“Viendo que nosotros no nos tiramos para atrás están tratando de ensuciar a Lucas Beier, están buscando el punto para poder sacarlo del medio”, dijo a FM De la Calle Eduardo Mena, uno de los pescadores artesanales que denunció a las empresas del Polo Petroquímico, el Consorcio de Gestión del Puerto y ABSA por la contaminación del estuario y la pérdida de su fuente laboral.

Mena respaldó así a su representante legal que fue acusado por el Colegio de Abogados por un supuesto incumplimiento de normas éticas y violación de secreto profesional al hablar públicamente sobre la causa.

Como informáramos, la medida fue resuelta por el Consejo Directivo compuesto, entre otros, por el vocal Diego Ariel Blázquez y el secretario Martín Otaño Manterola, apoderados de Profertil y TGS respectivamente. Para Beier, se trata de “una acción sinérgica con los hechos mafiosos que han atentado contra mi vivienda particular procurando mi silencio, lo cual repudio y aborrezco rotundamente”.

El pescador afirmó que “ya estamos cansados, la seguimos peleando, sabíamos que iban a criticar a nuestro abogado y que lo iban a tratar de sacar del medio como están haciendo con la demanda que la trasladan para acá, la trasladan para allá, ponen trabas”.

“Estamos hablando de las empresas de Ing. White que es un poder muy grande, casi intocable. Las esperanzas por ahí las perdemos pero seguimos peleando porque no es solamente nuestra fuente de trabajo la que perdimos, la población entera está sufriendo las consecuencias porque en el aire, ya las personas están con unos problemas de piel tremendos, problemas pulmonares, de todo”, dijo.

Mena sostuvo que las empresas “están contaminando el poder judicial” y que varios integrantes de los denunciantes fueron presionados: “A Lucas se fueron contra la casa pero personalmente nosotros hemos sufrido agresiones o enfrentamientos que nos dicen ‘abrite del juicio porque vas a tener problemas’. Nosotros vamos a seguir adelante, nosotros ya estamos muertos en vida, ya nos mataron nuestra ciudad, lo que es Ingeniero White”.

Silencio en el Colegio

Ante la consulta de FM De la Calle el presidente del Colegio de Abogados, Gerardo Salas, rechazó hacer declaraciones sobre la sanción que tramita la institución contra el dr. Lucas Beier hasta tanto no culmine el proceso y adujo que de hacerlo podría ser recusado y verse impedido de intervenir en la decisión del Consejo Directivo.

Respecto a la participación de los abogados de Profertil y TGS, Diego Ariel Blázquez y Martín Otaño Manterola, en la acusación contra el representante de los pescadores, Salas afirmó desconocer la situación.

Mientras la investigación por contaminación del estuario contra las empresas del Polo Petroquímico, el Consorcio del Puerto y ABSA avanza lentamente, las intimidaciones y cuestionamientos contra los denunciantes suman nuevas modalidades. Primero fueron las amenazas a pescadores artesanales y los atentados contra el estudio y la vivienda de su representante legal, Lucas Beier, y ahora el Colegio de Abogados pasó de solidarizarse con él a tramitar un proceso en su contra por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo compuesto, entre otros, por el vocal Diego Ariel Blázquez y el secretario Martín Otaño Manterola, apoderados de Profertil y TGS respectivamente. Para Beier, se trata de “una acción sinérgica con los hechos mafiosos que han atentado contra mi vivienda particular procurando mi silencio, lo cual repudio y aborrezco rotundamente”.

“Tal vez estoy paranoico y no es más que una simple casualidad que pese a que hablo con la prensa de este conflicto ambiental desde el año 2009, justo 15 días después del atentado a mi casa, y cuando en el marco de la misma tanto un fiscal como un juez tomaron medidas importantes contra las empresas, esta Comisión Directiva intente acallarme. Tal vez es solo paranoia mía desconfiar que los abogados de Profertil y TGS tengan algún interés en que no hable más con la prensa sobre la cuestión ambiental del estuario y hayan utilizado el órgano directivo del CABB para sancionarme por ello”, dijo en su descargo.

Según manifestó el letrado a FM De la Calle “las empresas no necesitan que los abogados salgan a hablar porque directamente pagan las pautas publicitarias y hacen difusión. Si a mí me prohíben hablar, ¿cómo informo a la sociedad los avances que va teniendo la causa?”. Cuatro notas de diarios digitales y cinco entrevistas del programa de nuestra emisora “En eso estamos” son toda la prueba en su contra. “La denuncia es imprecisa, dado que si consideran que he realizado alguna de las conductas prohibidas, debieron haberlo indicado expresamente con total claridad y no haber realizado un simple ‘copia y pega'”.

Lo que no prohíbe el juez de la causa lo hace el Colegio de Abogados. Cabe destacar que la conducción institucional que hoy reprocha a Beier, como en su momento a otros abogados, la violación de “las normas de ética profesional” por “publicitar” las causas en las que intervienen, es la misma que supo y sabe contener y cobijar a imputados por crímenes de lesa humanidad como los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti o el ex juez Néstor Luis Montezanti.

Beier afirmó ante las autoridades del Colegio que “este conflicto entre pescadores y empresas multinacionales es el paradigma de la desigualdad de recursos. Pero esa desigualdad, puede compensarse con el acceso a una justicia objetiva y neutral y la utilización de la difusión a través de la prensa de los avances y sucesos relevantes del proceso. Todos estos recursos son legítimos y no solo pueden, sino que deben ser utilizados por los operadores del conflicto, de no hacerlo, existiría una mala praxis”.

“No me escapa que las empresas contra las que me encuentro litigando desean que esta causa no sea pública, a raíz que he dado a conocer informes medio-ambientales que perjudican gravemente la imagen social de las empresas, y principalmente porque un fiscal ha considerado que se encuentra probado que el estuario está contaminado, lo que lo motivó a pedir el cese de los vertidos industriales, y un juez ha dictado una medida cautelar contra ABSA, por entender que existe un gran aporte de contaminantes por medio de los desechos cloacales”, agregó.

¿En qué está la causa?

Si la causa debe desarrollarse en el fuero federal o en la justicia provincial es un debate que aún no fue saldado en la Cámara de Casación. Mientras tanto, la investigación sigue en manos del fiscal Alejandro Cantaro y el Juzgado Federal 2 -a cargo de la jueza Gabriela Marrón, quien se declaró incompetente y viajó de licencia a Cuba por dos años-.

Hoy venció la medida cautelar que ordenaba a ABSA presentar un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario. “La provincia no denunció ningún avance más allá de los anuncios, (…) el juez puede aplicar una sanción diaria por el retraso o instar a una nueva audiencia para que ABSA dé explicaciones”, dijo Beier.

En tanto, para el primer semestre de 2017 se espera una pericia “muy complicada” para evaluar la contaminación en la ría. Las empresas del Polo pretenden que sea realizada por el Instituto Argentino de Oceanografía dependiente del CONICET y los pescadores prefieren que sea una universidad nacional. “No queremos que lo haga el IADO porque lo hacen hace veinte años y si pese a esos informes no han denunciado… Ellos encuentran metales pesados tanto en los peces, como en el agua, como en los sedimentos y han tenido una actitud pasiva”.

empresas polo cartel

¿De qué lo acusan?

La Comisión Directiva del Colegio de Abogados le reprocha a Beier la supuesta infracción de la siguiente normativa:

  • Segundo párrafo del artículo 18 de las Normas de Ética Profesional: “No debe publicar ni inducir a que se hagan públicas noticias o comentarios vinculados a los asuntos en que intervenga, a la manera de conducirlos, la importancia de los intereses comprometidos y cualquier ponderación de sí mismo. Debe abstenerse de publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas con relación a los mismos asuntos”.
  • Artículo 58 inciso 6 de la ley 5177 que obliga guardar secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se le hubiere encomendado o consultado, con las salvedades establecidas por la Ley.
  • Artículo 60 inc. 7 de la ley 5.177: “Publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes. La publicidad profesional se habrá de limitar a su nombre, dirección del estudio, títulos científicos, horario de atención al público, fuero, materia o asuntos a los que especialmente se dedique.”

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) renovó sus autoridades manteniendo los principios de pluralidad, representatividad y democracia que guían el trabajo del organismo desde su creación. Víctor Mendibil ocupará la copresidencia junto a Adolfo Pérez Esquivel, mientras que el Padre José Pepe Di Paola fue designado como nuevo pro-secretario de la institución, pasando a integrar de esta manera su mesa directiva. Mauricio Tenembaum es el nuevo vicepresidente y Roberto Cipriano García asumió como Secretario del organismo.

Como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria ha estado conformada por hombres y mujeres que son referentes de estos espacios de militancia: organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas.

Respetando los principios que caracterizan a la CPM desde sus inicios, el organismo anuncia la designación de las nuevas autoridades y reafirma su labor como promotor de políticas públicas en materia de derechos humanos y como institución de articulación entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

En virtud de estas definiciones, el pleno de la CPM decidió la designación de Víctor Mendibil como co-presidente del organismo, junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El nombramiento de Mendibil es un reconocimiento a su sostenido trabajo en la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos tanto en su larga trayectoria como militante sindical como así también en la activa participación que desarrolla desde nuestra institución.

Desde los años setenta, Víctor Mendibil se destacó por su compromiso con la clase trabajadora. Fue protagonista de las luchas combativas y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores judiciales, ocupando distintos espacios de conducción en la Asociación Judicial Bonaerense, la Federación Judicial Argentina y también de la CTA, desde donde se desplegó la dura confrontación con el neoliberalismo y las múltiples violaciones de derechos que implicó para el conjunto del pueblo. Mendibil, además, realizó una frondosa tarea en las distintas instancias internacionales que nuclean a las organizaciones sindicales buscando articulaciones regionales que fortalezcan su lucha.

Mauricio Tenembaum -miembro fundante del organismo, referente de la comunidad judía y de una extensa trayectoria en la lucha por derechos humanos y la democracia- fue elegido como vicepresidente. El padre Pepe Di Paola, recientemente sumado a la CPM e integrante del grupo de “curas villeros” -símbolo de la lucha contra la pobreza y las múltiples violencias que de ella devienen- fue elegido como pro secretario. Roberto Cipriano García, quien fuera en su momento el Director del Comité contra la Tortura de la CPM, ocupará el cargo de secretario del organismo.

Completan la lista de autoridades: Elisa Carca que seguirá ocupando su cargo como vicepresidente, mientras que Susana Méndez y Ana Barletta se mantienen como tesorera y pro-tesorera, respectivamente.

Fuente: CPM

La Central Termoeléctrica Piedra Buena fue infraccionada por segunda vez en la semana por superar el nivel de ruidos permitidos para el horario diurno. El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) constató la situación y elevó actas e informes al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.

Entre las 13:19 y las 13:32 como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30 se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo.

El miércoles pasado Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

Ambas actas de infracción fueron enviadas junto a los informes sobre lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), autoridad que tiene, en exclusividad, la facultad de resolver las sanciones correspondientes.

Un mes atrás, el OPDS fue duramente cuestinado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

Ayer, durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Héctor Gay aseguró: “Avanzamos en la gestión, diría que ya definimos en las últimas horas, para que la delegación local de la OPDS se traslade a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio. No nos parece lógico que funcione dentro de la Unión Industrial, más allá de la buena relación que mantenemos con esa entidad”.

¿Cómo hacemos lxs profesionales para aportar, entrelazar, conocimientos que adquirimos en la educación formal al campo popular sin quedar atadxs a nuestros propios deseos? De mínima creemos que actualizar este debate planteándolo en los espacios académicos es una incipiente iniciativa.

“No somos de cartón, no somos reciclables, tampoco descartables; somos cartoneras” es la premisa con la que trabajamos para construir este material sonoro que relata las historias de vida de tres mujeres cartoneras de Villa Caracol, barrio periférico de nuestra ciudad caracterizado históricamente como un barrio que, producto de las consecuencias del neoliberalismo, vive y se alimenta de la práctica del cartoneo.

Estas voces representan identificaciones distintas de lo que implica pensarse cartoneras, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, su historia personal-colectiva y sus luchas sociales, pero encuentran similitudes en su condición primera: ser mujeres. Por eso buscamos conocer, dar a contar, cómo llega una mujer a ser cartonera, y como llega un cartonera a pensarse mujer.

Sentirnos mujeres y colectivizarnos como tales, resulta necesario para dar cuenta y denunciar que los relatos históricos nos han condenado tradicionalmente al olvido, producto de la historia oficial androcéntrica, escrita y relatada por varones. Aún cuando hubo intentos por incorporarla, en la mayoría de los casos, resultó funcional a la idea de la “complementariedad”.

Por esta razón, la historia de las mujeres se ha ido constituyendo producto del movimiento social, político, feminista; donde continuar con la tarea de nuestras compañeras para terminar con el sexismo predominante en los relatos, nos impulsa a tomar dentro de tantas tareas; documentar sobre, por y para nosotras.

En este sentido compartimos este material radiofónico para que se escuche, se comparta y fundamentalmente se utilice como una herramienta de análisis e impulso para pensar y planificar nuevas estrategias comunicacionales-educativas contribuyendo así en espacios de reflexión, diálogos, medios de comunicación, prácticas políticas, y vínculos sociales no sexistas, antipatriarcales, incomodantes y feministas.

Ficha técnica de la producción sonora

Autoría: Paula Mailen Ercoli

Edición y Artística: Emiliano Randazzo

Memorias del proceso de tesis

Director: Pablo Becher

(Por Laura García Vázquez) Esta nota tiene por objetivo destacar un hecho inusual que consiste en que el “cambio climático” haya sido uno de los protagonistas en un Congreso de trabajadores de la energía, y, además que esto se haya dado en un contexto muy difícil para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, en medio de despidos y recortes propiciados por el gobierno de Cambiemos que encabeza el presidente Mauricio Macri. También estamos ante un aumento desmedido de las tarifas de los servicios, con lo cual, el eje sostenido durante años por FeTERA: ” la energía es un BIEN SOCIAL, un derecho humano, un problema de todos, LA ENERGÍA NO ES UNA MERCANCÍA”, se convierte en un objetivo prioritario que es necesario difundir y trabajar con la población en su conjunto. El desafío es encontrar una forma de comunicar y compartir para poder desarrollar la necesidad de que la energía sea vista como un derecho fundamental que necesita ser reclamado por todos. Este es el contexto nacional.

Por otro lado, nosotros señalábamos hace poco tiempo, en diciembre de 2015 con respecto a la COP 21:  “Se nos sigue ofreciendo el modelo de desarrollo tradicional, con todo lo que implica como la única forma de combatir la pobreza, y esto es una burda mentira. Nunca nos mostrarán la diferencia real, económica y ecológica, entre una economía dominada por la industria automotriz, basada en el automóvil particular e individual y lo que significaría un sistema de transporte público democrático, económico y ecológico que asegurara derechos de la población y calidad de vida. Este simple ejemplo demuestra quién manda y determina nuestras conductas. Las categorías tradicionales con respecto al poder continúan plenamente vigentes, lo que ha cambiado es el modelo cultural cuyo basamento es la plaga a la que se refiere Evo Morales, entonces, el mayor desafío consiste en combatirla para defender la vida.
Cuando el Acuerdo de París hace hincapié en la “ayuda” que deben brindar los países “desarrollados” a los países “en desarrollo” lo que se pretende seguir es un modelo basado en la dominación y que traerá, quizás, un negocio más, el de la “Economía Verde” dentro de la cual los países “desarrollados” “ayudarán” a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático, que no es una fatalidad como se pretende mostrar sino el resultado de un sistema, de un orden mundial injusto e inhumano.”

Por eso en este Congreso señalamos: que es importante detenernos en la situación actual, que tenemos que saber a ciencia cierta que estamos ante un gobierno que puso un Ministro de Ambiente que “dice” todo el tiempo que defienden el ambiente, mientras retiran las retenciones a la megaminería.  Que también dice que este es un problema de todos, cuando las responsabilidades y posibilidades de actuar son tremendamente desiguales. Tenemos claro también, que una parte de los negocios privados y extranjeros que se priorizan actualmente en la Argentina tendrán el sello de la “Economía Verde”, que esto es una política mundial. El rol de los trabajadores de la energía es crucial,  está claro que tenemos que diversificar nuestra matriz pero que esta diversificación tiene que ser con el objetivo de democratizar y abaratar el acceso a la energía. Como dicen muchos compañeros de FeTERA  ¿Qué energía queremos y para qué? ¿Hacia qué modelo productivo queremos transitar?  La energía no sólo es un derecho humano fundamental sino que está ligado a la supervivencia: agua, alimentos y energía es lo que necesita todo ser vivo para conservar la propia vida.

El Congreso contó con la valiosa participación de María Elena Saludas quien intervino especialmente en este punto. Su claros y concisos señalamientos en un tema de por si complejo fueron enriquecidos por la voz de los trabajadores y trabajadoras de la energía. Este tema, dijo,  tiene que ser abordado por todos y desde los saberes de todos, no es un tema de “especialistas”  como se nos quiere hacer creer sino que está ligado a la educación popular, es un tema de las poblaciones los modos de producción, distribución y consumo y son las grandes corporaciones y empresas transnacionales las que producen la crisis climática.   Luego, intervinieron, entre otros, Juan Alberto Llanos señalando la falta de nieve y de agua en la Patagonia y el negocio inmobiliario que determina todo esto, así como un problema de extranjerización de la tierra instalándose familias extrajeras en forma permanente. Gabriel Martínez, Secretario de organización de FeTERA explicitó que tenemos un problema civilizatorio, formamos parte de una cultura global en dónde la industria del automóvil domina nuestro comportamiento mucho más de lo que creemos, lo mismo sucede con la cultura del derroche y el descarte. Todo esto lleva a una sobreexplotación y hasta unas autoexplotación de los trabajadores y trabajadoras donde la plusvalía es nuestra propia vida. Terminó diciendo que tenemos que trabajar en defensa de un sistema de transporte público eficiente y defender la industria de productos de larga duración. En definitiva se trata de romper el deseo permanente de consumir cosas.

Ha sido una experiencia inenarrable compartir el Congreso de esta organización sindical conducida por José Rigane, organización ejemplar que construye día a día conciencia social y política en un tema crucial y estratégico como la energía. Poder trasmitir esta compleja realidad que muchos intentamos describir de manera sencilla y accesible es nuestra obligación y nuestro trabajo por delante ya que los efectos del cambio climático nos van a afectar a todos pero en primer lugar a los pobres y excluidos.

fetera 2

El Concejo Deliberante aprobó en su sesión extraordinaria del 9 de marzo una prórroga en los plazos para que las empresas de telefonía celular declaren la infraestructura que tienen instalada y ajusten su tecnología a lo establecido en la ordenanza 17.130 que regula las torres antenas y el desarrollo de la plataforma de comunicaciones móviles.

La norma sancionada en 2013 fija “un plazo máximo de 90 días posterior a la promulgación” para la presentación de la “Plataforma de Comunicaciones Móviles e Infraestructuras” y “un plazo máximo de dieciocho meses” para la adaptación o incorporación de la tecnología necesaria en las instalaciones existentes. Si no se cumplía el primer requisito el plazo de adecuación se reduciría a la mitad. Ahora, con la aprobación exprés de su modificación en el deliberativo, las telefónicas tendrán 36 meses para anunciar sus “plataformas” y dos años para invertir en tecnología.

El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Leandro Santomassimo, dijo a FM De la Calle que “la verdad no estaban muchas de las empresas muy regularizadas, entonces se le extendió nuevamente el plazo” a partir de “un consenso en que se ha llegado entre los distintos actores que intervenían en la ordenanza, el Departamento Ejecutivo, las empresas, algunos grupos de vecinos y demás”. Un día antes, la titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, se había mostrado “sorprendida” por el aplazamiento del cumplimiento de la ordenanza y porque “llegue a la mañana algo para votar al mediodía” por concejales que en muchos casos “ni siquiera saben lo que es una torre antena”.

“Seguramente acá tenemos dos problemáticas y tenemos que empezar a plantearnos como sociedad en dónde estamos y hacia dónde vamos con esta cuestión de la tecnología”, manifestó Santomassimo y agregó que “obviamente que todos queremos estar comunicados y tener la mejor comunicación posible, de ahí derivan distintos problemas que hasta a veces terminan en la OMIC. Pero también teníamos que ser conscientes que todo tipo de adelanto tecnológico va a tener un impacto ambiental y ese impacto a veces lo relacionamos con que solamente el medio ambiente es donde vivimos, y el medio ambiente también somos nosotros. Estas cuestiones de las antenas, que se habla mucho de la contaminación de la radiofrecuencia y demás, es un tema que nos vamos a tener que empezar a ocupar seriamente”.

Para el edil de Cambiemos “la ordenanza 17.130 está buena” aunque opinó que lo fundamental no es “solamente crear ordenanzas sino que después obviamente se lleven adelante y se cumplan. Presentar un proyecto por presentar y tener equis cantidad de proyectos presentados a fin de año si no se cumplieron no sirve para nada. Tal vez las gestiones que mejor le llegan a la gente son las que se llevan adelante y muchas veces se pueden solucionar en reuniones, hasta a veces medio informales, llamados telefónicos, entre situaciones formales pero no necesariamente a través de una ordenanza que después son difíciles de cumplir y esta es una de ellas”.

Al ser consultado por los problemas que a su entender obstaculizan su cumplimiento, Santomassimo apuntó al “tema del contralor, del control, en todas esas cosas siempre se tienen parámetros y números aceptados por distintas ONG, distintos organismos de control de otros países y demás; lo importante es que tiene que haber un compromiso por parte de las empresas a invertir en tecnología, que sirva a las muy buenas comunicaciones y al no impacto en la sociedad y desde el Poder Ejecutivo, las comisiones asesoras y los grupos de vecinos”.

Un caso emblemático. Antenas a metros de la sede de Ayuda Le, centro de atención de pacientes con leucemia.

Un caso emblemático. Antenas a metros de la sede de Ayuda Le, centro de atención de pacientes con leucemia.

Integrantes de organizaciones ambientales de la ciudad participaron ayer en la Cámara de Diputados de un encuentro para debatir un proyecto de ley que logre “un equilibrio entre salud y comunicaciones” en la regulación de radiofrecuencias, “fijando límites de protección similares a las normativas más estrictas implementadas en distintos Estados” para mejorar “la calidad y objetividad de la información brindada a los usuarios sin perjudicar la eficacia o factibilidad de los servicios”.

Gladys Girotti, presidenta de Salud Ambiental en Acción y vocera del nutrido grupo de agrupaciones que participaron de la jornada consultiva, comentó a FM De la Calle que el encuentro surgió tras el “escandaloso proyecto 1941 que trataba de que las telecomunicaciones móviles fueran nombradas de interés público nacional y, de esta manera, podían poner antenas en las propiedades de todas las personas sin necesidad de pedir autorización”.

Las ONG´s y sindicatos, con el acompañamiento de lxs legisladorxs Gabriela Troiano, Carlos Rubín, Diana Conti y Carolina Gailalrd, revisaron y reimpulsaron una iniciativa que ya fue presentada en 2011, 2012 y 2014 por lxs diputadxs Verónica Benas y Antonio Riestra sin lograr su tratamiento. “Hicimos algunas modificaciones que creíamos necesarias pero los fundamentos son los mismos solo con mayor aval científico”, explicó Girotti.

Las jornadas consultivas contaron con la participación del dr. Ignacio Casas Parera, especialista en neurooncología, jefe del Departamento de Neurología del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, quien analizó la incidencia de tumores del sistema nervioso central; la dra. María Inés Sasiain, integrante del consejo directivo de CICOP, quien se refirió al costo que representaría al Estado un incremento eventual en el número de pacientes oncológicos. Por otra parte, el bioquímico Eduardo Legaspe explicó los efectos biológicos de las radiofrecuencias y el ingeniero Guillermo Defays discutió los aspectos técnicos involucrados en la normativa.

Girotti destacó que profesionales de la salud se involucren en el tema dado que muchas veces “reconocen a sus pacientes que la causa de su enfermedad pueda ser por las antenas pero al momento de tener que salir a investigar y hablar públicamente no quieren meterse en discusiones”.

El Concejo prorrogó plazos para que las empresas adecuen sus antenas

Durante la entrevista, la titular de Salud Ambiental en Acción se mostró sorprendida por la prórroga de los plazos para que las empresas ajusten su tecnología a la normativa local. “La ordenanza 17.130 pedía que en el plazo de noventa días las empresas presentaran la declaración jurada de todo lo que tenían instalado y a partir de ahí había 18 meses para adecuación de la tecnología que tenían instalada más lo que vayan a instalar para bajar los niveles de potencia”.

 “Nos sorprendió que el miércoles, sin que haya llegado con tiempo como para que los concejales pudieran analizar la situación, se pidiera un plazo de prórroga para la presentación de estas obligaciones que tenían las empresas y darles un plazo de 24 meses. Son cosas que no entendemos, en primer lugar, por qué ampliar rápidamente los plazos, que llegue a la mañana algo para votar al mediodía que los concejales no tienen tiempo para analizar y muchos ni siquiera saben lo que es una torre antena, la mayoría no intervino cuando se votó la ordenanza en 2013. En segundo lugar, ¿para qué quieren prórroga en una ordenanza que está suspendida? Recordemos que la Municipalidad, el gobierno anterior, no presentó apelación en su defensa cuando la judicializó por quinta vez Telecom, dejó que se vencieran los plazos cuando en las cuatro veces anteriores había sido respaldada por la justicia federal”, se preguntó Girotti.

Adhieren a la iniciativa presentada en el Congreso las ONG’s Aletheia por la Vida, Nuevo Ambiente, Consumidores Responsables, Red de Barrios Irradiados, Vecinos Subestación  Sobral Ezpeleta, Asamblea Rigolleau, CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, ATE Provincia de Buenos Aires, Vecinos Autoconvocados de Campo Quijano (Salta), Vecinos autoconvocados de Gral. Güemes (Salta), AVDA  Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente Gral. Cerri (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Amaducci (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento Ing. Pedro Pico, Ayuda-Le “Ayuda al leucémico” (Bahía Blanca), Vecinos Autoconvocados de Gral. Roca, Foro de la Niñez Bahía Blanca, FUNAM, Asociación Vecinal Dr. Enrique Finochietto Ciudad Autónoma,  ONG Ambiente Comarca (Tornquist), UETTEL (Unión de empleados y técnicos  de las telecomunicaciones) y Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, con el valiosísimo apoyo del Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel.

La Secretaría de Gestión Ambiental del municipio informó ayer que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró un acta de infracción a la empresa Cargill S.A.C.I. por un derrame de aceite de girasol sobre el agua del estuario en el sector de “Puerto Piojo”. La empresa comunicó que el producto se derramó durante la carga de un vagón alcanzando la descarga pluvial de la planta.

Se le imputó falta al Artículo 2 de la Ley 5965 debido a que se encuentra prohibido que las entidades públicas y privadas, envíen efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua.

También se le reprochó falta al Artículo 4, Inciso d, del Decreto Reglamentario 3970/90 de la Ley 5965 por la descarga de efluentes que contienen sustancias flotantes (aceite de girasol), que cambie el aspecto natural o propio de un cuerpo receptor ni ocasionar cualquier otro inconveniente.

Finalmente Cargill faltó al Artículo 1 del Decreto Reglamentario 1741/96 de la ley 11459, por incumplimiento de la Resolución 1221/00 del OPDS, debido a que no notificó inmediatamente a la Municipalidad de Bahía Blanca sobre este hecho producido en sus instalaciones, que causó la alteración e intranquilidad de los pescadores del sector.

“Se le ha solicitado se informe acerca de las medidas a tomar por parte de la empresa para evitar que este tipo de evento vuelva a producirse. Cabe aclarar que en emergencias marítimas en eventos de contaminación, Prefectura Naval Argentina es la autoridad competente”, advirtieron desde la comuna.

El acta de infracción será enviada junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA).

Foto: @claudioaluciani

El senador provincial Andrés de Leo se refirió esta mañana a la denuncia del juez José Luis Ares respecto al “accionar dilatorio” del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible para controlar y sancionar a empresas contaminantes garantizando así la absolución de las mismas por la prescripción de las causas y aseguró que está trabajando en la reformulación de los plazos legales.

“He instruido al grupo de abogados que viene colaborando con nosotros en la tarea legislativa recabar toda la información para promover en el ámbito legislativo la modificación para que la prescripción se lleve por lo menos a un plazo de cinco años”, dijo a FM De la Calle el legislador de Cambiemos, quien se manifestó “en todo de acuerdo con Ares”.

En ese sentido, afirmó: “Me parece un despropósito que las contravenciones en materia ambiental sean tan breves, por varias razones. La primera porque es una mala señal hacia la sociedad que estas infracciones que a veces son de montos (altos) por la envergadura de las multas, puedan caerse cuando una multa menor por infracciones de tránsito tardan mucho tiempo en prescribir. En segundo lugar nos pone a resguardo de accionares negligentes o dolosas que pudieran haber existido en la administración pública”.

Respecto a las sumas que suelen aplicarse a las empresas contaminantes, Ares aseveró en su fallo que “generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas”.

Al ser consultado al respecto, De Leo sostuvo que “quiero ser prudente, serio y responsable, no puedo caer en el facilismo de decir esto es poco o es mucho porque la verdad que no tengo los elementos para llegar a esa aseveración que ha hecho el juez, pero indudablemente de ser así, esto también sería materia de modificación. Lo que pasa es que en ese caso habría que ver si es por error de la legislación o por falta de criterio en la aplicación de los montos”.

La semana pasada se conoció la sentencia en la cual Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

gay dowEste sábado se registró un episodio similar en Dow-PBB. Según la información oficial “el Comité Técnico Ejecutivo emitió un acta de infracción a la empresa PBB Polisur por la emisión de humo más allá de los valores legales permitidos. El incidente se produjo en la antorcha que funciona en la planta Cracker 1, tras un inconveniente en un instrumento de un compresor de hidrogenación”.

Al ser consultado sobre el cuestionamiento del magistrado, el titular del CTE César Pérez, opinó que “para estas causas un año puede ser poco tiempo para poder determinar o necesitamos que los entes que se encargan de aplicar las sanciones trabajen con celeridad en estos temas. Nosotros en un lapso de diez días elevamos el informe al OPDS. (…) Sabemos que hay trámites que tienen su demora porque necesitan alguna inspección u otro tratamiento, nosotros solamente ejecutamos la fiscalización de las empresas”.

Proyecto en el Concejo

El concejal Juan Manuel Martínez Eizaguirre solicitó mediante un proyecto de resolución a lxs legisladorxs provinciales que amplíen el plazo de prescripción previsto en el art. 33 del Decreto Ley 8031/73, a fin de evitar la prescripción sistemática de las causas contravencionales.

De igual modo, requirió a la gobernadora María Eugenia Vidal que intervenga para dar la mayor celeridad en la tramitación de las causas del OPDS.

“La demora en la tramitación de las causas por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible suele provocar como resultado la prescripción de los procesos, quedando impunes los hechos que las originaron, con evidente perjuicio para el interés público toda vez que los infractores de las normas ambientales no reciben las sanciones previstas en el ordenamiento positivo, que entre otras funciones tiene una finalidad correctiva”, aseguró el edil.

El juez correccional José Luis Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

“Algo está fallando en la sistemática normativa y/o en su interpretación, en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad, cuando la acción contravencional por cruzar un semáforo en rojo o contaminar con la combustión de un automóvil, tiene un plazo de prescripción de cinco años y la acción por contaminar el ambiente a través de una planta industrial prescribe al año, dada una interpretación analógica (que no comparto), por existir un vacío legal”, escribió Ares.

El magistrado sostuvo que “existió una incomprensible e injustificable demora en la tramitación del proceso, en un largo y tortuoso camino hasta” sus manos: “la resolución sancionatoria, que como se dijo fuera dictada el 9/05/12, recién se notificó a la empresa imputada el 22/11/13, es decir un año y medio después. El recurso de apelación fue interpuesto el 2/12/13 y recién fue concedido el  9/12/14, es decir un año después. Y el ingreso a este juzgado, previo registro y sorteo por parte de la Cámara Penal departamental, se produjo un año después, el 9/12/15”.

Ares afirmó que “es esta cuestión de la calidad de vida de mis convecinos y los riesgos implicados en la actividad industrial en esta ciudad, que posee un enorme complejo petroquímico, la que genera preocupación por la cancelación de toda posibilidad de sancionar a las empresas que de algún modo contaminen el ambiente”.

“Es que sin perjuicio de que resulte difícil establecer el grado de motivación en la norma por parte de las empresas, y el efecto preventivo de la amenaza de sanciones pecuniarias, que generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas, lo cierto es que con un plazo de prescripción de un año siempre la acción contravencional se va a extinguir sin poderse ejecutar las multas aplicadas, si es que se aplican, por cuanto las enormes, incomprensibles e injustificadas demoras en la tramitación de estos procesos por parte del OPDS, en casos que, en su mayoría no presentan complejidad y se resuelven con las actas y el descargo, hacen que muy probablemente lleguen a los juzgados correccionales ya operada la prescripción (como en el presente caso), o bien ello ocurra al recurrir la empresa a las instancias superiores (Cámara y Suprema Corte)”, falló.

La resolución firmada a principios de marzo fue enviada no solo a las autoridades de la Fiscalía General platense, a cargo de Héctor Ernesto Vogliolo, sino también a las autoridades políticas locales y provinciales en la figura del ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, el intendente Héctor Gay y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini.

La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.

Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.

“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.

Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.

En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.

“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.

“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.

Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.

“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.

La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.

“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”

En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.

“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.

“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.

Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.

La Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bahía Blanca informa que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó ayer a la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. por emisión de humos negros.

La empresa informo que debido a una falla en la generación de energía eléctrica se produjo la parada de la planta localizada en General Daniel Cerri. Como consecuencia de esto se produjo una emisión una emisión de humos negros desde la antorcha de la planta.

La emisión fue constatada y calificada por un inspector del CTE. La calificación fue de grado 5 (100 % de la escala de opacidad) según la Escala de Ringelmann y superior a un minuto, tiempo máximo permitido por la legislación para dicha opacidad. Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al artículo 2° de la Ley 5965, Articulo 10 Decreto Reglamentario 3395/96, conforme Anexo V, Escala de Ringelmann.

Artículo 2

El acta de infracción será enviada junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

Artículo 10

 

Tabla

Foto: Sebastián Gutiérrez

Fuente: Bahía Blanca

(Por José Rigane*) La declaración de la “emergencia energética” por el gobierno de Macri y la anunciada quita de subsidios y aumento de tarifas, junto al incremento del costo de vida producto del fuerte shock devaluatorio y el nuevo impulso inflacionario, imponen la necesidad de implementar una Tarifa Social.

La Tarifa Social nació en nuestro país a finales del año 1999 en la ciudad de Mar del Plata, al calor de la lucha popular y donde nuestra organización, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, junto a las agrupaciones barriales, fomentistas y de desocupados de Mar del Plata, desafiamos a las multinacionales Camuzzi y United Utilities para lograr la implementación de una iniciativa que discutiera la lógica de las ganancias empresarias plenas impuesta desde la privatización de los servicios.

La Tarifa Social es Ley de la Provincia de Buenos Aires. Lleva el número 12.698 y es uno de los primeros reconocimientos legislativos a las luchas de los desocupados y pobres por recuperar su derecho a ciudadanía.

La Tarifa Social, con metas de quitas hasta del 50% del valor final, es un paliativo concreto para el desangrado de los bolsillos de las familias populares, pero también es un pilar en el reconocimiento de la energía como un derecho humano. Nadie puede estar privado de un servicio esencial para la vida en nuestras sociedades contemporáneas como es la energía.

La Tarifa Social es el precio diferenciado para el uso de los servicios públicos esenciales (agua y cloacas, electricidad y gas) dirigido a la población de escasos recursos. Supone, además, el no corte de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad de pago de las facturas y facilidades financieras para saldar las deudas.

Aranguren, ministro de Energía y Minería del actual gobierno de Macri, ya adelantó sin demasiadas precisiones que con el nuevo esquema de quita de subsidios se prevé como contraparte la implementación de una “tarifa social”, que seguramente se intentará aplicar como un servicio a la demanda, depositando el dinero (un porcentaje del valor final) en las cuentas del beneficiario como ya se ha hecho, por ejemplo, con el gas en garrafa.

La cuestión que se impone es preguntarnos quién va a poner estos aportes. ¿Serán nuevamente los trabajadores los que respondan, a través del estado y sus recursos, garantizando las ganancias a las empresas que supuestamente iban a solucionar la crisis de energía en Argentina? ¿Qué van a poner las empresas que han amasado fortunas desde 1999 hasta la actualidad? ¿Continuaremos en la senda de garantizar las ganancias a las multinacionales como lo venimos haciendo con el sistema eléctrico o con el precio de barril “criollo” de petróleo, donde el gobierno le garantiza a fuerza de subsidios de más de 12 millones de dólares por día un precio de u$s 60 el barril cuando en el mundo está debajo de los u$s 30?

La crisis actual en energía y el cambio de gobierno nacional habilita a repensar y revisar las condiciones con las cuales se viene desarrollado el sistema privado en materia de energía.

La tarifa social debe ser responsabilidad de las empresas y no del Estado.

Para conocer más sobre la tarifa social, su lucha para convertirla en Ley y los textos legales presentados para crear un Proyecto Nacional de Tarifa Social pueden visitar el siguiente URL

* José Rigane es Secretario Adjunto de CTA Autónoma y Secretario General de la FeTERA

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente” durante el mes de diciembre de 2015.

El trabajo revisa el marco regulatorio de los temas medioambientales, realiza un repaso por la historia de los métodos de análisis y parámetros de medición de contaminación, conceptos sobre el suelo, perjuicios de las técnicas de siembra directa del suelo, entre otros aspectos.

El Scanner de FM De la Calle deja algunos de los extractos destacados.

“El actual modelo de agricultura industrial o modelo extractivo ha pretendido que la química (en este caso, los plaguicidas) controle a la biología, simplificando así la toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este modelo, no se ha tenido en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo al recurso suelo, debido a que se disminuye la capacidad del mismo para cumplir con una de sus funciones vitales que es actuar como reactor bio-físico-químico”.

“En el concepto establecido por Comerford (2003) en el que se considera al suelo como un Reactor Natural capaz de transformar, filtrar, amortiguar y depurar las sustancias que lleguen a su superficie, así como regular los ciclos biogeoquímicos. De todos los contaminantes presentes en el medio ambiente, los plaguicidas son los más criticados debido a su aplicación masiva y directa en los sistemas naturales. En este sentido, nos preguntamos si la introducción de plaguicidas al suelo estará afectando la capacidad potencial de Reactor Natural de los mismos”.

“El objetivo de la incorporación de plaguicidas en los sistemas productivos es el control de malezas y plagas, en este sentido, se aplican tanto sobre los cultivos como en el suelo descubierto. Sin embargo, no es la única “función” que tienen estos químicos en el medio ambiente, es decir, no sólo pueden afectar las malezas del suelo y/o las plagas que combaten, sino que su efecto adverso residual se ve aumentado al atacar de forma indirecta a los organismos no blanco del suelo y de otros ambientes (acuáticos y aéreo), que también son destino de estas moléculas”.

“En Argentina, la actividad agropecuaria se encuentra fuertemente ligada a la disponibilidad de agua, lo cual resulta en una relación directa de la localización de los campos cultivados con ecosistemas acuáticos superficiales y/ó subterráneos. Asimismo, el uso de aeroplanos y/o pulverizadores autopropuslados (mosquitos) para la aplicación de plaguicidas en toda la extensión de los campos, puede causar una introducción directa en los cursos de agua superficiales. A este hecho se le suman la incorporación de plaguicidas por eventos de lixiviación, escorrentía y deriva”

“En los estudios realizados en estuarios del sudeste bonaerense (Laguna de Mar Chiquita y Estuario de Bahía Blanca) se observa que los niveles de POCs (Plaguicidas organoclorados*) detectados en los organismos, tales como cangrejos y espartillo, son similares a los detectados en pejerreyes que habitan en la Laguna de los Padres, ubicada de forma adyacentes al cinturón hortícola de la ciudad de Mar del Plata. Este hecho indica que la llegada de POCs hasta los estuarios se debe al transporte por ríos y arroyos que atraviesan zonas cultivadas (Menone et al., 2000a), así como también al proceso de volatilización que experimentan los POCS, debido a que presentan altas presiones de vapor que presentan”.

“Argentina es un país mundialmente reconocido por su rol de proveedor de productos primarios agropecuarios. Según datos de la FAO (2015), respecto de la utilización de herbicidas por superficie arable por país, Argentina está en el segundo lugar de mayor utilización de herbicidas por hectárea en sus sistemas productivos”

Km Herbicida

“Sin embargo, este uso intensivo de herbicidas no se ve reflejado en un mayor rendimiento por hectárea comparado con otros países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Dinamarca (Banco Mundial, 2015) donde hay una mayor eficiencia en la producción de granos por cantidad de herbicida empleado. Para visualizar esto seleccionamos países del mundo que contaran con información sobre utilización de herbicidas (FAO, 2015) y rendimiento por hectárea arable, para un mismo año (Banco Mundial, 2015), y vemos que Argentina es el país menos eficiente en producir granos (Tn de grano por Kg de i. a) seguido de Chile y Brasil”.

“El suelo es un recurso natural no renovable a escala de vida humana que se puede conceptualizar como un reactor biofísico-químico con funciones potenciales de filtración, amortiguación, depuración y regulación de los ciclos biogeoquímicos (Comerford, 2014). La presencia de plaguicidas en distintas matrices ambientales indica un agotamiento en la capacidad del suelo de funcionar como reactor. El suelo, al operar como una interfase entre el aire y el agua, estaría provocando un impacto en estos dos recursos vitales”.

“La presencia de plaguicidas en distintos compartimentos ambientales genera una preocupación genuina en la sociedad. El sistema científico-tecnológico ligado a la producción agropecuaria debe tener una posición que jerarquice la discusión y establezca un mensaje claro. El manejo de los suelos, los sistemas de labranzas, los sistemas ecológicos, las tecnologías de procesos, la reducción de dosis de plaguicidas y el uso de insumos en el marco de las buenas prácticas agrícolas, entre otras prácticas agronómicas, son herramientas a debatir para proponer, desde INTA, alternativas al modelo agropecuario actual”.

“El principal objetivo del modelo actual es maximizar la renta con una mirada de corto plazo, poniendo en situación crítica al Sistema Agroalimentario Argentino en el mediano y largo plazo. Por otra parte, algunos estudios indican que, si bien los rendimientos en toneladas de cultivo por hectárea han aumentado en diferentes porcentajes para diferentes cultivos (Fig. 13), la capacidad de captación de esa ganancia por parte del productor agropecuario argentino es menor debido justamente a que hay una transferencia de esa rentabilidad a las empresas que producen y venden los paquetes tecnológicos de altos insumos, esto indica una baja eficiencia productiva de Argentina. Sumado a que las empresas que producen y venden plaguicidas son en su mayoría internacionales y/o multinacionales, existe una pérdida en la competitividad de los productores locales (aquellos capaces de garantizar un desarrollo territorial eficiente) y, a su vez, esa captación de ganancia por parte de las empresas multinacionales no queda dentro de las fronteras nacionales, sino que contribuye a una fuga de divisas al exterior”.

*Los plaguicidas organoclorados (POC) son compuestos orgánicos que persisten en el medio ambiente durante años, pudiendo ser introducidos en el organismo humano a través de la cadena alimentaria (1), particularmente por el consumo de alimentos con elevado contenido de grasa, entre los cuales se encuentran los aceites vegetales

FICHA TÉCNICA

INTA Ediciones

2015

Compiladores

Ing. Agrónoma (Dra) Virginia Aparicio Bioquímico (Dr) Eduardo De Gerónimo Lic. en Microbiología (Ms C) Keren Hernández Guijarro Lic. en Cs. Biológicas (Dra) Débora Pérez Ing. en Recursos Naturales (Ms C) Rocío Portocarrero Ing. Agronóma (Esp Riego) Claudia Vidal

Revisores

Ing. Agrónomo (PhD) José Luis Costa Ing. Agrónomo (PhD) Adrián Andriulo

iNTA aMBIENTE Y PLAGICIDAS

Durante la jornada de ayer, vecinxs de diferentes barrio de Bahía Blanca se manifestar en reclamo por el derecho al acceso al agua. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales.

El suministro de agua potable fue vedado a la ciudadanía durante 48 horas. El problema no es nuevo en la localidad y evidencia el déficit de inversión.

Sumado a esto, el Anexo 0 firmado en el marco del contrato de concesión de agua potable a fines de los noventa a través de Azurix expresa que a partir del “séptimo año el concesionario deberá destinar el agua proveniente del Dique Paso Piedras prioritariamente al abastecimiento de agua para el Polo. Y si no hubiera agua suficiente para proveer agua potable a los ciudadanos de Bahía Blanca, deberá comprometerse a buscar fuentes alternativas del suministro”.

FM de la Calle registró en imágenes el recorrido de la marcha y las voces de las personas que se acercaron para reclamar por el servicio básico del agua potable y la ecuación de sentido común que sugiere priorizar a las personas por sobre las empresas.


Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.

El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.

La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.

“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.

El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.

“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.

Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.

“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.

Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.

Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.

“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.

“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.

Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.

Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.

La Municipalidad infraccionó a la empresa Profertil por emisión de olores molestos y por no dar aviso del escape ocurrido el sábado 26 en su planta de urea. El evento fue advertido a las 18:20 por el detector de Amoníaco ubicado en el club náutico. Defensa Civil activó el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas Nivel 1.

Según informó el Comité Técnico Ejecutivo, la presencia de dicho gas en el aire fue “en bajas concentraciones” aunque motivó la evacuación de quienes se encontraban en la pileta del Club Comercial. “La guardia del CTE se comunicó con la empresa Profertil la cual informó que estaban parando la planta de amoníaco”, aseguró el ingeniero César Pérez.

El titular del organismo de control agregó en un comunicado que “un guardia del CTE recorrió el sector del club náutico donde detectó la presencia de amoníaco en bajas concentraciones utilizando un medidor portátil por un corto período de tiempo” y que “la empresa informó que el problema se debió a una pérdida en un instrumento de planta y que la situación está controlada”.

La noche del sábado el municipio comunicó la infracción, la parada de la planta de urea de Profertil y que las mediciones que arrojaba el sistema de monitoreo constante eran “normales”.

El hecho repercutió este lunes en el Concejo Deliberante, donde la edila Paola Ariente (FpV) presentó una minuta de comunicación “considerando la preocupación que el mismo generó en las comunidades aledañas”. En la misma, se indaga sobre cuál es la conclusión respecto del escape, ante las manifestaciones fehacientes de muchos vecinos sobre la existencia de “olores extraños” que podrían denotar la existencia del algún escape de sustancias químicas, y si se pudo constatar esta situación a través del equipamiento tecnológico instalado para tal fin.

Asimismo, y ante la información que desde el Municipio se resolvió aplicar una sanción a la empresa por emisión de olores molestos y por el no aviso del evento mencionado, se requieren precisiones sobre si se podría aportar una fundamentación técnica sobre los datos que motivaron tal actuación, e informar el monto de dicha sanción y a qué se destinará dicho monto.

También se consulta sobre cuáles son los motivos que llevaron a decidir el desalojo de instalaciones deportivas cercanas a la planta siniestrada, y las acciones previstas desde el Municipio para evitar que incidentes similares puedan reiterarse.