El Concejo Deliberante reclamó al Municipio que reanude el trámite de la declaración de Emergencia Alimentaria solicitado en diciembre de 2017 por Unidad Ciudadana.

“Apenas asumimos presenté el proyecto en emergencia alimentaria, Gisela Ghigliani reclamó emergencia en medicamentos y Walter Larrea la emergencia laboral. Tres indicadores sociales de una extrema gravedad ya por entonces. Veinte meses después sigue ahí. Declarar la emergencia no es una cuestión simbólica sino que es disponer de facilidades para tomar decisiones rápido, tener recursos disponibles”, señaló el concejal Carlos Quiroga.

Afirmó que “la gente se está muriendo de hambre, no saber qué van a comer. Para miles y miles de familias vivir significa simplemente la supervivencia, todo el proyecto, las expectativas, se remiten a ver si mañana comemos. Les están arrancando fragmentos de su calidad de personas”.

“De diciembre del 2017 a 2018 los pobres pasaron de ser 44 a 78 mil. En ese momento Soledad Monardez se dio el lujo de subejecutar 80 millones que tenía asignado para el área social  y la premiaron con el Juzgado de Faltas con el voto del socio minoritario de Roberto Ércoli”, agregó.

Respecto a la asistencia municipal a familias vulnerables, Quiroga comentó que “la gente tiene que hacer un peregrinaje para conseguirla, además ¿sabés lo que significa venir al centro para las familias sin recursos? El boleto de colectivo a 30 mangos, el combustible de la moto, como no tienen las motos en condiciones se las decomisan si viene al centro”.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur y el Departamento de Economía de la UNS firmaron un convenio para para que  dentro de los próximos 3 años se realice la medición de pobreza multidimensional en la ciudad.

Silvia London, directora del IIESS, dijo a FM De la Calle que mantuvieron una reunión con el intendente Héctor Gay para “analizar qué tipo de estadísticas tiene el municipio, colaborar con nuestros propios datos y poder hacer esta medida de pobreza multidimensional”.

“Buscamos tener una medida que dé mucha más información de las necesidades  de sectores más vulnerables para establecer políticas específicas”.

London comentó que la medición multidimensional “es una medida que no solamente considera pobreza por ingresos sino otros factores, son tres índices y, sobre cada una de estas, hay otras variables que las componen. Sobre esto se ven carencias de vivienda y educación, obviamente el ingreso también, es parte de la medición pero no es lo único que lo determina”.

“Tenemos un problema en Bahía Blanca con respecto a una porción de la sociedad que está en situación de pobreza y la idea es poder ver exactamente qué dimensiones son las más significativas para actuar”.

“Para los que hacemos investigación, el resultado es cuando estos datos llegan a los hacedores de política. En ese sentido es muy bien recibido por nosotros que la Municipalidad tenga interés de que se hagan estos diagnósticos”, concluyó.

Se cumplió el primer aniversario de explosión de la Escuela 49 de Moreno en la cual se produjeron los asesinatos laborales de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.

La docente morenense Andrea Blanco visitó Bahía Blanca para acompañar la proyección de la película “Escuela Bomba”.

“No fue un accidente porque se pudo haber evitado si garantizamos la condiciones en las que se trabaja y se aprende. Si bien sucedió ahora, en este gobierno, no son cosas de ahora. Aunque Vidal es responsable. Las malas condiciones de infraestructura de las escuelas preceden a este gobierno, negligencia y múltiples causas que se podrían haber sido evitadas”, dijo Blanco en FM De la Calle.

Agregó que “lo que pasó luego de la explosión fue lo que se pudo construir colectivamente, eso tiene una potencia tremenda, las cosas se fueron desarrollando por la masividad del conflicto. El primer día se suspendieron todas las actividades, fue el dolor y la certeza de que cualquiera de nosotros podría haber sido Sandra y Rubén”.

El distrito estuvo casi seis meses con suspensión de clases.  “Empezamos mayoritariamente el ciclo lectivo 2019, la mayoría de las escuelas sin gas. A una escuela céntrica le habían puesto aires acondicionados para calefaccionar y cuando empezó el frío empezaron a estallar las instalaciones eléctricas”.

En Capital Federal, las autoridades del cine Gaumont censuraron el estreno del film: “Teníamos fecha, estaba en agenda y dos días antes nos dicen que no iba a salir. Eso generó toda una situación alrededor de la película. El director es Juan Mascaró, tuvo la cintura de decir ‘la pasamos en la calle’, y eso tuvo un efecto interesante. Queremos que el documental resulte una herramienta para poner luz a la situación de la provincia y del país, porque no se distancia lo de Moreno con el resto de las localidades”.

“Escuela bomba” es una producción independiente del Departamento de Educación de la Universidad de Lujan, “sin un solo peso, con una cámara prestada”.

Blanco señaló que “intentamos en 68 minutos reflejar lo que los distintos colectivos piensan, el impacto de los asesinatos, la muerte, la explosión. Todo lo que vino después, lo que pasó con la película es análogo a lo que pasó con la explosión”.

“Sandra y Rubén fueron dos compañeros muy comprometidos en su organización sindical y en su labor. Muy comprometidos con su trabajo, con esa escuela y con la comunidad. Su compromiso social habla de ellos como laburantes, como sujetos históricos. Y si no fueran así también deberíamos estar haciendo esto por cualquier trabajador que muere tratando de ganarse la vida”.

La docente comentó que “judicialmente el que tiene algún costo es el gasista, como siempre, el hilo se corta por lo más delgado. Claramente los responsables son los gobernantes, sin embargo, ellos no pagan ningún costo”.

“En Moreno los padres han sacado a cachetazos a (el Director General de Cultura y Educación, Gabriel) Sánchez Zinny de la escuela, hay mucha irritabilidad ganada, eso está y tiene su efecto político. Ninguno tiene causas ni procesos judiciales por esto”.

Por último, Blanco señaló que “si Sandra estuviera viva estaría pagando los costos de la explosión porque siempre somos los trabajadores los que pagamos los costos”.

Empleados de la fábrica de colchones Fabra Fons cobrarán los salarios adeudados y el 70% de indemnización tras de la venta del edificio de Sarmiento al 1300 a un grupo inmobiliario.

Héctor Giacobini, delegado de los trabajadores, comentó en FM De la Calle que “la pesadilla terminó, estamos yendo con el abogado para ver cuándo depositan el dinero de los salarios adeudados. La indemnización corre a partir del mes que viene pero hicimos un buen arreglo porque el habernos quedado dentro de la empresa nos favoreció”.

Afirmó que “la maquinaria la iba a comprar otra persona y creo que ya arregló. Va a tratar de llevar 10 o 12 compañeros para trabajar con él, los más antiguos que sabemos el funcionamiento. Ellos no saben nada del rubro, por eso nos llevan a nosotros”.

Giacobini comentó que quienes se quedaron sin trabajo “son gente que puede conseguir trabajo, el resto no porque estamos a 3 años de jubilarnos. El alivio está porque no tenemos que sufrir más, ahora es cobrar. Algunos tienen trabajos extras como yo que vendo verdura, lo que me importa es trabajar 3 años más para poder jubilarme”.

Los veedores judiciales que supervisaron el escrutinio provisorio de las PASO informaron a la jueza María Servini de Cubría que hubo fallas en el sistema del conteo de votos y que el software a cargo de la empresa Smartmatic “funcionó de forma totalmente defectuosa”.

Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre, dijo a FM De la Calle: “Lo que más nos preocupa es que, si bien el informe es lapidario, se queda corto porque, por ejemplo, dice que el software de escaneo de los telegramas funcionó bien y en condiciones de seguridad. No creemos que los veedores estén en condiciones de informar eso. Los especialistas dicen que el sistema de escaneo está lejos de ser validado por alguna auditoría, que si bien funcionó, las condiciones de seguridad del software son nulas”.

“Hay cosas que tienen gravedad. Smartmatic sacó inmediatamente un comunicado diciendo que desconectar las terminales informáticas de los fiscales era una práctica de contingencia en caso de que algo fallara. Con el fin de priorizar la carga cortaron la información a veedores y gente que estaba siguiendo en el centro de cómputos el escrutinio provisorio”.

La carga de los datos provisorios se demoró porque hubo un problema de capacidad de los servidores: “Previeron una capacidad de trabajo menor a la que hubo. Es terriblemente grave porque cuando uno instala una aplicación tiene que probarla con el uso más intensivo, no jugarla de mínima”.

En segundo término, Busaniche advirtió “que la empresa tiró la pelota afuera con el comunicado. El Poder Ejecutivo dice que es un problema de la empresa como si fuera un testigo y no el responsable. El Gobierno la contrata pese a la cantidad de elecciones fallidas, la cantidad de denuncias, debería haberla descalificado de primera mano. El Ejecutivo se comporta como un comentarista”.

La empresa está a cargo del desarrollo del software para la transmisión de telegramas desde las escuelas y luego interviene en el escrutinio provisorio. ¿Hay condiciones para que Smartmatic se encargue de la elección de octubre?

“La doctora Servini no resolvió el amparo del Frente de Todos que pidió que se designen veedores judiciales y se aparte a Smartmatic. No creo que el Poder Ejecutivo tome acciones reales, tiene un par de problemas más urgentes que les ocupan el tiempo. Este conflicto con el tema dólares es más un conflicto político que económico y tiene que ver con la cuestión electoral. Entonces, flaco favor le haríamos a la situación económica si encima el 27 de octubre tenemos un apagón informativo en el escrutinio provisorio”.

Busaniche afirmó que “hay que redoblar las fuerzas para que entreguen el software. No hay tiempo físico de cambiar la empresa, de hacer una auditoria ni hacer nada que corrija el rumbo. Lo único que se puede hacer es aceptar la ayuda que se está ofreciendo, ampliar la posibilidad de que los partidos vean y auditen. La casa de naipes que esáa armada con el tema dólares es un problema político y lo último que necesitamos es romper el sistema electoral”.

(Por Astor Vitali) Es una pregunta que haremos en el día de la radiofonía argentina. Como se sabe, un grupo de locos, los locos de la azotea, tranmitieran Parsifal desde techo del teatro Coliseo registrando así lo que se conoce como la primera transmisión de radio en el mundo. Más allá de las discusiones sobre en qué lugar del orbe alguien por primera vez hizo uso social de esta tecnología, es evidente que Argentina tiene una larga tradición en radiofonía y amplios públicos que disfrutan de ella.

Como hemos señalado varias veces desde estos micrófonos en otros aniversarios, la radio fue amenazada de muerte muchas veces: desde la aparición de la TV hasta el actual despliegue de la cultura on demand. Sin embargo, se adapta a distintas plataformas y cada vez hay más radio y más tipos de radio. Para todo.

¿Cómo anda la radio, por Bahía? La pregunta presenta varias dimensiones. ¿Económicamente? Anda a los tumbos y con dificultades de subsistencia. Sabido es que, en general, los medios de comunicación no son rentables en sí mismos. Es decir, difícil es sostener una planta estable, impuestos y costos fijos con la mera venta publicitaria en las rotativas. Mucho más en una ciudad donde la pauta publicitaria está prácticamente carterizada.

En el actual esquema de medios, una radio pasa a ser una actividad más de un holding –en el caso de las últimas modificaciones- o de unidades estratégicas de negocios, como aquellos históricos empresarios que meten seis radios en un semipiso. En el primer caso, suelen comprar medios con la idea de legitimar las actividades económicas rentables y prestigiar a los principales accionistas. En el caso de las UEN, se trata de concentrar la pauta publicitaria tomando la menor cantidad de personal posible y con la menor cantidad de programación local posible. En ambos casos, las motivaciones de esas empresas nada tienen que ver con las necesidades de la sociedad y con el derecho a la información sino con sus finalidades de negocios enmarcados en la libertad de empresa (enemiga de la libertad de prensa).

Además del plano económico, la pregunta de cómo anda la radio por Bahía también podría interpretarse desde el punto de vista de sus propuestas artísticas, de programación y periodísticas. No vamos a dar opinión porque cada quien escucha su radio y cada quién podrá juzgar en torno del tema pero sí vamos a dejar algunas preguntas para orientar las posibles respuestas.

¿Cuánto invierten las radios privadas en beneficiar la calidad de su programación? ¿Cuánto se apuesta en materia de investigación periodística? ¿Cuánto trabajo de renovación de artística se escucha? ¿Cuántos encuentros de formación se realizan para mejorar la calidad radialística? ¿Cuánta inversión se realiza para mejorar las propuestas tecnológicas de emisión? ¿Cuánto sale la radio a su medio social, sus barrios, y cuán lejos está de lo que ocurre? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te conmovió en el aire? ¿Cómo se preparan las personas que están al aire? ¿Sentís que dan todo para comunicar? ¿Cuánto te animás a investigar en el dial? ¿Cuánta gente de radio hay en los espacios de conducción de las radios públicas y privadas? ¿Cómo musicalizan las radios? ¿Haciendo negociosos con las discográficas o aplicando preocupación por la difusión de la cultura realmente existente en su medio social y la dedicación a la difusión cultural? ¿Cuántos periodistas ocupan lugares en las radios y, basados en el peso de sus nombres, olvidan ejercer chequeando datos y operan a lo tonto sin ningún tipo de fiscalización de los derechos de la audiencias? ¿Qué parte de las audiencias conocen sus derechos? ¿Cuánto de ejercicio del poder encierra la posibilidad de estar frente a un micrófono, en un estudio de radio?

Hacer radio puede resultar una actividad apasionante o puede, como todo, hacerse monótonana y fríamente. Por algún motivo, que podría explicarse desde la economía, la radiofonía local, en sintonía con un fenómeno a nivel país, está en manos de jefes y directores de pobrísima formación, cuya capacidad creativa se desconoce porque está lista para estrenar, sin uso y en oferta.

Para mejorar la salud de la radiofonía local harían falta: empresarios dispuestos a invertir en producción y por fin profesionalizarse en el rubro con el que lucran; mayor poder de decisión para quienes hacen radio hace tiempo y saben cómo hacerla; actitudes más audaces de quienes aman la radiofonía en función de la puesta en marcha de propuestas que renueven el aire; mayor participación de la sociedad civil y sus organizaciones, de los ciudadanos y de las ciudadanas de pie en el aire; preocupación por los contenidos artísticos y culturales; dimensión del fenómeno.

Para definir con claridad este comentario editorial con un ejemplo que suele esbozarse en clases de comunicación y especialmente en clases de radio: uno tiene que hacer la radio que le gustaría escuchar. ¿Estamos dando a nuestras audiencias la radio que nos gustaría escuchar? Como reza nuestro slogan: cambiar el aire depende de vos.

La sorpresa fue compartida con emoción y alegría por buena parte de la sociedad bahiense el 12 de septiembre de 2012, cuando se conoció la primera sentencia contra crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad y la región.

No solo por las contundentes penas para los represores, sino también porque se enmarcaron los delitos “en el genocidio sufrido en nuestro país” y se abrió el camino a la investigación de las participaciones civiles: La Nueva Provincia, el cura católico Aldo Vara e integrantes del Poder Judicial. Bahía fue ejemplo internacional.

Hoy se impuso nuevamente la sorpresa. Pero esta vez fue para cubrir de vergüenza el accionar del Poder Judicial que garantizó la impunidad de un puñado de terroristas de Estado.

“Estamos muy sorprendidos, shockeados. Es una decisión totalmente inesperada, que contrasta totalmente con el pedido de la Fiscalía”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.

Pidieron trece prisiones perpetuas y se aplicó una. Se absolvió a seis imputados para quienes se había demandado la pena máxima. Los condenados tuvieron castigos de muchos años menos que los exigidos.

“Por ejemplo a Lacoste, Schaller, Martínez Loydi. Les aplicaron penas de tres años o cinco, incluso tomando como argumento para eso una fragmentación de los homicidios. Se consideró que el hecho de participar en la privación ilegítima de libertad de una víctima desaparecida no implica responsabilidades en esa consecuencia”, explicó Fermento.

El fiscal afirmó que el fallo “es totalmente regresivo, no solo con los criterios que estuvieron contenidos en sentencias anteriores de esta jurisdicción sino en la jurisprudencia de lesa humanidad del país”.

“Nos preguntamos cuáles son los factores determinantes de esta decisión. No lo sabemos. Haremos un análisis más frío cuando tengamos los fundamentos, trabajaremos el recurso de Casación. Muy sorprendidos, esa es la palabra”.

Repudio en la calle

El tribunal oral de Bahía Blanca condenó este mediodía a once represores y absolvió a otros seis acusados. Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales. Entre absueltos y penados, once genocidas fueron liberados.

“Es vergonzoso, es una porquería. Acá no llora nadie, no se rinde nadie”, afirmó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca desde las escalinatas de Colón 80. “Justicia cómplice, jueces cómplices”, gritó una mujer.

Marcela, la madre-compañera del “Negrito” Jesús García, sostuvo que “es vergonzoso lo que pasó, son jueces traidores, para lo único que sirven es para recibir el sobre abultado de plata que les pagan todos los meses”.

“Me voy con bronca y pena por los compañeros que han caído y no están. Mi hijo tenía 17 años, estos valientes lo secuestraron y lo mataron, lo torturaron hasta el cansancio, eso son la basura que tenemos ahí adentro. Son asesinos”.

“Quiero recordar a los mellizos Metz, a uno de ellos y a su esposa los secuestraron y los mataron. Están desaparecidos, están muertos. Ellos luchaban acá como nosotros. (Ndr: el hijo de Raúl Metz y Graciela Romero nació en el CCDTyE La Escuelita y aún no conoce su identidad). Nos tuvimos que ir porque día y noche nos perseguían después de que se llevaron y mataron a mi hijo. Nos fuimos con lo puesto, yo era una mujer sola con tres hijas mujeres, me fui con lo puesto porque me iban a matar a mí y a mis hijas. Esos son los valientes que defendieron los jueces hoy”, recordó Marcela.

El secretario de la APDH, Eduardo Hidalgo, manifestó que “hace siete años que venimos en esta picada, desde las primeras detenciones domiciliarias hasta llegar a esta desvergüenza que llaman fallo” y agregó que “la condena es secundaria, la cuestión central es el Poder Judicial”.

La legisladora porteña y nieta restituida, Victoria Montenegro, advirtió que “no vamos a llorar, vamos a convertir todo esto en lucha”.

“Da impotencia cuando vemos a este Partido Judicial cómplice de esos delitos tan tremendos, de lesa humanidad, que nos siguen doliendo a todos y a toda la sociedad argentina. Por supuesto que es injusto, por supuesto que vamos a pelear, pero acá veo muchos adolescentes que nos acompañaron, que abrazan esta causa y esa es nuestra principal victoria”, concluyó.

El tribunal oral de Bahía Blanca condenó a once represores y absolvió a otros seis acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad y la región.

Se trata del segundo tramo de la causa que investiga los delitos ordenados desde la Base Naval Puerto Belgrano contra 68 víctimas, casi un tercio de las cuales continúan desaparecidas.

Los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu rechazaron los pedidos de la Fiscalía y la querella para que 13 marinos fueran condenados por delitos sexuales.

Mirá el detalle de los nombres, roles durante el genocidio, pedidos de pena de Fiscalía y querella y la resolución del tribunal en cada caso.

PRISIÓN PERPETUA

Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

18 AÑOS DE PRISIÓN

Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

15 AÑOS DE PRISIÓN

Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

9 AÑOS DE PRISIÓN

Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.

8 AÑOS DE PRISIÓN

Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

6 AÑOS DE PRISIÓN

Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.

5 AÑOS DE PRISIÓN

Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

3 AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN

Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

ABSOLUCIÓN E INMEDIATA LIBERTAD

Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

En el día de la radiofonía argentina, Un grillo en tu almohada intentó un acercamiento a diferentes visiones acerca de la radio local. ¿Cómo se hace radio en Bahía Blanca? Dificultades económicas, carterización del mercado publicitario, el recorte de los sectores pequeños ante un modelo económico que no permite el crecimiento, la concentración de la pauta oficial, las radios comunitarias y universitarias como única posibilidad de acceso al derecho a la comunicación por parte de las comunidades, son algunos de los temas analizados por nuestros consultados.

A la hora de pensar en las voces que representan emprendimientos públicos y privados, nos encontramos con la regla de que quienes están al frente de medios de comunicación local son varones.

Luis Alberto Cano (Director de Radio Altos y del portal Frente a Cano), Marcelo Tedesco (Director de Radio Universidad Nacional del Sur) y Diego Salvadori (Continental Bahía Blanca, Music, las 40 y del grupo Bahía Multimedios) en diálogo con FM De la Calle aportaron miradas en el día de un medio tan apasionante como peligroso.

Este miércoles se presenta el segundo libro del Grupo Interdisciplinario para el Estudio de las Colisiones Viales “Colisiones Análisis, Problemas y perspectivas”. Publicado por EdiUNS fue editado por el decano de Ciencias de la Salud, Pedro Silberman.

“En principio es proseguir con el primer libro que tiene que ver con la estadística de 2015, 2016, 2017 y profundizar con algunas cuestiones que atraviesan de la problemática”.

“No hay ningún cambio, eso ya genera una perspectiva poco optimista porque los problemas siguen existiendo desde el 2012 a esta parte, mismos datos, mismas problemáticas. Cualquier cambio que uno quiera hace enseguida se van a modificar, evidentemente las lógicas de funcionamiento por los cuales se generan siniestros siguen estando”, comentó.

El alcohol tiene un capítulo especial: “Es una de las sustancias más adictivas, tiene una concepción moral muy aceptada por la población frente a otras sustancias menos nocivas o con una connotación personal como es el cannabis, por ejemplo”.

Respecto a la iniciativa de legislar por la Tolerancia Cero al volante, el decano comentó que “la problemática está desbordando, la justicia lo toma porque hay presión social pero no existen política públicas porque ahí hay poder de lobby”.

“La única sustancia que no tiene una política que controle o mitigue es el alcohol. Se plantea en términos de doble moral porque, por un lado, en el alcohol al volante se generan juicios y condenas pero, por otro, hay publicidad, hay una aceptación del alcohol sobre todo en jóvenes”.

“Según un estudio de la Municipalidad más del 50% de los menores de 14 años ya han tenido una experiencia de alcohol dura y en el 80% los padres no estaban presentes o no tenían conocimiento”, comentó.

Locutora y periodista, Virginia Calzada Fraché, participó del ciclo a través de una serie de textos que evidencian desigualdades impuestas por un modelo patriarcal denunciado pero vigente. En el campo de las ideas, se conocen mujeres destacadas que han “sobresalido” en un mundo de varones pensadores. Virginia Woolf nos ayudó a pensarlo.

Hablando de ideas ¿qué lugares ocupan las mujeres en medios de comunicación? “La buena partenaire” sigue siendo un rol así como la “voz bonita”. Las desigualdades en acceso a lugares por capacidad profesional son responsabilidad de las decisiones empresariales de las gerencias de los holdings, generalmente integradas por varones poco afectos a la reflexión filosófica, mucho menos el pensamiento crítico antipatriarcal. Uno ha constatado que ímprobos varones ocupan lugares por su condición de género en muchos medios, habiendo mujeres brillantes confinadas a segundos planos, sin ningún tipo de criterio profesional.

“Feminista, mamá, laburante y activista”, nuestra invitada también nos trajo la “Alfonsina (Storni) que más me gusta. Reflexionando. Poniendo en un diario que en ese momento que tenía una circulación enorme a discutir y a entrar en contradicción”.

Dejamos aquí una conversación que interpela política e íntimamente. Unas Lectura compartidas que recorren las reflexiones emanadas de la trayectoria de una profesional de la comunicación que ejerce en nuestra ciudad y su pensamiento.

*Lecturas compartidas es un segmento del programa Un grillo en tu almohada conducido por Astor Vitali, de lunes a viernes de 18 a 20 horas.

La madre de un joven de 16 años del barrio Matadero denunció que efectivos de la Policía Bonaerense golpearon a su hijo “por la vestimenta con la que andaba”.

El hecho ocurrió días atrás en la intersección de Fabián González y Castelli, a las ocho de la noche: “Lo para la policía, le dice que se tiene que identificar porque por la vestimenta que andaba, le dicen que había chocado un hombre. La policía lo levanta con bicicleta y todo, lo tira al piso y lo caga a palos. Cuando llego me dicen que es por la ropa que usa. Justo apareció mi hermana en Castelli y vio cómo la policía le decía que la bicicleta era robada. Tenemos identificado quiénes fueron y el patrullero”, dijo Rosa Schwaner.

La mujer dijo a FM De la  Calle que “en Pascua lo corrieron, le decían que era porque había roto unos vidrios y,  sin decirle por qué, le pagaron. Tuve que salir a buscarlo”.

“Fui a la Fiscalía a hacer la denuncia y me decían que tenía que llevar a mi hijo a sacarle fotos, que las que yo tenía no servían pero no pude ir porque trabajo”.

“Mi hijo tiene miedo, me dice que no haga más nada por miedo a que lo agarren en la calle y le hagan algo. Desde ese entonces va a la escuela y a casa, trata de esquivar a la policía”.

“Un día va a pasar en otro lado y no voy a llegar. Ahí seguro lo encuentre muerto o hecho bolsa. Quiero que esto no sea un caso más de la policía, estoy cansada”, escribió Schwaner en las redes.

El columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó la actualidad económica a partir de las negociaciones de los representantes del Fondo Monetario Internacional con funcionarios del gobierno nacional y con referentes del Frente de Todos.

“El fracaso de las políticas de este gobierno junto el FMI hablan de una corresponsabilidad.  Si nos vamos a centrar en la visita de ayer negociando con gobierno y oposición para ver si nos habilitan el ante último tramo del crédito que queda, perdemos de vista cómo el FMI hizo la vista gorda a lo largo de cinco revisiones donde no solo las cosas estaban empeorando sino que incluso  se deterioraron las cuentas externas que se supone es lo que tiene que resolver”.

¿Qué pasó en la reunión de ayer con el representante del Fondo?

Más allá de cómo quedaron las cuentas fiscales del segundo trimestre, están pensando cómo se hace para llegar a diciembre y qué va a pasar después. Los trascendidos hablan de un vacío de poder que alienta a la incertidumbre de lo que venimos hablando. No se originan en la reunión de ayer, es un clima generalizado.

¿Qué puede pasar después del 10 de diciembre?

Sin especular demasiado, puede ocurrir que llegue el siguiente gobierno y no se encuentre con reservas disponibles. Las de libre disponibilidad son menos de 10 mil millones. Estas son estimaciones porque el Banco Central dejó de publicar los números. Si se encuentran sin reservas, ¿cómo va a manejar la política cambiaria? Lo que hace Alberto Fernández es marcar la cancha de una negociación agresiva. Recordemos que lo que sostiene es el pago de la deuda, no discute la legalidad o legitimidad de la deuda.

No podemos descartar el escenario en el cual, en este diálogo político, haya algún tipo de acuerdo entre gobierno, FMI y alguna parte de la oposición para pasar algunas de las reformas que reclama el Fondo en estos meses de transiciones. Reforma laboral, reforma previsional, reforma de la carta orgánica del Banco Central, algunas privatizaciones como son las del Banco Nación y Provincia. Sin ser una reforma de la escala del ’89, que le habilitaron a Menem a hacer lo que hizo después, no se puede descartar que alguna de esta reformas se plantee como prenda de cambio para señalarle al Fondo que algunas de estas reformas ya se hicieron.

El equipo de la fórmula FF dice que propone un congelamiento de precios de 180 días para avanzar en las negociaciones parciales, se congelan los precios con los salarios habiendo caído un 20%. Esto si bien no es una reforma laboral, es una caída muy fuerte de los salarios reales que es parte de lo que el FMI busca.

(Astor Vitali) Hay una noción fundamental, una línea divisoria entre las diferentes maneras de habitar el mundo, una verdadera frontera humana: la noción de justicia. Nadie (o pocos) asumirían públicamente una posición en defensa de la injusticia. Sin embargo, la definición de lo justo y los rangos asignados a qué injusticias deberían resolverse con mayor ahínco o cuáles tendrían  prioridad representan la nueva divisoria de aguas. Pero ya no en dos -justos e injustos-, sino en miles de micro reclamos fragmentados que chocan entre justos parciales. Desde arriba, una minoría de injustos organizados se divierte con este patético espectáculo.

Democracia contra autoritarismo. Estado o corporaciones. Burgueses y proletarios. Patriarcado versus feminismos. Sociedad de consumo sobre derecho a ambiente sano. Pañuelo verde o pañuelo celeste. Son algunas de las postales de consignas en pugna durante los últimos tiempos.

Los reclamos políticos justos pueden actuar de dos formas: en oposición o en complemento. La tarea del poder económico global, en pos de mantener sus privilegios, es lograr que los reclamos actúen dentro de su principal ley formal: la competencia. No siempre enfrentados, pero muy pocas veces coordinados, cada sector intenta levantar su bandera unos centímetros más alto que las otras. Las víctimas de distintas injusticias disputan ente sí su derecho a ser atendidas primero.

El gran acierto del poder globalizado en este siglo tiene aquí su clave: la atomización perfecta. En la atomización perfecta de los reclamos nunca ninguno de ellos logrará suficiente poder o capacidad contrahegemónica para vencer a su oponente perfectamente organizado.

La atomización perfecta, además de conveniente, resulta un recurso infalible dado que ofrece la hipnótica y pueril ilusión que dan las victorias parciales: una ordenanza por aquí que reivindique tal derecho, una ley por allá que –después de años de lucha- finalmente se sanciona (y aquí empieza la pelea para que se aplique dicha ley), un recurso asignado a través del ejecutivo, una victoria gremial sobre empresas que, mientras tanto, aumentaron su rentabilidad, y una lista infinita de logros parciales que las luchas populares pueden obtener. Atendiendo el micro reclamo, el micro reclamante siente que sus años de lucha han sido útiles a una causa atomizada que no afecta el devenir impertérrito de la injustica sistematizada.

Ante este panorama de micro decepciones (sueños pobres incumplidos), ¿por qué no invertir la lógica de pensamiento? Si el acierto de los injustos es la micronización de las aspiraciones sociales y su atomización, debería tenderse a concluir que en lugar de que los microreclamos actúen en oposición maduren su capacidad de miras y su visión periférica y otorguen carácter complementario a las luchas por causas parciales.

Pasado en limpio: si veo una causa justa, que no afecta a mi causa justa particular, la tengo que hacer propia, la hago mía. Y así vamos desatomizando los reclamos fragmentados y dando un carácter corpóreo a esta señora tan nombrada y tan ausente: la Justicia.

 

Foto: ElClavo

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Informe anual 2019. El sistema de la crueldad XIII. Es el décimo tercer informe que año a año describe la crueldad que descarga el sistema penal sobre sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, en su mayoría jóvenes y pobres acusados por delitos menores.

Durante estos 13 informes, pasaron gobiernos provinciales de distinto signo político: todos insistieron en el punitivismo como única política de seguridad. El resultado fue el agravamiento paulatino de las condiciones de detención y el incremento de la violencia policial en los territorios.

Como ocurre cada año, la publicación del trabajo de monitoreo y control de lugares de encierro y políticas de seguridad, salud mental y niñez es un acto político para llamar la atención de todos los poderes del Estado: el sistema penal está en crisis, las violaciones extremas a los derechos humanos se naturalizaron y las víctimas de este sistema no son escuchadas ni reparadas.

Las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel de Monte son la muestra acabada de la peor cara del sistema penal.

“Ya presentamos 13 informes a funcionarios y jueces que no tomaron ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos”, dijo Adolfo Pérez Esquivel.

El del año pasado fue el informe de los récords. Este año todos los índices empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización, crecimiento interanual de personas detenidas, sobrepoblación.

Hay 50.500 personas detenidas, la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%. “Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó”, resumió el secretario de la CPM Roberto Cipriano García.

Durante 2018, se denunciaron más de 12 mil hechos de torturas; 339 personas murieron bajo custodia del Estado y otras 120 por uso letal de la fuerza.

“Los hechos que denunciamos son consecuencia de las políticas de mano dura. No son casualidades o hechos aislados. Las masacres de Pergamino, Echeverría y Monte son una prueba: todos sabían de la situación crítica y no hicieron nada. Peor aún: una vez que sucedieron, ni la gobernadora ni las autoridades judiciales se pronunciaron, fue como si no hubiese pasado. Un silencio que no respeta ni siquiera el dolor de las familias”, agregó Cipriano García.

Familiares de las víctimas de las tres masacres ocurridas durante la actual gestión de la Provincia formaron parte de la mesa de presentación. “El pasado 20 de mayo, a Cami, Gonzalo, Danilo y Aníbal los mató la policía mientras paseaban por la laguna de nuestro pueblo. A Rocío la hirieron gravemente. Pero no es un caso aislado, esto pasa a diario, es una política de Estado que los prepara, forma e instruye para actuar así. Una política de Estado, incluso, celebrada por las máximas autoridades”, señaló Yanina Zarzoso, mamá de Camila López.

“Pasaron tres meses de la masacre y cada día es difícil. Con el alma hecha pedazos estamos en las marchas, somos cinco familias que la estamos peleando. Queremos justicia por nuestros hijos, y también para todas las madres que pasaron por lo mismo. Pero no es sólo un pedido de justicia: reclamamos un porvenir para nuestros niños, para que cada vez que salgan de sus casas puedan volver sanos y salvos”, remarcó Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone.

La CPM también patrocina a cinco de las siete familias de la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino. El próximo 2 de septiembre, al cumplirse dos años y medio del hecho, comienza el juicio oral y público contra seis policías: “Ellos estaban esa noche ahí y no hicieron nada para salvar a nuestros hijos, dificultaron las tareas de rescate de los bomberos, los dejaron morir”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto.

“Ya había pasado en Pergamino y se dijo nunca más, y después nos volvió a pasar a nosotros”, declaró Matilde, mamá de Elías Soto, una de las diez víctimas fatales de la masacre de Esteban Echeverría.

La CPM también patrocina a familias en esta causa. “Llevamos 9 meses de lucha y seguimos en el camino de justicia, pero este tiempo también nos hemos sentido burlados; la Gobernadora sacó una nota diciendo que nos había recibido, nunca fue así”.

El debate oral del juicio Armada II cerró con las “palabras finales” de 14 de los 17 represores que esta semana escucharán la lectura del veredicto.

La mañana transcurrió entre excusas, declaraciones de inocencia, homenajes familiares, enumeración de enfermedades, agradecimientos por el buen trato de los jueces y hasta lamentos por “la grieta insoportable”.

El próximo miércoles a las 11 -en Colón 80- se conocerá el veredicto por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la región.

La de hoy fue la primera vez que el tribunal y el público local tuvo cara a cara a la mayor parte de los genocidas que siguieron el juicio por videoconferencia.

Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM.  La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

No estuvieron por cuestiones de salud:

Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.

Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.

Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

La madre de Ángel Almada, asesinado tres años atrás en Ing. White, denunció que la última persona que vio al chico con vida, nunca declaró en la causa que investiga el homicidio.

Se trata de Trinidad Acosta, hija del ex delegado municipal, quien se excusó por estar de viaje aunque fue vista en el mismo momento y a pocas cuadras de donde la convocó el fiscal.

“El viernes iba a concurrir a la audiencia con mi abogado, Leandro Aparicio. Siempre tomo la 500, esta vez tomé otra línea donde iba ella. Me pareció raro que fuera sola. Nos bajamos en el mismo lugar. Voy a la Fiscalía, me anuncio, espero que llegue ella. Voy a hablar con Romero Jardín y me dice que la chica no se iba a presentar porque presentó un escrito de que estaba de viaje. Ahí mi indignación”, comentó Silvia Almada a FM De la Calle.

“Fue citada a declarar con anterioridad, donde el papá de ella estaba muy ofuscado, hay una constancia donde ella se presenta y el padre se pone violento y no la dejó declarar. Esta iba a ser la primera vez que ella declarara siendo mayor de edad”.

La madre de Ángel comentó: “Todavía no caigo, no puedo entender cómo esta gente se sigue manejando de esta manera, es la vida de un chico. Mi abogado va a presentar esta foto, las pruebas que tenemos de que ella estaba en Bahía, estaba a cuatro cuadras de Fiscalía como mucho, no fue porque no quiso”.

“El celular sigue sin peritarse tres años y medio después. Desde el principio la causa de Ángel fue manoseada. Las pruebas que había eran declaraciones puntuales de chicos que fueron apretados o algunos que firmaron la declaración sin saber qué firmaban. Una vergüenza la policía, la DDI, tuvieron durante un año y medio el video de Ángel donde se lo ve con esta chica”, finalizó.

El CREEBA realizó un relevamiento de la producción y desempeño económico de las cuatro empresas más grandes del complejo petroquímico local a través de los balances que vuelcan en la Comisión Nacional de Valores.

“Hacemos un valor bruto de producción y observamos que de 2017 a 2018 había una caída del 10% asociada a la caída de la industria de manufactura del año pasado”.

“Profertil es la que más produjo, después Dow. Cuando nosotros valorizamos nos da un valor de 3.2 mil millones de dólares. Es 2% superior al 2017. Si bien bajó la producción un 10%, había mejorado un 2% la valorización en miles de millones de dólares. Si miramos los precios internacionales hubo un aumento del 9%. Se produjo menos pero lo que se exportó fue a un valor mayor”, comentó el economista.

Por otro lado, el economista destacó que “la urea es lo que más se consume a nivel nacional, algo se exporta. Todo lo que es consumo interno de estos bienes ha caído y bastante. El sector de energía y producción de petroquímica es algo que ha andado relativamente bien, considerando la gran devaluación”.

Semilla afirmó que pese a la alta recaudación, quienes exportan no son los que generalmente más aportan: “Cuando uno exporta, lo que tiene son dólares en el exterior que los debe traer a la Argentina y lo cambia en el Banco Central. Hay una normativa nueva, de hace tres años y medio que en vez de que las empresas liquiden esos dólares en 180 días aproximadamente, lo extendió a 10 años. Eso significa que aquella empresa que exporte tiene hasta 10 años para liquidarlo. Lo mismo pasó con el sector del agro, el exportador analiza en qué momento le conviene liquidar esos dólares”.

En cuanto al impacto de la facturación de estas empresas en la economía bahiense, explicó que “lo que se analiza es el aporte a las tasas municipales. Eso es casi un 15% de las arcas municipales, en general. El Polo tiene arriba de 1000 personas trabajando y son perfiles bastante profesionales. Tiene una alta mano de obra que hace que tengan satélites trabajando, que lo que hacen es generar un mercado”.