(Por Minga de Investigaciones y Acciones Sociales) Recientemente se cumplió un nuevo aniversario de los grandes escapes de sustancias tóxicas que, en el año 2000, se produjeron en las plantas del Polo Petroquímico Bahía Blanca (PPBB). Los acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad por aquellos días, si bien requieren de actualización, no dejan de contener una vital actualidad. Una actualización que necesita ser realizada sobre la base de lo que para la población bahiense significó el proceso de privatización, extranjerización y expansión del polo petroquímico en el que se enmarcaron dichos sucesos. Y una actualidad que persiste y se (re)crea ante los nuevos proyectos de ampliación que se ciernen sobre el complejo industrial. Con esta intención nos proponemos interrogar dichos acontecimientos, buscando evitar que el sentido de su rememoración se vea atrapado en una efeméride de letra muerta.

A un viento de morir

En la mañana del 20 de agosto del 2000, vecinxs de Ingeniero White se encontraron con una densa nube de color amarillo verdoso que se levantaba desde el complejo de Solvay Indupa y se extendía en cercanía de sus hogares. El viento produjo el milagro de impedir que la nube tóxica se dirija hacia las zonas pobladas ocasionando una tragedia de proporciones inimaginables. “El cloro puede producir lesiones que van, desde leves hasta la propia muerte”, explicaba días después el jefe de la Unidad de Pulmón del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Por su parte, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, por medio de un comunicado, manifestaba que “el hecho que fuera un día no laborable motivó que no estuvieran trabajando las mil o dos mil personas que desarrollan tareas, normalmente, los días de semana, las que seguramente hubieran fallecido al paso de la nube de cloro”.

Frente a lo ocurrido, lxs vecinxs de Ingeniero White entraron en estado de movilización permanente. Durante los primeros días, en las asambleas populares prevaleció la postura de que la erradicación de la industria constituía la única manera de garantizar el futuro de la propia vida. Hombre y mujeres, jóvenes y ancianos procedieron a cortar los accesos principales al polo. Ubicados de manera estratégica, los piquetes llegaron a extenderse hasta por seis puntos diferentes. Por primera vez en la historia del complejo, el gobierno provincial llevó a cabo la clausura de una de sus plantas.

Con tan sólo ocho días de diferencia, se produjo un nuevo escape. El 28 de agosto se ocasionaron fugas de amoníaco en Profertil. Mientras el máximo de amoníaco permitido era de 35 partes por millón, ese día se registraron valores entre 40 y 100 ppm. El Proceso APELL (programa de respuestas ante `emergencias tecnológicas´ que se encontraba funcionando desde 1996) volvió a fallar, tal como había ocurrido en el caso del escape en Solvay Indupa. Como consecuencia de las fugas tóxicas en el Hospital Menor de Ingeniero White fueron asistidas ochenta personas, dos de las cuales debieron ser trasladadas al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Asimismo, lxs niñxs del Jardín N°905 y de la Escuela N°15 resultaron evacuadxs.

Los escapes del 2000 tuvieron lugar en el marco de la privatización, transnacionalización y expansión de un complejo nacido casi tres décadas atrás bajo la administración del Estado nacional. Resulta sugerente detenernos a pensar que por medio de este proceso, así como el volumen de producción se incrementó en un 450%, se produjo un salto destacado en la riqueza generada por el PPBB y también un aumento sustancial en el uso intensivo de bienes comunes de la naturaleza y de la ciudad. En este momento, se consolidó una estructura de distribución social y geográfica de la riqueza producida localmente y del uso de bienes comunes naturales y urbanos de la que resultan claros ganadores y perdedores del desarrollo petroquímico. Estructura que resultó profundizada en el posneoliberalismo, al ritmo de que las empresas del PPBB ascendieron entre las firmas de mayor facturación anual en Argentina al verse favorecidas por un dólar alto, el retraso salarial y los precios del mercado internacional.

La política del enclave

Mientras que a principios de los años 90 el PPBB poseía casi un cuarto de la capacidad instalada en la industria petroquímica del país, a través del flujo de inversiones extranjeras concretadas por las corporaciones transnacionales en la segunda mitad de la década, se afirmó como el complejo petroquímico de mayor importancia a nivel nacional. Que a partir de entonces el PPBB experimentó un notable desarrollo, no caben dudas. Ahora bien, de todo esto, ¿qué es lo que nos queda en la ciudad?

Si nos detenemos en la distribución de la riqueza generada en el PPBB, tomando como caso representativo el año 2007, obtenemos los siguientes resultados. Mientras los dueños de las empresas se llevan 2.606 millones (el 93% del total), en la ciudad sólo permanece lo que reciben los trabajadores locales en concepto de salarios (109 millones de pesos) y la Municipalidad de Bahía Blanca por el cobro de las tasas municipales (12 millones de pesos). De modo que el impacto directo del PPBB sobre la economía urbana resulta tan sólo del 4,3% del total de los ingresos producidos en el polo petroquímico.

Exiguo resulta el monto recibido por los trabajadores porque escasa es la mano de obra que estas compañías, que cuentan con procesos de producción altamente automatizados, necesitan para funcionar. Tomando como ejemplo datos del 2009, las empresas del PPBB emplean de manera directa 1.130 personas. Número sensiblemente menor a los 1.600 trabajadores que supo emplear el complejo petroquímico con anterioridad al proceso de privatización. Si ponemos los 1.130 empleos en relación con el total de la población ocupada en Bahía Blanca, podemos decir que sólo el 0,9% corresponde a las empresas del PPBB. En efecto, de cada 1.000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sólo 9 lo hacen de forma directa en el complejo petroquímico. Si además tenemos en cuenta los 2.000 empleos indirectos que generan estas empresas, el porcentaje no varía de manera rotunda: pasa del 0,9% al 2,5%. Pero además significa que más del 60% de la fuerza de trabajo de la que hace uso el complejo petroquímico corresponde a empresas contratistas. Por lo que estamos hablando de trabajadores que sufren en mayor medida condiciones laborales de precarización.

A partir del proceso de privatización, extranjerización y expansión que atravesó el PPBB en la segunda mitad de la década de 1990´, se produjo una profundización de su dinámica de enclave, la cual se consolidó en el posneoliberalismo. El escaso impacto sobre la economía urbana resulta posible de verificarse en el empleo de una cantidad limitada de mano de obra, en la exportación de cuantiosas ganancias, y también en la exigua capacidad de generar eslabonamientos hacia atrás y hacia delante. El PPBB, antes que constituir un polo de desarrollo para la región, actúa como un enclave de drenaje articulado en el marco de dinámicas globales de valoración.

La política del grifo y el sumidero

El concepto de enclave resulta, sin embargo, aplicable sólo en términos económicos. La gran expansión que experimentó el PPBB durante la segunda mitad de los años 90 definió una situación de contaminación y riesgo ambiental de novedosas características y mayor intensidad. Por lo que al tiempo que el complejo petroquímico se desarrolla generando un impacto poco significativo sobre la economía urbana, produce un impacto ambiental altamente negativo.

En su actividad industrial, las empresas petroquímicas consumen de modo intensivo bienes comunes (especialmente gas pero también agua y electricidad), hacen uso del espacio y la infraestructura urbana, a la vez que contaminan las aguas del estuario, los suelos y el aire de la ciudad. Bajo esta dinámica se produce una multiplicidad de problemas urbano-ambientales que, en mayor o menor medida, se encuentran articulados al desarrollo del polo petroquímico: escasez de agua potable para la ciudad, riesgo ambiental, afectación de la salud de la población, pérdida de biodiversidad y de los servicios ecológicos del estuario, desplazamiento de la pesca artesanal, obturación del acceso público a los espacios costeros, incidencia en la rajadura de viviendas y también en la pérdida de valor inmobiliario de las casas ubicadas en cercanías de la zona industrial, expulsión de población (familias relocalizadas por el municipio pero también `exiliados ambientales´), congestionamiento del sistema vial y coexistencia de cargas de sustancias peligrosas con el transporte de pasajeros.

Alrededor de estas problemáticas se organizan diversos procesos de conflictividad social. Los piquetes de lxs vecinxs de Ingeniero White en los accesos al polo petroquímico y los piquetes de los pescadores artesanales en la ría de Bahía Blanca, numerosas acciones judiciales, la conformación de organizaciones ambientales, el pedido de instituciones educativas de ser reconocidas como escuelas de riesgo ambiental, la asamblea contra el buque regasificador, las Marchas Musicales Descontaminantes, la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, el Censo de Salud Comunitario… dan cuenta, en diferentes momentos, de diversas formas de organización y acción colectiva.

¿Hacia una nueva profundización del extractivismo urbano?

En el suplemento especial del `Día de la Industria Petroquímica´,  publicado por el periódico La Nueva Provincia el sábado 27 de agosto, el nuevo proyecto de expansión del PPBB es anunciado a través de diferentes voces. El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Pablo Pussetto, plantea: “Otro proyecto ambicioso y que se realizará a largo plazo es el de Dow, de gran magnitud no solo para la región sino a nivel nacional. La inversión duplicará la capacidad de producción de polietileno que Dow hace aquí en nuestra ciudad, así que estamos avanzando en el proceso de planeamiento estratégico que contemple cuáles son las necesidades actuales y futuras de movimiento logístico para ir planeando la infraestructura y los servicios que la comunidad necesita a través del puerto”. Por otra parte, en la voz del Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, también se manifiesta la existencia de dicho proyecto: “hay proyectos muy importantes en el sector petroquímico. Tal vez el más relevante sea el de Dow (prevé duplicar el tamaño de su polo petroquímico en Bahía Blanca con una inversión de más de U$S 4.000 millones).

La decisión de radicar un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca y también con posterioridad de concretar su expansión en los años 90, se vio definida por la posibilidad de explotar las ventajas comparativas asociadas a la dotación de bienes comunes. El más importante resultó el suministro de su insumo básico, el gas natural. Pero asimismo resultó significativa, entre otros factores, la disponibilidad de agua. Hoy, para poder concretar este nuevo proyecto de ampliación, el sector petroquímico se encuentra trabajando en aras de asegurarse el suministro de estos bienes.

La primera de las dos cuestiones, para ellos, se encuentra en camino de resolución. En el 2013, Dow Argentina firmó un acuerdo con YPF para la explotación del bloque El Orejano, un área de más de 40 km2 ubicada dentro del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El proyecto incluye la perforación de más de 180 pozos, de los cuales 19 se encuentran actualmente en producción. De modo que, por medio de la explotación de gas no convencional mediante la metodología del fracking, buscan generar las condiciones de posibilidad para la futura ampliación del polo.

La segunda de las cuestiones es la del suministro de agua. La puesta en marcha de las ampliaciones del PPBB durante los años 2000-2001 implicó un aumento sustancial en el consumo de agua con fines industriales. Al tiempo que el volumen de producción se incrementó en un 450%, la demanda de agua del complejo se multiplicó por más de tres veces. Dicho salto contribuyó a llevar al Dique Paso de las Piedras a su límite en la capacidad de aprovisionamiento, situación que pervive hasta el día de hoy. Y es desde aquí, que resulta posible entender en la actualidad la colocación del problema del agua en la agenda pública hegemónica. No sólo (ni necesariamente) en función del abastecimiento de la población, sino de la demanda del sector industrial.