Tras el procesamiento de Néstor Luis Montezanti en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, dos de sus denunciantes comentaron el fallo en diálogo con FM De la Calle y advirtieron que se derrumbó el mito de que el ex camarista era “intocable y todopoderoso”.

La imputación judicial había sido realizada por la Fiscalía en 2015. Previamente, Alberto Rodríguez fue querellado por el represor tras ventilar su pasado en una reunión del Consejo Superior de la UNS y Dante Patrignani padeció tres demandas luego de pedir su juicio académico.

“Todo este proceso fue muy largo, a veces uno pierde la esperanza de tener alguna respuesta, que es mínima a lo que fue este personaje dentro de la universidad”, dijo Rodríguez. Patrignani señaló que “costó bastante” llegar a esta instancia pero se derrumbó el “mito de que era poderoso e intocable”.

Rodríguez agradeció a Montezanti por haberle iniciado la querella porque “gracias a su prepotencia se creía que iba a poder pasar a la historia como lo que no es: un abogado triunfante. Apenas es un miserable que inició un juicio, lo perdió y, a partir de ahí, se hace la presentación en Cómodoro Py ante Oyarbide por la causa de lesa humanidad de la Triple A donde se lo imputa a el también”.

Patrigani reconoció que el procesamiento “costó tiempo y juicios”. “Me hizo tres demandas: una en el fuero civil, que me obligó a pagar una suma por haber herido su buen nombre y honor -que está apelada en la Suprema Corte-; otra junto a mi abogada Mónica Fernández Avello en la justicia penal por revelar secretos políticos y militares por haberle ventilado el legajo en inteligencia, causa fallada a favor nuestro; y una tercera por haber provocado daños frente a la Cámara Federal por unos afiches que aparecieron con su famosa imagen con la gorra, que por supuesto también falló el juez Ramos Padilla a favor mío”.

“Esas son las medallas que se lleva uno en la lucha. Me sorprendió la noticia ayer, ya habiendo pasado tanto tiempo no esperaba que pudiera ser procesado. Seguramente esto va a ser largo, va a requerir mucho esfuerzo y militancia para que pague sus responsabilidades”, agregó.

Rodríguez recordó que “este hombre fue parte de la acción intelectual dentro de la acción criminal. Estaba vinculado a los grupos empresarios, a los sindicatos, a la universidad a través de Remus Tetu y a la UTN a través de (Emilio) Garófoli”.

Respecto del juicio académico, Patrignani mencionó que “todos los jurados que se nombraron se excusaron, no quisieron meterse con Montezanti y se fue alargando hasta que cumplió los 70. Por ley está obligado a jubilarse, en ese momento presentó un escrito ante la Cámara Federal pidiendo que se cayera su juicio académico por su jubilación, a pesar de ello la Cámara se lo rechazó. El juicio académico estuvo en vigencia aun después de jubilarse pero se fue diluyendo”.

En ese sentido, Rodríguez destacó las dificultades que tuvo para encontrar un abogado para que lo represente en la querella que tramitó el juez José Luis Ares. “Recorrí a penalistas de Bahía Blanca y ninguno aceptó defenderme en el juicio de Montezanti. Tuve que terminar yendo a la Defensoría Pública. Hasta qué punto la miserable actitud de este tipo hace a la miserable actitud de aquellos profesionales que se niegan a defender a una persona de Montezanti. Algunos por amistad, otros porque habían tenido un problemita con él, todos tenían un argumento pero ninguno aceptó mi defensa”.

“No me cabe duda que en la universidad y los pasillos tribunalicios sabían de qué tipo estaban hablando, algunos fue por miedo y otros por mala gente. Así que no puedo ser optimista, fue impune jubilado como juez, impune jubilado en la universidad. Esperemos que la justicia alguna vez sea justa, simplemente. Tengo el derecho a tener tantas dudas después de 45 años”, sostuvo.

El juez Walter López da Silva procesó al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, por haber integrado la Triple A y participado en la toma de la Facultad local de la UTN que la patota comandada por Rodolfo Ponce realizó el 26 de agosto de 1974.

Al ex docente de la UNS se le trabó un embargo por tres millones de pesos y no se le dictó prisión preventiva. Montezanti había sido declarado en rebeldía por burlar en varias ocasiones los llamados a una indagatoria que se concretó en febrero de 2018.

Dos años y siete meses después, López da Silva lo calificó como “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en concurso real con el delito constitutivo de lesa humanidad de intimidación pública”.

El magistrado concluyó que los principales puntos de ataque de la Triple A eran los gremios y las organizaciones estudiantiles. “El programa de persecución se dirigía a la eliminación de un enemigo, conceptualizado como ‘apátrida’, ‘marxista’ o ‘subversivo’, buscando en cualquier expresión de activismo y oposición política en los ámbitos estudiantiles, sociales, culturales, políticos y gremiales”.

“En ese contexto y bajo esa modalidad operativa sería donde el rol de Montezanti habría sido relevante para el logro de los objetivos dentro del entramado y organización de la asociación ilícita, tanto con su participación en la toma de la UTN como luego en calidad de Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 del Ejército Argentino, pues habría desempeñado actividades en los estratégicos ámbitos académicos y gremiales en los que la asociación desplegaba su accionar y desde donde habría efectuado sus aportes al plan”, afirmó el juez.

Da Silva sostuvo que “nos encontramos ante la organización u asociación compuesta por tres o más personas que requiere el tipo penal, cuyo mínimo se ha superado dado que además del imputado Montezanti, los fallecidos Remus Tetu, Rodolfo Ponce, Jorge y Pablo Argibay, se encuentra previamente acreditada -siempre con las características de provisoriedad de esta etapa- la participación en ella de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisu, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero”.

Destacó que la modalidad operativa y la logística implementada permitían que “por el carácter civil de sus integrantes la actividad se diluyera en la presencia del propio

Estado, que colocaba sus estructuras al servicio de la tarea represiva, mediante el suministro de agentes, armas, información y recursos económicos o bien la garantía de no interferencia y de impunidad, lo que permitió la permanencia durante un prolongado tiempo de esta asociación criminal”.

El fallo se detiene en la participación del ex camarista en la toma de la UTN “en su carácter de profesor y en reunión con otros integrantes de la asociación ilícita que portando armas realizaban gestos provocadores invitando al alumnado a ingresar al recinto en tono socarrón y de burla” y afirma que “estuvo destinada a actuar sobre el ánimo público, vale decir, sobre el ánimo del conjunto de manifestantes reunidos” en contra de la intervención de la institución por el sector que respondía a al ex diputado nacional Rodolfo Ponce.

La causa es impulsada por los fiscales Miguel Ángel Palazzani, José Nebbia y Pablo Fermento. Este último es quien lleva adelante la acusación en el debate oral en curso contra otros cuatro ex integrantes de la banda parapolicial.

López Da Silva indicó que Montezanti deberá “someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación”, fijar un domicilio del cual no podrá ausentarse por más de 48 horas sin previa autorización y entregar sus pasaportes, dado que se sostiene la prohibición de su salida del país.

La Policía Federal será la encargada de extraerle “tres juegos de fichas dactiloscópicas –con entintado parejo y en forma rodada-“.

Por otra parte, el magistrado delegó en la Fiscalía la continuidad de la investigación sobre los hechos que damnificaron a Jorge Omar Riquelme Esparza de los cuales por el momento se dictó su falta de mérito.

Luciana Giménez denunció que el oficial Salvador Pazos (foto) y otra mujer policía de Mayor Buratovich detuvieron a su hija y la golpearon en la comisaría. En diálogo con FM De la Calle, dijo que “la violentaron de tal manera que hoy le duele todo el cuerpo, la amasaron a palos”.

“Estaba en el inodoro haciendo pis, le dijo hijo de puta y la levantó de los pelos. Una persona que estuvo al lado de ella me contó lo que pasó cuando estuvo dentro del calabozo y cuando ella pidió ir al baño. No me voy a callar estas cosas, lo he escuchado con otros chicos que han ido al calabozo y los han amasado a palos como a mi hija”, afirmó.

La mujer destacó que su hija puede “contarla y vivir un día más” pero “hay chicos que ya no están más, como Facundo. No me estoy agarrando de eso, hay mucha violencia institucional, hay mucha mafia, hay drogadicción en el medio. La mafia es la misma policía de Villarino. Me han llamado para amenazarme, por eso estaba quieta, me dijeron ‘sé dónde trabajás y que tenés a tu hija'”.

“Es como dijo Cristina, nosotros somos pobres, más que la vida, ¿qué nos van a hacer?”, dijo en referencia a la madre de Facundo Castro, quien enfrenta a la Bonaerense en la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición y muerte de su hijo.

La trabajadora del INTA Hilario Ascasubi explicó que su hija tiene consumo problemático de alcohol y drogas, el domingo se desvaneció, un vecino la ayudó a levantarse y cuando volvía a su casa se asustó al ver un patrullero e intentó ingresar a una vivienda.

“Sé que mi hija no entró a robar, lo ha hecho con violencia como lo hace en mi casa, ella tiene esos estados cuando toma alcohol. Me importa mi hija, tiene 20 años y una bebé por criar, tiene posibilidades, no me brindaron ayuda desde los 11 años hasta acá para poder internarla, ni ayuda emocional ni de ningún tipo. La vengo peleando como puedo”, dijo.

Agregó: “Nadie tiene un libro de cómo ser madre o padre, he buscado ayuda en el pueblo, en la parte de Villarino en la Comisaría de la Mujer, en la comisaría normal y en la Municipalidad donde están las asistentes sociales”.

Comentó que “en varias oportunidades me he tenido que ir de mi hogar para aislarla de toda esta gente que consume, he tenido que mandar a mi hija a Santa Rosa con su papá, siempre protegiéndola”.

El domingo a las dos de la tarde Larisa fue a hacer una consulta médica por un dolor de muelas y luego iba a caminar con una amiga. Horas después pasaron por un bar y alrededor de las 23 salió para su casa.

“Ella dice que venía sola y atrás Axel, el amigo que viene como queriendo alcanzarla. Aparentemente en algún lugar se desvanece, pasa otra amiga que le avisa a una amiga mía que estaba tirada, que había un paisano que la quería levantar. Viene para mi casa, ven el móvil de la policía, ella dice que golpea la puerta de una casa pidiendo que le abran la puerta, para mí se equivocó de domicilio porque no estaba en sus cabales, como no le abren patea la puerta para entrar porque se asustó”.

Pasada la medianoche Giménez concurrió a la comisaría y se encontró con la familia a cuyo domicilio había querido entrar su hija. “Les dije que tenía problemas, les pedí disculpas en nombre de mi hija, como mamá”.

“No me dejaron verla, empiezo a preguntar ‘¿Larisa estás bien?’. Me dice ‘sí má, acá estoy’. ¿Por qué te detuvieron?, le digo, estábamos a un paso y medio del calabozo. Me dice que no la dejan ir al baño”.

Por la mañana le llevó ropa y galletitas, “no pensé que mi hija estaba tan golpeada. (…) Parece que ella insultó, tiene esas reacciones violentas, no porque sea mi hija voy a ocultar esas cosas, pero no por eso la institución donde fue detenida tiene derecho a golpearla y maltratarla de la manera en que le pegaron y me negaron verla”.

El certificado de atención del médico policial que acompaña esta nota muestra que ayer se constataron diferentes tipos de lesiones en la cabeza, el tronco, el cuello y los miembros superiores e inferiores de la joven.

Giménez se comunicó con el Juzgado de Familia de Bahía Blanca para denunciar los hechos y pedir ayuda. Tenía que llevarla a un psiquiatra pero no podía ser en el hospital de Buratovich a donde no la habían revisado el día anterior: “¿Qué me iban a decir si volvía, que mi hija se golpeó en otro lado?”.

Hizo su descargo mediante las redes sociales y recibió el llamado de asistentes sociales, quienes le indicaron que haga la denuncia penal. “Me comunico con Luciano Peretto y Cristina Castro para ver dónde tengo que hacer la denuncia y que no tapen esta violencia institucional”.

Comentó que funcionarios municipales “aparecieron cuando estaba en la entrevista con el psiquiatra con mi hija. ¿No me podían haber esperado en mi casa como corresponde si tantas ganas tenían de hablar conmigo? Se aparecieron como si fuera una delincuente, pararon como cinco autos para sacarse una simple foto que va a andar rondando por todos lados”.

“Acá se vende porro, se vende falopa, trabajan para la policía. Pasará en todo ámbito social, pero esto es un pueblo chiquito donde todo se sabe. La cantidad de pibes que consumen, esos mismos pibes van llevando a otros, pero porque alguien grande trae la droga acá. Me da una lástima y una terrible indignación que les estén cagando la vida como lo están haciendo y no poder hacer nada”, sostuvo.

Giménez afirmó que “el pueblo tiene miedo, en las marchas de Facundo había cuarenta personas. Hay gente que tiene campo y trae carne para el consumo y no le tiene que dar explicaciones a nadie, esta gente los coimea con otro animal porque la próxima vez que te encuentren te saca todo. Así funcionan acá”.

Cristina Castro reconoció una piedra turmalina que llevaba Facundo el día de su desaparición. Fue encontrada por Yatel, el perro de Marcos Herrero, en una nueva pericia al Toyota Etios -interno 20610, con patente OMP782- de la Policía Local de Bahía Blanca.

La piedra era el símbolo de un pacto de amistad entre los empleados de la cervecería artesanal Turmalina en la cual Facundo trabajó hasta el comienzo de la cuarentena. Días atrás le habían entregado una similar a su mamá.

“Fue muy contundente el elemento encontrado por la querella donde nuevamente sitúa un fundamento muy sólido en cuanto a la desaparición forzada. O Facundo estuvo adentro de este móvil por terceras personas o bien dejaron erróneamente este elemento que marcó el perro”, dijo Herrero a FM De la Calle.

El perito informó que “se trabajó sobre el patrullero Etios que ya había sido peritado por la Policía Federal y ahí fue donde Yatel específicamente tuvo una marcación muy contundente en cuanto a querer romper y desarmar los asientos sobre la parte de atrás y el baúl. Por eso en conjunto con el equipo técnico, Leandro Aparicio, Luciano Peretto y la misma Cristina pedimos mediante un recurso de amparo desarmar el vehículo”.

“De común acuerdo, la Policía Federal ha sido desafectada y lo tomó Gendarmería, que ha traído especialistas de diferentes factores para trabajar con el recurso humano. Se desarmó el auto buscando material genético, huellas dactilares y demás”.

En cuanto a su intervención con Yatel, Herrero comentó que el can “tuvo una marcación con los asientos sacados del habitáculo del Etios, nuevamente lo rompió, empezó a arrastrarlo. Se centró en la alfombra del baúl, la sacamos y el perro nuevamente tuvo determinación sobre la chapa del baúl, el perro quería tomar con su boca lo que sería un fragmento -que luego reconoció Cristina- de una piedra turmalina. Turmalina es el nombre de la cervecería donde trabajaba Facudo y que se habían regalado como un pacto de amistad”.

“Hay una total diferencia con lo que hicimos hace diez días, en cuanto al rol de la Federal. Hoy se encontraron más cabellos, hay que ver si tiene bulbo para hacer un ADN, también se encontró un proyectil debajo del asientos y lo que puede ser, esto es medida de análisis, una mancha hemática”. Los perros del K9 revisaron los elementos pero “no tuvieron una marcación activa nuevamente”.

Herrero subrayó que “otro detalle muy importante son los AVL de este patrullero que habla de que podría haber estado a 800 metros” del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Facundo. “De hecho, estuvo mucho más cerca. Sobre las palabras de Berni de que por ahí tenía un defecto o no andaba bien, se comprobó ayer que estaban en perfecto orden y estado, repito: mucho más cerca de donde apareció la mochila y el cuerpo de Facundo, a mi parecer plantados”.

“Todos los elementos están bajo resguardo de Gendarmería y van a ser peritados en Buenos Aires. Pero es muy importante que la mamá de Facundo reconoció de inmediato este fragmento de turmalina, tiene la pequeña lámina del enganche. Días antes se juntaron con los amigos a hacer una pintada y allí recordaron este pacto de amistad que tenían en la cervecería artesanal. Estuvo uno de los fiscales acá y todos quedaron muy impactados”, dijo.

En base a lo investigado hasta aquí, Herrero insistió: “No fue un suicidio, no fue un accidente, hablamos lamentablemente de una desaparición forzada alrededor de la Policía Bonaerense”.

En cuanto a los objetos hallados el fin de semana pasado, el perito mencionó que “en la mochila se encontró la remera de Facundo, la reconoció la madre, la remera de Boca y un pantalón, tiene una pequeña quemadura en la superficie delantera como si fuera una moneda de un peso. Con mucho cuidado digo que puede ser como quemada con ácido, es extraño es redondo y tiene alrededor como quemaduras y manchas hemáticas”.

“También se encontraron los celulares y parte de la documentación. El documento oficial no está, está el carnet. Faltan otros elementos que llevaba como el pulóver y otros. Lo extraño es porqué Facundo guardaría su ropa manchada con sangre y con esos círculos como quemados. Otra cosa extraña es que se encontraron como hojas de plantas dentro de la mochila y, segundo, la mochila está intacta, si bien estaba un poco sucia no se condice con que haya estado en agua salada. Queda claro que eso ha sido plantado”.

Respecto a la pericia al patrullero de la policía de Buratovich, Herrero informó que “se determinó primero trabajar con el recurso humano y luego con los perros y hacer varios grupos. Mañana se sigue trabajando y va a llevar mucho tiempo en cuento a los reactivos químicos, las huellas dactilares y buscar material genético, se espera aprovechar al máximo el día”. La sospecha es que Facundo fue subido allí.

La periodista y docente universitaria, Azucena Racosta, declaró este miércoles en el juicio contra cuatro integrantes de la Triple A. Describió cómo fue incrementándose la persecución y la violencia hacia su grupo político, nacido en la militancia peronista en Villa Miramar, hasta la expulsión de la ciudad de varios de sus integrantes.

“Si el peronismo se decidiera a hablar de esta causa podríamos reconstruir absolutamente los hechos. El problema es que hay mucho silencio dentro del Partido Justicialista”, dijo al tribunal.

Las audiencias continuarán el jueves 24 y el viernes 25 desde las 9 con transmisión por el canal de Youtube de la UNS. Están imputados Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero.

Siguiendo los pasos de su padre, Azucena comenzó a militar en su adolescencia en Villa Miramar. Con un grupo de compañeres fundaron la unidad básica del barrio, pasaron a la Juventud Peronista y de allí a la Tendencia Revolucionaria. Militaron la candidatura de Cámpora y fueron a recibir a Perón a Ezeiza. 

“Ahí empezó esta historia. Una historia que no habíamos soñado ni los pibes de los barrios, ni los compañeros universitarios, ni los trabajadores y trabajadoras. (…) El regreso de Ezeiza fue como nuestra condena a muerte”.

En Bahía Blanca el primer evento violento lo sufrieron en Empleados de Comercio. Allí fue atacado el referente del grupo, Néstor Bueno, quien había presentado un habeas corpus en favor de los sobrevivientes de la Masacre de Trelew que estuvieron detenidos en el V Cuerpo de Ejército y, por eso, era acusado de ser un “infiltrado comunista”. El encuentro terminó con “un delirio de cadenazos y golpes por parte de quienes suponíamos que eran compañeros. A partir de ahí comenzamos a ser infiltrados y plausibles de ser exterminados”.

“Ya no íbamos al edificio recuperado de Mitre y Rodríguez porque allí había un monstruo que se llamaba Rodolfo Ponce, secretario general -supuestamente representante nuestro, de los trabajadores- que lideró la Triple A”, dijo en relación a la sede de la CGT bahiense y agregó que “las patotas de Ponce se habían apropiado de la ciudad, no había lugar para nosotros en ninguna parte”.

Poco tiempo después “lo secuestran a Pocho Vigil, un pibe muy instruido pero débil físicamente. Esa noche Sañudo y el Beto López de Tiro Federal lo destrozan y lo dejan tirado en la calle. Camina como puede desde Soler hasta el bowling Texas, en calle Chiclana, entra muy herido y el Chiva Infante lo lleva hasta el Hospital Municipal”. Previamente habían puesto una bomba en la librería de Vigil en calle Alsina.

Las explosiones de bombas se repitieron un día de noviembre de 1974 en el estudio de Néstor Bueno de Sarmiento y Mitre y en la casa de los padres del abogado. Tras recorrer las ruinas de sus oficinas, Bueno fue detenido por la policía. “Ahí empezamos a ver que había una connivencia con las fuerzas de seguridad”.

Bueno salió de la cárcel con un brote psicótico del que nunca más se pudo recuperar. “Pido que se investigue, yo digo que lo mataron en el Borda donde hay versiones de que operaba una suerte de campo de concentración en 1978. (…) Vigil era una persona que nunca más pudo desarrollar su vida con naturalidad y hoy está internado con una declaración de esquizofrenia. No mataron solamente con las armas, mataron la posibilidad de hacer una vida”.

La noche más larga

“Mi papá era un hombre rudo, era camionero, tenía un horno de ladrillos cuando muere, no podía concebir que nos tuviéramos que ir, que nos echaran de la ciudad. Decía que a esa gente había que enfrentarla”, afirmó Racosta.

Un día fue perseguida a los tiros al salir de su trabajo, a su lado iba Adrián Tucci. Juan Carlos Curzio manejaba el coche y Raúl Aceituno “mostraba un arma larga”. “Nos estaban tirando a los dos desde ‘la fiambrera’, yo iba hacia un departamento que está frente al mercado municipal, pudimos entrar (…) allí estaban un grupo de compañeros. Quedamos como en una madriguera. Fue la noche más larga de mi vida, cada vez que subía el ascensor pensábamos que venían a matarnos”.

Su padre y otros compañeros se organizaron para vigilar el edificio hasta el amanecer.  Uno de ellos era el cura Benito Santecchia, director del Juan XXIII. Rondaban la zona los Argibay, Sañudo, López. “Cuando los curas dan aviso que a la mañana se habían ido del lugar, entran a sacarnos. Nos llevan hacia la quinta de Bordeu donde mi papá tenía el horno de ladrillos. Allí se tomó la decisión de que nos teníamos que ir de la ciudad”.

Las bocas del lobo

Consultada sobre el accionar de la policía y la justicia en aquellos años, Racosta contó que “era como ir a la boca del lobo. Nacimos para ver un mundo más igualitario, no para perder la vida en manos de esta gente que quemaba libros, que mataba estudiantes, futuros profesionales que podían hacer bien al país. Estos crímenes de odio. Yo tenía 16 o 17 años, corríamos el riesgo de quedar detenidos nosotros. Es difícil creer que el Poder Judicial iba a hacer algo por nosotros. Es difícil hoy, imagínese. ¿A dónde íbamos a ir? ¿A la comisaría del barrio?”.

“Me quedó la sensación de que Bahía Blanca es una ciudad sitiada. Sitiada por las fuerzas armadas, por las policías, por los parapolicías como las Tres A y por un medio de comunicación fascista, funcional a los intereses de los que más tienen, aliada la señora Massot a Ponce y a las fuerzas armadas. Ese medio de comunicación ha tenido de rehén a toda la ciudad”.

Los muertos de la señora

Racosta volvió a Bahía Blanca en 1993, fundó La Cantora y comenzó a vincularse con los internos de la UP4 de Villa Floresta. “Porque presos están los pobres, como vemos no están los responsables de los grandes crímenes”.

En el marco de una protesta, las autoridades cortaron la luz, el gas y el agua al penal. Por vínculos familiares recurrió a Natty Petrosino y la titular del Hogar Peregrino aportó agua y alimentos. Desde entonces, Racosta colaboró con la institución católica.

“Estaba sostenida por Diana Julio de Massot. Irónicamente el poder y la derecha siempre tiene buenos cristianos que ocultan la pobreza, los discapacitados y la gente en situación de calle que hay que esconder cuando hay gobiernos autoritarios. En ese lugar había gente de esa extracción social y se la asistía”.

De vez en cuando, la dueña de La Nueva Provincia concurría al lugar y Racosta se retiraba. “Una vez la pude ver cara a cara. La señora, no sé si ya tenía algún padecimiento mental, iba al hogar y parece que lloraba, gritaba y decía que dios no la iba a perdonar por el daño que había hecho. Aparentemente para ella la muerte de su hijo Federico, que supuestamente padecía una enfermedad producto de una sexualidad reprobables para la ideología de la señora, había sido un castigo divino”.

Por otro lado, mencionó un diálogo que escuchó en un té que compartió con Natty Petrosino, su tía Zulema Gobernatori y su prima Silvina Pasquaré. Fue cuando sus acompañantes volvieron de un viaje a los barrios de Formosa que asistía Petrosino con fondos de LNP y grupos alemanes. Había viajado “la señora” con su chofer y “había habido una discusión porque el chofer hablaba de los zurdos, de los marxistas que había que exterminar, y dice ‘habría que haber terminado de matarlos a todos’. Mi prima es una persona de bien, lo reprende y le dice cómo decía eso, es un disparate, una barbaridad. Cuentan que Diana Julio respondió para defender a su chofer que ellos los mandaban a matar porque estaban convencidos de que había que hacerlo.

“Vamos a salvar hasta a los hijos de ellos”

“Soy abolicionista de la cultura represiva. Desde que sufrimos lo que sufrimos me dedico a militar por la vida y la felicidad de los jóvenes. Me hubiera encantado estar ahí sentada con ellos y mirarlos a la cara. Tenemos el honor y el orgullo de mirar a nuestros hijos a la cara y decirles la verdad. Ellos jamás podrán hacerlo. No sé qué les han dicho a sus hijos, qué les dirán a sus nietos, pero sus hijos y sus nietos son parte de esta sociedad y si ellos no los salvan, que no se preocupen, seguimos existiendo las buenas gentes que vamos a salvar hasta los hijos de ellos porque realmente luchamos por un mundo mejor”, afirmó Racosta.

Agregó que “en esta sociedad hay que terminar con la muerte. Se van llevando puestas generaciones de jóvenes. No fuimos los que fuimos estigmatizados como subversivos, pusieron esa palabra sobre nosotros para exterminar a toda una generación. Ahora, el mismo poder pone otra frase, que son los pibes chorros, para arrasar con otra generación”.

“No creo en la justicia y pido disculpas a quienes se están tomando este trabajo. Estoy acá por Marcela, la mamá del Negrito García. Lo estoy haciendo por el padre Dorñak, por mis hijas, por la gente de buena voluntad. No se preocupen porque nada en la vida pasa sin que nos demos cuenta. No lo digo desde el punto de vista creyente, miremos la naturaleza. La naturaleza es justa con todo y con nosotros también”, concluyó.

La declaración en frases

  • “A Forcelli lo ubico de Empleados de Comercio, en la reyerta y el día que me corren y me escondí en la librería”.
  • “Gente armada había en todos lados, en URGARA, en la UOM. Si había algo en que no escatimaba la burocracia sindical era la primacía de las armas”.
  • “A Aceituno lo ubico en URGARA. Usábamos el mimeógrafo, por eso era extraño, para los pibes más jóvenes era como que te violara tu abuelito o tu papá. Con los que habías estado reunido para la vuelta de Perón eran los que te querían matar o te amedrentaban”.
  • “En URGARA había un señor Reina, alto, rubio”. Tenía una oficina en calle Drago donde funcionaba la revista América. Allí fue Racosta en busca de trabajo. “Aparentemente era una revista peronista. Viajamos a un pueblo de La Pampa, ahí trabajaba Isi de Córdoba, una poeta bahiense, una señora mayor”. Viaja con ella y con otro hombre. “Se suponía que íbamos a hacer notas y este varón contactos y algo de publicidad. Hubo algunas reuniones, conocí a un grupo de jóvenes. Al segundo día esta persona intentó abusarme y esta mujer fue su cómplice. Salí con lo puesto, corrí hacia donde estaba el grupo de chicos y uno de ellos me ayudó a volver a Bahía muy asustada y avergonzada. En esa revista había fotos de compañeros y compañeras”.
  • “Curzio manejaba ‘la fiambrera’, lo veíamos. Era un 128 azul con el que ellos recorrían la ciudad y hacían sus desastres”.

Foto cabecera: La Pulseada.

El secuestro y asesinato en Bahía Blanca del refugiado chileno Víctor Oliva Troncoso es uno de los casos que se analiza en el Juicio Triple A. El militante del MIR llegó escapando de la dictadura de Pinochet y estudiaba Filosofía y Letras en la UNS.

“Para grupos como la Triple A no hay frontera, el hecho de matar al que está en contra aparece en cualquier momento y en cualquier lugar”, dijo al tribunal el pastor de la Iglesia Metodista, Aníbal Sicardi.

Esta semana declararon por el mismo caso Guido Bello Henríquez y Eunice Rebolledo. Las audiencias continúan este jueves desde las 9 con transmisión por el canal de Youtube de la UNS.

Sicardi dijo ante el tribunal el 31 de agosto que a mediados de la década del 70 se vivía “un ambiente muy tenso” en el cual “era noticia corriente la participación de la Triple A, acompañada generalmente por el signo de la muerte”.

Recordó que se asociaba a la banda parapolicial con el ministro José López Rega y, en Bahía Blanca, al diputado nacional y secretario general de la CGT, Rodolfo “Fito” Ponce, y al rector de la UNS Remus Tetu. “Teníamos hasta seguridad que el diario La Nueva Provincia estaba inclinado a mantener y dar promoción a la Triple A”.

Entre sus funciones como pastor estaba la de acompañar a los refugiados chilenos. Uno de ellos era Víctor Oliva Troncoso. “Mi metodología era no hacerle preguntas similares a las que podían hacerle las fuerzas de seguridad. Muchas veces decían que venían de alguna militancia de partidos de izquierda, del MIR, daba por hecho que si eran refugiados le temían al régimen de Pinochet y, por lo tanto, estaban más en la izquierda que en otro lugar”, contó.

Relató que la hija de los caseros de la Iglesia Metodista de Belgrano 355, Eunice “Niche” Rebolledo, fue testigo del secuestro de Víctor. “Tenía que ir a comprar algo al centro y salió rápido para ver si lo alcanzaba. Debía haber una distancia de varios metros, lo siguió por Belgrano y vio que había un patrullero por Soler que estaba cortando el tránsito y que Víctor se enfiló hacia Alsina. Cuando pisó Alsina salieron de algún lugar cuatro o cinco personas que lo llevaron a un vehículo de la Universidad del Sur”.

Niche volvió a su casa. “Entró gritando ‘¡lo levantaron a Víctor!’. Yo estaba en mi oficina y la escuché”. Sicardi hizo algunas averiguaciones y supo que “por la forma que se había hecho (el secuestro) venía la orden de la Universidad Nacional del Sur. La policía trabajaba con la Triple A, eso no era una novedad”.

Otro refugiado, ex funcionario del gobierno de Salvador Allende, le dijo que había que conectar el hecho con organismos de la dictadura de Pinochet: “Están trabajando con la Triple A y con la Universidad. Las alianzas entre Chile y Argentina en los organismos represores son evidentes”.

Dejaron pasar unos días, “atentos a los cuerpos que aparecían en las afueras de la ciudad”. Se enteró que había ingresado una persona asesinada al Hospital Municipal y, como ya lo había hecho en otras dos ocasiones, fue a reconocerlo.

“El comentario fue que tenía como treinta balazos en el cuerpo. Me llevaron a verlo porque ingresó con el nombre de Víctor Oliva. El cuerpo estaba totalmente limpio, lavado, se veían orificios de bala, pero la apariencia me desorientó un poco”.

Ante la duda recurrió a otro refugiado, el pastor y docente Guido Bello. Al día siguiente Sicardi reclamó al cónsul chileno la repatriación del cuerpo de Víctor. “Si no atiende este caso vamos a denunciarlo internacionalmente ante el Consejo de Iglesias y otros organismos. Me dijo que tenía que consultarle al Ejército y a la Iglesia Católica Romana”.

El testigo comentó que los jóvenes del barrio se reunían en la sede metodista y debatían con los refugiados. “Venían una media docena de muchachos de la Iglesia San Roque” de los cuales desaparecieron uno de Dorrego y otro de Tres Arroyos. “Uno apareció asesinado en las afueras de Bahía y tuve que ir a reconocerlo. Tenía impacto de armas de fuego y así salió en La Nueva Provincia”.

Sicardi aseguró que Fito Ponce tenía “cercanía ideológica” con Remus Tetu, “tal es así que a Watu lo mata la gente de Ponce”. También mencionó los vínculos del represor con la Armada: “Se afirmaba era que la Marina le limpiaba las armas y que Ponce había arreglado con el sistema represivo que el manejaba la prostitución y dejaba que ellos se quedaran con el juego”.

“Ordenábamos que el día viernes no se podía salir por cuestiones de seguridad. Ese día era indicado para desaparecer gente o tomar decisiones que no se podían enfrentar hasta el lunes. Había más secuestros porque luego sábado y domingo nadie se enteraba”.

Respecto a la Iglesia Católica, Sicardi mencionó al obispo “conservador” Germiniano Esorto, quien “en determinado momento obligó a varios sacerdotes a que salieran de sus parroquias y los metió en la Curia, luego los mandó a otra parte. Eran sacerdotes que trabajaban mucho con la población y tenían debates sobre la situación (…) Algunos fueron directamente censurados y algunos laicos desaparecidos”.

El pastor recordó a Oliva como “alguien siempre dispuesto a ayudar a la gente, de buen humor, inteligente. Al conocer a sus hermanos y parientes en los homenajes, conocí otras características de la solidaridad de Víctor y el respeto a su persona que fue mucho más allá de su participación política. Era un humano que merecía el respeto y el derecho a ser juzgado si es que estaba violando alguna ley del derecho argentino”.

Sicardi concluyó que “Víctor, al igual que Watu, molestaban a la universidad y a la Triple A más por lo que son que por lo que piensan, molestan porque son personas que viven su vida con honestidad. Tenían toda la vida por delante y se la cortaron insanos que gustan de hacer esta tarea porque tienen miedo de verse a sí mismos”.

“Había sido orador en una acto de solidaridad con el pueblo de Chile”

El martes 15 de septiembre declaró Guido Bello Henríquez. Fue docente de Oliva Troncoso en el profesorado de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Tras el golpe de Estado en Chile emigraron como refugiados políticos hacia Argentina y fortalecieron su vínculo en Bahía Blanca.

Bello afirmó que las esperanzas en la primavera democrática culminaron en 1974. “Empezaron a haber amenazas y situaciones riesgosas, fue el momento en que irrumpe en la UNS una patota armada y matan a balazos a Cilleruelo. Los últimos meses del 74 el clima ya era de violencia y miedo”.

“La propaganda política y social de la Triple A era bastante fuerte en el ámbito académico y el gremial. (…) Para los chilenos que recién habíamos ingresado a la Argentina era muy difícil entender la situación política del momento”.

El pastor aseguró que quedó “muy desolado con la manera en que lo habían asesinado” a Víctor y relató que el joven “había participado como orador en un acto de solidaridad con el pueblo de Chile que se hizo en el aula magna de Avda. Alem. Cuando lo vi me asusté mucho porque era una exposición muy fuerte”.

Bello comentó que “el alto comisionado de las Naciones Unidas intercedió en el trámite de la repatriación de los restos de Oliva, creo que primero fue sepultado en Cipolletti y después fue trasladado a Temuco”.

Por otra parte, aseguró que además del crimen de Watu, en 1974 habían ejecutado a “un estudiante que había sido su ayudante en la Cátedra de Pedagogía General de apellido Balduvino (NdR: Fernando Alduvino es una de las víctimas del juicio), era trabajador de la Municipalidad y un poco mayor que el resto de los estudiantes. Le decíamos el Gurí porque era originario de Corrientes”.

Recordó que en noviembre del 76 el diario local publicó una larga lista de docentes del Departamento de Humanidades supuestamente “integrantes de la banda marxista peronista”. “Después de esa lista aparecen los nombres de tres de los profesores que habíamos venido de Temuco, decían que eran prófugos de la justicia del vecino país que habían sido contratados por la intervención ‘marxista peronista’. No éramos prófugos de nada”.

“Sicardi habló con el cónsul chileno, el cónsul llamó al V Cuerpo de Ejército y le dijeron: eso no era parte del comunicado del Ejército sino un agregado de La Nueva Provincia. Fue una bravuconada contra nosotros”, afirmó.

“El amor es lo que triunfa, ni el odio ni la crueldad pueden matar las ideas”

La docente Eunice Rebolledo es hija de un matrimonio chileno que llegó a Bahía Blanca en 1968 intentando mejorar su situación económica y, en 1973, proyectaba su vuelta bajo el gobierno de Salvador Allende. El golpe de Pinochet frustró sus planes e incrementó la llegada de compatriotas  que buscaban refugio en la ciudad.

 “Tengo un lindo recuerdo de Víctor, mi mamá le arreglaba alguna ropita, venían a comer pan casero, algunas empanadas. A mí me gustaba estudiar y ellos me alentaban, me regalaban libros de cuentos, me estimulaban a seguir, mis papás eran analfabetos y no tenían mucha idea de eso. Víctor era muy alegre, tocaba la guitarra, eran jóvenes con muchas ganas de vivir, proyectos e ideales”.

En línea con lo relatado por Sicardi, Niche describió el secuestro de Oliva Troncoso y al ser consultada sobre el accionar de la banda anticomunista recordó: “Se hablaba de torturas, había un común denominador que era la saña con la cual mataban a las personas, es claro el caso de Víctor, le dieron 35 balazos, lo tiraron semidesnudo, los ataban con alambres en los pies y las manos. Eran muertes realmente atroces, no sé cuánto tendrá una descarga de ametralladora pero recuerdo que la impresión que me dio fue enorme”.

“La de los chicos en casa fue una época muy linda, muy alegre, realmente eran familia. Después de eso el miedo, tenía miedo de caminar por la calle, cuando veía a los patrulleros, me marcó mucho, nunca me imaginé que podía haber gente tan cruel que hiciera esto con alguien desarmado, que iba caminando por la calle y no tenía como defenderse”, agregó.

Rebolledo concluyó que “a pesar de que tenía 11 años había cosas que ya entendía y que me marcaron para toda la vida y tenía que ver con los ideales que ellos tenían: ideales de justicia, de igualdad, de solidaridad, de valorización del trabajo de las personas, valoraban mucho la familia, el trabajo de las manos de mi mamá, eran personas con mucha sensibilidad, era muy difícil que los pueblos pudieran ser más felices. Después vino el golpe y fue terrible”.

La Ley “Micaela Ortega” recibió media sanción en el Senado Nacional. La normativa plantea la implementación de una campaña nacional contra el grooming. Deberá sancionarse en la Cámara de Diputados para que se transforme en ley. 

El proyecto está impulsado por Mónica Cid, mamá de Micaela, una niña de 12 años víctima de grooming seguido de femicidio. Por el crimen se encuentra detenido con prisión perpetua, Jonathan Luna. 

Antes de votar el proyecto de ley, se dio lectura a un texto de Mónica dirigido al cuerpo legislativo: “Mi hija Micaela está mirando cada una de sus actitudes, a Mica le quitaron la inocencia y su muerte se podía haber evitado. Mica no tendría que haber muerto y el Estado es responsable, pero hoy todo cambiará. La Ley que lleva su nombre es un mimo al alma, todos tienen que saber qué es el grooming y quién fue mi hija”.

“En el 2013 se votó la ley que tipifica el delito penal y ahora lo que se pide es la campaña nacional de prevención contra el grooming y el ciberacoso. Además otro proyecto que apunta a la educación. Estuvimos reunidos con Trotta, el ministro de Educación, lo que quiere es llevarlo a la currícula de educación y esperemos que para el 2021 se pueda hacer realidad, articulamos con todos los ministerios”, comentó a FM De la Calle

Destacó que “es muy amplia la campaña” y en uno de sus aspectos busca que las notebooks del Plan Conectar la tengan incorporada “porque les entregamos (a les jóvenes) una herramienta que en el buen uso es excelente pero que el grooming puede llevar a la muerte”. 

Cid mencionó que en Bahía la organización Argentina Cibersegura “está trabajando excelente en estos tiempos en los que la tecnología es diaria para todos. Hay que estar más presente que nunca”.

El subcomisario Pérez (Policía Federal) comunicó a la familia de Facundo Castro que fue encontrada una mochila con dos celulares en cercanías de Cerri.

“Es una mochila, aparentemente con dos teléfonos, un Blackberry y un Nokia. Se ordenó precintar y no tocar el lugar para poder peritar el material ADN”, dijo a FM De la Calle el dr. Leandro Aparicio.

La querella está en comunicación con los fiscales del caso.

Durante el lunes, martes y miércoles de la semana pasada se desarrollaron nuevas audiencias de debate en el juicio a la Triple A de Bahía Blanca. Entre los testimonios recibidos estuvo el del sociólogo e investigador del CONICET Fortunato Horacio Mallimaci, quien transitó la Universidad Nacional del Sur (UNS) como estudiante y trabajador en las escuelas medias de la institución, hasta que tuvo que exiliarse del país en mayo de 1975.

Las audiencias del debate oral -en el que se ventilan 24 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975– continuarán el 15, 16 y 17 de septiembre desde las 9 de la mañana, y se transmitirán en vivo por el canal de YouTube de la UNS.

El testigo hizo un amplio y detallado análisis del proceso de persecución en el ámbito universitario y en el de los grupos de militancia religiosa, entre otros espacios sociales, y la articulación con la etapa represiva posterior al golpe de Estado de 1976, adjudicando todos los crímenes investigados en el juicio a las tres A: “El ’76 es un punto importantísimo de inflexión, pero no se puede comprender sin lo que pasó en el ’74 y ’75, sin ver la preparación, cómo se iban aglutinando, haciendo asesinatos y viendo qué reacción había”.

En este sentido, exhibió informes de inteligencia administrados por la Comisión Provincial por la Memoria sobre actividad de espionaje realizada en el año 1974: “los nombres que figuran, hay que esperar seis meses, un año, dos años, y están todos detenidos, desaparecidos. Los Junquera, los Santucho, Pizá, Graciela Tauro, Rivera”, expresó.

Mallimaci habló sobre su militancia en la Juventud Peronista desde 1973, con la gestión del rector Víctor Benamo, hasta la llegada de Remus Tetu y su patota, integrada con la gente de Rodolfo Ponce, y describió la circulación de vehículos por la ciudad exhibiendo itakas y amedrentando a los ciudadanos: “sonaban los nombres de Argibay padre, Argibay hijo y la patota, los que los acompañaban, los que habían estado con Ponce y con Urgara, entre otros. Si usted ve alguien con una itaka se acuerda más de la itaka que de la cara”, graficó.

Sobre el asesinato del estudiante David Cilleruelo en los pasillos universitarios, recordó que en el velatorio eran poquísimos las personas presentes, al igual que sucedió en el funeral del cura Carlos Dorñak: “Si vamos, nos matan, nos fichan, pero ahí había que tener un deber de amigo, de compañero, de cristiano, de estar, de acompañar. Ir no era fácil, porque si habían podido asesinar adentro [de la universidad], por qué no iban a poder hacerlo ahí. Y era ir y después tratar de no ir, buscar un no-lugar, es decir, ir a un lugar a dormir que nadie conociera”.

“No podía ser pero fue. He aquí algo para aprender: uno cree que hay lugares que no se pueden… Cuando este tipo de situación se naturaliza, no hay lugar que quede libre, no hay iglesia, no hay templo, no hay universidad, no hay casa, no hay embarazada, no hay nada: la totalidad de que aquellos que se creen que son llamados por Dios o por el orden, a aniquilar y destruir”, reflexionó el testigo, y agregó: “Si alguien asesina donde están los salesianos, alguien asesina a Mendivil en su casa, alguien asesina al ‘Negrito’ García, alguien asesina dentro de la propia Universidad Nacional del Sur, ¿Cómo no se los detenía? ¿Qué protección había? ¿Cómo era posible que en esa ciudad de Bahía Blanca sucedieran este tipo de acontecimientos? El diario La Nueva Provincia ya sabía, no se hacía eco, al contrario, la policía de la provincia, la Policía Federal, el Ejército, la Marina, dejaban que sigan, que caminen, que recorran, que creen miedo”.

Evocó también numerosos episodios de ataques y persecución a grupos eclesiásticos, como el asesinato del mencionado Dorñak, el incendio de la casa del cura José Zamorano y la colocación de una bomba al padre Hugo Segovia, quienes debieron exiliarse al igual que los diocesanos Miguel Sarmiento y Emilio Flores y el salesiano Benito Santecchia.

Contó que tras el asesinato de Dorñak, “tuvimos una reunión urgente en la curia, con el que era el obispo auxiliar, García, diciéndole pero cómo, por qué no salimos a denunciar, a pedir que se sepa quiénes fueron, dónde están, y ¿saben cuál era la respuesta? ‘y… ¡es mucho! ¿quién va a querer denunciar? ¿quién va a querer agarrar esto? Es decir, se empezaba a naturalizar la muerte”.

Sobre la persecución a los religiosos, explicó: “era la idea de una traición: ¡Cómo estos curas y estas monjas que tendrían que estar con nosotros para luchar contra los comunistas y la subversión, sin embargo aparecen acompañando al pueblo y a los pobres! Es lo que le pasó al sacerdote Yorio, detenido y desaparecido también. Su superior le decía ‘no podés estar con el mundo de los pobres, tenés que estar en la casa de la compañía’”.

También apuntó a la complicidad empresarial y mediática: “si la muerte se hacía natural, esas empresas se creían dirigiendo Bahía Blanca, siendo recompensadas. El dinero que ellos ponían para todo esto, se veía recompensado en el orden, en la disciplina, en la tranquilidad que ahora había en Bahía Blanca, porque la ‘subversión’ había sido desaparecida, aniquilada”.

Dijo que en aquellos años, el diario La Nueva Provincia no solo informaba, sino predecía lo que iba a pasar: “predecían, no porque fueran profetas o magos, sino porque era un vínculo híper racional, de intereses. Los intereses del poder militar, el poder económico, el poder mediático tienen larga historia”.

Por último, destacó la necesidad de homenajear a las víctimas, y de los juicios como forma de reparación: “Estos juicios ayudan a comprender todo ese proceso para que no vuelva a pasar”.

Otro de los testimonios recogidos fue el del docente Orlando Balbo, quien desde su desempeño en el período investigado como estudiante y trabajador de la Universidad del Comahue, describió el esquema represivo instaurado por Remus Tetu en esa casa de estudios, y las similitudes con su gestión en la Universidad del Sur. Habló sobre la presencia de un grupo armado, entre los que estaban Raúl Guglielminetti -oficial de inteligencia del Ejército- y José Luis Cáceres, quien –según él mismo reconocía– respondía al comisario Benigno Ardanaz, jefe de la policía rionegrina. Estas personas se encontraban bajo las órdenes de Tetu, quien se paseaba armado por la universidad. Más tarde, Guglielminetti participaría del secuestro y las torturas sufridas por el testigo-víctima tras el golpe de Estado de 1976, hechos por los cuales fue condenado por el Tribunal Oral de Neuquén en la causa “Luera, José Ricardo”.

El hombre habló además sobre el cesanteo de numerosos docentes y no docentes por motivos políticos, y sobre la circulación de amenazas en forma de panfletos firmados con las tres A. Hizo referencia a testigos que vieron a uno de los vehículos de dicha institución participando en atentados realizados en la zona, tales como el ametrallamiento al diario de Rio Negro y una bomba en una librería. Sobre la relación entre las universidades, dijo que “la idea que teníamos era que Comahue era una sucursal de Bahía Blanca”.

Fuente: fiscales.gob.ar

Marcelo González identificó ante la justicia a tres de los cuatro policías de Villarino que lo agredieron y amenazaron para que asumiera la responsabilidad de algún delito contra Facundo Castro durante la búsqueda del joven de Pedro Luro.

A partir de la difusión de los rostros de los policías implicados en el caso, el testigo reconoció a Sosa y a Jana Curuhinca. Se trata de los efectivos que el 30 de abril infraccionaron a Facundo por violar la cuarentena. Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo”, dijo a FM De la Calle.  

González declaró en la Fiscalía Zonal de la dra. Leila Scavarda, en una investigación desprendida de la causa que tramita la justicia federal. La Comisión por la Memoria gestionó un habeas corpus en su favor por la persecución policial que padecía en Buratovich. “Pude salir de Villarino, estoy con custodia. Estoy esperando que este problema se resuelva para retomar mi vida habitual”.

“Entré a mi Facebook, vi la publicación y pude reconocer a uno de los policías. Es el que me llevó en el móvil esa noche que supuestamente me iba a allanar mi casa, ese tal Sosa”, aseguró.

González recordó que el 26 de junio fue convocado a la Comisaría de Mayor Buratovich donde “recibí un apriete de cuatro policías. Me tienen hasta las 23 y me dice el jefe de Pedro Luro (Fernando Grilloni) que tenía que esperar a un móvil que supuestamente eran los agentes que tenían que revisar mi casa. Llegan, una mujer policía que la puedo identificar pero que no vi fotos y este muchacho que vi en la publicación en Facebook”.

Grilloni “me amenazó que me iba a pegar, es la persona que más puedo identificar porque fue la que me hizo pasar un momento muy malo”. Por otro lado, identificó a Jana Curuhinca: “Estaba caminando en el pasillo, nerviosa, preocupada y me observaba muchísimo. Estuve 15 minutos sentado, iba y venía todo el tiempo. En la declaración pude comentar esto. Me parecía rara la actitud por cómo se comportan los policías”.

A diferencia de lo ocurrido en casa de su hermana en Bahía Blanca, en su caso el allanamiento ilegal “no llegó a concretarse porque estaba con mi grupo familiar en mi domicilio y vieron que había mucha gente de testigo”.

Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo.  Se quedaron 5 minutos frenados con la patrulla frente de casa, se ve que tuvieron una comunicación por teléfono y se fueron”.

La cacería de Sosa

González afirmó que anteriormente había tenido contacto con Sosa. “A principios de abril me agarraron en cuarentena porque Villarino estaba en fase 1. Esta misma persona me llevó a la comisaría, me labraron el acta y me tuvieron dos horas en un calabozo encerrado a mí y a mi sobrino. Yo en su momento no lo hice público, se me pasó por alto”.

“Ellos te veían en la calle y te metían adentro de la patrulla. Me llevaron, me sacaron todas mis pertenencias, el celular, los documentos. Me sacaron todo como si fuera un delincuente. Me metieron en un calabozo, le pusieron una esposa a la puerta para que no pudiera salir. Me tomaron fotos de frente, de espalda, se reían, se burlaban. Me han tratado muy mal. Por suerte los pude identificar e hice la denuncia correspondiente”, detalló.

González agregó que a su sobrino “le hicieron preguntas de todo tipo, le preguntaron si consumía droga, si tomaba alcohol, preguntas que no venían al tema, se supone que nos agarran porque estamos rompiendo la cuarentena”.

En aquella ocasión, antes de liberarlo, “fueron a constatar mi domicilio, charlaron con mi mujer y me llevaron con la patrulla. Me dijeron que tenía que quedarme sin salir a la calle por 15 días y tuve que cumplirlos sin poder salir porque si me agarraban de vuelta me meterían preso”.

La detención fue días antes de la desaparición de Facundo: “Estaban cazando gente, salían a buscar gente, los cargaban en la patrulla, los dejaban dentro de un calabozo. Como se porta la policía en Villarino deja mucho que desear. Yo no sé si algún funcionario público sabe”. González mencionó que su problema “no es con la policía en general” sino que “estoy en contra de estos cuatro que fueron los que me hostigaron y me amenazaron”.

Cristina Castro declaró este martes por primera vez ante la justicia federal en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo Facundo.

El testimonio fue por videoconferencia desde Pedro Luro y fue escuchado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin. Por pedido de Cristina al Procurador General de la Nación no participó Santiago Ulpiano Martínez.

La madre del joven describió cómo, desde el inicio de su búsqueda, fue hostigada por efectivos de la Policía Bonaerense y desoída por el titular de la Ayudantía Fiscal de Médanos, Ariel Dimas García. En el ámbito judicial el maltrato y la falta de consideración a la víctima continuaría mediante el fiscal Martínez y algunes de sus funcionaries.

Castro logró asentar la denuncia el 5 de junio luego de insistir ante efectivos de la Comisaría de Pedro Luro. El comisario Fernando Grilloni fue el primero que tuvo a cargo la supuesta pesquisa aunque permanentemente repetía que Facundo estaba en Bahía Blanca y apuntaba que la ex novia y su entorno lo tenían escondido.

“¿Qué hacés vos acá?”, fue lo primero que le dijeron en la comisaría a Luciano Peretto cuando asumió la defensa de Cristina. Mientras tanto, Grilloni encabezaba los allanamientos ilegales en la casa de la ex novia de Facundo. Por la noche se presentó en la estación de servicio en la cual trabaja la mujer y amenazó: “Me importa un sorete lo que digan las redes sociales pero fijesé lo que están diciendo porque nos están pegando por todos lados”.

Grilloni dijo que desconocía la infracción que habían labrado a Facundo, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, por violar la cuarentena. “No le quedó otra que averiguar” y terminó mostrándole la foto de su hijo junto al patrullero, la misma que luego le esconderían hasta su filtración mediante La Brújula.

Castro recordó que un jefe policial le presentó a Siomara Flores en la comisaría: “Esta piba es la que llevó a tu hijo de Buratovich a Origone”. “Sí, lo llevé hasta allá”, dijo mirando al piso. Flores todo el tiempo estaba con un superior de apellido Catalán a su lado.

La madre de Facundo relató la obstrucción policial del ingreso a Buratovich y a Origone en el marco de los rastrillajes realizados a mediados de junio y las amenazas de Pablo Reguilón. “Ustedes no tienen nada que hacer acá, tienen que ir a Origone”, gritaba el subcomisario.

Cuando estaban en el acceso a Origone se les acercó corriendo Alberto González. El policía repetía que había parado a Facundo, que no tenía el DNI y por eso había fotografiado su carnet de conducir y mencionaba la dirección a la que se dirigía. “Delante de todos dijo que vio cómo se alejaba caminando”, afirmó Cristina. Días antes había declarado que Facundo había sido levantado por una Duster Oroch.

Al rato llegó en un patrullero de Médanos el jefe policial de Villarino, Marcos Navarrete, junto al oficial Berrios. “Le dije a Luciano: a mi flaco me lo mataron acá, ese que viene ahí es el diablo en persona, es el mismo oficial que ha maltratado y hostigado a los chicos del Semillero Cultural donde asistía Facundo”, afirmó la mujer.

En otro rastrillaje, los propios Bomberos Voluntarios de Pedro Luro que participaban con sus perros advirtieron que “algo raro” estaba pasando. Castro fue sola en esa ocasión aunque un oficial de apellido Pérez se encargó de marcarle el paso al ritmo del verdugueo policial. Era el mismo que luego aparecería en la Shell para provocarla: “Estamos gastando un montón de tiempo y recursos en un pendejo que no vale nada”.

Finalmente, Castro pudo contar a Heim y Azzolin detalles de la causa tras su paso a la justicia federal: los obstáculos y la desatención por parte del fiscal Santiago Martínez, las filtraciones de datos sobre testigos de identidad reservada y la introducción de la Testigo H mediante dos de los policías bonaerenses sospechados.

Para el ex juez federal, el proyecto enviado por el gobierno “no es una reforma total, simplemente es un comienzo” porque “la reforma judicial de un poder que fue conservador durante cien años no se va a lograr con una ley. La reforma es un proceso”.

Según sostuvo en diálogo con FM De la Calle, “decidir mejorar la Justicia es un proceso que va a ser muy duro” porque habrá resistencia de la familia judicial. “Por ejemplo, en vez de doce juzgados va a haber cuarenta. La creación de nuevos juzgados con jueces nuevos, seleccionados como corresponde entre gente decente, automáticamente, entre otras cosas, va a licuar el poder que actualmente tiene Comodoro Py. Y al poder no le gusta ser licuado. ¿Cómo les va a gustar si van a perder privilegios? Esa es la gente que se queja”.  

Para Rozanski, a partir del hecho de que, en caso de ser sancionado el mencionado proyecto, vayan a aumentar la cantidad de jueces y fiscales nombrarlos desde cero, podría llevarse adelante un proceso para disminuir el poder acumulado. Pero, a su vez, “eso no va a alcanzar. Va a tener que ser complementado, a mi entender, con otro tipo de medidas. Porque yo no me puedo olvidar de que hay una parte del poder judicial que colaboró, como ocurrió durante toda la historia, con los peores momentos. En este caso, durante los anteriores cuatro años, con una mesa judicial que persiguió opositores y que saqueó el país. La parte del poder judicial que colaboró con eso tendrá que ser revisada”.

El proyecto busca “transferir los juzgados que se llaman nacionales, del ámbito penal federal, pero que hoy no son federales sino que se llaman nacionales, que son los delitos ordinarios (robo, homicidio, violación), al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Lo cual no solamente es lógico sino que sino que además es un mandato constitucional”.

Muchos de los argumentos expuestos durante las reuniones plenarias en la cámara alta disimulan “la verdadera razón por la que se oponen” ya que “al senado vinieron integrantes de la Cámara del Crimen de Buenos Aires”, durante el proceso de discusión, “que hacen una encendida defensa de quedare donde están. Pero no se dice que se les mantiene el sueldo, el cargo, la antigüedad, el sistema previsional y la obra social. No se cambia nada. ¿Y por qué no quieren entonces? Porque su nombre no va a ser ´jueces nacionales´. Lo cual es absurdo porque son jueces de la ciudad de Buenos Aires. Lo digo porque también tiene un tufillo ideológico espantoso”.

Refiriéndose a la composición actual del poder judicial, el abogado señaló que “nuestra justicia fue siempre aristocrática. Diría más que aristocrática, porque ha sido conservadora y reaccionaria. Ustedes tienen algunos ejemplos también en la provincia y especialmente en Bahía Blanca. Todo el país está atravesada por una justicia que tiene una esencia reaccionaria, que además es patriarcal, es machista, y eso se traduce lógicamente en las decisiones”.

Carlos Rozanski fue designado por concurso con el mayor puntaje. El ex presidente Fernando de la Rúa había prometido nombrar al primero dispuesto en orden de mérito. Previamente había sido juez de la Cámara de Crimen de Río Negro durante diez años. “Después el tiempo fue mostrando cómo empezaron a modificarse esos criterios” de selección de magistrados.

“Es horrible que no haya participación popular, no sólo de los jueces si se pudiera, pero al menos de los consejeros”, refiriéndose a quienes integran el Consejo de la Magistratura.

Recordó el reciente intento propiciado por Cristina Fernández, quien “propuso una ley de democratización de la justicia que se sancionó y se promulgó. Esa ley preveía que los consejeros -que pertenecen a tres corporaciones, jueces, abogados y académicos-, iban a ser designados por votación popular. Son los que se encargan de designar las ternas y eventualmente iniciar juicio político”.

Es ley fue declarada “inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, en esa integración de la corte, había tres de los actuales jueces de la Corte Suprema que consideraron inconstitucional la participación popular en la designación de consejeros. Eso es ideología pura. Eso es lo que necesitamos modificar. No porque sea mala la ideología. La ideología es imprescindible. Lo que estoy diciendo es una ideología conservadora que lo que busca es que las cosas sigan como están, es decir, que se sigan designando jueces pertenecientes a un sector social específico, que es lo peor que nos puede pasar porque vamos a seguir teniendo una justicia clasista”.

El fiscal Santiago Martínez convocó a peritos adiestradores de perros para cuestionar el trabajo de Marcos Herrero y su perro Yatel en el rastreo de la esencia de Facundo Castro en patrulleros y dependencias policiales de la Bonaerense. Mientras el rionegrino y su can encontraron el amuleto del joven de Pedro Luro en un calabozo y marcaron su olor en tres vehículos, los perros de la Federal pasaron de largo.

Herrero fue convocado por Cristina Castro por recomendación de Mónica Cid, quien esta mañana reivindicó su trabajo al recordar su intervención en la búsqueda del cuerpo de su hija Micaela, víctima de grooming seguido de femicidio.

“Vengo escuchando cada barbaridad, a un perito que dice que es imposible que después de tanto tiempo se encuentren rastros cuando Marcos volvió después de ocho meses y encontramos la billetera de (Jonathan) Luna y otros elementos. Que se lo ponga en tela de juicio a él y a la mamá es terrible. Él trabaja para la justicia, duele muchísimo, cuando la miseria de las personas hace que se piense mal, que su trabajo no es verídico. Dan pena”, dijo a FM De la Calle.

Herrero y su perro Duke encontraron el cuerpo de la niña el 28 de mayo de 2016 luego de seguir su rastro por más de 10 kilómetros. Había desaparecido el 23 de abril. Entre el 11 y el 18 de marzo de 2017 volvieron al lugar y encontraron las llaves de Mica y la billetera del femicida.

Cid recordó que en la búsqueda de su hija “habían trabajado dos perros más, trabajó K9 de Punta Alta y la Policía Federal. Nadie dio encontró nada”.

Al ser consultada acerca de los resultados negativos de los perros rastreadores de las otras fuerzas en el caso de Facundo, afirmó: “No me llama nada la atención, lamentablemente los perros no están preparados o no saben leer lo que el perro les está indicando”.

“La confirmación, que sea Facundo, es un dato importante en la causa pero la investigación debe seguir. Falta el informe de la autopsia que necesita tiempo para que los estudios complementarios puedan estar y, con eso, veremos si el cuerpo arroja alguna información más”, dijo a FM De la Calle la abogada Margarita Jarque.

La integrante del equipo jurídico de la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que participan “como querella institucional por la preocupación que implica la desaparición forzada de personas -ahora seguida de muerte-”.

“Entendemos que esa pista principal que encontramos es a partir de la intervención policial en distintos tramos de lo que podríamos llamar el camino de Facundo del 30 de abril, pero también esa intervención policial que aparece sobradamente a posteriori, a medida que toma estado público, y a partir de la intervención indebida que tienen como fuerza auxiliar en la causa provincial”, afirmó.

Jarque dijo respecto al patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca peritado este jueves que los datos del GPS arrojaron movimientos irregulares en “esta fecha sintomática que es el 8 de mayo que (coincide) con algo constatado que es la confirmación de la borradura de las redes de Siomara Flores y los mensajes en una especie de clave entre personal policial que todavía no encuentran una contextualización”.

En relación de los saltos de tiempo y distancia en el móvil policial bahiense destacó que “en pocas oportunidades los hemos visto y entendemos que eso tiene que ser ampliado en futuros informes, como también los horarios no han sido consignados”.

“Hemos detectado en el análisis de algunos celulares, algunas cosas que hemos puesto en análisis de la fiscalía y la jueza, por ejemplo, sobre interpretaciones de estos cruces de llamados por parte de la Policía Federal cuando su misión era bajar la información no interpretarla”, mencionó.

Acerca de las declaraciones del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien cuestionó que las querellas no hayan apelado decisiones de la jueza, Jarque argumentó que “el fiscal Martínez requiere de manera muy endeble dos imputaciones y detenciones, de Curuhinca y Sosa, solo por los mensajes crípticos, que había que dotarlos de mayor caudal probatorio. Eso no prosperó en cabeza de la jueza y eso generó el precedente en el cual luego se ampara para no otorgarnos los pedidos de detención, al momento del hallazgo del objeto”.

“Preferimos seguir dotando de información de parte de ambas querellas. Estamos fortaleciendo con un informe anticipado al Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para poner en conocimiento a los organismos de contralor de las responsabilidades del Estado, cuál ha sido el derrotero de esta causa, cuáles son los inconvenientes que hemos tenido como querella, con demoras en decisiones que esperemos estén saldadas con la incorporación de estos dos fiscales”, finalizó.

Foto: CPM.

El abogado querellante Leandro Aparicio adelantó que la semana que viene comienza una nueva ronda de declaraciones testimoniales y que este viernes se realizaba la pericia al denominado “patrullero perro” -sin controles de GPS- secuestrado en Buratovich.

Respecto a la incorporación de dos nuevos fiscales, mencionó que “en función de lo que había hecho el fiscal (Ulpiano) Martínez, que no abonaba esta teoría, le preguntamos ¿cuál es la teoría que tienen? Desaparición forzada -nos dijeron-. La única hipótesis es la desaparición forzada. Ahora con el agravante de la muerte. Lo que se investiga es la actuación estatal, a través de la Policía de Buenos Aires”.

Aparicio destacó que “en función de los hallazgos (de restos óseos en Villarino Viejo), vamos a pedir un rastrillaje completo”. “Se encontró una mandíbula, se consultó con el Equipo Argentino de Antropología Forense y dijeron que no es la de Facundo. Anoche se encontró un cuerpo, desconocemos si pertenece a la mandíbula que se encontró hace tres días. No sabemos si son dos cuerpos o tres. O más”.

Para el letrado los análisis de los restos deberían estar a cargo del EAAF: “Yo a la Policía Federal no quiero darle nada, no confío en absolutamente nada”.

En cuanto al estudio de los registros telefónicos de los policías bonaerenses dijo que requirieron información a “la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) y no a la Federal cuyos informes están incompletos y malintencionados. Se esperará para que cuando se formulen las detenciones e imputaciones sea un cuerpo orgánico y sustentado con pruebas. Nos van a permitir explicar situaciones que no sabemos porqué el fiscal hizo todo lo posible para impedir y detener las pruebas que tenemos”.

También confirmó que se encontraron capturas de pantalla del facebook de Cristina Castro en el teléfono de Siomara Flores realizadas el 1 de mayo, un día más tarde de la salida de Facundo a la ruta.

“Hay muchas cosas para saber de Siomara, las llamadas perdidas con la hermana (Jana Curuhinca) que borró de su teléfono y del vínculo de Siomara con algunas personas, otros policías”, detalló.

Por último, Aparicio comentó: “Pedimos un nuevo allanamiento al destacamento de Origone, que la jueza nos denegó. Parecía que había sangre en las paredes y queremos hacer la prueba de luminol”.

Foto: CPM.

FM De la Calle te muestra los rostros de los policías implicados en la desaparición del joven de Pedro Luro en el primer capítulo de ¿Quién mató a Facundo? Documental urgente en tiempo real.

De izquierda a derecha son Mario Gabriel Sosa, Jana Jennifer Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González.

Sosa y Curuhinca son los primeros oficiales que toman contacto con Facundo alrededor de las 10 de la mañana del 30 de abril para infraccionarlo en Mayor Buratovich por violar la cuarentena. Sin embargo, ambos policías permitieron que el joven siguiera camino a Bahía Blanca.

Sosa es el que posa junto a Facundo, probablemente esposado, de espaldas a la cámara de Curuhinca. Cristina Castro destacó que luego de ver una y mil veces ese retrato vio a su hijo sucio, sin una zapatilla y sin la gorra que usada permanentemente.

Entre los mensajes de texto borrados que se pudieron recuperar en el marco de la causa judicial Sosa dice a Curuhinca: “Nadie va a saber que FUIMOS NOSOTROS”. En el teléfono de Jana se encontró la última foto del DNI de Castro.

Siomara Flores se involucró directamente en el supuesto traslado de Facundo desde la zona de Buratovich hasta Teniente Origone en su auto particular. A pesar de la importancia de dicha información, se tomó 41 días para contarlo en la investigación.

Mucho menos tardó en revisar y tomar capturas del Facebook de la madre de Facundo cuando esta ni siquiera sospechaba de que su hijo había desaparecido. Esto fue el 1 de mayo y, siete días después, Flores anunció a sus contactos que eliminaba su Whatsapp de su teléfono. Fue el 8 de mayo, fecha en la cual los datos del GPS de un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca ubican al móvil durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Facundo. El patrullero estaba fuera de su rutina y del Partido de Bahía Blanca.

Flores es la tercera policía que lo ve en infracción y lo deja seguir camino a Bahía Blanca. Entre los mensajes que intercambió con Sosa y que luego borró, manifiestan “Vamos a ir todos presos”.

Es media hermana de Jana Curuhinca. Flores y Sosa son quienes introducen en la causa a la Testigo H cuando la Policía Bonaerense ya había sido apartada de la investigación por las sospechas sobre su accionar.

Alberto González fue calificado por la querella como “el alumno que no aprendió la lección”. Es el último policía que está en contacto con Facundo en el KM750 de la Ruta 3. Llega hasta allí luego de la denuncia de un matrimonio que ve al joven tirado en el asfalto. En su celular estaba la foto del carnet de conducir de Castro, quien supuestamente ya no tenía su DNI.

En sede policial declaró que Facundo se había ido en una Renault Duster Oroch. Luego manifestó que había seguido viaje a pie. La Testigo H tiene una Honda.

A diferencia de los testigos, dice que lo llamaron porque había un nene caminando sobre el alambrado. En sus anotaciones tenía escrito el nombre de la Testigo H con quien se supone que no tuvo contacto. La mujer dice que vio a otro policía junto a él y que el patrullero estaba perpendicular a la ruta. González declaró que estaba solo y la Hilux había quedado paralela al camino tras girar en U, lo cual le habría permitido ver por el espejo retrovisor a Facundo cuando siguió camino a Bahía. Es el cuarto policía que no lo regresa a su casa a pesar de estar en infracción.

En su Puesto Policíal el perito Marcos Herrero y su perro Yatel encontraron la sandía con la vaquita de San Antonio. Se trata del amuleto que Facundo siempre llevaba consigo por ser un regalo de su abuela.

Los fiscales marcaron su decisión de continuar la investigación que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.

(Comunicado de Fiscalía) Luego de que el Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca informara que los restos encontrados el 15 de agosto corresponden a Facundo Astudillo Castro, los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin decidieron ayer que la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén a disposición de las partes, como así también que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) coordine y concentre la actividad pericial, entre otras medidas adoptadas de acuerdo a los alcances de una reunión que los representantes del Ministerio Público Fiscal mantuvieron el martes con Cristina Castro Alaniz, sus abogados y la querella institucional.

Azzolin y Heim -titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente- fueron designados el 28 de agosto por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, para intervenir en forma conjunta o alternada con Martínez. La decisión se plasmó en la Resolución MP 197/20.

El martes de esta semana los tres representantes fiscales mantuvieron un encuentro con la querella particular constituida por la mamá de Facundo Astudillo Castro, Cristina Adriana Castro Alaniz, sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto Ithurralde, la representante de la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de querella institucional, Margarita Jarque, y Malena Derdoy y Paola Rosero, directora de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y coordinadora del área de Violencia Policial de esa dependencia, respectivamente. En esa reunión -celebrada un día antes de que la magistrada María Gabriela Marrón notificara los resultados del cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)- las partes compartieron puntos de vista y aspectos del curso del proceso y se acordaron ciertos lineamientos para su desarrollo y continuidad; se escuchó especialmente a la mamá de Facundo, para quien se puso a disposición la continuidad y refuerzo del acompañamiento que exige el hecho objeto de investigación.

Los fiscales marcaron en su decisión de ayer que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.

Los fiscales explicaron que las diligencias se ordenaron en función de los alcances de esa reunión y de las exigencias del estado actual de la causa, como lineamiento de trabajo para encarar la nueva etapa de la investigación.

En ese sentido, designaron a la DATIP para que concentre y coordine, en lo sucesivo, la totalidad de estudios periciales de todas las especialidades, técnicos y químicos, entre otros, que se hayan dispuesto y concluido, que se encuentren pendientes y aquellos que se proyecten ordenar. Las diversas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) que están llevando a cabo análisis sobre teléfonos, equipos de geolocalización, inspecciones en espacios físicos y vehículos, libros de guardia policiales, entre otros, deberán remitirle sus informes técnicos en el estado en que se encuentren, “mediante la debida preservación de la cadena de custodia de los objetos, dispositivos y materiales objeto de pericia de que se trate”. De esa manera, será la DATIP quien sistematizará la información y hará consideraciones en el marco de un análisis integral sugerido por la PROCUVIN.

Para evitar interrupciones o traslados innecesarios, sobre ese punto se aclaró que previamente a su remisión DATIP deberá evaluar “si de acuerdo a los alcances o especificidad de algunos de ellos, su abordaje puede ser afrontado técnicamente” y, en caso contrario, “se informe inmediatamente a la investigación qué gabinete especializado entiende que podría ejecutarlo”.

Martínez, Azzolin y Heim también fijaron un cronograma para continuar recibiendo declaraciones testimoniales de manera virtual, que serán grabadas. En caso de ser necesario, quienes testifiquen y lo soliciten podrán contar con el acompañamiento de la DOVIC.

Asimismo, el equipo fiscal le hizo saber a las partes que se harán las gestiones necesarias para que en lo sucesivo la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén disponibles “a través del Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales LEX100 y, cuando eso no sea posible, se compartirán los archivos a través del servicio de nube del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Esas medidas forman parte de un paquete en el que también se encuentran el repaso de una veintena de estudios periciales e informes que restan ser examinados, finalizados o realizados; requerimientos de información telefónica de agentes policiales; al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y sobre los móviles que circularon por la Ruta Nacional 3 entre Mayor Buratovich, Teniente Origone y General Daniel Cerri y adyacencias desde el 30 de abril pasado, entre otras.

A las 19, FM De la Calle estrenará, a través de su canal de YouTube, el primer capítulo de “¿Quién mató a Facundo? Documental urgente en tiempo real” sobre el caso de Facundo Castro.

En este primer episodio se presenta a los protagonistas del hecho de violencia institucional que conmueve a todo el país.

Facundo desapareció el 30 de abril y ayer el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que los restos encontrados en la zona de Villarino Viejo pertenecen al joven.

“Tiene que ver no solo con cuáles son las líneas de investigación sino con una lectura del caso. Fuimos a investigar a Pedro Luro, fuimos a Villarino, estuvimos en Origone, estuvimos en el recorrido de la querella en Buenos Aires y ahí nadie dice que la policía es una institución encantadora, que si usted comete una imprudencia de tránsito le dice ‘siga siga’, como se viene diciendo”, comentó el realizador Federico Randazzo.

Agregó que “pudimos confirmar que Facundo era un chico politizado, involucrado en la lucha por los derechos humanos y con un compromiso hacia la calidad de la democracia. Desde mi punto de vista es muy claro a dónde están las responsabilidades y hacia dónde dirigir la investigación”.

“¿Quién mató a Facundo?” es una producción colectiva del equipo periodístico de FM De la Calle para comprender el contexto y el subtexto de un relato policial y mediático que busca encubrir el pedido de justicia por Facundo, encabezado por su mamá, Cristina Castro.