Arroyos y ríos desbordados, rutas cortadas o con circulación limitada, cientos de viviendas inundadas, campos bajo agua donde apenas asoman los postes del alambrado y la población refugiándose en lugares precarios, son imágenes cada vez más frecuentes.
Esto no es casualidad. Hay certeza ya de que es el modelo agrobiotecnológico el responsable de esta situación cada vez más recurrente, caracterizada por desbordes inusuales, como las recientes lluvias que arrojaron un panorama desolador al registrarse solo en la provincia de Santa Fe más de un millón de hectáreas bajo el agua.
Para tener una noción del panorama actual, pueblos y ciudades enteras han quedado sumergidos como Pergamino, La Emilia, San Nicolás, Rafaela, Arroyo Seco, y casi un centenar en la región centro, en la pampa húmeda, una región que fuera una de las más fértiles y ricas del mundo.
En este marco, si bien son necesarias las obras hidráulicas, éstas solo maquillan un problema coyuntural: El deterioro manifiesto en el que se encuentran los suelos hace que los mismos no absorben lo que deben, escurriendo dichas aguas hacia las cuencas inferiores. Esto es lo que en definitiva agrava las inundaciones.
Estudios realizados por Universidades Públicas y especialistas de distintas disciplinas ratifican, entre otros, que los cultivos de raíces pequeñas como la soja transgénica no permiten la infiltración profunda o la evaporación; la eliminación de la actividad pecuaria provoca la subida de las capas freáticas, la desaparición de la fauna y flora por la aplicación de más de 300 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña, compacta los suelos y los convierte en un vidrio en el que rebota el agua.
En efecto, la aplicación del paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa, base del agronegocio, significó la subida de las capas freáticas, la uniformidad de la granulometría superficial del suelo y la muerte directa de los micros y macros organismos edáficos alterando negativamente los ciclos del agua y los nutrientes, el flujo de energía y la dinámica de las comunidades por encima y debajo del suelo.
Se confirma, una vez más, que seguir insistiendo con las buenas prácticas agrícolas o de labranza, no constituyen una solución ni razonable ni ética a este problema, dado que nos encontramos frente a un modelo de producción hegemónico y fuera de control que, en modo similar a la minería, desequilibran la situación funcional del suelo y le exprime el suelo hasta sus últimos nutrientes.
Si a este panorama le agregamos los múltiples focos de incendios en las provincias de La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, incontrolables por los escasos recursos de contención del fuego que hay disponibles, que provocaron la masiva mortandad de animales y cientos de hectáreas desbastadas por el fuego. Los ríos enteros contaminados por los numerosos derrames de cianuro provocados por la actividad minera, dejando a poblaciones enteras sin acceso a agua potable y una mortandad de peces incalculable. El impactante alud que enterró las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya en Jujuy, cuyos habitantes se esfuerzan por recuperar sus casas, anegadas por el lodo y, de alguna forma, recuperar la vida cotidiana. Las millones de hectáreas de bosque nativo destruidas en aras de “supuestas inversiones” o mejor dicho de “especulaciones inmobiliarias”, comprenderemos que nuestro país atraviesa por una verdadera sitaución de catástrofe ambiental.
No cabe ninguna duda de que la aceleración de las desastres ambientales que hoy padecemos son la resultante de un modelo productivo extractivista salvaje que, violando las leyes de la naturaleza, ha seguido las leyes del Dios Mercado basadas en priorizar las máximas ganancias para unos pocos, con consecuencias que las paga todo el pueblo, no solo con la pérdida de sus bienes, sino también porque compromete su salud y su bienestar, como asimismo, su presente y su futuro.
Es claro que el modelo de producción aplicado no es amigable con el ambiente, y que los daños que genera son sufridos por miles de ciudadanas y ciudadanos argentinos, sumado a las incalculables pérdidas sociales, económicas y productivas que ello implica en general para nuestro país.
A 20 años de la implantación de este modelo productivo, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los investigadores y científicos, las universidades, las víctimas que se acumulan en cada rincón de la patria, vienen alertando de las consecuencias de envenenar masivamente el suelo, el agua, el aire, la naturaleza y la vida misma.
Los responsables debajo de esta catástrofe “natural”, sanitaria o ambiental. tienen nombre y apellido, son productores inescrupulosos, inversores y financistas, profesionales y funcionarios que pertenecen a una economía concentrada, monopólica y transnacional, que lucran desde hace décadas con el sufrimiento y la expoliación de los pueblos ,lo que hace que sostengamos que urge la toma de responsabilidad por parte del estado de gestionar otro modelo de producción, donde se respeten los equilibrios ecosistémicos y deje de lado las declaraciones de “emergencia agropecuaria”, que todos subsidiamos y cuyo destino final beneficia a unos pocos.
Sostenemos una vez más que hay una alternativa, una verdadera salida para enfriar el planeta y actuar sobre el cambio climático y no es con represión ni con su acción desenfrenada. Solo superaremos la difícil situación que atraviesa nuestro país, planificando revertir el camino desarrollado hasta ahora, y es optando por el modelo agroecológico de producción que se opone al agronegocio.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología – Universidad Nacional de Luján (UNLu), Argentina.
Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales – Sede Trelew de la UNPSJB, Argentina.
Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria (CLAySA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/01/soja.jpg?fit=400%2C265&ssl=1265400FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-01-25 11:15:522017-02-04 11:18:13Modelo productivo estractivista y sus consecuencias: inundaciones, incendios, derrames
A partir de las 20 de este miércoles, la comunidad mapuche Cushamen fue víctima de un nuevo y violentísimo ataque por parte de las fuerzas de seguridad. La recuperación de territorio en la zona de Leleque, conocida como lof en resistencia, ya había sido objeto este martes de dos operativos policiales ordenador por sendos jueces: uno para liberar de obstáculos las vías de la famosa trochita y un allanamiento a la base de la comunidad supuestamente para recabar pruebas por el delito de abigeato (robo de ganado).
En estos operativos simultáneos la intervención de Gendarmería y de la Policía provincial dejó sendos heridos y por lo menos 7 detenidos. El nuevo ataque de la noche del miércoles fue aún más violento. Voceros de la comunidad mapuche denuncian incluso disparos con balas de plomo. Emilio Jones Huala, hermano del lonco Facundo Jones Huala, recibió un perdigón de metal que le perforó el cuello y le fracturó el maxilar. Luego de la represión, el servicio de asistencia médica y de ambulancias se demoró excesivamente en arribar al lugar de los hechos ya que, según denuncian voceros de los mapuche, responden a la policía provincial y se niegan a asistir a los heridos.
El origen del conflicto se remonta a la recuperación de tierras realizada en 2015 por una comunidad mapuche en una de las estancias de la Compañía de Tierras del Sud Argentino que pertenece al empresario italiano Luciano Benetton, dueño de casi un millón de hectáreas en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El millonario denunció penalmente a los ocupantes por usurpación y la Justicia viene dándole la razón o al menos dejándolo actuar y avalando amenazas y reiterados ataques ilegales contra la comunidad. En su momento los mapuche del Lof en resistencia emitieron un comunicado en el que planteaban: “La única manera de frenar el asesinato planificado desde el poder económico y del Estado (ecocidio y etnocidio), es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”.
Aún no están claras las justificaciones para el nuevo ataque policial a la comunidad ya que el miércoles se logró despejar la vía de la trochita, que volvió a circular, y se realizaron los allanamientos ordenado por la Justicia. Según voceros de la comunidad: “Cayó Infantería y así como cayó empezó a disparar a quemarropa”. Horas después de recibir el gravísimo disparo en el cuello, Emilio Jones Huala fue trasladado al hospital de Esquel en una ambulancia, mientras que otra quedó en el lugar asistiendo a heridos de menor gravedad.
Sonia Ivanoff, abogada del lonco Facundo Jones Huala, detalló al respecto: “Emilio tiene un perdigón de bala incrustado en la mandíbula y fue trasladado al hospital de El Bolsón, además otro integrante del Lof, fue trasladado con traumatismo de cráneo al hospital de Bariloche, debido a que se complicó su situación, ya que estaba inconsciente”. La abogada también confirmó que en horas de la madrugada se presentó ante la Defensa Pública de Esquel un recurso de habeas corpus sobre la comunidad “para que se informe los movimientos de la Unidad Regional de la zona de las últimas 12 horas, debido a que la represión fue ilegal”.
Los ataques fueron repudiados por organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Amnesty Internacional Argentina emitió un comunicado en el que plantea: “La orden emitida por la Justicia no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”. La regional del Noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por su parte, denunció en otro comunicado: “La estrategia tan pregonada a nivel nacional por Patricia Bullrich y su alter ego local Mario Das Neves para justificar la represión y la criminalización de la protesta social parecer haber visualizado en la comunidad mapuche tehuelche el “enemigo interior” necesario para poner en práctica una vez más la política antiterrorista”.
El gobernador Mario Das Neves sostiene un planteo absolutamente coherente con la línea de criminalización denunciada. Luego de los primeros ataques a la comunidad mapuche y la resistencia al desalojo de sus integrantes pidió en conferencia de prensa un “repudio generalizado” a estos “graves incidentes”: “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera. En esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias para que se cumpla con las leyes y la gente viva bien y tranquila”. Das Neves incluso polemizó con sus compañeros del PJ: “En eso sí disiento con el Partido Justicialista, que hoy sacó un comunicado, con total y absoluta falta de conocimiento. Viajen, estén allá con la gente y vean lo que pasa”.
De resultas de los operativos del día martes aún permanecen detenidos tres miembros de la comunidad, imputados por los delitos de impedir la circulación del transporte ferroviario, resistencia a la autoridad, lesiones y daños agravados: Nicolás Daniel Hernandez Huana, Ariel Marioto Garci y Ricardo Antihual. Luego de indagarlos, el juez Guido Otranto denegó su excarcelación y permanecen detenidos en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal. Se espera que otros siete detenidos de la localidad de El Maitén (José Luis Buchili, Jaime Gustavo, Ivana Noemí Huetelaf, Daniela González; Javier Huencapan, Pablo Gonzalo Segui y Ricardo Antigual) sean liberados este miércoles.
Después del primer ataque contra el Lof en resistencia se organizaron diversos actos de repudio a lo largo del país. Integrantes de los pueblos originarios de Viedma y Carmen de Patagones se convocaron para repudiar los ataques frente al edificio de la Justicia Federal en la capital rionegrina. En la ciudad de Buenos Aires hubo una convocatoria ante la casa de la Provincia de Chubut en horas de la tarde, que se repitió durante la mañana del miércoles, en simultáneo con una convocatoria al Centro Cívico de Bariloche. (Notas)
COMUNICACIÓN MAPUCE TERRORISMO DE ESTADO EN LA PATAGONIA…
Con una violencia y un despliegue descomunal, llegaron las fuerzas represivas de Gendarmería Nacional a la región mapuche en Puelmapu. La posibilidad de una represión salvaje fue anunciado por el diario nacional Página 12 y sin embargo no le generó ningún conflicto al gobierno nacional, que puso toda la fuerza de represión al servicio de un desaforado gobernador Das Neves. Este gobernador pide sangre de toda las formas, como única forma de resolver un conflicto de poco mas de un siglo, que se inició justamente con un intento de arrasar todo con la fuerza de las armas y al que le opusimos una resistencia histórica.
Cushamen hoy es el centro de esta militarización y represión. En defensa de la familia italiana Bennetton. Ataca el Estado al núcleo fundamental que es la vida comunitaria y no duda de golpear o balear sea hombre, niños o mujeres. Nosotros condenamos todo tipo de represión, pero cuando la misma se ejerce sobre un Pueblo con el objetivo de impedir su producción y reproducción, eso es genocidio. Todavía está fresca en la memoria de nuestros fvtakece (ancianos) las consecuencias del genocida Roca y hoy Macri/Das Neves, buscan replicar este mecanismo.
Luego de haber generado heridos de balas de goma y de plomo y dejar un tendal de heridos, quebrados y familias humilladas por la violencia, Gendarmería y la GEO descansan en el Bolson. Alli, en ese lugar, se generó días atrás la mayor movilización de la provincia de Rio Negro en la defensa del Agua y contra la extranjerización de la tierra, ante el intento de Joe Lewis (amigo de la pareja presidencial), de asegurarse un negocio inmobiliario. Es este pueblo de El Bolsón, el próximo objetivo de este Tour de Represión? La población que se movilizó de manera ejemplar, ya no duerme tranquila, porque sabe que esta en la mira.
Quién seguirá después?… el Lof Ancalao que mantiene dignamente la defensa de su territorio recuperado de manos saqueadoras y lo querían condenar a la pobreza eterna?
Quien continua luego en este verano de represión militar? El Lof Kinxikew que un inescrupuloso juez de Junín de los Andes (Andres Luchino) le dictó una orden de desalojo para favorecer a una familia de origen austriaco, a pocas horas de la Navidad cristiana?
Y ahora que nación, las provincias petroleras, los gobernadores y el sindicato se han puesto de acuerdo para profundizar la explotación de Vaca Muerta, las comunidades mapuche que venimos denunciando la contaminación y el saqueo de los recursos naturales, seremos los próximo en la lista de la ruta de la represión?
La única lógica para que se haya generado el desplazamiento de 300 efectivos de gendarmería con toda la parafernalia represiva y de terror, que incluye tanques, camiones, escudos, armas, etc; es que ESTO RECIÉN EMPIEZA. Cushamen es el ensayo para una represión que continuará y por eso nos organizamos en nuestros territorios para que a Macri y los gobiernos provinciales que acepten la doctrina de la seguridad nacional que ideó una funcionaria desquiciada por el ejercicio de la violencia como Patricia Bullrich, sepan que pagaran un precio político muy caro ante el objetivo de escarmentarnos a través de la violencia física.
Cuentan con un instrumento perverso como la LEY ANTITERRORISTA para implementar los compromisos asumidos ante las corporaciones del petróleo, la minería o la soja. Pero al frente hay un pueblo digno que exige políticas de restitución territorial producto de un acuerdo político que quizás hoy esta campaña de represión no está dispuesto a conceder.
Es urgente lograr ese escenario político, donde se asuma que estamos ante un conflicto histórico político cultural sin resolver, cuyas consecuencias más inmediatas son la pobreza y el reduccionismo territorial. Y eso debe encontrar, no un escenario de guerra, sino interlocutores serios y responsables dispuesto a un acuerdo histórico.
Neuquén, Puelmapu, 11 de Enero 2017
Desde el Lof Pillañ Mahuiza, en territorio recuperado en las cercanías de la localidad corcovado provincia del Chubut decimos:
Repudiamos y condenamos la decisión del gobierno provincial, al direccionar la demanda del pueblo mapuche, en particular la resistencia y lucha de los pu peñi ka pu lamngen, del Lof de Resistencia Mapuche Cushamen, hacia la represión, criminalización y racismo político. El gobernador Mario Das Neves está propiciando la configuración de un estado terrorista, pretendiendo manipular al pueblo chubutense contra los derechos del pueblo mapuche. En sus discursos, incita a la construcción de un enemigo interno que justifique la aplicación de la ley antiterrorista.
Queremos advertirle al pueblo chubutense el peligro que encierra el uso del poder desmedido e impune de un individuo demente con rasgos totalitaristas, violentos e Hitlerianos que desde su odio racial construye políticas de muerte, nos preguntamos, cuál será su límite?, quién se lo pondrá? Hasta dónde llegarán a sus delirios genocidas?
Éste sujeto que no tiene autoridad moral, que aún está siendo investigado por su posible incriminación en negociados fraudulentos, tal es el caso del multimillonario soborno de Panamerican Energy, que le significó al pueblo chubutense el peor contrato de la historia de esta provincia.
En su anterior gestión podría haber restituido las tierras a las comunidades mapuches y resuelto los conflictos, sin embargo valiéndose de su poder le obsequia a un empresario y terrateniente, vicegobernador en su gestión, sr. Mario Vargas, 5000has. De reserva natural en el Rincón del Aceite. La lista de injusticias, delitos, sería interminable de mencionar. Su incidencia en el poder judicial y legislativo, desarma el estado de derecho, del cual se dice representar, y crea otro estado que nos remonta al de la década del 70.
¿Por qué le preocupa tanto al gobierno los 100 metros de recorrido del trochita sobre el territorio del Lof de Resistencia Cushamen? Lo que en verdad le preocupa es que la demanda de éste Lof sea el disparador para que todos los pueblos ferroviarios desde Jacobacci hasta Esquel demanden la reapertura de todo este ramal que cumplió un fin social desde 1938, y hoy la han convertido en un gran negocio de un minúsculo grupo empresarial y funcionarios corruptos.
Condenamos el accionar de gendarmería, del Grupo GEOP, de la policía provincial, el juez Colabelli, Juez Otranto, que arrojó como resultado: heridos, baleados, y detenidos.
Nos declaramos en Alerta a partir de este momento para sumar nuestras fuerzas y decisión en la lucha por nuestros derechos, nos asumimos como una sola nación y un solo pueblo, y una misma lucha, invitamos a todos los lof y comunidades mapuches de toda la provincia a que se sumen desde sus lugares con acciones concretas en la búsqueda de justicia, no seamos indiferentes! A la sociedad Chubutense le pedimos que no se deje engañar.
Por territorio justicia y libertad, Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza
Marici mari weu!! Diez veces venceremos
Mauro Millán, Moira Millán, Evis Millán, Mariela Millán, Luis Millán, Gabriel Colipi, Javier Cayupan, Juan Ernesto Millán.
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La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Profertil SA por la emisión de olor a amoníaco detectada ayer por el sensor ubicado en las instalaciones del Club Náutico Bahía Blanca.
Según la comuna “inmediatamente el inspector recorrió las zonas aledañas a la empresa y específicamente el Club Náutico Bahía Blanca pudiendo constatar que el olor provenía de la empresa”.
“Esta situación generó preocupación y molestias en la población por lo cual se recibieron 14 denuncias vecinales a través de los teléfonos de emergencia, desde las 18:10 hasta las 19:30”.
A las 16:30 la empresa avisó que debido a una falla en el suministro eléctrico -“una variación en la frecuencia del sistema eléctrico nacional”- se produjo la parada total del complejo. Además informó que el amoníaco percibido en el aire provenía de la antorcha de la planta amoníaco.
El olor se calificó como Grado 4 de la Tabla I de intensidad y Grado 2 de la Tabla II de irritabilidad del anexo V del decreto 3395/96 reglamentario de la Ley 5965. Por lo tanto se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art.2 de la Ley 5965, Art.10 Decreto Reglamentario 3395/96 conformes Anexo V Tabla I y Tabla II y falta a la Ley 11459, Art.1 del Decreto Reglamentario 1741/96; por no desarrollar su proceso en un marco de respeto y promoción de la calidad ambiental. El acta el infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible OPDS.
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La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró una infracción a la empresa Central Piedra Buena S.A. por emisión de ruidos molestos. Fueron reiteradas las mutas por la misma falencia a lo largo del año. A principios de mes, la empresa generó temor en los barrios cercanos por el “fuerte temblor” que acompañó al ruido.
El último episodio se produjo el domingo 25 de diciembre a las 18 como “consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, debido a una falla en el Sistema Interconectado Nacional, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”. Hubo tres denuncias vecinales en el servicio de emergencias 911.
“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario diurno”.
El municipio labró un acta imputando falta al Art. 1 del decreto reglamentario 1741/96, LEY 11459 conforme art. 1 de la Resolución 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) modificada por la Resolución 94/02 (EX-SPA).
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/12/img_piedra.jpg?fit=1040%2C330&ssl=13301040FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-12-27 01:40:362016-12-27 01:40:36Ruido navideño en la termoeléctrica
Facundo López Crespo, Gustavo García Zanotti y Marco Kofman presentaron un informe económico acerca de las transferencias de recursos al sector hidrocarburífero en Argentina. Fue el 7 de diciembre en el CEIL-CONICET en conjunto con especialistas de la materia. La publicación -de descarga gratuita- está impulsado por Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES), el Observatorio Petrolero Sur y el Taller Ecologista.
“Los resultados obtenidos muestran flujos cuantiosos y en franco crecimiento:
Más de 21 mil millones de dólareshan sido transferidos a las empresas del sector;
Los montos se incrementaron en los últimos años, llegando a superar los 3 mil millones de dólares por añoen 2013, 2014 y 2015;
Del total, el Estado nacional transfirió 14 mil millones de dólarespor diversas vías, siendo el restante originado por los consumidores;
Entre 2009 y 2015, el aporte estatal representa 1,5 veces la masa salarial del sector, casi el 30% de lo ejecutado por el Ministerio de Educación, el 74% del Ministerio de Salud y más de dos veces de lo gastado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología;
A partir del aumento tarifariodel gobierno de Cambiemos en 2016, hasta mediados de año losconsumidores transfirieron el 81% del total, frente a un 2% entre 2008 y 2014;
En cuanto a los beneficiarios, YPF y Pan American Energy(Bulgheroni, Cnooc y BP) captaron el 72%, siendo otros actores destacados Sinopec, Pluspetrol y Total;
Además de ir en aumento, las transferencias representaron una porción cada vez mayor de la facturación total del sector, alcanzando el 48% para 2015”.
El trabajo señala que “en todo el período analizado las transferencias de la política hidrocarburífera apuntaron a la producción, donde se estimuló a las empresas con señales de precios para que incrementen sus niveles de extracción y exploración, especialmente en su fase no convencional y en la cuenca Golfo San Jorge. La prioridad de este aspecto fue en detrimento de abordar el impacto socioambiental de la actividad. Con el gobierno actual a esta tendencia se le sumó el aumento de tarifas, donde se plasmó el abandono de la idea de acceso popular a la energía en tanto derecho. A largo plazo, las políticas de estímulo dan continuidad a un esquema de consumo energético ineficiente e injusto desde el punto de vista económico y ambiental”.
“Las transferencias son una herramienta que permite reflejar aportes que van más allá del subsidio directo. Las definimos como el resultado de las presiones que se ejercen sobre la estructura de precios relativos en beneficio de una determinada rama de actividad o sector empresarial. Esto permite englobar subvenciones directas y políticas indirectas, como la devaluación”.
Los autores señalan que “el reconocimiento y la evaluación de las transferencias es un problema estratégico” y que “las mismas comprometen distintas dimensiones: los territorios, infraestructura y capital involucrados; la captura y transferencia de fondos públicos hacia uno de los sectores más ricos, concentrados y de mayor nivel de daño sanitario y degradación ambiental”
Al mismo tiempo, “los fondos públicos engrosan una industria que necesariamente debe tender a un achicamiento drástico si se desea mantener el clima planetario bajo cierta estabilidad. El esfuerzo de dejar los fósiles también implica re-direccionar el accionar estatal para apuntar hacia una transición justa”.
En otras conclusiones, el documento señala que “la importancia de este sector implica la necesidad de establecer políticas profundas y de largo alcance que contemplen, entre otras cuestiones:
Recuperar la capacidad de conducción del sector por medio de una fortalecida empresa estatal con participación ciudadana en las decisiones.
Desconcentrar el segmento privado del mercado.
Proteger el medio ambiente y fomentar la diversidad y transición productiva de las zonas de extracción de hidrocarburos.
Fomentar la diversificación de la oferta primaria de energía.
Bajo la premisa de que la energía es un derecho, garantizar el acceso de toda la sociedad a los recursos energéticos.
Estimular un uso racional y eficiente de la energía, primordialmente en el transporte y en la industria”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/12/facking.jpg?fit=309%2C163&ssl=1163309FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-12-16 13:04:292016-12-16 13:04:52Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina
Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, repudiamos enérgicamente la amenaza sufrida por FM Alas en el marco de un debate social entorno a la propiedad, el uso y la funcionalidad de la tierra, donde la radio cumple un rol fundamental en la información, la visibilidad y el análisis del conflicto.
El día 2 de diciembre la emisora del Bolsón, provincia de Río Negro, cubrió una extensa jornada de una Audiencia Pública que el municipio realizó para legitimar un megaproyecto inmobiliario impulsado por el magnate Joe Lewis y sus testaferros. Este proyecto prevee la construcción de un barrio turístico en la zona y el loteo de tierras en la Pampa de Ludden, un lugar de divisora de aguas en donde viven muchas familias productivas.
Durante la jornada, FM Alas hizo público un video en donde jóvenes declaran la promesa de recibir dinero a cambio de participar de una concentración en favor del intendente en la puerta de la Audiencia. Durante los últimos días, Alas desnudó una gran cantidad de irregularidades, ilegalidades y el negocio multimillonario que se pretende realizar con los bienes comunes.
Consideramos que esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Es momento que entre todas y todos pongamos freno a estas formas directas de amenaza.
Asimismo, solicitamos que el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, se rectifique en sus declaraciones, en las que calificó a la emisora de ilegal. Esto no sólo es falso, sino que es insólito que la máxima autoridad del pueblo desconozca la historia de una de las emisoras pioneras en la comunicación comunitaria latinoamericana que lleva más de 29 años emitiendo en la provincia.
Esperamos que se garantice el derecho libre a la comunicación, que este episodio en particular no pase a mayores y que ningún medio comunitario ni organización social vuelva a sea amenazada.
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La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Central Piedra Buena S.A por emisión de ruido molesto. El hecho se registró anoche 22:30 y generó temor en los barrios cercanos por el “fuerte temblor” que acompañó al ruido. Hubo 94 denuncias.
“A las 22:32 hs del día 02/12/16 inspectores del CTE constataron la emisión de ruidos intensos provenientes de la Central Piedra Buena, los mismos superaron los límites legales para emisión sonora en horario nocturno, con una duración de 6 minutos. Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al Art. 1 del Decreto 1741/96, Ley 11459, conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) modificado por la resolución 94/02 (ex SPA)”, dice la secretaría a cargo de Adriana Chanampa.
Agrega que la empresa afirmó que la parada de la Unidad 29 fue “por una falla en el sistema de control” y que “como consecuencia de dicho evento se produjo un venteo de vapor de agua a la atmosfera, a través de la apertura de una válvula de seguridad con emisión de ruido intenso”. “El hecho no significó un riesgo a la comunidad, si bien generó preocupación entre los vecinos, a través del teléfono de emergencia 911 se recibieron 94 denuncias de los vecinos”.
Por su parte, el acta de inspección Nº 5405 del CTE sostiene que “la causa de la parada imprevista fue el apagado de los quemadores por falta de combustible, sin actuar el corte automático de las bombas de alimentación de agua a la caldera, obligando al personal a actuar las mismas en forma manual, en campo. De acuerdo a lo observado en la evolución de las variables operativas, el evento duró 2 minutos 30 segundos en los que se venteó vapor de agua por las válvulas de seguridad actuantes”.
Las explosiones en la central y las infracciones por ruidos fueron reiteradas durante el año. Las actas fueron enviadas al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, ente duramente cuestionado meses atrás por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental.
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(Por Mariela Dobal) Luego de 10 años de recorrido y aprendizaje, diversos integrantes del sector debatieron y proyectaron acciones y realidades.
Las 10° Jornadas de Economía Solidaria se realizaron en Bahía Blanca, como respuesta al trabajo que numerosas personas vienen construyendo en la ciudad y la región, en torno a este intercambio socio-económico-cultural basado en el crecimiento colectivo de comunidades que le escapan a la lógica capitalista de consumo.
En esta oportunidad, y con la coordinación del área de ECOSOL de Cáritas Bahía Blanca, el sábado pasado se encontraron emprendedores/as, productores/as, artesanos/as, agricultores familiares y representantes de pequeñas cooperativas, para proyectar futuras acciones conjuntas, desde una perspectiva que valoriza el trabajo digno, el precio justo y el intercambio sociocultural.
La jornada inició con una introducción y repaso de todos los logros conseguidos desde los distintos espacios que protagonizan esta otra economía posible, y continuó con dos mesas simultáneas de intercambio. Una de ellas discutió sobre cómo avanzar con la implementación de las Pequeñas Unidades Productivas Alimentarias (P.U.P.A.S) para lograr la habilitación de la cocina comunitaria del Centro Integrador Comunitario de Spurr, y otra analizó el marco legal que debería contemplar un óptimo funcionamiento de la Feria del Lago y la de Villa Harding Green.
Marina Huentenao, directora de Cáritas Bahía Blanca, compartió con FM De la Calle su emoción y alegría por “todo el crecimiento que estos años nos brindó el hecho de repensarnos como personas capaces de vivir en una sociedad más justa, donde existan debates superadores al derecho humano indiscutible del acceso a la salud, la educación y la vivienda de todos y todas. Creemos muy necesario fortalecer estos vínculos y producciones, y avanzar en marcos legales con un Estado activo que acompañe y respete las experiencias y prácticas de la Economía Solidaria, dándole legitimidad al trabajo de autogestión de numerosas familias”.
“Es gratificante escuchar a emprendedoras compartiendo todo lo que estos espacios han significado para sus vidas, porque si bien existen muchos hombres, son principalmente las mujeres quienes se empoderaron desde la elección, las palabras y sus saberes prácticos para defender y mejorar la organización cotidiana”, explicó Huentenao.
Actualmente en Bahía Blanca más de un centenar de familias promueven los valores de la economía social y solidaria. Quienes integran este concepto, tanto individual como colectivamente, “organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”, tal se coincidió en la jornada por todxs sus participantes.
Invitamos desde la comunicación alternativa y comunitaria a conocer y prosumir (producir y consumir) en la Feria del Lago, el local Reloj de Arena, el Banco de Telas que fomenta la producción textil, la granja agroecológica Los Tamariscos y las producciones de los distintos integrantes del Corredor Productivo y Cultural de la Economía Solidaria bahiense, que tiñen de realidad cada palabra aquí expresada.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/11/DSCN7657.jpg?fit=2276%2C966&ssl=19662276FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-11-21 13:54:422016-11-21 13:56:49Economía solidaria: posible y necesaria
La Secretaría de Gestión Ambiental del Municipio informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó a la empresa Profertil S.A. por emisión de ruidos molestos. El episodio se produjo a las 6:27 durante la parada de la planta por una falla en un equipo de proceso.
La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario de descanso.
Se recibieron dos denuncias por ruidos molestos de vecinos de Ing. White.
El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial para Desarrollo Sostenible (OPDS).
Horas antres, la compaía había comunicado a la prensa que “por inconvenientes operativos en uno de los equipos de producción” había iniciado las maniobras para de sacar de servicio parcialmente la planta de amoníaco del complejo de Cangrejales.
En ese contexto advirtieron la posibilidad de que se observe “mayor luminosidad” en las antorchas de proceso y, “eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/11/IMG_1962.jpg?fit=2160%2C1440&ssl=114402160FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-11-01 15:30:122016-11-01 15:30:12Infracción a Profertil por ruidos
Con participación de integrantes de Concejos Deliberantes, de organizaciones ambientales y habitantes de varios partidos de la Cuenca de Claromecó, se realizó el viernes en Sierra de la Ventana un nuevo encuentro para definir estrategias de resistencia al fracking y otras prácticas contaminantes en la región. Bahía Blanca no tuvo representación legislativa.
Se concluyó reforzar la presencia de la asamblea en los municipios que aun no cuentan con ordenanzas antifracking y propiciar la actualización de las normas existentes en relación a la gasificación subterránea de carbón, impulsar una ley provincial con los mismos objetivos, propiciar el uso de energías renovables e insistir en el pedido de informes a la gobernadora sobre los proyectos en marcha.
Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, destacó la necesidad de conocer las técnicas que pretenden utilizarse y los antecedentes internacionales de su aplicación para poder transmitir la preocupación a las comunidades de la cuenca.
Por ejemplo, los estados australianos de Victoria y Queensland prohibieron la gasificación subterránea de carbón y Escocia decidió este mes desalentar su uso. “Los estudios que la provincia de Buenos Aires financió para el aprovechamiento limpio de carbón ponen como referencia estos proyectos de Australia como que eran re seguros y ahora estamos viendo como los están tirando abajo y en una etapa piloto, no llegó a tener un desarrollo industrial”.
“Hay gente haciendo lobby, recorriendo los campos, hablando con la gente, les dicen que la extracción de gas de carbón va a servir para generar urea para fertilizar los campos. Nos están usando como chanchitos de la India”, dijo el periodista y agregó que “en Australia decidieron que el desarrollo económico que plantea la agricultura no se puede poner en juego con estas promesas de bienestar del desarrollo de carbón”.
En cuanto a la explotación, Scandizzo explicó que se trata de “mantos de carbón que están entre 400 y 800 metros de profundidad, muy cerca de los acuíferos. No se va a sacar el carbón sino que va a permanecer en el subsuelo. Hay dos técnicas, una es que en el manto hay carbón, hay agua y hay gas metano. Una de las posibilidades es el aprovechamiento -como dicen las empresas- del gas intersticial”.
“Al perforar, al fracturar ese carbón para que libere el gas, se saca el agua porque está haciendo presión para que el gas no se mueva. A partir de ahí se extrae el gas. El problema además es que el agua es salobre y viene acompañada de una cantidad de químicos que participaron de la generación del carbón y que también tiene restos de metano, la disposición final es un problema muy grande”.
En el aprovechamiento de gas asociado a carbón sucede que al fracturar, “si la presión es mayor a la presión hidrostática que tiene ese manto, se rompe la roca que está sirviendo como techo y deja migrar ese agua almacenada hacia los acuíferos de la superficie”.
Para la gasificación subterránea del carbón “se hace un pozo de entrada en el que se inyecta oxígeno, se genera la combustión del carbón que está en la veta y los gases que se generan son sacados por otro pozo productor. Ahí se separa el gas sintético, el metano y demás”. En los pozos de monitoreo australianos pasó que cuando llegó el rastro de contaminación “ya se habían mandado una macana muy grande”.
“No tienen constancia de que la roca sello haya quedado en buen estado porque ha habido migraciones hacia la superficie y en la cavidad no pudieron controlar que la combustión se haga por segmento, que se queme una parte de carbón y no avance hacia otros costados. Eso genera el fenómeno de subsunción, que se hunda el suelo, que tal vez en la superficie no se nota pero sí en las formaciones geológicas y se altera el curso de las aguas subterráneas”, detalló Scandizzo.
Ana Colantonio, del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos, comentó a FM De la Calle que las exploraciones en la Cuenca de Claromecó existen “desde 1960 con la Ley de Hidrocarburos en la época de los militares” aunque las “dio a conocer el gobernador Scioli en 2010. No es algo improvisado que cae por sorpresa”.
Aseguró que “en Tres Arroyos tuvimos un lobista antes de que comenzara esta discusión de la gasificación subterránea, convocó a pocas personas y nos vino a vender esto como producto limpio. No es limpio para nada, la diferencia que el lobista te va a decir es que el fracking usa agua que es por lo que la gente protestaba y en esto se va a usar aire, pero es mucho peor. (…) Es más silencioso pero hay que tener cuidado con lo que nos venden las corporaciones porque a ellos no les va a interesar la salud ni romper con la economía regional”.
María Saint Martín, asambleísta de Laprida, comentó que en su partido se movilizaron y fueron casa por casa para juntar tres mil firmas que les permitieran avalar proyectos de ordenanza antifracking y “para el cuidado del agua y que prohibiera el depósito de residuos peligrosos”.
Las iniciativas fueron expuestas desde la Banca Ciudadana con el respaldo de un tercio de la población comunal aunque “no logramos nada porque el Frente para la Victoria era mayoría -y aun lo sigue siendo- y nunca decidieron tratar el tema”. “Incluso fue gente de YPF a querer convencernos de que los químicos que usaban eran los mismos que usaban en los chupetes de los bebés y en un montón de cosas que usábamos en la vida diaria. Nos reunieron a todos para decirnos eso y mucha gente se enojó y se fue de la exposición porque dijeron ‘nos están tomando el pelo'”.
El concejal de Pringles Osvaldo D’Annunzio (GEN) recordó que en su municipio la aprobación de la ordenanza contra el fracking “fue difícil porque había dos posiciones, a favor el oficialismo de ese momento, incluso vino gente de la provincia hablando de las bondades de este método, pero el Concejo Deliberante logró el consenso y se aprobó por unanimidad”. Además, valoró el interés del periodismo que “se ha comprometido más que la parte política”.
Tras la audiencia, el ex edil de Guaminí Ignacio Zavaleta (UCR) dijo a FM De la Calle que “hemos tenido avances enormes tanto en la construcción de la conciencia institucional por medio de ordenanzas, se va sumando muy lentamente la conciencia ciudadana que es el trabajo al que falta darle un poco más de impulso”.
“Los interesados en este tipo de explotación tratan por todos los medios que quede invisibilizado, eso les permite avanzar sin ningún tipo de contratiempo, por eso nuestro planteo resulta sumamente incómodo. Nos falta toda esa estructura y ese espacio en los medios para llegar a la gente, una política más incisiva en cuanto a la parte educativa, ir a los colegios, si bien ya lo estamos empezando a hacer”.
Finalmente, ante la falta de anuncios oficiales, Zavaleta afirmó que “el Estado nos brinda información cuando detecta que nosotros ya la tenemos, mientras tanto se hacen los sotas y miran para otro lado, pero cuando saben que vamos a buscar algo específico: ‘acá está’. La van demorando pero ya con lo que tenemos es suficiente para ir a fondo con este tema y pararlo de una vez por todas”.
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(Por Mauro Llaneza) Las empresas del polo petroquímico desistieron de las declaraciones de un grupo de pescadores artesanales a quienes habían convocado como testigos en el marco de la causa civil por contaminación en la ría que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. Durante la audiencia que encabezó ayer el juez Agustín López Cóppola solo se escuchó a un empleado del Consorcio del Puerto.
“Deberían haber declarado los pescadores que son actores de esta acción civil, es una prueba ofrecida por la parte demandada donde se los cita -se llama absolución de posiciones- para que digan si determinados puntos son verdades o mentiras”, dijo el abogado Lucas Beier en FM De la Calle.
A su lado, el pescador Miguel Ángel Córdoba afirmó que fue a responder las preguntas de las empresas “con la frente en alto, no como ellos que es una agachada, lo que hicieron es de muy cobardes, no querer escuchar la realidad o la verdad es de muy cobarde, nadie les iba a mentir”.
“El único que declaró fue un testigo ofrecido por el Consorcio del Puerto, que es (Alberto) Carnevali, que es empleado del puerto, y contestó algunas preguntas referidas al dragado” y a la posibilidad de que haya causado daños. Beier destacó que el testigo “manifestó sobre los estudios que se hicieron sobre los sedimentos, si esos estudios estaban dentro de los parámetros autorizados por el OPDS, dijo que sí, motivo por el cual el OPDS autorizó la obra del dragado”.
La contaminación del estuario es investigada en una causa penal que tramita la justicia federal y otra civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.
El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo: “¿Qué es esto? Toda la comunidad sufrió un daño, el ejemplo más tangible es la clausura del balneario Maldonado que ya no es con agua salada, alguien si se quiere ir a bañar a Cerri no puede, si quieren comer en el muelle de Cerri no pueden porque está contaminado, entonces todo eso debe resarcirse a la comunidad y tendrá que resolver el juez de qué modo”.
En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores que impulsan la demanda con el fin de lograr un “resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio”.
Contaminar o no contaminar
El abogado destacó que nadie está haciendo nada clandestinamente, tanto el vertido de tóxicos como el dragado están autorizados por la provincia, por eso la consideran responsable. “Más allá de que la provincia dice que las empresas pueden arrojar ciertos parámetros no se controla si cumplen, hay una falta de servicios de la provincia porque el CTE controla una o dos veces al mes. Con eso es imposible saber cuánto es el acumulado (…) estamos pidiendo que se analice el barro, que se analice agua y principalmente las especies vivas, ya sean moluscos o peces. Ahí vamos a saber si existe una bioacumulación de metales pesados tóxicos, por ejemplo el mercurio que es tóxico sin importar la cantidad”.
Beier explicó que “la Ley de Pesca de la provincia de Buenos Aires no habla de parámetros, dice que está prohibido. Está prohibido arrojar sustancias tóxicas que puedan generar un daño a la biología. Como este es un sector de pesca, los pescadores son actores en esta causa y la justicia les dio el lugar de actores y querellantes en la penal, ellos están ejerciendo su actividad o la ejercían al menos dentro de la misma zona donde las empresas arrojan sus sustancias tóxicas, entonces ¿qué ley tiene que regir? ¿La de Pesca que dice cero o una resolución de la Autoridad del Agua que es para mar abierto y que habla de parámetros?”.
“Si el juez resuelve que va a ser cero, va a ser una complicación para las empresas porque significa que ya no van a poder arrojar sustancias tóxicas. No va a ser ni uno, ni dos, ni tres. Va a ser cero”. Los desechos de las empresas deberían trasladarse más de cien kilómetros para alcanzar mar abierto. Nunca llegan “porque la marea corre cada seis horas, va y viene siempre, y hay estudios realizados que una parcela de agua frente al puerto con marea bajante no llega más allá de Puerto Rosales y cuando sube vuelve otra vez, nunca se va”, fundamentó.
Y el pescado sin vender
Miguel Ángel Córdoba recordó que la demanda se originó en la falta de pesca. “Por historias de pescadores más viejos decían que iban enfrente a remo y venían llenos de pescado. Empezamos a notar que empezó a caducar mucho más, mucho menos embarque porque al ser tanta gente a bordo de una lancha no alcanzaba. Dio la casualidad de que empezando a hablar, hablar, hablar, vino alguien que hizo la investigación de contaminación y es como que nos abrió los ojos y empezamos a mover un poco porque era la comida, el pan nuestro de cada día”.
“Toda mi familia son descendientes de pescadores, nosotros también, mis hermanos, mis primos, cuñados, mucha cantidad. Es una familia grande la de los pescadores. Nosotros venimos subsistiendo de changas pero hay gente que no sabe hacer otra cosa, que nació en la pesca, los llevó el padre de chico a los nueve años arriba de una lancha y hoy por hoy no tiene nada, el muelle hoy está tapado, la dársena está tapada de barro, las cuatro lanchas que hay están en seco, tenés que esperar que crezca toda la marea para poder sacarla (…) hay tres embarcaciones pescando afuera, son tres, 21 personas nomás, ¿y el resto?”. En los buenos tiempos había al menos 200 trabajadores “a pleno”.
Miguel Ángel afirmó que los frigoríficos de White “murieron todos”, como desaparecieron quienes pelaban camarones o fileteaban el pescado. “Gente que no tenía para comer y en un momento iba al muelle y sabía que se traía un pescado a la casa, todo eso no existe más”.
“Otra cosa es que ahora en White los únicos que están son los chinos y laburan con pescado de afuera porque nadie te come el de acá. Mi hermano tiene una canoa para salir a laburar con mi otro hermano y está ahí estancada en el muelle, sabemos que no lo va a comprar nadie ese pescado. Primero que no hay y el poquito que hay no te lo compra nadie, Bahía sabe que ese pescado no se puede comer. En White se está comiendo langostino del sur, de Rawson. El que come, si puede comprarlo”.
“Lo único que queremos es que vuelva el puerto como lo teníamos antes. No va a volver como estaba antes, eso está recontra claro. Pero por lo menos tratar de remediar algo de lo que hicieron, que dejen de contaminar, queremos el agua que teníamos antes, que sea limpia como antes, hay un montón de cosas, la pesca no sé si va a volver o no va a volver porque no soy dios para decir, pero sí que se termine con esto”, dijo.
La pericia
El próximo paso de la causa es la realización de una pericia sobre el estado del estuario. El juez López Cóppola descartó en su momento los reparos de la querella respecto a los intereses profesionales y económicos entre la Universidad del Sur y las empresas demandadas y ordenó que sea esa institución la que haga los análisis. El rector Ricardo Sabbatini argumentó que sus investigadores estaban ocupados en el dictado de clases y rechazó la propuesta.
El juez atendió el pedido de los pescadores para que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA pero ante una impugnación de una firma imputada optó por recurrir a la Fundación de la Universidad del Sur. “Creo que son los mismos profesionales los de la fundación que los de la UNS así que imagino que la respuesta debería ser similar a la que dijo el rector”, opinó Beier quien estudiará la posibilidad de cuestionar la medida “porque obviamente puede ser que los profesionales que integran la fundación vean que corre peligro su trabajo si se ponen en contra o la pericia da en contra de lo que dicen las empresas”.
“Podrían llegar a tener un interés muchísimo más tangible, mucho más palpable que el de la Universidad de Buenos Aires que no hace ningún estudio para las empresas de acá, la Universidad del Sur tiene cantidad de estudios, y es más, hay contratos vigentes entre el Conicet y la universidad con el CTE, millonarios, por año”.
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Desde hoy y hasta el 31 de octubre en se realizan en Buenos Aires, Neuquén y Cipoletti una seria de charlas públicas y capacitaciones sobre salud, ambiente e hidrocarburos no convencionales organizadas por EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Participan profesionales nacionales y de Estados Unidos.
Las jornadas se enfocan desde el abordaje de salud socioambiental que trabaja los vínculos entre salud, ambiente y procesos sociales y productivos. Bajo este marco, pretenden abordar enfoques generales y conceptuales con casos concretos registrados por el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y la implementación del fracking, paquete tecnológico central en la nueva frontera.
Tal objetivo se considera pertinente y prioritario debido al impulso y conflictividad asociados con el desarrollo a escala masiva formaciones antes no viables, como Vaca Muerta en la Cuenca neuquina. Entre los puntos debatidos por tal promoción uno central es la cuestión de ambiente y salud pública de poblaciones locales y trabajadores del sector, aspecto que cuenta con una creciente literatura científica a nivel internacional que amerita su debate y divulgación.
Se busca exponer y debatir el acumulado histórico que se viene produciendo en el país y el extranjero desde diversos planos para incrementar el conocimiento y participación social. En primer lugar, desde un abordaje general al relatar las experiencias de intervención territorial y conceptual de salud socioambiental. En segundo, cómo se traduce este abordaje en el caso concreto de los hidrocarburos no convencionales, tanto en el país como en los Estados Unidos, país pionero tanto en la generación y expansión de la industria como en el registro de sus impactos y costos asociados.
Además de quienes integran EJES, como el Taller Ecologista y el Observatorio Petrolero Sur, las jornadas contarán con la presencia de las dras. Sandra Steingraber y Kathleen Nolan, integrantes del Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires, Asamblea Fuera Basureros del Neuquén, representantes del Siprosaprune y del Equipo de Salud de la Confederación Mapuche del Neuquén, entre otros y otras.
Más información en www.opsur.org.ar – www.tallerecologista.org.ar
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/10/unnamed-1.jpg?fit=798%2C386&ssl=1386798FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-10-25 13:32:382016-10-25 13:32:38Jornadas internacionales sobre salud y fracking
“Ayer, alrededor de las 8:50, la empresa Solvay Indupa nos avisa que van a hacer una parada no programa de la planta (VCM), por desperfectos técnicos en un equipo. Comenzamos el monitoreo y empiezan a emitir humo a través de su antorcha elevada. Dentro del proceso de parada tienen que quemar gases propios de la planta en la antorcha y esto fue lo que generó ese humo. El propio guardia nuestro lo constató en el lugar”, dijo a FM De la Calle Cesar Pérez, titular del Comité Técnico Ejecutivo.
El organismo constató que se “sobrepasó los valores permitidos” en relación a “opacidad y tiempo” por lo que se “hizo el acta de infracción por emisión de humos”. Fue imputando falta al Art. 2 de la Ley 5965 y Art. 10 del decreto reglamentario 3395/96 conforme al Anexo V.
“Cuando se da 100% de opacidad (la ley) prevé un minuto máximo de emisión. En este caso superaron el valor”. Durante una hora y veinticinco minutos, la opacidad fue fluctuante, es decir, generó una emisión constante durante ese tiempo a diferentes grados de opacidad.
“El origen es una mala combustión de los gases por falta de mezcla con vapor. Son distintos tipos de gases que están dentro del proceso de la fabricación del cloruro de vinilo que es una las materias primas para hacer el PVC. Es un producto de riesgo si no es tratado correctamente”.
El comité enviará un informe al Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS). En el documento se incluye una historia reciente de las actas labradas a la firma. El documento informa que Solvay Indupa “ya ha tenido el año pasado algún evento de similares características”.
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El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.
Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.
Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.
“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.
Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.
El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.
En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.
El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.
“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.
A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.
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(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.
El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.
Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.
La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.
Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.
La causa
La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.
Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.
Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.
Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/04/38757792.jpg?fit=1024%2C614&ssl=16141024FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-09-23 21:12:502016-10-27 10:24:57Contaminación en la ría: debe investigar la justicia federal
La Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca decidió no apelar el fallo de la Suprema Corte que anuló un amparo que impedía la instalación de una antena de telefonía celular en el Club de Equitación. Trabajarán para que no corra la misma suerte la cautelar del juez Ares contra otra antena en el mismo lugar.
Para el abogado Leandro Aparicio la resolución correspondiente a la causa “Gómez, María Amparo contra Municipalidad de Bahía Blanca, Club de Equitación Bahía Blanca y Telefónica Móviles Argentina” es abstracta “porque no tiene ninguna consecuencia práctica”.
El letrado explicó a FM De la Calle que hubo dos amparos: el primero cuando las familias vecinas al club advirtieron la presencia de una antena de 35 metros en la esquina de Agustín Álvarez y Javier Rizzo en marzo de 2013. La jueza de Garantías Susana Calcinelli hizo lugar “parcialmente” e instó a las empresas a cumplir la Ordenanza 17.130, sancionada cuando la disputa judicial ya había comenzado.
La Cámara en lo Contencioso de Mar del Plata le dio la razón a la empresa, la ONG apeló a la Corte y mientras el máximo tribunal provincial analizaba el tema la antena cayó: “El fallo hace referencia a una torre que se desmanteló”.
“De la misma manera en que hicieron la primera vez, sin avisarle a ningún vecino, sin hacer la consulta, sin que nadie esté enterado de lo que estaba pasando, ponen otra antena, más escondida, más camuflada, apenas perceptible para los vecinos que igual la ven y se hace el segundo amparo”, recordó Aparicio.
En octubre de 2015, el juez José Luis Ares ordenó quitar la antena en un plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento. Además, remitió la causa a la Fiscalía para investigar al entonces intendente y actual diputado nacional Gustavo Bevilacqua y los ex titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.
“Por más que sean antenas, en el mismo lugar y demás, sin cuestiones distintas porque acá sí hay más prueba aportada por la parte actora, por nosotros, el bioquímico Montenegro, el ingeniero Mata y otras pruebas técnicas habilitan a impedir que se instale esa antena en ese lugar, más aun cuando hay niños y jardín de infantes cerca”, comentó Aparicio sobre la causa que también deberá resolver la Suprema Corte.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2015/10/936352_454771144609506_667902180_n.jpg?fit=707%2C329&ssl=1329707FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-09-23 00:45:102016-09-23 00:45:10Antena en el Club de Equitación: sigue el conflicto judicial
El gobierno de María Eugenia Vidal busca dar continuidad a los proyectos de explotación de carbón en la cuenca Claromecó que motivó años atrás la movilización de asambleas y concejales para frenar la posibilidad del uso del fracking en la provincia. Según aseguró a FM De la Calle el periodista Hernán Scandizzo funcionarios y sectores académicos impulsan la técnica de gasificación subterránea. “Se empezó a dar una batalla cultural de ir generando consensos en torno a este tipo de explotación” disfrazada bajo el mito del carbón verde.
Como advierte en esta nota, “si bien a mediados de la década de 1990 comenzaron los trabajos exploratorios de Barranca Sur Minera, empresa del grupo Bridas, el anuncio del descubrimiento de carbón en Laprida se conoció recién en 2010. Por esos días Daniel Scioli, al frente de la gobernación provincial, firmaba un convenio de exploración de hidrocarburos con YPF-Repsol en el que se destacaba el interés por la cuenca sedimentaria de Claromecó. Poco después el tema quedo en nada y volvió a la palestra dos años más tarde, cuando se produjo la expropiación parcial de la petrolera e YPF renovó sus votos de interés”.
El Observatorio Petrolero Sur recibió de la Dirección de Minería un listado de proyectos vinculados a la explotación del carbón presentados hasta 2014. Se trata de “más de un centenar de expedientes de solicitud de cateo minero y hay cuatro manifestaciones de descubrimientos”.
Las alternativas de uso son: la posibilidad de generar energía eléctrica -como pretende la australiana Delmo- o usos no energéticos del gas sintético que se produzca. “En ambos casos el polo (de Bahía Blanca) sería como un destino ‘natural’. Esto que se plantea de la ampliación del polo necesitaría una ampliación de la capacidad eléctrica instalada y es interesante porque parece que están haciendo circular el rumor en la zona de Tres Arroyos y demás de que el carbón, la explotación, sería para generar fertilizantes, esta forma de ir presentándose amigables con el ‘campo'”.
Scandizzo explicó que en el sistema de gasificación subterránea que se analiza “como el carbón se encuentra en profundidad y los métodos de minería a cielo abierto o por galería no serían aplicables, se hace una perforación hasta la veta de carbón, se abre la veta para que pueda circular el gas, en el otro extremo se abre otro pozo, entonces por uno se produce una ignición, se lo pone en combustión al carbón, se inyecta oxígeno o monóxido de carbono como para ir regulando la intensidad del fuego y por el otro pozo el carbón al hacer combustión en un medio donde hay agua genera gases. Esos gases son los que luego podrían ser tratados como insumo químico -gas sintético- o como energético”. Dichos pozos “se multiplican de acuerdo a las dimensiones del proyecto”.
Uzbekistán es el único país del mundo donde se está utilizando la técnica para la explotación comercial. “Australia intentó darle un desarrollo grande, tiene un gran potencial en carbón, hubo al menos tres proyectos de etapa piloto y tanto el Estado de Queensland en abril último como el Estado de Victoria en agosto prohibieron la técnica por la cantidad de impactos que se verificaron”. En la zona agropecuaria de Queensland “hay un radio de 320 kilómetros cuadrados en los que no se pueden hacer perforaciones de más de dos metros por los gases y tóxicos químicos que han migrado hacia las superficie”.
Según informó el especialista, la provincia de Buenos Aires realiza desde 2010 estudios sobre energías “limpias” a partir del carbón: “Esta es la alternativa verde porque dicen que se reducen emisiones y que los residuos quedan en el fondo”.
“Otra de las situaciones que se da es cuando se termina de explotar una veta -esto se va haciendo por paneles, por succiones-, queda un hueco, una cavidad vacía y se puede producir el hundimiento de suelo. Eso puede ser imperceptible en superficie pero afecta el perfil del suelo y la circulación de las aguas subterráneas y, por otro lado, la inundación de estos pozos con agua disuelve las cenizas, los residuos que quedan, y eso también migra hacia aguas subterráneas”.
Laprida es el municipio que encabeza la lista de posibles territorios a explotar seguida por La Madrid, Coronel Pringles, González Chávez, Tres Arroyos y Guaminí. Scandizzo destacó además la participación académica detrás de estos emprendimientos: “El Instituto de Recursos Minerales de la Universidad de La Plata está interesado en desarrollar este tipo de técnicas, estuvo haciendo estudios de impacto ambiental para una de las filiales de la empresa Delmo con la cual firmaron un convenio de colaboración”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/09/gas.png?fit=1760%2C793&ssl=17931760FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-09-20 15:46:222016-10-31 15:24:34Insisten con la explotación de carbón en la cuenca Claromecó
Lo confirmó a FM De la Calle Saúl Zeballos, integrante de la asamblea Jáchal no se toca. Asimismo, afirmó que la población tiene sentimientos de “zozobra, de abandono de las autoridades, de muchas cosas que se juntan y que evidentemente no tendrían que pasar”. Hoy a las 20 la comunidad volverá a marchar “exigiendo el cierre total de veladero, remediación y prohibición de la megaminería”.
Ayer en la tarde se incrementaron los rumores del evento y a raíz de eso otro integrante de la organización, Faustino Esquivel, “se comunicó con el senador Ruperto Godoy y le pidió confirmaciones al respecto”. El legislador se entrevistó “de forma personal con el ministro de Minería Alberto Gensel, quien le había confirmó el derrame”.
A raíz de eso asambleísta hizo la denuncia pertinente en Gendarmería “para que actúe la justicia Federal. Nos enteramos esta mañana temprano que la provincia de San Juan a través del fiscal De Sanctis va a hacer la denuncia en el juzgado del juez Pablo Loiza”.
Para Zeballos, “los funcionarios siguen con una actitud de ocultamiento temerario” ya que la empresa informó oficialmente al gobierno provincial lo ocurrido el día del suceso ocurrido el 8 de septiembre y recién actúa luego de que toma estado público por fuerza de la movilización popular.
Un año y dos días atrás la minera fue protagonista de otro desastre ambiental del mismo carácter: derrame de cianuro. “Tuve que se yo el que hizo la denuncia y recién al día siguiendo lo hizo el gobierno”, agregó.
“El actual informe de la empresa Barrick dice que el 8 de septiembre se rompió un caño de 28 pulgadas. No dice cantidad y dice, igual que el año pasado, que no había salido del valle de lixiviación. Pero hay que recordar que el año pasado comenzaron diciendo que eran 15 mil litros, que no había salido del valle de lixiviación. El juez determinó que habían sido 1 millón 27 mil litros derramados en el río. Y nosotros tenemos documentación de la empresa que nos ha llegado hace pocos días en donde la cantidad derramada fueron 5 millones de litros de solución cianurada. Entonces, el ocultamiento de la información es lo que a nosotros nos da a favor”, explicó.
El cambio en material ambiental: sin novedades
Consultado acerca de las diferencias políticas en el tratamiento de lo ambiental luego del cambio de gobierno, Zeballos sostuvo que “representa más de lo mismo. El secretario de ambiente aparentemente está becado de por vida porque ya hace 13 o 14 años que está en el cargo y no hizo absolutamente nada. El jefe de la policía minera es exactamente el mismo que hace un año atrás y se comporta de la misma forma”.
“A nivel nacional, nosotros nos da vergüenza ajena que el ministro (de Ambiente, Sergio) Bergman vaya por las provincias que no tienen megaminería para pedir un debate serio, responsable y sin prejuicios sobre la megaminería. Pero en aquellas provincias que sí tenemos megaminería, es más, que tenemos este tipo de desastres ambientales, no hay que hablar del tema, no hay que generar debate porque no quieren poner en riesgo ese proyecto megaminero nacional. Cambian las caras, las autoridades pero no cambia la actitud hacia el pueblo de Jáchal, el ninguneo que tienen las autoridades para con nosotros”.
La empresa, por su parte, decidió hace pocas horas prescindir de los servicios de quien gerenciaba la mina Valedero, utilizando el mismo modus operandi que el año anterior, cuando presentó su renuncia Guillermo Caló, entonces director ejecutivo de la multinacional.
La empresa tiene tres causas penales en su contra. La primera la inició el fiscal de Estado de la Provincia en representación del gobernador ante al Juzgado Provincial del Jáchal por un artículo del Código Penal que es la contaminación dolosa del agua. La segunda, la inició un grupo de sanjuaninxs que se presentan como querellantes en el Juzgado Nacional de San Juan y pertenecen a una ONG que se llama ‘Ciudadanos independientes’ y la tercera, fue en Capital Federal, promovido por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2016/09/jachal-o-barrick.jpg?fit=960%2C720&ssl=1720960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2016-09-15 14:25:132016-09-15 14:33:41Jáchal: nuevo derrame de cianuro
