(Por Giuliana Crucianelli) La Red de Comunicadoras de la ciudad realizó una encuesta a trabajadoras de los medios locales cuyos resultados relevaron datos sociodemocragráficos, condiciones de trabajo y situaciones de violencia en el contexto laboral.

El primer análisis de los datos fue presentado esta tarde en el marco del Día Internacional por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas y Niñes. Próximamente difundirán un anecdotario.

El relevamiento fue dirigido a mujeres que trabajen o hayan trabajado en medios de comunicación. De 120 consultadas el porcentaje de respuesta fue cercano al 70%. Los datos fueron registrados de manera anónima.

“En medio de una cobertura periodística me dijo: ‘¿cuándo cogemos?’”.

Uno de los datos más relevantes es que “el 44,7% de las encuestadas afirma haber sufrido alguna situación de violencia en su puesto de trabajo. Además, un 17,6% demostró dudas al responder esta pregunta optando por “Tal vez”. En total, un 62,3 % de las mujeres parece haber sufrido algún tipo de violencia en el lugar de trabajo”.

Se registraron casos de violencia simbólica (si la trabajadora se sintió descalificada por ser mujer/otrx frente a varones) -la sufrieron 35 personas- hasta violencia física -2 de las mujeres que contestaron- pasando por todo un abanico de violencias (psicológica, acoso, económica y sexual).

Por otro lado, desde la Red reflexionaron sobre el porcentaje de quienes respondieron ‘Tal vez’. Señalaron que probablemente se deba a que no pueden reconocer alguna de las violencias o, pese a que la encuesta sea anónima, no se animan a contarlo.

“Las mujeres no tienen que conducir ni en la calle, ni en la radio”.

Más de la mitad aseguró que en sus espacios laborales hay entre 10 y 30 hombres y el 80,7% respondió que realiza sus tareas en espacios donde la participación de las mujeres es escasa, ya que se limita a entre 1 y 10. Además, 8 de cada 10 encuestadas afirma que su superior es un varón.

Sólo 4 de las 85 mencionaron ocupar un puesto jerárquico y solamente una describió que en su cargo tiene injerencia en los contenidos periodísticos. Esto ocurre pese a que casi el 80% de las encuestadas cuenta con estudios terciarios y/o universitarios completos, un nivel promedio de educación mucho más alto que casi cualquier sector de la economía.

“No te renovamos el contrato porque sos gorda, para la cámara necesitamos flacas”.

Respecto a las condiciones laborales, la mitad de las trabajadoras lo hace en alguna condición de precariedad (desde el no registro absoluto hasta situaciones de precariedad más “formales” como contratos de tiempo determinado o facturación a través de monotributo).

Casi la mitad de las encuestadas aseguró tener una segunda fuente de ingreso y, en su mayoría, es fuera de los medios. Cerca del 60% de las encuestadas afirmó trabajar jornada laboral completa (8 horas diarias) y/o más. Esto denota una sobrecarga al sumar ambos trabajos a la jornada de trabajo no remunerado que suelen realizar las mujeres.

En relación a la composición de los medios en los cales se desarrollan las comunicadoras encuestadas, señalaron que 7 de cada 10 trabajan en empresas de comunicación o medios privados. Sólo un 11,8% trabaja en medios comunitarios cooperativos y un 10,6 % en medios públicos.

De estos datos se desprende un alto nivel de precarización laboral, combinado con diferentes violencias que han sufrido en un alto porcentaje. Se preguntan: “¿Cuánto tiempo laboral destinamos al sostenimiento de la vida? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuánto vale nuestra elevada formación en nuestras carreras profesionales? ¿Dónde y con qué acompañamiento cuentan las personas que denuncian estas desigualdades? ¿Puede el Estado financiar estas prácticas de opresión y discriminación laboral a través de la pauta publicitaria oficial?”.

La Red de Comunicadoras se comprometió a seguir trabajando: “Esta labor tendrá continuidad porque lo que nos pasó y pasa a las trabajadoras de la comunicación locales en nuestros trabajos no es una sensación individual sino una realidad colectiva”.

MIRÁ EL INFORME COMPLETO

El cura Mauro Henrique Cantanhede Ferreira es investigado por la justicia a partir de la denuncia por abuso sexual presentada por una integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque.

De dicha institución católica depende el Colegio San Cayetano. Un grupo de ex alumnas reflotaron una publicación que hicieron en redes sociales luego de egresar en 2018. Hablaban de diferencias de trato según el género y conductas inapropiadas hacia las mujeres por parte de profesores.

Las autoridades del colegio dijeron que la denuncia contra el párroco “era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución”.

Martina Trujillo, Juana Martínez y Julieta Anzorena dialogaron en FM De la Calle con Giuliana Crucianelli. Dijeron que el sacerdote “se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas”, afirmaron.

-Un año después de habernos egresado empezamos a juntar experiencias que habíamos tenido en el colegio y se nos ocurrió hacer la presentación. Tuvo un montón de repercusión porque nos hablaron un montón de chicas que actualmente van al colegio diciéndonos que sí, capaz está este profesor que siento se me acerca de más, a mí me pasó esto. Se difundió un montón pero la institución no respondió como tendría que haber respondido.

-Fueron distintos relatos de profesores, de directivos, de compañeros. Y la respuesta de los directivos, como es también la de ahora, fue resistencia y repudio ante las publicaciones en vez de contener a pibas que estaban denunciando que habían sido violentadas en una institución educativa.

¿De qué forma?

-Diferencias entre géneros dentro del aula con profesores, específicamente ahora con lo del padre del colegio fue que nos hemos cruzado con él y se ha negado a que cambiemos el uniforme del colegio a polleras porque si no íbamos a ser provocadoras para él y éramos carnada para los violadores. Esas cosas no se dicen ni en joda, eran peligrosas.

-Además, profesores que te miraban el cuerpo o el pecho, tenían un acercamiento más físico a las mujeres o un ataque simplemente por ser mujer. Una diferencia de a las mujeres las mandamos al pizarrón, las sacamos del aula, las cagamos a pedos, que se sienten derechitas con el uniforme. Eso con los varones no se veía, siempre estaba la diferencia de género.

-Siempre estaba el comentario del catequista diferenciando el género o hablando de la homosexualidad como una enfermedad. Un montón de actitudes que fuimos relatando. Fue una manifestación de nuestra experiencia y el colegio se lo tomó como un ataque. No sé si fue nuestra idea ir a escrachar a la institución porque ni siquiera pusimos nombres ni nada, fue una manifestación nuestra como mujeres en esa institución y no tuvimos respuesta por eso.

-También para que quienes siguen en la institución sepan que tienen un apoyo desde afuera porque ya que no lo tienen de la institución saben que lo tienen de las ex alumnas.

-Sí, en ese sentido sirvió muchísimo. De verdad nos habló un montón de gente, inclusive de otros colegios diciendo que eso también pasa.

-Mismo mujeres que habían ido a esa institución en 2013 y comentaban. Quiero recalcar que somos mujeres que contamos nuestra experiencia pero éramos mujeres menores de edad a cargo de un adulto que no nos contenía ni se responsabilizaba, ni tomaba cartas en el asunto como está pasando ahora. Por ejemplo, les chiques del colegio se manifestaron en contra, querían hacer algo y las autoridades de la institución dijeron que esto era un chusmerío, que no se metan, se enojaron con los pibes. ¿Qué pueden hacer si no hay contención de ese lado? Si hay un pibe o una piba que se sintió violentado por esta persona no lo va a decir porque sabe que no tiene apoyo de la institución.

¿Qué hacía el cura denunciado cuando ustedes cursaban?

-Hacía confesiones, estaba siempre en el colegio. Rezábamos a la entrada, la primera hora, daba las misas y eso. No daba catequesis, solo confesiones o te llamaba para ir a su oficina a charlar o lo que sea.

¿Cuando se enteraron de la denuncia qué les pasó?

-No me sorprendió. Lamentablemente no. Además, si no me equivoco, en esa parroquia hubo hace un tiempo otra persona denunciada (NdR: el catequista José Luis Andersen fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual reiterado a un niño de 8 años). Lo que más me sorprendió fue el apoyo de las personas que asisten a esa iglesia y de padres o la comunidad educativa de San Cayetano. Me pareció terrible estar en 2019, casi 2020, y que haya personas que hacen una misa a favor de un abusador o de un denunciado o lo que fuera. Si son tan cínicos, mínimo llámense a silencio.

¿Las autoridades del colegio son las mismas de cuando ustedes cursaban?

-Siguen.

Y la respuesta al comunicado de ustedes fue que era un chusmerío, que era mentira…

-No sé si es un chusmerío o mentira sino que nosotras queríamos armar bardo o lo que fuera. Lo que dijeron que era un chusmerío es lo de la denuncia al cura. De nosotras que las queríamos embarrar porque en el medio hubo un cambio de directora, algunas cosas pasaron con la anterior y otras con la actual y es como que ella se la agarró con nosotras.

-La respuesta a ese comunicado fue bloquearnos de las redes sociales. Fue la única.

-Sí, hasta respuestas de profesores en la misma publicación. De profesores a alumnas o ex alumnas, me parece terrible, en vez de sentarnos a charlar. Había confianza con algunos y algunas profesores, y en vez de charlar: ataques, querer callarnos, bloquearnos.

-Cuando surgió la idea era que a partir de ahí se podría construir. Había cosas en el colegio que eran muy estructuradas. Fue con esa intención, pero no…

-Situaciones que planteamos hace un año y medio ahora, a partir de eso, hay circunstancias que se podrían haber evitado después de nuestro documento.

¿Por ejemplo?

-Lo de Mauro. Lo del abuso de Mauro.

¿Ustedes advertían estos comentarios y situaciones con esta persona?

-Era como un llamado de atención a toda la escuela en realidad. A toda la escuela y a sus trabajadores y trabajadoras. Más que nada por eso, están a cargo de menores, nosotras más que nada pensando en eso. Nosotras ya transitamos la escuela, ya la pasamos, por suerte nos pudimos contener entre nosotras o alguna profesora que tenía perspectiva feminista o lo que fuera. Pero los pibes que siguen después… Por suerte esos pibes y pibas leyeron estos relatos, ahora armaron una historia que decía ‘en el colegio importa más que pagues la cuota antes que haya un cura abusador’, así como dando a conocer su postura. Me parece que está buenísimo, usar las redes sociales como herramientas si en la institución no te escuchan está buenísimo y es un camino que se va a seguir utilizando. No me escuchan, me voy a las redes sociales, me voy a la calle.

-Ahora se están organizando pero, la verdad, es muy difícil. Los directivos están muy metidos en el centro de estudiantes, no hay mucha diferenciación, no podría haber una confrontación. Estaría bueno que se organicen y armen lo que fuera que se les ocurra, desde lo artístico hasta pegar carteles, pero antes de subir estas historias a instagram hubo otras instancias de diálogo en las que no se los escuchó. Apoyo que muestren sus posturas ante una denuncia penal, no ante un escracho cualquiera.

-No decir nada de la situación también es decir. Lo estás avalando.

-Desde el momento uno los alumnos y las alumnas quisieron saber qué postura iban a tomar. Lo único que hubo es que la directora se vaya de un grupo de whatsapp, no hubo respuesta directamente. Creo que se están movilizando desde el lado que pueden y se los permiten.

-Nos pasó lo mismo a nosotras como alumnas, no podíamos hacer nada desde adentro porque nos lo imposibilitaban los directivos. Lo decidimos hacer después de haber terminado, cuando ya estábamos despegadas de la institución. Cuando te amenazan con amonestaciones, cuando te corren la cara, te bloquean por whatsapp, no te dan ninguna alternativa.

-Sí me acuerdo de compañeras nuestras que ya militaban en una organización a los 16 años que habían presentado una lista del centro de estudiantes y se corría la bola de que no querían que ganen porque iban a politizar la escuela. Me parece importante hacer esta relación del centro de estudiantes con los directivos, parece más algo de beneficencia de la escuela que un centro de estudiantes que recibe y hace reclamos. (…) Las decisiones las toman los directivos junto con los curas, algo así.

Integrantes del programa provincial Envión le entregaron un nota en mano al intendente Héctor Gay solicitando una reunión urgente para regularizar su situación laboral.

“Dijo que creía en la importancia del programa y que, si no se podía regularizar por medio de provincia, el Municipio se iba a hacer cargo. Desde que asumió le fuimos presentando cartas de pedido de audiencia. Como no lo logramos nos presentamos, lo esperamos, nos recibió bien, tomó un número y nos dijo que nos iba a llamar. Esperaremos hasta el 29 de noviembre, pasado ese lapso nos reuniremos para ver cómo seguimos”, señaló Natalia Castillo, integrante del Envión de Villa Harding Green.

Agregó que “sentimos que lo están vaciando de a poco. Desde que asumió el nuevo gobierno la provincia lo acomodó bastante para nuestra sorpresa, pero desde el Municipio todo el tiempo estamos con algo que nos hace ver que lo quieren dejar caer. La desidia en la que estamos hace que nuestros compañeros se vayan, que no tengamos talleres. Los sostenemos gracias a los jóvenes, las familias de los barrios e instituciones con las que trabajamos en red y a los trabajadores que estamos sobreviviendo en cada equipo técnico”.

Castillo señaló que “es la única política pública destinada puntualmente a adolescentes con esta impronta, en territorio, donde los chicos asistan. Si bien el Municipio tiene dispositivos destinados a niñez, la adolescencia viene relegada. Nos quejamos de las juventudes pero si no los apoyamos se dificulta. Es muy cómodo leer los diarios quejándonos de las cosas que hacen los pibes pero si el estado se retira no es mucho lo que se pueda hacer”.

Por otro lado, desde Envión piden la municipalización del programa. “Nuestro pedido máximo es el pase a planta, no por un capricho sino porque si bien el programa es un convenio entre Municipio y provincia, el Municipio digita quién ingresa, dice cuántas horas, en qué lugar, con qué exigencia. Creemos que eso también le daría estructura al programa. Si no todos los años estamos viendo si se renueva o no”.

“Sumado a eso tenemos múltiples problemas en la implementación. No tenemos equipos completos, otros temas con las sedes y cotidianidades que hacen que el programa no tenga la fuerza y la energía que se necesita para trabajar”, afirmó.

 

El jueves a las 12:30 se conocerá el veredicto del juicio a parte de la patota que quiso tomar violentamente el frigorífico INCOB el 17 de noviembre de 2015.

Durante la segunda y última audiencia del debate oral el fiscal Cristian Aguilar y el abogado querellante Leandro Aparicio alegaron e hicieron sus pedidos de penas en el Jugado Correcional Nº1.

Para el ex titular de la cooperativa INCOB, Enrique Garaggiola, y para Reinaldo “el mudo” Hernández la fiscalía requirió dos años y medio de prisión y la querella tres años y medio por lesiones graves. En el primer caso no se avanzó con la imputación por portación ilegal de arma de fuego de uso civil por estar pendiente una apelación.

Para Ezequiel Garaggiola, el Ministerio Público reclamó la misma pena que para el resto aunque el abogado de INCOB agravó la acusación y solicitó 5 años de cárcel.

Hugo Polis fue separado de la causa por la prescripción de la imputación por lesiones leves y Juan Carlos Villarreal espera la definición de una apelación para ser juzgado.

La Asociación Amigos del Jardín Botánico manifestó su preocupación por el proyecto que pretende construir cocheras subterráneas debajo de la Plaza Lavalle y construir un nuevo espacio público sin los árboles.

“Nos preocupa el arbolado urbano, que es un déficit de la ciudad  y este proyecto afectaría a uno de los pocos espacios verdes que hay en el sector”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la institución, Melina Calfuán, presidenta de la Asociación.

Esta tarde habrá un abrazo en defensa de la plaza desde las 19:30. El martes a las 9, en tanto, se realizará un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante del que participarán los inversores e integrantes de la  Comisión de Arbolado.

“Tenemos dos representantes en la Comisión, uno de ellos es Carlos Villamil, botánico y profesor consulto de la UNS , él se ha manifestado en contra de este proyecto, sobretodo porque no se había mandado en tiempo y forma para analizarlo qué se presentaba”.

Calfuán señaló que “expresamos la preocupación por el tema de cortar árboles, más allá de la especie que sea, que son parte del patrimonio histórico. Por otro lado, hay un edificio muy cercano, en Saavedra y O’Higgins, que puede ser afectado por el movimiento de suelos”.

“En el centro no tenés tantos arboles en las veredas, se realizan podas en momentos que no son adecuados, podas intensas. (…) En la plaza se haría una reestructuración, en la que principalmente habría hierbas y arbustos, se bajaría el porte de las plantas. La cochera implica sacar los arboles más grandes y sacar las raíces”.

Se trata del debate oral del juicio por el intento de toma por la fuerza el frigorífico recuperado INCOB por parte del entonces presidente saliente de la cooperativa Enrique Garaggiola y su patota.

Además de Garaggiola, están imputados su hijo Ezequiel, Hugo Polis, Reinaldo Hernández y Juan Carlos Villarreal. Son juzgados por amenazas calificadas, lesines graves y leves y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Antes del inicio de las audiencias la defensa recusó a la jueza María Mercedes Rico, quien reemplaza en la causa al recientemente jubilado José Luis Ares. Cuestionó que intervino en el expediente cuando era secretaria judicial.

Sin embargo, el debate empezó a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones. “Si resuelven que la jueza no puede hacerse cargo vamos a estar haciendo un juicio al pedo, entiendo yo que si van a hacer eso es porque se van a tomar su tiempo para fundamentar la postura que ya tienen decidida”, dijo a FM De la Calle el abogado querellante Leandro Aparicio.

El letrado manifestó que hay “varios testigo, entiendo que el soporte principal son las filmaciones y, en definitiva, los testimonios van a dar precisión a todo lo que está filmado. Los testimonios nos van a decir por qué van, quién es Garaggiola, qué hacia. Lo que es importante es si los testigos y víctimas siguen amenazados, si tienen miedo”.

En cuanto a las responsabilidades penales, “algunos están identificados con un arma de fuego, revólver, otro disparando, otros pegando, otro amenazando de muerte. a medida que se hagan las declaraciones se va a establecer concretamente la responsabilidad. El que se ve muy claro bajando con un arma larga y está filmado es el hijo de Garaggiola que ya está condenado por otra causa, más allá de los recursos, le correspondería pena efectiva”.

Los pedidos de condenas girarán en trono a 4 y 6 años de prisión.

“El patriarcado es del capitalismo y el capitalismo no es la economía social. Van unidas ambas, economía social y feminista. El feminismo es una herramienta para la economía social y solidaria pero en la práctica nos falta. Hacemos el análisis, el diagnóstico y la autocrítica”.

Marta Gaitán, secretaria de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vicepresidenta del Comité de Género COOPERAR, brindó en la ciudad la charla ” “Economía social y solidaria, herramienta de transformación social en la agenda de género”.

La idea del encuentro fue “señalar cuáles son los puntos en común que tienen los movimientos de mujeres, los feminismos, con la economía social y solidaria porque confluyen y abonan a una misma ideología, porque nos defendemos y porque queremos ser la pata del feminismo en la economía social”.

“Nos interesa difundir las experiencias y las herramientas que hemos elaborado desde el Comité de Equidad de Género para abordar todos los tipos de violencia con la idea de cumplir los tratados internacionales, los principios del cooperativismo y la agenda 2030 pero, básicamente, para instalar en nuestras agrupaciones de base tolerancia cero a la violencia de genero”, dijo a FM De la Calle.

Gaitán comentó que “sabíamos que a la hora de contrarrestar los efectos del neoliberalismo las mujeres éramos y somos mayoría y verdaderas protagonistas de gestionar la crisis. Crecieron las cooperativas de trabajo, lo autogestivo es fuente de ingreso para familias monoparentales pero eso no se traduce en las mesas donde se toman las gestiones donde solo hay un 27 por ciento de mujeres”.

“Tenemos que intensificar nuestra lucha, crear estrategias y redes que sensibilicen y acudan con medidas concretas. (…) El Estado tiene que tener políticas publicas focalizadas en nuestra problemáticas. Creemos que nada que tenga que ver con la economía social y solidaria se puede llevar adelante sin un Estado activo que defienda los derechos de todas y todos y en pos del desarrollo de los pueblos”, concluyó Gaitán.

Un incendio en el Centro Control Motores de Dow obligó a parar la planta preventivamente ayer a la tarde. El Comité Técnico Ejecutivo pidió explicaciones sobre las causas sin infraccionar a la firma.

Ni la empresa ni el municipio informaron a la comunidad sobre el hecho. El próximo jueves se cumplirán cinco meses de la explosión en el cracker 2 de la misma empresa.

Según consta en el Acta 5869, Dow dio aviso al CTE y detalló a las 19:15 del miércoles que “debido a un sobrecalentamiento de cables en el sector mencionado se produce un principio de incendio el cual es sofocado rápidamente por la brigada interna de planta”.

Un rato después el fuego se reavivó y fue controlado nuevamente. El inspector del organismo de control recorrió el sector “observando el daño ocurrido”.

Las autoridades de la empresa explicaron que “los equipos afectados corresponden a los cubicles del sistema de arranque de los sopladores de descarga de los hopper procedentes de planta barcaza (LLDPE) a los silos de embolsado”.

“Al momento de la recorrida la planta LDPE se encontraba parada y en condiciones de arrancar. El Centro de Control cuenta con detectores de humo, los cuales fueron alarmados y detectados por el panelista de la planta. Se nos informa que no hay operarios afectados”, concluye el CTE.

Ruidos en la Central Piedra Buena

Lo que sí comunicó el área de Prensa de la comuna fue que el CTE infraccionó a la empresa Central Piedra Buena S.A. por ruidos molestos. Cinco vecinos  había hecho denuncias.

La emisión se produjo a las 12:51 del miércoles como consecuencia del venteo de vapor a la atmósfera debido a la apertura de la válvula de seguridad, a raíz del paro de la unidad 29 generando un nivel de ruido superior al normal.

Esto fue registrado por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario diurno.

Este viernes se señalizará el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Base de Infantería de Marina Baterías durante el Terrorismo de Estado (1976/1983).

La actividad impulsada por el Movimiento por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Punta Alta es parte del trabajo de la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La señalización surge de la sentencia del Juicio Armada I. “No fue fácil, hemos tenido muchas trabas, pensamos que mañana va a terminar todo bien. Se hizo tiempo atrás una en el cruce de Arroyo Pareja y Baterías, esta vez es dentro de la Base, en el Puesto 83, 15 kilómetros adentro en la propia Batería Séptima que es donde estuvo el campo de concentración”, dijo Julio Aparicio a FM De la Calle.

Comentó que “siempre hubo obstáculos de parte de la Armada, de parte del Ministerio de Defensa, lo fueron pateando, salió y dijimos este es el momento. Queremos cumplir con la sentencia y fundamentalmente con los familiares y las víctimas.

Mañana, a las 10:30 se encontrarán en Primera Junta y el camino hacia Arroyo Pareja para ingresar luego a la Base. “Es dentro de la zona reservada, hay muchos requisitos que cumplir”.

MoVeJuPA celebró esta semana sus nueve años de vida. “En Punta Alta es complicado, somos el único movimiento de derechos humanos, estamos rodeados por la Base, las políticas que bajan también a la ciudadanía, siempre hemos apuntado a más, seguimos trabajando en todo tipo de derechos, al trabajo, la salud, la vivienda y por supuesto para lo que nos conformamos que es acompañar los juicios”.

Consultado por la sentencia del Juicio Armada II, Aparicio afirmó que se quedaron con una sensación “malísima, es la repetición de lo que veníamos viendo en otros juicios. No estuvieron los jueces a la altura de la circunstancia, fue un fracaso y un manoseo, en la predisposición de la justicia, hacia los testigos y familiares, dejó mucho que desear”.

Foto: H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

En base a un trabajo elaborado junto a las economistas Agostina Costantino y Patricia Laterra, María Julia Eliosoff analizó las políticas sociales del gobierno de Cambiemos, las contrapuso a las del kirchnerismo y señaló los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en cuanto a la economía popular y los movimiento sociales.

 Políticas sociales del kirchnerismo

“Tuvieron tres pilares: programas vinculados a la seguridad social; luego lo que fueron programas vinculados a la asociatividad, microcréditos y subsidios; y la estrella que fue el ingreso social con trabajo -Ellas Hacen-. La estrategia era que para disminuir la pobreza hay que aumentar ingresos, para aumentar ingresos hay que conseguirles trabajo y eso sería vinculado a la economía social y solidaria por la falta de demanda del trabajo de esa gente”.

“Se fomentó empleo mediante cooperativas de trabajo que hacían tareas  comunitarias, obras públicas no complejas, formación en género, cuestiones de violencia, oficios. Lo positivo era que este tipo de programas de inserción colectiva contribuyó a fortalecer vínculos en los barrios”.

Cuando aparece Cambiemos

“Dicen que el problema no es que haya nadie que emplee a esa gente sino que esa gente no es empleable. Hay que modificarle estrategias para que sean empleables. Ellas Hacen y Argentina Trabaja pasa a llamarse Hacemos Futuro y es un subsidio para que vos puedas ingresar al mercado de trabajo. Una línea es el emprendedurismo con capacitación en oficios y otra es el fomento de capacidades blandas, que la gente sea más vendible, que tenga mejor carácter, que dé con el perfil empleable. Cambia la perspectiva de un adelanto de retorno de una cooperativa a un plan o subsidio por ir a formarte. El Estado te subsidia para que encuentres la forma de ser empleable”.

“Ahí aparece el rol de CTEP para lograr el Salario Social Complementario que complementa los ingresos de las familias que viven de la economía popular y, como son muy bajos, el Estado debe garantizarles llegar a un salario mínimo vital y móvil. Es una conquista para las organizaciones pero sigue siendo una perspectiva individual. El primer año que desaparecen Ellas Hacen y Argentina Trabaja hay cooperativas que logran regularizarse y son acompañados por los ministerios de Desarrollo o Producción pero en su gran mayoría desaparecieron”.

Nuevo gobierno 

“Hay una mirada o guiño positivo al movimiento de la economía popular o social, de articulación para pensar cómo acabar con el hambre de la mano de lo que produce la economía social. Eso tiene que ver con reconocer que es un sector productivo, que muchas personas viven del sector, la UCA estima que la economía popular tenía tres millones de trabajadorxs”.

“La economía popular necesita una política pública concreta. Hay algunos sectores que tienen mucha visibilidad y se pueden trabajar. Textiles, recolectores urbanos, trabajadores rurales, trabajo doméstico y de cuidados. El presidente electo lo viene mencionando como un nicho posible para las trabajadoras de la economía popular. Esperemos que no siga las mismas lógicas patriarcales y lo que ocurre en el mercado formal del trabajo, por ejemplo, respecto a la división sexual del trabajo”.

Este sábado desde las 15 se realizará en Plaza Rivadavia la décima edición del Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas, Niños Y Niñes.

Patricia Daucksycs adelantó a FM De la Calle que “la idea es similar al resto de los que se realizaron los años anteriores con una apertura a las 17 con Desbandadas. Después va a haber poesía, un grupo de folclórica femenina, bandas locales, teatro, esculturas, estatuas vivientes, mural en vivo con la Campaña por el Derecho al Aborto y las Socorristas en Red”.

“Es importante visibilizar a través del arte la lucha de las mujeres en la calle y los femicidios. Pensamos que hacerlo público tiene un mayor impacto, vemos al arte como una forma de expresión para mostrar que a pesar de estas situaciones de violencia hacia las mujeres, niñas y niños, seguimos más vivas que nunca”, agregó.

Daucksycs destacó que “a la plaza se acercan muchas compañeras que han sufrido estas situaciones. Queremos acompañarlas, cuesta mucho hacer este evento, tenemos muy poco apoyo del municipio, (el titular del Instituto Cultural Ricardo) Margo no ha dejado de invisibilizarnos como grupos de arte y lo hacemos a pulmón y con mucha alegría”.

El encuentro se financia en parte con fondos del Consejo Cultural Consultivo mediante la aplicación de la Ordenanza de Eventos Permanentes. “Margo se jubila, esperemos que la persona que pongan piense en las políticas públicas y apoye estos eventos que son importantes para todos y todas”, afirmó.

Este jueves a las nueve comenzará el juicio oral y público por la violenta irrupción de una patota en el frigorífico recuperado INCOB ocurrida el 17 de noviembre de 2015.

Entre los imputados están el ex presidente de la cooperativa que gestiona la planta, Enrique Garaggiola y su hijo Ezequiel. Se les imputan lesiones graves y tenencia de armas de fuego.

“El 17 de noviembre cayó una caravana de cinco vehículos con Garaggiola a la cabeza. No entendíamos qué pasaba, cayó con alrededor de 20 personas armadas, iniciaron disparos, hirieron a los compañeros, a uno casi le amputan la mano. Como no podía justificar los movimientos que hizo con la cooperativa y las deudas millonarias recurrió a la fuerza”, comentó a FM De la Calle Orlando Acosta, trabajador del frigorífico.

El trabajador recordó que “en ese momento los compañeros, salieron corriendo hacia el portón donde estaba el forcejeo y se amontonaron. Si él lograba ingresar a las oficinas la policía no lo podía sacar porque seguía siendo el presidente de la cooperativa. Esa mañana alguien desactivó las cámaras de seguridad, un compañero fue y las conectó, él tenía gente de la cooperativa que hizo esto, no se esperaban las grabaciones y el enfrentamiento de manos contra armas”.

Acosta señaló que “hay compañeros que hasta el día de hoy tienen discapacidad para laburar, un daño psicológico y emocional de ver ingresar a la gente. Les pagó 20 mil pesos a cada matón, venían dispuestos a todo. Uno le apuntaba con una 9 milímetros al pecho a un compañero y gatillaba”.

“Este señor Garaggiola llevaba un estilo de vida exuberante gracias al laburo que hacíamos que nunca rendía, como subsidios y la parte impositiva que hasta hoy nos toca seguir regularizando”.

Acosta destacó que estaban bajo un “gerenciamiento” y hoy pudieron “lograr el carácter autogestionado, inaugurar un curso de alfabetizaciones, una escuela primaria y secundaria, una carnicería que vende a bajo costo para costear los retiros de los compañeros… La cooperativa hace muchas donaciones a entidades, en un momento donde hay tanta crisis nos gustaría que la autogestión sea una salida de la crisis”.

Andrea, la mamá del joven que falleció por una sobredosis en El Saladero semanas atrás, pide que el Estado la ayude a contener a sus otros dos hijos menores de edad, quienes continúan en situación de extrema vulnerabilidad.

La mujer había radicado una denuncia por abandono de persona contra responsables de Políticas Sociales, Niñez y Adolescencia e integrantes de un Servicio Local.

“Pedí hablar con el intendente y el señor Rubén Gómez me atendió de muy mala manera y me sacó. Necesito reunión inmediata, para uno ya es tarde pero tengo dos hijos más en riesgo. No me quisieron atender, necesitaba ser escuchada diez minutos”, dijo a FM De la Calle.

Andrea comentó que su “hijo de 17 está mucho más tranquilo, pasando su duelo como corresponde, pero mi hijo de 14 está descontrolado. No lo tengo al lado mío y no quiero que me vuelvan a llamar porque un hijo mío se murió”.

“El otro día hubo una situación de robo donde detuvieron a dos menores, uno era uno de mis hijos. Me presenté en el tribunal y me dijeron que no tenían intervención. Me comunican desde Niñez que le habían dado la libertad desde el Valentín Vergara. Quise saber con qué fundamentos, era la oportunidad para tomar alguna medida. Tiene que pasar algo extremo señora, me dijeron. Tiene que estar porque cometió algo grave. ¿Qué tiene que pasar? Una muerte más, ¿tiene que morir como su hermano para que activen algo? No quiero tener a mi hijo encerrado pero era una oportunidad para atenderlo por su seguridad y la de terceros”.

Luego de la muerte de uno de sus hijos, sus amigos junto a una vecina se acercaron al delegado de Ing. White para pedirle ayuda para conformar una cooperativa de trabajo con el fin de que los adolescentes se alejen de las adicciones.

“Les tomaron el pelo, se aprovecharon de sus necesidades y, como saben que ella puede actuar contra el municipio, le ofrecieron armar la cooperativa y ponerla de presidenta. Fue días antes de la elecciones. Ella movilizó a los pibes, fueron con banderas a apoyar a Gay y nunca llegó el trabajo ni la cooperativa, solo algunas chapas y materiales a algunas familias”.

“Se aprovecharon de la situación. Cuando hice la denuncia esta gente aprovechó la oportunidad para obtener un voto en El Saladero. Fue todo propaganda política, a mi hijo le prometieron que iba a estar dentro de la cooperativa y después le dijeron que de los 25 jóvenes que son había puesto para diez”, finalizó.

Se conocieron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina. El trabajo permite por primera vez comparar e interpretar continuidades y rupturas.

El catolicismo disminuye aunque conserva una mayoría atenuada (62.9%). El 18.9% de la población no tiene religión y los sectores evangélicos crecen al 15.3%.

Una buena: en una década se duplicó la proporción de quienes afirman que el aborto es un derecho de las mujeres. Dos malas: la mitad de la población se manifiesta a favor de la pena de muerte y 7 de cada 10 reclaman controles migratorios más estrictos.

Por otra parte, la sociedad argentina considera mayoritariamente que el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas, rechaza la enseñanza confesional en la escuela pública y objeta el sostenimiento exclusivo a la Iglesia Católica.

La investigación fue realizada en el marco del programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL/CONICET, dirigida por les dres. Fortunato Mallimaci, Verónica Giménez Béliveau y Juan Cruz Esquivel.

“Vivimos una modernidad capitalista que produce sociedades y religiones donde los vasos comunicantes y los vínculos históricos y sociológicos son múltiples. Ante un sentido común ‘perezoso’ que universaliza y generaliza, veremos en esta investigación cómo han cambiado (o no) y cuáles son los distintos sentidos, acciones, cuidados del cuerpo y el alma, culturas, visiones, identidades y representaciones de las personas que habitan en la Argentina”, dice Mallimaci.

Destaca que “alrededor de un cuarto de la población interactúa cotidianamente en espacios religiosos sin que otro espacio político, social, cultural o actividad local compita. Por eso, a no olvidar, las religiones siguen siendo importantes comunidades de interpretación en un mundo de incertidumbres y actores socio-religiosos significativos en el territorio y en la vida política y cultural de nuestro país”.

Principales emergentes de la encuesta

Adscripción religiosa, creencias, prácticas y el Papa Francisco.

A medida que aumenta el nivel educativo hay mayor proporción de sin religión. Las y los evangélicos predominan en los niveles educativos más bajos.

El NOA es la región más católica. En AMBA y Patagonia se registra la mayor proporción de sin religión.

En Patagonia y NEA el porcentaje de evangélicos supera al del resto del país.

La individuación se consolida en el campo religioso: las personas prefieren relacionarse con Dios por su propia cuenta, se registra una caída en la asistencia semanal al culto y predominan las prácticas religiosas que se realizan en la intimidad.

La elección de un Papa argentino no modifica significativamente la vida religiosa de la Sociedad. El Papa Francisco motiva posiciones socio- religiosos contradictorias en la población.

Sociedad, Estado y religión

Entre 2008 y 2019 se duplica la proporción de quienes afirman que el aborto es un derecho de la mujer.

La mayoría considera que debe estar permitido en algunas circunstancias. Las y los evangélicos son quienes más se oponen al aborto, los y las sin religión aquellos que están más a favor.

La mayoría de las y los habitantes de Argentina cuestionan las concepciones patriarcales sobre la familia y los roles de las mujeres y los varones en el hogar. El modelo patriarcal de familia se destaca entre las y los evangélicos. Entre las y los católicos y sin religión aparecen mayores niveles de aceptación de la diversidad familiar y el matrimonio igualitario.

La postura frente al control migratorio y la pena de muerte para los delitos graves se constituyen como un desafío para los Derechos Humanos. La mitad de la población se manifiesta a favor de la pena de muerte y 7 de cada 10 reclaman controles migratorios más estrictos. Las y los evangélicos son quienes más rechazo declaran hacia la pena de muerte.

Una integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque denunció al cura Mauro Henrique Cantanhede Ferreira por abuso sexual. La víctima afirmó haber recibido amenazas y hostigamiento de parte de la Curia.

La abogada Fernanda Pertersen dijo a FM De la Calle que en el relato de la joven “hay abuso de poder muy marcado, hay una cuestión de manipulación, de perversión, de psicopatía por parte de esta persona hacia la víctima. Por su pertenencia a una fe católica queda en el medio de algo muy difícil de salir”.

“A ella hasta le cuesta reconocerse como víctima, se pone en un lugar de responsabilizarse, de considerar que ella hizo algo mal. Estas cuestiones hacen que sean hechos más difíciles de abordar desde lo legal y desde el acompañamiento a la víctima”, explicó.

La letrada afirmó que se realizarán las pericias correspondientes para acreditar las denuncias: entrevistas con el equipo técnico y con el área de asistencia a la víctima. En la causa interviene la fiscal de Delitos Sexuales Marina Lara.

Petersen aseguró que “la institución católica, en la práctica y en el imaginario tiene mucho poder, ella pertenencia a la comunidad, se fueron generando situaciones que hicieron que ella no pudiera ponerlo en palabras. Ha recibido muchísimas marcaciones, desde superiores dentro de la instituciones o personas allegadas a ella que le marcaron que nadie le iba a creer, que iba a terminar perdiendo y todas situaciones que han dado una revictimización tras otra”.

“Todo esto, para quienes no somos las vulneradas, suena a que podría haber hecho algo. Pero la realidad es que fue haciendo mella en su psiquismo, le impedía llevar adelante una denuncia formal. Luego de haber hecho la denuncia, intentó comunicarse con autoridades de la Curia y no ha recibido otra cosa que no sea eso, el descrédito se ha dado sistemáticamente”.

Consultada respecto a la existencia de otras mujeres abusadas, Pertesen señaló que “ella hace mención a esa circunstancia. Las víctimas denuncian cuando pueden y cuando están dadas las condiciones, es cuestión de respetar esto y ver si están en condiciones de denunciar”.

El cónsul general de Bolivia en Argentina, Ademar Valda, habló con FM De la Calle sobre la coyuntura política luego del golpe de Estado que forzó la renuncia de Evo Morales y la represión del gobierno de facto que ya provocó 27 muertes.

“Hoy Bolivia no vive un Estado de derecho ni una democracia. Lo legal y legítimo es que Evo termine su mandato hasta el 22 de enero de 2020”, advirtió.

En cuanto a la labor de la representación boliviana en Argentina afirmó que “hemos sido posicionados por Evo y, según la ley, sigue ejerciendo sus funciones mientras la Asamblea Plurinacional no acepte su renuncia. Seguimos realizando funciones, estamos en el Consulado General atendiendo a la gente normalmente. No reconocemos a un gobierno de facto”.


Valda explicó que “la única que puede aceptar o rechazar la renuncia es la Asamblea Plurinacional que hasta ahora no ha sesionado y estimo que va a rechazar la renuncia. Se habla de una transición democrática pero la presidenta autoproclamada ni siquiera cumple con los requisitos. Si no está el presidente, asume el vicepresidente o, en su defecto, el presidente del Senado. Por ende, lo que ha sucedido es una estrategia de terror y miedo para forzar un golpe de Estado”.

“Si el golpismo convoca a elecciones va a ser la continuidad de esta dictadura. Quien debe convocar es la Asamblea Plurinacional. Se ha amenazado con cerrar el Parlamento, se ha amenazado a diputados y senadores. No les interesa respetar el órgano de poder ni que se respete el voto, si no obtener el poder y forzarlo para beneficio personal”, dijo.

El diplomático agregó que “existe un cerco comunicacional, los grandes medios se han prestado a validar la dictadura, no informan sobre el asesinato de hermanos campesinos e indígenas, nos apena porque la prensa debería estar cuestionando al poder ilegítimo de Añez y hoy cumple un rol de validar el golpe de Estado y la ruptura de el Estado de derecho, juega un rol antidemocrático”.

21 entidades que integran la Comisión de Usuarios Residenciales de Gas Natural rechazaron la compensación económica otorgada por el ENARGAS a las distribuidoras del servicio producto de la devaluación del peso. Por otro lado, solicitaron a Alberto Fernández que luego de asumir como presidente anule la medida y el aumento tarifario previsto para enero.

“Son las famosas 24 cuotas del 2018 que no se aplicaron. Como se pospuso para este año, ahora pretenden hacerlo y compensarlas por la devaluación del año pasado” señaló desde Consumidores Argentinos, Sergio Procelli.

El dirigente afirmó que “no tiene por qué trasladarse al usuario, menos a los consumos futuros. Quedó pendiente y recién ahora sale esta medida como compensación del dólar. Acá hay dos opciones: que lo pague el usuario o el Estado, que somos los mismos. Las distribuidoras siempre estarían ganando”.

Procelli comentó que “el mes que viene pagaríamos el 22% de lo que se prorrogó. Se debió aplicar ese aumento en octubre pero no se hizo por las elecciones, el gobierno que asuma va a tener 15 días para convocar a audiencias, si es que va a continuar con estos dos aumentos anuales. De aplicarse esto estaríamos hablando de una suba del 50% solamente con el aumento del valor del dólar”.

“Esa tarifa dolarizada no tiene que ver con el costo real del gas sino con subsidios que cobran como incentivo por Vaca Muerta. El Estado le paga la diferencia, serían 3,50 dólares más. No podemos estar pagando los usuarios subsidios a las petroleras”.

“Hay cantidad de gente que se queda sin servicio, se habla de un 10% permanente, es un servicio que inmediatamente que se lo cortan trata de establecerlo, vemos gente que se endeuda para pagarlo o para pagar la reconexión”, finalizó.

Si bien el bloque oficialista y los opositores dijeron coincidir en que en Bolivia hubo un golpe de Estado el 10 de noviembre, no lograron aprobar ninguno de los proyectos de repudio que estaban en consideración.

Al no reunir los votos para habilitar el tratamiento de los textos del peronismo ni el de Cambiemos el debate ocurrió en el espacio de homenajes y manifestaciones.

“No conozco ningún teórico que pueda decir que esto no es un golpe de Estado cuando la sola descripción de los hechos hablan por sí solos”, afirmó el presidente del PJ Cumplir, Marcelo Feliú.

Walter Larrea (Unidad Ciudadana) destacó que es fue un golpe “con una modalidad novedosa, en términos de la política de la Doctrina de Seguridad Nacional que tanto daño le ha generado a los pueblos”.

“Se trató de que las fuerzas armadas y de seguridad, empachadas de doctrinas norteamericanas como ha sido constante en el Siglo XX y XXI, prefirieron retirarse y dejar la zona liberada para que hordas de fascistas y reaccionarios amenazaran al pueblo de Bolivia y sus representantes, obligándolos a presentar renuncias”.

Desde Cambiemos, Federico Tucat expresó que “en nuestro proyecto el artículo 1 es igual al que ellos pretendían votar. No nos equivoquemos, la discusión no es esa, no hay dudas respecto a lo planteado por Larrea”.

“No tenemos dudas ni jurídica ni técnica ni históricamente de lo que hubo fue un golpe de Estado. Por eso nuestro bloque lo repudia. Ni queremos justificarlo ni explicarlo, hubo consenso. Simplemente es que creemos que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, que si había un declaración también debía abogar porque nuestro país garantice la salida en paz, una reestructuración y reacondicionamiento de la elección para que la autodeterminación de los pueblos pueda elegir”, agregó.

“Buscar fundamento para justificar un accionar ilegítimo y violento es aberrante, ni con la OEA ni con la biblia en la mano, no se puede destituir un presidente -elegido democráticamente- por la fuerza y tampoco amenazar a la gobernabilidad de un país a punta de pistola como sucedió”, dijo Maite Alvado (UC).