Santiago Marino es Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA). Dirige la Maestría en “Industrias Culturales: políticas y gestión” de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). En diálogo con el programa En Eso Estamos, que esta semana comenzó su octava temporada en las mañanas de FM De la Calle, analizó las primeras medidas del gobierno nacional en el ámbito de las comunicaciones y sus consecuencias.

Días antes de la entrevista, Marino firmó un manifiesto junto a un grupo de académicxs vinculados al estudio de las relaciones entre los medios, las tecnologías de la comunicación y la política democrática, en el cual se sostiene que “el relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos conglomerados, lo que no constituye solo un problema que afecta la competencia económica, sino que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia”.

-¿Qué balance podrías hacer a modo de síntesis de lo que ha sido este verano en materia de políticas de comunicación?

Nos hemos manifestado muy preocupados con el conjunto de investigadores de distintas universidades, incluso algunos que residen en el exterior del país pero que trabajan estos temas, ante las decisiones que ha tomado Mauricio Macri en el momento de su asunción y hasta estos días en torno a la regulación del sistema de medios en general.

Si uno tuviera que hacer una síntesis, lo primero que diría es que por un lado se ha afectado el corazón de la ley audiovisual estableciendo cambios específicos sobre los topes a la concentración que planteaba aquella ley y sobre, por ejemplo, la composición institucional del organismo de aplicación que era la AFSCA y que tuvo esa novela de fin de año que conocimos que fue la permanencia de Sabbatella en el organismo defendiendo esta situación que está judicializada.

Pero mientras tanto el DNU avanzó y hoy tenemos un nuevo organismo de aplicación que su mayor problema es que tiene siete miembros: cuatro ya fueron designados directamente por el Ejecutivo y los otros tres serán designados por el Congreso cuando comience a funcionar. Uno de ellos corresponderá también a la minoría que representa el gobierno nacional allí, pero además, todos pueden ser revocados sin explicación de causa por el Poder Ejecutivo. Con lo cual hay una dependencia central del PE de este organismo de aplicación, hemos vuelto a una situación casi precámbrica.

El Ejecutivo controlando el organismo que administra la relación con el sistema de medios y tomando decisiones en torno a favorecer a los grandes grupos concentrados. En ese marco el gobierno de Macri anuncia que enviará, tal vez lo haga en próximos días en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, una nueva ley que reemplace tanto la ley audiovisual como la de Argentina Digital, que supuestamente estará basada en una visión novedosa en términos tecnológicos porque su argumento y el de su propio ministro es que Argentina está atrasada tanto el términos tecnológicos como regulatorios.

Ese es el tercer gran problema. No me parece mal que haya una nueva ley y que la ley salga por el Congreso, de hecho lo manifestamos en el documento, pero el problema es que los cambios que estableció el decreto a la ley audiovisual son cambios que van a ser permanentes, no momentáneos hasta que haya una nueva ley. Por ejemplo, haber frenado la adecuación de los grupos concentrados.

Pero el otro problema es que el gobierno opera sobre un argumento falaz que es el de la novedad o desarrollo tecnológico como central para la regulación. Porque si eso fuera así en el momento en que sancioné la ley va a quedar vieja, la tecnología cambia permanentemente.

Hay que interrogarse en torno a si el gobierno opera en base a una mirada comercial y privada de la comunicación y cierta ignorancia sobre el tema en el que están trabajando, sobre todo el ministro de Comunicaciones que no parece ser un experto en el área, o bien si tiene una mirada más compleja, que desconocemos su objetivo final, y que responde a una planificación integral cuyos elementos desconocemos.

-Respecto a las primeras medidas tomadas por el ENACOM, recién mencionabas el tratamiento de distintos proyectos de adecuación que habían presentado grandes grupos que estaban pendientes, ¿cuál fue el criterio que se tomó y qué se resolvió?

Lo que se decidió concretamente es dar de baja todos los planes de adecuación. Porque como el decreto 267, que es el más relevante, el que cambió centralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un lado cambia los topes a la concentración de la propiedad, allí donde había que tener diez licencias por medio ha sido cambiadas, pero además, excluye a la TV por cable de la ley audiovisual y ya no se regula más el mercado de distribución de televisión por cable por esa normativa sino que queda bajo la órbita de lo que todavía queda vigente de Argentina Digital. Mediante una resolución de ENACOM aprobada por los cuatro directores que designó el Poder Ejecutivo se dieron de baja toditos los planes de adecuación.

Ahí tendría que hacer una aclaración más que es quiénes son esos directores de ENACOM. No es un asunto personal con ellos, de hecho a algunos los conozco y pude intercambiar y dialogar sin ningún problema aunque no acordemos, pero si uno se fija de dónde vienen encontraremos que hay un representante de Cadena 3, uno del Grupo Clarín, uno de Telefónica y uno del gobierno concretamente. Cuando me refiero a representante me refiero al gerente hasta noviembre de Telefé. Este colectivo designado por el Poder Ejecutivo y con ese origen es el que tomó la decisión de dar de baja a los planes de adecuación de la ley audiovisual.

-Muy en línea con el resto de la composición del gabinete.

Claro, uno puede componer esa serie, gerentes y CEO’s de distintas cuestiones en el mismo marco. Uno se entera que el gobierno de Macri llamó a una licitación para importar petróleo por primera vez en su gestión y la gana frente a una compulsa de dos empresas aquella en la cual era gerente hasta diciembre el actual ministro de Energía, y entonces entiende de qué hablamos cuando hablamos del gerente de Telefé suspendiendo los planes de adecuación de la propia empresa.

-También hubo avances en algunos negocios que pretendía hacer Clarín en el marco de la convergencia.

Fue conocido a final del año pasado que Clarín compró la empresa Nextel, que provee el servicio de telefonía móvil con una tecnología peculiar que usa 2G y funciona también como sistema de radio, pero lo cierto es que fue el camino de entrada al mercado de telecomunicaciones que es donde no estaba y necesita estar prontamente el Grupo Clarín.

El ENACOM había aprobado en primera instancia esa compra, que no es tan significativa en términos económicos como simbólicos porque es el punto de entrada a ese mercado. Digo esto porque Nextel controla solo el tres por ciento del mercado de la telefonía móvil, el 97 restante se reparte entre las tres empresas Movistar, Claro y Personal, es decir, Telecom, la empresa mexicana y Telefónica España que además opera en TV abierta.

Ese ingreso le va a significar a Clarín una erogación importante de dinero para adecuarse al mercado porque la red de Nextel no está desarrollada plenamente para la tecnología 3 y 4G que es el futuro de la telefonía móvil pero es el mecanismo de un proceso que estimo culminará, en algún momento, con la compra de Telecom que es lo que pretende Clarín y supuestamente generó su pelea con el gobierno anterior y  fundamentalmente con Néstor Kirchner.

-En cuanto a los medios sin fines de lucro el macrismo desde el principio y hace poco en una reunión con las redes de medios comunitarios decía que en varios aspectos no había habido modificaciones por lo cual debería quedar todo igual. Es muy difícil pensar en avanzar en la entrega de licencias ante un panorama como el que estás planteando y con un espectro finito por repartir.

Sí, dividiría la respuesta en dos planos. Por un lado, es cierto, los aspectos que regulan al sector comunitario o sin fin de lucro no fueron cambiados de la ley audiovisual pero también es cierto que el gobierno asegura que la va a reemplazar por otra, yo tengo una mirada negativa respecto a cuántos de los derechos reconocidos por la ley audiovisual para el sector sin fin de lucro se contemplen en esa nueva normativa.

También habría que dar cuenta que en esa reunión que tuvieron las organizaciones, si bien es cierto que lo que le plantearon es nada negativo en torno a sus demandas tampoco es que recibieron una respuesta positiva, les dijeron por ejemplo que los fondos concursables que se desarrollan para el sector comunitario y que tan bien funcionaron, es de lo poco que ha funcionado muy bien en la ley audiovisual, en la Universidad de Quilmes hemos hecho un estudio al respecto y lo destacamos, no están frenados, bueno, pero tampoco está abierta ninguna convocatoria de ninguna línea y algo que no se ha dicho en esa reunión y que me toca decirlo, lamentablemente, es que como el decreto 267 excluye a la TV por cable de la ley audiovisual también la excluye de los aportes que tiene que pagar en caso de multas, erogaciones, etcétera. Y eso es parte fundamental de lo que financiaba los Fomeca, con lo cual esperar que el Fomeca continúe del mismo modo que antes se me vuelve un tanto difícil.

En ese escenario estamos y sin embargo la reunión fue aparentemente amena y los reclamos fueron atendidos y supuestamente habrá respuesta en una próxima reunión. Insisto en que estaría muy advertido en tanto si efectivamente hay una nueva ley, cuánto de los elementos que reconoce la ley audiovisual serán contemplados.

Además, creo que la discusión sobre la finitud del espectro, que es cierto, se mantiene como finito, puede ser con la visión que manifiesta este gobierno respecto al desarrollo tecnológico puesta en duda u opacada a partir de que como la discusión será la convergencia y todo el mundo podrá tener triple play, no hay un problema para que los comunitarios tengan su licencia.

Tengo una mirada muy negativa respecto del futuro porque la ley audiovisual no solo establecía aquel reconocimiento sino que lo hacía en todas las bandas y frecuencias. ¿Por qué no podía haber una cooperativa que brinde todos los servicios? Es una asociación sin fin de lucro y que gestiona el proceso desde otro modelo económico. Creo que eso no se va a contemplar en la ley propuesta por el gobierno de la Alianza Cambiemos en tanto el decreto 267 estableció, por ejemplo, que se pueden transferir las licencias ahora, algo que prohibía la ley audiovisual, incluso planteó que si se transfieren hay que avisarle al Estado y si el Estado no responde en 90 días queda aprobado, pero las cooperativas no pueden vender servicios. Ese es un problema, hay una desigualdad ante la ley. Son el único actor que podría competir con un servicio de calidad a empresas que controlan el 97 por ciento del mercado.

Oscar de Isasi, secretario general provincial de ATE y la CTA Autónoma, dialogó con FM De la Calle sobre los despidos masivos de trabajadorxs del Estado, el contexto político y económico y el plan de lucha gremial para enfrentar el ajuste.

-¿Qué sectores fueron los más afectados por los despidos y cuántas personas han sido cesanteadas?

Los despidos más masivos fueron en los municipios, alrededor de ocho mil o nueve mil. Algunos fueron reincorporados porque son empleados hechos y derechos y también, por la presión de nuestra organización sindical.

-¿Y en provincia de Buenos Aires?

En la provincia, de los que nosotros hemos detectado, ha habido entre 200 y 300 despedidos, el pico fue en la Dirección de Escuelas donde tenemos 29 trabajadores con probadas condiciones laborales, no tienen con qué darle con el tema de ñoquis pero al día de hoy no han sido reintegrados. Estuvieron ocupando el organismo de manera pacífica para ir a una negociación que esperamos tenga el resultado que tenga que tener, que los trabajadores que trabajan tienen que seguir trabajando y cobrando su sueldo.

-Hay preocupación respecto a lo que pueda suceder a fines de marzo, ¿no?

Sí, porque en realidad lo que uno olfatea es que a fines de marzo se intente una nueva ofensiva en ese sentido. Estamos convencidos de que el gobierno nacional e irradiando a los gobiernos provinciales y municipales más allá de su signo político, porque también hay despidos en Santa Cruz donde gobierna Alicia Kirchner, algunos diciendo no me queda otra y otros de manera entusiasta, lo que se está haciendo es descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.

Si uno observa el presupuesto de la provincia de Buenos Aires uno va a ver como vuelve a reducirse la partida de salud, de desarrollo social, de niñez. ¿Quiénes son los que más necesitan las áreas sociales? Son los que menos tienen, que necesitan que se recupere a través del Estado el circuito de vida digna. Se ha reducido esas partidas, se ha precarizado las condiciones laborales, ni siquiera hay un cargo nuevo en el Estado provincial, más allá del operativo mediático que se hizo diciendo que iba a haber 40 mil cargos nuevos, lo cierto es que lo que hicieron fue blanquearlos. O sea, congelamiento de vacantes reales, sobrecarga de trabajo.

Estos dos datos duros hablan de que hay un desfinanciamiento en las áreas que más necesitan los que menos tienen y que hay un desfinanciamiento en el tema de los trabajadores. Si uno tiene en cuenta que la última oferta salarial es del 22.8 en cuatro cuotas, que termina siendo 14.7 anualizado y que no merece ni siquiera reflexionar sobre eso, uno se da cuenta que quieren que haya un aumento salarial muy por debajo de lo que fue la devaluación de los salarios. Los despidos son parte de este combo. En nombre de los ñoquis, están generando un fantasma, lo que se hace en realidad es trata de achicar el Estado en materia del número de trabajadores y se lo hace generando la sensación de que sobra personal y que esos son todos vagos.

Los números duros no mienten, Buenos Aires es una de las provincias que más necesita de la participación del Estado, porque hay miles de trabajadores sin trabajo que están por debajo de la línea de pobreza asentados en el conurbano bonaerense y al costado de las grandes ciudades del interior y además porque es uno de los Estados que tiene menor cantidad de trabajadores por habitante.

Cuando uno habla del Estado y de las áreas sociales y dice que es necesario más presencia en educación, salud, alimentación, uno no habla de robots, no puede reemplazar a un médico, un enfermero o un trabajador social por un robot, habla de privilegiar la incorporación de recurso humano para que los trabajadores sociales hagan encuesta en las barriadas, para que los médicos generalistas estén en las unidades sanitarias, para que los enfermeros en lugar de trabajar 14 o 16 horas para sacar un manguito más, solo por la falta de personal, estén trabajando seis horas con cuatro pacientes a cargo y puedan brindar mayor cantidad de atención.

-Más allá del 22.8% ofertado en la paritaria, ¿con qué demandas habían llegado?

Veníamos planteando que es necesario abordar políticas de recuperación del poder adquisitivo. Por un lado, hay que abordar la urgencia, lo que hemos perdido. En 2014 y 2015 con la carrera inflacionaria donde hemos perdido un 12% y contemplar una proyección inflacionaria mínima del 33 %, eso nos da el 44% de bolsillo que deberíamos recuperar. La mayoría de nuestros representados cobra 7300 pesos a partir de septiembre porque el último aumento fue en cuotas, la canasta básica, la que te pone por encima de la línea de pobreza, no la que te hace feliz, según la ciudad de Buenos Aires -o sea que no merecería discusión porque son del mismo signo político- está en 15600 pesos. Un salario mínimo en la provincia de Buenos Aires puede comprar el 48% de la canasta para sobrevivir, entonces un 44% de aumento sobre ese salario todavía nos pone por debajo. A finales del 2007, el salario mínimo de un empleado de Provincia era igual a la canasta básica, esto lo ponía sobre la línea de pobreza.

-¿Cómo viene la construcción de la medida de fuerza del próximo miércoles y el camino que empieza a recorrerse en forma conjunta con la Central de Trabajadores de la Argentina que conduce Yasky? ¿Es posible empezar a ver la unidad con la Central Autónoma en la calle?

En primer lugar, el paro y movilización a la Plaza de Mayo que vamos a hacer el día 24, que va a ser masivo, que vamos a construir un dato que entendemos que debería hacer reflexionar a Macri y los gobernadores, es un paro de los gremios estatales de la CTA Autónoma y otros gremios también estatales que han decidido transitar el camino de la lucha por los salarios dignos, por la reincorporación de los despedidos, contra la criminalización de la protesta y exigiendo la libertad de Milagro Sala y por la defensa de la seguridad social. Hay algo que no se habla pero en Córdoba y en Tierra del Fuego se está desguazando en pocos días de gestión.

Han adherido las centrales sindicales y muchos otros gremios y organizaciones sociales están dispuestas a solidarizare marchando con los gremios estatales. Ese va a ser un paro de estatales en construcción a lo que creo yo necesitamos que es un paro de las centrales si esto no cambia.

La unidad, lo que vos referías a las dos CTA que también podría ser aplicable a otras centrales, no se hace por arriba con dos dirigentes, hay que construirla por abajo, hay que trabajar con los compañeros docentes, estatales, empezar a hacer asambleas conjuntas que nos permitan fortalecer la unidad por arriba pero que no sea una unidad de supervivencia de algunos sino una unidad sólida donde en cada escuela, en cada hospital, en cada organismo, se tenga la fortaleza para poder sostener esa unidad en función de lo que necesitamos que es la masividad y la contundencia para parar el ajuste y para ir por una más justa distribución de la riqueza en un país donde el destino no es ser pobre sino un país inmensamente rico cuyo problema es que la riqueza está concentrada en pocas manos.

Texto: Diego García.

(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado, el Gerente de la Nación Macri anunció cambios en el impuesto a las ganancias que benefician a una minoría y nos perjudican al resto del pueblo.

El día jueves Macri anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de los $15.000 vigentes a $30.000. La medida se corresponde con la propuesta de campaña de Cambiemos y el Frente Renovador, y es retroactiva al 1 de enero.

La decisión de otorgar el aumento llega tras el fuerte incremento de los precios de los primeros 70 días y de cara a las paritarias por venir. De hecho, la cifra anunciada se corresponde exactamente con lo pedido por Hugo Moyano tres días antes. La cúpula de la CGT viene reuniéndose con el Gerente de la Nación de cara a las negociaciones paritarias de este año: buscando obtener privilegios para sí, le ofrecen a Macri un intento de contención social, en el marco de un ajuste social de gran escala. La oferta del Gerente encontró buen eco en los representantes de camioneros, bancarios, petroleros y portuarios: se trata de los gremios donde casi la totalidad de sus representados paga el impuesto. Sin embargo, la realidad para el conjunto del pueblo trabajador es otra

El impuesto

El debate por el impuesto a las ganancias viene candente desde hace varios años. Se trata de un tributo relativamente común en el mundo y de carácter progresivo, excusas utilizadas para justificar su aplicación. Se trata de una excusa, porque al eximir del impuesto la mayor parte de las ganancias generadas en operatorias financieras, el tributo redistribuye entre los propios trabajadores. Por eso, el debate está ligado a lo que en Argentina se conoce como cuarta categoría, que son los asalariados en relación de dependencia y jubilados.

Todos y todas quienes superen un monto mínimo de ingresos se ven obligados a pagar por este impuesto. El cálculo exacto es complejo, pues depende de diversos descuentos considerados y distintas tasas (alícuotas) aplicadas. El mínimo es relevante porque es el salario a partir del cual comienzan a pagar. Durante la Convertibilidad, concretamente en 1992, se prohibió indizar este monto, lo que se consolidó una década más tarde, con la Ley de Emergencia Económica de Duhalde. En la medida en que los salarios comenzaron a recuperar poder adquisitivo perdido por la inflación, fueron lentamente acercándose al mínimo que previamente fuera elevado. Así, a partir de 2008, el tema apareció en la agenda como un reclamo gremial, lo que –por cierto- ganó la simpatía del empresariado, siempre de acuerdo con reducir impuestos a las ganancias.

Al no ser actualizado de manera automática, el mínimo no imponible fue modificándose por decreto, según las necesidades fiscales y políticas del gobierno anterior. Las últimas modificaciones fueron en 2013 (decreto 1.242) cuando se estableció que pagarían el impuesto quienes hubieran ganado $15.000 por mes entre enero y agosto de ese año, y en 2015 (resolución 2.437), cuando se redujeron las escalas para sueldos menores a $25.000.

La falta de actualización del mínimo jugó como parte superior de una “tijera” para los asalariados, cuya parte inferior era la corrida contra la inflación: si en las paritarias se lograban mejoras salariales contra la inflación, se caía en el impuesto a las ganancias, poniendo así un tope de hecho. De modo creciente, trabajadores de diversos sectores de actividad fueron cayendo en esta situación. Se trata del segmento del tributo con mayor crecimiento en los últimos 5 años, muy por encima de lo pagado por las empresas. La propia presión de los gremios por pelear contra la inflación aumenta la base imponible, elevando la recaudación sin esfuerzo fiscal. El total de lo recaudado por este impuesto equivalía a casi el 7% del PBI a mediados del año pasado. En enero de este año, significó un 25% de los recursos tributarios totales.

Qué cambió

Con el nuevo mínimo, pasarían a pagar el impuesto los trabajadores solteros que ganen más de $18.880 o los casados con hijos que ganen más de $26.000, en ambos casos en términos netos (“de bolsillo”). Los cambios en las escalas serán enviados para debatir al congreso en marzo.

Actualmente, esto implica a un 10% de los asalariados ocupados en condiciones formales (poco más de un 6% de los ocupados totales) tributan por este impuesto. Desde la AFIP se calculó en 180.000 personas (un 2% de los ocupados) dejarán de pagar con esta modificación, pero la estimación es inexacta, porque se desconoce cuántos trabajadores alcanzaron el mínimo en el lapso de los más de dos años sin ajuste de este valor.

El anuncio de Macri se produce justo antes de las paritarias, porque su rol es el mismo que durante el gobierno previo: funcionar como techo para los gremios de mejores salarios, y a través de ese límite, operar como techo para el resto de las paritarias. Pero no sólo por funcionar como techo en las negociaciones este anuncio es un problema para la mayoría de los trabajadores. El costo fiscal estimado de esta medida está estimado por la AFIP en $49.000 millones. Al igual que la quita de retenciones, impuestos a las importaciones, a los autos de alta gama o al champagne, este cambio contribuye a aumentar el déficit fiscal que el gobierno dice combatir. En la misma lógica, el aumento de gastos ligado a la propuesta de pago a los fondos buitres va contra el argumento utilizado para despedir injustamente miles de trabajadores estatales. En este sentido, esta medida erosiona los recursos del Estado disponibles para políticas públicas.

El anuncio de gobierno no debe tomarse como una buena noticia: se trata de un nuevo ardid oficial en el marco de un brutal ajuste social.

Hoy a las 22:00 vuelve “Uno nunca sabe” al Bar Don Osvaldo del Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544). Se trata de un trabajo en base al cuento homónimo de Roberto Fontanarrosa.

“Es una obra que tiene muchos años con diferentes elencos. Se estrenó en Buenos Aires (en 2008), en el Bar ‘El Tano de Arriba’, de Almagro. Fue con la participación de Rocío Ameri y otro actor de Bahía Blanca que se llama Adrián Mengarelli. Después yo me vine para acá y ellos siguieron. Pero, a su vez, yo la estaba montando acá con Alexis Mondelo y Cecilia Arnaudo” dijo a FM De la Calle el actor, director, docente y Delegado General de Asociación Argentina de Actores, Leonardo Fabrizi.

Uno nunca sabeLa formación actual la constituyen Ricio Ameri, Alexis Mondelo y nuestro invitado.

“Hemos tenido muy buena temporada el año pasado y el anterior también”. La obra también giró por distintos festivales y desde la apertura del Centro Cultural La Panadería en Bahía Blanca se mantiene en cartel. “Son de esas obras que nunca te cansás de hacer”, ratificó.

La puesta se realiza en el Bar Don Osvaldo, lo que hace que tenga un escenario natural y el público participe un poco como parroquiano y otro poco como espectador. “El texto original propone todo en el mítico bar ‘El Cairo’, donde se juntaba el Negro Fontanarrosa con sus amigos en Rosario”.

Uno nunca sabe 2Además, Fabrizi anunció que re estrenarán el 24 de marzo la obra Arturo Ui (Bretch) que “habla del ascenso de la derecha al poder”. Luego a partir de abril permanecerá en cartel los días sábados en la casa del grupo NuevoDrama.

Por último, en su calidad de Delegado General de la Asociación Argentina de Actores, se refirió al estado de situación de la Ley del Actor y los debates actuales a nivel local luego del cambio de gobierno y de director de Instituto Cultural.

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(Por Astor Vitali) Los días sábado 27 y domingo 28 de febrero se llevará a cabo el Festival Música en la Ventana en Saldungaray y Sierra de la Ventana, respectivamente.

En esta oportunidad realizarán una retrospectiva sobre la obra de José Luis Merlín que comprenderá clases e interpretación de algunas de las obras del repertorio del prestigioso compositor y guitarrista a cargo de diferentes formaciones de intérpretes (grupos de cámara, flauta y guitarra, voz y guitarra, guitarra solista, orquesta de guitarras).

El Seminario está dirigido a instrumentistas de las seis cuerdas y grupos de cámara que incluyan la guitarra en su formación, de todos los niveles, con repertorio libre y comprende dictado de clases, conferencias, presentaciones de discos y libros.

Se encuentra abierta la inscripción para el seminario hasta el día 19 de febrero de 2016 inclusive.

Este evento ha sido declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y de interés municipal por los municipios de Tornquist y Bahía Blanca.

El enfoque sobre los repertorios

El Maestro Alberto D´Alessandro es el creador y director artístico del festival. Esperando la séptima edición del seminario, el músico dijo a FM De la Calle que “uno ve los seminarios o encuentros internacionales con una tónica bastante común que es traer los grandes guitarristas del ambiente académico del mundo. Yo eh tratado de satisfacer algún tipo de anhelo diferente: dar a conocer música argentina y sobre todo latinoamericana, que por ahí no es tan conocida”.

En este sentido, cada edición del seminario abre con con una charla – debate abierta en la que participan docentes e instrumentistas abocada al problema de la “legitimación del repertorio”. ¿Por qué el mercado, la academia y los medios homogeneizan, canonizan y difunden unas obras y silencian, ocultan o deslegitiman otras? Es la pregunta que atraviesa el intercambio.

“Siempre en la educación formal hay una tendencia a estereotipos musicales y de pronto el que estudia y escucha siempre escucha los mismos intérpretes y compositores. Pero yo con esa impronta de dar a conocer compositores que todavía no están legitimados a nivel masivo o académico eh hecho todos estos encuentros”.

José Luis Merlín

El director Música en la Venta explicó que en el año 98 lo “llamaron de la Orquesta Sinfónica para hacer una obra de José Luis Merlín que se llama ´Travesía´. Es la historia de la guitarra en los 5 siglos. Me pareció maravillosa esa experiencia”.

travesíaJosé Luis Merlín “es un profuso compositor de obras para guitarra, en grupos de cámara y también con canto. Por ello me propuse hacer una retrospectiva” sobre su obra, “con el propósito de dar a conocer” las creaciones de Merlín.

Esta vez no estará presente el autor al que se dedica la clásica retrospectiva del seminario. Cuestiones de financiamiento acotaron el encuentro (cuya duración es, en general, de cuatro o más días de duración).

Por otra parte, “este seminario va a ser homenaje a Abel Carlevaro porque se cumplen los cien años del nacimiento”. A sus 28 años, D´Alessandro cursó estudios con el prestigioso Maestro uruguayo cuyo método formó generaciones de guitarristas.

La comisión organizadora del encuentro se ocupa también, año tras año, de gestionar becas para que lxs alumnxs que deseen asistir puedan hacerlo sin distinción de situación económica.

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Música en la Ventana

“Presentamos nuestra preocupación por la grave situación de los derechos humanos en la provincia”, expresó Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras la reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal. Como un organismo autónomo y público, y basado en su larga trayectoria, la CPM expuso la necesidad de promover políticas públicas en materia de protección y defensa de los derechos humanos y profundizar las políticas de memoria.

La Comisión Provincial por la Memoria y la gobernadora María Eugenia Vidal se reunieron esta tarde y acordaron continuar trabajando en una agenda que atienda las deudas pendientes en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. “Juicios de lesa humanidad, desclasificación de archivos de la represión, situación carcelaria, policía bonaerense, policía judicial, políticas de niñez y salud mental”, enumeró Pérez Esquivel sobre los temas que exigen una intervención inmediata y políticas estructurales que se sostengan en el tiempo.

El encuentro se realizó en la sede de la Gobernación y contó también con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Junto al presidente de la CPM, estuvieron los integrantes del organismo Nora Cortiñas, Leopoldo Schiffrin, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, Víctor De Gennaro, Ana Barletta, y la directora general de Áreas Sandra Raggio.

Durante la reunión, la CPM expuso el trabajo que viene realizando como organismo de monitoreo de los lugares de encierro y control de las políticas de seguridad y prácticas judiciales, como así también su labor en la gestión y preservación de archivos, investigación y educación. Al mismo tiempo, le llevó a la gobernadora Vidal un documento que contiene seis puntos centrales de la agenda de derechos humanos y las políticas de memoria en la Provincia: política de seguridad democrática, política penitenciaria, niñez y adolescencia, salud mental, justicia y políticas de verdad, justicia y memoria. El acuerdo fue seguir cada tema en articulación con el ministerio correspondiente.

“Centralmente, le transmitimos la gravedad y preocupación permanente por los hechos de torturas como una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en los institutos de jóvenes, los neuropsiquiátricos y en el despliegue policial en el territorio. Para transformar esta situación extrema de violaciones a los derechos humanos, es necesario democratizar las fuerzas de seguridad y generar ámbitos para su control, entre otras medidas que requieren de una firme decisión política para transformarlas”, explicó el integrante de la CPM, Roberto Cipriano García.

“También planteamos el desacuerdo con la designación de Fernando Díaz al frente del SPB y nuestro rechazo a las declaraciones de emergencia en seguridad, tanto a nivel provincial como nacional”, agregó Cipriano García.
Asimismo, la Comisión planteó la necesidad de iniciar una verdadera lucha contra la corrupción policial y penitenciaria, y solicitó el cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

En el marco de esta reunión y atendiendo a los puntos conversados durante el encuentro, Pérez Esquivel precisó que “la Gobernadora nos encomendó que diseñemos tres propuestas concretas de nuestra agenda de trabajo para promover políticas públicas que puedan ser implementadas y evaluadas de acá a fin de año”. Al mismo tiempo, valoró el “compromiso de Vidal para acompañar los juicios por los delitos de lesa humanidad”.

Entre los temas tratados, Pérez Esquivel también destacó la posibilidad de firmar “un convenio para que los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos sean digitalizados y preservados por la CPM”. Esta línea de trabajo ya había sido expresada durante la visita del Secretario Santiago Cantón a la CPM el martes pasado, así como también en la necesidad de seguir trabajando en la apertura de distintos archivos estatales vinculados con la dictadura.

En el documento presentado a la Gobernadora está expuesta también la preocupación por las políticas de niñez y adolescencia, el desfinanciamiento de todo el sistema de promoción y protección, la criminalización de la protesta social, la ley antiterrorista y un planteo de la creación de una comisión investigadora para saber qué pasó con Jorge Julio López.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior los alcances del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. “No vamos a tolerar la extorsión”, advirtió la funcionaria tras su aprobación.

La iniciativa considera manifestaciones públicas a las “concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrolla por un período limitado de tiempo”.

En el caso de las programadas, las autoridades de seguridad jurisdiccionales deberán tomar “contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes” y coordinar la protesta “de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”.

El protocolo establece que las fuerzas de seguridad “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes –sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”, enumera como ejemplo aunque deja a “criterio” de los uniformados “la táctica a utilizar” sugiriéndoles “atención preferencial” hacia niñxs, adolescentes, mujeres embarazadas, adultxs mayores y personas con discapacidad.

El procedimiento propuesto por el macrismo comenzará con el aviso a las autoridades políticas por parte de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de “un espacio de negociación para que cese el corte”, seguido por el aviso judicial.

Más allá del resultado de la “negociación”, se escucharán las “frases cortas y claras” del jefe del operativo de seguridad “a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz” ordenando a lxs manifestantes “desistir de cortar las vías de circulación de tránsito”, “retirarse” y “ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”. “El personal de las fuerzas de seguridad no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.

Si la protesta persiste, se habilitará la criminalización mediante el art. 194 del Código Penal que promete de tres meses a dos años de prisión a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

 “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, amenaza el protocolo.

 Tras el acuerdo o la represión, las autoridades políticas de la jurisdicción designarán personal para “establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan”.

 Quienes “inciten a la violencia” o “porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas”, bienes o “el medioambiente”, serán “identificados” y “aislados”.

Si existiesen daños durante la manifestación, se detendrá a sus autores y se accionará civilmente en su contra, así como la de “la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda”.

A contramano de lo actuado en sus dos meses de gestión, durante los cuales hubo balas y golpes tanto para trabajadorxs despedidos como para niñxs murgueros, el gobierno sostiene que “el uso de la fuerza” y de “armas no letales” debe limitarse siempre al mínimo posible”, inspirados en los principios de “legalidad”, “oportunidad”, “último recurso frente a una resistencia o amenaza” y “gradualidad”. En tanto, la prensa será ubicada en una zona determinada “donde se garantice la protección de su integridad física y no interfiera con el procedimiento”. Ya de filmar y fotografiar a lxs militantes deberán encargarse los uniformados, que para eso tienen experiencia.

El concejal del Frente para la Victoria Gustavo Mandará afirmó en FM De la Calle que la declaración del quiosquero Fernando Reta en la cual se ubica como único responsable de la estafa a la Sapem Transporte mediante la comercialización de saldos de tarjetas con cargas de miles de millones de pesos “no resiste el menor análisis”.

“Estamos tentando a los márgenes de la casualidad y a los índices probabilísticos, creo que Stephen Hawking se haría una panzada. La tarjeta esa le cayó justamente al quiosquero que más pasajes vende en Bahía”, dijo. El próximo viernes el Concejo Deliberante realizará una reunión plenaria convocada por la Comisión de Tránsito y Transporte para analizar el tema con la presencia de las autoridades actuales de Sapem y de quienes la integraban durante el gobierno de Gustavo Bevilacqua y de la empresa Eycon -creadora del software-.

Mandará reprochó al intendente Héctor Gay la “gafe” cometida al asegurar que el descubrimiento de la maniobra “se debe a una auditoría que se hizo. No, no, no se hizo ninguna auditoría en la Sapem, si hubiera habido una auditoría seria esto hubiera saltado mucho antes de lo que saltó. Ahora dicen que van a hacer una auditoría seria, externa, de acuerdo a lo que son los estándares mundiales para una empresa de este tipo. Hay muchas cosas en la Sapem que no se saben”.

“¿Quiénes trabajan y por qué? ¿Cuál ha sido el mecanismo de ingreso? ¿Quién lo reguló? ¿Hubo concursos o capacitación previa? ¿O era un lugar al que por allí se podía ingresar en base a contactos políticos? No afirmamos ni una cosa ni la otra simplemente queremos saber”, manifestó.

El edil repasó que según las declaraciones del gerente de Sapem, Adrián Saschgorodsky, el año pasado se detectó una diferencia entre la cantidad de pasajerxs y el dinero que ingresaba a la empresa. “Pensaron que podía ser algún tema en el sistema de reposición y allí empezaron a ver en el quiosco que más pasajes supuestamente vendía (que) las cargas a la Sapem eran muy chiquitas. Ahora, la pregunta que se cae de madura es: ¿esto lo empezaron a ver en abril de 2015, empezaron a tener las primeras certezas en agosto y recién en enero de 20116 salta?”. Por ello, el concejal subrayó la necesidad de “un esclarecimiento político” además de las responsabilidades penales que deberán establecerse.

Días atrás el FpV propuso anular el aumento del boleto del transporte suponiendo que el impacto de la estafa en el estudio de costos pudo haber desvirtuado su resultado. Desde la comuna se retrucó que esa afectación no fue tal por la distribución en el tiempo de los montos no ingresados.

“Cuando te dan los argumentos matemáticos te dicen que tres millones y medio de pesos en dos años realmente inciden poco. Lo que no nos pueden negar es que es plata pública que se perdió. Andá a decirle a una institución de bien público, recuerdo cuando este año peleamos el tema del presupuesto en el Concejo Deliberante la discusión monumental que hubo para asignar subsidios de diez mil pesos, ¿y resulta que tres millones y medio no importan?”, finalizó Mandará.

Esta mañana nos visitó el flamante Director de Programas y Proyectos de Formación y Capacitación, Esteban Uset, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales. Durante la entrevista explicó los objetivos de la nueva área de gobierno.

El docente fue sacerdote entre los años 1989 y 1993. Integró la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) entre los años 2006 y 2012. Desde el 2014 promovió el ciclo “Rock en la escuela”, un certamen que tuvo como objetivo el encuentro y fomento de jóvenes músicxs de las escuelas en festivales itinerantes que recorrían distintos establecimientos educativos.

Uset dijo a FM De la Calle que la Dirección “surge a partir de una propuesta que me hace algunos meses atrás, concretamente Fabio Pierdominicci. El reúne un grupo de gente con la idea de armar un proyecto vinculado a las políticas sociales. Siempre quedó claro mi relación extrapartidaria. Le pareció interesante algunos aportes desde lo técnico de cómo imaginaba una gestión desde algún área vinculada a la educación”.

Según el reciente folletín publicado por la Subsecretaría de Formación y Promoción Educativa, a cargo de Morena Llanca Rossello, bajo cuya órbita se encuentra la dirección que nos ocupa, desde el municipio se ofrecerán “cursos y talleres de inclusión educativa, laboral y social y capacitaciones municipales”.

“El Estado municipal no puede ser ajeno a que quienes van a las escuelas de las provincia de Buenos Aires son los hijos de los vecinos de la ciudad. Por eso definimos la idea cuya denominación sea de promoción educativa. Es decir, una serie de acciones de marcado tinte político territorial como acción del Estado promoviendo la educación como un valor y promoviendo acciones que favorezcan la inclusión en el ámbito educativo, laboral y social desde nuestro aporte como formadores”, argumentó el director.

En este sentido, desde la Subsecretaría anunciaron que ofrecen capacitaciones “en delegaciones municipales, sociedades de fomento, centros comunitarios, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil”.

“La función es cumplementaria, no supletoria” del sistema de educación formal, según Uset.

“Nosotros no podemos quedarnos expectantes mirando lo mal que funciona la provincia. En algunas cuestiones corresponde, está normado. Pero hay otras desde donde el Estado municipal es el Estado. Hoy coinciden los colores políticos. El Estado tiene que estar presente, anticipándose”.

Respecto de la coordinación del municipio en el marco del Fondo Educativo que se arbitra en el ámbito de la Comisión de Educación, Cultura y Acción Social del Honorable Concejo Deliberante, el funcionario dijo que “una de las cuestiones que tiene que ver con estas tareas de promover la educación es realizar todas las gestiones posibles para que a las escuelas donde van nuestros vecinos no se les caiga el techo encima, no se resfríen, no los muerda una rata. A veces la distancia entre las gestiones provinciales y las municipales hacen que se haga muy difícil”.

Por último, Uset destacó que su intención es “llegar a los barrios”.

Para comunicarse con la dirección dirigirse a la dirección de correo electrónico promoció[email protected]  o al teléfono (0291) 4594000 interno 2173.

(Por Astor Vitali) El carnaval en Bahía Blanca tiene una larga historia y mucho trabajo social que se desarrolla durante el año. Febrero es una vidriera de un esfuerzo mucho más prolongado que se encuentra en cada rincón de la ciudad.

FM De la Calle consultó a dos directores murgueros con anclaje en la tradición murguera bahiense.

Augusto, al frente de la Murga La Cucharón y conductor del programa La cucharón radio que se emite los jueves a las 21 por este medio, balanceó que “teniendo ya algunos resultados como los corsos nuestros, los ´A contramano´ de Estomba al 2300, los del centro, vemos que hay una sensación de que no estamos del todo cuidados o que no se hace una verdadera prevención de conflictos. Está raro el clima social. Creo que lo económico tiene que ver fundamentalmente”.

“Nosotros proponemos la alegría. Hay gente que se suma y que comparte. Pero hay un sustrato, desde mi humilde opinión, de laburantes y gente de a pie porque hay una violencia que se trasunta fuera del ámbito murgero y del espectador. Entonces van a las convocatorias estas a descargar bronca”.

Para Augusto “en el aspecto logístico anduvieron bien los corsos barriales en general. Estuvo bueno recuperar la Plaza Rivadavia”.

En pasillos se manejó más de una vez la idea de construir un corsódromo. Sin embargo, muchas murgas se oponen a esta política que consideran reclusiva en tanto alejaría a este movimiento popular de los lugares públicos comunes para confinarlo a un espacio alejado de la comunidad.

En este sentido, Augusto dijo que “Bahía tiene una historia murguera muy grande pero se empieza a visibilizar cuando la murga sale hace 14 años a la calle, corta una circulación vehicular y se apropia para que el murguero baile en la calle”

Por su parte, Guillermo Tellarini, director de la Murga Vía Libre y autor del libro “Bahía murguera” -sobre la historia de la murga local-, dijo a este medio que “la verdad que me sorprende lo que está significando el movimiento murguero en la ciudad, cómo la gente está empezando a leer y a ver las murgas, además de ir creciendo en calidad. Sabemos que tiene su faceta social y su faceta artística. Cómo el público va observando, aprendiendo a leer y saber de qué se trata”.

“También reconozco que hay una puja con la ciudad y con los hacedores respecto de distintas situaciones que se van brindando. Por ejemplo de gente inadaptada que viene a los espacios de corsos a pelearse. Muchos son menores de edad y eso la verdad que nos perjudica a todos”.

Por otra parte, los medios de comunicación social en general no destacan en su agenda la grilla de actividades diversa del carnaval bahiense y el trasfondo que implica pero se ocupan de poner en primera plana los aislados hechos de violencia que se dan en algunas sedes.

Al respecto, Tellarini sostuvo que lo lamenta. “En realidad si pudieran comprender todo lo que hay atrás, la contención que hacemos de las familias de los chicos. Todo el entusiasmo. Todo lo que se trabaja y que se vive todo el año y la felicidad de esos pibes que se muestran y que esto se le muestre a la ciudad. Es una fiesta para la ciudad”.

La periodista Maru Ludueña, vicedirectora de la agencia Infojus Noticias desde su fundación hasta su reciente desplazamiento por parte del gobierno macrista, se refirió en FM De la Calle al borrado de notas ordenado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Trata de personas, violencia de género, nietos restituidos, lavado de dinero, fondos buitre, justicia federal, Tragedia de Once y violencia institucional fueron los temas centrales de los más de once mil artículos ocultados uno por uno.

La censura de la cobertura del juicio político contra el suspendido vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, acusado por su pasado como espía de la dictadura y sus vínculos con la Triple A, fue una de las principales preocupaciones de las nuevas autoridades. “Los primeros días yo fui la encargada de hacer un sumario de notas que debían ser consensuadas, no me parecía mal, lo que me parecía mal era que la mayor parte de las notas no estuvieran siendo aprobadas”.

“Siendo parte de una política pública de acceso a la justicia con el caso de Montezanti estamos cumpliendo un rol importante porque hay mucha gente que no sabe lo que es un jury, el Consejo de la Magistratura, por qué se lo juzga a alguien que cumplió esas funciones. En estos temas que son tan complejos es muy importante ese tipo de estrategia periodística de hablar el lenguaje de la gente y no hacer creer que lo de Montezanti es un asunto como de un grupo o de una casta. Era muy grave que no nos dejaran hacer esas notas y si te fijás no hubo más notas de Montezanti en Infojus Noticias”, aseguró Ludueña.

Como ilustra Cosecha Roja, Infojus Noticias es una agencia creada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. en marzo de 2013. Su lema fundacional fue: detrás de los expedientes hay personas. Desde el 19 de abril de ese año hasta el 10 de diciembre de 2015, sus periodistas publicaron 14.098 artículos, la mayoría de ellos de elaboración propia, además de cientos de videos, una decena de informes multimedia y varios ensayos fotográficos. El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas autoridades y desplazaron a la conducción de la Agencia. Luego despidieron a una decena de periodistas. En enero, con la agencia muy lejos de su producción habitual, las nuevas autoridades decidieron borrar el 83% del archivo, algo inédito en un medio de comunicación.

Según comentó Ludueña en el inicio de la octava temporada de En Eso Estamos, de comprobarse que las publicaciones fueron eliminadas definitivamente “se constituiría delito porque esas notas no solo son el patrimonio de Infojus Noticias sino de toda la ciudadanía porque se hizo desde una estructura del Estado, es información de un valor documental, testimonial, histórico fuerte, es construcción de memoria, más en los temas a los que nosotros nos dedicábamos que eran temas que en general no tienen demasiada resonancia en los principales medios masivos de comunicación”.

Cómo desmantelar Infojus Noticias

foto-infojus-680x365(Publicado por Maru Ludueña en Facebook el 10 de febrero) A diferencia de mis compañeros de Infojus Noticias, de cientos del ministerio y de tantos miles que trabajadores estatales que se enteraron de modo brutal de sus despidos, tuve el privilegio  de que me lo dijeran en la cara. Fue el 30 de diciembre, al final de la tarde. Ya casi no quedaba gente en la redacción, se venían los feriados de fin de año, y estaban por empezar mis vacaciones. Los detalles casi siempre me parecen importantes en los relatos.

El último día hábil del año, la nueva directora de la agencia donde trabajé desde su fundación (en marzo de 2013), me llamó a su despacho. Puso cara de circunstancias y dijo que no tenía buenas noticias.

-Pero hace poco, cuando asumiste al frente de Infojus Noticias, aseguraste a toda la redacción que nos quedáramos tranquilos. No iba a haber despidos- le recordé.

-Sí. Son cosas que me exceden. Los de arriba no quieren que la primera línea de la agencia se quede.

Cristian Alarcón, periodista, una de las personas más talentosas y humanas que conozco, generador de proyectos que crean laburo para muchos colegas, capaz de gestos de nobleza pocas veces vistos. Fue despedido sin que nadie se lo haya dicho. A esta altura solo queda pensar que nadie se atrevió a hablar cara a cara con el fundador de la agencia.

A Sebastián Hacher, jefe de redacción, compañero de largas noches cargando especiales de Infojus Noticias, capacidad insana de trabajo e innovación, lo despidieron el 29 de diciembre, antes de irse de vacaciones. Martín Ale, entonces director de Infojus Noticias -visión política aguda como su ojo editor- había renunciado cuando se anunció a la nueva directora.

Ella, Sabrina Santopinto, desembarcó en la oficina el 10 de diciembre, minutos antes de que Macri asumiera la presidencia, junto a otras tres personas: Alvaro Herrero de la Asociación por los Derechos Civiles (el más cortés, se reunió sólo con el director), Soledad Lladó de la Fundación Pensar y Pablo Actlas, mano derecha en comunicación del ministro de Justicia Germán Garavano. Del día del traspaso presidencial quedan anécdotas para compartir en talleres de periodismo y mesas entre colegas. Ya nos podremos reír. Todavía queda cerca, duele.

Aquel 10 de diciembre, tras una breve reunión con el director en su despacho, “la nueva gestión” se instaló en nuestra pequeña oficina. En el televisor Macri empezaba su discurso, y los tres nuevos nos impartían las órdenes con los modos secos, impertérritos con que los patrones tratan a sus súbditos.

-¡¿Por qué no hay buenas fotos de Mauricio?!

-Quiero las claves de acceso a todas las redes sociales.

-Me nombran administrador en las estadísticas.

-¿Cómo que no tienen una agencia privada que mida el flujo de visitas?

Observarlos era entender que ellos se habían conocido hacía poco, tenían su interna.

Editores, redactores, fotógrafos, equipos de video y redes, todos trabajamos con velocidad para producir los materiales que nos fueron pidiendo. Se habrán sorprendido, no éramos el cuco que esperaban, sino profesionales haciendo su trabajo. Ellos también lo hacían, aunque no podríamos asegurar que con criterios periodísticos:

-Bajá estas dos notas-, ordenó la que en pocos días más se convertiría en nuestra directora.

Las dos notas: “Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia” y “Procelac denunció a la empresa que quiere cobrar bonos de la dictadura”. Qué curioso que fueran esas notas las elegidas: daban pistas. Qué curioso: no habían intervenido Télam, ni Radio Nacional, ni la TV Pública. Pero desde el minuto cero, cuatro enviados especiales tomaron el control de la agencia nacional  de noticias judiciales.

Cuatro veces la ahora directora de Infojus Noticias tuvo que pedir que bajáramos esos artículos. Hasta que apoyo su índice contra la pantalla de mi monitor. “Sacá esas notas”. Se quedó parada hasta que las oculté de la home, siguen online. Desde ese instante, la agencia que nos daba tanto orgullo no existió más. Retiramos las firmas y las iniciales de los que subíamos las notas, un sistema que visibilizó las tareas de cada quien.

Hoy recuerdo el traspaso presidencial como si lo hubiera visto desde la ventana de un submarino en el fondo del océano. Recuerdo a Macri diciendo ante la asamblea legislativa: “Queremos el aporte de todos”. Diciendo “pluralismo”. A Lombardi hablando de “enormes desafíos en materia de comunicación, que haya pluralidad respeto y tolerancia y calidad desde los medios públicos”. De “todas las voces en un tono de respeto”. Mientras Macri bailaba cumbia en el balcón de la Rosada, las claves del nuevo modelo comunicacional y gubernamental habían desembarcado en la agencia. Obsesión por las imágenes y las redes sociales, maltrato laboral, falta de libertad de expresión, desprecio por el Estado y un sentimiento bastante parecido a la revancha.

Al llegar, “la nueva gestión” pidió tranquilidad: no había nada que temer, la agencia les interesaba mucho, era muy valiosa, querían hacerla crecer. No tuvimos que esperar ningún despido para saber que no iban a cumplir.

Los primeros días me tocó hacer el sumario de notas que la nueva directora consensuaba con sus superiores del Ministerio de Justicia. Aceptaban alguna noticia de lesa humanidad pero rechazaban la cobertura de una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y el jury a Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al que se le imputó mal desempeño en sus funciones, por “conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” .

De golpe bajó el caudal de notas. Se terminaron las guardias de fines de semana. La nueva directora transfirió mis tareas a otros. En teoría, seguíamos siendo la jefatura de la agencia pero otra jefa nos había pedido desalojar la oficina. Seríamos los primeros, después vendrían por los demás. Con otros modos y objetivos, ya me había pasado.

A fines de diciembre de 2000, una docena de personas fuimos despedidas de un portal de internet de noticias para mujeres (obsidiana.com), con sede en México, Brasil y Estados Unidos, donde trabajé como editora. Un día, sin más, no pudimos entrar a las oficinas. Debimos retirar los objetos personales con custodia. El Chase Manhattan Bank, dueño del sitio que nos había capacitado en su sede de San Pablo, envió telegramas diciendo que pasábamos las horas “jugando al tarot”. Iniciamos una demanda contra el banco con sede en Nueva York. Nos negaron hasta que fuéramos periodistas (la mayoría de esas personas hoy son muy valoradas en sus ámbitos). Aprendí de esa experiencia. Y este diciembre lo vi venir.

Las semanas de transición resultaron desgastantes para todos los que trabajamos -trabajábamos- en la agencia. Nos reunimos en largas asambleas. Muchas veces no logramos ponernos de acuerdo, otras sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Estas crisis son como la maternidad o la vejez: exacerban lo que había. Y así fueron esos días, controvertidos y agitados. Desde que empezó el desmantelamiento de la agencia, cuando se la vació de contenido, algunos expresamos la necesidad de decir algo públicamente. Se votó esperar.

Un par de días antes de Navidad, la nueva jefa, Sabrina Santopinto me preguntó qué pensaba hacer (yo era subdirectora de la agencia).

-Me sorprendió que los jefes no renunciaran- deslizó con una sonrisa.

-Como el 90% de la gente necesito laburar. Pero soy periodista, quiero saber cómo continúa la agencia y mi tarea. Si habrá notas, si habrá pluralismo, como dijo el presidente el 10 de diciembre.

Me reía de mi, idiota: pidiendo permiso para el pluralismo. Ese día también le pregunté por qué al llegar se había autocensurado haciéndonos bajar dos notas: que CFK terminó la presidencia no es objeto de debate. Dijo que no iba a discutir. Sentí la necesidad de explicarle que mi camino periodístico no había empezado en el ministerio de Justicia. Me advirtió que sabía bien quiénes éramos. Y dijo, sin sonrojarse, que nos habían investigado por internet. Yo también la conocía: ella había colaborado con una nota en Infojus en una oportunidad, un editor le había rechazado con amabilidad una segunda, aún después de darle la chance de reescribirla. Ahora volvía con superpoderes. Quedamos en volver a hablar.

El último día hábil del año, a las seis y media de la mañana, me preparé el mate. Cada mañana, a las siete, tenía los principales títulos leídos, había sintonizado la tele y la radio. Y hablaba con Juan, el redactor que entraba más temprano, para pasar en limpio las primeras noticias del día, para después partir hacia Tandanor.

Esa mañana del 30 de diciembre, conservaba el ritual o la tara, no tenía que pasar ninguna información. La agencia había dejado de subir noticias temprano, mejor dicho: había dejado de subir noticias. Estaba reducida a la difusión de comunicados sobre lo que hizo o dijo el ministro o alguno de sus aliados, salvo excepciones.

Ni bien terminé el primer amargo del día, pispeé algo extraño en la yerba. Algo demasiado oscuro. Me acerqué: había una cucaracha adentro del mate que me acababa de tomar. Tarde para escupir. No supe qué hacer. Presentí que no me esperaba nada bueno.

Cuando llegué a Tandanor, había caras nuevas y muchas miradas atentas a la seguridad en la entrada al edificio. Pensé que vendría Macri, pero alguien comentó: “Viene el ministro”. Me pareció que el ministro no podía venir a Tandanor, una sede importante de su área, como si fuera un lugar ajeno. Al mediodía subí al último piso, donde está el comedor. Sí, era él, Garavano dirigía unas palabras a doscientas personas que sentadas a las mesas habían dejado de comer. Hablaba de fortalecer el acceso a la justicia y de que no tuviéramos miedo a los despidos, su gestión iba a poner orden. Dijo que se había encontrado con un ministerio caótico, donde las dependencias funcionaban desarticuladas, compartimentos estancos. ¿Con qué sentido un ministro se dirige así a los trabajadores cuando les habla por primera vez, y -ya que estamos-, el último día del año? Dudé en acercarme y decirle que los 40 que hacíamos Infojus Noticias funcionábamos como un reloj. Que sabía cómo trabajaban algunas oficinas, en diálogo con diversos sectores. Pero recordé que había desayunado un mate con cucaracha. Insectos que crecen en la oscuridad y son capaces de resistir a la radiación.

Ese día interminable, después de esperar horas, la nueva directora me anunció que estaba despedida. No pudo dar detalles: ni a partir de cuándo, ni cómo, ni cuánto. “Te mando un mail, copio a recursos humanos” (no lo hizo). Le deseé suerte con la agencia: “Cuidala. La hicimos con amor”. Se sorprendió, el día anterior, el jefe de redacción le había dicho lo mismo. La parte más picante fue cuando se ofreció a dar referencias a futuros empleadores, y a explicar que mi “salida” no se debió a nada en particular. Un mes después, en una reunión ante los siguientes diez despedidos, dijo que fue ella la que pidió que echaran a la jefatura.

Tampoco es la idea cargar las tintas contra la directora de Infojus Noticias, una mujer que se escabulle por las escaleras y fue incapaz de dar una respuesta a tantos colegas que la llamaron en los últimos días. Ocupa un puesto donde le toca esta parte horrible, el punto de contacto con los que sí saben cuáles son los objetivos de esta gestión que no para con sus provocaciones. Los que detentan el poder como si fuera un traje caro que se compra con su plata.

Me fui de vacaciones, sí.  Después de la muerte de mi padre y la pérdida de mi trabajo – ocurrieron casi sin intervalos entre sí-, sólo podía seguir el plan de rescate emocional y espiritual trazado con familia y amigos, al mismo paraíso secreto donde veraneamos hace años.

Cuando volvía, diez compañeros más fueron despedidos brutalmente. Algunos habían ido durante días a laburar sin saber que ya los habían echado. Hoy somos 14 los que nos quedamos sin trabajo (contando la renuncia del director). Con una editora muy valiosa “devuelta” en enero a la dependencia que había habilitado su pase. Es decir, quince personas menos. Pocos pidieron la reincorporación, los banco y espero puedan lograrlo. Imagino que para quienes continúan la situación es durísima. Aunque no tengo más que unas clases en la facultad, desde que me echaron aclaré no quería la reincorporación. Lo que me desvelaba era el sentido de la tarea. Lo que hubiera querido evitar es el desmantelamiento de la agencia, que se lee en consonancia con el resto de los despidos en otras áreas del Estado, afectando a políticas de Verdad, Memoria y Justicia, pero también de cultura, género, salud, cárceles.

Cuando nos desalojaron de la dirección, no tenía demasiadas cosas que llevarme: todo lo que había hecho era colectivo y estaba online. Me pregunté ¿por cuánto tiempo más? Aquella tarde, mientras cargaba por los pasillos de Tandanor un par de bolsas con papeles, el mate y el termo, pensé que sentía orgullo de esos tres años de agencia. Hundirla les llevó un día. Borrar la mayor parte de su archivo, unas semanas más.

El miércoles pasado, cuando empezó a correr la voz del borrado de notas de Infojus Noticias, comprobamos que lo estaban haciendo selectivamente y en tiempo real.  El archivo tenía más de 20 mil notas. Hoy sólo están accesibles menos del 10%. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años, sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico” dice el comunicado de los trabajadores de la agencia.

Pedimos que todos los archivos vuelvan a estar disponibles en la agencia. Seguimos esperando una respuesta. Llegaron la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo de colegas, lectores y referentes. “No se puede borrar la historia, es como querer borrar la memoria” dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Radio 10. Graciana Peñafort, en una nota en Cosecha Roja, explicó: “Cuando decidís borrar notas que han sido producidas por el Estado, es como quemarlas. No es ordenar tu escritorio, es destruir un patrimonio documental que pertenece a todos”. Peñafort dijo que se trata de una afectación grave del patrimonio documental. De comprobarse que las notas se borraron definitivamente, hay delito. Además de que eliminar estos archivos afecta el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, también implica un incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.

Cuando empezamos a hacer un registro de las notas borradas, repasé algunos de los momentos más intensos y desafiantes. Imposible nombrar todos. El operativo obsesivo de buena parte de la redacción para localizar la tumba de Videla. Cómo nos temblaron las manos cuando dimos la primicia de que estaba enterrado en Pilar. La emoción de haber contado sentencias históricas en juicios por delitos de lesa en todo el país, pero también las historias de las víctimas. Algunas hablaban por primera vez, y en ese gesto el relato se convertía en memoria histórica.

Las restituciones de los nietos. El momento en que un fotógrafo captó el papelito donde Etchecolatz  escribió “Julio López”. La cobertura persistente de juicios y memorias de violencia institucional (Masacre de Carcova, Luciano Arruga, Julio López). La represión en el Borda. Los juicios a los que no iba casi ningún medio masivo, como el del crimen de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. El proceso por encubrimiento del atentado a la AMIA y de la represión 2001. Las notas sobre trata de personas, diversidades, nuevos derechos. La muerte violenta de Diana Sacayán. Las historias de los bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain, y las revelaciones sobre una red de complicidades. Conflictos como el de la imprenta Donnelley, la planta recuperada por los obreros. El juicio por el crimen de las turistas francesas en Salta, contado en la exquisita pluma de Ana Fornaro. Su cobertura desde Nueva York sobre la negociación con los fondos buitre, poniéndole ojos de cronista a los temás más ásperos.

Ese era nuestro trabajo: contar que detrás de los expedientes hay personas, detrás de las personas, historias y tramas complejas. Servir de insumo a los medios con las noticias judiciales, tanta veces encriptadas en el lenguaje para entendidos. Visibilizar las voces de las víctimas. Porque fuimos parte de una política de Estado de acceso a la justicia.

Algunos artículos hacían saltar los servidores y la adrenalina de la investigación periodística, como pasó con la restitución de la identidad de Ignacio Montoya Carlotto, a la que tampoco se pueda acceder. Otros cobraban vida a partir de un dato simple: la muerte de una médica del SAME, la “leona de ambo verde”, una de las más leídas. Y estaban esas que cuesta cubrir y leer, como la muerte de dos hermanitos en el taller clandestino de Flores, que Juan, un redactor, investigó obsesivamente.

¿Cómo contar la singularidad de cada historia, de cada proceso, de cada centro clandestino de detención, y dar cuenta al mismo tiempo de las tensiones en la que se inscribe la trama colectiva? ¿Cómo visibilizamos la compleja trama del lavado de dinero en Nordelta? ¿Y la complicidad económica con la dictadura? ¿Cómo hacemos para narrar que cada juicio a María Julia es diferente? Eran algunas de las preguntas que intentamos responder en esos tres años. Algunas de las respuestas están -estaban- en fotos, ilustraciones, videos y tuits que configuraron una identidad periodística. Cada temática era también un desafío doble: ¿cómo narrar desde el mismo Estado el atentado a la AMIA, las problemáticas de género, de violencia institucional y de discriminación? A las organizaciones y personas que activan las cuestiones que abordamos les debemos enorme agradecimiento por ayudarnos y más por desasnarnos.

Supimos tener colaboradores rápidos y agudos. Redactores y productores que llegaban de una entrevista y preguntaban qué se hace con ese dolor, como si tuviéramos algún conjuro. Quedan los aprendizajes y las batallas. Haber intentado eliminar para siempre el uso del potencial. Luchas por la construcción de una oración, por el uso de una palabra. Hicimos unos especiales por los que valió la pena laburar 20 horas seguidas, como en el caso de AMIA, que aún sigue online. Le pusimos todo lo que pudimos. En mi caso, no fue difícil: fue uno de los trabajos más hermosos que tuve. Me siento muy agradecida. Más allá de la exigencia que significó en mi vida personal: los malabares con mi hijo, mi esposo, mi madre y mi suegra todas esas veces que pasó “algo” y bancaron.

Los aciertos fueron colectivos, las equivocaciones también. Hubo errores, sí. Y fue de lo que más aprendimos. Con el más grave, pasamos noches sin dormir. Repasamos una y otra vez los procedimientos, dolidos y avergonzados. Al entonces director, Cristian Alarcón, le pidieron la lista de los compañeros involucrados en subir esa noticia. Se negó a darlos. Pagó el costo con su nombre, que a algunos medios les encanta ensuciar, y con su desplazamiento. Nos equivocamos, sí. Apenas lo supimos, pedimos disculpas y nos rectificamos. Esa es la diferencia entre el periodismo y la operación.

Hicimos un proyecto periodístico de calidad. No nos despidieron por nuestra capacidad ¿Por qué nos despidieron? ¿Por qué bajaron la mayor parte del archivo? ¿Por qué el ministro Garavano no pudo dar una respuesta consistente? Dijo al Buenos Aires Herald: “Algunos artículos pueden no estar disponibles, pero no fueron borrados” y anticipó que la agencia sufrirá cambios radicales: “no queremos una agencia de activistas”.  ¿Por qué quienes tantas veces se erigen en paladines de la retórica de la libertad de expresión siguen sin hablar de esto y publicaron notas que pretendieron ensuciarnos con datos falsos, quizás “preparando el terreno”?

Como decía Ryszard Kapuscinski , “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ya lo dijo el maestro en el libro donde está esa cita: los cínicos no sirven para este oficio.

Hace unos días fui a notificarme del despido. Mientras esperábamos junto a Cristian, delante nuestro había tres jóvenes de mamelucos viejos y con restos de pintura, derrumbados sobre los asientos. Eran empleados de mantenimiento, esperábamos lo mismo: que el guardia nos hiciera pasar a una ventanilla a firmar los despidos. Una señora de más de 50 que acababa de firmar el suyo salió caminando despacito y se secó las lágrimas en silencio. Volvió a largarse a llorar cuando nos contó que trabajaba en limpieza y se había enterado ese día. Por otra puerta, al mismo lugar, llegaban los nuevos: jóvenes de camisa y pantalón, que, así como nosotros hace tres años, ese día firmaban su incorporación. Transferencia de recursos. Pensé en la promesa de terminar con la pobreza y en los grandes planes de acceso a la justicia. En la cucaracha en el mate y en el cinismo.

Agustín Lecchi, delegado de TV Pública y secretario de Organización de SiPreBA, habló en FM De la Calle sobre los despidos sufridos por periodistas de distintos medios.

El caso más resonante es el que involucra a cerca de 800 trabajadorxs del Grupo 23. “Los están desmembrando, la primera venta fueron Radio América y Tiempo Argentino al Grupo M de Luxe que es de Martínez Rojas, empresario que  jamás tuvo algo que ver con los medios”.

“Hay compañeros que no cobran los sueldos desde hace más de tres meses, ni aguinaldos ni nada, pasaron las fiestas y el verano en esta situación que ya es un contexto de hambre”.

Los conflictos con el gremio de prensa se agudizaron en los últimos tiempos, “se han sumado varios sectores vendidos y algunos de los empresarios que adquieren medios son de procedencia desconocida para nosotros”.

El delegado de TV Pública se refirió a la posición de Sergio Szpolski: “Sabemos que recibió 40 millones de pesos de pauta oficial de este gobierno nacional, como tiempo atrás del kirchnerismo y también del gobierno metropolitano le dieron, y sumado a esto obtuvo pauta privada. (Sin embargo) este tema lo usan de excusa para echar gente”, sentenció.

Con respecto a la precarización laboral de lxs trabajadorxs de prensa, el secretario de Organización comentó el descrédito que tienen los empresarios de medios. “Ellos no cumplieron absolutamente nada de lo que prometieron. Nosotros planteamos que el Estado le saque la pauta oficial a estos empresarios  para solucionar la situación de los trabajadores, pero lo único que recibimos es un silencio cómplice”.

El saldo positivo fue la reunión con el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi. “Logramos hacer una mesa con las diferentes federaciones y pudimos resolver las situaciones de conflicto que había en Radio Nacional. Las charlas con Lombardi fueron buenas”. “Por ahora no hay despidos de trabajadores de Canal 7 ni hay en vista tocar nada que esté relacionado a la fuente laboral ni a las condiciones de trabajo, solo hubo renovaciones lógicas que suceden cuando cambia la administración”.

Con respecto a la vida gremial, Lecchi manifestó que “teníamos armada una agenda más organizativa, tenemos elecciones en breve y no podemos desatender la situación; pero el conflicto nos llevó a la calle”.

Texto: Diego García.

La secretaria de Gobierno, María Laura Biondi, visitó el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle. A dos meses de gestión, la funcionaria dijo que “hemos encontrado cosas desorganizadas o sin hacer pero para todo había una solución. Muy buena predisposición del empleado municipal y mucha gente que se acercó para ofrecer inversiones y negocios”.

Revisión de contratos

La titular del área de gobierno informó que “hasta el 31 de marzo estamos analizando cada una de las secretarías. Hay que ver cuánta gente tiene cada uno a cargo, qué tareas tiene cada uno a cargo, si hay algún área que está superpoblada y a otra le falta. Hay gente que vino sola a presentarse pidiendo se le den funciones porque no tenían mucho que hacer, es el caso del Museo del Deporte”.

Por otra parte, “ocurrieron bajas de contratos temporarios pero para darlos de alta en otro sector. Una persona temporaria no la podés trasladar de dependencia. Tenés que dar sí o sí de baja el contrato y darle de alta en otro lado”.

“Estamos reunidos con el gremio para ver cómo vamos a ir regularizando los temporarios, becarios y planes de empleo. La idea es regularizar. Todo aquel que trabaja, no hay problema”.

Delegaciones

En el caso de las delegaciones, las auditorías también tienen fecha de finalización el 31 de marzo. “Se descubrieron algunas irregularidades. Se anunciarán a final de marzo”.

“La realidad es que hay muchos empleados que ponen plata de su bolsillo. Ante la necesidad de trabajo y el reclamo vecinal”.

Planta política

“Hubo un pequeño incremento” de la planta política. “Se deba a la creación de la Secretaría de Seguridad, a la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y a la re estructuración del área de Políticas Sociales a cargo de Fabio Pierdominicci”.

Empleo

A principios de año, el intendente municipal adelantó que se volvería a poner en marcha el frigorífico Villa Olga. Al poco tiempo se conoció que un conflicto legal, hasta dirimirse, no permitirá poner en funcionamiento el emprendimiento.

“La idea del inversor está firme. Se demora por la resolución judicial. Sería poner en funcionamiento el frigorífico y una planta de agua”. El inversor es Walter Ottavianelli.

El gobierno municipal también tiene en carpeta un country en la zona del cementerio, propiedad de Marta Furfuro.

El gobierno mantiene reuniones con diferentes inversores  pero no quieren adelantar nombres ni proyectos aún.

Innovación

“Hay mucha burocracia y por ahí para un trámite tenés que andar dando vueltas por dos o tres dependencias municipales, ni si quiera dentro de un mismo edificio. Eso es algo que se está cambiando desde el área de Innovación, Ciencia y Tecnología y también desde el área de Elisa Quartucci, para facilitarle las cosas al vecino y que tenga una respuesta, sea del área que sea”.

Bahía Transporte SAPEM

Luego de que se conociera la estafa por unos 8 millones de pesos, los allanamientos en 7 comercios que vendían la tarjeta de acceso al servicio de transporte público de pasajeros el viernes pasado y la confesión del kiosquero Federico Reta, quien dijo públicamente que habría usufructuado cuantioso saldo a favor “sin complicidades”, oficialistas y opositores debaten si esa cifra tuvo impacto en el precio del servicio.

“No creo que el kiosquero sea el culpable de todos los males. Remarca mucho que no hay nadie arriba de él. Estamos trabajando muy bien con los fiscales y con el juez. Es cierto que se filtró la información antes de lo que la justicia necesitaba ellos para seguir haciendo la inteligencia”.

Municipalización de los servicios

Sobre la prestación del servicio del agua, “hoy por hoy como está el servicio sería imposible la municipalización porque hace años que no se hacen obras de mantenimiento”.

“Hay reuniones constantemente con la gobernadora” de la provincia de Buenos Aires.

 

(Por Laura García Vazquez) El avance de la derecha en Latinoamérica, charla a cargo de Modesto Guerrero

Tuvimos la suerte de asistir a la charla-debate que ofreció Modesto Guerrero en la ciudad de Mar del Plata el miércoles 10 de febrero, organizada por ATILRA, en la que desarrolló un tema tan importante como crucial para todos los latinoamericanos en este momento: el avance la derecha. Este título no explicita el principal eje del debate ya que nos preguntamos, más allá de lo que pasará en el futuro, ¿qué pasó con los gobiernos “progresistas” durante estos pasados años donde contaron con condiciones de excepción, es decir, una gran oportunidad para ir por la emancipación nacional y social y la integración y la autonomía de América Latina?

Compartimos con Modesto la necesidad de analizar las causas y las responsabilidades. La autocrítica es imprescindible y cada organización política involucrada debería proponerse hacerla.

Para los argentinos es especialmente duro nuestro presente, por un lado es el año del Bicentenario de la declaración de la Independencia por otro el nuevo gobierno del presidente Macri avanza favoreciendo negocios que concentran y extranjerizan (aún más) la economía. Y aporta (en sentido negativo) a este avance de la derecha en la región.

Esto nos pone ante la imperiosa necesidad de analizar la derrota. Las derrotas se construyen, las victorias también.

Nos parece sumamente interesante en primer lugar pensarnos como región, aunque posteriormente se distingan los matices y las particularidades de cada país. En este sentido Modesto Guerrero señala como gran triunfo la derrota del ALCA que justamente ocurrió en mar del Plata en el año 2005, pero no sólo por la victoria que constituye  su resultado sino también porque la lucha contra el ALCA constituyó un movimiento de intensa actividad militante,  con participación, masividad y alcance territorial. La lógica dice que a esta victoria debieron seguirle otras, que, lamentablemente, no existieron. Los diversos organismos de integración  que se crearon pudieron funcionar a nivel político o diplomático,  y eso es importante,  pero no pudieron dar el paso de la integración al servicio de un desarrollo conjunto y autónomo. El tantísimas veces anunciado y postergado Banco del Sud es una muestra cabal de esto.  Fundamentalmente los gobiernos se basaron en la exportación de materias primas, es decir, apostaron al agronegocio y otras formas extractivas y distribuyeron esa renta, en lugar de crear condiciones de fortaleza a nivel de desarrollo productivo e integración y autonomía financiera. Emancipación implica hacerse autónomo, independiente y soberano. En el caso de los latinoamericanos  implica necesariamente la integración. Por eso decimos que al NO al ALCA debió seguirle un SÍ al ALBA, al que tanto Brasil como Argentina (aunque quizás por razones distintas) se negaron.

Seguramente, el Comandante Chávez será recordado como el gran impulsor, y por qué no? inventor de esta integración siguiendo los pasos de Bolívar, y tendremos que seguir indagando sobre esta experiencia teniendo en cuenta, como claramente señaló Modesto en su charla, que los oprimidos no podemos aguantar las derrotas en cambio los opresores sí pueden y por eso hoy utilizan su dominio sobre un territorio que creen propio.

En la charla se relataron muchísimos hechos ilustrativos de este proceso, nuestra intención es reflejar los principales argumentos propuestos. Nos queda a todos los que seguimos trabajando diariamente por la emancipación,  la integración y la autonomía latinoamericana continuar en este camino alejando todo rasgo de sectarismo de nosotros. Ese es hoy nuestro principal desafío para hacer honor a la frase de Simón Bolívar que encabeza estas palabras.

(Por Francisco J Cantamutto) Dos meses van ya, y el gobierno de Cambiemos confirma día a día su sesgo ajustador, en beneficio de unos pocos. Los ritmos de la devaluación y la inflación al servicio de esos pocos.

Cuando hace 3 meses caracterizábamos las propuestas en juego, señalábamos el sesgo de ajuste de Cambiemos, incluso antes de ser electo. Y todas las predicciones fueron atinadas. No se trata de iniciar esta nota con un enaltecimiento del ego (tantas otras notas hicieron lo propio), sino mostrar que no se trataba de una campaña de miedo, sino de un análisis concreto para desmentir la revolución de la alegría.

El gobierno de Cambiemos, en estos dos meses de tareas, se ha encargado de certificar su sesgo de clase. La columna dominical de Verbitsky comenta sobre un informe del CIFRA de la CTA en este respecto, mostrando –una vez más- que no se trata de un gobierno para todos, sino una gestión para pocos. Allí se consigna la composición social del “equipo”, haciendo notar la presencia explícita de representantes de la banca extranjera, los oligopolios mineros y las empresas de servicios, con menor presencia del agro y la industria. No sólo por la presencia de sus conspicuos portavoces son beneficiados estos sectores concentrados del poder económico y político, pues múltiples adláteres ofician de apoyo bajo una convicción ideológica forjada en años de educación y trabajo para sus mandantes. Es allí donde se cruzan los argumentos neoliberales como excusas y como programa de clase.

Aunque útil para notarlo (por lo explícito del caso), el análisis sobre la hegemonía no debe restringirse a los cuadros orgánicos que ocupan cargos, sino a través de sus acciones concretas. Por ejemplo, señalábamos antes cómo el vínculo directo con la banca ha desatado esta furia endeudadora mediante la venta de bonos del Banco Central, del Tesoro y ahora la propuesta de arreglo con los fondos buitres. Pero pocas cosas parecen tan concretas en estos dos meses como el acelerado ritmo de la devaluación y la inflación, que afecta los bolsillos de la clase trabajadora.

Con un dólar superando los $14,60, la devaluación total de estos dos meses ha sido del 55%. En términos de poder adquisitivo, esto significa que nuestros salarios en pesos perdieron un 35% en dólares. Sí: podemos comprar menos, porque nuestros pesos valen menos. Esta pérdida aplica de modo directo a las importaciones, pero también a productos nacionales con componentes importados, que en la industria promedian más de un tercio de la producción total.

A esta caída del valor del peso, superior a la provocada por Kicillof en enero de 2014, hay que añadirle la quita de retenciones a las exportaciones a toda la producción primaria (primero agropecuaria –con excepción de la soja-, y esta semana, minera). Al quitarle estos impuestos, los exportadores captan un precio mayor de venta: por cada dólar, reciben más pesos, tanto por la devaluación como por la quita de impuestos. Los exportadores son entonces uno de los ganadores de estas medidas, que además han ganado mediante la especulación, reteniendo productos hasta que el precio los satisfaga.

Esto significa mayores ganancias, pero al mismo tiempo un aumento de precios para los compradores de esos productos. Esto significa aumentos de precios para los consumidores pero también aumento de costos en la cadena de valor. Es decir, la devaluación no sólo significa caída del poder de compra en dólares sino que está generando aumentos de precios internos: esto es, inflación. Cambiemos, que se llenó la boca hablando de reducir la inflación durante la campaña, a fuerza de ilusiones abstractas, ha dejado en claro que no es ese el objetivo. Aunque nos han dejado sin estadísticas hasta agosto (ocultando información pública), la inflación estimada entre consultoras privadas y el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires indica que tanto diciembre como enero cerraron en torno al 4% mensual. Para febrero, merced de los aumentos de tarifas eléctricas (otro sector ganador), que van de 550% a 700%, se espera que el aumento sea del 5%. Un acumulado en tres meses del 13,5%. Extrapolado al año, la inflación superaría el 35%.

Pero este aumento de precios, muy superior al de los años previos, no afecta a todos por igual, como el discurso mediático insiste. Una ventaja de este fuerte aumento de precios es que perdemos noción de los precios relativos. Esto permite a la cadena de comercialización aumentar sus márgenes de ganancia sin correlación alguna en los costos. He aquí otro sector ganador. El gobierno ha propuesto para su control un sistema ineficaz, sólo apto para usuarios de telefonía móvil en ciudades, un traspaso del costo de control a los consumidores.

Entonces, el ajuste de precios beneficia a exportadores, importadores, comercializadores y a las prestadoras de servicios. No es un caos ni aleatorio: el ajuste está diseñado para mejorar las ganancias de unos pocos contra las necesidades de la mayoría.

Justamente, usando como testigo la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, el gobierno espera que los salarios aumenten entre 20 y 25%. Muy por debajo de la inflación. Con casi tres meses de devaluación e inflación, las paritarias inician con desventaja, con salarios que ya fueron reducidos, y en la pelea desigual por recuperar lo perdido, el gobierno nos traslada el costo del ajuste. Y para garantizar ese resultado ya ha puesto en marcha el operativo de represión a la protesta y arreglo con la burocracia sindical.

La inflación no es resultado del gasto público ni la emisión: es el ajuste de precios, la pelea por la apropiación del ingreso. Y en esta pelea, el gobierno ha tomado partido claro a favor de los grupos concentrados.

(Por Julio Gambina) El gobierno de Macri busca disciplinar al movimiento sindical y por eso junto a las cesantías en el Estado, la represión y criminalización de la protesta social, se pretende asociar a los objetivos de la gestión a parte de la dirigencia gremial. Por eso la reunión del gobierno se limitó a recibir a la dirigencia de las distintas versiones del sindicalismo tradicional agrupado en las CGT.

Afuera del diálogo quedaron las CTA, que nuclean a gremios y movimientos sociales que expresan muy fuerte la conflictividad en estas horas. No importó la legalidad de ambas centrales, sino que primó en el gobierno el objetivo de contención y aislamiento del conflicto social. Es una estrategia acompañada de represión y criminalización de la protesta social.

ATE convocó a un paro nacional para el 24 de febrero y crecen las adhesiones y simpatías de una medida que trasciende los propósitos concretos de la medida, contra las cesantías y en defensa del empleo público. Los trabajadores estatales denuncian cerca de 20.000 cesantías en los tres ámbitos del Estado: municipios, provincias y nación, muy por encima del difundido por las autoridades, que solo informan sobre lo que ocurre en el Estado Nacional, desentendiéndose de procesos similares de varias provincias, incluso las gobernadas por el kirchnerismo.

La situación de los gremios docentes está en tensión y son parte de la conflictividad expresada por estas horas. Los docentes bonaerenses acaban de desestimar una nueva oferta del gobierno provincial por actualización salarial del 24,1%, con una demanda del 35% de ajuste, en lo que pretende ser la primera pulseada de un debate nacional reiterado a comienzo del ciclo escolar.

Diversas son las expresiones en solidaridad con la libertad de Milagro Sala y la criminalización de la protesta social, en un momento en que se intenta deslegitimar la experiencia de autogestión desarrollada especialmente ante la crisis del 2001. La “normalización” del orden capitalista local tiene en paralelo la continuidad y extensión de experiencias de organizar la vida cotidiana con y más allá del Estado, lo que supone la disputa de fondos públicos por parte del movimiento social.

En rigor, el problema no es solo de los estatales, ya que las cesantías y suspensiones se extienden también en el sector privado. La Volkswagen y la FIAT anuncian masivas suspensiones ante la reducción de la demanda brasileña. La crisis mundial y su impacto recesivo en Brasil golpea en forma directa sobre la Argentina y desmitifica el imaginario gubernamental de lluvia de inversiones externas hacia el país.

Disciplinar el conflicto social es un objetivo central, ya que en el marco de la crisis mundial de la economía, el imaginario de receptar cuantiosas inversiones externas o préstamos se ralentiza y es creciente el rumbo recesivo de la economía local.

Como hemos sostenido en otras ocasiones, salvo por créditos externos, las reservas internacionales siguen a la baja y no alcanza con las apelaciones a la responsabilidad empresarial para reducir precios. En enero, según la medición en la Ciudad de Buenos Aires, los precios escalaron 4,1%, con alimentos por encima de este promedio, con un registro proyectado para el año del 33%.

La burguesía mundial o local privilegia su propia rentabilidad a los objetivos de “buen gobierno” y “amigable” con el mercado y las empresas sugerido por la burocracia macrista en la gestión estatal.

Precios y salarios

Se puede afirmar que al no poder frenar o morigerar la inflación, con apelaciones morales a la responsabilidad y sin capacidad para disciplinar a los empresarios fijadores de precios, acuden a la reducción de los salarios e ingresos populares.

Un claro ejemplo son los jubilados y otras prestaciones sociales de la seguridad social.

Acaban de difundir la actualización establecida por ley de los haberes jubilatorios, la asignación universal por hijos y las asignaciones familiares, con valores a cobrar a partir de marzo.

La mínima de los jubilados pasará de 4.299 a 4.943 pesos mensuales. Son 644 pesos de actualización, o sea, menos de 22 pesos diarios, lo que supone apenas un poco más de pan en el consumo cotidiano. Un poco más de 4 millones de jubilados se ubican en este rango

El ajuste es de un 15%, cuando la inflación de octubre 2015 (última actualización) a marzo 2016, fecha de efectivización del ingreso, puede ser superior a ese guarismo.

Para las pensiones no contributivas se pasa de 3.009 pesos a 3.460 pesos, unos 451 pesos más, algo así como 15 pesos diarios. Más de 1,5 millones de beneficiarios.

Esa actualización también se aplica a la AUH, con cerca de 3,6 millones de beneficiaros, que pasa de 837 a 962 pesos, una actualización de 125 pesos mensuales, o un poco más de 4 pesos diarios. Se actualizaron también las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia.

Son ajustes mínimos que involucran a más de 10 millones de personas, un 25% de la población, evidenciando la situación de empobrecimiento ante la evidencia de un consumo suntuario y beneficios concentrados en una minoría de la población.

El tema de fondo es que el mínimo para una familia tipo, según los trabajadores del INDEC es superior a los 15.700 pesos, con valores a diciembre del 2015. Los trabajadores aceiteros, insisten que más que porcentaje el salario mínimo que requiere un trabajador del sector es de 20.000 pesos mensuales.

La realidad es que la intencionalidad patronal y gubernamental no apunta a resolver la ecuación de satisfacción de necesidades de ingresos de trabajadores y otros sectores populares, de hecho, la mayoría de la sociedad argentina. La orientación de la política económica es pro empresas y su rentabilidad.

Por eso, el BCRA deja que suba la cotización de la divisa estadounidense y ya se acerca a los 15 pesos por dólar, lo que facilita la liquidación de la cosecha de soja almacenada en silos, una aspiración sostenida desde el primer día del gobierno Macri. Además, estimula la tendencia a la especulación contra la moneda local y aspira dinero de la circulación para inducir vía política monetaria restrictiva bajar la inflación. Se trata del retorno de las viejas políticas monetaristas propias de las “metas de inflación” y la ortodoxia en la gestión del Banco Central.

Límites a la política gubernamental y posibilidades para alternativas

Como las inversiones no llegan y eso demora la apertura de crédito a menores tasas de interés, el esfuerzo del Ministro de Economía se concentra en las oportunidades otorgadas a los fondos buitres (holdouts) y observa con satisfacción cierto guiño de simpatía expresado por el negociador de la Justicia de EEUU y el propio juez a cargo de la causa, claro que el acuerdo supondrá cuantiosos costos para el conjunto de la sociedad argentina.

La expectativa del gobierno se concentra en obtener crédito externo y si puede, alguna radicación de inversión extranjera, por eso recibe con expectativa esperanzada las visitas de los gobernantes de Francia e Italia, y mientras tanto cubre con iniciativa política la búsqueda de consenso político a su gestión. Es una estrategia orientada hacia la burocracia política y sindical, develando acciones en operaciones de manipulación ideológica detrás del republicanismo y el amplio diálogo político pregonado.

No hay dudas que el gobierno actúa con gran iniciativa política y aprovecha el desconcierto político generado en ciertos sectores ante la nueva realidad de un gobierno PRO en la Nación, Capital y Buenos Aires y que sin mayoría parlamentaria demostró capacidad para intervenir en captar voluntades de la oposición sistémica.

Ese accionar motiva a pensar en la necesaria estimulación de iniciativa y acción política organizada del amplio movimiento social y político con voluntad de intervenir en la construcción de alternativa.

La discusión es siempre si se puede proponer algo distinto a la lógica discursiva del poder y no caer en la inevitabilidad del ajuste social para combatir la inflación.

El costo puede trasladarse hacia los sectores de mayores ingresos, lo que supone luchar por reformas progresivas del régimen tributario y claro, discutir el modelo productivo y de desarrollo, sus beneficiarios y el tipo de inserción internacional que privilegie la satisfacción de necesidades sociales por encima de las ganancias.

Foto: Uniónentreríos

La Comisión Directiva Departamental de Bahía Blanca informó que el día viernes 12 de febrero desde las 8 de la mañana se llevará a cabo una Asamblea informativa en el Hall del Palacio de Tribunales (Estomba 34).

Por su parte, a nivel provincial “como respuesta al incumplimiento del compromiso asumido por la gobernadora Vidal durante la reunión mantenida el pasado 23 de diciembre, la AJB declaró el estado de alerta y movilización y convocó a los judiciales a debatir en asambleas la respuesta gremial en caso de mantenerse esta situación”.

Según la organización gremial, “el gobierno provincial asumió el compromiso de iniciar las mesas técnicas con todos los sectores de estatales en el mes de enero, para dar inicio a las negociaciones paritarias durante febrero”.

El 26 de enero, la entidad gremial presentó una nota al Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, solicitando al gobierno el urgente llamado a mesas técnicas.

El mandato paritario

El Congreso de la AJB, realizado en La Matanza el 18 de diciembre pasado resolvió, a partir de los mandatos de las asambleas departamentales realizadas días antes, reclamar en la negociación paritaria los siguientes puntos:

– Aumento salarial, entre un 45 y un 50%.

– Sanción de la ley de paritarias y de la ley que restituye el 3% de antigüedad.

– Bloqueo de título para los peritos.

– Pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.

– Incremento al 40% de la Bonificación Especial y Compensación Funcional.

– Transformación automática de Auxiliar 3º a 1º al año de antigüedad.

– Sanción de la ley de licencia por violencia de género.

– Universalización del cargo de Jefe de Despacho.

(Por Francisco J Cantamutto) Se anunció finalmente la oferta a los fondos buitres que ganaron en las Cortes de Nueva York. Ganancias considerables para la rapiña, falta de precisiones y olvido de la legalidad.

Acorde con el objetivo de volver a la ruta del endeudamiento privado externo sin ningún objetivo ulterior (la deuda por la deuda misma), el gobierno de Macri abocó sus esfuerzos a la cuestión de los holdouts litigantes, los famosos fondos buitres. Tras la deleznable operación de diciembre, cuando se cambiaron bonos intra-Estado por deuda con la banca extranjera, el “equipo” de Economía se dedicó a elaborar una propuesta para presentar en Nueva York. Bajo el comando del ministro de la JP Morgan, Prat Gay, y el secretario de la Deutsche, Caputo, se llegó a una nueva oferta para resolver este litigio.

De dónde veníamos

Recordemos que los llamados fondos buitres son entidades dedicadas a la compra de deuda con problemas de pago a previo vil, para litigar luego en tribunales del mundo para obtener el precio pleno, más intereses caídos y punitorios. Debido a lo costoso de asediar legalmente a un deudor por tantos años, esta operatoria sólo está disponible para actores con gran capacidad financiera y de lobby. Es decir: nada que ver con la imagen de los pobres bonistas engañados. Algunos de estos tenedores de deuda argentina lograron una serie de victorias en los tribunales de Nueva York, obteniendo fallos favorables en primera y segunda instancia, para ser desestimado como caso por la Corte Suprema de Estados Unidos. Estos fondos eran dueños del 1,3% de la deuda total, sobre un total de un 7% restante aún impago. El juez Thomas Griesa se volvió así la imagen icónica de lo más detestable del capitalismo financiero mundial, interpretando la ley de manera arbitraria para favorecer a acreedores espurios. Acceder a cumplir con esta sentencia en 2014 abría la puerta de reclamos de bonistas que entraron en previos canjes, lo que hubiera generado una debacle financiera para el país.

Por eso, el gobierno de Cristina Fernández reaccionó utilizando a estos buitres para su propia construcción política, alegando su carácter predatorio contra la soberanía nacional (el “Patria o Buitres”). Aunque es cierto que los buitres lo son, el gobierno omitió entonces su incansable esfuerzo por cumplir con reclamos equivalentes, igual de predatorios. La sola idea de ser “pagadores seriales” resultó incomprensible para quienes insistimos con el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda. La derogación en dos oportunidades (2010 y 2013) para pagar a nuevos litigantes fue expresión de la voluntad de pago, enaltecida a interés público en la mal llamada Ley de pago soberano. La comisión encarga de investigar la deuda no sesionó, evitando cualquier investigación. El objetivo oficial de volver a los mercados de crédito encontraba escollos más por las formas que por desacuerdos de fondo. Los pedidos de los buitres resultaban excesivos pero no desorientados. En la campaña presidencial, los tres candidatos más votados coincidían en que el objetivo era volver a la ruta de la deuda “aprovechando el bajo nivel actual”: es decir, elogiando la gestión kirchnerista. No había desacuerdos en esto.

El gobierno para el capital financiero

El gobierno de Macri nunca explicó para qué quería tomar deuda: no tenemos noticias de inversiones a financiar con estos recursos. Aparentemente, se trata de tomar deuda sólo para eso… tomar deuda. Y pagar jugosas comisiones. Es ahí donde poner funcionarios de la banca en el Ministerio de Economía resulta una ventaja. La impronta gerencial del gobierno fue festejada en Davos, y también en Nueva York. Tras el negociado de diciembre, llegó ahora el anuncio de avance con los fondos buitres.

La oferta habla de un recorte del 25% sobre un valor total de 9.000 millones de dólares, incluyendo dos variantes, una para aquellos bonistas con sentencia firme (que pagaría mejor) y otra para aquellos que no la tienen. Sin embargo, según el especialista Héctor Giuliano, falta mucha información para comprender la oferta, incluyendo qué porcentaje de acreedores representarían este monto (dado que incluso el gobierno de Macri habló de otros valores). Con o sin recorte, se reconoce el derecho al cobro y se acaba con el litigio.

Dos fondos buitres (Montreux Partners y Dart Management) ya aceptaron el arreglo, pero otros cuatro aún no lo hicieron, entre ellos, dos de los que más dolores de cabeza han causado (Elliot Management, Aurelius Capital, Bracebridge Capital y Davidson-Kempner Capital Management). Según un informe de la agencia Bloomberg, estas diferentes voluntades tienen que ver con los montos en juego y las ganancias de cada fondo. El mediador designado por Griesa, Daniel Pollack, ha recibido con gran gusto la oferta, y se ha expresado muy favorable al arreglo.

Con el mediador, el gobierno estadounidense y el FMI apoyando la propuesta, aparentemente el arreglo sería posible. Para ello, el gobierno enviará la propuesta de pago al Congreso, porque éste deberá expedirse al derogar –nuevamente- la ley Cerrojo y también la ley de Pago Soberano. Además de su propia bancada, el PRO cuenta con el apoyo de la UCR, GEN y el Frente Renovador. El kirchnerismo se ve dividido en la estrategia de bloquear al gobierno –expresado por su jefe de bloque en Diputados, Héctor Recalde- o negociar para obtener concesiones –expresado por su jefe de bloque en Senadores, Miguel Pichetto-. Dado que en rigor la propuesta no contradice los fundamentos de la gestión kirchnerista, se trata sólo de una rencilla mediática. El antecesor de Caputo en la secretaría de Finanzas, y negociador del canje 2005, Guillermo Nielsen, calificó la oferta de “muy razonable”. Está por verse cómo se comporta entonces el bloque. En cambio, el Frente de Izquierda se expresó frontalmente en contra del arreglo, pidiendo la investigación.

Más allá de la espuma del potencial acuerdo, una vez más estamos ante la puerta de un nuevo desfalco a la nación. Se acepta la jurisdicción extranjera sobre reclamos cuya ilegalidad e ilegitimidad son comprobables, no sólo en la jurisprudencia local sino internacional. Hay que reclamar de inmediato el cese del pago y la auditoría de la deuda, con participación ciudadana.