tiraban”.

“Llegué tipo 1.30, 2 de la mañana; recién a esa hora me avisaron a mí. Cuando yo entré, los policías ya estaban en la casa.  Ellos querían esconder las pruebas, entonces yo agarré el proyectil que le dio a mi hijo”.

– ¿Supiste algo más de Guidobono luego de que fuera exonerado?

– No supe más nada. Una vez me crucé con Zorzano y le pregunté sobre el caso, ahí me enteré que ese señor estaba muy enfermo. Yo siempre dije: No tuve la justicia del hombre, pero tuve la justicia divina. Yo esperaba una justicia divina, ya que no había justicia del hombre acá… es lo que Dios me hizo ver.

La mamá de Giuliano consideró que algunos medios trataron bien la noticia, a su familia y el caso de su hijo, pero que otros no. Incluso llegó a sufrir maltratos por parte de un periodista:

¿Qué opinión te merecen hoy las fuerzas policiales? ¿Vos crees que están en la calle para defendernos realmente? ¿Te dan seguridad?

– Y la verdad que no. Yo pienso así, y no por lo que me pasó. No hay seguridad para nada. Cada vez más robos. Cada vez… muchas cosas de los chicos. Cada vez más droga. Vos ves madres que encuentran a policías que están involucrados en la droga. Muchas cosas que creo que, por más policías que pongan, no hay seguridad para nada. Ni para nadie tampoco.

La entrevista completa la podes escuchar acá: http://ar.ivoox.com/es/13342782

“Nunca ha sido fácil avanzar en Bahía Blanca en nada que tuviera que ver con esto”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani horas antes del comienzo del cuarto juicio de lesa humanidad en la ciudad. Las dificultades son mayores con la “falta de apoyo y el desmantelamiento de estructuras que venían sosteniéndolos”. “Que empiece el proceso, el más grande en la provincia de Buenos Aires, que sea aquí y que avancemos con, por ejemplo, veinte nuevas imputaciones de responsables que todavía no estaban juzgados me parece una buena noticia”, agregó.

El martes a las 15 se realizará la próxima audiencia del juicio Ejército III en Colón 80. Por la mañana podría realizarse una inspección para verificar las condiciones de detención de los imputados alojados en la cárcel de Villa Floresta. El miércoles desde las 9 se completará la lectura de la acusación.

“Tenemos una representación total de lo que dependía de la fuerza Ejército. V Cuerpo con su Agrupación Tropa, Batallón y todo lo que hacía al área aquí en la región -explicó Palazzani-. Después, Policía de la provincia de Buenos Aires, otra vez Servicio Penitenciario. También tenemos miembros o personas que actuaron en el circuito represivo de Neuquén-Rio Negro. Tenemos un amplio abanico que va a constatar o repetir y a nuevamente probar cómo funcionaban en aquel momento los grupos de tareas (…) y podremos ver la coordinación con el Área 52 de Neuquén que ya la teníamos insinuada con los guardias de La Escuelita que eran traídos de allá”.

Entre los 102 casos que se le reprochan a 35 represores se encuentra la sustracción de bebés nacidos en el campo de exterminio. Son hijos de Graciela Romero y Raúl Metz y de Graciela Izurieta y Ricardo Garralda. “Hacemos esfuerzos permanentes para poder dar con algún dato que nos permita alguna punta para lograr dar con los niños que fueron apropiados, hoy, por supuesto, adultos”, dijo el fiscal.

Además del proceso en curso, hay elevados a juicio otro tramo de Ejército y dos de Armada. La posibilidad de unificarlos fue rechazada por el tribunal oral. En base a los antecedentes de Córdoba y San Juan la expectativa está puesta en una próxima resolución de la Cámara de Casación.

En dichas jurisdicciones “empezaron los juicios con la causa que venía naturalmente, había ocurrido lo mismo que aquí, habían denegado la acumulación, y luego la Casación ordenó acumular y en medio del juicio se los volvió a indagar y se incorporaron nuevos imputados”. La megacausa bahiense podría alcanzar entre 80 y 90 acusados y unas 300 víctimas.

El fiscal destacó el incremento de las detenciones domiciliarias y comentó que la Procuraduría contra la Violencia Institucional constató que las realidades de los penales de Marcos Paz y Ezeiza “responden a un estándar posible para que estén en la cárcel, al menos obviamente los que provienen de lesa humanidad, no así los presos comunes. Los de lesa humanidad están en condiciones totalmente distintas a los demás presos, con todas las comodidades”.

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Palazzani afirmó que “siempre es poco recordar las historias de cada víctima” y que, más allá de la definición de responsabilidades penales, los juicios “tienen un alto valor pedagógico para mostrar y enseñar cómo funcionó algo que está permanentemente silenciado, sobre todo en Bahía Blanca que tenemos que lidiar justamente con ese silencio al menos del gran medio que hasta ahora ha estado en la región y que es histórico, que es La Nueva Provincia, que además ha estado indicado como responsable de haber integrado el aparato represivo”.

La empresa de Massot publicó un informe sobre “la ruta del dinero K y la grieta en la Justicia Federal” a horas del inicio del cuarto juicio con particulares ataques a fiscales y jueces que intervienen en las causas de lesa. Para Palazzani apuntan a “deslegitimar virtualmente a todos los que pretendemos encabezar la acusación y que las encabezamos con ellos, los allanamos, encontramos prueba y además fueron indagados”.

“La cosa más anecdótica que cuenta son una ficción y una falacia tal que aparecen personajes como (Mario) Fernández Moreno o (Santiago) Martínez como queriendo avanzar y nosotros queriendo entorpecer. (…) La Nueva Provincia en esa construcción aparece queriendo apoyar los juicios, la verdad que es tal la ficción y tal la fábula que lo anecdótico no merece la pena contestarse”.

La causa sobre Massot espera definiciones de la Corte Suprema referidas a una queja del fiscal de Casación Javier De Luca quien, entre otras cosas, denunció un “sobreseimiento encubierto”. Palazzani aseguró que “lo que molesta a La Nueva Provincia, directamente a Vicente Massot, es que en ese escenario que es el juicio nuevamente se va a recordar el rol que le cupo al diario”.

Del dictamen de su colega subrayó el carácter de leading case señalado: “La Nueva Provincia es incomparable en cuanto a complicidad criminal desde todo punto de vista, no solamente desde el rol que cumplió, que lo hemos explicado en la acción psicológica, sino también en el maridaje y la intimidad con la fuerza represiva, esto dicho incluso por propia boca de sus directivos, de su núcleo duro como le decimos nosotros”.

Fotos: Marina Huentenao – FM De la Calle.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones ordenó a la jueza Mirta Filipuzzi reasumir la causa que investiga al vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, al prefecto Eduardo Horacio Gutt y al administrador del Bar Brodway, Alfredo García, por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

“Mientras no se descarte completamente la comisión del delito de trata de personas -al menos no con los fundamentos equivocados que se brindaron-, la causa debe seguir su trámite ante el fuero de excepción, el que será también el encargado -en su caso- de investigar los demás delitos conexos con aquél que puedan haberse cometido”, afirmó José Triputti con la adhesión de Pablo Candisano Mera.

La subrogante del Juzgado Federal N°1 había declinado su competencia ante el fuero provincial al esconder el delito bajo la figura de facilitación de la prostitución y, respecto a la promoción de la permanencia ilegal de una mujer paraguaya que se encontraba en uno de los locales allanados, había procesado a García y dictado falta de mérito para los otros dos.

La Fiscalía advirtió la contradicción de la jueza al sostener que “las mujeres concurrieron a los lugares allanados con total capacidad de determinación, para luego reconocer la existencia de una extrema vulnerabilidad” y entendió que “la libertad personal no se afecta solamente cuando se restringen los movimientos físicos, sino que se vulnera de una forma más sutil y peligrosa cuando se consigue restringir la autodeterminación de la persona”. Insistió con el pedido de procesamiento con prisión preventiva de los imputados por trata de personas agravado en el fuero federal “en virtud del posible delito de lavado de dinero”.

Tal como informáramos, Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para el Ministerio Público, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque”.

En su voto, Triputti opinó que “para reconocer la facilitación del lugar la jueza afirma que ‘no ha podido probarse las conductas punibles y etapas previas a la explotación que configuran la trata de personas (…) no obstante lo cual existen fuertes elementos indicadores de los delitos contra la integridad sexual de las mujeres que ejercían la prostitución en beneficio, también, de los imputados'”.

“La propia jueza señala, a modo de ejemplo, que ‘innumerables son las conversaciones telefónicas y mensajes de texto (…) que demuestran cómo Alfredo Ismael García se contacta con mujeres para proponerles trabajo o que vayan a su bar y hace de intermediario entre ‘clientes’ interesados en contratar servicios sexuales. La contradicción salta a la vista”.

El pampeano subrayó “más desaciertos y confusión” en el fallo de Filipuzzi referidos a la falta de “elementos típicos que suelen administrar los tratantes” -geles íntimos, preservativos, alcohol o droga-, del carácter “transnacional que caracteriza al delito” o “que los imputados les hayan ofrecido trabajo con promesas falsas o engaños que las obligaran a trasladarse de su lugar de origen”.

Triputti recordó que la Ley de Trata “descarta que el consentimiento exima de responsabilidad a los tratantes”, a pesar de lo cual “la magistrada afirmó que las mujeres no tenían una dependencia absoluta hacia los imputados”, que las víctimas “habían decidido individual y personalmente y con total capacidad de determinación ir a los lugares allanados”. “Pese a lo expuesto, sostuvo que se da en el caso la vulnerabilidad y la explotación sexual y su aprovechamiento por parte de los imputados”, agregó el camarista.

El fallo señala la existencia de “un mecanismo de captación de inmigrantes y un aprovechamiento laboral diagramado y habitual” para la explotación sexual, por lo cual la jueza -o el flamante titular del Juzgado Federal N°1 Walter López Da Silva-, deberán reasumir su competencia de inmediato y darle a la causa la “celeridad de que ha carecido hasta ahora”.

(FM De la Calle) El martes a las 15 comenzará el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Será el tercer tramo de la causa Ejército con 39 imputados que deberán responder por 103 víctimas. Las audiencias se realizarán en Colón 80, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9. Son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del tribunal.

Aquí ofrecemos el listado de los acusados y una breve reseña sobre sus trayectorias genocidas. De los 39 represores, dos cuentan con la suspensión del proceso por problemas de salud -Santamaría y Farías Barrera-, en tanto otros dos fueron apartados recientemente del juicio neuquino: Olea por senilidad y Gómez Arenas por Alzehimer. 15 serán juzgados por primera vez.

Seguí los detalles del debate oral por www.juiciobahiablanca.wordpress.com

1. Juan Manuel BAYÓN

BAYON

Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 15 de noviembre de 1926 en Capital Federal. LE 4.029.119 Hijo de Manuel Bayón y Rogelia María Vago, casado, de profesión militar retirado del Ejército Argentino con el grado de general de brigada. Último domicilio en Migueletes 1158 de Capital Federal.

Con el grado de coronel y tras haber sido miembro del Estado Mayor de la Junta Interamericana de Defensa, se desempeñó como jefe del Departamento III Operaciones del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército, hasta diciembre de 1976, cuando fue nombrado director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército.

Bayón fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio realizado en Bahía Blanca (2011-2012) y está imputado por los hechos padecidos por José Luís Gon, Gladis Beatriz Sepúlveda, Élida Noemí Sifuentes, Raúl Alfredo Ferreri, Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

2. Norberto Eduardo CONDAL

CONDAL

Foto: Marcelo Núñez

Nació el 15 de noviembre de 1943 en Rufino, provincia de Santa Fé. Casado, hijo Juan Condal y de Celina García; LE 6.137.775. coronel (R) del Ejército Argentino. Domicilio en Diagonal 80 N° 435 de La Plata.

Como teniente primero fue asignado al Destacamento Inteligencia 181 el 26 de diciembre de 1975. Para octubre de 1976 cumplía tareas en el Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército. El último día de ese año ascendió al grado de capitán y a principios de 1978 se reintegró al Destacamento Inteligencia 181 como jefe de la 2º Sección Ejecución hasta marzo de 1979, en que pasó a prestar servicios en la Escuela Superior de Guerra.

Condal desarrolló funciones como oficial de inteligencia, tanto en el Destacamento 181, como en Departamento II del Comando V Cuerpo de Ejército. Ambos destinos tuvieron injerencia en el manejo del CCDTyE La Escuelita.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio que se realizó en Bahía Blanca (2011-2012) y está imputado por los hechos sufridos por Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

3. Hugo Jorge DELMÉ

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Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 15 de noviembre de 1936 en La Plata, provincia de Buenos Aires. DNI 4.853.787. Hijo de Jorge Luis Delmé y de María Esther Romairone. Coronel retirado del Ejército Argentino. Su último domicilio fue Murillo 1121 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue jefe de la División Registro y Enlace del Departamento I Personal del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército y de la subzona de seguridad 51.

Su intervención implicó un despliegue de conductas efectivas en relación a las personas que permanecieron secuestradas en los diferentes centros clandestinos de detención, cuyas nóminas, registros y datos de relevancia a los fines represivos, se encargaba de registrar y archivar, al tiempo que dicha información actualizada era utilizada para direccionar los reclamos de los familiares de las víctimas a fin de neutralizar su actividad de búsqueda de quienes por entonces se encontraban desaparecidos.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

4. Jorge Horacio GRANADA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 21 de octubre de 1945 en Buenos Aires. Casado, hijo de Jorge Horacio y de Leda Beatriz Estévez. LE 4.540.769, teniente coronel (r) del Ejército Argentino.

Con el grado de teniente primero, el 14 de diciembre de 1974 comenzó a revistar en el Destacamento de Inteligencia 181, donde fue designado jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas, función que desempeñó hasta ser puesto al mando de la 1° Sección Ejecución el 1 de enero de 1976. Terminó 1976 con el grado de capitán y a principios de diciembre de 1977 pasó a prestar servicios al Destacamento de Inteligencia 201.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

5. Osvaldo Bernardino PÁEZ

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Foto: Mauro Llaneza.

Nació el 15 de abril de 1931 en San Rafael, Mendoza. Hijo de Bernardino Páez y de Ramona Ureta. LE 4.813.330. Teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Último domicilio de República Siria 945 de San Rafael, Mendoza.

Jefe de División dentro del Departamento III Operaciones del Comando V Cuerpo de Ejército y de la subzona de defensa 51. Presidente del Consejo de Guerra Especial de la subzona de defensa 51.

Con el grado de teniente coronel, Páez integraba el Estado Mayor del Comando del V Cuerpo de Ejército. En ese destino, el 1 de enero de 1976 pasó a prestar servicios en el Departamento III Operaciones, como jefe de una de las Divisiones de ese Departamento. Más tarde, se le asignó un nuevo destino en el Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo.

Además de la participación que Páez tuvo en los hechos, en tanto oficial del Estado Mayor, presidió desde marzo de 1976 el Consejo de Guerra de la subzona de defensa 51.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Raúl Alfredo Ferreri; Gladis Beatriz Sepúlveda y Élida Noemí Sifuentes.

6. Carlos Andrés STRICKER

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Nació el 2 de octubre de 1937 en Sunchales, Santa Fe. Es hijo de Guillermo Carlos y de Irene María Cravero. Se retiró con el grado de coronel del Ejército Argentino. Su último domicilio es Freire 1573 de Buenos Aires.

Con el grado de mayor revistó como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 entre el 8 de diciembre de 1974 y el 16 de diciembre de 1976. Fue además subjefe del Área de Defensa 511. Bajo su mando, instalaciones del Batallón fueron asignadas para mantener en cautiverio a personas secuestradas, al tiempo que funcionaba, respecto de otras víctimas, como un lugar de paso hacia el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita o bien el alojamiento exclusivo de detenidas y detenidos.

Tiene dos condenas a prisión perpetua -en el segundo juicio de Ejército y en el de Armada- y está imputado por el delito de asociación ilícita.

7. Carlos Alberto TAFFAREL

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Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 13 de mayo de 1947 en San Fernando, Buenos Aires. Casado, hijo de José David y de Marina María Briz. LE 8.260.360, coronel (r) del Ejército Argentino.

Tras egresar de la Escuela de Inteligencia como Técnico en Inteligencia, a partir del 23 de diciembre de 1975, ya con el grado de teniente primero fue destinado al Destacamento de Inteligencia 181. Allí su primera función fue como jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas.

Promovido el 31 de diciembre de 1975 al grado de capitán, tuvo también a su cargo la Sección 1º Ejecución entre el 18 de abril de 1978 y el 4 de marzo de 1979. En esta última se desempeñó con exclusividad hasta el 24 de febrero de 1980 en que se produjo su baja en la unidad.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luis Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero y por haber integrado una asociación ilícita.

8. Walter Bartolomé TEJADA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 24 de septiembre de 1929 en San Juan. Casado, hijo de Ernesto Tejada y de María Álvarez; DNI 6.737.279. Coronel (R) del Ejército Argentino. Domiciliado en Soler 154 de Bahía Blanca.

Con el grado de teniente coronel, y posteriormente como coronel –cargo al que fue ascendido el 31 de diciembre de 1977-, cumplió funciones en el Departamento II Inteligencia del Comando V Cuerpo de Ejército.

En ese departamento se desempeñó sucesivamente como auxiliar, jefe de la División Interior, hasta llegar a ser designado segundo jefe del Departamento II Inteligencia, función que cumplió hasta el 5 de febrero de 1979, oportunidad en que pasó a desempeñarse como secretario general del V Cuerpo de Ejército.

Posteriormente -el 31 de diciembre de 1980- volvió a revistar al Departamento II Inteligencia, por entonces como jefe del mismo.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

9. Héctor Luis SELAYA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 16 de agosto de 1932 en Azul, provincia de Buenos Aires. Hijo de Casimiro y de Justiniano Castineiras, casado, de profesión abogado y oficial retirado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Domicilio en Calle 36 (entre 10 y 11) 783 de La Plata.

Fue jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Villa Floresta desde el 24 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1976. La cárcel de nuestra ciudad no sólo se había constituido en ámbito en que ocurría el “blanqueo” de víctimas cautivas en centros clandestinos de detención, sino que dentro de sus instalaciones de infligieron tormentos a las personas que permanecían privadas de su libertad.

Fue condenado a 17 años y medio de prisión en el primer juicio de la Causa V Cuerpo de Ejército y a ocho años en el marco de la causa Armada Argentina. Está imputado por los crímenes padecidos por Gladis Beatriz Sepúlveda y Élida Noemí Sifuentes.

10. Julio Guillermo GONZÁLEZ CHIPONT

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 6 de mayo de 1942 en Salta, hijo de Abraham Lorenzo González y de Julia Rosa Marta Chipont. Teniente coronel (r) del Ejército Argentino del arma de Caballería, divorciado, domiciliado en Pringles 376 de Temperley.

Con el grado de capitán, fue destinado en comisión el 3 de septiembre de 1976 al Comando V Cuerpo de Ejército, específicamente al Departamento II Inteligencia a cargo de Aldo Mario Álvarez, hasta el 28 de diciembre de 1977, fecha en que pasó a revistar en la Escuela Superior de Guerra.

Se desempeñó como segundo jefe de la Agrupación Tropa también llamada “Equipo de Combate contra la subversión”, organizada en el ámbito del Departamento III Operaciones. También fue vocal del Consejo de Guerra.

Fue condenado a prisión perpetua en el juicio por los crímenes cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina en la región. Está imputado por delitos padecidos por 65 víctimas.

11. José María MARTÍNEZ

Nació el 8 de diciembre de 1930 en Covunco Arriba, provincia de Neuquén, DNI 7.295.809, suboficial principal (R) del Ejército, casado, hijo de José Demiterio y María Virginia Sepúlveda. Domiciliado en Olavarría 446 de la localidad de Junín de los Andes.

Durante su desempeño en la Segunda Sección Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 (RIM 26), -1976 y 1977-, en dos ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército con la finalidad de cubrir las guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, cuyos turnos eran rotativos y suponían la actuación clandestina bajo la cobertura de apodo o alias conforme lo hacía el resto de los suboficiales.

Es juzgado por primera vez y se lo acusa por los hechos que tuvieron como víctimas a Daniel Osvaldo Esquivel; Héctor Osvaldo González, Alicia Mabel Partnoy, Carlos Samuel Sanabria; Néstor Alejandro Bossi y Susana Elba Traverso de Bossi; Graciela Alicia Romero, María Angélica Ferrari, Elizabeth Frers, César Antonio Giordano, Zulma Araceli Izurieta, María Elena Romero y Gustavo Marcelo Yotti y el hijo de Graciela Romero y Raúl Metz.

12. Jorge Enrique MANSUETO SWENDSEN

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Foto: Marcelo Núñez

Nació el 27 de agosto de 1931 en Buenos Aires, hijo de Enrique Martín y de Amanda María Laura Mansueto, LE 4.813.424. Coronel retirado del Ejército Argentino. Cumple condena con arresto en su departamento de Soler 111, piso 10 de Bahía Blanca.

Con el grado de teniente coronel sucedió a Argentino Cipriano Tauber en su desempeño como jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, desde el 26 de noviembre de 1976 hasta que, tras una comisión del servicio en Río Gallegos, el 26 de enero de 1979 pasó a revistar en el Comando V Cuerpo de Ejército. Además de comandar el Área 511 con efectiva participación criminal en los hechos ejecutados en el territorio y en la época de su comandancia, la unidad a cargo de Mansueto Swendsen se encontraba abocada con sus recursos personales y materiales a la ejecución del plan de represión ilegal.

El Batallón de Comunicaciones 181 era un lugar de paso hacia “La Escuelita”, en uno u otro sentido. Por ejemplo, durante su jefatura fue justamente utilizado para el ‘blanqueo’ del grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Educación Técnica n° 1 de Bahía Blanca que previamente habían sido torturados en aquel centro clandestino de detención.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de la causa Ejército. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Raúl Eugenio Metz; Graciela Alicia Romero; José Luís Gon y Raúl Ferreri.

13. Andrés Reynaldo MIRAGLIA

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Foto: Marcelo Núñez

Nació el 28 de agosto de 1941 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. DNI 4.919.649. Hijo de Armando José Antonio y de Ángela Francisca Herrera, casado, de profesión oficial retirado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Tuvo su último domicilio en calle 37 888 de Mercedes.

Miraglia obtuvo el 3 de octubre de 1975 el ascenso al grado de subprefecto. El 30 de diciembre de 1976 fue ascendido a prefecto. Se desempeñó como jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Bahía Blanca desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1 de enero de 1979.

Al igual que Selaya, Miraglia resulta -durante el tiempo que estuvo a cargo de la Jefatura-, responsable de efectivizar el rol del establecimiento a su cargo, realizando dicha intervención mediante la transmisión de órdenes ilegales provenientes de los mandos militares a cargo de la implementación del plan de exterminio.

Fue condenado a 17 años y medio de prisión en el primer tramo de la causa Ejército y ahora llega imputado por los hechos sufridos por José Luís Gon.

14. Raúl Oscar OTERO

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Nació el 27 de noviembre de 1944 en Capital Federal, hijo de José Albérico y de Angélica Esther Kaed. Teniente coronel (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en Avenida de los Incas 4054 ó Charcas 2699, ambos de Buenos Aires.

En 1974 ya se encontraba destinado al Batallón de Comunicaciones de Comando 181, en el que revistaba como jefe de la Compañía A; hasta que el 7 de junio de 1975 asumió la Jefatura de la Compañía B. En marzo de 1976 fue designado oficial de Logística, integrando la Plana Mayor del Batallón y el 27 de enero de 1977 sumó la jefatura de la Compañía Comando y Servicio.

Fue condenado a prisión perpetua en el juicio Armada y está imputado por hechos padecidos por 25 víctimas.

15. Alejandro LAWLESS

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Nació el 17 de agosto de 1947 en Capital Federal, hijo de Andrés José y de Rosa Anguiano. Teniente coronel (r) ingeniero militar del Ejército Argentino, casado. Domiciliado en avenida Ruiz Huidobro 3737 de Buenos Aires.

Desde diciembre de 1973 se encontraba destinado al Batallón de Comunicaciones de Comando 181, en el que revistaba como jefe de sección de la Compañía B. El 30 de diciembre de 1974 ascendió al grado de teniente y el 1 de enero de 1975 pasó a la Compañía Comando y Servicio como jefe de la sección Arsenales, siendo asignado el 6 de abril en “maniobras” a la provincia de Tucumán. En julio fue designado auxiliar en Operaciones de la Compañía Comunicaciones y Comando en calidad de jefe de la misma hasta que el 17 de marzo de 1976 asumió la Jefatura de la Compañía Comunicaciones y Comando.

Fue condenado a ocho años de prisión en el juicio Armada y está acusado por los crímenes cometidos contra 30 víctimas.

16. Víctor Raúl AGUIRRE

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 1 de septiembre de 1946 en Mina Pirquita, provincia de Jujuy, hijo de Carlos Raúl Marcel y Lidia Medina. Suboficial mayor (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en calle Zurita 263 Barrio Almirante Brown de San Salvador de Jujuy.

Alistado en la Escuela de Inteligencia y con rango de sargento primero, el 12 de mayo de 1975, fue asignado “en comisión a la zona de operaciones del Operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes del general Adel Vilas, quien se encontraba a cargo de la V Brigada de Infantería (desde donde fue destinado al V Cuerpo de Ejército para ejercer además el cargo de comandante de la Subzona 51), pasando a continuar sus funciones el 30 de enero de 1976 al Destacamento de Inteligencia 181, en la Sección Actividades Sicológicas Secretas.

Luego quedó a cargo de dicha sección hasta el 15 de octubre de 1978 y poteriormente de la 1ra. Sección Ejecución hasta 4 de enero de 1979. Fue encargado “Accidental” del Destacamento de Inteligencia 181 y jefe de la sección Comando y Servicio hasta el 15 de abril de 1980.

Fue condenado a prisión perpetua en la causa Armada Argentina y está imputado por los hechos parecidos por 92 víctimas.

17. Osvaldo Vicente FLORIDIA

Nació el 12 de octubre de 1945 en Mendoza, hijo de Mauro y de Práxedes Cisterna, policía retirado, casado, LE 4.642.979. Último domicilio en Jamaica 420 de Viedma, provincia de Río Negro.

Revistó en la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina con el grado de cabo, desempeñándose como suboficial hasta su retiro en 1986. Integró el grupo de tareas que operaba con la finalidad de realizar la persecución, luego los secuestros, interrogatorios, tormentos y posterior traslados de las víctimas a centros clandestinos de detención.

Está acusado por los delitos sufridos por Eduardo Mario Chironi y Jorge Antonio Abel y por un allanamiento ilegal de domicilio.

18. Gabriel CAÑICUL

Nació el 26 de agosto de 1936 en Piedra Mala, Departamento Huiliche –Comunidad Mapuche- Provincia de Neuquén; hijo de Pedro y de Manuela Trafipan, casado, DNI 7.305.554. Vive en Necochea 410 de Junín de los Andes.

En 1973 era cabo primero en la Segunda Sección Baqueanos del Comando BRIM VI de Junín de los Andes. Durante 1976 y 1977, en dos ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército. Fue guardia del centro clandestino de detención La Escuelita.

Está acusado por los hechos padecidos por 43 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

19. Raúl Artemio DOMÍNGUEZ, alias Abuelo

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 26 de junio de 1940 en Medrano, provincia de Mendoza, hijo de Juan Agustín y Margarita Beata Boretin, casado, jardinero, con domicilio en Juan Manuel de Rosas 521 de Junín de los Andes, provincia de Neuquén.

Cabo en comisión de la segunda sección de Baqueanos del Comando de Brigada Infantería de Montaña VI con asiento en Junín de los Andes. El 24 de marzo de 1976 -y en varias ocasiones posteriores- junto con los restantes integrantes de la Unidad RIM 26 fue comisionado a Bahía Blanca asignado “a operaciones”. Fue guardia del centro clandestino de detención La Escuelita bajo la cobertura del alias “Abuelo”.

Fue condenado a prisión perpetua y está acusado por los hechos padecidos por 68 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

20. Desiderio Andrés GONZÁLEZ, alias Perro o Perro Vago

Nació el 4 de mayo de 1944 en Junín de los Andes, hijo de Eustaquio y de María Dominga Cabeza, casado, LE 7.570.875. Domiciliado en General Julio Argentino Roca 505, Barrio Primeros Pobladores de su ciudad natal.

Integrante de la segunda sección Baqueanos del RIM 26 en tres ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército para cubrir guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita bajo el alias “Perro”.

Está acusado por los hechos padecidos por 53 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

21. Arsenio LAVAYÉN, alias Zorzal

Nació el 15 de agosto de 1945 en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, casado, DNI 8.210.648, hijo de Tomás y de Catalina Urra. Vive en calle B. Otazua del Barrio El Chacal de la localidad de Plottier.

Sargento baqueano en la BRIM VI en comisión en varias ocasiones en el V Cuerpo de Ejército para cubrir turnos rotativos de las guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita bajo la cobertura del alias “Zorzal”.

Está acusado por los hechos padecidos por 56 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

22. Antonio Alberto CAMARELLI

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 15 de noviembre de 1942 en Viedma, hijo de Geocondo y de Graciana Cambareri, casado, policía retirado. DNI 7.397.693, con último domicilio en Gallardo 477 de Viedma.

Desde el 25 de julio de 1975 se desempeñó como comisario de la Unidad 24 de Cipolleti de la Policía provincial de Río Negro y el 1 de enero de 1976 pasó a desempeñarse como comisario principal de dicha sede, continuando en el cargo hasta el 21 de diciembre de 1976.

Fue condenado a 10 años en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 14 años por Casación, y a seis años en el tramo Escuelita IV. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

23. Luís Alberto FARÍAS BARRERA (con proceso suspendido)

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 1 de enero de 1930 en Estación Fernández, Departamento Robles de Santiago del Estero, DNI 7.152.582, hijo de Gabino Farías Barrera y de Carmen Magdanena Carol, casado, mayor del Ejército (R). Domiciliado en Los Lirios y Las Flores, Torre Mirador, Barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén.

Con rango de coronel fue jefe del Departamento I Personal (GI) del Estado Mayor del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI con asiento en Neuquén.

Fue condenado en Neuquén en 2008 a 22 años de prisión -causa Reinhold- y en mayo del 2014 a 25 años -causa Di Pasquale-. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

24. Osvaldo Antonio LAURELLA CRIPPA

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Nació el 30 de octubre de 1931 en Capital Federal, LE 4.075.820, hijo de Antonio Salvador Laurella y de Adela Luisa Crippa, casado, coronel retirado del Ejército Argentino. Vive en el noveno piso de Alsina 520 de Bahía Blanca.

El 24 de marzo de 1976 asumió como jefe de la Policía de la Provincia de Neuquén, cargo al que accedió por desempeñarse desde diciembre de 1975 y hasta noviembre de 1977 como jefe de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña –y por consiguiente en el Comando de la Subzona 52-. Tras su comisión en la policía neuquina, en diciembre de 1977, pasó al Comando V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.

Fue condenado a ocho años de prisión en el juicio Escuelita IV de Neuquén y está imputado por los crímenes cometidos contra Gladis Sepulveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

25. Enrique Braulio OLEA

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 18 de julio de 1930 en Las Perdices, Córdoba; LE 6.575.474, hijo de Braulio Teodoro y de Petronila García, casado, general retirado del Ejército Argentino. Domiciliado en Saraví s/N°, Barrio La Rinconada, Pilar, provincia de Buenos Aires.

Con el grado de teniente coronel fue jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 con asiento en Neuquén, resultando jefe del Área 521 desde 6 de diciembre de 1975 al 11 de noviembre de 1977, fecha en la que pasó al Comando en Jefe del Ejército.

Fue condenado a 22 años en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 25 años por Casación, y a 13 años en el juicio Plan Cóndor. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda y Elida Noemí Sifuentes, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y su hijo nacido en cautiverio y Raúl Alfredo Ferreri.

26. Oscar Lorenzo REINHOLD

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 26 de enero de 1935 en Santa Fe; LE 4.838.046, hijo de Alejandro Carlos y de Teresa Molina, casado, coronel del Ejército (R). Domiciliado en el noveno piso de Blanco Encalada 1441 de Buenos Aires.

Se desempeñó en la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña con asiento en Neuquén, Subzona 52, como auxiliar de Jefatura desde el 14 de enero de 1976 y el 24 de marzo de 1976. Fue jefe de la Policía de la Provincia del Neuquén el 14 de octubre de 1976.

Fue condenado a 21 años de prisión en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 24 años por Casación, y a prisión perpetua en Escuelita IV. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y su hijo nacido en cautiverio y Raúl Alfredo Ferreri.

27. Pedro Ángel CÁCERES

Nació el 23 de octubre de 1940 en Ing. La Esperanza, departamento de San Pedro, provincia de Jujuy, hijo de Facundo y Juana Alussa. DNI 7.286.590, suboficial mayor retirado del Ejército Argentino. Vive en San Francisco 545, Barrio San Cayetano de San Pedro, Jujuy.

Miembro de Caballería trasladado en 1972 al Comando del V Cuerpo de Ejército -Hospital de Evacuaciones 181, como encargado de Compañía- hasta que el 18 de mayo de 1976 cuando pasó a integrar la Agrupación Tropas.

Está acusado por homicidios, secuestros y allanamientos ilegales de domicilios padecidos por 35 víctimas.

28. Miguel Ángel CHIESA

Nació el 6 de abril de 1953 en Elortondo, Santa Fe. DNI 10.736.124, teniente coronel retirado del Ejército con domicilio en Santa Fe 1247 de Rosario.

Subteniente del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel en comisión en el Comando del V Cuerpo de Ejército. Desde diciembre de 1976 revistó en el Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada 6.

Se le imputa haber realizado aportes escenciales en los allanamientos ilegales, los secuestros y la reclusión en el CCDyT La Escuelita y el Consejo de Guerra contra Rubén Ruiz, Pablo Bohoslavsky y Julio Ruiz.

29. Jorge Horacio ROJAS

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 6 de septiembre de 1952, hijo de Flamario Horacio y de Delia Segura. DNI 10.525.368, militar retirado del Ejército Argentino con domicilio en el cuarto piso de Alsina 162 de Bahía Blanca.

Subteniente del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército. Fue jefe de una sección dentro de la Agrupación Tropas. Revistó luego en la Escuela de Oficiales Sargento Cabral. Participó también del Operativo Independencia en Tucumán.

Se le imputa su participación en el allanamiento ilegal de los domicilios de Julio Ruiz y de Pablo Victorio Bohoslavsky, haberlos torturado y secuestrado a ambos –junto a Rubén Alberto Ruiz- y luego trasladar a las tres víctimas al centro clandestino de detención La Escuelita y haber contribuido a la acción sicológica intentada mediante la realización del Consejo Especial de Guerra al que fueron sometidos los militantes.

30. Carlos Alberto FERREYRA

Nació el 22 de diciembre de 1952 en Buenos Aires, hijo de Jorge Domingo y de María Raquel Rolón Ezcurra. Titular del DNI 10.620.093, casado, capitán del Ejército Argentino retirado. Domiciliado en calle 33 Orientales 1106 de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El 3 de enero de 1977 llegó en comisión al Comando V Cuerpo de Ejército con el grado de subteniente de caballería, procedente del Destacamento de Exploración Caballería de Montaña 181 con asiento en Esquel.

Está imputado por los hechos padecidos por 21 víctimas.

31. Miguel Ángel NILOS

Nació el 14 de mayo de 1953 en Itacaruaré, provincia de Misiones, hijo de Edmundo y de María Ana Loreiro. DNI 10.665.524, militar retirado del Ejército Argentino. Su último domicilio es Barrio Cooperación II Manzana 14 casa 1 de Bahía Blanca.

Revistando en el Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel, el 29 de marzo de 1975 pasó en comisión al Comando V Cuerpo de Ejército -integró la Agrupación Tropas-, hasta el 30 de noviembre de 1983 cuando fue destinado a la Escuela de Exploración de Caballería de Posadas.

Está acusado por los hechos sufridos por Pablo Victorio Bohoslavsky, Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz.

32. Gustavo Abel BOCCALARI

Nació el 29 de enero de 1949 en Salliqueló, provincia de Buenos Aires. Hijo de Abel Darío y de Otilia Springer. DNI 7.650.005, casado, comisario inspector retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Vive en Sargento Cabral 280, las Malvinas, partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

Oficial subinspector segundo a cargo de la Sección Cuatrerismo bahiense de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado por los hechos relacionados a Julio Mussi.

33. Enrique José DEL PINO, alias “Miguel”, “Miguelito” o “Colombres”

Nació el 16 de septiembre de 1945 en San Miguel del Valle de Catamarca. Hijo de Julio Enrique y Celia Catalina Etchegaray. DNI 7.762.418, teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Último domicilio en Kenneth Flood 966 de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

Miembro del Batallón de Inteligencia 601, fue enviado al Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán para formar parte del grupo de “los encapuchados” en el marco del Operativo Independencia al mando de Adel Vilas. Por su esmero en “la lucha antisubversiva” Vilas lo requirió como jefe de su custodia en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército entre el 11 de febrero y el 18 de agosto de 1976. Participó en operativos de los grupos de tareas locales.

Fue condenado a prisión perpetua por comandar uno de los grupos de tareas del circuito Atlético-Banco-Olimpo (Causas 1668 “MIARA…” y 1673 “TEPEDINO…”). Fue requerido por la justicia francesa por la desaparición de Maurice Jeguer. Está acusado por crímenes cometidos contra 32 víctimas.

34. Alberto Magno NIEVA

Nació el 15 de noviembre de 1947 en Andalgalá, Catamarca. DNI 8.043.600, suboficial mayor retirado del Ejército Argentino. Domicilio en calle Marambio Sector 2 Manzana 3, casa 171 del Barrio Los Andes, Chimbas, San Juan.

Integró la Compañía Comando y Servicios del Comando del V Cuerpo de Ejército entre el 3 de enero de 1974 y el 17 de julio de 1978 cuando pasó al Equipo de Combate o Agrupación Tropas. Dicha pertenencia pudo haber sido anterior, en algunos casos de probada participación la misma no se reflejó en los legajos. El 30 de enero de 1980 fue destinado a la Compañía Comando del RIM 22 de Marquesado.

Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Luis Alberto Sotuyo; Dora Rita Mercero; Roberto Adolfo Lorenzo.

35. Pedro José NOEL

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Nació el 21 de noviembre de 1944 en Tres Arroyos, Buenos Aires. Hijo de Francisco y de Rosa Menna, casado, DNI 4.640.564, comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Domiciliado en Fortaleza Protectora Argentina 329 de Gral. Cerri.

Como miembro del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, delegación Bahía Blanca, integró el Grupo de Tareas a cargo de la ejecución del plan criminal desde esa repartición.

Está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel José Bombara.

36. Jesús SALINAS

Nació el 9 de enero de 1936 en Quehué, La Pampa, hijo de Juan Agustín y de Margarita Beata Boretin, casado, DNI 5.465.187. Domiciliado en Guillermo Torres 3111 de Ingeniero White.

Integró el Grupo de Tareas de la Unidad Regional V de la Policía Bonaerense local. Está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel José Bombara.

37. Osvaldo Lucio SIERRA

Nació el 22 de abril de 1935 en Metán, Salta, DNI 7.237.668, hijo de Osvaldo Lucio y de Nélida Paulina Redondo, estado civil casado, ocupación coronel militar retirado. Domicilio en calle Teodoro García 2224 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como mayor de caballería, el 6 de diciembre de 1975 pasó a continuar sus servicios al Destacamento de Inteligencia 181 y el 30 de enero de 1976 al Departamento II de Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Participó en el Operativo Independencia a las órdenes del general Vilas. Tras su paso por Bahía Blanca fue segundo jefe de contrainteligencia en el Batallón 601.

Está imputado por los crímenes cometidos contra 45 víctimas.

38. Julio Manuel SANTAMARÍA (con proceso suspendido)

Nació el 16 de abril de 1953 en Capital Federal, hijo de Julio y de Laura Lorenza Torres. DNI 10.963.751, casado, capitán del Ejército retirado. Domiciliado en Pacheco 2594 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Integrante del Grupo de Artillería 181 de Zapala en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército en el marco de la Operación Patagonia, con el grado de subteniente de artillería, fue destinado a la Agrupación Tropas. Está imputado por los hechos sufridos por 33 víctimas.

39. Mario Alberto GÓMEZ ARENA

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 9 de diciembre de 1930 en Godoy Cruz, Mendoza; DNI 6.841.374, hijo de Alberto Gómez y de Delia Arenas, casado, coronel retirado del Ejército Argentino. Domiciliado en calle Olleros N° 2555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como teniente coronel fue jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén el 7 de diciembre de 1974. En diciembre de 1977 pasó a desempeñarse en el Batallón de Inteligencia 601. El área de Inteligencia de la Subzona 52 estaba integrada por la División II del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI y el Destacamento de Inteligencia 182.

(Por Alfredo Grande) Una receta sencilla pero muy eficaz en tiempos desordenados, es hacer, pensar y decir exactamente lo opuesto a lo que la cultura represora pontifica. Si fuera filósofo -pese al cariño de Nora Cortiñas que así me bautizó, no lo soy- diría que en el “mientras tanto” nos ubiquemos cómodamente en el espacio del “anti”. Quizá no tengamos propuestas superadoras, pero eso en modo alguno obliga a mantener propuestas conservadoras. La cultura represora detesta la justicia por mano propia. En realidad, detesta la justicia. Lo que llama justicia apenas es revanchismo y venganza de clase.

“La que “malcorra”
mal escapa”
(Aforismo implicado A. G.)

La así llamada delincuencia está siendo construida con prisa y sin pausa en los talleres de la pobreza, la indigencia y la exclusión social. Ni la pobreza ni la indigencia son condición necesaria y suficiente para construir delincuencia.

Pero cuando pobres, indigentes, excluidos son bombardeados por pautas de consumo absolutamente demenciales, la bomba explotará más temprano que tarde. Lo he dicho: en todo sistema injusto la constante de ajuste es el azar y el delito.

Casinos clandestinos son allanados. Pero no por ser casinos, sino por ser clandestinos. La timba tiene que ser oficial. Incluyendo la bolsa de valores. Wall Street es la estafa institucionalizada. Y esa estafa, que incluye la mal llamada deuda externa que apenas es otra de las estafas internas de la cultura represora, está justificada desde la llamada “economía de mercado”. Cuya mano invisible no es tan invisible. Y es una mano sucia y ensangrentada. Pero el 80% del electorado estrecha esa mano.

El colapso catastrófico del socialismo real, la mutación de la revolución socialista cubana, nos ubica en un paradigma político siniestro. En esta época no hay captura revolucionaria de la violencia. La única captura de la violencia es reaccionaria. O sea: sostiene el sistema represor aunque lo transgreda. De la reforma agraria, de la utopía de desalambrar, a la lucha contra los tarifazos. No solo nos quedamos con las sobras del banquete reaccionario, sino, y esto es doloroso, con las sobras del banquete revolucionario.

Hemos sido capturados por la teoría del derrame electoral. Algunos votos caerán para el lado de la justicia. Pero la copa seguirá llena con líquidos contaminados y las aguas seguirán bajando y subiendo muy turbias. La justicia por mano propia, siempre colectiva, siempre instituyente, tiene en su dimensión revolucionaria su expresión más completa y real. Justicia revolucionaria, tribunales populares, expresiones que quizá nunca más escucharemos. Y quizá nunca más exigiremos. Y quizá nunca más lucharemos por lograrlas.

“Una cultura no represora
sostiene el obstinado
deseo colectivo de vivir”
(Aforismo implicado A. G.)

Por eso la cultura represora tiene el mandato de la injusticia por mano ajena como meta no negociable. Lo que se llama impunidad, para todos los crímenes y asesinatos del Estado, incluyendo los de lesa humanidad. Pero sean o no de lesa, son crímenes contra la humanidad. El crimen organizado desde los estados es sagrado. Fuera del estado son mafiosos. Cuando las mafias capturan el estado, abandonemos toda esperanza en estas democracias que sostienen rituales y temen los escraches. También los escraches son una forma de justicia por mano propia. Y la cultura represora escrachó a los escraches.

Por eso la única opción porque las demás están deshabilitadas es: “debido proceso”. Más que proceso, calvario para los pobres y salvoconducto para los ricos. Antes “hecha la ley, hecha la trampa”. Ahora queda claro que la trampa es la ley. Porque esa ley muestra su verdadero rostro de legalidad de clase, o sea, un aparato jurídico de las clases explotadoras. El “exceso en legítima defensa” en realidad es un caso paradigmático de “injusticia por mano propia”.

Pero la vieja cultura represora que más sabe por represora que por vieja, utiliza ese ejemplo para entronizar el tabú de la mano propia cuando hace justicia. La “ley del talión”, siempre denigrada (literalmente, como lo negro de la cultura) establece la proporcionalidad entre el acto y su castigo. No hay excesos. No hay desmesura. No pagan justos por pecadores. No pagan los platos rotos los que no los rompieron. No cosechan los que nunca cultivan. Pero la cultura represora es la cultura de todas las desmesuras.

Se destruyó un país, una cultura buscando armas de destrucción masiva en Irak. Nunca se encontraron. Incluso hay una película donde se muestra ese fraude y estafa. Pero esas armas existen: las fabrican los estados unidos imperiales. Las buscan afuera para que nadie las encuentre adentro.

Estados Unidos, el gran exportador de guerras y masacres en todo el planeta. Por eso sostengo la necesidad política y ética de la justicia por mano propia. Los comedores populares es la mano propia colectiva para mitigar los crímenes del hambre. Como dice Morlachetti: “a los niños se les niega la ternura del pan en el país del trigo”- El hambre es un crimen y evidencia irrefutable de la injusticia por mano ajena.

“No importa que haya vida
despues de la muerte.
Lo que importa
es que hay muerte antes de la vida”
(Aforismo implicado A. G.)

Vivimos rodeados de justicia por mano propia en educación (bachilleratos populares) salud (cooperativas y mutuales) trabajo (fábricas recuperadas y autogestionadas). Pero la batalla cultural la sostenemos desde los paradigmas de la cultura represora.

Así estamos. Insisto. La mano propia es colectiva, y eso es lo que espanta a los retroprogresistas, a los liberales y a los fascistas. Y esa mano propia, clasista, combativa, libertaria, no es una utopía imposible. Es la única forma de subvertir el horizonte de lo posible. Entonces le podremos decir al militante, al escritor, al poeta, al militante: “Nunca más habrá penas y nunca más habrá olvidos”.

(FM De la Calle) El martes a las 15 comenzará el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Será el tercer tramo de la causa Ejército con 39 imputados que deberán responder por 103 víctimas.

Las audiencias se realizarán en Colón 80, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9. Son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del tribunal.

El banquillo de los acusados tendrá integrantes del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército, el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, ex jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense, integrantes de las policías federales de Viedma y provinciales de Buenos Aires y Rio Negro.

Serán juzgados, además, miembros del Estado Mayor del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI, el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, la Segunda Sección Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y el Destacamento de Inteligencia 182 -todos de Neuquén- y del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel.

Muchos de ellos ya tienen una o más condenas en su haber. Algunas calificaciones de los delitos de lesa humanidad que se les reprochan en este debate son: homicidios, privaciones ilegales de la libertad, torturas, tormentos, lesiones gravísimas, sustracciones de menores y asociación ilícita.

Todas ellas conductas genocidas producto “del accionar de una particular modalidad del terrorismo de Estado que fuera desplegada en el ámbito local, en cumplimiento de la misma matriz represiva que fuera desplegada para eliminar un grupo nacional cuya identidad definieron los victimarios, cuya devastación tuvo proyección nacional, llegando incluso a contar con una coordinación criminal de tipo subcontinental con la unión de dictaduras del Cono Sur conocido como Plan Cóndor”.

El Tribunal Oral bahiense estará subrogado por Jorge Ferro, José Mario Tripputi, Martín Bava -quienes participaron de los tres primeros juicios- y sumará al magistrado pampeano Pablo Ramiro Díaz Lacava como sustituto.

La acusación estará a cargo de los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH, representadas por Mónica Fernández Avello y Walter Larrea, respectivamente.

La Causa N° 93000001/2012/TO1, caratulada: “González Chipont, Guillermo Julio y otros por Privación ilegal de la libertad agravada (Art.144 Bis inc.1)” (Lesa humanidad) comprende tres elevaciones parciales a juicio.

Para acreditaciones de prensa y consultas por visitas con grupos de estudiantes se debe escribir a [email protected] .

juiciobahiablanca.wordpress.com

Los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro autorizaron al empresario Vicente Massot a realizar un viaje de descanso a Punta del Este y continuar luego su periplo hacia México por motivos laborales. El titular de La Nueva Provincia está imputado por los homicidios de los obreros gráficos del diario e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

Massot solicitó permiso para “ausentarse del país en viaje de descanso a Punta del Este, Uruguay, entre los días 6 y 10 de octubre” y a “México Distrito Federal entre los días 12 y 16” por motivos laborales.

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió la queja del fiscal Antonio Castaño contra el fallo de primera instancia firmado por la jueza subrogante Mirta Filipuzzi. El representante del Ministerio Público había alegado “peligros procesales” que “surgen del estado del proceso, pues la resolución que dispuso la falta de mérito del encausado no se encuentra firme”.

Destacó además que “es deber de todos los jueces extremar las medidas para que el avance de la instrucción no se frustre” y agregó que “las causales invocadas para la realizar el viaje no obedecen a urgencias ni necesidades impostergables o que únicamente se puedan satisfacer egresando del país”.

Los camaristas retrucaron que “no es la primera vez que al imputado le es permitido salir del país y en todos los casos en que resultó autorizado acató las disposiciones judiciales”.

Asimismo, Ferro y Candisano sostuvieron que dichos viajes “forman parte de la actividad empresarial y de sus hábitos personales (…) justificado en el derecho del imputado a vacacionar en el lugar que considere apropiado”.

El fiscal general Javier De Luca interpuso en agosto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que el 4 de julio había declarado inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había convalidado la del juez ad hoc Claudio Pontet de declarar la falta de mérito.

El fiscal denuncó un “sobreseimiento encubierto” y subrayó que la decisión de Pontet y la Cámara “encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado, lo cual se traduce en la imposibilidad de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral”. También, indicó que “el plexo probatorio incorporado hasta el momento es suficiente para arribar al grado de probabilidad necesario acerca de la participación del imputado en los hechos punibles que se le atribuyen, lo cual habilitaba el procesamiento de Vicente Massot”.

“Imagino lo que debe estar pasando”, dijo a FM De la Calle Ramiro Menna -hermano del nieto 121 cuya identidad fue restituida por Abuelas de Plaza de Mayo- y a pesar de la “ansiedad” familiar se mostró dispuesto a “esperar lo que él necesite que esperemos para encontrarnos, para abrazarnos y para contarnos lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos”.

El organismo pospuso hasta mañana a las 13 la conferencia de prensa prevista en principio para este mediodía, en la cual brindará detalles sobre el caso y la historia de la familia de Ana María Lanzillotto y Domingo Menna, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores desaparecidos en 1976.

“Esto es una Argentina con un tejido social destrozado por una dictadura criminal que se recompone, que va desde la ceniza renaciendo como un milagro (…) veo que el sueño por el cual 30 mil compañeros y compañeras dieron la vida, los sueños que nos costaron tanto dolor a tantos están dando vida desde donde no hay, desde donde se quiso que no hubiera, y es maravilloso”.

“Por eso esto no es privado, no es de nadie, podría hacer una lista larga de sobrevivientes de la dictadura que podrían sentirse padres también de nosotros, de este chico que recupera su identidad, que podrían decir ‘este también es mi día de victoria'”, dijo Ramiro en el diálogo con el programa En Eso Estamos que aquí se reproduce.

-¿Tu historia tiene que ver con Bahía Blanca, acá cerca viviste tu infancia e iniciaste tu militancia en H.I.J.O.S.?

Ahí en Bahía Blanca junto con Ale Santucho, con el “Monchi” Ramón, y varios más, no quiero nombrar más porque me voy a olvidar de alguno y después voy a tener que pagar la deuda, pero con un montón de changos y chicas, hoy hombres y mujeres, fundamos H.I.J.O.S. Bahía Blanca. Creo que fue en FM De la Calle que teníamos un programa que se llamaba “Nadie, nunca, nada”, que era un programa vinculado a esto. Ahí hice mis primeros pasos como salesiano. Ahí en Bahía Blanca estudié física, estudié en el Juan XXIII también.

-¿Cuándo supiste de la posibilidad de que hayas tenido un hermano y que estuviera en manos de alguna familia apropiadora?

Desde los 13 años. A los dos años, cuando se produce el secuestro de mis viejos, el 19 de julio, a los doce días más o menos me recuperan, veinte días después ponéle, primera o segunda semana de agosto del 76 me recuperan. Estuve desaparecido ese tiempo. A partir de ese momento me cría una tía. Cuando tenía doce o trece años estaba convencido que mis padres eran mis tíos y ahí fueron los psicólogos de Abuelas que, por la edad que yo tenía, era tiempo de que me hablen de esto.

Mis tíos me hablaron, me dijeron las cosas como eran y aconsejados por los psicólogos de Abuelas ellos me iban dando la información que yo pedía, como que el cuerpo pide lo que puede. Así fui despacito sacando información de un lado y otro, me fui encontrando con compañeros de militancia de mi mamá y de mi papá y se fue construyendo en mí toda la historia, me fui reencontrado conmigo mismo de alguna manera, me fui enorgulleciendo cada vez más de quiénes fueron Ana María Lanzillotto y Domingo Menna, dos personas de una entrega heroica por lo que creían, por sus convicciones, jugados de corazón por todo eso, y me fui encontrando no solo con una madre y un padre sino con compañeros, con gente con quien compartí ideales, con quien compartí sueños.

Alrededor de los 16 es que me enteré específicamente que mamá había desaparecido embarazada y que ese embarazo podría haber llegado a término y que estamos buscando a ese hermano o hermana mía, no sabíamos si era varón o mujer. ¿Por qué a los 16? Porque me iban dando la información a medida que iba preguntando. Me fui encontrando con eso.

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A partir de ese momento siempre, bueno la sangre nuestra, la mía y la de todos los familiares en el Banco Genético, hubo dos casos que pensamos que podrían haber sido y que no fueron, las pruebas de ADN los descartó y este es el tercero. Según tengo entendido, hasta donde yo sé es el tercero. Fue una sorpresa enorme porque no es que estábamos en un proceso que hace un mes o dos nos decían “hay una pista”, “estamos buscando”, no, nada. Fue ayer a la tarde todo de golpe, así, pum.

-Según planteaban las Abuelas se presentó él voluntariamente con alguna duda y a partir de allí se hace el estudio…

Sí, en realidad creo que más que por una duda de él, en el marco de una investigación que yo no sé bien de qué es, se le sugirió la posibilidad y él lo descartaba porque no tenía duda, el análisis lo fue a hacer pero como quien dice estoy seguro que soy hijo de los que me criaron pero lo hago porque me sugieren que lo haga, una cosa así.

Pienso que él está viviendo un momento difícil porque tiene que ponerse en un lugar en que él no pensaba que iba a estar. Ayer a las seis o siete de la tarde cuando le dijeron a él fue un momento en que se enteró de todo, antes para él su vida era otra cosa. Imagino lo que debe estar pasando, el tiempo que necesitará para ir procesando y nosotros con la ansiedad de encontrarnos pero dispuestos a esperar lo que él necesite que esperemos para encontrarnos, para abrazarnos y para contarnos lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos.

-Decían las Abuelas que tus abuelos no están para recibirlo pero sí son una familia numerosa para abrazarlo.

Muchos tíos, primos. Yo te digo la verdad, mirá, el lunes me enteré de esto pero desde el viernes veníamos sintiendo cosas que sería largo de contar pero yo digo que los abuelos sí están. Están mis abuelos paternos Pánfilo e Irma están, digo que Nicolás y Brígida que son los abuelos maternos están los dos, están, los siento muy presentes acá, hay fiesta en el cielo en este momento, los siento muy vivo a todo esto.

-Respecto de lo que fue la búsqueda hablabas de dos casos fallidos…

Sí, dos que yo sé. Uno fue el caso del capitán médico Bianco, que fue un médico en Campo de Mayo, que tenía dos hijos adoptivos, ninguno de ellos era hijo biológico de la familia, se sospechó de esos dos, fue difícil porque al principio no querían los chicos hacerse el ADN. Finalmente primero el hijo aceptó, resultó que era hijo de desaparecidos y pudo reconstruir su historia y después de un tiempo también la hija se hizo el ADN pero dio negativo, la hija, que era la que nosotros creíamos que podía ser mi hermana.

Cuando yo estaba en Etiopía de misionero, entre 2000 y 2005, no recuerdo en qué año exacto, también sé que hubo una chica de la cual se creyó la posibilidad de que sea hermana pero también dio negativo.

-¿Y los testimonios confirman que tu mamá dio a luz en Campo de Mayo?

No sé en dónde dio a luz, sabemos que estuvo en Campo de Mayo porque hay testimonios, (Eduardo) Cagnolo por ejemplo, un soldado que fue secuestrado y desaparecido y sobrevivió a Campo de Mayo cuenta que cuando estuvo ahí se encontró con alguien que creo que era (Eduardo) Merbilhá, era un compañero del PRT de mi mamá y mi papá, y cuando estuvo con él uno al lado del otro, en un momento estuvieron en el mismo lugar, que sé yo, en la misma habitación, en el mismo galpón, lo que sea, él le dijo “antes que vengas vos, acá estuvo la compañera del Gringo Menna, Ana María Lanzillotto”.

Aparte de eso hay otros testimonios que pasó por Campo de Mayo, por ejemplo Patrica Erb. Después no sé yo si no estuvo en otro lugar también, puede haber estado. Y no sé en dónde dio a luz, pero ahora capaz que se sepa, capaz que esto termine de cerrar todo eso.

-¿Hubo un par de juicios vinculados a la desaparición de tus viejos?

Vinculado a mis papás hubo juicio, el juicio Campo de Mayo, yo declaré, declararon estas personas que te nombré y muchas más vinculado a mis papás. A Domingo y Ana María. Hubo juicio sí. En ese juicio, fue hace varios años atrás, vine acá a Buenos Aires, declaré y fue también un momento muy intenso.

-Recién dábamos cuenta de la noticia, lamentablemente, de la postergación del anuncio por el fallecimiento del yerno de Estela Carlotto pero supongo que mañana ya estarán cumpliendo con ese encuentro, ya se había anunciado que él no iba a participar, es cuestión de tiempo ahora…

Sí, sobre todo los tiempos de él, de mi hermano, de los tiempos que él necesite para ir procesando esto y para que esta experiencia que es traumática -la restitución de la identidad de alguien, sobre todo en estas circunstancias, es traumática-, para que se haga lo mejor posible, de una manera que él pueda procesarla, compartirla con su familia y vivirla de tal manera que sea un momento de crecimiento, siempre la verdad te hace libre pero las formas pueden ayudar. Hay que respetar eso.

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-Leía una declaración que hacías esta mañana hablando de esta situación no como una historia personal sino colectiva.

Exactamente, esto no son historias privadas, no son luchas ni victorias privadas. En este momento tenemos la suerte de estar bien cerca del fuego de lo que pasa pero esto es una Argentina con un tejido social destrozado por una dictadura criminal que se recompone, que va desde la ceniza renaciendo como un milagro, como dice la canción esta que canta Silvio, creo que la letra es de José Martí, que dice solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto.

Acá hay cosas muertas que se están encendiendo, que vienen encendiéndose, los 121 nietos son eso, y hay un montón de historias que podríamos contar de cómo la lucha por la emancipación de nuestra patria, nuestra América, por la justicia, la lucha por más igualdad y todo eso, despacito se va reconstruyendo en el tejido capilar de nuestro territorio.

Yo lo veo en Chepes, ahí en los llanos riojanos, lo veo en muchos lugares y veo que el sueño por el cual 30 mil compañeros y compañeras dieron la vida, los sueños que nos costaron tanto dolor a tantos están dando vida desde donde no hay, desde donde se quiso que no hubiera y es maravilloso ver eso, es maravilloso ser testigo de eso. Por eso esto no es privado, no es de nadie, acá yo podría hacer una lista larga de sobrevivientes de la dictadura que podrían sentirse padres también de nosotros, de este chico que recupera su identidad, que podrían decir “este también es mi día de victoria”.

Todo el mundo, La Rioja recuperó un nieto, un nieto de don Nicolás Lanzillotto que era un maestro rural de La Rioja, un nieto de doña Brígida Cáceres, que era una mujer de campo, del interior profundo de los llanos, de un paraje que se llama La Jarilla, es nuestra gente, tenemos que tomarlo de esa manera, ninguno de nosotros puede privatizar este tipo de cosas.

-Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme y ojalá tengan una buena vida juntos a partir de ahora.

Que así sea che. Un abrazo a todos los amigos de Bahía Blanca que hace rato que no nos vemos y me han mandado mensajes y me han acompañado en esto, les mando un abrazo a todos.

El viernes el Tribunal Oral Federal de Neuquén leyó el veredicto del juicio Escuelita IV en el cual otorgó absoluciones y penas menores a 10 años de prisión. Solo recibió prisión perpetua el jefe de inteligencia del comando de la Sexta Brigada del Ejército, Oscar Reinhold. Fueron juzgados 22 genocidas por los casos de 28 víctimas de las cuales la mitad permanecen desaparecidas.

Según manifestó a FM De la Calle la abogada querellante por el Ceprodh, Natalia Hormazabal, fue “una sentencia escandalosa que no condice con la verdad histórica de nuestros compañeros y compañeras pero sobre todo con lo acontecido en este juicio que ha durado casi un año, hemos presenciado testimonios muy importantes donde ha quedado claro, no solo en este juicio sino en los anteriores, cómo funcionó el circuito represivo, cuál fue la responsabilidad de las distintas fuerzas, de sus integrantes”.

Los jueces Alejandro Silva, Guido Otranto y Marcos Aguerrido condenaron a 10 años a los oficiales de inteligencia del Ejército Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín. Osvaldo Laurella Crippa y Raúl Guglielminetti recibieron 8 años de prisón, Gustavo Vitón y Alberto Camarelli 6 años, Nestor Castelli 5 años, Saturnino Martínez, Hilarión de la Paz Sosa y Jorge Alberto Sosa recibieron 4 años de prisión por condena y Emilio Rozar 3 años. Los represores Enerio Huircain, Enrique Sires, Gustavo Sommer y Julio Héctor Villalobo fueron absueltos. José Luera, Enrique Braulio Olea y Luis Alberto Farías Barrera fueron apartadas del juicio por “incapacidad sobreviniente”.

Reinhold, Laurella Crippa, Olea y Farías Barrera integran la lista de los genocidas que deberían ser juzgados a partir del 11 de octubre en Bahía Blanca en el marco del cuarto juicio de lesa humanidad, tercer tramo de la causa Ejército. Al igual que ahora los últimos dos, tiempo atrás fue apartado de las causas bahienses el jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén Mario Alberto Gómez Arenas.

Hormazabal aseguró que el fallo “tiene por finalidad estar acorde con los aires de época, en un momento donde se discute desde el gobierno nacional el número de desaparecidos, se reeditan teorías anacrónicas como las de la guerra o los dos demonios, también en boca de los imputados a lo largo del debate, sin dudas es una sentencia que atiende esta situación y genera mayor impunidad para cada una de esas fuerzas” y demuestra “la necesidad de redoblar los esfuerzos para seguir luchando por cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas”.

Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, dijo en una radio abierta que la RNMA realizó en las puertas del tribunal, que “hace 40 años que caminamos las calles de Neuquén, que colgamos el delantal en la cocina sin saber a dónde, ni cómo, ni cuándo, ni quién nos iba a recibir; tantos lugares que hemos recorrido con la esperanza de saber qué carajo hicieron con nuestros hijos, dónde están, eso es lo que queremos saber” y “este Tribunal le ha dado a los asesinos de los argentinos una miseria de años, tienen que ir a cárcel perpetua, para toda la vida; cuántos jóvenes no van a volver, siguen desapareciendo en este país y nadie se preocupa, ningún gobernante, ni los jueces, total les pagan bien”. Concluyó diciendo que van a “seguir en la calle hasta el último día de nuestros días, porque queremos justicia, porque esta no es la verdad”.

Fuentes: http://juicioescuelita2.blogspot.com.ar/ y FM De la Calle.

Un@ de cada tres habitantes en Argentina es pobre, y el 6,3 por ciento de la población es indigente según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El relevamiento del organismo, que corresponde al segundo trimestre del año, mostró que alrededor de 8,7 millones de personas que viven en grandes centros urbanos son pobres, lo que equivale al 32,2 por ciento de la población, y, entre ellas 1,7 millones de personas son indigentes.

El presidente Mauricio Macri abandonó la principal promesa de campaña al destacar que “es obvio que no alcanzan cuatro años” para llegar a la “pobreza cero” y a pesar de los despidos, el ajuste y los tarifazos -entre otras políticas de tranferencia de ingresos hacia los grupos económicos concentrados- aseguró que las medidas tomadas por su gestión generarán empleo y mejorarán la educación pública y serán el camino para reducirla.

Las mediciones del Indec se basan en la consideración de indigente a aquella persona o grupo familiar que no cuenta con los ingresos mínimos como para comprar los alimentos indispensables de subsistencia comprendidos en la Canasta Básica Alimentaria, que costaba 5.175,92 pesos en agosto para una familia compuesta por dos mayores y dos niñ@s de 6 y 8 años.

Ese mismo grupo familiar requirió de 12.489,37 pesos para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT) -compuesta por alimentos, indumentaria y servicios básicos-, para no caer por debajo de la línea de pobreza, informó el Indec.

“Esta no es la única forma de medir la pobreza e indigencia, pero para realizar una medición multidimencional, que sería complementaria al método actual, se requiere mucho trabajo, y en esta etapa de emergencia estadística, tratamos de centrarnos en nuestras potencialidades”, explicó Jorge Todesca, al dar a conocer las cifras en una conferencia de prensa en la sede del organismo.

La región con mayor porcentaje de pobreza es el Noreste, con el 40,1 por ciento, seguido por el Noroeste (35,8), Cuyo (35,6), Pampeana (32,6), Gran Buenos Aires (30,9) y Patagonia (24,7 por ciento). En los aglomerados mayores a 500 mil habitantes, la pobreza se ubicó en 31,8 por ciento, mientras que en las ciudades por debajo de ese nivel de población, en el 34,2 por ciento. En el caso de la indigencia esa relación es inversa: es el 6,6 por ciento en las ciudades más grandes y 5,0 por ciento en las de menor porte. El Noreste es en general la región de peores indicadores y la Patagonia muestra los mejores números.

El Gran Buenos Aires (GBA) es la región de mayor relevancia para explicar la cantidad de pobres e indigentes. El Indec registró 4.543.000 pobres en el GBA y 917.000 indigentes. En segundo lugar, en la región Pampeana hay 1.925.000 personas pobres y 453.000 indigentes.

Por edades, el sector más afectado por la pobreza es el de los adultos de entre 30 y 64 años, que representan el 40,3 por ciento de la población y concentran el 34,9 por ciento de la pobreza y el 32,1 de la indigencia. Le siguen los niños y adolescentes de 0 a 14 años, con 32,3 y 33,1 por ciento, respectivamente. Luego los de 15 a 29 años, con 29,5 y 32,2 por ciento. Y finalmente los de más de 65, con 3,3 y 2,6 por ciento.La región del Noroeste, con el 40,1 por ciento es la que tiene mayor tasa de pobreza, seguida por la del Noreste con el 35,8 por ciento y Cuyo 35,6 por ciento.

La directora de la Encuesta Permanente de Hogares, Cynthia Pok, destacó que las mediciones hechas por la intervención del Indec, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “no se pueden comparar” con los nuevos números porque las anteriores “estaban mal hechas. No se puede mirar frescamente eso como un dato”.

El último relevamiento de este tipo de datos se realizó a mediados del 2013, durante el último mandato de la Cristina Fernández de Kirchner.

Las explicaciones sobre por qué se dejaron de difundir estas cifras vinieron mucho después, en marzo de 2015, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió desconocer “el número de pobres” y consideró esa medición como “bastante estigmatizante”.

Pero tres meses más tarde, y sin que se supiera ninguna medición oficial, la propia presidenta, ante la 39na Asamblea de la FAO aseguró que el índice de pobreza se ubicaba en Argentina “por debajo del 5 por ciento, y el índice de indigencia en 1,27 por ciento”, gracias a las políticas activas implementadas a partir de 2003.

Ya en esos momentos el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimaba que el índice de pobreza trepaba en el 2014 al 27 por ciento de la población, mientras que la propia CTA oficialista la había estimado en el 17,8 por ciento.

Para fines de 2015, el Observatorio Social de la UCA estimó que la pobreza alcanzaba a 29 por ciento de la población, y la indigencia a 5,3 por ciento.

Fuentes: Télam, Página/12, FM De la Calle.

Con una movilización desde el Obelisco a la Cancillería se conmemoró en Buenos Aires el segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La actividad convocada por la Asamblea de Mexicanxs en Argentina contó con la presencia de Cristi Bautista, madre de una de las víctimas del crimen de Estado terrorista que conduce Enrique Peña Nieto.

“Ayotzinapa a todas luces es un crimen de Estado, no solamente por la participación explícita y probada de policías municipales y ministeriales de la ciudad de Iguala sino también por la participación de militares la noche de aquel 26 de septiembre de hace dos años”, afirmó a FM De la Calle Mónica Mexicano.

La integrante de la Asamblea destacó “la omisión del Estado mexicano ante las primeras horas, que eran cruciales para empezar a buscar a los chicos, cuando ya se evidenciaba mediante las pruebas que se trataba de una desaparición forzada. Hay numerosos testimonios de los sobrevivientes, así como videos que muestran que fueron los policías municipales quienes se llevaban a los chicos en las camionetas”.

“Eso se contrasta con esa supuesta verdad histórica que el Estado mexicano quiere hacer creer mediante el cerco mediático que los medios de comunicación en México hacen, con esta gran mentira que dice que los chicos fueron llevados por el crimen organizado, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinario, donde también participa el Equipo de Antropología Forense, mediante pruebas científicas han podido determinar que esa supuesta verdad histórica es una mentira”.

Mexicano dijo que continúan exigiendo junto a los familiares “la aparición con vida de los chicos” porque “hay pruebas que dio el GIEI que siete días después de que desaparecieron los celulares siguieron activos dentro del campo militar de la zona de Guerrero. Sabemos que ellos saben dónde están los chicos y es lo que queremos que nos digan: dónde están”.

“Hay un par de personas detenidas que fueron los que el Estado inculpó como parte del crimen organizado pero sabemos que son lo que acá llaman perejiles, personas que mediante la tortura hacen declaraciones falsas. Además está preso el gobernador de Iguala, la ciudad donde acontecieron los hechos, junto con la mujer, pero no acusados por este crimen de Estado sino acusado por lavado de dinero, lo cual no tiene nada que ver con la situación que se está planteando. Para nosotros fue un intento de lavado de cara del Estado mexicano ante la presión internacional”, manifestó la activista.

La integrante de la Asamblea de Mexicanxs comentó que “en repetidas ocasiones hemos ido a Cancillería exigiendo al gobierno argentino que se pronuncie contra las graves violaciones sistemáticas que el gobierno mexicano está cometiendo, entendemos que es un crimen de Estado y que hay Estados que bancan esta situación, ningún mandatario se ha pronunciado sobre Ayotzinapa nunca. No nos queda más que apelar a la solidaridad de la gente, de los pueblos, y continuar con esta exigencia de justicia”.

“Los 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos son estudiantes que quieren ser maestros, la escuela normal de Ayotzinapa es un espacio que posibilita la formación de profesores de gente que viene del campo, que no tiene recursos para estudiar en otra escuela, da la posibilidad de internarlos, de que vivas en la escuela, te pagan la comida, la estancia, te pagan para estudiar”.

“Además tiene una tradición de militancia siempre solidaria con las luchas del pueblo mexicano sobre todo donde la mayor parte son comunidades indígenas y campesinas, las cuales están en una situación de violencia política y económica, ellos siempre han sido solidarios y obviamente esa es otra de las razones por las cuales el Estado mexicano apunta a la desaparición, al hostigamiento de los militantes sociales” concluyó.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.

Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.

Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.

“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.

Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.

El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.

En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.

El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.

“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.

A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.

Los datos relevados durante el 2015 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente.

En el acto, que se realizará este martes 27 estarán presentes los presidentes del organismo, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, y el secretario, Roberto Cipriano García. Además, participará el vicegobernador, Daniel Salvador, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini. El presidente del Parlasur, Jorge Taiana comentará el Informe. La cita es en el salón Eva Perón del Anexo del Senado, avenida 7 esquina 49, La Plata a las 18.

Torturas sistemáticas, muertes evitables, sobrencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia son los principales indicadores de este nuevo informe. La provincia de Buenos Aires nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos.

Entre los principales números que señalan el colapso del sistema de encierro en la provincia se encuentran: a) el récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 c/100.000 habitantes, de los cuales un 56 % está detenido en prisión preventiva; b) las 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse; c) el registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención; d) 12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM; e) 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves; f) 2 menores de 18 años murieron en las cárceles de jóvenes; g) 79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos; h) Un 59,8 % de sobrepoblación en el sistema penitenciario, donde 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales.

En reiteradas oportunidades, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha advertido sobre el colapso del sistema penal. El Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad constata, una vez más, esta grave situación. Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, el escenario actual no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres.

En todo este tiempo, el colapso no sólo fue denunciado internamente por la CPM mediante informes a todos los poderes, sino a nivel internacional mediante informes y presentación de medidas cautelares por la situación particular de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías. Estas denuncias —avaladas, en diciembre pasado, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, más recientemente, reconocido por las nuevas autoridades provinciales— requieren medidas urgentes y herramientas institucionales que reviertan este cuadro grave de violaciones a los derechos humanos.

Es imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces y la ley de salud mental. A esto debe agregarse la necesidad de cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de ONU y, en ese caso, reconocer la trayectoria de la CPM como organismo local o provincial de prevención de la tortura, para designarla en tal carácter.

En este sentido, desde el año 2005 la CPM viene realizando, a través del Comité Contra la Tortura, el trabajo de inspecciones sistemáticas en lugares de encierro, que se desarrolla con protocolos de intervención respetuosos de los estándares internacionales de monitoreo y se inscribe en los principios de autonomía funcional y financiera establecidos por las Naciones Unidas. Autonomía que le permite actuar con independencia de los cambios de gobierno.

En esta oportunidad, la presentación del Informe Anual. El sistema de la crueldad X se da en un contexto de reciente cambio en las gestiones del gobierno provincial y el nacional, y los datos que este trabajo deben servir como un diagnóstico y una herramienta para discutir las políticas de penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental en la Provincia. Las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de la aplicación de estas políticas punitivistas atentan contra el sistema democrático y obligan a fortalecer la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional.

(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.

El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.

Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.

La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.

Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.

La causa

empresas polo cartel

La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.

Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la jueza Gabriela Marrón la “inmediata prohibición” del vertido en la ría de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público y agregó documentación a la causa.

Un mes después la flamante magistrada evitó hacerse cargo de la investigación y se declaró incompetente. La Cámara Federal, con la firma de Pablo Candisano Mera y el renunciado agente de la inteligencia genocida Néstor Luis Montezanti, avaló a Marrón argumentando que “corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones” porque los planteos de la Fiscalía y la querella respecto “a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.

Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.

Cabe destacar que durante los meses de mayor actividad de la investigación tanto el abogado Lucas Beier como varios de los pescadores denunciantes fueron víctimas de reiterados episodios mafiosos e intimidaciones para que “se dejen de joder” con las empresas del polo y ABSA. Por su parte, el Colegio de Abogados -con el voto de varios de sus directivos que a su vez son abogados de las empresas- inició un proceso en contra de Beier por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

En Bahía Blanca rige la Emergencia por Violencia de Género la cual otorga al municipio facultades y presupuesto para revertir el número víctimas. La medida fue renovada en junio de 2015 y luego de nueve meses del cambio de gestión se presentó el Plan Integral contra la Violencia de Género. Algunos aportes.

El martes 13 se presentó el Plan Integral contra la Violencia de Género municipal; el mismo cuenta con el trabajo  de las áreas de seguridad, políticas sociales e infraestructura. FM De la Calle dialogó con Soledad Monardez, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos, quien comentó que el servicio de asistencia por casos violencia está en el municipio desde hace varios años. El mismo cuenta con profesionales interdisciplinarios que ahora, bajo la impronta de la nueva gestión, “empezaron a tomar un registro de las denuncias y presentaciones espontáneas para poder llevar adelante una estadística”. Antiguo reclamo de las organizaciones que trabajan con esta problemática ya que el Servicio de Prevención de Violencia Familiar y Maltrato Infantil  (PROMOVER) funciona desde el año 1993 asistiendo y asesorando a mujeres víctimas de violencia.

Además se comenzaron a estudiar los protocolos de intervención para analizar cuáles son las herramientas más efectivas, contemplando que “el trabajo rico se verá más adelante”. En la presentación del nuevo Plan se mencionan dispositivos que ya venían funcionando, como grupos de reflexión (2015), atención a la Violencia Masculina (2014) –ahora con modificaciones-, nuevos botones antipánico y el hogar Refugio (2010) con la novedad de la construcción de un nuevo refugio en terreno municipal, promesa que la antigua gestión de Lucía Martínez Zara también había realizado. Para este año el intendente  afirmó a la Red Local de Violencia de Género que la licitación de la obra será sobre fin del 2016.

Respecto a este tema Nora Dinoto, referente de la Red Local, remarcó a FM De la Calle que “el refugio es una necesidad importante que veníamos  advirtiéndole no a esta gestión, sino a la anterior, porque es insuficiente la capacidad del refugio que está funcionando. No hay lugares protegidos para alojar a las personas que son víctimas de violencia, así que esperemos que se logre”. El primer módulo de construcción de la nueva obra tendrá capacidad para cuatro familias, en su segunda instancia “el proyecto general abarcaría cuatro habitaciones más”. Cabe resaltar que según Monardez toda la actividad del antiguo espacio de contención se trasladaría a este nuevo dispositivo.

Quizá una de las apuestas más grandes que propone la presentación del Plan es la apertura de la nueva Oficina de Políticas de Género con Víctor Andenoch como coordinador de esta área, ex trabajador de la guardia de niñez. Los ejes de trabajo que se desarrollarán a partir del 2017 serán, en palabras del funcionario; identidades sexuales, trata y aborto. ¿Cómo se implementarán algunas de estas políticas públicas en un gobierno donde su principal referente Héctor Gay, este año declaró creer “sólo en un orden natural de las cosas” refiriéndose al matrimonio igualitario?

La presentación del Plan Integral contra la Violencia de Género suma la participación del área de seguridad con capacitación a Guardia Urbana y Policía, creación de un equipo especializado para el abordaje en situaciones de violencia de género y la adquisición de un móvil especializado. Estas propuestas se estaban debatiendo en la Red Local de Violencia organismo donde participa la Comisaría de la Mujer, con Liliana Pinedo y Silvia Francisco como referentes de la misma. Dinoto resaltó que para este espacio es “importantísimo formar a la policía para que sepan cómo atender a las personas que atraviesan situaciones de violencia ya que intervienen en operativos bien puntuales”.

Así como muchas organizaciones sociales que trabajan con problemáticas vinculadas a las mujeres, la Red Local colabora con iniciativas desde el 2011, dato que el Intendente Héctor Gay tuvo conocimiento, según Nora Dinoto, en la última visita de la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

Este año desde la Red planean también formalizar una base de datos con estadísticas de denuncias que ingresan a la Comisaría de la Mujer y de la Fiscalía departamental de la oficina de violencia de género, con la intención de hacer un seguimiento de todas las puertas que las mujeres van golpeando hasta lograr o no resolver su situación. “Es algo pendiente que tenemos como red, porque necesitamos contar con estadísticas que releve la situación de nuestra ciudad para evaluar y optimizar recursos”. Además ya están programando la Cátedra de Violencia 2017 que organizan en conjunto con la Universidad Nacional de Sur.

La Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca decidió no apelar el fallo de la Suprema Corte que anuló un amparo que impedía la instalación de una antena de telefonía celular en el Club de Equitación. Trabajarán para que no corra la misma suerte la cautelar del juez Ares contra otra antena en el mismo lugar.

Para el abogado Leandro Aparicio la resolución correspondiente a la causa “Gómez, María Amparo contra Municipalidad de Bahía Blanca, Club de Equitación Bahía Blanca y Telefónica Móviles Argentina” es abstracta “porque no tiene ninguna consecuencia práctica”.

El letrado explicó a FM De la Calle que hubo dos amparos: el primero cuando las familias vecinas al club advirtieron la presencia de una antena de 35 metros en la esquina de Agustín Álvarez y Javier Rizzo en marzo de 2013. La jueza de Garantías Susana Calcinelli hizo lugar “parcialmente” e instó a las empresas a cumplir la Ordenanza 17.130, sancionada cuando la disputa judicial ya había comenzado.

La Cámara en lo Contencioso de Mar del Plata le dio la razón a la empresa, la ONG apeló a la Corte y mientras el máximo tribunal provincial analizaba el tema la antena cayó: “El fallo hace referencia a una torre que se desmanteló”.

“De la misma manera en que hicieron la primera vez, sin avisarle a ningún vecino, sin hacer la consulta, sin que nadie esté enterado de lo que estaba pasando, ponen otra antena, más escondida, más camuflada, apenas perceptible para los vecinos que igual la ven y se hace el segundo amparo”, recordó Aparicio.

En octubre de 2015, el juez José Luis Ares ordenó quitar la antena en un plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento. Además, remitió la causa a la Fiscalía para investigar al entonces intendente y actual diputado nacional Gustavo Bevilacqua y los ex titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Por más que sean antenas, en el mismo lugar y demás, sin cuestiones distintas porque acá sí hay más prueba aportada por la parte actora, por nosotros, el bioquímico Montenegro, el ingeniero Mata y otras pruebas técnicas habilitan a impedir que se instale esa antena en ese lugar, más aun cuando hay niños y jardín de infantes cerca”, comentó Aparicio sobre la causa que también deberá resolver la Suprema Corte.

Este sábado la localidad de Bernasconi recordará a Eduardo Sergio Korsunsky, militante del PRT desaparecido en San Nicolás a principios de la dictadura genocida en 1976, hijo de la Madre de Plaza de Mayo de Bahía Blanca Celia Jinkis. La directora de Coordinación Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos pampeana, Ana Inchaurraga, aseguró a FM De la Calle que Dado “no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”.

El acto será este 24 de septiembre a las 11 en el Instituto Mariano Moreno -Urquiza 447- al que concurrió Eduardo en su juventud. Se colocará una placa en su memoria y se inaugurará un mural en una plaza cercana.

Inchaurraga contó que la idea “surge el 24 de marzo cuando Celia fue a Jacinto Aráoz, nos vimos comprometidos con la situación de que ellas ya son muy mayores, están grandes, la necesidad de que sean visibles los desaparecidos pampeanos, esto tiene que ver con una decisión no solamente política sino también afectiva, de cómo uno desde un lugar aporta y piensa en la memoria colectiva, de qué manera posicionarnos”.

“Es muy emocionante, muy emotivo todo cómo se va dando, cómo lo vamos pensando, Bernasconi tiene sus particularidades como todos los pueblos chicos donde el silencio se plantó y dejó su marca, los jóvenes prácticamente no conocen a Dado, no se habla”, dijo y agregó que “también surgió de qué manera podíamos proponerle al pueblo que eso salga para afuera y que en la localidad se instale el nombre de Dado Korsunsky y que se repregunte, romper con ese silencio. Y fue así como sucedió, hicimos el mural, los vecinos se iban acercando, de a poquito pudimos recabar testimonios, ponerle color, ponerle una cara, el nombre de Dado, que uno pasa y lo ve, tiene una impronta muy emotiva”.

Entre los primeros recuerdos que brotaron en el pueblo se escuchaba que “la vecina de allá sabe pero no te va a decir, nunca más nadie habló del tema, se comenta que ese día que lo estaban buscando a Dado hubo un operativo grande pero nunca trascendió”.

“Cuando estábamos pintando el mural sacaron a los chicos del secundario a ver y aprovechamos para contar quién era, transmitir, porque además Dado tiene la impronta de que fue hiperinteligente, un seductor, brillante, le gustaba la astronomía, entonces poder captar a las nuevas generaciones con eso, volverlo a poner en nombre de quién es Eduardo Sergio Korsunsky, que nació en Bernasconi, que fue a ese secundario, no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”, concluyó.