El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto analizó la renegociación de la deuda entre el gobierno nacional y los bonistas.

En primer lugar destacó que “la semana pasada se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. Una cuestión que resonó fue el informe del Banco Central con datos que mostraban que el 90% de lo que había ingresado por deuda se había fugado, esto es importante porque tuvo un reconocimiento institucional”.

Cantamutto afirmó que “la negociación está centrada en el 20% de la deuda total, que es la deuda del Estado argentino con privados pero bajo legislación extranjera. La mayor parte, que tiene que ver con legislación nacional, se pateó para fin de año y la del Club de París y FMI está en stand by. Esta deuda es importante porque en caso de desacuerdo se dirime en el extranjero y acá podemos tener otra vez esa larga secuencia los 15 años que tuvimos con los fondos buitres”.

El fin de semana Horacio Verbitsky publicó en El cohete a la luna el listado de las primeras 100 personas que formaron activos externos. “En gran medida parece que estamos dirimiendo una disputa con poderes externos y no es cierto, gran parte de los acreedores son personas que viven en este mismo suelo”.

En cuanto a la oferta del gobierno nacional, el economista opinó que “se están dando ‘endulzantes’ que hacen que la propuesta se haga más atractiva. En vez de tres años de gracia están tratando de que sea uno, que no se paguen intereses, capitalizar intereses antes, suba de interés, etcétera”.

Cantamutto aseguró que la Argentina no esté queriendo discutir el trasfondo de la deuda: “Algo que se insinúa en la Bicameral pero, por otro lado, se avanza en renegociar la deuda. Es un sinsentido, cómo podés avanzar en discutir la legalidad de la deuda y al mismo tiempo querer pagarla”.

Señaló que hay una contradicción en el desarrollo de la negociación, “al mismo tiempo que el Banco Central informa que se utilizó para fugar se avanza en reconocerles más derechos a los acreedores, reconociéndoles más ingresos de capital”.

¿Qué puede pasar?

“Que lleguen a un acuerdo. No está claro cuál es la probabilidad de que los acreedores acepten de manera tal que las cláusulas de acción colectiva obliguen a que se dé por cerrado el canje. Y puede pasar que queden algunos tramos de bonos que sean judicializados. Si no se llega a un acuerdo y se cae en default, el acceso a fondos igual estaba trabado, lo reconoció Guzman, así que no habría un gran costo en ese sentido”.

Concluyó que “si la Argentina no logra acordar sería mérito de las inconsistencias del propio sistema financiero internacional. Ahora, si logra acordar es un error muy grueso, se siguen los términos de una negociación de mercado, no se está pensando en un Comité de Acreedores que se siente a la mesa a negociar con un sistema de reglas, con un árbitro que dirimiera, cosas que incluso ha propuesto el FMI. Se está tratando una deuda estatal como una deuda de privados. Esto no está discutiendo nada del sistema financiero internacional”.

La inflación de mayo sumó un 0,41% respecto al mes de abril. La variación de precios fue menor al registro anterior y acumula en 2020 un 9,09%, según IPC Online. La cifra interanual alcanza el 44,57% y es la más baja registrada desde enero de 2019.

“Nuevo mínimo histórico en el nivel general para este proyecto desde septiembre de 2014 con 0,41% de variación, añadiendo también el mínimo histórico del principal capítulo de Alimentos y bebidas con un variación de -0,14”, menciona el informe.

Cabe destacar que continuan las restricciones impuestas por el aislamiento obligatorio. “Las listas de precios en línea (no necesariamente los precios que enfrentan en góndola) mantenidas por la reglamentación de precios máximos de referencia junto con las condiciones restrictivas de la demanda llevan a escasa variación de precios”.

“En el caso de Alimentos y bebidas predominó fuertemente la escasa variación de precios entre los grupos de productos con pocas alzas que terminaron siendo compensadas también con bajas puntuales. Indumentaria vuelve a ser el capítulo con mayores alzas con 2,12%”.

Los capítulos que registraron alzas lo hicieron en el siguiente orden: Indumentaria (2,12%), Transporte y comunicaciones (1,08%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,69%), Vivienda y servicios básicos (0,27%), Esparcimiento (0,16%), Otros bienes y servicios (0,11%) y Educación (0,06%). Por su parte, Atención médica y gastos para la salud no registró variación mientras como ya se expresó Alimentos y bebidas marcó una baja del -0,14%.

Autoridades del Servicio Penitenciario local, personas privadas de su libertad en conjunto con representantes del Ministerio Público Fiscal y la defensa se reunieron virtualmente para conformar un Comité de Prevención y Solución de Conflictos.

En diálogo con FM De la Calle, el juez de Necochea Mario Juliano afirmó que la iniciativa comenzó en septiembre en la cárcel de Batán y señaló que está “orientado a resolver conflictos en la comunidad penitenciaria en búsqueda de la convivencia y de ir construyendo propuestas que hagan la vida intramuros más llevadera. En Batán hubo un descenso notable de los índices de conflictos y, a su vez, se promueven una serie de actividades”.

El integrante de la Asociación de Pensamiento Penal mencionó que se apunta a “trabajar ya mismo en desactivar las subculturas tumbera, pero también las penitenciarias, que tantas veces contribuyen a generar conflictos”.

“Son los prejuicios que tenemos en la vida habitual, en la vida penitenciaria. Por un lado, la cultura tumbera que es de beligerancia permanente y personas que se niegan aceptar y admitir que están privadas de la libertad y cualquier contacto con el Servicio Penitenciario es visto como un ortiba o buchón que dificulta mucho el avance. Del mismo modo, en el personal penitenciario, hay muchos que provocan conflictos con sus actitudes violentas de hostigamiento”.

Juliano destacó que se trata de una “herramienta de gobierno democrático, claramente las cárceles están gobernadas por el Estado, pero no implica que este gobierno tenga que ser autoritario y déspota sino actuar con un consenso más amplio que lejos de quitar autoridad, la legitima”.

Tras el debate por la morigeración de las modalidades de detención que se debatió semanas atrás, el juez opinó que “veníamos en un proceso interesante de excarcelación, de prisiones domiciliarias, sobre un tema absolutamente preocupante que es la alarmante sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios. Los últimos días de 2019 nos convocó la Corte a jueces y juezas y nos exhortó de manera enérgica a solucionarla. Este proceso se agudiza cuando estalla la pandemia. Hemos llegado a niveles muy interesantes, todavía no los convenientes”.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia realizó un relevamiento para elaborar un diagnóstico de la situación del Sistema de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del aislamiento. El organismo fue aceptado por la comuna para integrar el Comité de Crisis Municipal.

“Vimos la necesidad de seguir trabajando en el tema de alimentación, cómo trabajar en los convivenciales o en los hogares de abrigo para todo lo que tenía que ver con los procesos de revinculación. Y otros temas que empezaron a surgir fue el acompañamiento hospitalario, en caso de ser necesario, para niños y niñas en situación de abrigo y la continuidad pedagógica en chicos que tenían esta vulneración”, dijo a FM De la Calle Alba Picardi.

El Consejo Local solicitó información al Consejo Zonal, al Juzgado de Familia, al Consejo Escolar y a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Respecto de la continuidad pedagógica, Picardi mencionó que “había chicos que por sus recursos no contaban con lo necesario para tener hacerla y en los hogares de abrigo se veía mucho más esta situación”.

“Lo que nos planeta la Subsecretaría es que ha iniciado trabajos con otros organismos y dependencias del propio Municipio para la conectividad y para que puedan tener acceso a dispositivos y tener continuidad escolar”.

En relación a la salud de niños, niñas y adolescentes, comentó que en “los hogares de abrigo a veces hace falta acompañar a los niños a los hospitales. Por lo general, hay una persona que trabaja en la institución que acompaña pero a veces se utiliza la figura de cuidador intra hospitalario. Hay ciertas cuestiones de la salud cotidiana de los chicos que se tienen que seguir atendiendo. En el marco de la pandemia también se pudo operativizar la vacuna de la gripe para todos los chicos en hogares”.

Por último, Picardi mencionó que tras la reunión con las autoridades de la Subsecretaría de Niñez, “a diferencia de otras situaciones, vemos la disposición de trabajar de manera más unificada. Parte de esto es que el Consejo ha empezado a participar del Comité de Crisis del Municipio”.

Esto permitió que desde el Consejo se aporten otras miradas a la atención de la crisis alimentaria donde “predomina la visión de cómo resolverlo en el ámbito de los adultos y niños y adolescentes quedaban por fuera de esto”.

(Por Astor Vitali) “La dura carta de científicos e intelectuales”, tituló La Nación para hacer referencia a una solicitada publicada por lo poquito que el liberalismo (conservador) argentino puede reunir en materia gris.

Si algún señalamiento razonable cabe reconocer a este documento podría encontrarse en sus primeros párrafos, en los que expresan diferencias sobre “la primera reacción del gobierno argentino” que “fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”. Es cierto que González García la pifió en sus primeras declaraciones.

Luego expresan rápidamente, respecto de la cuestión metodológica que “se desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos, no controló a tiempo las fronteras y decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización”. Improvisar improvisaron todos los estados frente a una nueva experiencia. Por lo demás, uno no es infectólogo (tal como muchos de los firmantes) como para otorgar razón a unas estrategias complejas que, por otra parte, han dejado a muchos jefes de estado sin capacidad de acción o con una serie de medidas girando por calesitas errantes, marchas y contramarchas y sobre todo, la exposición de la incapacidad de los estados capitalistas para garantizar el cumplimiento de los derechos para el conjunto de la población: Papá Noé tiene guardados pocos asientos en su barca y sólo habrá lugar para quienes puedan pagarlo.

Luego, la carta cuestiona “la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional” e intenta construir la idea de que actuar “en nombre de la salud pública” equivaldría a “una versión aggiornada de la ´seguridad nacional´” por lo que “el gobierno encontró en la ´infectadura…”.

Un respiro, difícil de seguir.

“…El gobierno encontró en la infectadura sería un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”. Ciertamente uno se pregunta (y sugiere que se pregunte en general): si hay una pandemia ¿en manos de quienes deberían estar las decisiones en materia de salud pública? En serio eh… porque se suele decir que hay mucha influencia de científicos infectólogos en las medidas que se toman y la verdad es que uno dice ¡menos mal! Bueno sería que las medidas de salud pública en contexto de pandemia estuvieran en manos del sindicato de panaderos.

Para intentar ingresar el contenido de la carta en algún tipo de viso de tradición intelectual argentina liberal, el documento señala que “en dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”.

Cabe señalar que, si el enfoque del documento tuviera una sincera preocupación por el ejercicio de la violencia institucional, habría muchos más elementos de carácter represivo aplicado por fuerzas de seguridad en distintos estamentos estatales para denunciar. Como de pasada copiaron y pegaron dos nombres sin indagar (como solían hacer los intelectuales en las solicitadas), sin enumerar, sin denunciar casos concretos que no tengan estado público y sin articular una exposición que detalle el carácter policíaco dictatorial de su construcción teórica. Continúan señalando que: “miles de argentinos quedaron varados en el exterior y en el interior, mientras provincias y ciudades se han cerrado como condados medievales” y a punto seguido expone: “Clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y, ahora, la militarización de los barrios populares”.

Finalmente, luego de rozar este tema sobre el que no profundizan, van a lo que les importa con certeza –al menos lo que le importa a quienes representan: “El desdén por el mundo productivo no tiene antecedente y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza. Los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.

Sin más rodeos sostienen: “La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983 (¿se les pasó algún que otro intento de golpe de estado?). El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”.

¿Por qué no hacen un esfuerzo por argumentar? Que el congreso no sesione es insostenible. Es correcto. A su vez, muestra cómo todo más o menos funciona sin el congreso funcionado. Es decir, ¿la política estaba ocupándose de la política? La centralidad del congreso estaba puesta en el reparto de territorios, recursos, cargos, prebendas y a lo sumo en medio de eso se daba alguna que otra discusión sobre lo público. El congreso debería reformular, en defensa de las instituciones democráticas, la percepción de prescindible que ofrece en la actualidad.  

Les autores se identifican como “ciudadanos que pertenecemos a varias áreas de la ciencia, al mundo académico, profesional y la cultura general” y hacen un llamamiento “a grupos y organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, formadores de opinión y medios de comunicación independientes a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio y exigiendo la presentación de un plan de salida para esta situación anormal”.

El último párrafo opera como auto refutación. Señalan que “la sociedad argentina ha mostrado ser responsable a la hora de enfrentar la amenaza de la pandemia” porque “acató las normas, cumplió los consejos sanitarios y se mostró respetuosa de la ley y sus representantes”. Acá sí que no se entiende: ¿acató las normas o fue sometida a una dictadura de la infectología? ¿Fue una opción “responsable” o producto del ejercicio de la coerción? Esta contradicción intrínseca no hubiese ocurrido en ningún documento revisado dos veces por algún intelectual interesado en señalar realmente la existencia de un estado represivo. El objetivo de esta carta es pegar utilizando ciertas ideas que –deberían tomar nota- ya no funcionan: antes era Argenzuela (fantasma amenazando las libertades democráticas individuales) ahora la Infectadura (fantasma amenazando las libertades democráticas individuales). Basta ya. El mundo de las ideas debe acudir a sus fuentes, es decir, al universo de las ideas en lugar de –como en esta carta- buscar en una suerte de usina de hashtags pontenciales las líneas de unos párrafos que no logran el estatus del pensamiento crítico.

El motivo de la publicación es el motivo de carácter gorilón y rapiñero de algunas de las “personalidades e intelectuales” firmantes: Sebreli, Kovadloff, Brandoni, Sabsay, Lopérfido, para no abundar.

Si no hubiera sido ampliamente difundida, la nota en sí misma es una pérdida de tiempo y uno mismo se cuestiona si tiene sentido dedicarle estas líneas. En el fondo, parece que sí tiene sentido exponer el carácter maniquieo de su razonamiento: utilizan la idea de un estado policíaco y de funcionarios dictatoriales para poner a funcionar una economía que –ya ha quedado claro- no cuenta con las herramientas ni los dispositivos para proteger a los trabajadores ni a las trabajadoras en sus puestos de trabajo. Quieren ganancia capitalista pero no pueden garantizar la salud de la población en el proceso de producción. ¿A quién protegería la producción en marcha? ¿A las ganancias de las clases acomodadas o a la salud de la población que no tiene cómo protegerse? Tras la máscara liberal se encuentra el verdadero rostro canallesco: si quisieran denunciar derechos no garantizados por el estado argentino hubieran empezado por las enormes dificultades padecidas por los sectores marginados, por lo que no llegan a fin de mes y por la enorme masa de víctimas de laburantes precarizados (universos conceptuales inexistentes en este documento). Estos liberales devaluados quieren poner en marcha la economía pero no explican cómo poner hacerlo sin lamentar las muertes de los y las de abajo.

Si la intención hubiera sido señalar cómo para millones de personas no hay estado que les garantice sus derechos humanos básicos, la carta encontraría motivos en la realidad política argentina en lugar de hacerlo en fabulaciones. Eso es para otro comentario, pero está claro que por más IFE, créditos especiales y subsidio al sector privado para pagar salarios, buena parte de las poblaciones de las ciudades la pasa mal y no hay parámetros igualitarios para sobrevivir en este contexto de emergencia. No es éste el tema que les ocupa.

La teoría de la Infectadura es la expresión más acabada de la situación del debate público argentino y sus referentes: dan pena. Otros señalamientos mucho más interesantes han establecido referentes sociales, barriales, comunitarios, inmersos en la realidad social argentina concreta, a diferencia del contenido de esta solicitada un poco jodida, un poco escrita sin mayor interés, un poco absurda, un poco lamentable y sobre todo, evitable.

De cambiar el sistema impositivo regresivo, de transformar las desigualdades para que no sufran quienes menos tienen y de que los derechos humanos básicos se vean garantizados a través de la financiación de quienes se benefician con la explotación capitalista: ni una palabra.

“Nos pareció muy desatinado realmente. Una tomada de pelo dado lo que se está viviendo en términos de políticas culturales”, dijo el integrante de IMPRO Delivery, Rubén Cordi, sobre la invitación municipal a enviar parte del material de la compañía para su uso en la plataforma “Cultura en casa” sin ningún tipo de remuneración.

En diálogo con FM De la Calle, el actor aseguró que “no vamos a entregarle justamente al Municipio lo que nosotros costeamos, una producción de manera independiente, entregárselo gratuitamente. Hace poco sí se lo dimos al Consorcio (del Puerto) porque fue algo remunerado, por poner solo un ejemplo”.

“El 21 de mayo recibimos un mensaje privado al Instagram de IMPRO Delivery, desde la Dirección de Turismo, al final el logo de Infinito por Descubrir -después nos enteramos que Infinito no estaba enterado- invitándonos al programa ‘Cultura en casa’, ofreciéndonos que les enviemos información  de los videos subidos a cambio de difusión”, contó.

Agregó: “Les respondimos que no había problemas, solo que nuestro trabajo era remunerado. A lo que nos responden que no, que el trabajo solo era de difusión”.

Cordi destacó todo el esfuerzo que hay dentro y fuera del escenario para que IMPRO Delivery sea posible. “En el caso nuestro como de otras compañías hay mucho trabajo, mucha inversión, el último registro que hicimos fue un Teatro Plaza con 890 personas viendo el show, todo el despliegue lo costeamos nosotros con producción independiente, contamos con tres artistas en escena, fotógrafo, director, sonidistas, gente de prensa, video, mucha gente que trabaja con nosotros”.

“La política actual todos la conocemos, sabemos que es una política de vaciamiento, de recorte”, señaló el actor. “Nos autoproducimos y después elegimos a quién entregarle el material. No tenemos subsidios, no lo hemos solicitado, en esta época que estamos viviendo no solamente pensamos en nosotros sino en el resto de los actores culturales que están en una situación compleja”.

Por último, en relación a la situación actual de la compañía teatral comentó que “estamos quietos, reuniéndonos una vez por semana, no es la idea de IMPRO Delivery salir a trabajar con este espectáculo virtual. Después cada uno ponerse a tono con estas virtualidades, ojalá pase pronto porque el teatro es una cuestión de cuerpo presente”.