Este sábado la localidad de Bernasconi recordará a Eduardo Sergio Korsunsky, militante del PRT desaparecido en San Nicolás a principios de la dictadura genocida en 1976, hijo de la Madre de Plaza de Mayo de Bahía Blanca Celia Jinkis. La directora de Coordinación Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos pampeana, Ana Inchaurraga, aseguró a FM De la Calle que Dado “no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”.

El acto será este 24 de septiembre a las 11 en el Instituto Mariano Moreno -Urquiza 447- al que concurrió Eduardo en su juventud. Se colocará una placa en su memoria y se inaugurará un mural en una plaza cercana.

Inchaurraga contó que la idea “surge el 24 de marzo cuando Celia fue a Jacinto Aráoz, nos vimos comprometidos con la situación de que ellas ya son muy mayores, están grandes, la necesidad de que sean visibles los desaparecidos pampeanos, esto tiene que ver con una decisión no solamente política sino también afectiva, de cómo uno desde un lugar aporta y piensa en la memoria colectiva, de qué manera posicionarnos”.

“Es muy emocionante, muy emotivo todo cómo se va dando, cómo lo vamos pensando, Bernasconi tiene sus particularidades como todos los pueblos chicos donde el silencio se plantó y dejó su marca, los jóvenes prácticamente no conocen a Dado, no se habla”, dijo y agregó que “también surgió de qué manera podíamos proponerle al pueblo que eso salga para afuera y que en la localidad se instale el nombre de Dado Korsunsky y que se repregunte, romper con ese silencio. Y fue así como sucedió, hicimos el mural, los vecinos se iban acercando, de a poquito pudimos recabar testimonios, ponerle color, ponerle una cara, el nombre de Dado, que uno pasa y lo ve, tiene una impronta muy emotiva”.

Entre los primeros recuerdos que brotaron en el pueblo se escuchaba que “la vecina de allá sabe pero no te va a decir, nunca más nadie habló del tema, se comenta que ese día que lo estaban buscando a Dado hubo un operativo grande pero nunca trascendió”.

“Cuando estábamos pintando el mural sacaron a los chicos del secundario a ver y aprovechamos para contar quién era, transmitir, porque además Dado tiene la impronta de que fue hiperinteligente, un seductor, brillante, le gustaba la astronomía, entonces poder captar a las nuevas generaciones con eso, volverlo a poner en nombre de quién es Eduardo Sergio Korsunsky, que nació en Bernasconi, que fue a ese secundario, no es uno más del listado de desaparecidos de La Pampa sino que tiene un nombre, tiene una identidad y está presente en el pueblo”, concluyó.

El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad de Rio Negro repudió los dichos del ministro de Educación Esteban Bullrich, quien comparó el avance de la casa de altos estudios en términos de una “nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación”. “Todas las políticas van intentando construir un orden oligárquico liberal que esta clase, este sector político, estos partidos vinieron a imponer”, dijo a FM De la Calle Walter Delrio.

El investigador del CONICET destacó la “indignación” de la comunidad y advirtió que “desde el retorno de la democracia se ha venido construyendo un conocimiento histórico que fue cubriendo aspectos dejados de lado o mal conocidos sobre la historia argentina y las palabras del ministro desconocen todo lo que se ha venido trabajando” y “la memoria social de un pueblo en el cual se está hablando”.

“No fue una campaña con la espada como dice el ministro, una campaña al desierto, sino que todo lo contrario -explicó-, fueron políticas de Estado que se implementaron en un momento determinado que implicaron movimiento de tropas pero también de otras instituciones del Estado y de la sociedad civil, fundamentalmente, que participaron en la expropiación, en el sometimiento, en la concentración de personas, la deportación, la distribución en otras provincias y regiones del país como fuerza de trabajo semi esclavizada, el reparto y la separación de los niños de su familia y el borramiento de la identidad. Son políticas de Estado comprendidas por lo que en los términos del derechos internaciones, sancionado por la Naciones Unidas, es un crimen de genocidio, un Estado que opera para que ciertos pueblos desaparezcan como tal”.

Delrio afirmó que “a nadie se le ocurriría hablar del holocausto, de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura para hablar de las políticas que se proponen. Al mismo tiempo es una opinión sino informada, formada por un sector de poder, por grupos políticos que tienen el mismo discurso con el cual ascendieron al poder en la generación del 80. En este caso se da que la misma familia Bullrich y otras participan de esa construcción de un poder oligárquico que es el que se quedó con la mayor parte de las tierras y los beneficios que esas campañas aportaron, es un discurso de esa clase”.

“Siguen teniendo la visualización de nuestra región como un desierto y lo que implica esa frase es que deben seguir haciendo cosas porque el desierto subsiste más de cien años después”, agregó. El docente comentó que cada una de las medidas oficialistas lo demuestran: “Por ejemplo acá en la provincia de Rio Negro en los últimos años se vino trabajando con las denuncias que había sobre irregularidades en las entregas de tierras rurales y se había conformado una comisión en la Legislatura que investigaba cuáles habían sido históricamente. Todo eso terminó y al mismo tiempo, por decreto del presidente Macri, se interviene en la legislación sobre tierras habilitando nuevamente la extranjerización”.

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(Por Mauro Llaneza) La artista y militante bahiense Karina Zukerman falleció esta madrugada a los 46 años. Integró la Asociación Mundial Pintores con la Boca y el Pie, Mundo sin Guerras y sin Violencia y el Movimiento Humanista. Participó de la Asociación de Discapacitados Autoconvocados y fue una de las impulsoras del Mes por la Diversidad. Enfrentó cada obstáculo con perseverancia y un objetivo claro: “abrir cabecitas y disparar al corazón, abrir corazones para entender que las personas necesitamos esa cuestión de desarrollarnos, relacionarnos con otros”.

“Soy una mujer, una persona con una discapacidad motora, una discapacidad de la cual tengo la única movilidad de la cabeza y hago todo con la boca, desde agarrar un objeto hasta ponerme a escribir o a dibujar o a manejar la compu”, contó en una entrevista realizada en el micro de Acciones Feministas del programa En Eso Estamos de FM De la Calle en octubre de 2012.

Dijo entonces que hizo “todo lo ha estado a mi alcance y de acuerdo a mis posibilidades” a partir de “una especie de aspiración, una cosa fuerte interna y una necesidad de poder salir adelante”. “Una rebeldía de querer pasar a otra cosa, a vivir una vida lo más feliz, lo más alegre posible y en relación con los demás. Tiene que ver también con el acompañamiento que tuve en todas las edades y etapas de mi vida de gente muy querida”.

Así logró independizarse, vivir sola, enamorarse: “Mi familia me decía ‘vos no vas a poder tener un novio, formar una pareja el día de mañana’. Pero básicamente pasaba por muchos miedos, mucho temor a que uno sufra. Hay que tratar de ir viviendo la vida que una elige vivir”.

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En aquel diálogo junto a Verónica Bajo destacó que pudo cumplir con “algo que amo profundamente que es mi actividad social donde trato de llevar mi mensaje de que podemos todas las personas desarrollarnos en la vida, en muchas cosas, y lo que tiene que ver con la discapacidad, con lo mío, también he tratado de hacer muchas cuestiones a nivel social, me parece que uno tiene que defender su lugar, su espacio y sus derechos”.

“En el ’88 oficialicé esta cuestión de ser pintora y fue cuando ingresé a la Asociación Mundial de Pintores con la Boca y el Pie, los que nos denominábamos en otro tiempo como Pintores Sin Manos. Empecé este recorrido con la pintura donde además de tener una búsqueda desde lo artístico, pintar y mandar obras a la asociación para que después sean editadas en tarjetas, calendarios, en todo lo que después se vende, a mí me ha dado la posibilidad de relacionarme, de conocer gente nueva, de viajar a distintos lugares y eso fue una experiencia muy linda”.

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El Mes por la Diversidad fue un espacio generado por distintas organizaciones y militantes locales que pretendían sensibilizar y reflexionar sobre la diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad y analizar críticamente situaciones de exclusión, discriminación, intolerancia y prejuicios. Karina recordó que para ella “fue fantástico porque este tipo de actividades abre cabecitas, de niños, de adultos, de hombres, de mujeres, eso es lo importante: abrir esas cabecitas y disparar al corazón, abrir esos corazones para entender que las personas necesitamos esa cuestión de desarrollarnos, necesitamos relacionarnos con otros”.

“Era una tambora sin tambor”

La cantautora y creadora de DesBandadas, Silvia Palumbo, quien tuvo “el honor y el privilegio” de compartir con Karina la obra Mujer de Tierra Firme, aseguró esta mañana a FM De la Calle que su compañera era “una mujer que tenía todo el universo vital en sí misma”.

Se conocieron en el primer Mes por la Diversidad en 2007 y se “flecharon”: “Tuvimos una empatía, nos hicimos amigas, compañeras de lucha y en un momento decidimos que queríamos hacer algo juntas, unir nuestros activismos, nuestras artes, y así fue como nació Mujer de Tierra Firme”.

“Karina es una mujer que está viva en tantas cosas que ha dejado como legado en Bahía Blanca, para mí es la luna que ilumina mi camino de activismo porque es un ejemplo. No sé cómo fue vivir como vivió Karina, sin brazos y sin piernas que la ayudaran a transitar esta vida terrestre, lo digo en forma cruda porque era la realidad más tremenda que veías cuando veías a Karina, y sin embargo ella tenía muchísima más fuerza que todas y todos nosotros juntos”.

“Muchísimas veces ella daba fuerza a otra gente, daba esperanza, era solidaria, era entera, era amplia de conceptos, no tenía conceptos mezquinos ni políticos ni religiosos ni relacionados con las diferentes mal llamadas minorías de este mundo. Abrazaba sin brazos a toda la humanidad en su diversidad completa”, agregó Silvia.

Finalmente afirmó que “era un cohete, nos cagábamos de la risa, con sus dichos, sus palabras, sus encantos, sus sueños que estaban recién arrancando. Además Karina se atrevió a ser madre con su compañero Sergio, eso le daba un mérito mayor en todo este despliegue de vitalidad de Karina Zukerman”.

Eso de durar y transcurrir

no nos da derecho a presumir.

Porque no es lo mismo que vivir…

¡Honrar la vida!

 

Sus restos son velados hasta la medianoche en Mitre 470 desde donde partirá mañana a las 11 hacia el cementerio Parque de Paz.

(Por Mauro Llaneza) El sociólogo Daniel Feierstein disertó en Bahía Blanca sobre el genocidio como práctica social en el marco del 10° aniversario de la desaparición en democracia de Jorge Julio López y a 40 años de La Noche de los Lápices. Con la invitación de la Comisión de Apoyo a los Juicios el experto puso el foco en la concreción simbólica y las continuidades del exterminio de parte del grupo nacional que se oponía a los intereses de las corporaciones económicas que recurrieron a las fuerzas armadas para “reorganizar” el país.

“Cuando es quebrada la confianza no hay posibilidad de articularse políticamente y así el disciplinamiento es total porque cada uno está aislado en sí mismo –dijo en FM De la Calle-. Esas consecuencias las seguimos sufriendo y es uno de los grandes desafíos del momento político actual. (…) Esa gran línea que ha dividido sobre todo los últimos cuatro o cinco años la política argentina -lo que los medios hegemónicos llamaron ‘la grieta’- es un efecto de esto y ha quebrado relaciones de confianza en organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, barriales, que facilitan la realización de los objetivos de los sectores hegemónicos, de los que en su momento fueron los que plantearon la necesidad de la implementación del genocidio”.

Para regenerar dicho lazos no hace falta “un acuerdo absoluto en la caracterización de la realidad política” y “quizás el proceso de juzgamiento de los genocidas es un ámbito privilegiado para producir esa articulación porque siempre hubo fuertes niveles de acuerdo”.

Feierstein es doctor en Ciencias Sociales y docente en las universidades de Buenos Aires y Tres de Febrero donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio y la Maestría en Diversidad Cultural. Es experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las Bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino. Presidió la Asociación Internacional de Estudio sobre Genocidio y fue juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en numerosas sesiones, entre ellas las vinculadas a los hechos ocurridos en Sri Lanka y en México. Además, es autor de numerosas publicaciones sobre la temática.

El genocidio como práctica social

Feierstein explicó que el polaco Raphael Lemkin, a pesar de ser jurista, aportó una definición de genocidio “muy sociológica” que lo define como la destrucción de la identidad de un pueblo y “fundamentalmente la destrucción de la identidad de los oprimidos y la imposición de la identidad del opresor”, proceso en el cual “la muerte no es el objetivo sino el medio”. “Cuando el derecho lo tiene que construir como figura es muy difícil y termina definiéndolo como el intento de destrucción de un grupo”. Las interpretaciones jurídicas posteriores fueron “vaciándolo de contenido”.

Cuando el caso argentino comenzó a discutirse en la Audiencia Nacional Española bajo la figura de genocidio se intentó recuperar aquella construcción y “articularla con la figura legal”. “Esa interpretación sociohistórica, es en verdad la posibilidad de aprovechar la herramienta jurídica (que brinda la Convención de Genocidio). Así lo han entendido muchos tribunales, en el caso de Bahía Blanca también”.

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La posición mayoritaria del tribunal subrogante que está a cargo de los juicios en nuestra ciudad se replica en la cuarta parte de los tribunales del país. El reconocimiento del genocidio enriquece “los procesos de construcción de memoria colectiva porque nos permite entender lo que nos ocurrió de una manera muy distinta que cuando solo se utiliza el concepto de crimen de lesa humanidad que no tiene nada de esto en cuenta, habla de hechos indiscriminados, de población civil en general, y cuesta ver la conexión entre esos hechos, pese a que se habla de un plan sistemático nunca se aclara para qué”.

Quienes descartan el concepto de genocidio advierten que los grupos políticos no están entre los religiosos, étnicos, raciales o nacionales que especifica la Convención. Feierstein propone superar la discusión advirtiendo que la represión fue mucho más abarcadora y apuntó a la eliminación de una parte del grupo nacional para reconfigurar social y económicamente el país.

“El genocidio buscó ir mucho más allá, buscó desmontar redes de relaciones sociales que en algunos casos involucraban organizaciones políticas pero no siempre. Involucraban a organizaciones sindicales, que por supuesto tienen contenido político pero no eran lo mismo. Organizaciones barriales, centros de estudiantes, montones de organizaciones donde lo que se buscaba -incluso el propio vocabulario de los genocidas- era transformar, reorganizar la sociedad. Cuando lo describen tanto Díaz Bessone como Videla esta reorganización de la sociedad pasa por transformar incluso los valores morales”.

Feierstein destacó que los genocidas buscaron “transformaciones económicas que sin embargo se lograron después del genocidio. Eso tiene lógica cuando uno entiende cómo operan las prácticas sociales pero nos obliga a abandonar ciertos dogmatismos teóricos, esto de que la economía siempre determina la política, esa determinación es más compleja. Para lograr determinadas transformaciones económicas, que en Argentina se implementan sobre todo en los noventa bajo el menemismo, se requería quebrar relaciones sociales porque sin ese quiebre, sin ese disciplinamiento, sin ese terror, la resistencia no hubiese permitido implementarlas”.

Recién durante la crisis de 2001 hubo “intentos de recomposición pequeños, muy singulares”, de esas relaciones. El sociólogo afirmó que el presente “es particularmente desafiante en ese sentido porque nos va a poner contra el espejo de ver qué nivel de reconstrucción de los lazos sociales se logró en función de qué tipo de resistencia se va a poder ejercer a las nuevas transformaciones económicas que se quieren imponer” para “volver a la distribución del ingreso de 2001 para seguir avanzando desde ahí”.

Como a los nazis

“Argentina no tuvo una experiencia de extermino industrial como el caso del nazismo pero sí tuvo una experiencia concentracionaria. Todo el territorio plagado de campos de concentración que operan no solamente para aterrorizar a la gente que es secuestrada sino que su efecto fundamental es aterrorizar a la gente que no es secuestrada pero vive cerca de un campo de concentración y que sabe que eso puede ocurrir y que, por lo tanto, se ve obligada a modificar sus prácticas en función de eso”, dijo Feierstein.

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Recordó que en Alemania, entre 1933 y 1936, 100 mil personas fueron encerradas en campos de concentración de las cuales aproximadamente cinco mil fueron asesinadas y la gran mayoría torturada y liberada. “Esa liberación irradió el terror en el conjunto de la sociedad alemana y permite entender algo que sino no se explica: ¿qué pasó? ¿por qué los alemanes adhirieron al nazismo? Adhieren producto del terror”.

El Partido Nazi ganó “apenas” las elecciones de 1933 frente al Partido Comunista Alemán. El boicot a los comercios judíos en mayo del ’33 fracasó, “la población sale a comprarle a los judíos pese a que la SA está frente a los locales para intentar pegarle a la gente que sale a comprar y así y todo la gente manifiesta su solidaridad”.

“Cinco años después de atravesar la sociedad con la experiencia de campos de concentración, aterrorizarla y mandar a toda esa gente de vuelta a la sociedad para que disperse y difunda el terror La Noche de los Cristales logra altos niveles de silencio o de adhesión y efectivamente la población judía es perseguida, sus casas rotas, quemadas, deportada. Acá no hay solo una convicción ideológica sino los efectos del terror”.

Sobre América Latina y Argentina Feierstein subrayó que cada vez es más evidente que “la tasa de supervivencia fue mucho mayor de la que suponíamos”. “Esto tiene mucho que ver con la famosa discusión de los números. Las denuncias en los años ’84, ’85, eran muy pocas y tenían que ver con la gente que estuvo mucho tiempo en un campo de concentración. Lo que uno va descubriendo sobre todo a partir de las denuncias que comienzan en 2008, 2009, 2010, 2012, es que muchísima gente fue secuestrada por un día, por unas horas y luego liberadas”.

“Me han enseñado los sobrevivientes de experiencias genocidas, en particular los ex detenidos desaparecidos en Argentina, que el objetivo de ese secuestro era usarlos como herramienta de difusión del terror. Esta es la respuesta que ellos mismos se dan y que los pone en una encrucijada. La pregunta para ellos era: ‘¿Qué hacemos? Si nos callamos somos cómplices de no haber divulgado lo que ocurrió, si hablamos logramos el objetivo que ellos querían que es que aterroricemos’. La respuesta que se dan también es brillante: ‘Tenemos que hablar pero no solamente de lo que el poder le hizo a nuestros cuerpos sino de esa identidad que quisieron destruir: ¿quiénes éramos nosotros antes de que el terror nos secuestre?”.

Tres puntos sobre los juicios

Feierstein dijo que las políticas contra el terrorismo de Estado durante los gobiernos kirchneristas tuvieron un punto “altísimo” en “el modo de haber implementado el juzgamiento” y dos puntos bajos en torno a los sitios de memoria y las reparaciones.

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En materia de juicios en comparación con otros casos internacionales “Argentina ha llegado más lejos que nadie”, sobre todo por la modalidad empleada: “por medio de jueces naturales, con todas las garantías que corresponde a los imputados, que sea en todos los lugares del país, de las regiones donde ocurrieron los hechos, que involucre al conjunto social en esa discusión”.

Respecto a la política vinculada a los sitios de memoria “no se ha cobrado conciencia de la importancia de la voz de los sobrevivientes y hasta de la sacralidad de ese espacio en una necesidad de elaboración, particularmente en el caso más emblemático, esta especie de disneylandia de los derechos humanos que se ha hecho en la ESMA, que ha llevado a casos como la organización de un asado y sobre todo a la respuesta gubernamental ante la indignación de los sobrevivientes, diciendo ‘esto lo vamos a seguir haciendo’, ‘no nos importa que alguien se enoje, que a alguien le duela que se queme carne en un lugar donde se quemó la carne de sus compañeros'”.

El sociólogo cuestionó finalmente que las reparaciones hayan sido económicas e individuales: “El dinero es el equivalente general de las mercancías, con lo cual no garantiza nada. La reparación es mensurar económicamente el daño y dar una cantidad de dinero por ese daño a los individuos que sufrieron eso o a sus seres queridos. Esto ha sido muy complicado porque no se ve que el daño es grupal, es colectivo, que afecta al conjunto social, empieza la discusión de quién debe recibirlo y quién no, qué es lo que uno hace con ese dinero”.

“El Estado debe hacerse cargo más de servicios que de dinero y pensar más colectiva que individualmente”, dijo y puso como ejemplo el caso colombiano que en materia jurídica fue “infinitamente peor” pero “en términos de reparaciones fue más interesante porque se piensa en relación a las comunidades afectadas y al Estado proveyéndoles servicios”.

“Si a un hijo le fue sustraído su futuro en función de que el Estado asesinó a sus padres uno podría pensar que el Estado puede ofrecerle inserción laboral, vivienda, salud, una cantidad de servicios que el Estado está obligado a ofrecer que no es lo mismo que darle el dinero para acceder a esos bienes”.

¿Por qué deberías ir a una audiencia?

“Lo primero que le diría a una persona que nunca fue a una audiencia: uno puede leer 800 libros, ir a 500 conferencias y clases y todo eso tiene un valor relativo frente a ir a una sola audiencia de este juicio”, dijo Feierstein. Si bien resta confirmación por parte del tribunal, el 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca. Es el tercero de la causa V Cuerpo de Ejército y hubo uno sobre los crímenes de la Armada. Las audiencias fueron y serán públicas, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles a doble turno en Colón 80.

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“¿Qué le va a contestar a sus hijos y a sus nietos cuando le pregunten ‘vos estuviste en alguna de esas audiencias históricas’? Aunque sea para poder dar una respuesta como corresponde como padre o como abuelo tendría que ser capaz de poder ver la escena que se arma ahí”.

“Es tremendamente reparador y va mucho más allá de la pena. En los juicios la pena no es ni lo único ni lo más importante, menos en este momento donde los perpetradores son muy mayores, no es el tema central más allá de que no pueden no tener pena después de semejante destrucción de lazo social”, manifestó.

Lo destacable es que “aquel que tuvo la disposición de la vida y de la muerte de decenas, centenares, miles de personas, llegue a una instancia donde debe escuchar a sus víctimas, ese testimonio de las víctimas es legitimado por un tribunal, debe hacerse cargo de ese testimonio, y ese tribunal califica esos hechos, los representa, plantea que estuvieron mal y asigna responsabilidades, esto es la sanción a quienes fueron los encargados, los responsables de implementar esas prácticas”.

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Al ser consultado sobre la última Marcha de la Resistencia que convocó la Asociación Madres de Plaza de Mayo con la consigna “Cristina conducción”, Feierstein opinó que en principio le “produjo preocupación que se decidiera suspenderla” porque “parte de la historia del movimiento de derechos humanos argentino era que articulaba muy pluralmente, identidades políticas muy distintas, y que le señalaba al Estado la violación de los derechos humanos que siempre es cometida por todo Estado más allá de que algunos gobiernos puedan intentar confrontarlo más que otros o profundicen la violación más que otros”.

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“Tampoco está mal señalar la cercanía que uno pueda tener o no con cierto gobierno. Pero eso es una cosa que uno hace individualmente y no como organismos de derechos humanos y de ninguna manera justifica detener la resistencia porque la resistencia ante el ejercicio de la violencia estatal va a existir siempre (…) porque es parte de la propia lógica del funcionamiento estatal. Y entonces requeriría organismos de derechos humanos que le señalen esas violaciones”.

“Doble gravedad adquiere decir que ante un cambio de gobierno se reestablece una Marcha de la Resistencia con la consigna de la conducción de un líder político que pensemos lo que pensemos, yo tengo esta visión dual de reconocer muchísimas cosas y de ver otros problemas, pero tengo claro que hay miradas muy distintas dentro del mundo de los derechos humanos y que parte de construir relaciones de confianza es construir en esa pluralidad y no obligar a nadie a tener que sentirse incluido o excluido a partir de esa identificación partidaria”, concluyó.

“Bullrich es muy coherente. Roca intentó exterminar al pueblo mapuche, no lo logró, y sin embargo la educación ha sido un arma fundamental para eliminar ideológica y culturalmente a los pueblos indígenas. La frase es de una sinceridad brutal absoluta. Decir: lo que no pudo Roca lo vamos a lograr con la escuela”, dijo el werken de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nawel tras la reivindicación del primer genocidio que hizo el ministro de Educación en Choele Choel.

Esteban Bullrich dijo en un acto oficial que la inauguración de un hospital escuela era parte de “la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación” y agregó que “no estamos poblando este desierto, ustedes hacen que esto no esté desierto y eso es lo más lindo”.

Nawel afirmó a FM De la Calle que el ministro “muestra la coherencia que tiene el PRO, que tiene la derecha, que tienen todos estos sectores que hoy les toca gobernar el país” que “reivindican héroes como Roca, Mitre, Sarmiento, gobiernan para una clase muy específica, que es la suya, desprecian todo lo que es demanda o reivindicación popular, desprecian al interior. Saben muy bien lo que quieren y para qué están utilizando al Estado”.

“Sí me preocupa que la sociedad argentina, la sociedad criolla, todavía no dimensione lo que implicó la Conquista del Desierto, porque yo creo que un exabrupto como el que cometió en su momento el secretario de Cultura Lopérfido, cuando habló de que no eran 30 mil los desaparecidos, le costó la renuncia. Creo que ningún sector de la población hoy aceptaría que se reivindique el holocausto al pueblo judío y habría una condena y le costaría la cabeza a cualquier funcionario al que se le ocurriera”.

“Sin embargo lo de Bullrich va a quedar como una anécdota dentro de un par de días, nadie se va a acordar. Me preocupa que se vaya haciendo natural que de pronto sectores fachos o racistas como los que gobiernan hoy puedan decir semejante barbaridad y no le cueste la cabeza a ese ministro”, dijo.

Cuestionó el “doble discurso de los sectores progresistas o de derechos humanos todavía no llega a reivindicar lo que es la situación de los pueblos indígenas y eso me preocupa porque somos parte de esa gran mayoría que aceptamos pasivamente que un ministro racista como este venga a decir en nuestras propias narices que lo que no pudo Roca lo va a lograr la educación”.

Luego del discurso, Bullrich oscureció ante la prensa: “Me refiero a ese proceso histórico, del avance en un territorio que no estaba conquistado, ocupado. Ahora, a partir de una construcción distinta con la educación, los pueblos originarios tienen que ser reconocidos, hay que trabajar con ellos para que haya una cultura común y no la aniquilación para que (una cultura) predomine”.

El werken recordó que si bien Argentina se reivindica como “lo más blanquito de América” existen más de treinta pueblos indígenas en su interior. “Todos los días estamos luchando contra eso porque tenemos un sistema educativo totalmente discriminador y racista que sigue reivindicando a Sarmiento como el primer maestro, el padre del aula, y no noto que los maestros cuestionen esa celebración y cantan el himno y se toman el día de descanso en honor al gran maestro y siguen reivindicando a un racista, a un genocida”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó su preocupación frente a las declaraciones del presidente Mauricio Macri respecto del episodio violento que terminó con el asesinato de un joven en la localidad bonaerense de Zárate. “Es imposible no unir este hecho a otros ocurridos recientemente, que han generado un fuerte impacto social y debate público y, por lo tanto, obligan a todos los poderes del Estado a reacciones responsables que no promuevan más violencia y se ajusten plenamente al estado de derecho”.

Las declaraciones de Macri “son un alerta en el debate público sobre la seguridad. Frente a la expresión de cualquier tipo de violencia, el Estado debe actuar solamente generando reacciones responsables que no promuevan la resolución de ningún conflicto mediante el uso de más violencia sino que promuevan la paz y el funcionamiento de las instituciones”.

En este sentido, desde la Comisión manifestaron que “es inadmisible que el presidente hable de manera irresponsable sobre una situación tan delicada y desconozca el alcance que pueden tener sus declaraciones. Porque con este proceder contribuye, sin ningún tipo de reparo, a amparar acciones violentas —que son crímenes— como mecanismo para la resolución de conflictos que son fundamentalmente sociales”.

“En su línea argumental, al denominar a quien cometió el delito como ‘ciudadano sano y querido’, Macri relativiza la gravedad del crimen y por lo tanto niega la condición de víctima a quien no sería considerado sujeto de derecho. Sobre la base de esto operan luego las expectativas de administración de justicia. Esto no sólo abona un proceso de estigmatización muy fuerte sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, construyendo un consenso social peligroso y autoritario, sino que además promueve condiciones para un accionar limitado y deficiente de las instituciones del Estado como la justicia”.

“Pero, además, esconde la ausencia del Estado para garantizar el bienestar de las personas. Porque ahí donde hay ‘justicia por mano propia’, simplemente no hay justicia para nadie. Y, cuando no hay Estado ni justicia, la violencia se amplifica en múltiples sentidos”.

“Cada nuevo hecho debe interpelar al Estado, y sobre todo a quienes gobiernan, para que de una vez por todas pongan en marcha políticas de seguridad eficaces que abandonen la demagogia punitiva y la mano dura. Estas políticas han demostrado ser ineficientes para resolver el delito y la violencia. Por el contrario han generado más violencias, conflictos y corrupción”.

La CPM agregó que “estas violencias, que se despliegan entre las personas y el modo en que son abordadas mediáticamente —especialmente por las empresas hegemónicas de la comunicación—, son el síntoma de una desigualdad estructural que pone en evidencia la ausencia del Estado. Cada nuevo hecho debería ser pensado como un reclamo para el fortalecimiento de políticas públicas de inclusión. Pero de ningún modo los funcionarios públicos pueden amplificar procesos de segregación social que sólo abonan la génesis de más violencias”.

“No queremos vivir en una sociedad que enfrenta a unos con otros. La democracia ofrece múltiples caminos hacia el bienestar de todos. Recorrerlos y garantizarlos es la obligación inexcusable del Presidente de la Nación”.

La Coordinadora contra los Tarifazos de Bahía Blanca convocó a la comunidad a movilizarse este viernes a partir de las 19 desde la Plaza Rivadavia en el marco de audiencia pública para evaluar el cuadro tarifario del gas presentado por el gobierno nacional que se realizará en la Usina del Arte porteña.

“La única posibilidad de que el tema del tarifazo pueda derrotarse no está ni en la firma de los jueces, ni en los amparos, sino en el pueblo movilizado y organizado. Hasta ahora el gobierno se ha empantanado de alguna manera desde aquella pretensión de 1700%, luego bajó a 1000, luego a 500 y ahora a 200 y pico, tiene que ver con esta movilización popular en todo el país, en todas las plazas, en todas las ciudades importantes”, dijo a FM De la Calle José Lualdi.

Agregó que en el último encuentro de la Coordinadora “se discutió que no es solo el gas, más allá de que el viernes concretamente la audiencia lo sea, sino la cuestión de todas las tarifas, las que tienen que ver con la energía eléctrica, las que tienen que ver con el agua, por eso insistimos en que la consigna y la bandera principal es ‘unidos contra los tarifazos y el ajuste’ y resolvimos movilizar a las 19 horas del día viernes en la Plaza Rivadavia para lo cual invitamos al conjunto de la ciudadanía a sumarse”.

El objeto de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por orden de la Corte Suprema es considerar el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) y al mismo tiempo las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros resultantes de la Revisión Tarifaria Integral ratificada para una nueva audiencia a convocar en octubre.

Desde Bahía Blanca concurrirán l@s concejal@s Ezequiel Gimeno, Paola Ariente, Matías Italiano y Juan Manuel Martínez Eizaguirre, la titular de la OMIC, Mercedes Patiño y el presidente de APYME, Carlos Ferrari.

Para el intendente Héctor Gay la despenalización del consumo de drogas, planteada recientemente por más de 260 integrantes del Poder Judicial como una política respetuosa de los derechos humanos que termine con “la guerra contra el narcotráfico”, es “un debate interesante pero tiene que ser en un marco mucho más abarcativo” que baje desde Nación y que “no sea extremista”.

En la entrevista realizada este sábado en Enredados*, el jefe comunal se mostró “preocupado” porque “la droga está instalada fuerte y en todos los estratos sociales” y opinó que “la diferencia entre los chicos que están en el sector vulnerable y lo que pasó en El Reino es la calidad y el precio”.

“Justamente en los sectores más vulnerables, que son los más proclives a consumir cualquier cosa y drogas de peor calidad, el resultado son los que tenemos (sic): el aumento en la violencia y la delincuencia tiene que ver con esto”.

“Tenemos que buscar un modelo adecuado a la idiosincrasia argentina pero además que no sea extremista, tenemos la rara virtud de irnos hacia los extremos y la verdad que un sistema solo represivo como se instrumenta en distintos lugares del mundo no va a dar resultado. Ahora, un sistema absolutamente abierto, fijensé el caso de Holanda como ha empezado a retrotraer algunas de las políticas de quizá lo más liberal que había en materia de droga”, dijo.

Gay afirmó que “no hemos avanzado demasiado todavía” y distinguió dos cuestiones de la gestión anterior: “El gobierno nacional nunca reconoció el tema, jamás reconoció que había un problema serio, sí lo reconoció Scioli desde el primer momento, si hizo algo o no es otra cosa”.

Sedronar en Bahía

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El titular de la Sedronar, Roberto Moro, estuvo ayer en la ciudad y fue consultado por la circulación de drogas de laboratorio. “Hubo dos encuentros con todas las ciudades grandes que tienen problemas similares -Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe- donde el consumo de las sintéticas venía siendo un grave problema y se trabajó en protocolos, además con un sistema que estamos implementando de alerta temprana para todas las organizaciones de salud y de las fuerzas que trabajamos en conjunto”.

“Esto ya no es solamente de ciudades grandes, no solo por el hecho que ocurrió aquí en Bahía sino que hemos visto que se va trasladando a ciudades de millones de habitantes a ciudades de menos. (…) Las drogas sintéticas son mucho más difíciles de detectar que las otras drogas, el trabajo que vienen llevando adelante las fuerzas en el control del narcotráfico es interesante, muy fuerte, pero no alcanza solamente con la lucha, en esto tenemos que buscar el equilibrio entre oferta y demanda”, agregó Moro.

Las declaraciones fueron en el marco de la presentación del programa “Municipios en acción” que tiene como objetivo principal promover la inclusión del consumo problemático de drogas en la agenda política municipal, a través del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de Planes Locales sobre Drogas.

La adhesión al programa brindará a los municipios la capacitación a equipos técnicos municipales en la elaboración de diagnósticos y en el diseño de un plan local; herramientas para la implementación de estrategias de Prevención; un Observatorio Local que elabore estudios epidemiológicos y fortalecerá a los actores locales mediante capacitaciones en atención primaria de la salud.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

La diputada nacional por el Frente de Izquierda e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Myriam Bregman, aseguró a FM De la Calle que “Jujuy es el laboratorio en el cual están ensayando lo que quieren hacer en todo el país, es una avanzada en ajuste y represión, con un aditamento que se notó mucho en las denuncias que recibimos que es el rol del Poder Judicial”. Respecto al pedido del gobierno nacional de ser querellante por la desaparición de Julio López opinó que “demasiadas trabas tiene esta causa como para sumarle una más”.

El fin de semana un grupo diverso de organismos de derechos humanos y legisladoras se instalaron en Jujuy para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. “Superó ampliamente nuestras expectativas porque la gente fue llegando todo el día trayendo pruebas de lo que está pasando, de las torturas en comisaría, de las detenciones ilegales, de los allanamientos ilegales. Más allá de que conocíamos la situación no por eso dejó de asombrarnos el estado policial que se está viviendo en la provincia de Jujuy gobernada por Morales de la UCR y el vicegobernador Haquim del Frente Renovador”.

“La verdad es que es una situación muy, muy complicada. Por ahí se conoce más la detención de Milagro Sala y de algunos otros militantes de esa organización pero lo que ocurre en Jujuy excede completamente ese caso, es un ataque en regla a todo el movimiento obrero y popular”.

Bregman afirmó que “Morales asumió e hizo votar un aumento en los números del Tribunal Superior de la provincia. Varios de los diputados que votaron el aumento de los integrantes después de aprobada la norma se dieron vuelta y fueron designados jueces. Y a quien era apoderado de la lista de la UCR en las elecciones lo ponen de fiscal de Estado para que sea el que acusa en nombre del Estado”.

En cuanto a la intención del gobierno nacional de ser querellante en la causa que investiga la desaparición en democracia de Jorge Julio López, de la cual se cumplirán diez años el 18 de septiembre, Bregman aseguró que “es asombroso” porque lo que debería hacer el Estado es asumir su rol de victimario.

“Casualmente hace unos días aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un pre dictamen en el cual se exige que el Estado entregue todos los archivos de inteligencia que cuenta sobre la desaparición de Julio López y nos responde con esto, no entregando la información y cumpliendo el rol que debería tener el gobierno sino nuevamente apostando al encubrimiento. Ya como querellantes estamos todos nosotros”, dijo la diputada y agregó: “Sabemos que las fuerzas de seguridad intervinieron, sabemos que la SIDE intervino pero toda esta información recabada nunca se volcó en la causa”.

En Bahía Blanca predominan los imputados por crímenes de lesa humanidad detenidos (63%) en relación al total de represores en libertad (20%). Respecto del tipo de detención, existe paridad entre la domiciliaria (50%) y los alojados en el servicio penitenciario (48%). Los acusados son 143: 90 detenidos, 3 excarcelados, 25 libres, 3 prófugos y 22 fallecidos.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó un estudio detallado de la situación de las personas imputadas por delitos de lesa humanidad en todo el país que revela que, desde marzo de 2015 a agosto pasado, se registra “una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario”. En ese período la cantidad de quienes accedieron a ese benefició ascendió de 384 a 489.

El informe de la dependencia a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky fue realizado con datos que periódicamente remiten los fiscales federales de todo el país que intervienen en estos procesos. El número global indica que al 1° de agosto pasado -fecha de cierre del trabajo- había en todo el país 1055 detenidos, con una diferencia de apenas 46 entre quienes están detenidos en la cárcel (535) y de aquellos que están presos en su domicilio (489). Ese es “un dato que discute con cualquier manifestación que sugiera que este beneficio se deniega en forma sistemática”, señala el estudio.

En efecto, entre marzo y diciembre de 2015 “aumentó tanto el número de personas con arresto domiciliario como el de detenidos en el servicio penitenciario”. Las cifras “crecían en una distribución pareja, consistente con el aumento del total de imputados detenidos que se dio durante ese periodo”, explica, y sostiene que “esto cambia en 2016, donde la tendencia es a la baja para el total de detenciones y para el número de detenidos en cárceles, pero el arresto domiciliario aumenta”. Aclara que “no puede inferirse que el aumento de un tipo de detención es la consecuencia directa de la baja del otro, pero este cambio se da en un escenario en el que además se dictan menos detenciones o se producen excarcelaciones”.

En esa línea concluye que “el aumento de la cantidad de detenidos en prisión domiciliaria es sostenido desde marzo de 2015, junto con una tendencia a la baja de la cantidad de detenidos en el servicio penitenciario y de los detenidos en general” e indica que “los datos muestran además que en ningún caso se trata de cambios abruptos o representativos de un alto número de imputados”.

Entre los 1055 detenidos, 522 están procesados (casi el 50 por ciento), 509 (48 por ciento) condenados y hay 11 (1 por ciento) absueltos pero procesados en otras causas. El resto, 13, son personas con falta de mérito y sobreseídos con detenciones en otras causas, e indagados y detenidos sobre los que a la fecha de cierre de los datos no se había resuelto su situación procesal.

Si el foco se sitúa sólo sobre el total de 692 condenados al 1° de agosto, las estadísticas muestran que el 73,5 por ciento (509) se encuentra detenido y que el 17 por ciento (116) está en libertad. El restante 9,5 por ciento está integrado por los fallecidos y por un prófugo.

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En tanto, entre los procesados, el 62 por ciento está detenido y el 38 por ciento en libertad. La mayoría de los procesados detenidos está transitando el juicio oral o ya tiene formulada a su respecto la elevación a juicio.

El 16 por ciento de quienes resultaron absueltos en juicio oral se encuentra detenido, pues está procesado con prisión preventiva en otras causas.

La situación en las secciones judiciales

Las cinco secciones judiciales con más alta tasa de detenidos son La Plata (con 118 personas en total que significan un 67,4 por ciento), Corrientes (con 21 y 65,6 por ciento), Resistencia (con 27 y 64,3 por ciento), Bahía Blanca (con 90 detenidos y 62,9 por ciento) y Mendoza (62 y 56,9 por ciento). En la Capital Federal hay 174 detenidos que representan un 50,9 por ciento del total de los imputados de esa jurisdicción.

Reconquista es la sección judicial del país que tiene a todos los detenidos (un total de 6) alojados en dependencias penitenciarias. Jujuy, con 29, suma el 78,4 por ciento; Catamarca, con 3, el 75 por ciento; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 113, el 67,7 por ciento; y Resistencia, con 20, el 74,1 por ciento. La sección judicial de La Plata, que cuenta con el mayor porcentaje de detenidos, registra un 62,6 por ciento de ellos (72) en cárceles.

Por otro lado, si se enfoca la situación en los detenidos con prisión domiciliaria, las secciones judiciales que lideran esa variable, con el 100 por ciento, son Rawson, San Nicolás y Viedma, donde todos los detenidos (4, 2 y 1, respectivamente) están en sus casas. Neuquén tiene 13 detenidos en esa situación que representan un 86,7 por ciento; Salta, 11 y un 84,6 por ciento; Paso de los Libres, 5 y un 83,3 por ciento; y Azul, 28 y un 82,4 por ciento.

(Por ¿Quién te juna?) Históricamente la concepción de mujer madre se ha instaurado en nuestra sociedad. Sumado a ello, la maternidad ha tenido que sufrir varias regulaciones en casi todas las culturas que imponen, cuales son los procedimientos que se deben llevar a cabo durante el proceso del embarazo y cuales deben erradicarse.

A simple vista, esto demuestra la existencia de una relación asimétrica entre la mujer y lxs profesionales de la salud,revelando de esa forma, desigualdades simbólicas y reales que dificultan el libre ejercicio de los derechos básicos que tienen todas las mujeres.

En nuestro país, la violencia obstétrica ha sido legislada. Desde el año 2004, existe la Ley de Parto Humanizado N° 25.929, en la cual se establecen una serie de derechos que tiene la persona por nacer, así como la madre de esx recién nacidx. Por otro lado,  la violencia obstétrica ha sido incluida dentro de la ley de protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres (N° 26.485). Sin embargo los casos no cesan, sino que por el contrario aumentan.

Para la Coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica y miembro de la Organización Las Casildas, Julieta Saulo, esto sucede porque: “es un tipo de violencia que está por demás naturalizada. La gran mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos”. Además, afirma que: “Las mujeres culturalmente hemos sido criadas y educadas para portarnos bien, para ser buenas chicas, para callarnos la boca y no quejarnos. Entonces, esto se ve y mucho, en la escena del parto. Porque estamos insertas dentro de un sistema médico hegemónico, patriarcal y verticalista”.

Asimismo, es notoria la aparición de traumas psicológicos en las mujeres que son violentadas, porque el embarazo y el parto son hechos dentro de la vida sexual y reproductiva fundante de las mujeres, que se ve impregnado por un tipo de violencia que está establecida dentro de los centros de salud. Sostiene Saulo, quien al mismo tiempo agrega: “la mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos, porque mi relato violento resuena con el de mi amiga que también fue violentada, y esto se traduce en: me ataron las piernas, me dieron medicación y no me informaron que me dieron, tuve a mi hijx y se lx llevaron y no lx pude ver. Un montón de situaciones que están por demás naturalizadas y que una siente que están bien”.

De igual manera, Saulo explica que existe un gran desconocimiento de las leyes que contemplan a la violencia obstétrica. Es por ello que, desde Las Casildas invitan a las mujeres a que se informen, generando dispositivos para concientizar sobre ésta temática. Al mismo tiempo, comenta: “El observatorio, cuenta con una encuesta de atención al parto y a la cesárea, que el objetivo justamente es que: las mujeres que han parido dentro del territorio nacional, puedan completarla por cada uno de sus partos o cesáreas, y son varias preguntas que utilizamos nosotrxs para cuantificar ésta problemáticas”, y concluye: “Los datos finales del Observatorio, los vamos a presentar ahora en octubre, en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Las semana pasada terminamos de medir, y ahora estamos haciendo todo el cruzamiento de datos”.

Por otro lado, considera que más allá de la existencia de las leyes que contemplan este tipo de violencia hacia las mujeres, hace falta una visión de género en el sistema de salud actual, al afirmar: “La perspectiva de género es algo a trabajar desde el Estado, desde algo más macro. Me parece súper importante remarcar las leyes que tenemos. Tenemos leyes que deberían cumplirse en todo el territorio nacional, y en muchos casos por desconocimiento no sabemos que poseemos derechos, lxs profesionales de salud tampoco lo saben. Entonces desde el Estado, estaría bueno que se generen campañas de difusión, y por otro lado las organizaciones sociales, en muchos casos vienen a suplir ese bache del Estado y se generan distintas iniciativas”.

En Bahía ninguna mujer está exenta

En la ciudad, son verdaderamente alarmantes los casos. Según Nadia Fernández, perteneciente al Círculo de Mujeres Bahía Blanca sostiene: “Nosotras lo que vemos que hay en Bahía Blanca que refleja la violencia obstétrica, es la enorme cantidad de cesáreas”.

Asimismo, Fernández comenta que una cesárea innecesaria es violencia obstétrica, lo cual en los centros de salud local, se ve y mucho. Al mismo tiempo comenta que: “Salvo en el Penna que ronda el 35%, después el resto de los hospitales de Bahía Blanca en el sector privado todos superan el 80%. Entonces hablamos de un 80% de cesáreas de las cuales, sólo pueden ser necesarias entre un 10 o un 15%, estamos hablando de un 70% de cesáreas innecesarias, que cuadran en violencia obstétrica”. Y concluye: “Lo que se hace es patologizar los embarazaros, y no existe la embarazada sana en Bahía Blanca”.

El Círculo de Mujeres, si bien no cuenta con un espacio físico, puede ser consultado vía Facebook. Nadia Fernández, comenta que en el último tiempo y sobre todo después de la teteada masiva que se hizo a nivel nacional, han recibido más consultas de mujeres que quieren informarse sobre ésta problemática, y de qué manera las afecta. Del mismo modo agrega: “Nosotras nos reunimos de forma no tan organizada. Lo que tratamos de hacer es transmitir información a éstas mujeres que nos solicitan las reuniones. Entonces lo que tratamos de hacer es empoderar a las mujeres para que tengan un embarazo como debe ser, y que no se patologice el 95% de los partos bahienses”.

Sin lugar a dudas, la violencia obstétrica es una de las tantas expresiones misóginas que tiene el patriarcado. Por ello, resulta necesario concientizar sobre ésta problemática, incentivar a la aplicación de un sistema médico con perspectiva de género, para que las mujeres que decidan ser madre, puedan hacerlo con información adecuada y tengan, de esta forma, un parto sano y respetado.

(Imagen perteneciente a la campaña gráfica realizada por la Asociación Civil Las Casildas)

 

Luego del operativo de la justicia federal en el boliche El Reino, el jefe de la Unidad de Salud Mental y Adicciones del Hospital Municipal, Hugo Kern, se refirió en FM De la Calle al consumo de drogas sintéticas y otras sustancias.

La madrugada del domingo fueron detenidos Guido Gentili, Matías Cragno, Javier Selvaggio, Mariano Trellini y Francisco Zalazar, organizadores de una fiesta electrónica y acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína.

A diferencia de las “drogas naturales” que “se producen en el eje sur del mundo y se venden en el norte” las “sintéticas” se producen en laboratorios con bajo costo y son de muy fácil transporte. “Están íntimamente relacionadas con la industria farmacéutica. No es nuevo, es una situación que tenemos desde el año cincuenta y pico, básicamente son muy similares a las sustancias que se usan en el dopaje en el deporte porque están relacionadas con mejorar el estado físico en términos generales para una actividad intensa”, explicó Kern.

El especialista destacó que en nuestra cultura es común la utilización de drogas con fines recreativos: “El uso de alcohol, por ejemplo, está relacionado con la fiesta, prácticamente no hay fiesta en la cual el alcohol no figure, son casos excepcionales si no tiene un lugar central. Es legal pero es una droga”.

Kern opinó que “lo mejor es no consumir ninguna droga” aunque “si eso ocurre las condiciones son varias, no mezclar sustancias, no mezclar drogas y alcohol, mantenerse hidratado, tener consideración de los tiempos que lleva el efecto de la sustancia, en caso de tener síntomas que indiquen problemas relacionados con el consumo o somáticos se debe acudir a la guardia del hospital y lo tienen que recibir porque es el mejor lugar en el que se puede contener a una persona frente a un problema de este tipo”.

“La intoxicación es un problema clínico, no de salud mental, tiene que ser atendido en los sistemas de urgencia. Después viene la parte donde se hace un tratamiento o algún sistema de cambios de comportamiento o de reflexión sobre lo que pasó, es otra cuestión, es lo que tratamos de hacer desde el programa municipal de adicciones”.

Respecto al uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas, Kern comentó “a veces el capitalismo nos muestra su cara más violenta porque lo que pasó en Time Warp es que no hubo dispositivo de cuidado, no hubo acceso al agua y como si todo esto fuera poco se les vendió a los pibes una droga adulterada”.

“Es difícil trabajar con un escenario de prohibición porque no podés trabajar controlando una cosa que tiene que estar prohibida. (…) Hay que apuntar a la reducción del daño, no esperar que esto no pase sino entender que esto ocurre y que la situación no sea más grave o termine de la peor manera como en Time Warp con cinco chicos que fallecieron”, agregó.

“La noche de los bastones largos y la resistencia estudiantil en la UNS” será la consigna de la charla que brindará el profesor Edgardo Fernández Stacco en el marco del 50° aniversario del ataque emblemático de la dictadura de Onganía a la comunidad universitaria. La cita es este miércoles a las 16 en el Aula 1 del Departamento de Economía con invitación del centro de estudiantes.

El magíster en Matemáticas y autor de “Abandono a la contemplación – Apuntes para una historia de la Universidad Nacional del Sur”, se encontraba en Varsovia el 29 de julio de 1966 cuando los uniformados ingresaron a la Universidad de Buenos Aires y apalearon a docentes y estudiantes.

“Nada volvió a ser lo que era, la Facultad de Ciencias y la de Sociales quedaron diezmadas. En Exactas renunciaron 69 de los 73 profesores del Departamento de Física, no quedó nadie. La Clementina -la famosa primer computadora que había comprado Sadosky en el Centro de Cálculo, en el año 60 había empezado a funcionar, renunció todo el personal-, quedó abandonada totalmente”, dijo Stacco a FM De la Calle.

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Relató que “en Bahía Blanca como en todas las universidades del interior hubo manifestaciones, sobre todo de sus estudiantes” dado que el sector docente estaba dando sus primeros pasos hacia la organización gremial. “Hubo algunas manifestaciones de agrupaciones, por ejemplo en Matemáticas, en Humanidades, que se pronunciaron en contra de la acción del gobierno -ya habían intervenido las universidades- lo que se hizo el día anterior de La Noche de los Bastones Largos fue sacar un decreto donde los rectores que habían sido elegidos democráticamente por las asambleas universitarias quedaban a disposición del Poder Ejecutivo”.

El profesor recordó que “los centros de estudiantes habían sido disueltos por decreto pero siguieron funcionando. En Bahía Blanca hubo manifestaciones de todos los que había en ese momento, hubo una reacción, el rector (Aziz Ur) Rahman fue uno de los tres que no renunciaron en todo el país. Ante un comunicado que hubo de los estudiantes del Centro de Económicas se consideró ofendido y suspendió a todos los estudiantes hasta febrero del 67”.

“Un año después tomó una decisión bastante controversial de separar a todos los estudiantes que no tuvieran dos materias rendidas en el último año y dejó sin ciudadanía universitaria a dos mil estudiantes de un golpe. En ese momento la universidad tenía siete mil estudiantes”, agregó.

“Me parece bien que los chicos se preocupen por estas cosas porque en junio, por ejemplo, se cumplieron 98 años de la Reforma Universitaria y yo no vi ninguna manifestación, salvo una que hicimos en un programa radial que tenemos. Dentro de dos años se van a cumplir los primeros cien años y eso fue un cambio fundamental para las universidades, parece que no está internalizado en el cuerpo universitario”.

Fernández Stacco explicó que la dictadura de Onganía propiciaba la “lucha contra el comunismo” que sostenía que las universidades eran el “principal reducto” de dicha militancia. “Muchos de los militares de esa época estudiaban en la Escuela de Panamá y fue la impronta que llegó con el tiempo a los golpes de Estado” en Latinoamérica.

En cuanto al costo que tuvo La Noche de los Bastones Largos para el país, Stacco aseguró que “es imposible de mensurar” aunque rememoró “los años de oro” -1956 a 1966- de las ciencias en la UBA: “Fue una revolución total en matemática, en física, en biología y eso se destruyó totalmente. De Chile, Venezuela, Estados Unidos contrataban no a un profesor destacado -que había muchísimos en esa época- sino de a veinte, a todo el grupo, una cosa totalmente inusitada”.

“En Bahía recién estábamos empezando, teníamos diez años de universidad, todavía no estaba consolidada. Hubo solamente dos renuncias de profesores de historia. Quizás que fue favorecido en el caso de matemáticas porque hubo un par de matrimonios de profesores muy buenos que no quisieron volver a Buenos Aires”, concluyó.

Foto: UNS.

La Corte revocó por unanimidad una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido como medida cautelar los aumentos en la tarifa eléctrica.

Para el Tribunal, carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. La demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el Secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

La Corte dijo que los Diputados presentantes, el Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de dicho Estado carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la presentación del Club Social y Deportivo “12 de octubre”, que también adhirió a la demanda, la Corte dijo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.

Fuente: CIJ.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, tras revocar la sentencia de primera instancia, había hecho lugar a la medida cautelar que suspendió las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad para la provincia de Buenos Aires.

Gils Carbó detalló que se debe prestar especial atención al carácter provisorio de la cautelar, cuyo plazo se limita a tres meses desde su otorgamiento, y a las presentaciones realizadas por otros actores -organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados- en la causa y en distintos expedientes referidos al mismo tema.

La medida la había solicitado un grupo de diputados provinciales por medio de una acción de amparo con la que buscaban declarar la nulidad de las resoluciones mencionadas. Luego, el Defensor del Pueblo provincial, el presidente, vicepresidente y apoderado del Partido Justicialista bonaerense y el presidente del Club Social y Deportivo 12 de Octubre se presentaron como terceros y adhirieron a la demanda.

En relación con este punto, a diferencia de lo formulado por la Cámara platense, Gils Carbó le dio parcialmente la razón al Poder Ejecutivo en cuanto a la legitimación de los actores presentados. El tribunal federal había otorgado alcance colectivo a la medida sobre la legitimación del Defensor del Pueblo. Pero la titular del MPF, con apoyo en la doctrina formulada por la Corte Suprema, precisó que ese organismo provincial “carece de legitimación […] dado que se trata de una acción cuyo objeto es controvertir actos del Estado Nacional”.

No obstante, para la procuradora, el Club Social y Deportivo 12 de Octubre acreditó su carácter de afectado, lo cual “le otorga, prima facie, legitimación para peticionar una protección provisoria” hasta tanto se realicen las medidas ordenatorias del proceso y se decida cuál de los sujetos asumirá en definitiva la calidad de titular de la acción.

Al respecto, el dictamen aclaró que “en esta instancia preliminar y urgente, donde aún no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica y donde todavía el universo de accionantes del sub lite podría ser alterado —ver presentación de la asociación Unión de Usuarios y Consumidores de fojas 567/600—, entiendo que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados por el tribunal a quo a la medida cautelar, dado que lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales”.

En el mismo sentido, la procuradora precisó que “del Registro Público de Procesos Colectivos surge que, con relación al aumento tarifario aquí controvertido, se han iniciado otras acciones por parte de actores de diversa índole: organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados”.

Las resoluciones cuestionadas

El 25 y 27 de enero de 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó las resoluciones 6/2016 y 7/2016, por las que dispuso un incremento de la tarifa de energía eléctrica que deben afrontar los usuarios para acceder a ese servicio básico. Esos incrementos comenzarían a regir a partir del 1 de febrero de este año. A su vez, la resolución 1/2016 dictada por el ENRE determinó los valores de los nuevos cuadros tarifarios de EDENOR SA y EDESUR SA.

Estas medidas, indicó Gils Carbó, “dispusieron un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica […]. De modo similar a lo decidido en el ámbito del servicio básico de gas, se puso en marcha un cambio de un sistema en el cual el Estado asumía un rol central al sostener la generación, distribución e inversión a través de subsidios, a un régimen donde estos conceptos se trasladan sustancialmente, en forma directa, a los usuarios y consumidores”.

Luego, destacó que la parte actora había sostenido que “los hogares que consumen hasta 300 kWh por bimestre deben afrontar aumentos cercanos al quinientos cuarenta por ciento (540%); los que consumen hasta 1.000 kWh, incrementos superiores al setecientos por ciento (700%); y los que consumen más de 1.000 kWh, aumentos de menos del quinientos por ciento (500%) […]. Además, afirmó que los usuarios comerciales e industriales deben afrontar aumentos que rondan entre el seiscientos por ciento (600%) y el setecientos cincuenta por ciento (750%)”.

El dictamen explicó que “a los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el ENRE, quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores”.

De esta manera, la titular del MPF opinó que la resolución de la Cámara de La Plata fue acertada porque “se encuentran reunidos los presupuestos para suspender cautelarmente las mencionadas resoluciones en tanto fueron adoptadas sin la previa celebración de una audiencia pública”.

Derechos constitucionales en juego

Por otra parte, la procuradora señaló que correspondía “efectuar un análisis exhaustivo sobre la configuración de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora atento a que se encuentra en juego el interés general de la sociedad —cuya defensa incumbe a este Ministerio Público Fiscal por mandato constitucional (art. 120, Constitución Nacional)— vinculado a la continuidad y a la accesibilidad al servicio de energía eléctrica”.

Recordó que la Corte Suprema expuso recientemente en el fallo “CEPIS” que “en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. (…) es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.

Luego, puntualizó que en el ámbito del servicio básico de la electricidad, “el derecho constitucional a la información, consulta y participación es implementado por la Ley 24.065 de Energía Eléctrica mediante el mecanismo de audiencias públicas”, que determina que “la audiencia pública es, en definitiva, uno de los mecanismos establecidos a fin de proteger los intereses económicos de los usuarios y consumidores (art. 42, Constitución Nacional). La tutela de esos intereses económicos se encuentra receptada, a su vez, en el deber de fijar tarifas justas y razonables (arts. 2 inc. d, y 40, inc. d, ley 24.065), esto es, que observen los principios de transparencia, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”, tal como también señaló la Corte en “CEPIS”.

Por esto, remarcó que “no puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como “la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las condiciones de existencia”, y “la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda industria lícita, entre otros derechos fundamentales”.

En las circunstancias descriptas, la titular del MPF advirtió que “debe primar el derecho de los usuarios y consumidores a participar en la determinación de la tarifa final, ya sea para recibir información adecuada y veraz sobre los aumentos, como para peticionar que la implementación de una nueva política pública no afecte sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional vinculados a la accesibilidad a un servicio básico”.

Esta tarde se realizará el acto central de la Marcha Federal en Plaza de Mayo donde confluirán las cinco columnas que viajaron desde distintos puntos del país para rechazar los despidos, el tarifazo y el ajuste. Ayer, trabajadoras y trabajadores de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn y de localidades de la región se manifestaron en el centro bahiense.

El secretario de Suteba, Roberto Baradel, llamó a “movilizar fuertemente a las audiencias públicas contra el tarifazo y generar las condiciones para que todas las centrales sindicales convoquemos a un paro nacional que le pueda parar la mano a este gobierno y estas políticas”.

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“Si le va bien al gobierno de Macri nos va mal a todos los trabajadores”, dijo el docente y agregó que “no somos desestabilizadores, los trabajadores somos los que más sufrimos cuando se interrumpe el orden constitucional, sabemos bien cómo defender los derechos de los trabajadores y ahí nos vamos a parar fuertemente”.

Enrique Gandolfo, de Suteba y CTA Bahía Blanca, aseguró que “vamos a la Marcha Federal porque cómo no vamos a ir juntos a una marcha en contra de los tarifazos, en contra de los despidos, en contra de los salarios de hambre”.

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“Vamos como pueblo trabajador movilizado, no como ciudadanos. Como pueblo trabajador que sufre y padece las consecuencias. Algunos de esos tipos que ahora están en el gobierno son ciudadanos también de la Argentina, pero son los que fugan las divisas, que tienen cuentas offshore en Panamá o en las Bahamas, son los tipos que saquean nuestros recursos naturales y las riquezas de este país”.

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Gandolfo destacó que “el asunto es cómo se distribuye” esa riqueza y opinó que “hay más condiciones que nunca para un paro general”. “Los 30 mil compañeros desaparecidos son nuestros compañeros y por eso también luchamos, peleamos y levantamos firmemente las banderas de la lucha contra la explotación y la miseria”, afirmó minutos antes de la audiencia preliminar del cuarto juicio de lesa humanidad de la ciudad.

“Traemos muchas expectativas en unidad diferentes sindicatos y agrupaciones para compartir con los compañeros en Bahía Blanca, luego ir a Mar del Plata y en la Plaza de Mayo tener la claridad de pedir todos juntos al gobierno de Macri de que pare la mano”, dijo a FM De la Calle Santiago Goodman de ATECH.

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Daniel Pérez Guillén de la CTA chubutense opinó que “la industria más importante del país, la automotriz, tiene en todas sus fábricas suspensiones, en las que no hay directamente despidos. Por eso esta marcha que hace conocer las realidades de cada rincón del país donde se está sufriendo no solo el tarifazo sino también que toda las paritarias se cerraron con pérdida respecto a la inflación y al alza de los precios descontrolada”.

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Laura, de Coronel Suárez, contó desde el móvil de la radio que pertenece “a un distrito donde manifestarse o ir a la calle por los reclamos no es común pero estos tiempos que vivimos nos sobrepasan y vemos cómo se va avasallando el derecho a trabajar. (…) Le hemos enseñado a las familias de nuestros chicos que no solo defendemos la escuela pública adentro de la escuela, dando clases, sino también mostrando un modelo de participación y de compromiso con la sociedad que nos rodea y saliendo a reclamar los derechos”.

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Irene Petrezzini, dirigente de Suteba Tres Arroyos, aseguró a FM De la Calle que se sumó a la movilización para “expresar la bronca y el disgusto de gran parte de la sociedad por las consecuencias de las políticas neoliberales que aplica este gobierno”. Desde la seccional Villarino, Nelson Holznann, repudió el “ajuste, específicamente los problemas de la escuela pública” y adelantó que la de esta tarde será “una marcha multitudinaria”.

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La Marcha Federal fue convocada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y cuenta con la participación de la Corriente Federal de la CGT, movimientos sociales, pymes, cooperativas de trabajo, agrupaciones estudiantiles, clubes de barrio y empresas recuperadas.

(Por Pablo Quintana) Ese es el canto que más se escuchó en los últimos días entre los integrantes de las comunidades. Emoción, lágrimas, gritos de pura rebeldía nomás. Así se vivió ayer el momento en el Juez Federal, Guido Otranto, dictaminó el archivo del expediente por carecer independencia en la investigación y estar viciada de nulidad, cerrando así el capítulo de extradición a Chile que pesaba sobre el lonko mapuche, Facundo Jones Huala.

“¡Silencio en la sala!”, debió ordenar el magistrado cuando daba lectura del segundo punto de su dictamen en el que disponía la libertad en el proceso judicial y la gente pareció estallar en gritos. Es que la angustia e incertidumbre había ganado los rincones del salón de Gendarmería pero también los aires que se inspiraban afuera, en medio del humo.

Pero la tarde del primer día de setiembre del 2016 tenía reservada más emociones. Horas después del histórico fallo de Otranto, la justicia provincial decidía también poner punto final a la medida cautelar, morigerada, que implicaba una prisión domiciliaria. Así, alrededor de las 18.30, el líder mapuche, esperado por su gente, se retiraba de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 14 de Esquel. El júbilo fue total.

Lo que dejó la audiencia

Atrás quedaban mucho más que dos jornadas intensas por el debate judicial. Quedaba al desnudo una puesta en escena que no pudo hacer mella en el juez Otranto que falló conforme a derecho. La presión que se ejerció en torno al proceso fueron muchas y en la búsqueda de estigmatizar a Jones Huala y el resto de la comunidad mapuche, parecía un vale todo.

Quizás ese puede ser el punto de partida para entender parte de lo que se terminó por resolver en la tarde de ayer.

Porque además de haber declarado la nulidad del informe presentado el 10 de febrero del 2015 por parte de la División Policial de Investigaciones de Esquel de la Policía de Chubut, que dio origen al proceso judicial que culminó ayer, hubo otras trascendentes decisiones. Durante el proceso quedó sobre relieve que como consecuencia directa de esa acción policial el proceso era nulo de nulidad absoluta y ahora será la misma justicia la que tendrá que investigar los hechos allí exhibidos.

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Por ello, el juez ordenó la extracción del testimonio del joven de Gualjaina para que se investigue los tormentos a los que fue sometido en el momento que declaró ante los uniformados. El joven habló de golpes en la patrulla y luego en la comisaría. Más tarde el oficial principal Pablo Carrizo, que trabaja con la fiscalía que tiene asiento en El Hoyo, hablaría de una entrevista a la que sometió al joven sin la asistencia de un abogado.

El testimonio del muchacho de Gualjaina involucraba a Facundo Jones Huala en una campaña que se habría orquestado en su propia casa y lo vinculaba al incendio de un camión en la zona de Leleque. El joven, sin formación educativa, desocupado, dio una breve pero impactante declaración.

En su alegato, la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta puso énfasis al responder la requisitoria de la fiscal Silvina Avila de impulsar la denuncia por falso testimonio contra el joven que recién en la audiencia denunció los golpes recibidos. “Esta defensa está perpleja, cualquiera que conoce la dinámica de la violencia institucional del que son víctimas nuestros jóvenes, pobres, indígenas, de los barrios periféricos a lo largo y ancho de este país, somos conscientes que en general tienen un amplio temor de decir lo que tienen que decir, porque fiscales como usted no les creen. Porque prefieren creerles a funcionarios policiales que golpean, que llevan adelante entrevistas que de por sí no está prevista en la ley, que no pueden entrevistar a un imputado sin la presencia de un abogado y sin embrago lo hacen. En este sentido, nuestros jóvenes van a seguir ocultando los golpes que reciben”, vociferó la abogada defensora. Y no dudó en señalar que la violencia institucional, con la actitud asumida por la fiscal se seguía cometiendo en la audiencia. El hecho, podría decirse, tuvo su punto final en el momento en que el juez ordenó, por medio de su fallo, que se investigue ese hecho puntualmente.

Pero el magistrado fue más allá, dictaminó también la extracción de testimonio para que se investigue el delito de acción pública que habrían cometido los efectivos policiales: el oficial principal Pablo Carrizo, integrante de la Brigada de Investigaciones del Chubut, y el comisario Víctor Velozo, que supo estar a cargo de la comisaría de El Maitén.

Gómez Alcorta había clamado en su alegato que se estaba ante la posibilidad de brindar una cuota de ética “frente a tanto funcionarios policiales y judiciales que han violado la ley, han vulnerado garantías constitucionales, que se han entrometido ilegalmente en la vida de Facundo, de su familia, de su comunidad”. Y el magistrado actuó en consecuencia.

¿Y todo el circo?

Sólo restaría conocer los costos en los que incurrió el Estado para este proceso. No sólo por lo que implicó la instancia judicial sino por el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional que llegaron desde distintos puntos del país en colectivos, camión hidrante, drones y tanta exhibición mediante.

En la búsqueda de esa estigmatización del mapuche violento no había alcanzado con las versiones periodísticas que vincularon a Jones Huala con el asesinato de carabineros o su autoría en los incendios forestales de la región. Tampoco había alcanzado con la mención del famoso RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, las maquinarias quemadas y los atentados terroristas; sino que en las horas previas al inicio del juicio corrió la bola acerca de la presencia de miembros de “Quebracho”.

Así lo replicaron por redes sociales quienes alentaban teorías de este tipo y quienes replicaban sin la menor idea del grado de veracidad que tenía esa especie. Pronto la fotografía del comercio ubicado en avenida Alvear casi esquina avenida Juan Domingo Perón, con sus vitrinas cubiertas con madera, corrió como reguero de pólvora por las redes sociales.

No sólo que nunca pasó nada, sino que bastaba con ver los protagonistas en cuestión. Niños, ancianos y jóvenes jugando, cantando y bailando deberían haber sido los promotores de semejantes tormentos de miedo. El entorno estaba inundado del humo que desplegaba la fogata encendida en el medio de la plazoleta. Pero también estaba anegado por tanto “newen” que brotaba de la muchedumbre que bailaba en las afuera de Gendarmería.

Nadie quería irse de allí. En el purrun, ese baile comunitario en círculo al ritmo del latido del corazón, parecían palpitar esas almas al unísono. En el fondo, se podía ver a los policías y gendarmes armados hasta los dientes y los drones danzando por los aires.

Fotos: Leandro Antiman

El 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca según anunció este mediodía el Tribunal Oral Subrogante en la audiencia preliminar. Será el tercer tramo de la investigación de los hechos ocurridos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado.

La confirmación depende de que Casación acepte la continuidad del pampeano Marcos Aguerrido como cuarto juez y que este termine su participación en el juicio oral que se desarrolla en Neuquén. “La idea es comenzar el debate la primer quincena de octubre”, afirmó José Mario Triputti. Jorge Ferro y Martín Bava completan el tribunal.

La causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad” comprende a más de treinta imputados de distintas fuerzas acusados por los crímenes padecidos por un centenar de víctimas. El juicio mantendrá su sede en el rectorado de la UNS de Colón 80 y las audiencias se realizarán semana por medio los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9.

Durante el breve encuentro de este jueves, que contó con la participación de jueces, querellantes, fiscales y defensores, se hicieron planteos referidos a la convocatoria de testigos, la presencia de los represores en las audiencias, el uso de las videoconferencias, las detenciones domiciliarias y el supuesto “hacinamiento” en la Unidad Penal 4.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia se opusieron a la propuesta de la defensa del represor Jorge Rojas de convocar a los jefes de Operaciones y Personal del Ejército y los ex militantes Gustavo Plis-Steremberg y Eduardo Anguita. Para el representante del ex titular del Instituto Sanmartiniano bahiense los primeros eran necesarios para explicar el funcionamiento del Ejército y los segundos “la organización y los objetivos del ERP”. Para la Fiscalía son “impertinentes”.

El Ministerio Público también rechazó el pedido del abogado Mauricio Gutiérrez de volver a citar a Pablo Bohoslavsky y Julio y Rubén Ruiz por el Consejo de Guerra que padecieron. Walter Larrea y Mónica Fernández Avello adhirieron desde la querella.

El defensor oficial Gustavo Rodríguez, preocupado por los “dispendios inútiles” del Poder Judicial, pidió no iniciar el debate hasta que todos sus clientes hayan pasado el examen mental obligatorio que “por su edad y estado de salud” podría motivar la suspensión de los procesos en su contra.

Además, exigió que quienes no están detenidos en Bahía Blanca sigan el debate por videoconferencia y sean trasladados a la sede judicial en ambulancia en vez de utilizar el celular del Servicio Penitenciario.

Las videoconferencias fueron cuestionadas por la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por las reiteradas fallas y demoras que presentaron en juicios anteriores. Fernández Avello planteó que los represores participen de las audiencias y que en la medida de lo posible también se concurran personalmente los y las testigos.

Ante las quejas de la defensa por las condiciones de detención y el hacinamiento de acusados y condenados en la Unidad 4 de Villa Floresta el fiscal Palazzani sugirió al tribunal una inspección con la intervención de todas las partes.