(Por Francisco J. Cantamutto) La semana pasada el grupo francés Suez consiguió el fallo contra Argentina, obligando al país a pagarle 405 millones de dólares. El grupo y el gobierno sonrieron ante la decisión.

La prenda de cambio del régimen económico-político de la Convertibilidad fueron las privatizaciones. Éstas permitieron hacer negocios a tres grandes actores del capital: los acreedores financieros (que cambiaron bonos por acciones), a operadores internacionales (que se hicieron a precio de bicoca de empresas monopólicas), y al capital nacional desplazado (que participó como socio local, realizando grandes ganancias retirándose rápidamente). El proceso tuvo una velocidad y profundidad impactante a escala mundial, al quedar casi todos los activos vendidos entre 1990 y 1993. YPF fue la entrega que tardó hasta 1999 en terminar de enajenarse. Muy poco quedó por rematarse. Las privatizaciones quedarán –y con razón- en el imaginario como el cenit del desguace neoliberal.

Las condiciones de las concesiones estuvieron plagadas de irregularidades. Tanto así que sus ventajas terminaron por jugarle en contra al resto del capital. El emergente Grupo Productivo (comandado por la Unión Industrial) reclamó en el año 2001 por una devaluación, pesificación de la economía y cesación de pagos. Y obtuvo, de la mano de Rodríguez Saá y Duhalde, todo lo que quería. La pesificación, en particular, afectó a las privatizadas: mediante la ley de Emergencia Económica, se pasaron sus tarifas a pesos y se las congeló (¡antes estaban indizadas por la inflación estadounidense!), debiendo renegociar los futuros aumentos con el gobierno. En los hechos, con una devaluación de casi el 200% y una inflación minorista de más del 40%, el cambio de 2002 fue un cambio de las rentabilidades relativas entre fracciones del capital: la industria desplazó a las privatizadas.

Las privatizadas desplegaron la presión por diversas vías. A través del FMI, se insistió sin descanso por un reajuste tarifario. Esta estrategia se acompañó por la apertura de juicios en tribunales internacionales contra Argentina: el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial en primer lugar. El gobierno de Duhalde estaba más preocupado por contener las tarifas que por revisar el negociado, por lo que trató de destrabar el diálogo relajando los compromisos de las privatizadas: éstas pudieron incumplir los objetivos de calidad del servicio, de inversión, de contratación de fuerza de trabajo, de abastecimiento, entre otros. A cambio, además, recibieron subsidios del Estado, que se convirtieron en la partida de gasto de mayor crecimiento desde entonces.

Incluso con estos alivios, las empresas mantuvieron la presión, y algunas de ellas (gas y electricidad) obtuvieron en enero de 2003 un aumento del 10%. El acuerdo con el FMI llegó de inmediato, para “garantizar la gobernabilidad”. Sin embargo, había quedado claro que el negocio de las privatizaciones ya no era lo que fue. Quedaba clara la voluntad de sostener un régimen de acumulación donde ya no eran el centro. Muchas de las empresas, europeas en particular, estaban modificando su estrategia de negocios, y se retiraban de América Latina rumbo a Asia. No obstante, mantuvieron los juicios contra Argentina, por si acaso.

El laudo del CIADI

La semana pasada el Grupo francés Suez ganó su juicio en el CIADI, obligando a Argentina a pagarle 405 millones de dólares. Suez había sido una demandante tardía, pues recién en 2006 acudió al tribunal, cuando el gobierno de Kirchner decidió estatizar la empresa, y crear AySA para abastecer de agua y cloacas en Buenos Aires y 15 partidos del conurbano. Se cerraba así la fallida concesión de 1993. La empresa calificó de positivo el fallo, a pesar de que había reclamado una cifra que triplicaba la que obtuvo.

Es justo por ello que el ministro de economía Axel Kicillof no tuvo reparos en afirmar que el fallo le daba la razón al gobierno, porque “no le reconoció el daño moral, no le reconoció la indemnización, lo único que pretendió reconocer es un monto por lo que ellos estiman que eran las inversiones que había que devolver”. Agregó incluso más que “Es un fallo contra la empresa, porque reclamó por todo”, y obtuvo sólo una parte. Aún así, el ministro anunció que el dictamen se apelará.  La Procuración Nacional del Tesoro se encargaría de ello, lo que podría dilatar hasta 3 años que el fallo quede firme.

Ya en 2013, otro grupo de 5 empresas (Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, Vivendi y National) habían ganado sendos juicios en el CIADI, obligando a Argentina a pagar 677 millones de dólares. En esa ocasión, se optó por pagar con bonos públicos, y obligando a hacer algunas reinversiones. Se alegó que esto destrabaría la llegada de fondos por partes de los organismos internacionales de crédito. Se sabe de otros grupos que avanzan sus juicios en este tribunal, como el Grupo Marsans por la concesión de Aerolíneas Argentinas, que está además asociado a otra calaña de buitres del sistema financiero. Se trata de Burford Capital Limited, un fondo creado en 2009 para financiar juicios corporativos, dirigido por sir Peter Middleton, quien durante 30 años formó parte del Ministerio de Hacienda británico, para pasar luego a ser titular del grupo Barclays Bank. Por cierto, la reapertura del canje en 2010 se hizo a pedido de este banco, junto al Deutsche y el Citibank.

Sin embargo, estos organismos nunca fueron para Argentina una fuente central de fondos. Se trata de una puerta de entrada a una ruta de deuda e inversión extranjera más amplia. Como parte de la “hoja de ruta” que anunció allá por 2010 el entonces ministro Amado Boudou, se trata de pagar y destrabar juicios, para volver al mercado internacional de crédito.

El CIADI es un tribunal que resuelve controversias entre países y empresas extranjeras. Una de las instituciones que deleitó a Michael Hardt y Antonio Negri cuando pensaron su obra Imperio. Tiene, sin embargo, una particular tendencia: en ningún caso ha fallado favor de los países, sino que siempre defendió los intereses de las empresas de los países centrales. Como institución judicial, parece faltarle algo de justicia. Por este motivo, Bolivia, Ecuador y Venezuela se retiraron de ese falso tribunal. Argentina decidió quedarse, lo que no era otra cosa que aceptar futuros fallos en su contra. Se trata de una continuidad en la cesión de soberanía que guarda lógica con las reformas estructurales de la dictadura y los noventa: delegar en tribunales externos decisiones políticas. No sólo el CIADI se encuentra en esta línea de continuidad: de los 58 Tratados Bilaterales de Inversión firmados durante la Convertibilidad, 55 se mantienen en vigencia. Igual que con los canjes de deuda, que mantuvieron la validez de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera, lo que permitió a Griesa su prepotencia.

Resulta de máxima importancia que Argentina se retire de estos tribunales y desconozca su autoridad, si quiere recuperar margen de autonomía política frente a la estafa del capital extranjero. Tentarlo y pagarle para que regrese, no es una política nacional y popular.