El Tribunal Oral de Bahía Blanca realizará el 4 de septiembre la audiencia preliminar del debate oral en la causa que investiga crímenes de les humanidad ocurridos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Cinco integrantes de la Triple A serán juzgados por el delito de asociación ilícita y, en un caso, por el homicidio en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo.

Se trata de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

Por otra parte, se espera que el juez federal Walter López da Silva defina la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Néstor Luis Montezanti.

Al momento de ratificar los procesamientos de los miembros de la patota que llegarán próximamente a juicio, la Cámara de Apelaciones destacó la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

Curzio, de acuerdo a la pesquisa, fue identificado entre “los matones de la patota de la UOCRA” local, dominada por el diputado Raúl Ponce. Chisú, por su parte, se incorporó, tras el golpe de Estado, como agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

Para los camaristas, los elementos de prueba reunidos permiten tener demostrado que los imputados participaron de las actividades desplegadas por la organización delictiva, “brindando su aporte material” para “cumplir con los objetivos criminales propuestos”.

Señalaron que Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

Homicidio en la Universidad

Años atrás, los jueces Álvarez y Tripputi confirmaron además el procesamiento del acusado Aceituno por su participación en el “homicidio agravado del que resultó víctima David Hover Cilleruelo”. El agravamiento del delito radica en “haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”: varios testigos coincidieron en que “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo y el propio Aceituno.

Cilleruelo era secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS. Para aquél día estaba pautada la inscripción de los estudiantes en las distintas materias y Cilleruelo se encontraba junto a sus compañeros convocando a los alumnos a la participación en la Asamblea de delegados de Centros de Estudiantes para la ratificación de las autoridades de la Federación Universitaria que lideraba.

De acuerdo a la investigación, Cilleruelo fue abordado por un grupo de integrantes de la patota y baleado en presencia de gran cantidad de alumnos, “para luego retirarse del lugar en un vehículo Ford Falcon color verde claro, con techo vinílico color blanco, con patente de bronce que brindaba constancia de su pertenencia al Rectorado de esa institución”.

Durante el 2018, 1.621 víctimas denunciaron 6.300 hechos de tortura y/o malos tratos por parte de agentes penitenciarios y efectivos policiales en la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal.

El dato se desprende del informe del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos presentado ayer en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria. Del relevamiento participaron además la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani—UBA.

“Esto significa 1.000 denuncias más que las recibidas el año anterior y es el correlato inmediato del aumento de la tasa de prisionización y, por lo tanto, el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención”, manifestaron.

Agregaron que “la profundización de las políticas de mano dura y la ausencia total de políticas de prevención, sanción y erradicación de la tortura siguen recrudeciendo la crisis del sistema carcelario y de seguridad”.

En las cárceles bonaerenses, se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura; más del 70% son jóvenes, personas menores de 35 años. El aislamiento y la falta o deficiente atención de la salud son las prácticas más denunciadas.

En este informe, además, se hace un relevamiento particular de otra denuncia recurrente: los traslados constantes que implican un alto nivel de rotación por distintas unidades penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada una como forma de castigo.

Por su parte, en el sistema federal, 926 víctimas denunciaron 2.886 hechos de tortura y/o malos tratos; 6 de cada 10 víctimas son jóvenes, menores de 35 años. Las agresiones físicas y el aislamiento son los hechos más denunciados. El aislamiento produce un “encierro dentro del encierro” y expresa cabalmente la multidimensionalidad de la tortura. Justificado por las autoridades penitenciarias como “sanción” y como “protección”, es también aplicado como régimen de vida de los pabellones y forma parte de la rutina cotidiana de gestión de la cárcel.

Desde el 2015, el RNCT registra también las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Este año, se relevaron 986 hechos de torturas y/o malos tratos; más de la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Sólo en el territorio provincial, 114 víctimas denunciaron 550 hechos ejercidos, en su mayoría de la policía bonaerense, en tres instancias: aprehensión, traslado y detención en comisarías. Las agresiones físicas son las más denunciadas. En el ámbito federal, la situación es similar, 112 víctimas denunciaron 436 hechos de torturas y/o malos tratos; una de cada cuatro denuncias son por agresiones físicas.

“Todo esto ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido, incluso, por el Estado. También los organismos internacionales de derechos humanos reclamaron medidas para revertir esta crítica situación, pero nada hicieron. Estas graves violaciones de derechos humanos son parte de políticas diseñadas para provocar estas consecuencias y la responsabilidad es de los tres poderes del Estado”, aseguró la CPM.

El organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel afirmó que “a pesar de la gravedad de estas cifras, son sólo un registro parcial, las violaciones a los derechos humanos son la regla permanente del sistema penal. La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad. Con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención”.

El tribunal oral leerá el veredicto del segundo tramo de la causa Armada el próximo miércoles 28 de agosto por la mañana. Dos días antes, los genocidas serán trasladados por primera vez al Aula Magna de Colón 80 para decir sus última palabras.

“A este juicio nunca fueron traídos, lo siguen por videoconferencia. Están todos con prisión domiliciaria, la mayoría en Buenos Aires, salvo tres casos que están en libertad”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

El debate giró en torno a los secuestros, torturas y homicidios cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano contra 64 víctimas, casi un tercio de cuales continúan desaparecidas.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas. El miércoles 14 será el turno de las réplicas y dúplicas en la sede del TOF de Chiclana y Lavalle.

Fermento comentó que las defensas hicieron los planteos habituales, entre otros puntos, cuestionaron la calificación de genocidio y se opusieron a la ampliación de la imputación por delitos sexuales.

“Solicitamos que se revoquen las domicilarias en función del dictado de la pena. Es una de las cuestiones a las cuales se opuso la defensa. Queda a criterio del tribunal. Consideramos que de dictarse la condena aumenta la expectativa de que esa pena quede firme, recordemos que hasta que no se agotan las instancias de revisión el imputado sigue como imputado y no como condenado”, explicó.

“Esta escisión que hacemos con el bife, de no considerar que viene de una vaca que mataron, que estuvo hacinada, que vivió horriblemente mal, la hacemos con el otro y entonces podemos discriminar, matar, total es otra cosa”, dijo a FM De la Calle la escritora Agustina Bazterrica.

La autora de Cadáver exquisito -distopía en la cual a falta de animales se cría, procesa y consume carne humana- lo denominó “canibalismo simbólico”.

Se trata de “entender cómo discriminamos al otro, cómo es la violencia y cómo lo comemos simbólicamente. El ejemplo más tremendo es la trata de personas, hay mujeres y hombres canibalizados todos los días de su vida, violados todos los días de su vida, que están ahí cautivos y van a morir ahí”.

A raíz de un aparente virus, los animales se vuelven incomibles y se empieza a faenar humanos en frigoríficos. El protagonista, Marcos Tejo, trabaja en ese circuito de la carne humana. La novela empieza con él haciendo el recorrido, va a la carnicería, a la curtiembre y al criadero humano donde el dueño le hace un regalo empresarial: una hembra para que crie o faene. En definitiva, Marcos tiene una mujer desnuda en su galpón.

-Una mujer con algunas particularidades…

Es una mujer comestible, un producto que en la novela se define como “cabeza”. No tiene cuerdas vocales y tiene una marca de fuego en la frente, que es la que hoy le ponemos a las vacas.

-¿Cómo fue la investigación?

Soy obsesiva, estudié un montón, no solo textos relativos a cómo se procesan los animales, sino ficción y textos filosóficos.

-¿Cómo llegas al tema?

La novela está dedicada a mi hermano, Gonzalo Bazterrica, que es chef y tiene un restaurante a puertas cerradas acá en Buenos Aires. Lo que me interesa de Gonzalo es que es un estudioso de la alimentación consciente y gracias a las charlas con él y a mi propia investigación hice un cambio de alimentación y en ese proceso dejé de comer carne.

Cuando lo hice fue como que se corrió un velo, fue como tomarme la pastilla de Matrix, se abrió otro mundo. De ver el bife en el plato y pensar esto no es más un bife, esto es un pedazo de un cadáver de un animal que mataron y la revelación de cómo, el hecho de elegir algo íntimo que no influye a nadie, impacta en el resto de la gente. Me hicieron bullying, siempre que digo que soy vegetariana hay una reacción, con chistes o con alguna defensa del otro lado. La gente no se queda pasiva cuando le decís eso.

Un día pasé por una carnicería y vi pedazos de carne y dije acá hay cadáveres y lo naturalizamos completamente. En la India la vaca no se come porque es sagrada y acá sí. En China, según lo que leí, se comen perros y gatos y acá los tenemos como mascota. Entonces dije: esto es una cuestión cultural, podríamos perfectamente comer carne humana y legalizarlo.

Ahí surgió el germen de la novela, empecé a investigar y un día me senté y la escribí.

-¿Por qué crees que se les hace bullying a quienes manifiestan no comer carne?

Es una posición política dejar de comer carne. Estás yendo en contra de una tradición muy arraigada, sobre todo en Argentina.

La otra vez hablaba con un periodista de Finlandia -el libro se tradujo a nueve idiomas, entre ellos el finés-, él me decía que al principio pasaba esto de la enorme resistencia, ahora ya no porque está más naturalizado, hay muchas opciones para veganos y vegetarianos.

Pero, sin dudas, creo que en el inconsciente hay algo que dice sé que esto que estoy comiendo viene de un animal que mataron, que claramente no quiere morir, ni como vos ni como yo ni como ningún otro ser, pero lo naturalizamos y al momento de comer el bife no pensamos en eso. Cuando viene un vegetariano eso aparece de alguna manera. Yo siempre aclaro que no soy fanática, no me interesa ninguna forma de fanatismo, me parece una forma de violencia, tampoco me interesa el fanatismo vegano por más que coincido en su forma de pensar. Cada cual vive sus procesos. Cada cual sabrá, a veces no podés exigir a una persona que deje de comer carne, por un montón de cuestiones.

-La novela va mucho más allá en la crítica, hacia el capitalismo o esta idea de canibalismo simbólico.

Exactamente. Lo que critico es el capitalismo del cual somos todos hijos e hijas, nos tenemos que hacer cargo de eso. Lo que hace este sistema es generar estas escisiones, estos quiebres. Nos volvemos devoradores de otros. Devoradores del otro de manera literal, como lo hacemos con los animales, que consideramos una otredad, que no entendemos, nos ponemos en un lugar de soberbia total como especie, también somos animales. Y también devoramos la otredad del otro ser humano, porque esta escisión que hacemos con el bife, de no considerar que viene de una vaca que mataron, que estuvo hacinada, que vivió horriblemente mal, la hacemos con el otro y entonces podemos discriminar, matar, total es otra cosa.

Lo que planteo en la novela -intento hacerlo muy sutilmente, no pretendí escribir un manifiesto ni un panfleto vegano- es entender cómo discriminamos al otro, cómo es la violencia y cómo lo comemos simbólicamente. El ejemplo más tremendo es la trata de personas, hay mujeres y hombres canibalizados todos los días de su vida, violados todos los días de su vida, que están ahí cautivos y van a morir ahí. La trata es el tercer negocio más productivo del mundo, con las drogas y la venta de armas.

Este sistema está porque lo permitimos todos. Un camino es ser solidarios con los otros. No sé si dejar comer carne es la solución a algo, no sé si intentar dejar un impacto positivo en el mundo todos los días es la solución porque por ahí mañana explota. No sé. No quiero vivir sin saber que lo intenté.

-¿Se trata de romper ciertas naturalizaciones? Esto de llevar al extremo de comerse un par, pasa todo esto alrededor tuyo como si nada…

Está la matriz de la carne, la enorme matriz del patriarcado que viene del capitalismo. Naturalizamos que las mujeres y las minorías tienen menor valor que los hombres. La gran matriz de la medicina, tal como la conocemos arrancó con fuerza en el siglo XVIII, la Organización Mundial de la Salud está bancada por Rockefeller.

Hay cosas que cuestionarse, tomar decisiones, informarse para vivir menos esclavos. El tema de la libertad es polémico, porque hasta qué punto somos libres, pero al menos empezar a cuestionarse y abrir otras puertas de realidad.

Yo intento plantear eso con la novela.

-Hasta qué punto somos libres o nos dejan ser libres, hasta qué punto podemos acceder a determinadas informaciones. En la novela propones un trabajo con eufemismos, palabras que no se dicen, silencios, ¿por qué te interesa eso?

El lenguaje es un gran constructor de realidad, nos constituye, nos da identidad y está vivo. El lenguaje oficial es el que en general encubre, la literatura, especialmente lo veo en la poesía, es la que descubre.

Por eso en las grandes distopías -si bien la única que leí cuando estaba terminando la novela fue “El cuento de la criada” de Margaret Atwood-, había leído “Fahrenheit 451”, “1984” e inclusive en “El cuento de la criada”, se queman libros, se prohíben, se generan nuevas palabras y se prohíben otras. Me parecía importante pensar cómo el lenguaje es otro de los constructores de realidad y que puede aprisionarnos o liberarnos. Ahí intervienen los medios, las instituciones, los médicos, el Estado.

-¿Qué repercusiones tuviste con el libro?

Es maravilloso todo lo que está pasando con el libro, es el sueño de la escritora. Aparte que va por la cuarta edición, está traducido a nueve idiomas y que se va a hacer la serie, lo mejor es lo que le pasa a lectores y lectoras que me escriben todo el tiempo.

Mucha gente dejó de comer carne luego de leer el libro. Otros se comieron un asado después, pero reflexionaron muchas cosas. Una persona me denunció en la Sociedad Argentina de Escritores porque estaba indignada con el final, eso para mí fue muy hermoso.

Lo mejor para mí es que lo están dando en muchas escuelas, he ido a hablar a algunas y tener a los alumnos y alumnas hablando del libro, me han regalado obras de arte, hicieron book trailers, se re copan, los profesores me han dicho que lo leen todo y se lo van pasando a los amigos.

Independientemente del premio Clarín, que lo valoro y da la posibilidad de masividad, yo creo que el libro funciona por el boca a boca, podés ganar el premio pero si no funciona el libro queda ahí. Y esto de la cuarta edición es porque la gente, a pesar de todas las sensaciones horribles que tiene cuando lo lee, al mismo tiempo no puede dejar de leerlo.

-¿Qué libros recomendarías para continuar la lectura una vez finalizado Cadáver Exquisito?

Tengo mil libros. Siempre recomiendo autores argentinos contemporáneos. Ángeles Salvador tiene un libro que se llama “El papel preponderante del oxígeno”; Roque Larraquy escribió “La comemadre” que la rompe; Gabi Cabezón Cámara escribió “Las aventuras de la China Iron” que es increíble; “El artista más grande del mundo” de Juan José Becerra; tres nouvelles de terror que están en un solo libro de Diego Muzzio que se llama “Las esferas invisibles”; y una autora española que publicó en Argentina que se llama Ariadna Castellarnau que escribió “Quema”, una distopía impresionante.

Una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó la explosión en el Cracker 2 de Dow el 28 de junio.

Así lo plantea el informe final presentado por la multinacional al Comité Técnico Ejecutivo. Dicha válvula “debió ser la primera en abrirse” al poner en marcha la planta luego del corte nacional de energía del domingo 16.

El documento firmado por el apoderado Víctor Seguí, describe que “la presión del equipo V-907 aumentó como consecuencia del ingreso de la corriente de condensado proveniente del horno H-123 (90bar) que es la situación operativa normal de diseño, puesto que la válvula de alivio de presión que asegura el equipo no estaba alineada correctamente”.

“No se siguió con la metodología del sistema operativo de manejo del equipo para su puesta en marcha. Ello generó un sonido explosivo en el momento en que se liberó el vapor de agua allí contenido. El incidente no generó la liberación controlada ni descontrolada de ningún producto químico, tóxico o inflamable”, concluye.

Dow explota, CTE explica

Dos días después de la explosión, Dow habló de su “compromiso con la transparencia”, rezongó por las fakes news sobre el episodio y prometió “continuar informando” sobre sus causas. Desde entonces, ningún representante de la empresa dio la cara.

Ante el mutismo de la multinacional y tras varios días de silencio forzado por parte de las autoridades municipales, el titular del CTE César Pérez fue el vocero del informe final: “Confirma una de las posibles hipótesis que teníamos, que habíamos evaluado con la información que teníamos”.

“Esto se maneja así, la empresa hace su análisis y nosotros recibimos la información. Evaluamos, en función de eso, si técnicamente es viable o es una causa justificada de la explosión”, dijo y explicó: “Podemos resumirlo como una falla operativa, un error humano en llevar adelante el procedimiento de alineación del equipo para la puesta en marcha del mismo”.

Toda la documentación fue remitida al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y a la Fiscalía. El primero deberá resolver si cabe alguna sanción, en tanto desde el ámbito judicial resta determinar si la explosión implicó la comisión de un delito, es decir, si hubo o no afectación a personas o bienes de terceros.

Pérez estimó que, “en función de los daños, la empresa puede estar dos meses más sin producir, dependiendo del tiempo que demore la construcción de un recipiente similar, más la adecuación de las cañerías menores anexas a este equipo”.

El informe relata que luego del corte de energía y la parada de planta siguieron varios días de “preparación para iniciar las maniobras de puesta en marcha”, incluyendo reparación de equipos.

La madrugada del viernes 28 de junio escuchamos la explosión. Dice Dow: “Durante las maniobras de preparación para la puesta en marcha de la planta Cracker BB2, se produjo un evento de seguridad de proceso que motivó la rotura del aparato sometido a presión identificado como V-907 (en adelante, el ‘Equipo’), destinado a la contención de condensado y vapor”.

Según la versión oficial, la explosión “no produjo heridos ni afectación al ambiente, en tanto el equipo no era destinado al uso, transporte ni almacenamiento de sustancia química alguna que pudiera causar impactos negativos”.

El proceso de mantenimiento del equipo estallado y sus tres válvulas de seguridad había estado a cargo de SAIPP S.R.L. y contaba con habilitación del OPDS.

En cuanto al origen de la sobrepresión, Dow sostiene que “constató la condición de cerrada de una válvula de operación manual que debió ser la primera en abrirse de acuerdo a lo que indica el procedimiento crítico de puesta en servicio, en la cañería de salida superior del recipiente V-907, circunstancia que impidió el funcionamiento del dispositivo de alivio de presión”.

“Ello provocó la presurización del equipo por encima de su valor de diseño y posterior rotura. La explosión ocurrió a las 00:20 debido a una sobre presión mecánica. Se estima que la presión alcanzó entre 5 y 10 MAWP (6.91 BAR)”.

Durante el fin de semana más de 3000 trabajadores y trabajadoras debatieron en el primer Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestiva y Popular, junto a personas vinculadas a la función pública un programa para ponderar al sector.

Joaquín Fernández, secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, comentó a FM De la Calle que “había muchas organizaciones que venían reclamando cuestiones por separado, propusimos un foro donde discutamos qué modelo de país queremos, para poder avanzar en políticas concretas para nuestro sector”.

“Las cooperativas de trabajo, al igual que cualquier sector, sufrimos la caída del mercado interno, las políticas del macrismo han hecho que la pasemos muy mal. El gobierno no cree ni reivindica el trabajo cooperativo, sino la salida individual del emprendedurismo. Las cooperativas no cerramos, sucede que no tenemos trabajo, que somos menos socios. El cooperativismo creció mucho. Queremos formar arte de un gobierno que pueda salir de la crisis con trabajo genuino”, destacó.

“A partir de ahora queremos ver de replicar las actividades como este foro, empezar a juntarse cada una de esas cooperativas para hacer cuestiones concretas, estamos pensando hacer una gran feria en las distintas plazas del país”.

(Por Giuliana Crucianelli) “Yo te voy a enseñar cuantos pares son tres botas”. “Déjamelo a mi una semana y te lo devuelvo derechito”. “En mi época le llegabas a gritar a mi viejo y con un bife lo soluciona” “.Yo cuando tenia tu edad estudiaba, trabajaba y pagaba el fiado del almacén”. ¿Quién no ha escuchado alguna vez una de esas frases?

Se utiliza el término “Ni ni” para referirse a los pibes y pibas que por alguna razón no están insertos en el sistema educativo ni en el mercado laboral. Son los “revoltosos”, son los de la birrita en la esquina, las que “se embarazan por un plan”, los faloperos de la cortada, las “fanáticas de los boliches” o la “mala junta” que el Servicio Cívico Voluntario viene a corregir, diciplinar y “darles un objetivo de vida”.

“No existen los jóvenes ni ni. Es un modo antiguo en desuso que se usó para denominar en forma marketinera, en forma fácilmente comprensible a un conjunto de jóvenes que no tenían empleo registrado y que no estaban incluyéndose en el Sistema Educativo formal. Hace varios años que no se usa más. Naciones Unidas tiene estudios que demuestran que es una etiqueta que en realidad oculta condiciones sociales mucho mas importantes. Este ocultamiento es peligroso sobretodo si se lo toma para pensar políticas publicas”, comentó a FM De la Calle Pablo Vommaro, doctor en Ciencias Sociales.

¿Por qué se sigue utilizando entonces? El investigador mencionó que “en el caso de personas que tienen los medios económicos y los recursos humanos para informarse, como el caso de un ministro, creo que es o por ignorancia, desconocimiento o conveniencia. Le conviene hacer de cuenta que no sabe.  En el caso de algunos medios o personas que creen de buena fe que existen creo que es porque sigue siendo una etiqueta efectiva, ´ni ni´ rápidamente demuestra el imaginario social que di ce que hay jóvenes vagos sin hacer nada, es efectivo”.

Pensar el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sin organizaciones de mujeres y disidencias sería imposible. Pensar en discutir una nueva Ley de Movilidad Jubilatoria sin convocar a personas de la tercera edad, también. Entonces ¿por qué las voces jóvenes no son tenidas en cuenta a la hora legislar y tomar decisiones sobre la vida adolescente?

El sociólogo señaló que “está naturalizado que los adultos piensen en políticas para jóvenes y lo hacen entonces como los adultos quieran que los jóvenes deben ser, esto es lo que se llama adultocentrismo. No dar una participación genuina a las juventudes sino someter las decisiones solo a lo que el mundo adulto define como decisión legitima”.
Además hay una segunda cuestión bastante grave que es que “los organismos de juventud a nivel nacional y provincial se enteraron por los diarios. Ninguna agencia pública de juventud fue ni siquiera consultada e informada previamente del anuncio del Servicio Cívico Voluntario en Valores. Esto es grave porque habla de una descoordinación entre las áreas de gobierno. Esta medida muestra que los funcionarios no se comunican entre si, toman decisiones inconsultas y peligrosas. No solo ejecutan políticas públicas condenadas al fracaso sino que también es un mal uso del dinero publico porque lo utilizan para fines que no son eficaces”.

Propone pensar alternativas para incluir a las juventudes en la agenda pública como “la creación de un espacio nacional que articule o reúna a diferentes organizaciones juveniles, lo que se llama Consejo Nacional de Juventudes. Organismo público que reúne a organizaciones representantes de juventudes, centros de estudiantes, clubes de barrio, centros culturales, juventudes de sindicatos, juventudes partidarias. Juventudes que se encuentran y sirve como un espacio de deliberación, de decisiones y consulta”.

Por otra parte, la segunda opción, que “en Argentina se hizo en el 2014 y luego no se hizo más, es realizar lo que se llama encuesta nacional de juventud, que sirve para recavar algunos datos sobre la situación especifica pero también sirve” para detectar “necesidades-, intereses, anhelos. Esto no se hace. En Chile, Paraguay, Colombia y México se hacen en forma periódica, porque las juventudes varían rápidamente”.

¿Alguna vez algún funcionario se molestó el preguntarles a los pibes, las pibas qué querían hacer, qué intereses tienen, con qué sueñan?. Ya lo decía Luca Prodan en Viejos Vinagres: “para vos lo peor es la libertad”.

 

Foto: FFyH

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental su incorporación al Comité de Control y Monitoreo.

Destacan la “gran experiencia y responsabilidad en la operación productiva, el mantenimiento de activos y la sujeción a normas relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente” de sus afiliados.

La nota, firmada por Alejandro Barrera y Carlos Gauna -secretarios general y adjunto, respectivamente- ingresó el miércoles pasado.

Como muestra del aporte técnico que pueden realizar, el gremio difundió en sus redes sociales un video que explica el “funcionamiento de un circuito de generación de vapor, que contiene un circuito secundario de recuperación de condensado”, similar al involucrado en la explosión del 28 de junio en la planta de Dow.

Tras la explosión de un sector de la planta de Dow se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida. Desde allí partió la convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol.

La docente Jessica Visotsky dijo a FM De la Calle que las reuniones de los últimos días tuvieron “una convocatoria que superó las expectativas” y recordó el espacio es fruto de un proceso que acumula experiencias previas.

“La lucha por el dragado, la lucha por los escapes de cloro y amoniaco. Es un espacio diverso porque hay quienes han participado de las instancias previas y gente joven que no ha participado previamente y es la primera vez que lo hacen. Esto va a tener una gran complejidad, pero también una gran riqueza”, afirmó.

Las denuncias vecinales se fueron confirmando: “Las investigaciones siempre venían desde abajo. Desde lo que fue el censo de salud, desde las distintas expresiones artísticas, documentales, siempre fueron hechas por el pueblo. No había investigaciones oficiales y serias que dieran cuenta de lo que estaba pasando. La gente veía que sus casas se desarmaban, que se enfermaba de cáncer en una misma manzana. Hoy se cuenta con investigaciones de la UBA, una muy contundente, que avalan lo que la gente sospechaba. Iban a pescar y pescaban peces deformados”.

“A diferencia de hace 5 años, hoy se cuenta con investigaciones y con causas judiciales. A las transnacionales se les ha hecho juicio con tribunales populares como en Colombia o Mexico”, aunque Visotsky admitió que ya no basta con lo simbólico. Es hora de empezar a concretar: “Están empezando a haber casos que fallan a favor del pueblo, por ejemplo, el juicio a Petrobras. Se puede ir por el lado de la justicia si hay un proceso popular que lo acompaña”.

Somos la “Asamblea por el ambiente, la salud y la vida”, conformada a raíz de la explosión en la Planta de Etileno de la Empresa Dow Chemical, vivida el pasado 28 de junio. Explosión de la que aún ignoramos el origen y las dimensiones que tuvo.

El martes 23 de julio la misma empresa Dow Chemical, responsable de dicha explosión, casi como una tomada de pelo, inaugurará en la ciudad un Centro Deportivo, denominado DOW CENTER, con la presencia de la Selección Argentina de Básquetbol e invitando a 300 niñxs y jovenxs de la ciudad, con la presencia de funcionarios y abierto al público, en una jornada que denominan “Open Day”.

Nosotros convocamos como asamblea a repudiar esta inauguración, a repudiar las políticas de Responsabilidad Social Empresaria por las que a través de, millones de pesos que “invierten” en esos lugares (insignificantes para ellos) encubren la cadena de despojo, de explotación, contaminación y muerte que generan estas empresas.

Hoy contamos también con una investigación de la Universidad de Buenos Aires en la que consta que, entre otras empresas emplazadas en el polo, PBB Polisur-Dow está contaminando seriamente la ría local con cadmio, plomo, cobre, cromo poniendo en riesgo la vida de peces y la vida humana de una población que ha vivido históricamente de la producción pesquera.

No nos olvidamos de los escapes de cloro y amoniaco que se dieron el 20 de agosto del año 2000 en Solvay Indupa, otra empresa que junto a Dow opera en la producción de químicos derivados del petróleo en el Polo local, y Profertil.

No nos olvidamos de Juan Cruz Manfredini, quien murió con el 95% de su cuerpo quemado en una explosión (en una casa no habilitada), trabajando para una empresa tercerizada al servicio de actividades para varias de las empresas del Polo.

Así como tampoco nos olvidamos que en Solvay Indupa, en la otra fabricante de plásticos del polo, Fabíán Ernesto Monterroso (jugador de básquet justamente), falleció cayendo a un piletón de soda cáustica en el año 2012 porque las barandas del mismo estaban oxidadas y podridas.

Ni de Adrián Valente, que en 2011 murió en una explosión en Petrobras, fábrica cuyas cañerías estaban podridas y sus permisos y habilitaciones vencidos (Petrobras fue clausurada incluso en el 2013 en el marco de una denuncia por contaminación).

Fuera de nuestro país, no nos olvidamos que la Dow, empresa que hoy inaugura un Centro Deportivo, mientras pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, es responsable del mayor desastre industrial y ambiental de la historia.

En una ciudad llamada Bophal, en la India en 1984, en una fábrica de pesticidas, por un escape de gases tóxicos fallecieron entre 6.000 y 8.000 personas en la primera semana tras el escape tóxico. Otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de este desastre que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales siguen sufriendo graves secuelas y han pasado 35 años sin remedación.

Es también la empresa que fabricó un químico llamado “agente naranja”, principal componente del Napalm, utilizado por primera vez en Vietnam en una guerra.

DOW no es vida, es riesgo para todxs nosotros, es muerte.

No queremos sus migajas.

Convocamos a la población de Bahía Blanca y de Ingeniero White el martes 23 a las 18 frente al Dow Center en Sarmiento 4700.

El Senado demoró una vez más la designación de la primera defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación. Dicho rol fue creado hace 14 años y recién semanas atrás obtuvo media sanción en Diputados el nombramiento de Marisa Graham.

“Hay cierta resistencia a que haya estos organismos de control y supervisión”, dijo la abogada FM De la Calle. “Es un trabajo amplio de difusión, capacitación, fortaleciendo los organismos que ya existen. Tenemos la obligación de que las normas y derechos de la niñez y la adolescencia se cumplan. Tenemos en el plan de trabajo el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral”.

La ministra Patricia Bullrich anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores que ofrecerá la Gendarmería a jóvenes de entre 16 y 20 que “ni estudian ni trabajan”.

“La calificación Ni Ni no me gusta. Me parece discriminatoria, decirles que son Ni Ni es enviar un mensaje de que no esperamos nada de ellos. Es ver a esta franja, que es una de las más complejas de abordar, con menos políticas públicas destinadas a ella, culpabilizarlos, siempre demostrar lo que no pueden y lo que no hacen, en vez de mostrar sus intereses, su imaginación”, dijo Graham.

Planteó ciertos interrogantes respecto a la propuesta macrista: “Lo primero que pregunto es si nos hemos resignado a que la escuela secundaria no cumpla el rol que tiene que cumplir. Sabemos que algo pasa con la escuela que no convoca ni retiene a los chicos, ¿resignamos el rol que tiene que tener la escuela y la educación que es la que tiene que fomentar estos valores de democracia, republicanismos y derechos humanos?”.

“Tanto la Convención como el corpus iuris de los Derechos de Niños nos hablan del principio de especialidad, todos aquellos lugares que son para niños, niñas y adolescentes tiene que ser especialistas, saber trabajar con niñez.  Ninguna fuerza de seguridad está preparada, ni creo que debería estarlo, para cubrir este rol y trabajar con chicos”, agregó.

Graham comentó que “en uno de los anexos, habla de módulos, me gustaría saber cuáles son los contenidos de los módulos, a través de qué herramientas vamos a llegar a la formación de qué valores”.

Por último, señaló que le preocupa que  “la resolución  habla de una Argentina sin narcotráfico, pero después no vuelve a hablar de eso. Pregunto cómo vinculan el tema del narcotráfico con los chicos de 16 a 20 años. No llego a entender por qué está allí eso cuando después no vuelve a aparecer. Si es cuestión de prevención hablaría de adicciones, no de narcotráfico”.

Se cumplen hoy 25 años del atentado a la mutual judía de la AMIA, en el cual murieron 85 personas. “Hay pruebas contundentes de la responsabilidad del Estado nacional y, seguramente, hay muchas más pruebas en los archivos secretos que Macri sigue ocultando”, dijo a FM De la Calle la titular de APEMIA, Laura Ginsberg.

“Todo el esfuerzo del gobierno de Macri está puesto en una campaña de propaganda. La han armado con el Congreso Judío Mundial, han presentado a la sociedad un combo que incluye declarar terrorista a Hezbollah, la ley de juicio en ausencia que cuenta con apoyo del oficialismo y de la oposición y toda esa propaganda lo único que hace es ocultar que hay responsabilidades del Estado argentino que ya están demostradas. El Estado argentino no solo participó en el encubrimiento, ha puesto a sus fuerzas de inteligencia y de seguridad como partícipes del crímen. Y de eso no se habla. Es evidente que no es el Estado el que va a proveer justicia”, afirmó.

La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de Amia, organización conformada por víctimas, familiares y amigos de las víctimas del atentado de 1994, sostienen que aquel ataque “fue un crimen del terrorismo de Estado en democracia”.

“A diferencia de la dictadura militar que tenía un plan sistemático de exterminio, que cometió un genocidio durante muchos años, en democracia los restos de esa criminalidad participaron y ayudaron a encubrir el atentado a la AMIA”.

“En Argentina tuvimos tres atentados en tres años: la Embajada, la AMIA y, después, Río Tercero. Luego de esa sucesión incomprensible de crímenes, en años donde no existía el terrorismo internacional como se conoce hoy, en esas condiciones, la Argentina recibió un premio. Fue incorporado como un aliado extra OTAN y fue y sigue siendo en la región el líder de la lucha contra el terrorismo internacional. Es una historia diferente a la que vivimos en el sentido de que el terrorismo como lo padecimos en la dictadura tiene otro origen, los resabios de eso no solo participaron en el atentado sino que fueron quienes ayudaron a encubrir”, afirmó Ginsberg.

Destacó que “lo cierto es que ningún juez demostró o afirma que Irán o Hezbollah tienen alguna responsabilidad. Canicoba Corral dijo que la pista iraní es una hipótesis y desde entonces no hubo nueva prueba que vincule al régimen iraní con Hezbollah. Lo último que hay es un dictamen que escribió Nisman. Nuestra conclusión es que Nisman hizo una serie de conexiones sin sustento de esa responsabilidad genérica pero que nunca se plasmó en ninguna conclusión desde el punto de vista jurídico. Durante 25 años no pudieron mostrar una sola prueba que justifique esa responsabilidad”.

A María del Carmen Verdú, abogada y referente de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores no le llamó la atención. “Sorprenderse es haber estado durmiendo los últimos 4 años. Nos venimos quedando sin adjetivos, ya hemos agotado absolutamente todos”, dijo a FM De la Calle.

Para el análisis de la problemática y las probables soluciones propuso dos vías. “Primero, la situación de desamparo: ¿de quién es la culpa? ¿quién los dejó sin trabajo? ¿Quién los dejó sin escuela o  sin vacantes? ¿Por qué están en edad de trabajar? Hay una pequeña trampa: los de 16, 17 y 18 tienen que estar estudiando en la escuela, están planteando el trabajo infantil como algo normal”.

Segundo: “¿Quién es responsable, el garante de que toda persona de menos de 18 años tenga todos los derechos consagrados por el Estado? Esto es una responsabilidad indelegable por parte del Estado argentino”.

“En todos los casos les van a contar que en los últimos años se la pasaron en la calle, protestando porque les cierran programas, porque les recortan las partidas presupuestarias, porque les despiden gente (son los sectores de los trabajadores estatales que más despidos han tenido) o, directamente, porque la mayoría no son de planta permanente, tienen contratos basuras con plazos de seis meses que luego no se los renuevan”.

Como consecuencia se cierran comedores,  merenderos, lugares de apoyo escolar y toda política social que brinda una ayuda a este segmento etario, para luego poder meterlos a un cuartel, para poder enseñarles moralidad y costumbres. “Entre ellas, con las que fusilaron a Mauro Ojeda de 16 años o Francisco Escobar de 19 en el puente de Corrientes”.

“Estamos hablando de la fuerza que hace más de 20 años tiene a su cargo la represión del conflicto y la protesta social. A las víctimas del conflicto social generado por los distintos gobiernos y, en particular por el actual, se las vamos a dejar en manos de sus represores con el objetivo de generar corrientes de empatía entre la población potencialmente peligrosa y las fuerzas de seguridad o armadas. Que enseñen ya desde muy chicos quién es el que manda cambiando las ansias de ser uno más de la clase por ser el perro guardián de la clase”, afirmó Verdú.

La titular de la CORREPI manifestó que el gobierno, al no tener ninguna carta ganadora que exhibir, “se lanzó a la campaña electoral con el voto bala en una mano y con el voto cárcel en la otra: Doctrina Chocobar, baja de la edad de punibilidad, reformas de los códigos procesales penales, reforma del Código Penal, etcétera”.

(Por Claudia Rafael – APe) Ya es letra legal. El boletín oficial publicó la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad para la creación del “Servicio cívico voluntario en valores” para “jóvenes” de 16 a 20 años. Con la firma de Patricia Bullrich, se crea de hecho aquello que tantas veces se quedó en los últimos años a mitad de camino en el Congreso. A 25 años del fin de la colimba, tras las torturas y homicidio del soldadito Omar Carrasco, y a 118 años de su creación, a través de la Ley 4301 de Servicio Militar Obligatorio destinado a la “moralización pública”, se pondrá en marcha este “servicio” en un contexto de país en el que el presente y el futuro son inasibles para siete millones y medio de chicas y chicos pobres. La gran salida –según el texto de la resolución- es impulsar medidas desde el Estado “que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”.

La Gendarmería será la que –con sus “estructuras” y “recursos humanos”- dará “oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales”.

La misma gendarmería que tuvo clara responsabilidad en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Aquella que el 29 de enero de 2016, arremetió a balazos de goma y plomo contra la murga de la Villa 1-11-14: once heridos, varios de ellos niños.

La misma que exactamente dos años atrás reprimió a los trabajadores de la planta de PepsiCo Snacks de Florida que estaban luchando por su reincorporación. O que, en agosto de 2017, mató de un balazó por la espalda a un joven de 18 años que junto a otro huía después de un intento de robo.

La misma gendarmería –para entender que hay lógicas estructurales que van mucho más allá en el tiempo- que en marzo de 1996 baleó a ocho jóvenes en una esquina de Palermo Viejo y que, después, fue condenada a ocho años de cárcel.
Esa es la fuerza de seguridad a la que el Estado otorga ahora la responsabilidad de formar “en valores democráticos y republicanos” a jóvenes de 16 a 20. Por ahora, y hasta fin de año, en pruebas piloto dentro de Campo de Mayo, Mercedes, Jesús María, Santiago del Estero, Bariloche y González Catán.

Adiestrar. Adoctrinar. Forjar “las potencialidades” en aquello que Foucault definía como instituciones de encierro. Para –después de todo- vigilar y castigar. Eso sí: voluntariamente. Cuando nada es posible de ser elegido ¿qué es voluntario? ¿Qué es lo que se asiente y por qué cosas se opta en la vida cuando la calle y la ausencia de abrigo son una constante?

El Estado anuncia con grandilocuencia que hay un “compromiso con los jóvenes” que “consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario”. Y pone a sus lobos rabiosos a formatear a corderos desesperados argumentando que “la gendarmería nacional viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad”. En donde ejemplifica tareas que van desde repartir donaciones, actuar en inundaciones o incendios, rescatar turistas en la cordillera, ofrecer su servicio de bandas a eventos públicos “ejecutando marchas militares y música popular”. No tiene desperdicio la lectura concienzuda de la resolución.

Que ofrece formalmente una presencia activa y directa del estado en el universo de la educación. Una presencia del estado que es selectiva en los modos, en los tiempos, en los formatos y en los destinatarios. Porque los brazos represivos estatales obedecen a las voces de mando y también, debidamente, se ceban. Y actúan ejerciendo un permiso que demasiadas veces es premiado y elogiado.

Ayer se conoció el fallo de Casación por el que se confirmó la condena a siete integrantes de otras fuerzas securitarias –policía y servicio penitenciario- por “abuso sexual” y “promoción de la corrupción de menores”. Con penas de 7 a 16 años de cárcel. Contra dos hermanas que vivían en “grave estado de vulnerabilidad”. Y que eran víctimas del use y tire. Y que –según el fallo de Casación- eran consideradas “objetos para desahogar su apetito sexual” en el que no faltaba ni siquiera el uso de armas. Ellas también fueron formateadas por y para el estado.

Un estado que ahora decide con letras legales que hay que estimular “el sentido del deber”. Y por eso determina que el brazo armado institucional –el mismo que balea, que abusa, que tortura, que obedece, que asiente, que viola, que intrusa- será responsable de formar para evitar la calle, la droga, la esquina de birra y faso. Para dar un destino a imagen y semejanza a los sindestino.
Voluntariamente, dicen. Con “valores democráticos”, postulan.

Siete millones y medio de pibes siguen bajo la línea de pobreza. Y la nueva escuela de vida que para ellos abre el estado tiene colmillos de gendarme.

(Periferia) Investigadores e investigadoras de CONICET concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense está bajo “un alto y constante” impacto causado por la actividad humana, al encontrar dosis de 16 hidrocarburos y metales pesados, en 5 especies de sus humedales.

Científicas y científicos argentinos presentaron un informe del estudio que realizaron en el Estuario de Bahía Blanca, donde encontraron Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) en ejemplares de saraquita, pescadilla de red, corvina rubia y gatuzo , capturados en 2015 y 2016.

Pero, además, en otro estudio, identificaron concentraciones de metales pesados en sedimentos, en material “particulado en suspensión” y en la especie de cangrejo Neohélice de dos regiones de humedales de la ciudad.

Los científicos del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas concluyeron que el medioambiente de la ciudad bonaerense se encuentra bajo una “alta y constante presión antrópica” ocasionada por la actividad humana.

Es que en el Estuario de Bahía Blanca se ubican varios puertos, ciudades y uno de los complejos industriales más grandes de Sudamérica, y se vuelve objeto de análisis por las consecuencias mediambientales que ocasiona.

Las conclusiones de los dos estudios fueron presentadas en la quinta reunión de Geoquímica de las Superficies, realizada entre el 12 y el 14 de junio, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Plata.

Hidrocarburos 

En el primer estudio los investigadores concluyeron que las concentraciones de hidrocarburos en todas las especies estudiadas “fueron menores a 100 ppb y fueron mayores en los juveniles que en los adultos Saraquita fue la especie que presentó la mayor carga”.

Además, “el 5% de las muestras analizadas se hallaron por sobre los niveles de seguridad o screening (USEPA), el parámetro que determina la peligrosidad de su consumo para humanos.

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) son una serie de compuestos orgánicos persistentes con una vida media de 6 meses que son constituyentes naturales del petróleo crudo y conforman una fracción de hasta el 20% del total de sus hidrocarburos, explican en el informe que se encuentra disponible en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

También resultan de los procesos de combustión incompleta a alta temperatura de diversos tipos de materia orgánica.

Anualmente, aproximadamente 6,1 millones de toneladas métricas de productos derivados del petróleo y su combustión terminan en los océanos, según las conclusiones de un estudio elaborado por Mervin Fingas, jefe de la división de ciencia y tecnología de emergencias del centro Environmental Technology Centre of Environment Canada, en 2010.

La mayor proporción de estos hidrocarburos deriva de “fuentes antropogénicas” como la actividad industrial, el transporte, la energía y derrames de petróleo y es por eso que los investigadores concluyeron que “el medio marino está siendo víctima de atropellos humanos como la eliminación de gases de los barcos o el vertido de lubricantes usados“.

En el estuario de Bahía Blanca las fuentes de este tipo son abundantes debido a que en sus costas se emplazan grandes ciudades como la propia Bahía Blanca y Punta Alta con unos 400 mil habitantes, según cifras del INDEC de 2010. Allí, por tanto, hay puertos comerciales e industriales de aguas profundas como Puertos Rosales, Ingeniero White y Galván con parques industriales y petroquímicos.

“Las cuatro especies bajo estudio evidenciaron trazas de HAPs en los músculos, siendo mayores las cargas en los juveniles y en la especie que cumple todo su ciclo de vida en el estuario”, a pesar que “los niveles de riesgo tóxico por hidrocarburos para el consumo de peces se mantuvieron dentro de los niveles de seguridad”, expresaron los investigadores.

Metales pesados  

En el segundo estudio, realizado por investigadoras del IADO y de la Universidad Nacional del Sur, concluyeron que “el comportamiento de los metales en ambas matrices podría deberse a las diferentes características de cada puerto analizado: uno dedicado a la pesca artesanal, afectado por el dragado del Canal Principal, por las industrias presentes en Puerto Ingeniero White y por la descarga cloacal ?Tercera Cuenca? y otro cercano a la Base Naval, al sector de reserva de combustible ?Baterías?, afectado también por la descarga cloacal de Punta Alta.

“Por otro lado, la presencia de biofilms junto con la materia orgánica existente en los sedimentos estarían reteniendo a estos contaminantes impidiendo su liberación al ambiente”, concluyen los investigadores.

Los metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del agua y tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y servicios.

Los más importantes son Arsénico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, Estaño y  Cinc.

De ellos, los tóxicos son aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la salud de las personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan como sinónimos pero sólo algunos de ellos pertenecen a ambos grupos.

De hecho algunos metales son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte de sistemas enzimáticos, como el cobalto, zinc, molibdeno, o como el hierro que forma parte de la hemoglobina. Su ausencia causa enfermedades, su exceso intoxicaciones.

Autores 

El estudio sobre metales pesados estuvo a cargo de las investigadoras Natalia Buzzi, Melisa Fernández Severini, Daniela Truchet, Diana Villagrán, Eleonora Fernández y Carla Spetter.

De la investigación sobre hidrocarburos formaron parte Andrés Arias, Ana Carolina Ronda, Ana Laura Oliva, Tatiana Recabarren, Lautaro Girones, Melina Orazi, Gabriela Blasina, Andrea López Cazorla, Norma Tombesi y Jorge Marcovecchio.

Ambos estudios se encuentran disponibles en el sitio del repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata.

El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó esta madrugada a la empresa Profertil S.A. por emisión de ruidos molestos. Hubo cinco denuncias vecinales.

El 16 de junio, la empresa fue multada por la emisión de humos negros en el marco del apagón nacional y, tres días después, se registraron 9 denuncias y una infracción por ruidos molestos ocasionados por la puesta en marcha de la planta de amoniaco.

Hoy, el incremento de ruido se produjo a partir de las 05:30 como consecuencia de las maniobras de parada de planta no programada por un problema de energía eléctrica.

La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores.

Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno.

A diferencia de lo ocurrido con la explosión de Dow que puso en vilo a la ciudad el viernes 28 de junio, por el evento de Profertil se procedió al labrado de un acta de infracción imputando falta al ART. 1 DE LA RESOLUCION 159/96 (EX-SPA) (NORMA IRAM 4062/84) MODIFICADA POR LA RESOLUCION 94/02 (EX-SPA).

(Por Pablo Becher) En las últimas décadas, diversos estudios sociales y económicos han visibilizado el crecimiento de la precariedad como uno de los elementos constitutivos de una nueva configuración en las relaciones laborales, que atraviesan al conjunto de trabajadores y trabajadoras asalariades en todo el mundo. Si bien el carácter de novedad puede ser puesto en debate, es interesante visibilizar el establecimiento de una nueva morfología, como expresó el brasileño Ricardo Antunes (2009), que ha adoptado el mundo del trabajo capitalista, configurado por diversas modalidades de informalidad,  flexibilidad y condiciones de trabajo precarias, organizadas de forma diferente a como se expresaban en el “empleo típico” de los años fordistas a mediados del siglo XX. La recomposición implicó una disminución abrupta del clásico obrero industrial para dar lugar a una población asalariada multiforme.  En este sentido, la tendencia mundial en medio de un contexto capitalista en constante transformación y competencia interburguesa, ha sido el deterioro manifiesto de la protección social en un amplio espectro de trabajadores/as, la creciente inestabilidad laboral, y la existencia de una cantidad considerable de puestos de trabajo con bajas remuneraciones en medio de la absoluta informalidad.

En Argentina, la estructura ocupacional se ha caracterizado en las últimas décadas por una profunda heterogeneidad y fragmentación en una gran mayoría de trabajadores/as, marcada por un aumento significativo de la desocupación abierta, la sub-ocupación horaria, la sobreocupación y la proletarización-descalificación de amplios sectores, incluyendo la clase media. Esta tendencia puede visibilizarse en la propia Encuesta Permanente de Hogares (EPH- INDEC) que refleja que un promedio de más de un 35% de la población activa en los últimos diez años se encuentra en estas condiciones. Sin lugar a dudas dentro de este proceso que afecta a toda la clase obrera, la precarización laboral se presenta como una condición que formaliza y naturaliza un fenómeno histórico cada vez más visible. Este fenómeno solo es entendible en su complejidad como síntoma de los cambios y mutaciones en la dinámica en el  interior del patrón de acumulación capitalista, sino también como parte de una respuesta del capital a su propia crisis. De esta forma, al crecimiento de la desocupación – de ese creciente ejército de reserva que empuja al trabajador/ active- y la creciente alza del sector marginal sin oportunidades ni posibilidades de acceder a un empleo, se suman múltiples personificaciones sociales que tienden a engrosar las filas de la población sobrante: jóvenes sin empleo y estudio, ancianes jubilades y pensionades que no pueden acceder nuevamente a trabajar, personal no calificado en nuevas tecnologías, personas ex privadas de la libertad, personas con discapacidad, personas con distintas orientación sexual, entre otres.

Por otra parte, la precarización afecta con mayor crudeza a las mujeres (que alcanzó en Argentina a un 58% para el primer trimestre de 2019 – fuente EPH-INDEC) que en muchos casos cobran una remuneración menor que los hombres por igual tarea y extienden su jornada laboral en actividades domésticas dentro de casa como trabajo sin reconocimiento. Y también a los migrantes y personas de descendencia étnica diferente, que son puestos a realizar actividades intensivas por un mínimo salario.

La legislación laboral durante gran parte del gobierno macrista (2015- 2019), si bien no pudo presentar la reforma laboral, en los hechos estableció distintas medidas tendientes a flexibilizar aún más los mecanismos de contratación laboral, permitiendo al conjunto del capital un marco regulatorio laxo con el objetivo de reducir costos laborales, bajar los pagos por indemnizaciones y las rigideces del mercado, en un contexto de alta inflación y recesión. Precisamente, en un marco de dificultades económicas generalizadas para la acumulación y ahorro de capital, la inversión descendió abruptamente (y sí se extendió la deuda externa) y la mano de obra fue la más afectada no solo a nivel de salario real (vía tarifazo) sino también en cuanto al deterioro de sus condiciones laborales, y de su propia supervivencia (por mayores despidos), lo que volvió a la estrategia empresarial de reducir costos una reacción determinante para el mantenimiento de “supuesto piso de ganancias”.

Si bien durante el período anterior, con el gobierno kirchnerista, el número de convenios colectivos aumentó por rama de actividad, la tendencia en alza de convenios por empresa fue una constante que ascendió significativamente durante el macrismo. Esta situación fue oportuna para las grandes empresas, que se vieron beneficiadas de implementar sus condicionamientos al negociar directamente con los trabajadores, mediando en algunos casos con sindicatos adeptos. A los cambios por contratos por tiempo determinado, períodos de prueba, regímenes de preaviso, indemnizaciones por despido, reducción de cargas patronales, el marco regulatorio fue dando cuenta de una mayor vulnerabilidad de la clase trabajadora en el lugar de trabajo. La intensidad laboral implicó un aumento en las horas trabajadas, con un mínimo de mano de obra, aumentando de esta forma la plusvalía absoluta.

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a precarización laboral?

La precariedad se ha definido conceptualmente de diversas formas. Tanto es así que su percepción ha ido variando para dar a entender no solo una condición específica del asalariade sino también a un fenómeno emergente y disruptivo, una forma de estar/ser vinculado a la pérdida o debilitamiento de los vínculos sociales de integración y protección social que sostuvo el “Estado de bienestar”. En esta dirección, que luego discutiremos, el concepto de precariedad laboral se asocia al deterioro de las condiciones laborales, inestabilidad, inseguridad, desprotección ante la expansión de las relaciones no formales y falta de derechos sindicales, relacionados con un momento histórico de visibilización de la cuestión social, debilitado en la actualidad por el neoliberalismo, sin discutir de fondo al Estado y las configuraciones que adopta el capitalismo (Ezkenazi y Marticorena, 2010). Esta perspectiva se caracteriza entonces como un síntoma de nostalgia, de un pasado al cual se desea volver, bajo el manto de un capitalismo nacional aliado a un estado democrático que asegure el pleno empleo y los derechos sociales perdidos. De esta forma, la comprensión de la precarización como una dimensión contemporánea de la configuración actual del trabajo aparece como un espejo roto del capitalismo industrial fordista basado en la sociedad salarial (como decía el sociólogo francés Robert Castel (2012)) donde se hace hincapié en  los procesos de desmantelamiento y degradación del “empleo típico” (contratos a término, trabajo subcontratado, trabajo parcial, tercerizado, siempre realizado por varones adultos).

Otra mirada del concepto de precarización apunta a discutir este concepto exportado de Europa, en el marco de la intelectualidad, para entenderlo como complejo proceso histórico que acompaña al capitalismo desde sus inicios, generando una estructura ocupacional múltiple con diferentes grados de inserción, que tiene como final principal bajar costos al capital. Es en ese sentido y, como menciona la economista Mariana Fernández Massi (2014), es que puede hablarse de distintas escalas de precariedad en el empleo asalariado y no de si es estable o erosionado.

En diversos estudios, la precariedad laboral aparece como un mecanismo del capital para asegurar una inserción débil y marginal del trabajador/a en el proceso de trabajo. Inserción atravesada por condiciones contractuales que no garantizan la permanencia y se refleja en indicadores como la falta de aportes jubilatorios, ilegalidad y relaciones endebles en la medida de que los trabajadores no gozan de un sistema protector que les garantice derechos a indemnización por despido, pago de vacaciones y aguinaldo (Neffa, 2010). En los últimos años la introducción de tecnología en algunos sectores como el metalúrgico o automotriz puso en jaque la contratación de personal con antigüedad y redujo drásticamente la ocupación. Pero, en general, el uso de maquinaria y tecnología no ha hecho más que aumentar la cantidad de trabajo informal, empeorando las condiciones laborales existentes (como de hecho surge en el sector de la industria frigorífica o textil).

La matriz dominante que expresa la condición de precariedad implica la intensificación de la explotación capitalista, que oculta el rol deshumanizante y de alienación que surge cada vez con más fuerza en el interior de la llamada “cultura del trabajo” (mas productividad, mayor consumo, menos ocio, menos vagancia, más actividad fuera del propio trabajo). La alienación significa en este sentido desapropiarse de la propia tarea manual e intelectual, para perder el sentido de la identidad como trabajador o trabajadora, explotade y oprimide en su condición de trabajo hacia /para otro.

Metodológicamente, la visibilización de la precariedad no resulta sencilla. Si bien el análisis de dimensiones objetivas de la precariedad a través de distintas variables relacionadas con el empleo (dentro del EPH) resultan significativas para evaluar un sector generalizado de trabajadores (fundamentalmente en términos de prestaciones sociales), sin embargo, el reconocimiento de las dimensiones de tipo subjetivo, que aluden a los sentidos y percepciones que se tienen sobre el trabajo, permiten visibilizar una relación particular entre el fenómeno de estudio con las vivencias y experiencias propias de los trabajadores, en tanto representaciones de los sujetos (riesgos psicosociales, satisfacción en el trabajo, utilización de los saberes).

Como expresa en su trabajo Mariana Fernández Massi (2014) vale la pena comprender que la caracterización de la estructura productiva resulta clave en la definición de las condiciones de empleo ofrecidas. De esta forma, pueden observarse diferencias cruciales en las distintas ramas de actividad a nivel nacional. Por ejemplo, es común el empleo no registrado y el no reconocimiento de los derechos laborales en el sector de comercio y esparcimiento, con jornadas laborales intensivas y pluriactividad. En el sector de servicios sociales, y fundamentalmente en el sector público, están muy difundidas formas de contratación vinculadas a planes de empleo y becas/pasantías por poco tiempo, sin percibir el mismo sueldo que un empleado de planta. En la industria y la construcción las altas tasas de precariedad se pueden visibilizar en las insalubres condiciones de trabajo, pese al continuo señalamiento de cuerpos de delegados sobre el problema, lo que ha acarreado muertes y accidentes laborales de gravedad. En muchos casos estos sectores amparados por negociación colectiva son aquellos en los que hay menor reconocimiento de derechos laborales, menores salarios y jornadas laborales atípicas. El sector servicios financieros, inmobiliarios, informáticos y empresariales presenta grados de precariedad bajo, pero su expresión aparece en la extensión de la jornada, con horas extras, e inestabilidad.

En Bahía Blanca los datos del informe de precariedad e informalidad del CREEBA[1] del 2018 comparan las tasas con los niveles nacionales, señalando que en la ciudad  para el cuarto trimestre de 2018 hubo un 31% (equivale  a 29400 personas) de personas en situación de informalidad y un 38% de precariedad (equivale a 49500 sujetos), que resultan relativamente cercanos a la tasa nacional (37% informalidad y 42% precariedad). Teniendo en cuenta el margen de error que tienen estas muestras tomadas desde la EPH, sin embargo muestran un panorama de la situación que diacrónicamente (es decir a lo largo del tiempo) va presentando una desmejoría y un proceso de deterioro del mercado de trabajo laboral bahiense (ver gráfico 1 extraído del informe).

Esta situación implica diversas estrategias empresariales “cuando el negocio va mal” que van desde la polivalencia y la multifuncionalidad del trabajador o trabajadora (que pasa a barrer, limpiar, cepillar baños, llevar la contaduría y servir paquetes, además de su tarea concreta) hasta la intensificación de los ritmos, tiempos y procesos de trabajo. En última instancia, los comercios o industrias de menor envergadura apuestan por el despido sin causa, los retiros o jubilaciones anticipadas o los concursos de quiebra.

En las situaciones de precariedad el espacio y el tiempo se metamorfosean, cambian de la concentración al trabajo en red, o de las relaciones personales a las relaciones inmateriales, basadas en aplicaciones digitales (APP) que borran los sentimientos y reproducen las sensaciones de abandono, ignorancia o desidia. Estos mecanismos informáticos amplían las formas de extracción de trabajo y reproducen la lógica de la incertidumbre como móvil para la realización de tareas. Sin lugar a dudas la uberización del mercado laboral va por ese camino.

A este trabajo virtual se le suman las nuevas formas de organización, más flexibles, con jornadas de trabajo part time, a destajo o con el cobro de plus por horario extra. Aquí el emprendedurismo o el trabajo voluntario se asientan como paradigmas del trabajador/a moderno: el primero con la falsa  lógica por el cual el/la obrere puede individualmente montar o concretar su propio negocio porque se convierte en un empresario de la noche a la mañana (sin darse cuenta de que en forma encubierta sigue siendo un asalariado) y el segundo con la idea de que asumiendo las obligaciones y aceptando sacrificios, que nunca serán reconocidos por el patrón, el/la obrere se convence de que puede llegar a convertirse en un líder. Ni hablar de las formas distorsionadas que asumen algunas cooperativas, lejos del espíritu solidario y socialista que las constituyó en sus orígenes. Muchas de ellas se montan como empresas capitalistas donde predomina la autoexplotación y una cruel flexibilización laboral.

Pero la peor forma de contratación es la que asumen empresas tercerizadas. Como explica Victoria Basualdo (2014) la tercerización se refiere a la descentralización de las tareas, y a la decisión de una empresa de que un tercero puede realizar tareas eficientes dentro de la misma (ya sea como subcontratación, intermediación, suministro de mano de obra temporal y utilización de trabajadores autónomos). Se desintegra el verticalismo empresarial, aunque no la cadena de mandos, para ahondar más en una confusa red de contratos que diluye ciertas responsabilidades y permite mayores flexibilizaciones, incluyendo el propio salario.

¿Qué sucede con la subjetividad del precariade? Por un lado la sensación de inseguridad y de ver imposibilitadas la idea de pensar un proyecto a largo plazo implican mecanismos de defensa que pueden derivar en trastornos psicológicos o graves problemas de salud. De hecho las tasas de enfermedades asociadas el trabajo han crecido en los últimos años (como el consumo de ansiolíticos) provocando una mirada despectiva del trabajo como realidad cotidiana, ya que el control de la propia tarea disminuye (incluso en las actividades intelectuales como la docencia o la investigación) y aumenta la ansiedad y el estrés por terminar como sea las tareas asignadas.

En este sentido, la sensación de falta de reconocimiento, de inseguridad por las endebles condiciones de trabajo o la expropiación de un saber artesanal para convertirse en una máquina que debe cumplir determinados tiempos y producciones, revitalizan las peores características del viejo taylorismo ahora remodelado bajo nuevas modalidades de trabajo.

La posibilidad de generar un trabajo libre resulta una utópica posibilidad en medio de mecanismos de control que vigilan los movimientos extraños y rutinizan las tareas, los diálogos y los productos que necesita el mercado. El acostumbramiento se vuelve la única forma de continuidad.

Ante estas formas de explotación, la organización de les trabajadores/as y las resistencias colectivas, desde el sindicalismo, la sororidad, hasta los encuentros entre pares en actividades culturales y deportivas, constituyen alternativas necesarias para enfrentar la cosificación de la tarea y la precarización laboral.

Porque en última instancia no solo se trata de mejorar las condiciones de trabajo, los salarios o la propia organización laboral, que por supuesto resultan fundamentales para finalizar con la explotación. Sino también, de la posibilidad de convertir la idea material y simbólica del trabajo como una actividad vital, libre, fundada en el tiempo disponible, rechazando de plano la idea del trabajo como excedente para la reproducción de capital, la mera producción de mercancías innecesarias y el tiempo de producción destructivo y superfluo. Se debe posibilitar como afirma Antunes la posibilidad de rescatar el verdadero sentido estructurante del trabajo vivo contra el sentido (des) estructurante del trabajo abstracto para el capital, que cosifica al trabajador/a como una mera mercancía. “De modo radicalmente contrario, en una nueva forma de sociabilidad, plenamente emancipada, construida por los individuos libremente asociados o por la asociación libre de los trabajadores” (Marx), el florecimiento del trabajo social que desestructura el capital a través de la atención de las auténticas necesidades humano-sociales desestructurará al capital. Dando un nuevo sentido tanto a la vida dentro del trabajo como a la vida fuera del trabajo” (Antunes, 2009:42).

Bibliografía

-Antunes, Roberto (2009), “Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del trabajo)”, en AAVV. Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales. Vol. I, CLACSO, disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160216040822/04.pdf

-Basualdo, Victoria y Morales, Diego (2014), La tercerización laboral, Buenos Aires, Siglo XXI.

-Castel, Robert (2012), (2012), El ascenso de las incertidumbres. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

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[1] http://www.creebba.org.ar/coyuntura/informe_otros/01_ipil_4_2018.pdf

El Comité Técnico Ejecutivo realizó una nueva inspección en la planta LHC II de Dow donde ocurrió la explosión del viernes 28. Según el acta publicada por la web municipal, el organismo de control no infraccionó a la empresa por el hecho que conmocionó a la población de Ing. White y Bahía Blanca.

El inspector del CTE registró que el viernes pasado “se recorrió el sector afectado en el cual se encuentran realizando tareas de limpieza”.

Observó “piezas que aún no han sido movidas debido a que aún se están realizando tareas de investigación”.

“Se nos informa que los análisis de causa raíz se están llevando a cabo con distintos especialistas y que se encuentran en un 70% de avance aproximadamente”.