A un año de nuestra RED

, , , , , ,

(Por Red de Comunicadoras de Bahía Blanca) Cumplimos un año “en red”. Estamos agradecidas y movilizadas. Recorrimos un camino impensado y fortalecedor. Desde aquellas primeras mateadas en las que nos encontramos, a los comunicados colaborativos que hicimos públicos para expresar nuestro repudio a despidos y a las violencias sufridas en medios locales de prensa… hemos aprendido a visibilizarnos y a acompañarnos.

Nos faltaba sólo eso: encontrarnos de verdad. Escucharnos, descubrir nuestras coincidentes decepciones y sorprendentes sueños compartidos. Repensarnos en el despertar feminista para muchas, con los consejos oportunos y aleccionadores de aquellas ya transformadas por este movimiento liberador.

Con plena diversidad nos conformamos como RED. Elegimos esa forma de organizarnos porque somos tejedoras profesionales. Punto a punto hemos hilvanado nuestro oficio, algunas veces sin cuestionarnos demasiado, incluso las situaciones dolorosas que padecimos trabajando periodísticamente. Pero ahora llega el tiempo de desovillarlas, desandarlas, para deconstruirnos y seguir creciendo. Y para eso, nos volvimos a elegir.

Somos una RED inspirada en la gran participación de las mujeres en los escenarios públicos de Argentina y Latinoamérica. Creemos indispensable enlazarnos con otras organizaciones y saberes para complementar nuestro camino y prácticas cotidianas. Nos posicionamos activamente frente a la condena del silenciamiento y aislamiento que pretende imponer la cultura liberal y patriarcal.

En la Red de Comunicadoras Bahía Blanca construimos un espacio para escucharnos, formarnos y no callar más. En nuestro primer año, produjimos materiales audiovisuales y documentos con pronunciamientos colectivos, nos reunimos con ganas y constancia y logramos un relevamiento histórico donde reflejamos las desigualdades y violencias sufridas en nuestros ámbitos laborales. Fue presentado el 25 de noviembre, un día elegido con la certeza de que mucho tenían que ver: contextos actuales y resultados. Y así fue. Ante una gran convocatoria y gracias a la numerosa participación de encuestadas, pudimos contar con fundamentos las brechas de género y la inequidad laboral perpetuada en los medios locales de comunicación, cuyos puestos de decisión son ocupados por hombres, injustamente, en su amplia mayoría.

Hasta el lenguaje que usamos ilustra estas realidades, por eso también lo cuestionamos e intentamos su utilización no sexista, a pesar de que sigan considerándolo “accesorio”. NOMBRARNOS es reconocernos. Despojarnos de los prejuicios y mandatos del lenguaje para aprehenderlo desde una praxis liberadora, capaz de identificar las nuevas representaciones.

Queremos agradecer una vez más y públicamente a las profesionales que nos acompañaron en este proceso fundacional: Carolina Goldman, María Julia Eliossof y Agostina Costantino. Sus talentos y miradas feministas nos ilustraron la búsqueda y nos acariciaron el alma.

Como mujeres comunicadoras y trabajadoras en los medios privados, estatales y comunitarios, vamos asumiendo la importancia de reflexionar sobre las dimensiones de género. Sabemos que estamos comenzando, y que poner en palabras lo que nos pasó por el cuerpo lleva tiempo. Afrontarlo JUNTAS es un desafío que prometimos atravesar. Emocionadas e indignadas, alegres y reflexivas, enojadas e inconvenientes… pero SOLAS NUNCA MÁS.

No podríamos expresarlo mejor que Loahana Berkins: “esas cosas me parecen maravillosas y siento que de alguna manera tiene que ver con nuestra lucha. Acá estamos nosotras, poniendo la verdad en el cuerpo a todas las violencias, para seguir brillando.”

El ejercicio de relatarnos ya comenzó. Revivimos entonces, esos momentos llenos de dolor, avasalladas en el silencio cómplice de una redacción, en la producción de un móvil periodístico, en el insulto fuera de micrófono, en el golpe vil ante las miradas de una sala de prensa, en las decisiones que nos dejan sin poder preguntar, nada más y nada menos. No para revictimizarnos. Sí, para dejar testimonio a las que vienen y vendrán. Nombres y apellidos de violentos que ya no tendrán el privilegio del anonimato, para desempolvar su miseria. Ya pensaremos en protocolos internos de alerta y cuidados sororos.

A un año de empezar a “tejernos” para desentramar nuestras experiencias y forjar la trama colectiva, nos habita un profundo orgullo por lo realizado y un sincero agradecimiento a quienes nos escucharon y nos dieron la oportunidad de expresarnos. Hoy valoramos este presente JUNTAS. Y resuenan en nosotras las palabras de Ana Cacopardo… “Hay vidas celebradas tan a fondo, que parecen no alcanzar varias vidas más para contarlas”.

Intentaremos narrarlas, porque somos las historias que contamos.

Gracias por vuestra lectura, les deseamos un 2020 de muchas alegrías y sanas resistencias.

/por

Día clave para la defensa del agua en Mendoza

, ,

(Notas Periodismo Popular) Este lunes habrá sesión de la Legislatura provincial con el objetivo de derogar la ley 9209 que habilita la megaminería y restituir la 7722. Así lo dispuso el gobernador Rodolfo Suárez el pasado viernes luego de una semana de movilizaciones masivas en rechazo a la normativa.

Los festejos recorrieron toda la provincia de Mendoza el viernes pasado. Por la noche el gobernador radical Rodolfo Suárez anunció que enviaría un proyecto a la Legislatura para derogar la ley 9209 votada una semana antes. “Si bien es legal no tiene la legitimidad del pueblo”, dijo.

La fecha señalada para la votación es este lunes y estará acompañada, como todos estos días, de una importante movilización popular en la capital provincial.

La normativa ahora vigente dejó sin efecto a la 7722 que protegía los recursos hídricos mendocinos abriendo las puertas al desarrollo de emprendimientos megamineros. Es que, entre otras cosas, se eliminó la prohibición de la utilización de químicos contaminantes como el cianuro.

Antes de la votación del viernes 20 de noviembre ya habían comenzado las protestas. Sin embargo tras la aprobación por parte del Poder Legislativo -con los votos del oficialismo y casi todo el peronismo opositor- y promulgación por parte del gobernador, se intensificaron.

Esto llevó a Suárez a anunciar, a mitad de semana, que frenaría su reglamentación para “informar” mejor a la población sobre los fundamentos de la ley. Pero fue rechazado por un espectro tan amplio como variado y transversal de la sociedad mendocina que continuó exigiendo como única salida la derogación. Allí se cuentan desde las Asambleas Ciudadanas en defensa del agua, pasando por los productores vitivinícolas, la Iglesia Católica y hasta la Comisión de Reinas de la Vendimia que instó a suspender la tradicional fiesta hasta que no haya una respuesta satisfactoria a sus demandas.

La presión popular obligó a Ejecutivo a dar marcha atrás. Sin embargo, las manifestaciones se sostienen y anunciaron que no terminarán hasta que la derogación de la ley 9209 figure en el Boletín Oficial.

En ese marco este sábado se realizó en Uspallata una asamblea de todas las asambleas de Mendoza en defensa del agua. La localidad fue elegida porque a 30 kilómetros se intentó instalar el Proyecto San Jorge, un emprendimiento megaminero de capitales rusos. “Hay representantes de la empresa que van casa por casa preguntando qué necesita la gente. Lo que piden se los dan, con la condición de que cuando la minera tenga licencia social tendrán que trabajar para ella”, relató a Página/12 Federico Soria, de la Asamblea por el Agua de Uspallata. “Han apadrinado una escuela del barrio más pobre; le construyeron el edificio a una unión vecinal”, agregó.

Asimismo este domingo se mantuvo el “banderazo” de carácter plurinacional convocado en toda la provincia y que tuvo una gran participación. A lo largo de la ruta 40 hubo varios puntos en los que se ondearon banderas argentinas pero también la wiphala.

Este lunes todas las fuerzas estarán concentradas en la Legislatura donde se espera que las mismas personas que aprobaron la ley hace apenas 10 días, ahora la anulen. En caso de concretarse será un hecho histórico para la provincia y un importante precedente en la lucha por la defensa del medioambiente a nivel nacional.

/por

Mendoza rebelde por el agua

, , , , ,

(Por Eduardo Latino – OPSur) En horas de la noche se mantuvieron las movilizaciones y los cortes de ruta en distinros puntos de la provincia. Mientras tanto, se publicó la promulgación de la nueva ley que reforma la 7722 en el Boletín Oficial. Mientras el pueblo se mantenía movilizado, el Gobernador Rodolfo Suárez, en un acto de provocación visitó a un supuesto policía herido, por las manifestaciones, en el hospital.

La jornada ha sido extenuante. Las largas columnas de manifestantes con distintos carteles y banderas en favor del agua se multiplicaron con el correr de las horas. Todo hacía presumir que la marcha de la mañana sería la más grande de la historia, cuando la noche llamó a un cacerolazo que se convirtió en un nueva “Marcha de la Dignidad”. Alrededor de 50 mil personas se movilizaron por todo el radio céntrico de la ciudad de Mendoza y culminaron la marcha en la Legislatura provincial, donde el viernes último se aprobó la reforma de la Ley 7722, que los y las asambleístas han llamado “la ley guardiana del agua”. Paralelamente a la histórica movilización, el pueblo de Uspallata mantuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, que conecta con Chile a través de la cordillera, hasta pasada la medianoche. En San Carlos, el corte de ruta fue sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos y se sostuvo también hasta horas de la noche. En el Departamento de General Alvear, al sur de la provincia cuyana, los cortes de ruta se sostuvieron durante todo el día.

La policía reprime a La Marcha

más grande de la historia de Mendoza

 

La nueva ley que se promulgó hoy, y que el gobernador Suárez envió al Boletín Oficial, es la 9209, ley que ya desde las asambleas socio-ambientales han salido a denominarla “ley minera”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación al llamar en horas de la tarde a la Senadora Nacional, Anabel Fernández Sagasti, a una reunión urgente para analizar lo que sucede por estas horas en Mendoza. Sin embargo la senadora ha guardado silencio y solo ha hecho un comentario vía Twitter en el cual trata de desmascarse del gobernador Suárez respecto a la represión y ha decidido mantenerse ajena a la conflictividad que crece en su provincia desde que se avanzó en un acuerdo PJ y UCR para aprobar la reforma de la ley. La militancia activa que sigue a Sagasti se ha manifestado disconforme, a punto que según una fuente allegada a la senadora, que se manifestaban en apoyo de la Ley 7722, comentó: “los grandes responsables de esta situación son Anabel (Sagasti) y Lucas (Ilardo), sobre todo este último que ha manejado muy mal las cosas, incluso durante la campaña”.

La noche se ha profundizado para los dos partidos mayoritarios que muestran una crisis política de dimensiones poco conocidas en los últimos tiempos. La noche ha marcado un hito histórico y una movilización que refleja el nivel de descontento masivo y una soberbia desde la gobernación, que están poniendo al límite la institucionalidad y la credibilidad política en la provincia. El nivel de descontento que se percibía a lo largo de las más de cinco cuadras de marcha, colmada por familias, amigos y amigas, vecinas y transeúntes casuales de las avenidas de la capital mendocina, son espejo de lo que sucede al otro lado de la montaña, donde el pueblo chileno reaccionó desde el lugar menos esperado para la clase política. Suárez está en una encrucijada, a punto que la gobernabilidad se muestra en juego ante manifestaciones tan masivas que expresan fuertemente que en Mendoza “No hay licencia social” para el extractivismo, en particular para la megaminería. Eso es lo que quedó claro esta noche en una movilización histórica.

Inés Alman, de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, adelantó que “el jueves tendremos asamblea después de este día histórico y analizaremos si volvemos al corte de ruta” Desde horas de la mañana Alvear se volverá a movilizar a las rutas con cortes y con ánimo de sostenerlos durante todo el día. La rebeldía crece desde el malestar que se profundiza ante el accionar del ejecutivo provincial. Las voces de rechazo se multiplican y el desconcierto político es el actor dominante de un fin de año caliente en la provincia del sol y del buen vino.

/por

“¿Cuándo les va a tocar a los grandes grupos económicos?

, , , ,

La CTA Bahía Blanca rechazó el artículo 51 del proyecto de ley de Solidaridad Social que obtuvo este viernes media sanción en Diputados. La norma, suspende por 180 días las subas previstas por la ley de movilidad previsional.

El 49% de les jubilados/as de ANSES cobran la mínima de 14 mil pesos sin cubrir el costo de la canasta básica. Otro 16% perciben entre uno y dos haberes mínimos.

El secretario general, Enrique Gandolfo, dijo a FM De la Calle que “sin dudas la gestión macrista agravó la situación de los jubilados. Ponemos en cuestión la lógica de por qué se llama solidaridad social a impedir que aumente la jubilación de quienes ganan más de 19 mil pesos, como si quienes estén entre 19 y 30 mil pudiesen ser considerados ricos, para ser solidarios con quienes cobran la mínima”.

“Esto merece una consideración integral. Si el sistema previsional está desfinanciado hay que restituir los aportes patronales que fueron reducidos durante la gestión de Menem y Cavallo y que nunca más fueron subidas. Y también que haya una campaña por la registración del trabajo precarizado que no aporta y que conforma el 35% de trabajadores de la Argentina”, aseguró.

+

El dirigente se preguntó “cuándo les va a tocar a los grandes grupos económicos, a los grandes bancos, empresas de energía eléctrica, de gas y petróleo, que han ganado millonadas. Además, la decisión presidencial de bajar las retenciones a las mineras y al petróleo, no solamente no castigarlos sino bajarles las retenciones”.

/por

Para recuperar el FOMECA

, , , ,

(Por Brenda Daney* y Sebastián Janeiro**) Tras cuatro años de la Alianza Cambiemos, el FOMECA sigue vivo. Paralizado primero y subejecutado después, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual deberá ser una de las políticas públicas que el nuevo gobierno ponga en valor prioritariamente para garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios.

La mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) establece en el artículo 97 que se debe destinar específicamente y de forma concursable el 10% de los fondos recaudados en concepto de gravámenes a “los servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”. Con el FOMECA, los medios comunitarios y de pueblos originarios contaron por primera vez en su historia con una política pública de fomento destinada exclusivamente a promover su desarrollo y sostenibilidad. Esta discriminación positiva les permitió acceder a equipamiento técnico; mejorar la infraestructura física de sus emisoras; fortalecer los procesos de gestión organizacional; y realizar producciones audiovisuales de calidad, que aportan a la diversidad, el pluralismo, la construcción de ciudadanía y la inclusión social.

El FOMECA comenzó a implementarse en julio de 2013. Hasta 2019 la recaudación del fondo según la LSCA acumuló más de $1.500 millones. Sin embargo, en seis años solamente se asignó al fondo más de $640 millones de los cuales se pagaron tan solo $340, es decir alrededor de un 23% del fondo previsto por ley. Así, el FOMECA posee un remanente (dinero no ejecutado) que supera los $1000 millones, que debería reasignarse en los futuros concursos, tal como reclaman desde hace años las redes de medios comunitarios, populares y alternativos. https://www.farco.org.ar/trabajadores-y-trabajadoras-de-medios-comunitarios-y-populares-sin-nada-que-festejar/

Cambiemos intervino y disolvió la autoridad federal de aplicación para dar lugar a un ente gubernamentalizado que despidió a más de 400 trabajadorxs y jibarizó al área encargada del FOMECA. En paralelo, se encargó a la SIGEN una auditoría “integral” sobre los fondos otorgados entre 2013 y 2015, que duró siete meses y sirvió para congelar los pagos de años anteriores y frenar nuevos concursos por casi un año. A partir de ahí se demonizó a la comunicación comunitaria e indígena y se cuestionó la pertinencia del Estado para apoyar y promover al sector. Además, se hiper burocratizaron los mecanismos y requisitos para presentarse, se cuestionaron las rendiciones con objeciones arbitrarias e infundadas, y se instauraron procesos administrativos interminables que prolongaron aún más los tiempos del FOMECA. En 2019 aún se pagan concursos de 2017 y todavía no se saldaron deudas de 2014 y 2015, las cuales son afectadas por la espiral inflacionaria.

Resulta vital que el nuevo gobierno comience a revertir la política comunicacional que durante cuatro años buscó asfixiar y vaciar a los más de 330 medios y proyectos comunitarios e indígenas. Para ello, será imprescindible: pagar las deudas del pasado y reasignar el dinero remanente de años anteriores; llamar a concursos con más frecuencia atendiendo a las demandas prioritarias de los medios; simplificar y agilizar los procesos de presentación y análisis; establecer reglamentos estables y acordes a las necesidades y características del sector no lucrativo; capacitar y acompañar presencialmente; nombrar jurados idóneos y vinculados a la temática; y restituir a los medios comunitarios e indígenas su lugar de participación e incidencia en los organismos de promoción y aplicación. Porque #SinMediosComunitariosNoHayDemocracia.

* Profesora de Filosofía (UBA) – @Brendinit1

** Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) – @sajaneiro

Publicado en La ventana de Página/12

/por

“Pusieron todas las armas contra el pueblo”

, , ,

El titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel, compartió con FM De la Calle su experiencia como integrante de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano que viajó días atrás al estado plurinacional.

Describió el clima represivo de la dictadura de Jeanine Añez, la indefensión de las víctimas y sus familias y la persecución a los sectores opositores a los golpistas.

Evalúan presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la justicia de nuestro país.

“El objetivo era entrar y no prenderse en ningún tipo de provocación. Entrar y escuchar a las víctimas. Pudimos encontrar un lugar tranquilo y dedicarles mucho tiempo a los familiares de las víctimas y a todos los que están sufriendo la represión”, relató.

El primer ataque ocurrió al llegar al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra donde un grupo de civiles agredió a la delegación ante la inacción de la policía.

“Era previsible porque hay una intolerancia en la sociedad que apoya al golpe muy grande, hay una venganza, una revancha a todo el proceso que empezó este grupo de pueblos originarios, de movimientos sociales, de equilibrar la balanza y repartir igualitariamente las riquezas”. Luego, el ministro golpista Arturo Murillo les amenazó abiertamente.

“Si a nosotros nos trataron así, no se imaginan lo que están padeciendo los militantes, los dirigentes sociales y de pueblos originarios. Se tienen que mover cada tres o cuatro días a distintos domicilios para que no les pase nada. Les están rompiendo las organizaciones, las están debilitando, es realmente horroroso”, comentó.

Pimentel manifestó que en Argentina “hay una grieta que ojalá empiece a achicarse, pero allá se ha hecho un cráter de una medida tan grande que va a costar muchísimo remontarlo”.

Destacó “el grado de perversidad que hubo en los ataques”. Por ejemplo, en Senkata, “pusieron todas las armas militares en contra del pueblo para cuidar una planta de gas de petróleo, mandaron diez tanques de guerra, dos helicópteros, y desde ahí fue desde donde más dispararon y más mataron. Las heridas mortales fueron todas arriba, en los hombros, en los brazos, la cabeza. Eso da las claras desde donde tiraban. Gente que iba a trabajar, que estaba trabajando, que pasaba por ahí, fue victima de esta locura”.

“Lo grave también es que no tienen un Poder Judicial donde hacer la denuncia. No hay ningún abogado -pero ninguno, eh-, hemos hablado con dirigentes de alto rango del MAS que están escapando antes que los metan presos y no tienen abogados que los defiendan. Todos los abogados de la matrícula en Bolivia, por miedo o vaya a saber qué, no están queriendo tomar casos y representar a las víctimas. Nos pidieron ver de qué manera podemos acompañarlos en la búsqueda de defensa”, afirmó.

El dirigente dijo que están sistematizando el material recogido y avanzar en una denuncia por delitos de lesa humanidad en los tribunales argentinos.

“Hay personas que están heridas y escondidas porque los pueden llegar a meter presos y otros están en hospitales públicos pero a la espera de elementos para la operación. Están como depositados. Por eso vinimos con esa misión de ver como se canaliza a través de Cáritas, ver si Cáritas de Argentina puede hablar con Cáritas de Bolivia y darles una mano hasta tanto el gobierno se haga cargo”.

La delegación comprobó “hechos gravísimos como tener detenidos a menores con problemas de retraso madurativo acusados de sedición, terrorismo y tenencia de arma de guerra porque fueron detenidos por vecinos de un barrio de clases medias altas y, por temor de que les vayan a robar, los vecinos los detuvieron, los ataron con alambre, les pegaron, vino la policía y les plantó todo esto que digo. Fueron llevados presos a un instituto de menores. De esta manera justifican que hay toda una banda de terrorismo que está asolando Bolivia y siguen justificando la represión”.

“Hay personas desaparecidas. La última reunión que tuvimos fue con dirigentes del MAS, le hicimos esa pregunta, nos confirmaron que sí y la otra característica es que hay tanto miedo que no lo han denunciado en ninguna parte. Primero porque no hay quién les tome la denuncia y, segundo, porque hay un temor muy grande de que los salgan a buscar y les pase algo a los familiares”, sostuvo.

Pimentel opinó que en “cualquier escenario que se dé que gane algún sector contrario a esta banda de golpistas delincuentes le va a ser muy difícil gobernar. (…) Y si gana esta gente que ha arrebatado a través de un golpe la vida política de Bolivia creo que el grado de venganza va a ser muy fuerte y van a volver a la política de sometimiento de los sectores más pobres”.

“Eso va a llevar a que los grupos, las organizaciones sociales se endurezcan mucho más y salgan a defenderse y ahí puede producirse una cosa muy compleja, dios quiera que no porque va a costar muchas vidas humanas, ya las está costando”.

/por

Denuncian a Macri por la deuda fraudulenta

, , ,

El Observatorio por el Derecho a la Ciudad y otras organizaciones denunciaron al presidente Mauricio Macri, a su ex ministro Nicolás Dujovne y al titular del Banco Central, Guido Sandleris, por los acuerdos con el FMI.

Les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y de administración fraudulenta contra la Administración Pública.

“Esperamos que la justicia investigue y no archive la causa y que el próximo gobierno y el Congreso realicen una auditoria de la deuda”, dijo a FM De la Calle el abogado Jonatan Baldiviezo.

La denuncia afirma que “el FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales”.

“Son tres aspectos: considerar que la deuda no es democrática, no ha sido aprobada por el Congreso Nacional que es el único poder competente para que el Estado se endeude. Se hizo revivir una ley muerta del año 2010 para tomarla. Es de una gravedad institucional muy importante, es la deuda más grande de la historia argentina que no se ha discutido con los representantes del pueblo y, por eso, el Estado y los ciudadanos argentinos no deberían asumir la carga”, comentó.

Baldiviezo agregó que tampoco “se cumplieron los pasos administrativos previos para autorizar el acuerdo con el FMI, no hay dictámenes técnicos previos del Banco Central, dictámenes jurídicos, nada que prevea la situación del Estado sobre si era posible pagar la deuda, tampoco existe una autorización de Macri a su ministro -por entonces Dujovne- o al presidente del Banco Central autorizando la deuda”.

“La tercera es para qué se utilizó esta deuda”, dijo. Desde junio de 2018 a julio de 2019 ingresaron a la Argentina U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones.

“Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y, por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido. En todo el período de Macri, la fuga superó los U$S 83.000 millones. La intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales”.

La demanda advierte además que “la devolución del crédito otorgado y absorbido en el fallido intento de reelección macrista debe ser devuelto de manera concentrada en el período 2020 – 2024. La acumulación de vencimientos con el organismo por un monto de U$S 51.039 millones en esos años define la inviabilidad financiera de la Argentina”.

/por

“El hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales”

, , , , ,

En los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando reiteradamente ante la justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas.

Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada.

En varías unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre.

La CPM también reclamó al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari que tome medidas urgentes. El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.

El organismo también reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitas, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.

Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos, en ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.

En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

El testimonio de una persona detenida grafica aún más este padecimiento: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”. La defensoría agrega que todas las personas entrevistadas dijeron tener hambre.

La falta de alimentación y la mala calidad de la comida, combinada con el régimen de vida las graves condiciones de detención, constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuyo consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.

/por

Comunicado de la segunda asamblea anual 2019 de AMARC Argentina

, , ,

Entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre las asociadas a AMARC Argentina nos encontramos en Luyaba, Provincia de Córdoba, en el marco de nuestra segunda asamblea del año 2019, en la que FM Las Chacras nos recibió como anfitriona.

Fueron jornadas de intensos debates e intercambios en las que pudimos poner en común nuestras miradas sobre el recrudecimiento de la derecha que golpea a nuestro continente.

Frente al avance de los gobiernos de neoliberales, conservadores y estrechamente vinculados a las religiones neopentecostales en América Latina, sin legitimación popular, a través de la judicialización de la política, procesos de lawfare y golpes de Estado maquillados de institucionalidad; reivindicamos y reforzamos el rol de los medios y radios comunitarias de nuestro continente. Ante la desinformación y los intentos de ir contra la voluntad popular de los pueblos latinoamericanos cobra especial énfasis nuestra perspectiva de la comunicación como un derecho humano y se vuelve vital para entender y comprender los procesos socio políticos. No es casual que esta avanzada surja en el contexto de una nueva ola de reivindicaciones de los movimientos feministas, estudiantiles e indígenas y nuestros medios no pueden ignorar que las políticas extractivistas, se anclan, fortalecen y fundamentan en el capitalismo y el cis-hetero-patriarcado.

A nivel nacional, podemos destacar el décimo aniversario desde la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde AMARC Argentina, continuamos exponiendo nuestros reclamos históricos. Si bien algunas de nuestra radios comunitarias han recibido licencias, otras quedan fuera de toda posibilidad de regularización por falta de planificación técnica o con esperas indefinidas, dejándolas en una situación de incertidumbre. Expresamos la importancia de los Fondos de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y que estos se ejecuten sin dilaciones. Asimismo, repudiamos la concentración y discrecionalidad en los criterios de distribución de la pauta oficial a nivel nacional provincial y municipal, favoreciendo a los medios hegemónicos y con fines de lucro.

Desde AMARC Argentina manifestamos la necesidad urgente de una Ley de Pauta Nacional que nos contemple; pedimos la designación de personas idóneas en los organismos encargados de atender los reclamos y/o el fomento de nuestro sector; exigimos la normalización de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y que el Estado ejecute el total del dinero, que por ley corresponden a fomentar nuestra actividad a través de los FOMECA.

Durante el transcurso de la asamblea, tuvimos la oportunidad de dialogar con integrantes de distintas organizaciones del campo popular de la región. Esta charla nos lleva a expresar nuestra preocupación por la amenaza constante a la que son sometidas las comunidades transerranas por diferentes proyectos y emprendimientos vinculados a lógicas extractivistas como la megaminería, el
turismo, la agricultura basada en la aplicación intensiva de agrotóxicos y las obras públicas destinadas a la extracción de esos bienes.

Nos preocupan sobremanera las situaciones de violencia de género que comienzan a visibilizarse en la región y que dan cuenta de prácticas que se han realizado con el silencio, la inacción, complicidad del Estado y parte de la comunidad. En este sentido es que exigimos la aparición con vida de Delia Geronimo Polijo, quien falta de su hogar desde el 18 de septiembre de 2018. Desde entonces no se han logrado conseguir datos relevantes durante la investigación, y la misma corre el riesgo de frenarse totalmente si no fuese por la movilización popular.

Manifestamos también nuestra preocupación por el procesamiento de estudiantes de universidades nacionales, a partir de los procesos de lucha en defensa de la educación pública, en los que como acción directa se llevaron a cabo tomas de distintos edificios. En particular, en la Universidad Nacional de Córdoba donde una compañera de Radio Revés, perteneciente a nuestra red, fue imputada y procesada bajo la carátula de usurpación por despojo. Ante esta situación, repudiamos la criminalización de la protesta y la persecución a lxs estudiantes.

Después de cuatro años de un gobierno que nos persiguió como sector y que favoreció la concentración de grupos empresarios mediáticos históricamente beneficiados por el Estado, aguardamos la llegada de la nueva gestión, a la que haremos llegar nuestros reclamos históricos.

Estamos convencidas de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las licencias otorgadas son derechos conquistados y no un regalo del Estado. Sin medios comunitarios no hay democracia.

AMARC Argentina – Diciembre de 2019

/por

“La respuesta al VIH sufre en Argentina un deplorable retroceso”

, , ,

En el marco de la conmemoración de un nuevo Día Mundial del Sida, las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH expresaron la preocupación ante el retroceso en materia de salud pública para las atención de las personas que conviven con el virus.

“Nos encontramos a pocos días de que el proyecto de nueva Ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual pierda estado parlamentario una vez más. El gobierno de Macri demostró su falta de voluntad política durante estos años para impulsarla y sus legisladores para sancionarla”.

La Ley vigente desde 1990 necesita actualizaciones que por segunda vez perderían la posibilidad de volverse una realidad. “Este nuevo proyecto pretendía incluir el enfoque de derechos humanos, en contra del estigma, de producción y compras públicas de medicamentos y que declara de interés nacional los tratamientos de VIH”, señaló a FM De la Calle José María Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo.

En el documento señalan que “hemos padecido en primera persona el desabastecimiento y la falta de tratamientos. No ha habido planificación ni previsión en las compras de medicamentos antirretrovirales desde 2016. Se subejecutó el presupuesto asignado al área de competencia, y de manera continuada se abandonó el mecanismo habitual de compra anticipada de medicamentos mediante licitación pública, provocando desabastecimiento en la provisión de los mismos a escala nacional, como también innecesarias compras directas que representaron un injustificado incremento en los los precios y la falta de garantías de transparencia en la adquisición de los medicamentos”.

“La resistencia está dada por la definición política de la salud de este gobierno. Este año la disminución de preservativos fue notoria, lo mismo que pasó con la leche de fórmula para madres con VIH  y la alimentación de sus hijos. Tiene que ver con la degradación del Ministerio de Salud”, argumentó Di Bello.

/por

Impunidad biológica: murió Héctor “Ginebra” Chisu

, , , , ,

Uno de los imputados que debía ser juzgado en la demorada causa Triple A falleció este fin de semana. Se trata de Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, ex miembro de la custodia del interventor de la UNS Remus Tetu y, luego, del general Adel Vilas.

Chisu había sido detenido por la Policía Federal en mayo de 2015 en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. El juicio por los crímenes de lesa humanidad de la banda paraestatal tiene audiencia programada para el 12 de febrero de 2020 aunque eso no significaría el inicio del debate.

En una etapa procesal anterior de la misma causa está imputado el ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti.

Antes de la detención del represor ahora fallecido, fueron necesarios dos pedidos de pronto despacho de la Fiscalía ante el juez subrogante -hoy fiscal federal- Santiago Ulpiano Martínez para que active la acción penal contra algunos de los responsables de más de una veintena de homicidios de militantes políticos.

Héctor Oscar Chisu integró -al igual que su hermano Miguel Ángel- la “seguridad” del interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, tal como lo indican los testimonios y la documentación entregada por la casa de altos estudios a la justicia federal en abril de 2006.

Durante la dictadura, fue custodio del general Adel Edgardo Vilas, quien fuera segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 51. Además, fue agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de Chisu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por asociación ilícita.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos/as y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los magistrados señalaron que el diputado Rodolfo “Fito” Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

/por

Declaración de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia

, , , ,

Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.

Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:

1. Marco político y social: golpe de estado y gobierno de facto

1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.
Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.

6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.

2. Violaciones a los Derechos Humanos

Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

Esta delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones:

Masacres perpetradas contra población civil:
Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.

Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.

Desaparición forzada de personas

Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.

Torturas, violaciones y delitos sexuales

Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.

Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares

Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.

Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales

Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales.

Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa

Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.

Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.

Represión de manifestaciones públicas

Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.

Restricción manifiesta de la libertad de prensa

La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.

Promoción del racismo y los discursos de odio

Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.

Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción

Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.

Inacción y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.

Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.

Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales

Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron.

Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.

Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.

En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.

Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.

Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.

La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.

Agustin Lecchi / Agustín Mingorance / Alicia Montoya / Aníbal Rubén Mosquera / Carlos Alfredo Juárez Centeno / Carlos Zaidman / Carolina Palacio / Cristina Vera Livitsanos / Daniel Catalano / Diego Morales / Federico Fagioli / Fernando Rey / Gabriela Carpineti / Gustavo Palmieri / Ignacio Andrés / Ismael Jalil / Iván Wrobel / Juan Grabois / Juan Martín Hissa / Juan Monteverde / Juana Marisa Llanos / Leonardo Pérez Esquivel / Lisandro Ulises Arijon / Luis Arias / Manuel Alejandro Rivero / Marcos Norberto Novo / Marianela Navarro / Mario Andrés López / Martín Miguel Ferrari / Mauricio César Rojas Garrido / Natalia Zaracho / Pablo Garciarena / Pablo Pimentel / Roberto Carlés / Samanta Jimena Delgado / Sandra Carreño / Sergio Job / Sergio Smietniansky / Simeón Darian Casimiro / Victoria Freire

/por

Este sábado en La Pana – Resistencia cultural contra el golpe

, , , , , , ,

? Desde las 18:30 convocados por el CCultural La Panaderia y FM De la Calle un conjunto de trabajadorxs de la cultura y comunicadorxs organizamos la jornada :

? ! Latinoamérica despierta! – Resistencia cultural CONTRA EL GOLPE DE ESTADO.

Como un espacio de manifestación y construcción de memoria frente al racismo, el colonialismo y el avance de la cultura autoritaria y golpista como está sucediendo en Bolivia. Como también para reivindicar el derecho a la rebeldía de los pueblos.

? Desde las 18:30 se desarrollara una RADIO ABIERTA . ¡Venite con el termo y mate!

? A partir de las 20:00 cortamos la calle y se suman diversas intervenciones culturales hasta la medianoche.

? Si tenes, tráete un pedazo de tela con algunos de los colores de la Whipala, de la suma de retazos confeccionamos la bandera multicolor de los pueblos originarios.

#LatinoamericaDespierta
#AbajoelGolpeenBolivia

/por

“No quiero que a ellas les pase lo mismo”

, , , , , ,

La periodista Jesica Ripodas relató algunos de los episodios de violencia que sufrió en el ejercicio de su profesión en diferentes medios y etapas de su carrera.

Lo hizo rodeada de sus compañeras de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, en el marco de la presentación de los resultados de la encuesta sobre violencias realizada a más de un centenar de trabajadoras de medios locales.

“A mí me pasa algo particular que tiene que ver con el amor a la profesión -aseguró-. La primera vez que se me pasó por la cabeza trabajar de esto me encantó y le puse toda la garra. En el camino me encontré con situaciones poco felices pero nunca, nunca, ni cuando tenía 23 años, me permitieron que bajara los brazos. Por momentos me sentí mal por eso pero siempre decidí seguir adelante con la decisión de laburar pese a todas”.

“Sí hoy, de la mano de todas ellas, puedo ver que un montón de cosas no fueron gratis. Cuando tenía veinti tantos años, estaba trabajando en un medio de comunicación y, en un momento determinado, cuando el dueño decide echarme y yo respondo con la demanda desde el punto de vista laboral y legal, me cruza en la Municipalidad de Bahía Blanca -yo estaba trabajando con otro medio- y me pega una trompada”.

Recordó que “con mis veinti tantos años y con un micrófono en la mano. Tenía un par de compañeras al lado mío. Fuimos a la fiscalía a hacer la denuncia -con esa edad y con el miedo pertinente- y no sabíamos cómo iba a terminar esa situación. Yo no sabía si iba a poder conseguir otro trabajo y la seguí remando”.

“Pasaron más de diez años y cuando estaba embarazada, no hace mucho tiempo, el gerente de un canal decidió hacer lo suyo: hostigarme, maltratarme, intentar cambiar mi horario porque no era servil a algunas cuestiones que no debía serlo, honestamente creía que no. Tenía temor de perder mi trabajo y denuncié porque no corresponde. Veía el sufrimiento, primero mío cuando estaba embarazada, y cuando no me permitió amamantar porque quería hacer lo que se le antojaba conmigo, me iba llorando y él me disfrutaba. Así y todo junté las ganas que tenía o lo poco que me quedaba y me fui a hacer la denuncia”, dijo.

Ripodas destacó que “en todos los casos hice la denuncia. No sé si mañana voy a seguir teniendo trabajo, pero sí sé que me fui siempre con la frente bien alta. Y otra cosa sé: que no quiero que a ellas les pase lo mismo. Yo no lo voy a permitir”.

/por

El maestro Mederos participa del festival de la UMSur

, , , ,

Rodolfo Mederos está en Bahía Blanca para participar del Festival TangoSur. Entre otras actividades, protagonizará la función de cierre de este viernes junto con uno de los bandoneones de su orquesta típica, Miguel Ángel Caragliano.

Esta mañana dialogó con Astor Vitali en el programa En Eso Estamos. Por la tarde será uno de los panelistas de la carla-debate “Pasado, presente y porvenir de la música popular”. Estará en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera con Caragliano, Agustín Guerrero y Leonel Capitano.

FM De la Calle transmitirá desde las 18 por el 87.9 Mhz.

“Es curiosa esta trilogía: Estado, mercado y hacedor. Viéndolo desde arriba, todos son seres humanos. El mercado, el Estado y el tango son consecuencia del ser humano. El ser humano ha decidido organizarse de esa manera, tiene Estados que no le conviene y mercados que no les sirven, pareciera que inventa formas de estar en la tierra que no son muy convenientes”, afirmó.

Agregó que “en medio de este caldo surgen las músicas, genuinas, con alto poder de representatividad que por supuesto no son representadas ni por el mercado ni por los gobiernos, sino no estaríamos en una radio como esta. Pareciera que son internas en la raza humana. Hay que hacer paritarias, hablar con gobiernos, con el mercado, inventar festivales autogestionados”.

“Yendo a la tierra, el mercado es esa invención tóxica que tenemos que cargar como una mochila, hay que hacer música pero que se venda, necesitamos vivir de esto, vivir es vender y vender es como mancillar lo que hacemos, es como vender los hijos. Se le pone un precio de mercado, no por el propio valor sino por otras razones, terminamos siendo una especie de cloaca donde intentamos hacer algo bueno pero enseguida tenemos que tirar la cadena. Hay que ponerlo en una buena vidriera”, afirmó Mederos.

El bandoneonista destacó que “la música tiene que abrirse paso. ¿Cuándo es genuina? ¿Cuando le hace pito catalán al mercado? Entonces, no vende. ¿Qué pecados debe cometer el músico que quiere hacer su tarea de buena manera para no quedar fuera del sistema? ¿No es perverso? ¿No haría falta que toda la humanidad haga psicoanálisis?”.

“La organización de la raza humana nos obliga a tener ciertas actitudes y a elaborar lo que hacemos casi predestinadamente. Pero, ¿esa música va a gustar? Pero eso ya lo hizo otro. Pero ¿eso será moderno? Toda esas preguntas se las hace el músico, un productor y también el público”.

“Con lo cual hay una infectación de la evaluación de qué es lo artístico, qué es esa puta melodía que acabo de componer, a quién representa, cómo se abre paso en medio de esta descomunal y desigual batalla que es: cómo hago para que esta música me dé de comer mañana y cómo hago para comer mañana no haciendo algo de lo cual me tenga que arrepentir”, concluyó.

La agenda

JUEVES

SEDE CULTURAL de la COOPERATIVA OBRERA (ZELARRAYÁN 560)
18 horas
Charla-debate
“Pasado, presente y porvenir de la música popular”
Panel con Rodolfo Mederos, Miguel Ángel Caragliano, Agustín Guerrero y Leonel Capitano.
Entrada libre y gratuita.

CENTRO CULTURAL LA PANADERÍA (LAMADRID 544)
Segunda noche del festival
21.30 horas
Alberto D’Alessandro – Bahía Blanca Tango – La Viaraza
23 horas
Trío Berretín y después…
Tocamos, cantamos y bailamos “a la parrilla”
Entrada general $150
______________________________________
VIERNES
CONSERVATORIO DE MÚSICA (LAMADRID 441)
11 horas
Hagamos el tango
Ensayo abierto a cargo de Rodolfo Mederos y Miguel Ángel Caragliano (Buenos Aires) con la Orquesta Típica En Conserva (Bahía Blanca).
Libre y gratuito en calidad de oyentes con inscripción previa.

SEDE GREMIAL UMSur (ZELARRAYÁN 692)
14 horas
Análisis y composición del tango en el siglo XXI
Taller a cargo del pianista, compositor, director y arreglador Agustín Guerrero
(Burzaco, Buenos Aires). Libre y gratuito con inscripción previa.

TEATRO GRAN PLAZA (ALSINA 170, ALTOS)
Gran cierre del festival
21.30 horas
Rodolfo Mederos, Miguel Ángel Caragliano y Orquesta Típica En Conserva – Lucio Passarelli Cuarteto y la voz de Susana Matilla – Agustín Guerrero y Leonel Capitano – Víctor Volpe y Nora Roca.
Entrada general $300

/por

Conclusiones e interrogantes del informe de la Red de Comunicadoras

, , , , , , ,

La Red de Comunicadoras de Bahía Blanca presentó ayer los resultados de una encuesta realizada a 120 trabajadoras de medios locales. Estas son sus conclusiones y algunos interrogantes que plantean las periodistas.

– En los medios de comunicación local, al igual que en otros ámbitos del mercado laboral, las mujeres no trabajan en un marco de paridad.

– Los medios locales están compuestos mayoritariamente por varones.

– Las trabajadoras de la comunicación poseen amplia formación académica y pese a ello no acceden a puestos jerárquicos de decisión.

– Solamente una de las encuestadas afirmó tener un puesto de decisión en cuestiones de contenido periodístico.

– Que los medios estén compuestos y dirigidos mayoritariamente por varones da cuenta del “techo de cristal”, es decir de los límites en la carrera profesional para las trabajadoras, pero no se trata solamente de una cuestión de poder en un esquema jerárquico. Lo que está en juego es la posibilidad de generar contenidos, prácticas y significaciones que tiendan a deconstruir la desigualdad.

– Las disidencias sexuales no están representadas en los medios locales.

– “La mayoría de las trabajadoras tiene un segundo trabajo por fuera de los medios, lo que demanda preguntarnos: ¿cuánto tiempo laboral destinamos al sostenimiento de la vida? ¿bajo qué condiciones? ¿cuánto vale nuestra elevada formación aquí recopilada en nuestras carreras profesionales?”.

– Existe una naturalización de la precarización y falta de exigencia ante el no cumplimiento de los derechos laborales.

– Las trabajadoras son la variable precarizada en la mayoría de los puestos de trabajo.

– Las violencias y realidades de desigualdad que se viven son más notorias en los medios privados. Vale destacar que son los medios privados los que se llevan el mayor monto de la pauta oficial de publicidad.

Estos resultados convocan a reflexionar sobre qué incidencia real tienen en los medios locales de comunicación, las normativas vigentes sobre equidad de género e igualdad de oportunidades.

¿A quiénes les cabe la responsabilidad de hacerlas cumplir?

¿Dónde y con qué acompañamiento cuentan las personas que denuncian estas desigualdades?

¿Puede el Estado financiar estas prácticas de opresión y discriminación laboral
a través de la pauta publicitaria oficial?

Develar esta trama y enfrentarla colectivamente será nuestro compromiso como Red de Comunicadoras Bahía Blanca.

Esta labor tendrá continuidad porque lo que nos pasó y pasa a las trabajadoras de la comunicación locales en nuestros trabajos no es una sensación individual sino una realidad colectiva.

/por

Niñez traslada jóvenes ilegalmente

, , , ,

El traslado de jóvenes alojados en centros cerrados bajo la órbita del Organismo de Niñez y Adolescencia provincial sólo puede realizarse con orden judicial. Sin embargo, sus funcionarios no respetan esta normativa.

Recientemente, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Bahía Blanca puso en conocimiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) un caso de extrema gravedad de un joven que fue víctima de violencia luego de ser trasladado de manera ilegal.

“Este caso fue muy simbólico porque el joven sufrió torturas, golpes y abusos al ser trasladado a La Plata. Ellos consideran que tienen estas atribuciones de hacer traslados sin aval judicial. A veces no son detectables pero como sufrió estas torturas el defensor se anotició que no había sido requerido el aval”, dijo Marcelo Iafolla a FM De la Calle.

La CPM pidió la intervención de la Suprema Corte para requerir que se cumpla la autorización judicial previa.

Iafolla, director de Niñez de la Comisión, comentó que “cuando este joven manifiesta lo ocurrido, se tomó la decisión de sacarlo de ese centro, se impuso el arresto domiciliario para sacarlo del circuito de encierro. Ahí está la otra parte que es el deber de cuidado que debe tener el Organismos de Niñez que es lo que estamos planteando, ellos deben cuidarlo”.

Para la CPM, el hecho es la constatación de las graves consecuencias que generan decisiones arbitrarias e irregulares por parte de los funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

“Como está estructurado el Sistema Penal Juvenil lo que han creado son cárceles para jóvenes. La estructura de adultos se replica: hacinamiento, mala alimentación, ausencia de ámbitos educativos, atención de la salud muy precaria. Se piensa en niños y jóvenes como con los adultos no respetando la Ley del Sistema Penal Juvenil que habla de mínima intervención penal y de mucha intervención del sistema de promoción de derechos”, concluyó Iafolla.

/por

Asunto separado: ¿en qué creemos en Argentina?

, , ,

Se conocieron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina. El trabajo permite por primera vez comparar e interpretar continuidades y rupturas.

El catolicismo disminuye aunque conserva una mayoría atenuada (62.9%). El 18.9% de la población no tiene religión y los sectores evangélicos crecen al 15.3%.

Una buena: en una década se duplicó la proporción de quienes afirman que el aborto es un derecho de las mujeres. Dos malas: la mitad de la población se manifiesta a favor de la pena de muerte y 7 de cada 10 reclaman controles migratorios más estrictos.

Por otra parte, la sociedad argentina considera mayoritariamente que el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas, rechaza la enseñanza confesional en la escuela pública y objeta el sostenimiento exclusivo a la Iglesia Católica.

La investigación fue realizada en el marco del programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL/CONICET, dirigida por les dres. Fortunato Mallimaci, Verónica Giménez Béliveau y Juan Cruz Esquivel.

“Vivimos una modernidad capitalista que produce sociedades y religiones donde los vasos comunicantes y los vínculos históricos y sociológicos son múltiples. Ante un sentido común ‘perezoso’ que universaliza y generaliza, veremos en esta investigación cómo han cambiado (o no) y cuáles son los distintos sentidos, acciones, cuidados del cuerpo y el alma, culturas, visiones, identidades y representaciones de las personas que habitan en la Argentina”, dice Mallimaci.

Destaca que “alrededor de un cuarto de la población interactúa cotidianamente en espacios religiosos sin que otro espacio político, social, cultural o actividad local compita. Por eso, a no olvidar, las religiones siguen siendo importantes comunidades de interpretación en un mundo de incertidumbres y actores socio-religiosos significativos en el territorio y en la vida política y cultural de nuestro país”.

Principales emergentes de la encuesta

Adscripción religiosa, creencias, prácticas y el Papa Francisco.

A medida que aumenta el nivel educativo hay mayor proporción de sin religión. Las y los evangélicos predominan en los niveles educativos más bajos.

El NOA es la región más católica. En AMBA y Patagonia se registra la mayor proporción de sin religión.

En Patagonia y NEA el porcentaje de evangélicos supera al del resto del país.

La individuación se consolida en el campo religioso: las personas prefieren relacionarse con Dios por su propia cuenta, se registra una caída en la asistencia semanal al culto y predominan las prácticas religiosas que se realizan en la intimidad.

La elección de un Papa argentino no modifica significativamente la vida religiosa de la Sociedad. El Papa Francisco motiva posiciones socio- religiosos contradictorias en la población.

Sociedad, Estado y religión

Entre 2008 y 2019 se duplica la proporción de quienes afirman que el aborto es un derecho de la mujer.

La mayoría considera que debe estar permitido en algunas circunstancias. Las y los evangélicos son quienes más se oponen al aborto, los y las sin religión aquellos que están más a favor.

La mayoría de las y los habitantes de Argentina cuestionan las concepciones patriarcales sobre la familia y los roles de las mujeres y los varones en el hogar. El modelo patriarcal de familia se destaca entre las y los evangélicos. Entre las y los católicos y sin religión aparecen mayores niveles de aceptación de la diversidad familiar y el matrimonio igualitario.

La postura frente al control migratorio y la pena de muerte para los delitos graves se constituyen como un desafío para los Derechos Humanos. La mitad de la población se manifiesta a favor de la pena de muerte y 7 de cada 10 reclaman controles migratorios más estrictos. Las y los evangélicos son quienes más rechazo declaran hacia la pena de muerte.

/por