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Por el fin de la guerra contra el narco

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Economía, Entrevista, Judiciales, Mundo, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) En el marco de los 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema, la Asociación de Pensamiento Penal (APP) difundió un documento planteando la necesidad de cambiar la “guerra contra el narcotráfico” propiciada por el gobierno por una política que respete los derechos humanos. El texto ya cuenta con el aval de 263 integrantes del Poder Judicial, solo cinco de Bahía Blanca.

El ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, había sido enjuiciado a principios de los ’80 por tener tres porros aunque el máximo tribunal “por primera vez en la historia de nuestra jurisprudencia estableció que los usuarios de drogas no deben ser criminalizados y que se debe respetar su libertad, su autodeterminación, su privacidad”.

Lo destacó Mariano Fusero en diálogo con FM De la Calle y recordó que desde 1989 está vigente la Ley 23.737 que, a contramano de aquel antecedente, penaliza a los usuarios y las usuarias por la tenencia y el consumo de sustancias prohibidas. En 2009, otra composición de la Corte insistió con su inconstitucionalidad mediante el fallo “Arriola” y, a pesar de la presentación de una veintena de proyectos en el Congreso, el debate parlamentario del tema sigue siendo una deuda de la democracia.

La propuesta de la APP incorpora políticas de “reducción de daños, uso medicinal de cannabis, tratamientos no compulsivos, alternativas a encarcelamiento por delitos menores que llevan un gran trabajo y dispendio de recursos de la justicia y una sobrepoblación carcelaria totalmente innecesaria e inhumanitaria como es el tema de las mal llamadas mulas como eslabón débil y prescindible de la cadena de tráfico”.

Aproximadamente el 70% de las causas que tramita la justicia federal persiguen “perejiles” y sólo el 3% apuntan al crimen organizado. “Además tienen dentro de sus tareas la investigación de delitos muy complejos como el secuestro extorsivo, la trata de personas, delitos de corrupción, amenazas de bomba, de determinada magnitud y gravedad a donde deberían ser enfocados sus recursos”, dijo Fusero. Por los propios criterios de la Corte las causas contra usuarios terminan en absoluciones aunque “la persona pasó por todo un proceso de criminalización y estigmatización que es absolutamente innecesario”.

“Me llama mucho la atención cómo se utiliza la retórica, el discurso de la guerra contra las drogas como una forma de buscar un enemigo, un consenso como chivo expiatorio para acusar de todos los males sociales, eso en definitiva sirve para buscar una fortaleza política cuando se demuestra cierta debilidad a nivel local y mundial en la investigación clara de las altas mafias, del narcotráfico”, aseguró el abogado.

Agregó que “narcotráfico cero ni siquiera es una utopía, no existe en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos con los miles y miles de millones que invierte a nivel local o de intervención en otros países para luchar en la guerra contra las drogas. Tiene la frontera más radarizada del mundo, tiene un muro con México como país productor y de rutas principales respecto a Estados Unidos y lleva el 50% del consumo de todas las sustancias que se producen en el mundo. Si esos países fracasaron en el intento de combatir la guerra contra las drogas de una manera bélica, claramente qué nos queda para nosotros. Las estrategias deberían ser otras”.

Por ejemplo las uruguayas. Atento a que el 80% del consumo correspondía a la marihuana el ex presidente Pepe Mujica quitó el monopolio de la producción y la cadena de valor al mercado ilegal de la misma manera que ocurre con otras drogas “mucho más dañinas como el alcohol y el tabaco que no están prohibidas sino reguladas”.

“Si se prohíbe, por ejemplo el alcohol, tenemos la experiencia de la Ley Seca de Estados Unidos. Grandes mafias, población que se envenena con malos alcoholes, que se quedan ciegos por el consumo de alcohol metílico en vez de etílico, los mismos efectos de 1920 con la prohibición totalizante de algunas sustancias actualmente y la creación de narcotráfico, de personas que como pasó en la fiesta electrónica se mueren supuestamente por el corte de alguna pastilla sin saber muy bien qué es lo que estaban consumiendo”, explicó Fusero.

En cuanto a la incidencia del consumo de drogas en el delito opinó que “es el principal prejuicio y preconcepto que fue arraigado en una cultura que data de 70 años atrás. (…) Estadísticamente el alcohol es la droga más criminógena que existe a nivel mundial, en sentido de la potencialidad que tiene de crear algún efecto en cada uno de los individuos que conlleve eventualmente a la comisión de actos lesivos para con terceros. Eso está comprobado científicamente. Consumir cannabis y salir a robar, con los efectos sedativos que tiene, es una incongruencia”.

Fusero cuestionó “el tratamiento que se da a las mujeres en prisión, cuando son personas pobres que cometieron delitos de subsistencia, poniendo en riesgo su salud, siendo extorsionadas y amenazadas por las grandes redes criminales, y terminan con penas de prisión de ocho o diez años y se rompe el vínculo familiar con sus niños. 9 de cada 10 mujeres extranjeras prisionalizadas en las cárceles federales están por delitos de drogas”.

Asimismo, el letrado destacó sobre el uso medicinal del cannabis que “es inhumano a una persona o un niño que tiene 500 crisis epilépticas por día y bajó a una o a ninguna o a muy pocas, negarle la posibilidad de acceso a una sustancia que le está beneficiando claramente su salud, deja de ser una cuestión jurídica, es una cuestión de humanidad”.

Desde Bahía Blanca adhieren a la declaración, en el fuero federal, el fiscal ad hoc José Nebbia -Miguel Ángel Palazzani lo hace como titular de Procuvin), y en el provincial: la jueza de Garantías Susana Calcinelli, el juez Correccional José Luis Ares, la defensora general Graciela Cortázar y el defensor oficial Criminal y Correccional Carlos Carnevale.

1 septiembre, 2016/por FM De la Calle

Mucho palo pa’ que aprendamos

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Economía, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

¿Quién dijo que el gobierno no se preocupa por las consecuencias de su modelo neoliberal? Al menos en el caso de la provincia de Buenos Aires las autoridades ya tomaron medidas para afrontar la conflictividad social que genere el rápido aumento del desempleo y la pobreza. Claro que las respuestas no vienen de las oficinas de políticas sociales sino del Ministerio de Seguridad.

La Dirección de Infantería fue autorizada a brindar una serie de cursos antidisturbios destinados al personal policial que se encuentre en condiciones operativas con la posibilidad de extender la invitación a “a personal de otras dependencias y/o especialidades policiales de este Ministerio; como así también, a personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad de otras provincias”.

Se pretende capacitar al personal en las siguientes disciplinas: “Operador de Armas Policiales Antidisturbios”, “Jefe de Grupos Antidisturbios de Infantería”, “Asistente Pre-Hospitalario en Situaciones Operativas Antidisturbios”, “Acompañante Motorista Antidisturbios de Infantería”, “Conductor Motorista Antidisturbios de Infantería” y “Operadores de Agentes Químicos Policiales”.

“Este Ministerio de Seguridad impulsa una política de capacitación profesional, mediante la instrumentación de programas y acciones de fortalecimiento destinada a mejorar la formación profesional de los cuadros policiales; esa iniciativa propone consolidar una igualdad de oportunidades de acceso a los circuitos formativos para todo el personal que integra las filas de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, argumentan las resoluciones.

Agregaron que “el presente ofrecimiento formativo les suministraría a sus cursantes herramientas indispensables para atender los marcos legales y procedimentales reglados y demandados para el desempeño de su labor”.

Contexto

En un reciente análisis sobre el conflicto social, el titular de la Fisyp, Julio Gambina, advirtió que “el tema de las tarifas de servicios públicos es el conflicto más visible, con cacerolazos y protestas” y también “el impacto social del ajuste, la recesión y la inflación” en el aumento de la pobreza. La respuesta se vio semanas atrás en la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo por Paz, Pan, Trabajo, Techo y Tierra.

“La pobreza es un tema estructural en el país, que en cada ciclo de ajuste consolida nuevos pisos de extensión de la miseria. La pobreza incluye a la población empleada con bajos y precarios salarios, con mayorías de trabajadoras y trabajadores con ingresos por debajo de la canasta necesaria para satisfacer propias necesidades y de sus familias. Un dato elocuente es el 35% de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, una tenencia universal que también se afirma en la Argentina”, dijo Gambina.

El economista destacó que la conflictividad labobral crece tanto en el sector estatal como en el privado, un reflejo será la Marcha Federal que protagonizarán esta semana la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos y el permanente amague de paro nacional de la CGT. Como antecedentes pueden mencionarse la movilización del paro del 29 de abril -“que puso en evidencia la potencialidad de la protesta sindical”- o el rechazo al veto presidencial motorizado por las CTA el 2 de junio.

30 agosto, 2016/por FM De la Calle

Alta inflación y desempleo al alza: estamos mal

Argentina, Economía, Política

(Por Francisco J Cantamutto) Una retahíla de declaraciones de desprecio de Prat Gay que no soportan ni siquiera sus propias cifras. Ajuste social desde la perspectiva acomodada.

El gobierno de Cambiemos se promocionó como “el mejor equipo” de las últimas décadas, pero el solo trascurso del tiempo ha mostrado que se trató más de una arenga para propios que un dato real. Compitiéndole a la impericia política de Aranguren con el tarifazo y la ignorancia supina de Bergman disimulada en una existencia entre las sombras, es probable que Alfonso Prat Gay se lleve los laureles de estos días. Con una falta de tacto que solo puede explicarse por el desprecio de clase y su expresión ideológica neoliberal, el ministro aseguró que la inflación “ya no es un tema”.

Al ministro, parece, se le han escapado las cifras estimadas por un amplio arco de consultoras e institutos, donde todas coinciden en señalar que el total anual de 2016 rondará entre el 43% y el 48%. Nos tenemos que remontar a 1991 para encontrar tasas más altas, es decir, a los estertores de las hiperinflaciones, y superando así el brutal ajuste de 2002. Estas tasas de inflación son de las más altas del mundo. Debemos recordar que en sus promesas de inicio, aseguraron que la inflación rondaría el 25%, con lo que se quedaron en poco más de la mitad de la realidad. Se trata entonces de una deliberada política de engaño o una palmaria incapacidad de prever, analizar y corregir; en cualquier caso, malas cualidades para un funcionario público.

Las mejores paritarias cerraron alrededor de 10 puntos porcentuales por debajo de esos guarismos, por lo que no puede sorprender a nadie que se empiecen a multiplicar los sindicatos que piden reapertura de paritarias. “No sería beneficioso reabrir las paritarias. Hay que reconocer la fuerte baja en la inflación, el poder adquisitivo del salario va a mejorar en el segundo semestre”, respondió el JP Morgan desde el ministerio. Si su declaración es que los salarios van a subir en lo que queda del año, nos declaramos incapaces de reponer el razonamiento que lleva al funcionario a asegurar esto si la inflación no cede, los salarios aumentaron por debajo de los precios y las paritarias no se reabren. Excediéndonos en nuestro rol, podemos oficiar de hermeneutas para la ocasión y sugerir que el ministro no habla de alzas salariales cuando dice “mejorar” sino, al contrario, de caídas consolidadas: será que tal vez también allí habla desde su clase social, y entiende que desplomar el costo salarial significa una mejoría.

Estamos mal… y vamos mal

En esta auténtica catarata de provocaciones, el ministro tampoco dejó pasar el tema candente de la última semana, con la publicación del dato de desempleo oficial. Según el INDEC de Todesca, el 9,3% de la población económicamente activa busca emplearse y no lo consigue. Esta cifra oficial puso contra las cuerdas al autor de la desocupación como “sensación térmica”, que procedió entonces -con el resto del magnífico equipo- a señalar que el problema estaba en las cifras mal relevadas del período previo. La revisión de datos que está haciendo el INDEC es amplia y modifica varias estimaciones que teníamos, en lo que constituye un auténtico vacío estadístico, llenado por aproximaciones de diversa calidad. La falta de estadísticas confiables habilita a que la discusión se base en la pura imaginación.

Pero se conocieron en estos días las cifras del Instituto de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo trabajo está coordinado por funcionarios PRO desde hace años, y para sorpresa pública, quedó en evidencia que el aumento del desempleo ocurrió en este primer semestre de Cambiemos. Según este organismo, el desempleo pasó del ya elevado 8,6% del segundo trimestre de 2015 a un 10,5% en igual período de este año, una suba de casi 2 puntos que representa 60.553 desocupados/as más en un año en esta ciudad. Se trata de un aumento significativo, que algunos institutos encuentran también en otros grandes conglomerados como Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Y lo que es relevante, perfora el techo y vuelve a ubicarse en los dos dígitos, que había sido señalado como horizonte por Cambiemos cuando se dio la discusión sobre la ley Antidespidos: aquel veto era importante, porque se quería (y quiere) avanzar en la lógica disciplinadora de la desocupación.

Ante esto, el ministro Prat Gay no se contuvo y lanzó un nuevo menemismo: “sé que muchos de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino. Sabemos que es un momento difícil pero vamos en el camino correcto. El año que viene vamos a tener el crecimiento que no hubo en cinco años.” Hablando desde el lugar en que estar un año desocupado se puede resolver con rentas, ahorros y ganancias espurias, el ministro es incapaz de comprender que un año en la vida de una persona sin ingresos y sin ocupación es una marca indeleble, y no unas simpáticas vacaciones. El impacto del desempleo en las posibilidades económicas de subsistir y en los ánimos personales es fuerte, real y presente: no alcanza con la promesa de un futuro diferente. Menos cuando las enuncia el mismo responsable que erró en la estimación de inflación, quien niega el desempleo ante las cifras, quien prometió un segundo semestre de reactivación y ahora lo extiende a un ilusorio segundo año.

No hay debate entre consultoras, institutos ni cifras oficiales: la inflación se ha consolidado a un nivel más elevado que el que tenía, la economía acusa recesión y el desempleo creció. Los funcionarios de Cambiemos omiten considerar sus propios datos, niegan la realidad y proponen promesas cada vez más débiles. Esto es tan cierto que el empresariado mundial se lo señaló al gobierno: desde el Consejo de las Américas renovaron su voto de confianza, pero explicaron que no invertirán su capital aquí. Los inversores saben que estamos ante un cóctel explosivo y no piensan arriesgar su dinero. El problema lo tenemos quienes arriesgamos todo aquí donde vivimos.

30 agosto, 2016/por FM De la Calle

El gobierno de Macri: ajuste regresivo, nuevo ciclo de endeudamiento externo y cuantiosas transferencias de ingresos al poder económico

Argentina, Economía, Política

(Por Francisco Cantamutto y Martín Schorr)* La política económica del gobierno de Macri al cabo del primer semestre de gestión estuvo signada por dos orientaciones preponderantes.

Por un lado, un drástico ajuste de la economía, que se expresa en un profundo deterioro del salario real (del orden del 15%) y una feroz ola de despidos y suspensiones. En ese marco, se produce una fenomenal transferencia de ingresos a distintas fracciones del poder económico, como los grandes exportadores, los principales formadores de precios, el sector financiero, las prestatarias de servicios públicos y el oligopolio petrolero. Una estimación de mínima de los recursos internalizados por estas fracciones dominantes la ubica en el orden de los 25 mil millones de dólares. A esto habría que adicionar los cerca de 11 mil millones de dólares que, con la anuencia de la mayoría en el Congreso, el gobierno destinó al pago a los “fondos buitres” que habían litigado en las cortes de Nueva York.

Por otro lado, un ciclo de endeudamiento externo del sector público sumamente acelerado sobre el que valen las siguientes reflexiones: (a) resulta plenamente funcional al poder económico en tanto, entre otras cosas, posibilita la remisión de utilidades y dividendos por parte de las empresas extranjeras radicadas en el país, la fuga de capitales locales al exterior y el pago de intereses (ver el Cuadro 1); (b) genera recursos para afrontar importaciones que, en numerosos rubros industriales, están desplazando producción nacional; (c) viabiliza el despliegue de estrategias de acumulación en torno de la especulación financiera; (d) sirve para financiar gastos corrientes del Estado en un cuadro de déficit de las cuentas públicas asociado, en buena medida, al “sacrificio fiscal” implícito en muchas de las transferencias de ingresos motorizadas hacia las fracciones dominantes, así como a los impactos que el ajuste regresivo acarrea sobre las cuentas públicas; y (e) supone el “regreso triunfal” de los acreedores externos y el capital financiero internacional al núcleo del bloque de poder en la Argentina. Debe tenerse presente que el bajo nivel de endeudamiento en moneda extranjera con agentes privados como punto de partida es clave para que este esquema no estalle inmediatamente. Este saldo, junto a la convalidación de los instrumentos, la jurisprudencia y los tribunales externos, constituye un legado central del kirchnerismo, que ya en 2014 había iniciado una hoja de ruta en una dirección similar.

Cuadro 1. Argentina. Estimación del balance cambiario, I Sem. 2015-I Sem. 2016 (en millones de dólares)

	I Sem. 2015	I Sem. 2016
Cuenta Corriente	-2.146	-8.578
Saldo comercial	1.422	1.025
– Mercancías	5.098	5.774
– Servicios	-3.676	-4.749
Saldo rentas	-3.628	-9.795
– Intereses	-3.521	-8.345
– Utilidades, dividendos y otras rentas	-107	-1.451
Otras transferencias corrientes	59	192
Cuenta Capital y Financiera	4.821	13.126
Inversión directa de no residentes	712	1.290
Inversión de portafolio de no residentes	-33	869
Préstamos financieros	1.622	5.364
Préstamos de organimos internacionales	2.977	2.735
Formación de activos externos del SPNF	-3.046	-5.996
Formación de activos externos del SPF	-282	558
Compra venta de títulos-valores	47	-506
Otras operaciones del sector público	1.375	13.693
Otros movimientos	1.449	-4.881
Variación de reservas internacionales	2.674	4.548

SPNF: Sector privado no financiero; SPF: Sector privado financiero.

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA.

Es en ese marco que hay que encuadrar las perspectivas para el segundo semestre. Al respecto, caben dos comentarios.

En primer lugar, en la medida en que el gobierno no logre o le resulte difícil, como hasta ahora, contener el proceso inflacionario y encauzar la economía en un sendero de crecimiento más o menos sostenido, es de esperar que se empiecen a manifestar disputas cada vez más abiertas al interior de los sectores dominantes en cuanto al rumbo a privilegiar (conflictos que de manera incipiente ya se han presentado). Sobre todo, aunque no sólo, en lo que se refiere al nivel (real) del tipo de cambio y la tasa de interés, así como también al uso a darle a las divisas procedentes del endeudamiento externo y a los cursos a privilegiar en los acuerdos que definen la inserción del país en bloques comerciales (Alianza del Pacífico, Mercosur/Unión Europea, etc.).

En segundo lugar, hay dos factores que atentan de modo considerable contra la capacidad de que crezca la actividad económica. Por una parte, el referido deterioro salarial “plancha” la demanda interna y, por esa vía, sella la suerte de las distintas fracciones del capital cuya acumulación se estructura fundamentalmente alrededor del mercado interno (como la mayoría de las mipymes, aunque también es el caso de muchas grandes firmas). Por otra parte, en el frente externo se verifica un escenario complejo, tanto en lo que se vincula con el tema precios (deterioro en los términos de intercambio), como en materia de cantidades (por caso, a raíz de la crisis brasilera o la desaceleración en el crecimiento de otros importantes socios comercial del país, como China). De modo que la capacidad de crecer vía exportaciones encuentra límites muy precisos. De allí que no resulte casual que al cabo del primer semestre de este año las exportaciones continuaron en declive, lo cual es un claro indicador de que el combo “devaluación-quita (o reducción) de retenciones” que implementó el gobierno de Macri a poco de asumir tuvo por finalidad principal (y como logro exclusivo) motorizar una fabulosa transferencia de ingresos hacia la cúpula exportadora (téngase presente que apenas 50 grandes empresas explican alrededor del 60% de las exportaciones totales del país).

Frente a estos factores internos y externos, todo parece indicar que una de las principales apuestas del gobierno de Macri pasa por utilizar el endeudamiento externo para apalancar obra pública. De todos modos, en lo inmediato es de esperar la profundización o la no reversión del escenario recesivo. Incluso de lograr reactivar la inversión pública, en la medida en que ésta se sostenga en las actuales elevadas tasas de interés, bloqueará la posibilidad de que otros sectores acompañen la expansión. Ante este incremento del costo financiero, las demandas por reducir el costo salarial ya se han hecho explícitas en discursos del presidente, en editoriales de la prensa masiva y en diferentes espacios vinculados al establishment.

De allí que, como suele ocurrir en este tipo de coyunturas, se avizora un escenario de profundización de la concentración económica y la centralización del capital, el afianzamiento de la reprimarización del tejido productivo y el desmantelamiento de una multiplicidad de ramas industriales y, como resultado de ello, un deterioro manifiesto del mercado de trabajo, con todo lo que ello acarrea sobre la dinámica salarial y distributiva.

En consecuencia, a corto plazo se trataría de un horizonte de más recesión económica, disputas al interior de los sectores dominantes y una creciente conflictividad social.

“Publicado originalmente en el Anuario del EDI, disponible en http://rosaluxspba.org/es/taller-a-donde-va-la-economia-del-gobierno-macri/“

* Investigadores CONICET/IDAES (UNSAM).

28 agosto, 2016/por FM De la Calle

Por una ley en defensa de INCOB

Argentina, Bahia Blanca, Economía, Gremiales, Judiciales, Política

La cooperativa del Frigorífico INCOB realizó una conferencia para presentar un proyecto de ley de condonación de deudas originadas durante la gestión del presidente destituido Enrique Garaggiola que hoy ponen en jaque 76 fuentes laborales. Participaron integrantes de organizaciones gremiales, políticas, del Concejo Deliberante y el autor de la iniciativa Guillermo Kane Cáceres.

“Hay que dar una señal política de apoyo a los trabajadores de INCOB condonando estas deudas con ARBA, con AFIP, que la provincia adelante esa plata y sigan las causas judiciales contra Garaggiola como vaciador, contra los funcionarios cómplices y que respondan con su patrimonio”, dijo a FM De la Calle el diputado del FIT-PO.

“La situación es bastante mala, no estamos teniendo la producción que teníamos hace unos meses atrás, poca faena, esta semana hubo un día en que no producimos, eso lleva a que los compañeros vengamos, hagamos reparaciones en la fábrica, tratamos de que la empresa no decaiga y resistiendo lo más que se puede”, dijo Orlando Acosta. María del Carmen Dauphin agregó que en los próximos días viajarán a La Plata a explicar la situación de la empresa en la Legislatura para sumar los votos necesarios para aprobar el proyecto.

“Nos interesa defender los puestos de trabajo”, aseguró Kane Cáceres y denunció que el de INCOB no es un caso aislado de vaciamiento. “Fue una gestión fraudulenta donde uno de los representantes votados por los trabajadores, Garaggiola, en connivencia con funcionarios del Estado que siguen las cuentas y los manejos de la cooperativa tuvo maniobras donde desvió fondos”.

“Esto ha llegado el año pasado a una situación crítica, los propios trabajadores en asamblea han depuesto a las autoridades que estaban realizando estas maniobras y se han ido encontrando con montañas de deudas, por ejemplo 9 millones de pesos con AFIP, deudas con ARBA, con servicios. Están tratando de regularizarlas pero significan una hipoteca a la posibilidad de que la empresa continúe trabajando”, comentó.

El diputado destacó que el problema no es que el frigorífico sea inviable sino la estafa a sus integrantes. “Uno puede pensar que INCOB es una realidad relativamente acotada pero el golpe del tarifazo, de la inflación, de la recesión industrial sobre cualquier cantidad de empresas está replanteando el problema de cómo actuar frente al vaciamiento de las patronales”.

La concejala de Integración Ciudadana Mercedes Insausti afirmó que, tras reunirse con representantes de INCOB, “de todos los bloques salió la iniciativa de hacer un proyecto de resolución apoyando esta ley que en el curso de la semana será elaborado, tratado y votado, estimamos el próximo jueves”.

“En realidad es el apoyo de los ciudadanos al proyecto. Bahía Blanca tiene varios legisladores provinciales, tanto diputados como senadores, también es para que la Municipalidad se encargue de gestionar que esta ley salga y desde el punto de vista de las competencias que tenemos en el Concejo Deliberante entendemos que probablemente existan deudas municipales, que podemos darles una mano, una condonación, un plan de pago, una quita, para proteger los puestos de trabajo”, dijo el edil del FpV Ezequiel Gimeno.

Kane Cáceres recordó que “la gobernadora arrancó su gestión vetando todas las expropiaciones que habían sido votadas por la Legislatura y que tenía sobre la mesa (…) como una señal contra estos procesos de recuperación y de defensa de tratar de rearmar algún negocio privado”.

“El modelo que levanta el macrismo es el de Cresta Roja. Lo que les interesa es si se puede achicar el personal y el salario al punto de que con un nuevo comprador se rearme un negocio a costa de las condiciones laborales. En Cresta Roja los trabajadores tuvieron una reducción de un tercio del salario, varios centenares de ellos no han vuelto a la producción, han perdido la relación laboral de estabilidad, no se los reconoce como trabajadores del plantel y están a la expectativa de si lo contratan o no”, concluyó.

27 agosto, 2016/por FM De la Calle

Bahía-Cerri: casi el 20% tiene problemas de empleo

Bahia Blanca, Economía, Noticias, Política

“Si se suman los porcentajes de personas ocupadas y desocupadas que buscan trabajo o están disponibles para ocuparlo se concluye que 19,8% de la población activa de Bahía Blanca-Cerri (BBC) tiene problemas de empleo. En el total urbano nacional el guarismo alcanza a 28,5%”.

Así lo indica el Boletín de Estadísticas Laborales, una iniciativa del proyecto de investigación “Problemática laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri” financiado con fondos de la UNS y dirigido por el economista Gustavo Burachik, luego de la primera publicación oficial de datos del INDEC de la era Cambiemos.

El documento muestra que “la desocupación en el segundo trimestre del año fue más baja en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri (BBC) que a nivel nacional” y que “la diferencia es explicada íntegramente por la menor oferta laboral (tasa de actividad) bahiense ya que la proporción de personas ocupadas es idéntica”.

“Esta menor presión se origina, casi con seguridad, en el desaliento laboral; la baja probabilidad de conseguir un puesto de trabajo (menor aún, de ocupaciones con cobertura de seguridad social, estabilidad, etc.) desincentiva la búsqueda laboral. Las personas sin ocupación, disponibles para el empleo pero que han desistido de una búsqueda activa son registradas como inactivas”, explica.

Además, el informe destaca que “más de 10% de los ocupados en BBC está buscando activamente cambiar de empleo. Se trata de una forma de desempleo (oculto en la ocupación) ya que los trabajadores que se encuentran en esta situación ejercen presión sobre una demanda laboral que, en el mejor de los casos, está estancada desde hace varios años. Casi la mitad de este conjunto corresponde a los llamados subocupados demandantes, es decir, personas con empleos a tiempo parcial que buscan una mayor ocupación horaria. A su modo, presionan también sobre la demanda laboral los subocupados que, si bien no están buscando activamente más horas de trabajo, están disponibles para aceptarlas”.

Los autores del relevamiento aclararon que el reinicio de la publicación de información laboral recabada por la Encuesta Permanente de Hogares para el segundo trimestre de 2016 “supone la aparición de un vacío de información de dos trimestres y que “el instituto, además, anunció la revisión de los datos publicados hasta el cuarto trimestre de 2015” y desaconsejó su utilización, “lo que equivale a reducir la credibilidad de cualquier comparación hacia atrás de la nueva información publicada”.

24 agosto, 2016/por FM De la Calle

Campos electromagnéticos: “Harían falta más antenas”

Ambiente, Argentina, Bahia Blanca, Economía, Judiciales, Noticias, Política, Salud

La diputada socialista Gabriela Troiano participó de la segunda jornada sobre campos electromagnéticos organizada por Salud Ambiental Bahía Blanca y dijo a FM De la Calle que “harían falta más antenas, con lo cual se necesitaría más inversión. (…) Se puede si tenés la intención de preservar la salud, ahora, si considerás a la salud de las personas como una variable económica más ahí está el problema”.

Troiano impulsa un proyecto de ley para regular la instalación de antenas de telefonía celular, presentado años atrás por el ex diputado santafecino Antonio Riestra (UP), que fue actualizado con “valores establecidos mundialmente”. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente mientras otra sobre la misma temática se debate en Telecomunicaciones.

“Evidentemente hay actores importantes, de peso económico, como son las compañías telefónicas que ya en el gobierno anterior se venían planteando, con las organizaciones Salud Ambiental como con Aletheia por la Vida estuvimos trabajando para tratar de plantear que se modifiquen las soluciones del Ministerio de Salud en cuanto a los límites de las potencias establecidas”, aseguró la legisladora.

Agregó que “eso es lo más importante del proyecto de ley, las potencias de las antenas que están establecidas, reguladas y aceptadas datan del año 88 y ya en 2011 la Organización Mundial de la Salud categorizó a las radiofrecuencias como probables cancerígenas. En virtud de eso muchos países del mundo, fundamentalmente los europeos pero también Chile, han bajado aproximadamente entre cien y mil veces la potencia”.

“El gobierno está impulsando la instalación en los edificios públicos pero el año pasado había una ley de (Mario) Oporto que logramos frenar, que planteaba declarar el lugar de las antenas un espacio de servidumbre pública, o sea, evidentemente se viene agitando, se engaña a la población planteando que uno no quiere que se instalen antenas, que no queremos el progreso, no es así, el tema es la potencia de las antenas”.

La diputada advirtió que el ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad pretende tranquilizar a la población con la colocación de un equipo en la base de la antena para medir las frecuencias. “Las ondas no se quedan quietas y no van en sentido vertical sino horizontal, si vos lo ponés en la base de la antena no es donde va a tener más frecuencia”.

“Si tenés una antena en un edificio -que es lo más común- en el edificio de enfrente a partir del quinto piso es donde vas a encontrar las mayores emisiones o problemas en la gente que se empieza a enfermar. En Francia por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, detectaron que después de diez años de tener wifi la gente se había empezado a enfermar de cáncer, retiraron el wifi e hicieron un sistema de cableado para el trabajo”, finalizó.

24 agosto, 2016/por FM De la Calle

Aún contra el tarifazo y el ajuste

Argentina, Derechos Humanos, Economía, Política

(Por Francisco J. Cantamutto) El fallo de la Corte y sus repercusiones. La lucha contra el tarifazo y el ajuste continúa.

Tal como se refería en este espacio, el fallo de la Corte Suprema de Justicia sorprendió a todos, yendo más lejos de lo que se esperaba. Concretamente, se volvieron atrás los aumentos en las tarifas de gas, alegando vulneración de derechos básicos para una vida digna y criticando en lo procedimental la falta de audiencias públicas.

Sin embargo, el fallo aplica solo a las tarifas de gas -sin implicaciones directas sobre luz, agua y transporte- y para usuarios residenciales, dejando fuera a la mayor parte de los usuarios industriales y comerciales. Y lo que es más importante: no impide un aumento posterior a la audiencia pública, a la que el gobierno ya puso fecha: 16 de septiembre.

El gobierno de Cambiemos, continuando con su impostura democrática, ha intentado mostrarse aceptando el fallo, y sin demoras apurando el llamado a la audiencia pública que, antes del fallo, Aranguren había propuesto para octubre. Tal como se hizo con el transporte en la ciudad de Buenos Aires, se espera que el gobierno utilice este espacio a fines exclusivamente expositivos: repetir sus intenciones para luego validarlas en el Boletín Oficial.

Por ello, ha puesto la audiencia en un día y horario laboral, a realizarse solamente en una oportunidad en la referida ciudad, en un espacio con una capacidad limitada de 400 personas, que deben inscribirse personalmente con antelación. Todo esto atenta contra la participación en general, y en especial, para trabajadores/as y habitantes del interior del país. Pero más aún, no se ha ofrecido información que permita desarrollar un debate con argumentos durante la audiencia. En el propio llamado a audiencia, se excluye incluso del debate el aumento del precio en boca de pozo, sometiendo al público solo la proporción de su traslado a usuarios finales.

El propósito está claro: Cambiemos busca que sea apenas una ronda más de exposición sin argumentos ni respuestas. Tal como el propio ministro Aranguren realizó en ambas Cámaras del Congreso, dejando insatisfechas a todas las personas y organizaciones que esperábamos un dato o una respuesta. La negativa a auditar las empresas prestadoras, de manera de responder cuál ha sido su situación económica y financiera, si ésta se debió al esquema de precios, qué inversiones realizaron durante los pasados años -incluso con los subsidios recibidos a tal fin- y cuál sería el plan de inversiones para los meses y años por venir. Todas dudas que ponen en cuestión la gestión empresarial de los servicios públicos.

En cualquier caso, el fallo representa un escollo para el programa económico del gobierno, que tras más de 9 meses aún no puede fijar los precios que busca consolidar. Esto está causando no pocas fricciones entre el empresariado y al interior del propio gobierno, además de demorar cualquier decisión de inversión que el gobierno esperara recibir. Es por ello que se ha tenido que recostar en la toma sistemática de deuda, con la que piensa financiar un plan de obra pública, con la expectativa de mejorar el humor empresarial. Hasta el momento, han sido ganancias de inmediato plazo, sin capacidad de proyección a corto o mediana duración.

Al no ser vinculante la audiencia, el gobierno puede apostar a esta pantomima. Sin embargo, desde diferentes sectores se está apostando a hacer de ella un hecho político. Diferentes asociaciones de PyMEs (CGERA, APYME) y de defensa al consumidor están promoviendo una “catarata de presentaciones” judiciales, para presionar sobre este poder del Estado. Las Multisectoriales del país han insistido en que el limitado fallo es producto de la movilización y organización, y buscan consolidar esa vía de presión. Está prevista una Marcha Federal partiendo de 4 puntos del país el 31 de agosto, para confluir en una gran manifestación en Plaza de Mayo el 2 de septiembre. Ambas CTA se han puesto a la cabeza de esta marcha, y la Corriente Federal de la CGT ha confirmado su participación, en lo que podría ser un paso de convergencia en la disputa contra el ajuste.

Hasta el momento, la dispersión de la protesta ha sido una ventaja para el gobierno, que sigue firme en su propósito de elevar las tarifas, tal como fuera su promesa de campaña, reiterada ante potenciales inversores en el Foro de Davos a comienzos de año. La incapacidad de aplicar la suba y sostenerla vulnera la promesa de “clima de negocios” y “previsibilidad” hecha a estos socios, significando un retroceso en su programa. No sería el único efecto: al dificultarle reducir las transferencias a las empresas prestadoras, atenta contra el objetivo de reducción del déficit fiscal.

Los escollos para subir tarifas, la no reducción de las transferencias y el déficit se suman a la ya incumplida promesa de resolver la inflación -que se espera que cierre alrededor de 44% este 2016, cuando habían prometido un 25%. La intensidad de la suba de precios ya ha iniciado la presión por reapertura de paritarias, como es el caso del ámbito educativo público. Con el transcurso del tiempo (llevamos ya 8 meses y medio de gobierno de Cambiemos), la apelación a la herencia kirchnerista surte cada vez menos efecto, y por eso vemos al gobierno reposar cada vez más en mecanismos represivos para contener el descontento.

Las luchas contra el ajuste son aún dispersas, pero aún así están haciendo mella en la acción gubernamental, cada vez más carente de respuestas. El fallo de la Corte es apenas un episodio más en esta disputa que excede con mucho el valor de un servicio, para poner a discusión la orientación.

23 agosto, 2016/por FM De la Calle

Por la salud de los pueblos

Ambiente, Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Economía, Educación, Gremiales, Noticias, Política, Salud

Con la organización de Vecinos Autoconvocados por la Salud de Trenque Lauquen se realizó los días 13 y 14 de agosto el 7º Encuentro de Pueblos Fumigados para analizar la problemática del uso masivo de agrotóxicos y transgénicos en el proceso de producción agrícola y hortícola.

“Trenque Lauquen no se reconoce como un pueblo fumigado por tanto ese es el motivo de nuestra lucha, lograr que la gente tome conciencia, que quienes están en este momento en la gestión municipal tomen conciencia que somos un pueblo fumigado con todas las consecuencias terribles y nefastas que eso acarrea y conocer también el estado de otros pueblos y ciudades”, dijo a FM De la Calle Laura Carabelli.

La reunión se produjo días después que el Senado bonaerense diera media sanción a un proyecto de ley que reduce las distancias de exclusión de las fumigaciones aéreas y terrestres y permite fumigar con agrotóxicos cancerígenos como GLIFOSATO y 2,4-D a pocos metros de las áreas pobladas.

“Es importante que toda la gente sepa porque se está haciendo de una manera para que se sancione sin difundirla y sin tener noción del alcance que tiene, qué es lo malo que tiene este proyecto si se transforma en ley. Es totalmente regresivo, va en contra de todos los avances que tenía la ley anterior y disminuye totalmente las distancias que eran de protección”, explicó Carabelli.

La iniciativa permitiría fumigar a diez metros de las escuelas rurales cuando “estamos luchando porque hoy se podría fumigar alrededor de esas escuelas a cien metros y es poquitísimo”. Además, desprotege los lentes de agua, reduce las distancias para fumigación aérea y permite el tránsito de mosquitos por zonas urbanas.

La asambleísta advirtió que tanto los organismos estatales como las cámaras empresariales del sector rural y del agronegocio pretenden establecer regulaciones “fitosanitarias y no venenos, no vienen desde la salud, la producción, el cuidado del ambiente”. Por ello pretenden exigir la realización de audiencias públicas, estudios de impacto ambiental y la declaración de la emergencia ambiental en la provincia de Buenos Aires.

“Se ha reforzado la idea de las buenas prácticas agrícolas y esto es una cosa que no existe, no hay posibilidad de manejar el clima, por lo tanto las derivas son inmanejables. Constantemente se está hablando de las derivas primarias y nadie tiene en cuenta las secundarias y terciarias que son las que se producen en la tardecita del día fumigado, hay un desconocimiento científico que está manejado y ocultado por una cuestión muy clara que son los intereses económicos en juego y este gobierno creemos que los va a profundizar de manera terrible y este proyecto de ley lo demuestra”.

Las asambleas ambientales reunidas en Trenque Lauquen decidieron impulsar una campaña contra la ley “para el cáncer y el agronegocio” y demandaron a la legislatura bonaerense que privilegie los derechos a la salud y la vida y subordine a los intereses del agronegocio rechazando esta iniciativa en forma total. Para adherir al reclamo puede firmarse este petitorio online.

Red agroecológica

Durante el encuentro se propuso la coordinación de una red de producción agroecológica para divulgar lo que se está haciendo y “para que la gente empiece a sentir que tiene que comer sano y que comer sano es posible. Hay todo un manejo importante de la información que la gente no sabe que compre lo que compre tiene lecitina de soja transgénica”.

Para Carabelli se trata de “contagiar esta necesidad de información a partir de tomar conciencia de qué comemos” y destacar en “qué lugares de la provincia están haciendo emprendimiento agroecológicos reales, en producción de quesos, trigo agroecológico, frutas sin uso de agrotóxicos y donde se respeta lo necesario para que sea un alimento sano. Difundámoslo, empecemos a saber conectarnos, viabilizar el transporte, que lleguen a Trenque Lauquen y entre nuestros propios vecinos que nos conocen, saben por qué estamos en esto y que somos serios, armemos una red que funcione ya y que sirva como campaña de difusión”.

23 agosto, 2016/por FM De la Calle

Las CTA movilizarán ante la audiencia pública

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Economía, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores celebraron el fallo de la Corte contra el tarifazo como “fruto de la lucha que se viene llevando adelante contra los brutales aumentos en los servicios de gas y luz determinados por el gobierno de Mauricio Macri, permitiendo que la justicia escuche los reclamos y actúe en favor del pueblo”.

“Creemos pertinente seguir con más acciones para exigir que las audiencias públicas sean vinculantes y que resulten de manera favorable a todos los usuarios que alcanza esta medida, como así también, para que este freno en los tarifazos se extienda a las pymes, clubes, teatros, entre otros que, en este escenario, han quedado totalmente desamparados”, manifestaron.

Pablo Micheli y Hugo Yasky advirtieron que no están “dispuestos a acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el gobierno nacional favorece a grandes empresas y sectores concentrados de la economía”.

En ese marco, las centrales convocaron a realizar movilizaciones en todo el país para que el próximo 12 de septiembre, cuando el gobierno realice la audiencia, se sienta “una vez más el clamor del pueblo al calor de la lucha”.

20 agosto, 2016/por FM De la Calle

La Corte falló contra el tarifazo

Argentina, Bahia Blanca, Economía, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

El máximo tribunal, por unanimidad, resolvió que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio, confirmó la sentencia apelada en cuanto declara la nulidad de las resoluciones cuestionadas y aclaró que la decisión se circunscribe al colectivo de usuarios y usuarias residenciales. Dichas tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento.

La Corte mantuvo la tarifa social y puso en conocimiento del Congreso la necesidad de dar cobertura al cargo de titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Asimismo, sus integrantes recordaron a los tribunales el riguroso cumplimiento de la acordada sobre procesos colectivos.

El Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM) con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los usuarios, y que en forma cautelar se suspendiese la aplicación del nuevo “cuadro tarifario” previsto por la Resolución MINEM 28/2016, hasta tanto se diera efectiva participación a la ciudadanía.

La clase afectada estaría conformada por “todo aquel usuario del servicio de gas, quien no contó con la posibilidad de que sus intereses sean representados con carácter previo al aumento tarifario”.

Con posterioridad, Carlos Mario Aloisi adhirió a la demanda. También la Asociación Consumidores Argentinos Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores (Consumidores Argentinos) se presentó, cuestionando no solo la Resolución MINEM 28/2016, sino también la Resolución MINEM 31/2016. Asimismo, acudieron varias cámaras de comercio e industria, concejales, diputados, senadores e intendentes, cuya comparecencia se tuvo presente.

El juez de Primera Instancia dispuso dar publicidad a la iniciación del amparo colectivo en el Centro de Información Judicial y procedió a la inscripción del proceso en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego rechazó la acción interpuesta.

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso, en primer lugar, acumular a la presente todas las acciones colectivas que correspondiesen, conforme a lo dispuesto en las Acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales cuestionadas y decidió retrotraer la situación tarifaria a la existente con anterioridad al dictado de las normas privadas de validez con efectos generales para todos los usuarios y para todo el país.

La Corte Suprema considera que el caso debe ser analizado porque está en juego la interpretación de la Constitución Nacional, y existe trascendencia institucional porque el conflicto ha generado una litigación de características excepcionales que compromete principios básicos del debido proceso constitucional en la tutela de los derechos de los usuarios y del Estado Nacional.

Audiencia pública previa a la decisión de aumento de tarifas:
La audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas.
El fundamento es el artículo 42 de la Constitución que prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos, la democracia republicana, el derecho a la información y la ley 24076 aplicable al caso.
La información, debate y decisión fundada son partes del proceso de la decisión que se adopta en el momento.
Por esta razón no es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2016, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia.

Contenido de la Audiencia en relación a la tarifa
La audiencia siempre se debe hacer para el transporte y distribución de gas, porque son fijados monopólicamente (ley 24.076 y cc).
Es distinto el caso de Precio de ingreso al sistema de transporte del gas (Pist), porque hay una evolución en el tema:
La leyes 17.319 y 24.076, y sus reglamentaciones, establecieron que la producción y comercialización de gas es efectivamente una actividad económicamente desregulada y no fue calificada como servicio público
Desde el dictado de la Ley de Emergencia 25.561 en enero del año 2002, el precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención estatal, mientras que su importación, la ampliación de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban dichos servicios fueron financiados, fundamentalmente, con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales de crédito, aportes específicos de determinados sujetos del sector y subsidios del Estado Nacional. Específicamente a partir del Decreto 181/2004, el Poder Ejecutivo intervino en su fijación, dejando de lado al mercado.
En consecuencia, es razonable que, hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública.
Es decir: en la situación actual el Estado intervino fuertemente en la fijación del Pist y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado. A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la ley 24078.
La propia conducta del Estado actúa como una condición suspensiva de la aplicación de la norma originaria.

Protección de l@s consumidor@s y usuari@s
En el artículo 42 de la Constitución se han reconocido las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas.
Por ello hay una protección enfocada en la calidad de bienes y servicios, preservación de la salud y seguridad; información adecuada y veraz; libertad de elección; y condiciones de trato equitativo y digno y también derechos de participación, como el derecho reconocido en cabeza de los usuarios, con particular referencia al control en materia de servicios públicos.

División de Poderes y Funciones
Poder Ejecutivo: La fijación de tarifas es una facultad del Poder Ejecutivo (Precedentes de la CS. Fallos 184:306, 322:3008 y “Establecimiento Liniers S.A.”, fallada el 11 de junio de 2013) y la implementación de la política energética
Poder Legislativo: le corresponde la determinación del marco regulatorio general de la materia y las facultades tributarias.
Poder Judicial: El Poder Judicial debe controlar si las tarifas se ajustan a la Constitución y la ley y su razonabilidad. No debe sustituir al legislador, ni definir la política política energética. No puede fijar porcentajes de tarifas, ni dictar sentencias con efectos generales sin determinar previamente una categoría de afectados que sea homogénea (precedente Halabi).
El Tribunal señala que se han dictado sentencias vinculadas con la magnitud del aumento tarifario, sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera igual a situaciones heterogéneas, apartándose de la jurisprudencia de la Corte, que debe ser respetada.

¿Por qué se limita la sentencia a los usuari@s residenciales?
La Cámara dictó una sentencia con efectos generales para todo tipo de usuarios y para todo el país. No se los citó previamente, y no se hacen distinciones según sean residenciales, comerciales, industriales, o según diferentes tipos de ingresos económicos, o regiones.
La Corte Suprema ha definido el proceso colectivo en diversos precedentes (“Halabi”) y ha dicho claramente que deben existir intereses individuales homogéneos.
Es decir, debe haber una causa común (en el caso la falta de audiencia), pero no hay homogeneidad.
Este es un elemento muy importante. Está en juego la libertad de las personas en cuanto a la disposición de su patrimonio.
En el caso, el único grupo homogéneo que reúne los elementos definidos en “Halabi” es el de los usuarios residenciales (conforme decreto 225/92 ─Anexo “B”, Subanexo II─, decreto 181/2004 y resolución ENARGAS 409/2008). Se trata de los ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva.
Por esta razón, la sentencia de la Corte únicamente tiene efectos respecto de ese colectivo.
Las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente año en relación a la tarifa social y a la protección de los sectores más vulnerables se mantienen.
La sentencia, en ningún caso puede arrojar como resultado sumas mayores a las que dichos actores hubiesen debido abonar por estricta aplicación del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).

AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL DR MAQUEDA
La audiencia pública tiene raigambre constitucional. Es un derecho ciudadano reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional que se sustenta en los principios de la democracia participativa y republicana.
Todos los usuarios y consumidores –sin distinción de categorías- deben formar parte de la audiencia pública, que debe realizarse en forma previa a la toma de decisiones en materia tarifaria.

Dicho mecanismo de participación ciudadana debe llevarse a cabo respecto de todos los tramos que componen la tarifa final del servicio público de gas: precio en boca de pozo, transporte y distribución.

En el día de la fecha, el Doctor Maqueda en su voto declaró la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que fijaron el nuevo esquema de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, y un nuevo cuadro tarifario del servicio. (Causa FLP 8399/2016).
La nulidad de las resoluciones 28/16 y 31/16 se fundó en que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación no cumplió con la obligación de llevar a cabo audiencias públicas.

Sostuvo, en primer término, que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce a la participación pública como un derecho que la ciudadanía puede ejercer directamente, sin perjuicio de que el Congreso establezca la forma en que este derecho debe llevarse a cabo en cada caso.

Afirmó que -específicamente en materia tarifaria- la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida, porque la Constitución garantiza la participación ciudadana previa en instancias públicas de discusión y debate, y ese aporte debe ser ponderado por el Poder Ejecutivo cuando fija el precio del servicio.

Este derecho de participación reconocido a los usuarios en el caso del servicio de gas se estructuró en 1992 en su ley regulatoria mediante el mecanismo de audiencias públicas. Resaltó que para que este derecho no sea ilusorio, deben cumplirse las siguientes condiciones.

En primer término, todos los usuarios tienen derecho a recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial en forma previa a la realización de las audiencias. La segunda condición está dada por la celebración de este espacio de deliberación entre todos los sectores interesados, con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones. Por último, este derecho debe ser valorado en el momento en el que el Poder Ejecutivo toma la decisión. De otro modo, todas las etapas anteriores constituirían puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente, en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones y argumentaciones que se expusieron en la audiencia.

En este marco constitucional y legal, afirmó que el Poder Ejecutivo no podía sostener válidamente que no era exigible la realización de audiencia pública antes del dictado de las resoluciones impugnadas por tratarse la producción y comercialización de este recurso de una actividad desregulada, es decir, una actividad cuyo precio era fijado por el libre juego de la oferta y la demanda.

En efecto, explicó que este argumento no es valedero, porque a partir de 2004, el precio del gas pasó a ser fijado por el Estado del mismo modo en que fija las tarifas. Así, respecto de precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, o precio a boca de pozo), estableció que mientras el Estado siga fijando el precio, corresponderá también llevar a cabo obligatoriamente las audiencias públicas.

Agregó que tampoco puede considerarse el argumento según el cual se trata de una tarifa transitoria, porque más allá de la permanencia temporal del régimen, lo cierto es que implica un aumento que puede llegar a quintuplicar la tarifa de gas que paga el usuario, y que en caso de que tal aumento no pueda ser afrontado, podría ser privado del servicio. En tales condiciones, resulta intrascendente que se trate o no de un régimen transitorio.

Seguidamente, reiteró que la potestad tarifaria de los servicios públicos es del Poder Ejecutivo y tiene por objeto asegurar su prestación en condiciones regulares y la protección del usuario.
Asimismo, también recordó que la interpretación de las normas, que incumbe a los jueces, no llega hasta la facultad de instituir la ley misma ni a suplir al Poder Ejecutivo en la decisión e implementación de la política energética. La misión más delicada de los jueces es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción.

Puso de manifiesto cómo había sido la política tarifaria en materia de gas en los últimos 14 años, para concluir que era necesario fijar criterios para una política tarifaria razonable respecto a servicios públicos esenciales.

A tal efecto recordó que las actividades o servicios esenciales para la sociedad, eran aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación.

Destacó que, según informó el Estado, la política energética implementada a partir del año 2002 tuvo como consecuencia la pérdida del autoabastecimiento, el aumento del gasto público, importaciones por parte del Estado Nacional, déficit de la balanza comercial, consumo de los “stocks” de recursos y capacidad disponibles, escasez del gas, deterioro de las infraestructuras de transporte y distribución y falta de inversiones en el desarrollo de sus redes.

Consideró que dicha situación imponía al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia.

Sostuvo que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, una verdadera conmoción social provocada por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevado monto, pueda calificarse de “confiscatoria” de los ingresos de un grupo familiar.
Resolvió aplicar esta decisión a los usuarios residenciales de gas que constituyen un colectivo uniforme que cuestiona las resoluciones señaladas y que no podría demandar individualmente en razón de los costos que tal litigio implicaría para cada uno de ellos.

Respecto de la vigencia de la tarifa social para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, el voto puso de manifiesto que la aplicación del más elemental sentido de justicia implica que la tarifa final que se aplique a esos sectores como consecuencia de este fallo nunca podría implicar el pago de una suma mayor a lo que hubiesen debido pagar por aplicación de la tarifa social correspondiente al cuadro tarifario discutido en la causa.

En conclusión, las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo violentan el derecho a la participación de los usuarios, bajo la forma de audiencia pública previa, en el proceso de revisión de tarifas.

18 agosto, 2016/por FM De la Calle

Tras la conciliación, paro en los cables

Argentina, Bahia Blanca, Economía, Gremiales, Noticias, Política

Ante el fracaso de las negociaciones para acordar con la cámara empresaria de la televisión por cable un aumento salarial acorde a lo solicitado, el SATSAID realiza un paro este jueves. Intentan “evitar, frente la escalada de aumentos de precios, la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de los trabajadores de televisión de todo el país”.

Una medida similar acordada por las autoridades sindicales el 13 de julio había sido suspendida por la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo que finalizó anoche.

Mientras tanto, se realizaron “numerosas y extendidas audiencias (…) sin obtener hasta aquí un resultado satisfactorio y suficiente al objetivo salarial planteado, producto de la irresponsable e insensible actitud del sector empresario que sin ninguna razón se mantiene intransigente en una posición especulativa que juega con la necesidad de los trabajadores y ante la obligación de esta organización sindical de defender la íntegramente el carácter alimentario del salario”.

El consejo directivo del SATSAID ratificó el pedido del 42% de aumento más una suma por única vez de $11.500 y convocó a las trabajadoras y los trabajadores de televisión de las empresas de circuitos cerrados de televisión, beneficiarios del Convenio Colectivo de Trabajo 223/75 a parar hasta las 24 de hoy con permanencia en los puestos de trabajo.

Foto: Alejandro Alonso.

18 agosto, 2016/por FM De la Calle

Habrá paro de CTERA el 24

Argentina, Bahia Blanca, Economía, Educación, Noticias, Política

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolvió convocar a un paro nacional docente el próximo miércoles 24 de agosto y participar activamente de la Marcha Federal -entre el 31 y el 2 de septiembre- convocada por la CTA y otras organizaciones sindicales y sociales con huelgas, movilizaciones y jornada provincial de protesta.

El gremio realizará además una Jornada Nacional contra la Impunidad el 21 de septiembre por la continuidad de la Causa Fuentealba II y apuntará a fortalecer las luchas provinciales ante la negativa de los gobiernos a no reabrir las paritarias.

La CTERA reclama reapertura de la Paritaria Nacional, aumento salarial, cumplimiento de los Acuerdos Paritarios, continuidad de los Programas Nacionales Socioeducativos, un aumento del 10% del PBI para Educación y rechaza el Impuesto a las Ganancias y cualquier intento de modificación de la jubilación.

En tanto, el plenario de SUTEBA resolvió que de no haber respuesta por parte del gobierno provincial, se realizará, en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense, la profundización del plan de acción con 48 horas de paro.

Amenazas y repudios

La seccional local de SUTEBA difundió ayer un comunicado a la docencia y la opinión pública para informar que pasado el mediodía “llegó un mail a la dirección de correo electrónico de la seccional Quilmes con amenazas que decían que por la tarde iban a tirar gas tóxico en la seccional. El hecho se repitió en Berazategui y luego en Bahía Blanca, y según parece también en otras seccionales. Es muy grave que esto esté pasando, en un contexto en el que crece el hambre y la desocupación y el gobierno ratifica el ajuste y la represión, como ocurrió este fin de semana en La Plata y hoy día en Puente Pueyrredón, además de las amenazas a abogada de derechos humanos en Tucumán”.

“Es también un ataque a la organización sindical de los docentes, que estamos llevando adelante un plan de lucha. Repudiamos estas amenazas, hacemos responsables al gobierno por la integridad física de las y los compañeros amenazados, y exigimos inmediato esclarecimiento de los mismos. Nuestra entera solidaridad con las y los docentes y sus organizaciones sindicales, que han sido intimidadas por estas prácticas que nos retrotraen al accionar de las bandas paramilitares de los años 70”.

Desde ADUNS repudiaron “este tipo de actitudes arteras, cobardes y anónimas que no por casualidad aparecen en escena cuando está abierto un proceso de lucha y resistencia contra el ajuste que venimos soportando los habitantes de este país producido por el alza de los productos de la canasta familiar, los tarifazos, los despidos, la depreciación de nuestros salarios y la violencia institucional, simbólica o concreta, ejercida desde el Estado”.

La Corriente Comunista David “Watu” Cilleruelo se puso “a entera disposición de las compañeras y compañeros de Suteba, quiénes han sufrido acciones impropias en un sistema democrático y mucho más parecidas a épocas nefastas, recibiendo amenazas por luchar. El ajuste feroz viene de la mano de la represión, lamentablemente ya es un hecho. Estos intentos patoteriles cobardes, deben encontrar una única respuesta, redoblar nuestras luchas y continuar fortaleciendo las organizaciones y la unidad de las y los agredidos por estas políticas nefastas”.

“La Asociación de profesionales del HIG Penna repudia todo tipo de amenazas y acto de violencia y se solidariza con los compañeros docentes con quienes caminamos juntos desde hace 5 años en defensa de la salud y educación pública. la violencia en todas sus formas solo genera más violencia y demuestra la intolerancia y mediocridad de pensamiento de quien la ejerce”, manifestaron los médicos y las médicas del hospital provincial.

17 agosto, 2016/por FM De la Calle

Estanflación neoliberal

Ambiente, Economía, Política

(Por Francisco J Cantamutto) Se acumula la evidencia, y toda apunta en un mismo sentido: el gobierno de Cambiemos paralizó la actividad e incrementó la inflación.

La economía argentina venía de casi un lustro de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria, acumulando contradicciones y problemas, pero sin estallar en una crisis de magnitud comparable a cualquiera de los episodios que nuestro país vivió antes. El traspaso de mando no se dio en el medio de una híper o después de una recesión de 4 años, con devaluación mediante. No hubo un estallido social, ni una crisis institucional que obligara a pases de mando fuera del control popular. Nada de esto: había, sí, inconsistencias, contradicciones, problemas, algunos de los cuales Macri y su fuerza política utilizaron para hacer campaña, criticando, pero evitando explicar cómo las superarían, y el motivo es simple: porque su salida era antipopular.

Quizás incluso antes de asumir -por las declaraciones públicas de sus referentes- Cambiemos provocó una intensificación de los aspectos más dañinos que mostraba hasta entonces la economía nacional. Las devaluaciones de diciembre y febrero, la quita de retenciones y los aumentos de tarifas fueron los principales motivos por los que la inflación se incrementó, saltando a un nuevo ritmo, mucho más cruento: de un ya alto 26,5% de 2015, este año se espera terminar con casi el doble, entre el 43,9% y el 45,4% -según estimaciones del valioso informe de CIFRA de CTA. Vale recalcar que ninguna paritaria de este año se aproximó a ese número, cerrando todas diez puntos por debajo o aún menos, lo que tira por tierra el argumento de los salarios como factor explicativo de la inflación. De hecho, según ese mismo instituto, el salario real promedio ha caído un 12,1% desde diciembre de 2015 a julio del corriente.

Al mismo tiempo, este paquete de medidas ha provocado la virtual parálisis de la economía. El desplome de la demana interna ha impactado en diversos sectores: la CAME -que agrupa pequeñas y medianas empresas- señala una caída del 6,4% de sus ventas respecto de igual semestre del año previo, mientras que las de los supermercados acumulan un 30% de caída desde diciembre. Vale señalar que este menor consumo interno no está siendo compensado por otros componentes de la demanda. Con el mundo y nuestros socios comerciales en crisis, las exportaciones totales han caído un 3% respecto del año pasado. La incapacidad de sostener de manera clara algunas políticas (tarifazo) y el incentivo a la actividad especulativa financiera, han provocado que la inversión muestre un retroceso superior al 4%. Por estos motivos, todas las estimaciones coinciden en que 2016 cerrará en recesión, con una contracción de al menos el 1% del producto total.

La crisis y el incremento de la inflación han provocado un nuevo escenario llamativo, conocido como de estanflación (estancamiento con inflación), que merece al menos dos comentarios.

El primero es que este escenario se hace evidente con el nuevo gobierno, que entonces debe esforzarse todos los días para convencer al pueblo que es en realidad responsabilidad del gobierno anterior. Hablando de inercia y de herencia pretenden descargar el resultado de sus políticas sobre lo hecho previamente, con un discurso cargado de fatalismo: “no se podía hacer otra cosa”. Pero este discurso tiene límites, entre los que está la memoria colectiva, donde no se puede fabricar un colapso que no pre-existió, sino que vino después. No pocos votantes de Cambiemos entendieron que era un problema de tiempos, que era necesario esperar para que el nuevo gobierno tomara las riendas de la economía, pero tras 8 meses empieza a quedar claro que no se trata de un error de cálculo sino una política deliberada.

El segundo comentario es que el fenómeno de estanflación apareció en el debate internacional asociado a las políticas del Estado de Bienestar, que con cierto halo keynesismo impulsaban la demanda agregada a través del gasto público. Se trata de un concepto que el monetarismo utilizó para criticar políticas que asociaba a lo que entendían como populismo, reduciendo el concepto al simple gasto por encima de las posibilidades productivas. Esto está implícito en las declaraciones de diversos ministros con y sin cartera sobre que “no era normal” que trabajadores y trabajadoras tuvieran vacaciones, autos, o incluso celulares.

Pero vale la pena remarcar que este tipo de política de ajuste no es nueva. Con contextos diferentes, las políticas actuales guardan parecidos con el paquete de medidas aplicado por el ministro Krieger Vasena durante el gobierno de Onganía o las del famoso Celestino Rodrigo en el gobierno de Isabel Martínez de Perón. En ambos casos, devaluación, aumento de tarifas y de tasas de interés pretendían impulsar una mejora de la rentabilidad de ciertos sectores, y resolver la inflación generada mediante la apertura de la economía, tal como el actual gobierno busca realizar. En ambos casos se generó recesión e inflación, y ninguno de esos ministros puede asociarse a modelos redistributivos progresivos. La recesión no es necesariamente un objetivo de las políticas, sino un costo que están dispuestos a pagar para ordenar la economía según sus preferencias e intereses.

Vale también resaltar que el límite, en ambos casos, estuvo marcado por la resistencia popular a aceptar semejantes programas. Hasta el momento, ni el famoso “segundo semestre” muestra señales de mejoría, y esto empieza a mostrar recelos y presiones entre las fuerzas que componen el gobierno. Lentamente, a nivel social se han mostrado múltiples iniciativas de resistencia al ajuste: multisectoriales contra el ajuste en todo el país, movilizaciones de trabajadores/as de la economía social y popular, protestas sindicales aún dispersas. Llevará aún cierto tiempo para que estas resistencias tengan alguna forma de representación política, pero no cabe duda que el pueblo está marcando el límite a este ajuste neoliberal que hasta el momento sólo muestra como resultados más recesión y más inflación.

14 agosto, 2016/por FM De la Calle

“Están desalojando chacareros”

Ambiente, Argentina, Bahia Blanca, Economía, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

Lo dijo a FM De la Calle el titular de la Federación Agraria local Joaquín Fortunati. El viernes pasado un productor de la zona de Darregueira fue expulsado de su campo por no poder afrontar el pago de las deudas con la banca oficial. “No nos da la cabeza para soñar” con lo que se mostró en la Exposición de la Sociedad Rural, agregó.

La Federación Agraria Argentina denunció el agravamiento de la situación de pequeños y medianos productores, con tamberos, porcicultores y economías regionales padeciendo los problemas más urgentes y advirtió que de no obtener respuestas realizará movilizaciones en las economías regionales. A fin de mes presentarán en el Congreso propuestas de políticas públicas diferenciadas.

En cuanto a los precios de sus producciones, Fortunati afirmó que, por ejemplo, “el kilo de cerdo vivo a un productor de nuestra zona se le está pagando entre 13 y 14 pesos y el litro de leche a 3 pesos, seguimos siendo los convidados de piedra”. “En algunas regiones la leche es un artículo de lujo porque la política argentina ha beneficiado el monopolio de las grandes empresas y ha hecho desaparecer a las pequeñas fábricas lácteas y a los pequeños tamberos”. En el caso del trigo, se paga al productor entre 2,70 y 3 pesos mientras que “el kilo de pan en el mejor de los casos está a 25”.

“Se prometió un cambio, lo estamos esperando pero hay muchos que nos estamos cayendo del mapa y son los chacareros más chicos, a los que más cuesta llegar y los que quedaron endeudados con la banca oficial, con el Banco Nación que hoy pese a que se habían acordado prórrogas, hay algunos trámites judiciales en los juzgados federales 1 y 2 de Bahía Blanca donde se están ordenando desalojos para el posterior remate de esos campos”.

Fortunati identificó una política de Estado que -más allá de presidentes y dictadores- desde fines de la década del 70 apuntó a “correr del mapa al pequeño productor agropecuario argumentando el eficientismo dentro del sector agropecuario, es decir, producir más y mejor con menos gente, con una base tecnológica, con una base de concentración de los recursos, tanto tierra como agua”.

“Esto hace que empiecen a languidecer pueblos, yo soy oriundo de uno del sudoeste bonaerense, pasamos a tener pueblos geriátricos donde vemos que las grandes empresas y las financieras como Banco Nación y Banco Provincia hacen propaganda engañosa y que los pequeños productores caigan en trampas como son los créditos que terminan expulsándolos de sus tierras que en algunos casos están trabajando hace setenta u ochenta años cada familia”, dijo.

La Sociedad Rural celebró su 130 años con grandes campeones. El presidente Macri participó de los festejos “del campo”.

El dirigente explicó que “estarían bajo el amparo de la ley 14.144 que hace que los que están endeudados con el Banco Nación tengan oportunidad de pagar su deuda por intermedio del fideicomiso Provincia de Buenos Aires pero la provincia no ha firmado lo correspondiente ni ha hecho el trámite necesario para el traspaso de esa deuda del Banco Nación al fideicomiso”.

La Federación Agraria mostró su preocupación por el impacto del Decreto 820 que promueve la extranjerización de la tierra y la consecuente expulsión de más familias chacareras. Fortunati comentó al respecto que el productor desalojado días atrás en Darregueira, “tiene enfrente una empresa de capitales si no me equivoco italianos que podría ser una de las interesadas en comprar una de sus 190 hectáreas”.

“El problema ese existe desde siempre, en Bahía Blanca por ejemplo cuando era intendente el señor Cristian Breitenstein se gestionó para regalarle las tierras a la empresa Dreyfus, que ahora fue inaugurada la terminal y vino el presidente y la gobernadora, y se la sacaron a la familia Moreno que era de capitales nacionales que históricamente había trabajado en Bahía Blanca”.

Finalmente, Fortunati opinó que el proyecto de Ley de Semillas, que presentará en los próximos días el gobierno con letra de Monsanto, pretende “cobrarnos por vivir”. “Si un productor agropecuario que compra una semilla va a tener que pagar in eternum regalías a la empresa porque fabricó algo con genética es como decirle que usted compra un auto de la marca que elija y le va a tener que estar pagando toda la vida a la empresa que lo fabricó porque fabricó tecnología”.

“Es un despropósito, una vez que compre eso es mío, el derecho de propiedad quedaría en manos del productor que compró la semilla, pasa que es muy fácil para la empresa argumentar que como tiene un registro genético tienen derecho a regalías. Es más fácil cobrarle a un montón de chacareros que negociar con una empresa internacional”, destacó.

11 agosto, 2016/por FM De la Calle

Despidos en Burgos: “El vaciamiento fue paulatino”

Argentina, Bahia Blanca, Economía, Gremiales, Judiciales, Noticias, Política

Mariana Torres, una de las 65 personas despedidas de Supermercado Burgos, dijo a FM De la Calle que la Municipalidad es acreedora de la empresa desde 2013 y que junto al sindicato “hicieron la vista gorda” para permitir su vaciamiento. “Fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias (…) son maniobras fraudulentas que hacen para cerrar, dejar a trabajadores en la calle y abrirse otros negocios. Eso es lo que no queremos que quede impune”.

La ahora ex empleada comentó que este martes “nos presentamos en nuestro horario normal y estaban todas las sucursales cerradas. Es algo que preveíamos, hace dos semanas que no compraban mercadería. (…) Al menos queríamos que el sindicato nos garantizara cobrar los dos meses que nos debían y después accionar judicialmente por la indemnización pero nos quedaron debiendo todo”. Los aguinaldos también.

La Asociación de Empleados de Comercio “se dedicó a justificar a Burgos, que era un empresario quebrado, que realmente estaba en crisis, algo que también tratamos de desmentir haciendo un escrache a una de las distribuidoras que abrió la familia, denunciando que durante estos últimos años habían adquirido tres legajos de taxi. No era una crisis sino que hubo desvío de capital a otros rubros más rentable para ellos. En esta pelea el sindicato no nos acompañó”.

Tras los 65 despidos, 40 aceptaron conformar una cooperativa de trabajo “para no quedar en la calle”. “La semana que viene o la otra entraría en funcionamiento, no se sabe si van a ser los tres locales o dos, hay distintas versiones. Los locales tendríamos que alquilarlos, Burgos lo que haría es prestar góndolas, heladeras, para que las trabajemos. Teniendo en cuenta que eso está en concurso de acreedores, que si mañana viene alguno y los quiere rematar tendríamos que devolverlos”.

Torres informó que “la Cooperativa Obrera nos va a proveer mercadería, no se sabe si toda o solamente la marca Primer Precio que es la que manejan. Nosotros iríamos pagando a consignación, a medida que vayamos vendiendo. Es complejo porque hay una baja del consumo a nivel general en todos los comercios y estaríamos compitiendo con la Cooperativa que nos va a vender los productos y también con los mayoristas”.

“Hay compañeros ilusionados y ojalá que sea una salida viable y no una forma del sindicato de patear la pelota para más adelante y que esto no estalle ahora. El municipio también está entre los acreedores de Burgos, conocían la situación de la empresa desde mucho antes, son acreedores desde 2013 en que entró en concurso preventivo, todos hicieron la vista gorda para que se llegara a esta situación. El vaciamiento fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias”.

Los empresarios también vendieron una sucursal de Charlone que figuraba “a nombre de un familiar”, un generador, una cámara frigorífica valuada en 150 mil pesos aproximadamente y un auto del apoderado Martín Burgos aunque “para pagarle al síndico y no a los empleados”.

Burgos y Javier Leiva, uno de los “encargados generales” del super son los flamantes titulares de la distribuidora de bebidas y gaseosas de Panamá 1773. “Él nos dice que es un proyecto pero estuvimos yendo y ya tiene un funcionamiento, hay movida de camiones de cajones de cerveza que están afuera, inclusive usaban los mismos camiones de la empresa para ese negocio aparte”, dijo Torres.

10 agosto, 2016/por FM De la Calle

Monsanto: Si no te enferma, te mata

Ambiente, Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Economía, Mundo, Noticias, Política, Pueblos Originarios, Radio, Salud

(Por ¿Quién Te Juna?*) Monsanto ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes del mercado de semillas a nivel mundial y, a su vez, la que más controversia ha generado por el peligro que representan sus productos, para la salud y el ambiente.

La compañía, que se dedica principalmente a la producción y comercialización de herbicidas y semillas transgénicas, llegó bajo la idea de la “Revolución Verde”. La cual impulsaba mejoras agrícolas para de esa forma, poder erradicar el hambre en el mundo, instando a los productores de países en vías de desarrollo, a adoptar las prácticas agrarias impulsadas por Monsanto.

En Argentina, la empresa tiene plantadas alrededor de 18 millones de hectáreas con soja transgénica. El uso de transgénicos, permite la instalación de la idea extractivista, es decir, que cada vez se produce más y en mayor cantidad. Esto significa que, se reemplazan los cultivos autóctonos por monocultivos creados en laboratorios.

Cuando el Estado mira para otro lado

En la actualidad los campos deben utilizar pesticidas como el Roundup, para el control de malezas, cuyo principal componente es el glifosato, siendo de éste uno de los químicos más contaminantes vertidos en las cosechas.

En 2007, Monsanto fue penalizada por falsa publicidad, dado que, anunciaban que el Roundup era biodegradable y no tóxico. Por lo tanto, la empresa tuvo que retirar la palabra Biodegradable de sus envases, para poder seguir comercializando su herbicida.

En nuestro país, existe una ley nacional y varias provinciales que, establecen la prohibición del uso plaguicidas y otros agroquímicos a distancias que rondan ente los 50 y los 1000 metros de distancia de zonas pobladas o escuelas rurales. Sin embargo, la norma nacional no se cumple, difiere de las provinciales, y los organismos de aplicación son los municipios. Esto genera, un sinfín de regulaciones que dejan a las personas expuestas a estos peligros.

Argentina, actualmente utiliza entre ocho y diez veces más glifosato por hectárea que Estados Unidos. La periodista marplatense especializada en medio ambiente, y miembro de la ONG Bios, Silvana Buján, comentó que hace unos años impulsaron la creación de informes en conjunto con el dr. Andrés Carrasco, para que los legisladores de esa ciudad se involucren en la problemática. Además sostuvo que: “Los legisladores marplatenses en ese momento, tuvieron manifestaciones muy fuertes por parte de los productores, pidiendo que no existan esos mil metros, porque decían que ahí no podían plantar nada. Finalmente a presión de ellos (los productores), con engaños y la connivencia de las autoridades locales, se levantó la medida”.

“Tiempo después, la gente de Paren de Fumigarnos se presentó en la justicia. Hoy el caso está en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque el municipio finalmente eliminó eso mil metros, puso un programa de ‘Reconversión Agroecológica’, con lo cual dio vía libre para que se fumigue hasta el borde las casas”, explica Buján, quien además desde la ONG que integra realizó una serie de estudios que demuestran los altos niveles de pesticidas que contienen los alimentos y lo perjudiciales que son para la salud.

Asimismo, Buján sostiene que en la actualidad el Estado, está volcado completamente a las corporaciones y agrega: “Desde el primer día vienen aprobando los transgénicos, porque facilitan a los productores que sigan usando éste sistemas y están ausentes en la universidades nacionales, y porque ahora le cambiaron el nombre al Ministerio de Agricultura por el de Agroindustria. Con lo cual, ya desde el nombre te están diciendo que el pequeño agricultor no existe más, no es parte de éste modelo que se está aplicando en Argentina”.

Por su parte, la licenciada de Geografía e integrante del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria de la UNS (ETSA), María José Junquera sostiene que: “Deberían haber políticas públicas que ayudaran a éste tema, pero si analizas desde los ’90 para acá, hay una continuidad en ésta línea de pensamiento. El Plan Estratégico Alimentario, plantea que hay que producir más porque la población está aumentando. El problema no está en que hay que producir más, sino en la distribución de los alimentos”.

Soluciones posibles

Desde hace tiempo en diferentes puntos del país se viene llevando a cabo la lucha para poder tener una agricultura sustentable y libre de agrotóxicos. Junquera, explica que es la Soberanía Alimentaría al decir que: “Se puede definir como el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos consumir y como producirlos”.

En este sentido, Silvana Buján considera que es posible cambiar el sistema de producción de alimentos, considerando que: “Para lograrlo es necesario enseñarle a todxs los que fueron capacitados de la mano de éstas corporaciones que sostienen cátedras. Falta romper esta dependencia con las corporaciones del agro, independizar a la ciencia de los sponsors que la formatean, y empezar de cero con una ciencia digna para mostrar que hay un camino posible, deseable, necesario e imprescindible”.

En paralelo la licenciada Junquera comentó que, en nuestra ciudad se están desarrollando medidas para generar una alimentación sustentable, una de ellas es el grupo de trabajo formado bajo la órbita de la Universidad Nacional del sur y agrega: “El ETSA surge como un espacio de reflexión que pudiera suplir las faltas del plan de estudios de agronomía. Actualmente somos estudiantes, profesores, también hay gente de distintos ámbitos, que lo que buscamos es generar este espacio de construcción del conocimiento entre todos y por eso organizamos talleres, o disertaciones. Todo abierto a la comunidad, pero lo hacemos en la universidad”.

En la actualidad, el ETSA tiene dos proyectos para poner en marcha: “Uno es el de formar una cátedra libre de Soberanía Alimentaria como hay en otras universidades del país, ese es un proyecto que tenemos en marcha. Y después tenemos hace unos meses, los chicos de biología sobre todo, dentro igual del ETSA, arrancaron con ayuda de Pro-Huerta del INTA Bordenave, en el predio de Agronomía de la UNS, una huerta agroecológica, que recién arranca, pero la idea es que se puedan producir alimentos, para consumo o comercializarlos si nos va bien con la producción”, comenta Junquera.

Además explica que como colectivo, se han contactado con agricultores agroecológicos de la ciudad: “Muchos comercializan sus productos por Facebook. También teníamos un proyecto de armar, como una feria en la web para que los productores agroecológicos se puedan anotar para que uno tenga contacto directo con el productor. Caritas también organiza, que nosotros participamos, en la Feria del Lago donde hay productores del cinturón hortícola de Bahía Blanca y de Cerri también que venden sus productos, que si bien no son todos agroecológicos, tiene muchos menos agroquímicos de lo que es habitual consumir”, y concluye: “Hay que buscar espacios alternativos, que los hay, pero uno tiene la costumbre de ir al supermercado”.

El camino por recorrer para la obtención de una Soberanía Alimentaría plena es largo, pero vale la pena seguir adelante. La idea, sin lugar a dudas, radica en ser conscientes de que existen formas de producir y consumir los mismos alimentos, pero sin agrotóxicos.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9

10 agosto, 2016/por FM De la Calle

Puertas cerradas en Burgos

Argentina, Bahia Blanca, Economía, Gremiales, Noticias, Política

Finalmente el Supermercado Burgos bajó las persianas y dejó a otras 65 personas sin empleo en la ciudad. “Hoy nos presentamos y estaban todos los comercios cerrados”, dijo Mariana Torres a FM De la Calle. El titular de Empleados de Comercio, Miguel Aolita, afirmó que “no es tan así” y que en “quince o veinte días” reabrirá bajo gestión cooperativa.

La nueva etapa del mercado estaría a cargo de cuarenta de l@s 65 afectados, mientras que el resto “se dio por despedido”. La totalidad podrá reclamar sus indemnizaciones. Aolita manifestó que el cierre “era algo que estaba medio previsto, no surgió de un día para otro, no tenían más mercadería para vender”.

El jueves pasado, durante el segundo ruidazo, Mariana Torres comentó a este medio que junto a sus compañeras salieron a rechazar los tarifazos y “sumar el reclamo por los despidos, Burgos cierra y se pierden setenta fuentes de trabajo, también están los de Lucaioli”.

En cuanto a la cooperativa impulsada por Empleados de Comercio y el Municipio para dar continuidad a los empleos, opinó que “más que una solución es un problema porque cuando baja el consumo a nivel nacional una cooperativa de trabajo no es una salida a largo plazo, tenés que competir con los grandes supermercados, no es la salida que queríamos, ellos también fueron cómplices de que Burgos durante tres años vaciara la empresa”.

Al otro día, “en respuesta a los dichos de Aolita y Burgos” protestaron en Panamá 1773 frente a una de las distribuidoras abiertas recientemente por Martín Burgos lo que “desmiente que la empresa no sea solvente y confirma que hubo vaciamiento y desvío hacia otros negocios”.

9 agosto, 2016/por FM De la Calle