(Por Alfredo Grande) El 30 de diciembre de 2004, se perpetró la mayor masacre civil en la Argentina. La cultura represora tiene, al igual que la divinidad, designios inescrutables. Pero por eso debemos escrutarlos, denunciarlos, combatirlos. Esa noche de la masacre nada podía ser entendido.

Confusión, dolor inaudito, sorpresas que no daba la vida sino que daba la muerte. Varias veces he dicho que las muertes no son todas iguales. De la misma manera que no todas las vidas son iguales.

Masacrar niños por hambre, asesinar jóvenes por el delito de bailar y divertirse, extinguir ancianos por la osadía de haber vivido, no deja lugar para ninguna esperanza. Aclaro: esperanzas de la salvación de alguna providencia. La salvación será auto gestionada o no será. La salvación no hay que esperarla sino que hay que ir a buscarla. Y los colectivos que enfrentan a la cultura represora son tan necesarios como escasos. Muchos terminan negociando espacios de poder lo que algunos llaman “cooptación”. Palabra suave para designar la moral de la traición que funda la política de occidente.

La masacre de Cromañón fue ignorada por muchos organismos de derechos humanos. Solo la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos apoyaron a familiares y sobrevivientes.

“Resistir es vencer.
Y vencer es
seguir resistiendo”

(Aforismo implicado A.G.)

Tengo clavada en mi memoria el llanto de Ariel Bignami, militante comunista, por un nieto asesinado en un lugar bailable. Trampa mortal de empresaurus depredadores. El colectivo Cromañón cometió el peor de los pecados: pidió justicia para sus muertos, sin que importara la camiseta partidaria de los muertos. El divino Ibarra, al cual le debo mi idea del “retroprogresismo” no debía ser atacado. No podía ser atacado. Porque era hacerle el juego a la derecha. O sea: al Pro.

Y fue al revés: los que le hicieron el juego a la derecha liberal y a la derecha fascista fueron los templarios nacionales y populares. Desde la Jefa indiscutible, al decir de Luis D’ Elía, pasando por Estela de Carlotto que luchó para recuperar nietos desaparecidos, pero que ante jóvenes masacrados optó por defender al César y participó de un acto de apoyo a Ibarra. Para no hacerle el juego a la derecha había que mirar para otro lado, escuchar para otro lado, pensar para otro lado.

¿Una discoteca transformada en una trampa letal para masacrar 192 jóvenes es una política de izquierda, progresista, socialdemócrata? Y alguna salvación vino de los propios jóvenes que murieron para salvar otros jóvenes.

El 30 de diciembre de 2014 se escribió con sangre, pero con sangre indeleble, la historia de otra masacre no anunciada. Hay muertes no anunciadas. Y si alguien pretende ver los anuncios de la masacre en cada acto de los gobiernos, lo diagnostican de paranoico. Por eso definí hace años la “lógica Cromañón”. Ausencia total de prevención, ausencia total de cumplimiento de normativas básicas de seguridad, ausencia total de conciencia de responsabilidad individual y social, ausencia total de autocrítica, ausencia total de medidas que puedan reparar el daño realizado.

“Aunque el remedio
sea por que la enfermedad,
no elogiemos la enfermedad
mientra combatimos el remedio”
(Aforismo implicado A.G.)

La Lógica Cromañón esa una de las lógicas de la cultura represora. La masacre de Once, el exterminio de los pueblos originarios, el hambre aguda y crónica, el hacinamiento, las instituciones de encierro, en todas, en cada una, y en todas las que faltan, la lógica cromañón es Ley Represora y Destructora.

Por eso entrevistamos a Clara Barbero, junto a Irene Antinori, en mi programa Sueños Posibles. Y a Cristina Bernasconi. Y por eso la primera etapa de Sueños Posibles la compartimos con José Iglesias. Abogado de una de las querellas. Y estuvimos marchando con Jorge Garaventa, Susana Etchegoyen, y muchas otros y otras. Ninguna lucha termina porque enseguida aparece otra lucha.

La lógica Cromañón será arrasada por los colectivos autogestionarios. “Ni la bengala, ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción” Otra paradoja de la cultura represora: la corrupción es inmaculada. Por eso el diablo sabe por viejo. Desde los 30 dineros a la actualidad, la corrupción sigue matando. Habrá que matar a la corrupción.

Chicas muertas es un libro de no ficción que reconstruye tres femicidios impunes ocurridos en el norte de nuestro país, a partir de los cuales la entrerriana Selva Almada despliega “esas pequeñas anécdotas que seguro todas las mujeres tenemos para contar, que por ahí no llegan a la violencia extrema pero que son cotidianas y en la calle y todo el tiempo. Ese tipo de cosas son las que van formando la trama que después sostiene un femicidio”.

Almada participó esta mañana del micro de Acciones Feministas durante la emisión del programa En Eso Estamos de la FM De la Calle. Nacida en 1973, también es autora de Ladrilleros, El viento que arrasa, Una chica de provincia, Niños y Mal de muñecas. Su publicación más reciente es El desapego es una manera de querernos una reunión de relatos “dispersos e inhallables”.

“La idea de escribir un libro sobre estos casos arranca con un caso que yo conocía porque había sucedido en un pueblo vecino al mío cuando yo era adolescente, que es el de Andrea Danne. Nunca se había resuelto, además en su momento estaba lleno de visos misteriosos y la gente hablaba (…) enseguida se empieza a buscar las razones por las cuales casi podríamos decir se justifica el asesinato de una mujer”, afirmó.

chicas muertas efemedelacalleLa joven tenía 19 años y “la ligaban con tráfico de drogas, con prostitución, con que tenía una vida sexual muy activa, ese tipo de cosas que lamentablemente siguen ocurriendo cada vez que nos enteramos de un femicidio, como que la sociedad empieza a echarle la culpa a la víctima de que lo que le pasó, le pasó por su manera de comportarse o por como vivía. Me había impactado mucho porque además a Andrea la asesinaron en su casa, mientras estaba durmiendo, con sus padres en la habitación de al lado”.

“Estoy hablando de los años 80. Me fui interiorizando más en la temática, atando cabos y dándome cuenta que en realidad, de esto que se empezaba a nombrar como violencia de género, este tipo de crímenes que se empezaban a llamar femicidios y ya no crímenes pasionales como estábamos acostumbrados, eran cosas que me habían ocurrido a mí, a mujeres cercanas a mí, que me había criado con vecinas que eran golpeadas por sus maridos, o que tenían novios celosos que cuando se enojaban con ellas amenazaban quemarles la casa. Y a medida que me iba interiorizando más -para mí es como una causa te diría personal- cada vez me venía más fuertemente a la memoria el crimen de Andrea y después medio fortuitamente me topé con el caso de María Luisa Quevedo que es otro de los que habla el libro, una chica de 15 años asesinada en Roque Sáenz Peña, en el Chaco y después el caso de Sarita Mundín”, relató Almada.

La escritora subrayó que ninguno de los crímenes se resolvió: “Nunca fue nadie preso por esos femicidios pero la verdad que me servían de disparador y motivación para contar esto otro, en el libro hay muchas anécdotas (…) e incluso cosas que me pasaron a mí, que no llegaron por suerte a tener la violencia ni siquiera de un golpe pero que también son esas pequeñas anécdotas que seguro todas las mujeres tenemos para contar, que por ahí no llegan a la violencia extrema pero que son cotidianas y en la calle y todo el tiempo. Ese tipo de cosas son las que van formando la trama que después sostiene un femicidio o un golpe o situaciones más extremas de violencia”.

Escuchá la entrevista completa.

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Roberto Calamita militó en la década del 70 en la universidad en las filas del Frente Antiimperialista y por el Socialismo impulsado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue detenido tras la declaración del estado de sitio en noviembre del 74, pasó siete como preso político hasta su exilio en Italia. De visita en Bahía Blanca en el marco del 40º aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar dialogó en FM De la Calle sobre su tarea en 24marzo.it y los procesos judiciales contra genocidas.

“Quien ha estado dentro de un infierno no puede dejar de preguntarse el porqué del infierno. Ese infierno existió, existió en determinados lugares, precisamente en Bahía Blanca existió en La Escuelita, en las cárceles, en Sierra Chica donde yo pasé, en la cárcel de Rawson donde yo pasé, en la Unidad 9 donde yo pasé”, dijo Calamita y agregó que “si hay alguien que piensa que la existencia de un infierno aquí sobre la tierra, en nuestra ciudad, tenga algún sentido todavía o haya tenido sentido que se haga cargo. Cada uno se hace cargo de sus propios errores, de los errores de los veinte años, nadie se cree un héroe, pero aquí ha existido un genocidio. A mí todavía me da vergüenza escuchar a quienes se refieren a ese período como Proceso de Reorganización Nacional”.

El entrevistado se apoyó en la tesis plateada por Marcelo Valko en Pedagogía de la Desmemoria y destacó que “todo genocidio es hijo de otro genocidio, es decir, no solo es necesario conocer estos testimonios o lo que pasó para saber nuestra propia historia sino la historia de nuestra sociedad, porqué suceden estas cosas y para que no sucedan nunca más. Es obvio que nosotros a los veinte años hemos tenido errores y nadie quiere dejar de subrayarlos porque por ahí hoy hay un intento de reflotar la teoría de los dos demonios”.

Calamita comentó que tras la cárcel y el exilio se acercó a otrxs argentinxs que “hemos vivido en estos infiernos” y fundaron la organización 24marzo.it: “El alma mater ha sido Jorge Iturburu, antes de 24 de marzo ya existían durante la dictadura los movimientos de familiares, mi hermano Walter ha sido muy activo en estas comisiones, pero hoy existe 24marzo.it que ha llevado adelante una serie de procesos (…) Massera, Podlech y el último el del Cóndor donde han declarado una cantidad de testimonios, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados de Chile o Nila, la ministro de Sanidad de Evo Morales, hay más de cien testimonios que han viajado a Italia”.

“Memoria quiere decir darle espacio a la reconstrucción de aquellas vidas. Estos procesos en Italia, además de ayudar a otros países para que sigan el ejemplo argentino y aunque están hechos con la ausencia de los imputados, reconstruyen antes que nada la historia, el caso más emblemático es el de Luis Stamponi y Mafalda Corinaldesi que son personajes históricos de esta ciudad”, relató.
7c4173025ecb899d1392ee2babc5b5f7Al respecto, detalló que “Stamponi fue un continuador de la obra del Che Guevara en Bolivia y como dice su última compañera de no haber existido (…) esa lucha que hicieron esos compañeros, que es una lucha imperfecta como siempre repetimos, solo quien no hace nada no se equivoca, de no haber existido un personaje de esa catadura intelectual y de valor moral, hoy posiblemente no existiría el proceso de cambio que está habiendo en Bolivia”.

“Luis Stamponi es un puntaltense que parte a Cuba a hacer entrenamiento y luego sigue al Che Guevara en su lucha en Bolivia. Muerto el Che Guevara sigue la construcción del movimiento del Ejército de Liberación Nacional y funda el PRT boliviano. Luego de una vida muy aventurosa y de haber escapado varias veces a la represión, viene apresado por el ejército boliviano y entregado cuando descubren que no era un boliviano -tenía un documento falso-, que es argentino y lo entregan al Ejército que lo lleva muy probablemente a Orletti y de allí no se sabe más nada de él”, manifestó Calamita.

Por su parte, Mafalda Corinaldesi dejó Bahía Blanca para buscar a su hijo detenido en Bolivia. Al enterarse de que fue entregado a los genocidas argentinos, viaja a Buenos Aires. “Estaba alojada en una pensión, pocas noches siguientes, una comisión policial la viene a buscar y desde entonces está desaparecida. Hemos dicho en las entrevistas y las reuniones que hemos hecho en Italia que probablemente Mafalda fue una precursora de las Madres de Plaza de Mayo en la lucha inclaudicable y heroica de la vida de su propios hijos”.

Foto: Marta Bustos y Roberto Calamita, sobrevivientes del terrorismo de Estado, se saludan tras presenciar la charla Justicia y Dictadura organizada por la Comisión de Apoyo a los Juicios.

(Por Francisco J Cantamutto) La visita de Obama a nuestro país dejó múltiples polémicas. Qué anuncios trajo en materia económica.

Obama termina su mandato con una agenda renovada para América Latina, concebida históricamente por Estados Unidos como su “patio trasero”. La rehabilitación de las relaciones con Cuba como hito histórico fue “compensada” visitando luego Argentina para felicitar al flamante Gerente de la Nación. En sus acotados discursos no evitó decir que había apoyado este cambio, lo que Macri reconoció como una ayuda clave. Acomodando un discurso que rezuma banalidad como forma de evitar las definiciones, se dejaron algunos anuncios relevantes.

La última gran ofensiva imperialista fue el proyecto continental lanzado a inicios de los noventa, conocido como “Iniciativa para las Américas”, luego devenido en ALCA. Este proyecto fue derrotado en Mar del Plata en 2005, gracias a la organización coordinada a nivel continental de diferentes movimientos sociales. Bush hijo debió retirarse sin conquistas. Este proceso se dio en el marco de ascenso de diferentes gobiernos de tintes populares. Durante este período se produjo una creciente penetración del capital chino en la región, que se consolidó como socio comercial de la región y como fuente de capitales, consolidando una relación de tipo dependiente. La competencia entre capitales chinos y estadounidenses ha tenido el Caribe como uno de sus espacios clave, con el proyecto chino de abrir un canal en Nicaragua para competir con el de Panamá como epicentro.

Naturalmente, Estados Unidos no abandonó sus intereses en la región, pero demoró en reorganizar sus proyectos. Una de sus estrategias centrales fue incitar la agenda de la Alianza del Pacífico como alternativa a los gobiernos “populistas”. Se trataba de una alianza entre países con tratados de libre comercio con la potencia del Norte, que evitan redistribuciones “populistas” del ingreso. La agenda, retomada en múltiples medios locales, tiene ahora una nueva etapa con la caída de los precios de los commodities (que mermó los recursos disponibles en la región) y la desaceleración de los procesos de integración regional, como explica el experto Leandro Morgenfeld.

Justamente, los principales acuerdos en materia económica estuvieron orientados en la desregulación del comercio. Según explica Verbitsky, hubo acuerdos sobre garantías de propiedad intelectual (más pagos de royalties), de simplificación de trámites comerciales, de asistencia técnica en materia de telecomunicaciones y cooperación nuclear. De la mano del acuerdo entre YPF y Chevron (que permanece secreto, a pesar de la orden judicial de hacerlo público) fue la base para acuerdos en materia de energías no convencionales, cuya explotación ha permitido a Estados Unidos alcanzar en producción a Arabia Saudita, tal como explica Julio Gambina. La canciller Malcorra dijo sin tapujos que el horizonte es un acuerdo de libre comercio, aunque por la vía del MERCOSUR. Es decir, la agenda que enterramos hace una década, vuelve al pie del cañón.

El comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos ha caído año a año, siendo nuestro tercer socio comercial, muy por detrás de Brasil y apenas debajo de China. El saldo ha sido crecientemente deficitario para Argentina desde hace años, alcanzando los 4.272 millones de dólares en 2015. El resultado de estos acuerdos de mayor desregulación será, pues, mayor déficit, y por lo tanto, mayores salidas de divisas.

A cambio, la Cámara del Comercio estadounidense en Argentina anunció en el predio de la Rural inversiones por 13.800 millones de dólares durante el mandato de Macri. La suma no llega a compensar las salidas esperadas por el arreglo con los fondos buitres, cuya aprobación legislativa está ya culminándose. Estados Unidos no muestra así demasiado énfasis en recuperar posiciones inversoras en el país, dejando en espera de mejores anuncios al gobierno de Macri. El país del Norte viene perdiendo posiciones de inversión año a año en toda la región, además de convalidar la trayectoria en materia de negocios en el país: producción de bienes primarios y servicios. Vale decir que Argentina tuvo un descenso de la inversión extranjera en 2014 debido al pago a REPSOL por YPF. Contrario a lo que Macri señaló al levantar las regulaciones en materia de remisión al exterior de utilidades, el país no dejó de ser atractivo para el capital extranjero, al menos no se detecta eso en los números del último estudio disponible de la CEPAL. Este estudio indica además que el saldo neto de la inversión extranjera en la región es negativo, pues la salida por pagos de royalties y utilidades sobrepasa las entradas de nuevas inversiones.

Es decir, los acuerdos fomentan mayores déficits comerciales, mayores salidas de royalties y pagos de utilidades. En una economía que aqueja de falta de dólares, este rumbo no parece ser la solución. Del mismo modo que no lo está siendo el arreglo con los buitres, el gobierno reafirma el carácter dependiente de nuestro país, sin ninguna concesión. El componente ideológico del libre comercio parece nublar los análisis más básicos.

Homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y atentados de todo tipo fueron algunos de los hechos que fueron perpetrados por la Alianza Anticomunista Argentina, la asociación ilícita conformada en el seno del Ministerio de Bienestar Social por la que el pasado 19 de febrero fueron condenados cinco de sus integrantes.

Se trata de Jorge Héctor Conti, Carlos Alejandro Gustavo Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Arturo Pascuzzi, quienes fueron condenados por la jueza federal María Romilda Servini a cuatro años de prisión al término de un proceso que tramitó con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP). El fiscal federal que intervino en la causa, Eduardo Taiano, y la querellante Liga Argentina por los Derechos del Hombre, habían solicitado una pena de cinco años.

La jueza señaló en la sentencia que la Alianza Anticomunista Argentina “fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un Ministro de la Nación”, en referencia a José López Rega. En ese sentido, consignó que todos los ahora condenados estuvieron “vinculados en cierta forma al Ministerio de Bienestar Social”.

El escribano y periodista Conti, desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión, y Villone, a través de su cargo como Secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social, habrían actuado como los “enlaces” entre el funcionario y los distintos grupos que comandaban en la mencionada cartera, que a su vez eran integrados por los demás imputados. Con el tiempo, Conti también se convertiría en el yerno del por entonces secretario privado de Juan Domingo Perón.

Elementos de prueba

Primero como testigo y después como imputado, en 1975 el ex militar Salvador Horacio Paino “admitió haber organizado (por orden de López Rega) esta asociación criminal que dio a llamarse ‘Triple A’”. El fallo recuerda que Paino “aseguró que le habían encargado el asesinato” del diputado Rodolfo Ortega Peña y que pudo ver una lista de las personas que la asociación ejecutaría, entre los que nombró al padre Carlos Mugica y al ex subjefe de policía Julio Troxler, entre otros. En ese sentido, aportó un organigrama con la estructura, integrantes y funciones de la organización.

Por otro lado, una variedad de testimonios dieron cuenta de la existencia de armamento en la sede del ministerio, atentados contra los diarios El Mundo, Clarín y la revista Militancia, que obligó a periodistas a exiliarse en Perú. Asimismo, narraron que en las reuniones de gabinete “se proyectaban las fotografías de aquellos que habrían de ser eliminados”.

Contexto

Para la magistrada federal, “el delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado”. Y precisó que se utilizó el espacio “como lugar físico de sus reuniones, se financió -entre otros aportes- su funcionamiento, se proveyeron fondos para compras de armamentos, solventar su logística, se utilizó su aparato de prensa, y hasta sus requerimientos aduaneros en materia de armas”.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Nº3 en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Taiano, apuntó en el pedido de pena que “los pasos seguidos por la banda criminal consistían en: difundir sus amenazas, lo cual instalaba el terror y provocaba el aislamiento de sus víctimas; luego ejecutar la brutal condena y finalmente exhibir los cuerpos torturados, destrozados, como una inconfundible marca registrada”. “Hipólito Solari Irigoyen fue el primero de la lista de varios más”, añadió la jueza en el veredicto, que además de los crímenes de Ortega Peña y Troxler (“Se cree que motivó su deceso la investigación en curso contra el titular de la cartera del Ministerio de Bienestar Social”, detalló), también enumeró los del hijo del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, Raúl Laguzzi, de Alfredo Curutchet en Beccar, el de Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, y los de Pedro Barraza y Carlos Laham, muchos de ellos reconocidos en comunicados.

Roles

En la sentencia, se identificaron las funciones de los acusados. La de Conti “era la de ‘enlace’ entre López Rega y los distintos miembros de la asociación”, en tanto “se encontraba a cargo del grupo de ‘acción psicológica y propagandística (utilizando sus influencias y cargos en los canales de televisión) y de los grupos N°1 y N°2 de la asociación criminal”. Tuvo gran peso el testimonio de Ricardo Rubens Capelli, quien fue testigo y resultó baleado en el asesinato de Mugica: estando internado en el Hospital Rawson recibió la visita de Conti, quien le comunicó que López Rega se ponía a disposición “para lo que necesite”. Su reacción fue inmediata: le pidió a sus amigos que lo sacaran de ahí “porque iba a ser boleta”. Es que otra de las actividades del periodista era ir a ver a testigos directos del accionar de Triple A “a fin de amedrentarlos”.

El mismo testigo refirió que escuchó que “Conti le dio a Paino 10 millones de pesos para que éste armara la Triple A”; asimismo, dijo que “por la oficina de Conti pasaba la gente de la custodia de López Rega”.

En cuanto a Carlos Villone, formalmente se desempeñó como asesor del ministerio desde 1973 y luego como secretario de Coordinación y Promoción Social, entre marzo de 1974 y junio de 1975. Pero de la pesquisa surgió que estaba a cargo de los grupos denominados A, B, C, D, E y F y de la agrupación de extrema derecha, “cada uno de ellos comandados por policías retirados o en actividad”. Como “era el que manejaba personalmente los fondos del Ministerio”, “sin su participación la organización ilícita no habría actuado con tantas facilidades”. El edecán presidencial entre 1973 y 1974, Tomás Medina, sostuvo que con la participación de Villone “se encubrían y ayudaban a las andanzas de esta organización ilícita”.

Julio Yessi, por otra parte, fue asesor de Gabinete y después presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, en el ámbito del ministerio. Servini y los acusadores consideraron probado que estuvo a cargo de “comandar un subgrupo del grupo uno, recibiendo órdenes de manera directa de Conti”. A modo de ejemplo, se determinó que retiró del aeropuerto de Ezeiza un cargamento de 10 ametralladoras (siete MK5 y tres MK3), y fue identificado por uno de sus secuestrados, que además de Paino declaró contra él. Cozzani -quien durante la dictadura militar sería la mano derecha de Miguel Etchecolatz en la policía de Buenos Aires y en 2012 fue condenado a perpetua- se incorporó en la formalidad como Supervisor de Operaciones. Finalmente, se determinó que Pascuzzi estuvo a cargo del grupo “F”, que respondía a Villone.

Sobre el delito de asociación ilícita en general, la jueza indicó que “se agotó en 1975”. Al respecto, consideró que “La ‘marca’ o ‘las señales’ de la asociación quedarán puestas en evidencia” con otras causas en trámite, elevadas a plenario, “donde se investigan las responsabilidades de todos los imputados” por hechos puntuales como privaciones ilegales de la libertad, homicidios y lesiones graves. “Conti, Villone, Yessi, Cozzani y Pascuzzi conocían sobradamente lo que acontecía en el seno de esa asociación, por su permanencia en la misma, y por la división de roles (…), se encuentra acreditada la existencia de un acuerdo o pacto entre ellos”, detalló.

Imprescriptibilidad de la asociación ilícita

Tal como sostuvieron la fiscalía a cargo de Taiano, la querella, el juzgado en la etapa de sumario y la Cámara Federal de Apelaciones, Servini coincidió en que “no existe ningún obstáculo legal para la persecución de este delito, pues la acción penal respecto del mismo es imprescriptible en virtud de tratarse de un delito de lesa humanidad”. “La organización denominada ‘Triple A’ fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un Ministro de la Nación –López Rega-, y si bien en esa época nos gobernaba un gobierno constitucional, las autoridades que tenían a su cargo la dirección del país, toleraron su actuación, los procedimientos de su accionar y sus objetivos de presionar, amedrentar y por qué no eventualmente aniquilar a sus opositores tanto ideológicos como partidarios”, detalló.

“Todo este cuadro de situación, completa los requisitos que el derecho penal internacional exige al definir estos crímenes de lesa humanidad, cuando contempla la necesidad de que el ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil sea cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política”, agregó la magistrada en respuesta al planteo de prescripción interpuesto por una de las partes.

Fuente: fiscales.gob.ar

Foto: Lopez Rega entrega un cheque durante el casamiento al ex jefe operativo de la Triple A, Rodolfo Almirón -ambos fallecidos impunes-.

 

(Por Julio Gambina) Cuando me preguntan sobre el orden económico social del presente no hay más remedio que hacer historia, especialmente desde el Golpe de Estado de 1976.

El fenómeno visible tiene que ver con las torturas, los asesinatos, las desapariciones, las detenciones, los exilios. Todo ello remite al dolor, físico y mental, de afectados directos, familiares, amigos, compañeros de militancia y destino en la vida. Un poco menos se visibiliza la desorganización social y política buscada por los ejecutores materiales e ideológicos del golpe, lo que supone indagar en las motivaciones del ejercicio del terrorismo de Estado.

Lo esencial de la iniciativa política de las clases dominantes hacia 1976 apuntaba a reestructurar el orden económico, social y político de funcionamiento del capitalismo en Argentina, como parte de un proceso similar en la región. En 1973 en Chile y en Uruguay, luego en 1976 en Argentina y otros procesos similares en la región darán inicio al ensayo de restauración liberal del orden social en el ámbito mundial, más conocido como neoliberalismo. Un ensayo que buscará generalizarse luego con la restauración conservadora liderada por Thatcher y Reagan en los 90´ y que se extenderá con renovada fuerza a la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.

De la defensiva capitalista a la ofensiva

El diagnóstico apuntaba a cerrar el ciclo defensivo de las políticas keynesianas instrumentadas en el capitalismo a la salida de la crisis del 30 del siglo pasado y generalizadas, más allá de matices, luego de la segunda guerra mundial. El carácter defensivo devenía de la fuerte iniciativa y organización de sectores subalternos que en Europa podían imitar el ejemplo soviético de construir el socialismo. En EEUU se necesitaba superar la crisis del 30, surgida desde Wall Street, por lo que el “new deal” (nuevo acuerdo), con su planificación y diferente papel del Estado favoreció la construcción de la nueva hegemonía estadounidense en el sistema mundial, creando las condiciones de la bipolaridad.

La crisis de los 70´ había dado la vos de alarma de los límites del desarrollo capitalista bajo la orientación kerynesiana y el gasto estatal pasó a ser el objeto de la crítica de las clases dominantes. Había que abandonar las políticas defensivas, porque ya afectaba a la rentabilidad de las empresas dominantes. Bajo esas condiciones se hace fuerte la restauración del liberalismo, bajo la denominación “neoliberalismo”, y las matizadas interpretaciones de cómo salir de la crisis de los 70. Es en esas condiciones que la corriente neoliberal de pensamiento acude como sostén teórico y formuladores y ejecutores de la política económica de los regímenes terroristas en el cono sur. Con matices, la escuela de Chicago difunde sus pensamientos para una política de transformación reaccionaria del orden capitalista.

En las condiciones de la Argentina y otros países de la región, se impuso el proceso de desarme del orden capitalista bajo el formato anterior. Si las décadas previas fueron las de la industrialización sustitutiva de importaciones, con aliento al mercado interno y la construcción de un amplio proletariado, especialmente industrial y por ende una burguesía también extendida en la producción agraria, industrial y de servicios, la reversión económica suponía la desarticulación social y política de ese entramado social. Por eso el golpe, las prohibiciones, el amedrentamiento y la manipulación de la opinión pública y el sentido común instalado.

La política neoliberal anticipada en el último tramo del gobierno constitucional (por ejemplo: el “rodrigazo” en julio de 1975) se consolidó en 1976 con el Plan Martínez de Hoz, expresión del sector más concentrado de la economía local, cuyos efectos se sienten aún con los cambios institucionales, estructurales, acecidos desde entonces y muy especialmente en los años 90´ del siglo pasado. Es la base material para pensar la liberalización en curso y la inserción subordinada en nuevos tratados de libre comercio que sellan la presencia de Barack Obama en esta Argentina gobernada por Macri.

¿Qué cambió desde 1975/76?

Las relaciones laborales mutaron sustancialmente, con flexibilización, precariedad, tercerización, subempleo, desempleo y su correlato en desorganización y de-sindicalización. En materia de Estado se promovió un fuerte cambio de función, con privatizaciones, desregulaciones y aliento a la mercantilización de derechos sociales, tales como la educación y la salud, entre otros. La inserción internacional subordinada fue la forma de relacionar a la Argentina con el mundo, con tratados de libre comercio y la extensión de tratados bilaterales en defensa de las inversiones, tanto como la generalización de la prórroga de jurisdicción soberana, que hoy se sufre con la sentencia Griesa.

Instrumentos económicos privilegiados que llegan hasta nuestros días fueron la ley de entidades financieras y una política monetaria y financiera de subordinación a la lógica del sistema mundial liderado por los organismos internacionales. También el régimen de inversiones externas que nos somete a la decisión transnacional sobre el modelo productivo y de desarrollo, con soja y transnacionales de la alimentación y la biotecnología; con inversiones mineras para mega minería a cielo abierto con explotación de bienes comunes y contaminación. Es la industria de armaduría para la exportación y los servicios privatizados y altamente concentrados. Es el mecanismo del endeudamiento externo en ciclos sucesivos adoptados por los gobiernos constitucionales en una continuidad con el pecado original de la dictadura genocida.

Las clases dominantes en la Argentina reorganizaron la cotidianeidad del desarrollo capitalista desde el terrorismo de Estado y ya bajo formas constitucionales de gobierno se someten y profundizan la institucionalidad heredada. Por eso continúa la prórroga de jurisdicción soberana, en los acuerdos por nueva deuda, en los contratos con China y con Chevron. Por lo mismo se afianzan las tendencias aperturistas y condicionadas de los instrumentos del libre comercio y la subordinación a los organismos multilaterales. Ese es el sentido de las relaciones internacionales que se fomentan en el presente, con reuniones y presencias de jefes de Estado de Italia, Francia, Inglaterra, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, y claro, con EEUU.

No alcanza con la crítica o la prédica de un relato que evidencia las motivaciones del golpe genocida del 76, si en simultáneo no se construyen las bases materiales y subjetivas para una lucha anti capitalista.

“Nunca Más… Para todos los sectores…”, reclamó la vicepresidenta PRO del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, al cumplirse cuarenta años del último golpe de Estado cívico militar, haciendo tanto ruido como el silencio de la gestión municipal de Héctor Gay sobre la dolorosa efeméride. La docente subió su deseo a su cuenta de Facebook y linkeó un “listado completo de ataques y asesinatos de montoneros y erp”.

Tanto la acción o la omisión mencionadas contrastan con la contundencia del repudio al terrorismo de Estado demostrada por centenares de miles de ciudadanas y ciudadanos en las plazas del país el jueves pasado, en el aniversario del inicio formal del plan sistemático genocida para la eliminación de lxs opositorxs a la dictadura, cuya denuncia por parte de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos fuera ratificada por más de 150 sentencias judiciales.

Perdriel fue electa en octubre de 2015 y es una de lxs cuatro representantes del macrismo en el órgano educativo. El oficialismo local la propuso como candidata a presidenta del Consejo aunque perdió la elección a manos de la larraburista Susana Rodríguez.

pedrielEn su curriculum virtual, Perdriel detalla que se desempeña en la Escuela Primaria Nº10 y hasta el año pasado lo hacía como directora de la EP Nº17 “Cnel. Leonardo Rosales”. También pasó por el Instituto Julio César Avanza como “profesora de EGB para I y II Ciclo” y “Docencia”. Entre sus “aptitudes” apunta: “negociación”, “inglés” y “oratoria”.

El reclamo de la consejera no sorprende en las filas de la Alianza Cambiemos donde militan varios funcionarios ligados a la dictadura y muchxs de sus dirigentes, a pesar del esfuerzo por contenerse o disimular, muestran la hilacha habitualmente. Desde “el curro de los derechos humanos” que prometió abolir el actual presidente durante su campaña hasta su más reciente nunca más a la difusa “violencia institucional“, pasando por el bache de Quilmes del cocinero Molina, el encubrimiento de la participación civil en el golpe denunciado por el SiPreBA, hasta el negacionismo del ministro porteño Darío Lopérfido.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj milita por el encierro domiciliario de genocidas y, en sintonía con Perdriel, recibió en la mismísima ex ESMA al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización de militares y familiares creada para pedir “memoria completa” y juicio y castigo para los “crímenes de la guerrilla”.

¡Escuchá! Cuentos, rimas, y versitos para los más chiquitos (y no tanto)” de Alicia Partnoy y Ruth Irupé Sanabria -con ilustraciones de su madre y abuela Raquel-, será editado próximamente en La Pampa por la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 mediante su editorial 7 Sellos.

Alicia es sobreviviente del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita de Bahía Blanca y exiliada en Estados Unidos, donde se desempeña como profesora de Filosofía y Letras. El libro recopila textos de finales de los 70 y principios de los 80, escritos en la cárcel de Devoto para “jugar” con su hija “a través de sus líneas”.

Para Yanina Lofvall, integrante de 7 Sellos, la edición es “una alegría inmensa” porque “era un anhelo de Alicia, que es una gran militante y ha escrito cosas inmensas de valor histórico como ‘La Escuelita’ pero tenía ese sueño de poder publicar los cuentos y los versos que alguna vez escribió a su hija y en eso estamos”.

“Este libro para niños tiene escondido entre sus líneas el amor de Alicia. Nos muestra el ejemplo de una madre que en las épocas más oscuras de nuestra historia, que atraviesa su vida particular, el amor vence al odio”, aseguran desde la editorial en el lanzamiento de la preventa de la obra.

“Introduce el libro una carta que tiene que ver con las cosas que Ruth pensaba o preguntaba sobre su mamá mientras estaba detenida”, comentó Lofvall a FM De la Calle y agregó que los textos permiten abordar el terrorismo de Estado “desde un lugar un tanto particular que quizás no siempre se analiza, que tiene que ver con el vínculo de amor de una madre detenida con su hija, y cómo a través de esos cuentos, de esos relatos, ella trataba de que no se quiebre el vínculo de amor”.

La editorial publicó un adelanto de la obra para trabajar en las escuelas en el marco del 40º aniversario del golpe de Estado y su resultado puede verse en la página de 7 Sellos, en la cual comparten los dibujos de lxs niñxs que escucharon el cuento “Un sueño muy loquito”.

“Pedimos el acompañamiento de la gente para que Alicia sienta que este libro llega y que es una manera también de reestablecer la presencia de los desaparecidos en este contexto histórico tan complejo, volver a poner el tema en cuestión desde los lugares que hay que analizarlo, porque este vínculo entre Alicia y Ruth sigue marcado por esta historia”, dijo Yanina.

Para adquirir el libro en la etapa de preventa que finalizará en mayo pueden consultar mediante Facebook o escribiendo a [email protected]

Carta de Alicia a Ruth no incluida en el libro, publicada por su autora en Facebok:

V. Devoto, 17-4-79

HOLA RUTI!

¿Cómo te va? A mí más o menos porque estoy engripada. Aat chús! Estoy meta estornudar y sonarme la naríz, qué rabia! Me de bonca estar resfriada. Aat chús! Y cada vez que estornudo me tengo que agarrar el diente porque sino !ZAS! se me vuela ¡qué lío! Entonces con una mano me tengo que tapar la boca para que no se me vuele el diente. !At chús! Y con la otra mano tengo que buscar rapidito el pañuelo para sonarme la naríz. ¡At chús! At chús! Aaat chús! Ahora estoy acostada y bien tapadita, tomé té y remedios y tengo que esperar un poco hasta que se me vaya este resfrío hincha. ¿Sabés por qué uno se agarra un resfrío? Resulta que en el aire andan una especie de bichitos tan chiquitos que ni se ven, a veces no te hacen nada, pero a veces cuanto se te meten adentro te resfriás; esos bichitos se llaman VIRUS. ¡Qué nombre! ¡VIRUS! me da risa y cuando es uno solo no se llama VIRU se llama VIRUS igual! Resulta que si una se queda en la cama o adentro de la casa y no toma frío y se toma el remedio que le da el doctor, el cuerpo toma fuerza y más fuerza y zás! Mata a todos los VIRUS y uno se cura. Sabés que cuando eras chiquita y vivías con papito y conmigo, cuando te resfriabas o te agarraba tos – también por culpa de los virus – yo me quedaba cuidándote y papito iba a llamar por teléfono al doctor y a comprarte los remedios o si no al revés, yo te iba a comprar los remedios y papi te cuidaba y te ponía la bolsita de agua caliente para darte calor en el pechito y la espalda, eso hace bien para que el cuerpo se ponga fuerte fuerte y pueda echar afuera todos los virus. Ahora cuando te enfermás te cuidan el Chino y la Raquel o los abuelitos Berta y Carlos. ¿Cierto? Ellos te cuidan siempre porque te quieren mucho. Papito y yo también te queremos mucho pero no te podemos cuidar porque no nos dejan estar con vos ahora, pero cuando podamos te vamos a cuidar corazoncito. Ahora te mando besos…

PD: Besos y mas besos! ¡Aat chús! Te quiero mucho

MAMÁ

Concurso literario: últimos días para participar

logo-identidades-768x861Uno de los desafíos de la editorial 7 Sellos es “buscar la identidad del autor y su texto, para que la edición del libro refleje un producto acabado de la inspiración del escritor”. Por ello propusieron a niñxs y adolescentes, escritorxs, movimientos cooperativos, ONG’s e instituciones participar del “Concurso Literario Identidades” para “conocer, profundizar y comunicar las identidades que atraviesan a autores y sociedades”.

Se puede participar enviando textos hasta el último minuto del próximo 30 de marzo según estas bases y condiciones.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia presentaron un recurso para que la Cámara de Casación Penal revierta el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que benefició con falta de mérito al director del diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia), Vicente Massot. Reseñaron las pruebas sobre la acción psicológica ejercida por el diario y documentos sobre los aportes de Massot al crimen de dos obreros gráficos.

La presentación apunta a torcer el rumbo fijado en la causa por el juez subrogante Claudio Pontet, quien dictó en primera instancia la falta de mérito y luego fue apartado del expediente, y la confirmación -fechada el 25 de febrero- de esa decisión por parte de los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro, quines deberán tratar ahora la admisibilidad del recurso y rechazarlo o enviarlo a Casación para su tratamiento.

Massot está acusado por la Fiscalía de haber realizado aportes indispensables en el homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior. También, le imputan haber efectuado desde el diario aportes “esenciales” en el “ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.

En el recurso de casación, Palazzani y Nebbia señalaron que la resolución de la Cámara Federal era nula “por ausencia de mayoría válida de votos coincidentes” para analizar la actuación como juez subrogante del secretario judicial Pontet y la consecuente validez de su fallo. La Fiscalía había tachado de ilegal la actuación de ese funcionario, a quien incluso había recusado -sin que esa petición hubiera sido tratada a tiempo- por su relación con Massot y su parcial actuación en las causas por crímenes de lesa humanidad. Por ese motivo señalaron oportunamente que correspondía “declarar la inexistencia de la falta de mérito dictada en primera instancia”.

Por otro lado, los fiscales señalaron que la resolución “padece de arbitrariedad y fundamentación aparente” y remarcaron que “el dictado de la falta de mérito resulta equiparable a sentencia definitiva”, lo cual -sostuvieron- es suficiente motivo para fundar la admisibilidad del recurso.

Acción psicológica

Palazzani y Nebbia pusieron de relieve que la resolución de los camaristas “reconoce que las acciones psicológicas eran parte del plan criminal (lo que implica admitir su relevancia penal), que para su ejecución resultaban necesarios los medios de comunicación y que no sólo la misma se ejerció a través de La Nueva Provincia, sino que está resultaba indispensable para tal tarea”. Y subrayaron que, en ese contexto argumental, la confirmación de la falta de mérito es la “tergiversación” de los hechos. “De acuerdo al resolutorio, la imputación penal reprocha a Vicente Gonzalo Massot el ser dueño de un monopolio mediático regional, durante el período de los años de plomo”.

Los representantes del Ministerio Público explicaron que “la sentencia invierte completamente los términos de la hipótesis imputativa, pues esta última no parte de lo que era La Nueva Provincia, sino de lo que hizo, es decir, qué publicó durante el período de tiempo investigado, y de qué modo dicha actividad se encontraba funcionalmente inserta dentro del plan criminal sistemático, de un modo general (incitando a todo el tejido social a participar del genocidio, legitimando las acciones genocidas, y ocultando su ilegalidad) y particular (publicando información falsa en relación a las víctimas del accionar genocida)”.

También subrayaron que los tomos con los diarios de la época -secuestrados en un allanamiento encabezado por los fiscales en la sede del medio gráfico- son la prueba de esa hipótesis.

Los fiscales señalaron que en el diario, la radio y la televisión conducidas por la familia Massot “quedó plasmado un mensaje de incitación al genocidio, a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano (el ‘enemigo’, el ‘subversivo’, el ‘apátrida’, el ‘ideólogo’), un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.

Esa misma conducta se dio con “una amplísima empresa de persecución y señalamiento del blanco (la configuración y selección del “otro”), en buena parte orientado hacia aquellos que denunciaban y/o reclamaban por las personas desaparecidas, calificándolos como acción psicológica del enemigo”, describieron.

En este sentido, los fiscales cuestionaron la interpretación que los camaristas hicieron de la acusación, al considerar -los jueces- que la Fiscalía puso todo el peso de la acción psicológica desarrollada por las Fuerzas Armadas en La Nueva Provincia y señalar que la empresa fue “utilizada” por los responsables militares de la zona. Esas dos aseveraciones, señalaron, son erróneas, pues “como toda actividad criminal compleja realizada como parte del terrorismo de Estado, la acción psicológica constituía uno de los planos del plan criminal consumado de manera general sobre la población, y particular sobre cada una de las víctimas. Además, la acción psicológica implicaba en sí misma una actividad colectiva, que abarcaba diferentes actores y etapas”.

Al respecto, puntualizaron que “una vez reconocido que la acción psicológica era parte del plan criminal general y particular y que La Nueva Provincia participó materialmente de tales procedimientos, lo que correspondía sopesar era si dicho aporte resultaba penalmente relevante”.

Inteligencia de manual militar

Los fiscales citaron además los reglamentos militares de la especialidad de inteligencia, que definen los objetivos y los medios, y recordaron que el jefe del V Cuerpo del Ejército, Adel Vilas, definió por entonces a La Nueva Provincia como “un valioso auxiliar de la conducción” en las tareas de acción psicológica, luego de que el diario presentara como muertos en un enfrentamiento a víctimas de una ejecución.

Por otro lado, los fiscales cuestionaron que la Cámara pretendiera presentar que el diario alentó a la denominada “lucha contra la subversión” sólo en su aspecto “legal” y recordaron al respecto que “la exhortación cotidiana y constante al exterminio de un grupo de la población, no sólo no puede considerarse un apoyo a aspecto legal alguno, sino que se encuentra expresamente contemplado por el Derecho Internacional Público, como uno de los más graves delitos que puede concebir la humanidad”.

En ese sentido, añadieron que “no puede predicarse sobre una misma actividad un carácter legal y otro ilegal. Lo que correspondía determinar es si Vicente Gonzalo Massot, como miembro del núcleo decisional de la empresa, participó voluntariamente de dicha ilegalidad”.

Además, remarcaron que la Cámara Federal bahiense no dio tratamiento a “la plena coincidencia entre la actividad emprendida por el núcleo decisional de La Nueva Provincia y los reglamentos militares y fines del plan criminal”, pese a que “se trataba de un aspecto de análisis esencial para comprender el ‘qué’ de la imputación”.

El verbo y la acción

Los fiscales cuantificaron que entre 1976 y 1977 “existen doscientos treinta y siete ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se aborda la ‘lucha contra la subversión’, de las cuales en ciento setenta y siete ediciones le agregaron (textualmente) a la ‘subversión’ los siguientes verbos: eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar, erradicar y estado de guerra”. Al respecto, indicaron que “la verdadera dimensión de su alcance y relevancia criminal se adquiere de su completa lectura”.

La Fiscalía recordó en esta nueva instancia las relaciones personales de Vicente Massot con algunos de los principales ejecutores del terrorismo de Estado, como el jefe del Cuerpo I del Ejército Carlos Suárez Mason y el del V Cuerpo, Osvaldo Azpitarte; y el recientemente conocido -revelado por Fiscales- vínculo con el espía de la DINA chilena, Enrique Arancibia Clavel, a quien -según el propio archivo del agente trasandino- le pidió en 1974 información para “hacer una campaña” en sus medios “contra la penetración soviética en América Latina”.

También cuestionaron la resolución judicial que confirma la falta de mérito por “la aseveración acerca de que la intervención de Vicente Massot fue menor” durante la protesta gremial protagonizada por Heinrich y Loyola, pues “soslaya que dicha actuación personal al frente de la empresa (adoptando decisiones en su nombre) tuvo lugar en el momento más crítico del conflicto (mes de septiembre de 1975), si se computa que durante casi la totalidad del mes de agosto la familia Massot no pudo publicar el diario, hecho inédito en la historia del medio, que tampoco volvió a suceder con posterioridad”. En ese sentido, ponderaron, la sentencia de la Cámara “pasó por alto lo sustancial: que conforme surge de todas esas actas notariales, el único que negociaba cara a cara con los delegados gremiales era Vicente Massot”.

Finalmente, pusieron de relieve que “a pesar de estar indagado por la instigación o determinación de estos homicidios, no se aborda la cuestión ni siquiera tangencialmente”. En ese sentido, los fiscales recordaron que entre las pruebas figura un informe de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval, que da cuenta de una “lista de personas a ser raleadas de un medio de difusión fundamental”, en referencia al diario bahiense, encabezada por Heinrich y Loyola. En el informe la fuerza de seguridad dice que la propia empresa había contratado a un jefe de inteligencia de la Policía bonaerense para la “realización de tareas de inteligencia en relación a un proceso de infiltración ‘subversiva’, y que en esa tarea reportaba a los directivos de la empresa”.

A la muerte de ese efectivo policial, indica, el “proceso de infiltración fue asumido por los propios directivos de la empresa a través de actas notariales (en las que intervino personalmente el imputado) y denuncias a las autoridades militares”, información que fue puesta a disposición de la Prefectura, algunos de cuyos miembros fueron condenados -precisamente- por su intervención en el homicidio de los dos obreros gráficos.

Con ocho debates realizados desde la implementación del nuevo sistema, Bahía Blanca encabeza la lista de distritos con más juicios por jurados. Seis de ellos culminaron en absoluciones y dos con veredictos condenatorios. Los datos contrastan con la estadística provincial -veintiuna condenas y catorce absoluciones- y levantan polémica entre operadores judiciales, políticos y mediáticos.

“El modelo antidemocrático que La Nueva Provincia le ha dado en toda su historia a su línea editorial está permeando e influyendo en este tema. Es gente que trabaja en contra de la democracia, va a opinar mal del juicio por jurados y lo que tienen que hacer los bahienses es no dejarse llevar por discursos fascistas”, dijo a FM De la Calle Guillermo Nicora, fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, en relación a la campaña del diario de la familia Massot contra dichos procesos.

El funcionario integra además la dirección del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), organismo que difundió una fuerte crítica hacia fiscales bahienses que protestaron contra los jurados locales por la alta tasa de absoluciones y el escaso tiempo destinado a las deliberaciones y señalaron la necesidad de “revisar la ley”.

“No tengo ninguna duda que el sistema por jurados es el que establece la Constitución, no tengo ninguna duda de que es el mejor sistema de justicia que podemos tener y hay un problema, pero lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no pensando en Bahía Blanca, tenemos una necesidad de reentrenamiento de todos los abogados para que esto funcione bien. No es un entrenamiento de los ciudadanos “, comentó Nicora.

Para el especialista los “abogados que están formados para hacer expedientes tienen que nacer de nuevo, aprender de nuevo para trabajar en un sistema oral, hablándole a gente que no es abogado. Esto no es un defecto, es un gran mérito del sistema, una justicia que no es comprendida por el ciudadano común es una mala administración de justicia”.

Ante la crítica que sostiene que el juicio por jurados fue implementado con espíritu abolicionista, Nicora recordó que “sin el jurado hemos tenido enormes niveles de absolución” porque “muchas veces llegamos con investigaciones amañadas por la policía, atadas con alambre, que dejan muchas dudas”. “Lo que pasa es que los jueces profesionales -y este es el problema que el jurado viene a curar- se comen las críticas de los medios cuando absuelven gente, entonces hacen un esfuerzo sobrehumano para condenar personas sin tener elementos de prueba reales porque si no, para decirlo en criollo, se arma quilombo”.

“No es mala noticia que personas que tienen dudas declaren inocente una persona. Claro, seguramente si fuese culpable sería un caso de impunidad, pero no sé si son casos de impunidad, no estoy opinando de qué tan apropiado sería o no el resultado de los otros juicios de Bahía Blanca, lo que estoy diciendo es que si tenemos dudas lo mejor que nos puede pasar es que se esté absolviendo a los imputados porque si los estuvieran condenando y nos equivocamos estamos metiendo gente inocente presa y este sería el peor de los errores”.

Finalmente, en cuanto a la imposibilidad de conocer los argumentos del veredicto del jurado, el fiscal explicó que “toda la prueba, todos los elementos de información que el jurado tiene a su disposición se ventilan en la sala de audiencia y cualquier persona que vea o escuche el juicio sabe exactamente lo mismo que sabe el jurado. A partir de ahí el juez profesional con sus instrucciones, que previamente ha acordado con los abogados, le da el marco jurídico a los miembros del jurado que no son abogados ni necesitan serlo para que sepan cuál es el significado jurídico de los hechos que van a tener o no por ciertos”.

“La decisión interna del jurado está garantizada en su calidad por la deliberación y por el número. De hecho uno de los mayores problemas que tienen, y que la solución es al revés de lo que postula La Nueva Provincia, es el sistema de mayorías. El jurado funciona bien cuando es unánime, cuando las doce personas tienen que ponerse de acuerdo para condenar o para absolver. (…) El número de jurados estancados, es decir, cuando después de dos o tres días de deliberación no salen de la situación de no llegar a unanimidad, es más o menos en el 2% o 2,5% de los casos, en el 97% o 98% se logra un veredicto unánime”.

“No creo en los jurados porque absuelven sin razones”

Por su parte, el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, calificó a la manifestación del INECIP como “un ataque personal absolutamente disparatado”, cuestionó la “modernidad” del sistema de juicio por jurados y opinó que con su implementación “se quiso hacer participar al pueblo en la decisión de las sentencias judiciales para transferirle la responsabilidad por la decisión”.

“Yo no creo en los jurados porque absuelven sin razones, una persona es culpable o inocente sin dar una explicación” porque “no conocen derecho y solamente se expiden sobre los hechos”. “Plantear que porque se absolvió a una persona en un juicio por jurados el fiscal trabajó mal es un disparate”, agregó en torno a los cuestionamientos contra Mauricio del Cero.

Para Fernández “el juicio por jurados está estructurado para generar más absoluciones, por eso el sector de pensamiento abolicionista o neoabolicionista que antes se oponía terminantemente ahora lo receta y lo apoya, porque solamente es a pedido de la defensa del imputado, lo que indica en primer lugar que es falso que se crea en el pueblo porque cuando se cree en el pueblo o en lo que resuelve el pueblo no importa quién pida su decisión”.

Asimismo, el titular del Ministerio Público criticó que “cuatro votos de ese jurado del pueblo por la absolución le ganan a ocho votos del mismo jurado por la culpabilidad. (…) Imagínese lo que podría llegar a ocurrir en los delitos de lesa humanidad, donde los hechos son gravísimos, homicidio, todos con penas de prisión perpetua en un juicio por jurados, donde usted piensa que de doce no va a haber uno que a lo mejor no comparta determinada política en materia de derechos humanos. Y esto aseguraría por falta de una mayoría una absolución de un criminal o de un represor”.

Las playas de Punta del Este fueron las elegidas para el “descanso” del propietario y director de LaNueva., Vicente Massot, imputado por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Los jueces Jorge Ferro y Pablo Candisano Mera autorizaron su salida del país entre el 18 y el 27 de marzo. El empresario fue beneficiado recientemente por la confirmación de su falta de mérito por los mencionados integrantes de la Cámara de Apelaciones aunque continúa vinculado a la causa.

Massot está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario La Nueva Provincia. En abril de 2014, al ser convocado a indagatoria la justicia prohibió su salida del país.

Es por eso que debió pedir autorización para esta escapadita a las costas uruguayas, que seguramente permanecerán más calmas que las calles argentinas por las cuales se movilizarán el próximo jueves miles de ciudadanxs para repudiar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y gritar su rechazo a la visita del presidente estadounidense Barack Obama.

El viaje de Massot, de quien se supo semanas atrás que también fue contacto de la DINA chilena, fue cuestionado por la Fiscalía aunque recibió el aval de la titular del Juzgado Federal Nº1, María Gabriela Marrón.

El fiscal Antonio Castaño apeló y destacó que “los peligros procesales surgen del estado del proceso, pues no se encuentra firme la resolución de esta Cámara Federal que confirmó la falta de mérito probatorio del encausado, que continúa siendo necesario asegurar el sometimiento del imputado al proceso, en donde se  investigan delitos de lesa humanidad constitutivos de genocidio; no se valoraron los  amplísimos recursos –tanto económicos como de otro tipo­ con los que cuenta el imputado Massot para concretar y tornar sostenible su permanencia fuera del territorio  nacional”.

Sin embargo, Ferro y Candisano Mera resolvieron el viernes rechazar el recurso y respaldar la decisión de la jueza. Para ello, retomaron la argumentación ya invocada para habilitar anteriores salidas del país del empresario y mencionaron que “la limitación impuesta a la libertad ambulatoria de que goza el imputado es -por su naturaleza cautelar– provisoria, no una conclusión inmutable, y que lo prohibido es salir del país sin permiso del magistrado a cuya disposición se encuentra”.

(Por Laura García Vazquez) A las diez de la mañana del sábado 19 de marzo comenzaron en Bahía Blanca una serie de actividades enmarcadas en los 40 años que se cumplirán el próximo 24 de marzo del Golpe cívico-militar que entre otros males cometió un genocidio en la Argentina cuyas consecuencias aún estamos pagando. El genocidio lo sufre todo el pueblo, los desaparecidos nos faltan a todos.

10349977_552649224894179_9212247624327363685_nEn la Plaza Rivadavia se realizó la muestra “40 años-30.000 compañeros detenidos desaparecidos-MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA” con fotos de cientos de compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos, de Bahía Blanca y de otros lugares de nuestro país. Esta actividad fue organizada por ATE Bahía Blanca y Emancipación Sur Bahía Blanca y concentró mucha participación, siendo así, que, como propuesta surgida de las personas que se acercaron la misma continuará todos los días hasta el 24 de marzo inclusive.

Para culminar las actividades del día planificadas en conmemoración de los 40 años del golpe genocida, a 20 años de la creación del Encuentro MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, se realizó una Charla-Debate en la sede de ATE, convocada por su titular, Viviana Marfil y la cual contó con la presencia de los miembros de conducción de ATE pcia. de Bs. As., Emiliano Hueravilo, Germán Mogilner y la compañera Laura García Vázquez del espacio Emancipación Sur y miembro de dirección de CTA Autónoma provincia, los mismos HIJOS que nos compartieron sus historias construyendo Memoria.

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Los testimonios se alternaron con imágenes proyectadas constituyendo “una emoción apretando por dentro”. El comienzo fue la lista de los desaparecidos de los que hay registro de la ciudad de Bahía Blanca, los 8 minutos que dura esta compilación, ilustrada con fotografías tomadas por el padre de Laura García Vázquez evidencia la dimensión del genocidio, máxime teniendo en cuenta lo que señala más tarde Emiliano Hueravilo: estos son un tercio de los desaparecidos en cada lugar de nuestra Patria.

Comenzó Laura con su relato, una parte dedicada a sus padres: María Ester Vázquez y Néstor Enrique García, ambos militantes del peronismo de base, y otra parte a algunos momentos de esta larga historia de 40 años de búsqueda de justicia y también de búsqueda de identidad por parte de los hijos que siguen conservando los ideales de construir una sociedad justa, una Patria libre y soberana. En sus palabras estuvieron presentes el origen del CELS y su importancia en plena dictadura en las figuras de Luis Zamora, Marcelo Parrilli y Emilio Mignone. También dedicó un párrafo a Rodolfo Walsh y su histórica carta relatando no sólo el horror de la metodología de la represión sino los objetivos finales: un país más dependiente y el padecimiento del pueblo.

Continuó Germán, complementando el relato, contando la historia de sus padres: Juan Jacobo Mogilner y Norma Beatriz Regalía, contando como parte de los hijos mayores de edad el haber compartido con sus padres la militancia y el sueño de tomar el poder, como que era una realidad cerquita, combinando en una hermosa imagen lo grande del sueño y la imaginación de su edad de niño: cuando imaginaba la toma del poder la música que escuchaba era el Himno a la alegría de Beethoven. Su relato posterior incluyó un profundo análisis de las razones políticas del genocidio y también la realidad actual que una vez más, nos pone a prueba a los argentinos en la defensa del país y de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Le tocó terminar los testimonios de hijos a Emiliano, quien contó cómo fue sabiendo de sus padres: Mirta Mónica Alonso y Oscar Lautaro Hueravilo, ya que él nació en la ESMA durante el cautiverio de su madre de la que fue separado a los 22 días. También en este caso se entremezcló la emoción con la convicción de este hijo que no sólo busca justicia por lo propio sino que sigue en la construcción del proyecto de sus padres con su militancia diaria, en este caso, desde la Asociación de Trabajadores del Estado.  En ese momento empezó una serie de intervenciones por parte de los asistentes emocionados e interesados, con testimonios de todas las edades reflejando claramente que esto nos pasó a todos los argentinos. El intercambio de palabras fue un objetivo plenamente logrado en esta actividad.

11885226_552653491560419_6667144944996186484_nSe proyectaron los trailers de los avances de “El sonido de las voces” y “A Eduardo”, ambos de Luis Rojas, se mencionó especialmente a Celia Korsunsky, madre emblemática de Bahía Blanca y también se recordó a Susana Matzkin recientemente fallecida, y su trabajo en busca de justicia por su hermana Zulma y por los derechos humanos para todos los familiares. Terminamos con las imágenes del documental de Emiliano Hueravilo, emotivas imágenes del Acto en la ESMA del 24 de marzo de 2004, con la participación de HIJOS y la emblemática canción de León Gieco “Todo está guardado en la memoria”.

Desde este Colectivo de Trabajadorxs expresaron su “preocupación por el futuro del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario en que trabajamos”.

Son más de dos mil docentes y cerca de veinte mil niños y niñas “que participan y toda la comunidad de familias y barrios que forman parte del programa en todo el país”.

“Pese a los dichos de la directora entrante del área Socioeducativa del ministerio de educación y deporte de la Nación, María Pace, acerca de la continuidad del Programa, la mayoría de los docentes de Orquestas y Coros no tiene noticias acerca de los contratos correspondientes al año lectivo en curso y cuenta con salarios adeudados correspondientes a 2015 y 2016, situación que nos deja una incertidumbre absoluta respecto a la continuidad de esta hermosa y enorme propuesta educativa”.

La tarea es llevada a cabo bajo contratos precarios, relación de dependencia encubierta bajo la facturación como proveedores monotributistas, retrasos en los cobros, salarios con valores desfasados, sin reconocimiento de la labor docente que desarrollamos.

“En un contexto de creciente estigmatización y despidos en el área pública, cierre de Programas que garantizan el acceso a la cultura, salud y educación de todos los ciudadanos, desmantelamiento de las diferentes propuestas del área Socioeducativa, represión a los trabajadores que se manifiestan, el creciente desempleo; nuestra situación de precariedad laboral y la falta de noticias sobre nuestro futuro como docentes, nos deja aún más vulnerables y pone en duda la propia existencia de las políticas de inclusión”.

El Colectivo de Trabajadorxs exige la regularización en el pago de los sueldos adeudados. La continuidad y profundización del Programa, el reconocimiento y regularización como trabajadores de la educación, la inclusión en el Presupuesto Nacional y la continuidad de la coordinación Pedagógica Nacional.

Finalmente, lxs docentes expresaron que abogan por “educación pública de calidad, queremos seguir siendo parte de un Estado presente que no piensa que la educación y la cultura sean gastos, sino una inversión y herramienta de transformación social y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Queremos que haya cada vez más orquestas y coros, queremos que el Programa crezca y se multiplique. Y queremos ser parte de este crecimiento”.

(Por Astor Vitali) Pocas veces la radio da qué hablar. Más bien la radio habla de la tele, del diario, de otras cosas y, al margen de hallazgos tecnológicos, lejos de renovar su lenguaje está llena de personajes mediáticos que desconocen el lenguaje propio del medio o neófitos que se sientan igual ante un micrófono que ante una cámara. Prima el palabrerío sobre la inteligencia de la palabra. Da igual una música que otra y cómo ponerla al aire. Los silencios aparen más como “bache” que como recurso y los efectos son emulaciones de la estética de programas mediocres de TV abierta.

Por el contrario, uno de los hechos culturales de relevancia para la radiofonía argentina fue la aparición, hace diez años, de El desconcierto. Se trata de un programa de conduce Quique Pesoa desde un estudio montado en San Marcos Sierras, donde erigió una hostería.

A su vez, cada semana las radios que integramos la Red Surcos re emitimos la propuesta en los horarios que nos es conveniente.

“Tengo las pelotas infladas de la polarización porque creo que no nos hace crecer. Nos sentamos a discutir de un lado y del otro. Y nadie escucha al otro. Y nadie está pensando” dijo Pesoa a FM De la Calle.

“Quiero que escuchen cuáles son mis argumentaciones y yo a la vez sentarme a escuchar cuáles son las argumentaciones del otro. No tentemos incorporadas las argumentaciones del otro: nos encerramos y suponemos que estamos respetando al otro únicamente porque esperamos que haga un punto en su frase para meter nuestro bocadillo  y no hemos escuchado un pomo de lo que el tipo dijo. No estamos dispuestos a cambiar de esquema de pensamiento. Estamos hechos un hato de pelotudos. Tenemos que empezar a escucharnos”.

En este sentido, Pesoa ejemplificó el problema de la polarización haciendo alusión a un lugar común en los debates de las mesas de café hasta hace no mucho. “No puedo asentar mis argumentaciones en algo que dijo el gordo Lanata, tengo que ser un imbécil. Lo mismo me pasaría si argumento algo que dijo Victor Hugo Morales. Tengo que ser un imbécil para no tener albedrío, pensamiento propio, pensamiento independiente, estoy comprando pescado podrido todo el día”.

Este domingo el aire De la Calle comienza a desconcertarse. De 10 a 13, Pesoa está en De la Calle.

Escuchá la entrevista completa:

Integrantes de organizaciones ambientales de la ciudad participaron ayer en la Cámara de Diputados de un encuentro para debatir un proyecto de ley que logre “un equilibrio entre salud y comunicaciones” en la regulación de radiofrecuencias, “fijando límites de protección similares a las normativas más estrictas implementadas en distintos Estados” para mejorar “la calidad y objetividad de la información brindada a los usuarios sin perjudicar la eficacia o factibilidad de los servicios”.

Gladys Girotti, presidenta de Salud Ambiental en Acción y vocera del nutrido grupo de agrupaciones que participaron de la jornada consultiva, comentó a FM De la Calle que el encuentro surgió tras el “escandaloso proyecto 1941 que trataba de que las telecomunicaciones móviles fueran nombradas de interés público nacional y, de esta manera, podían poner antenas en las propiedades de todas las personas sin necesidad de pedir autorización”.

Las ONG´s y sindicatos, con el acompañamiento de lxs legisladorxs Gabriela Troiano, Carlos Rubín, Diana Conti y Carolina Gailalrd, revisaron y reimpulsaron una iniciativa que ya fue presentada en 2011, 2012 y 2014 por lxs diputadxs Verónica Benas y Antonio Riestra sin lograr su tratamiento. “Hicimos algunas modificaciones que creíamos necesarias pero los fundamentos son los mismos solo con mayor aval científico”, explicó Girotti.

Las jornadas consultivas contaron con la participación del dr. Ignacio Casas Parera, especialista en neurooncología, jefe del Departamento de Neurología del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, quien analizó la incidencia de tumores del sistema nervioso central; la dra. María Inés Sasiain, integrante del consejo directivo de CICOP, quien se refirió al costo que representaría al Estado un incremento eventual en el número de pacientes oncológicos. Por otra parte, el bioquímico Eduardo Legaspe explicó los efectos biológicos de las radiofrecuencias y el ingeniero Guillermo Defays discutió los aspectos técnicos involucrados en la normativa.

Girotti destacó que profesionales de la salud se involucren en el tema dado que muchas veces “reconocen a sus pacientes que la causa de su enfermedad pueda ser por las antenas pero al momento de tener que salir a investigar y hablar públicamente no quieren meterse en discusiones”.

El Concejo prorrogó plazos para que las empresas adecuen sus antenas

Durante la entrevista, la titular de Salud Ambiental en Acción se mostró sorprendida por la prórroga de los plazos para que las empresas ajusten su tecnología a la normativa local. “La ordenanza 17.130 pedía que en el plazo de noventa días las empresas presentaran la declaración jurada de todo lo que tenían instalado y a partir de ahí había 18 meses para adecuación de la tecnología que tenían instalada más lo que vayan a instalar para bajar los niveles de potencia”.

 “Nos sorprendió que el miércoles, sin que haya llegado con tiempo como para que los concejales pudieran analizar la situación, se pidiera un plazo de prórroga para la presentación de estas obligaciones que tenían las empresas y darles un plazo de 24 meses. Son cosas que no entendemos, en primer lugar, por qué ampliar rápidamente los plazos, que llegue a la mañana algo para votar al mediodía que los concejales no tienen tiempo para analizar y muchos ni siquiera saben lo que es una torre antena, la mayoría no intervino cuando se votó la ordenanza en 2013. En segundo lugar, ¿para qué quieren prórroga en una ordenanza que está suspendida? Recordemos que la Municipalidad, el gobierno anterior, no presentó apelación en su defensa cuando la judicializó por quinta vez Telecom, dejó que se vencieran los plazos cuando en las cuatro veces anteriores había sido respaldada por la justicia federal”, se preguntó Girotti.

Adhieren a la iniciativa presentada en el Congreso las ONG’s Aletheia por la Vida, Nuevo Ambiente, Consumidores Responsables, Red de Barrios Irradiados, Vecinos Subestación  Sobral Ezpeleta, Asamblea Rigolleau, CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, ATE Provincia de Buenos Aires, Vecinos Autoconvocados de Campo Quijano (Salta), Vecinos autoconvocados de Gral. Güemes (Salta), AVDA  Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente Gral. Cerri (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Amaducci (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento Ing. Pedro Pico, Ayuda-Le “Ayuda al leucémico” (Bahía Blanca), Vecinos Autoconvocados de Gral. Roca, Foro de la Niñez Bahía Blanca, FUNAM, Asociación Vecinal Dr. Enrique Finochietto Ciudad Autónoma,  ONG Ambiente Comarca (Tornquist), UETTEL (Unión de empleados y técnicos  de las telecomunicaciones) y Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, con el valiosísimo apoyo del Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel.

(Por Francisco J Cantamutto) La política económica de Cambiemos se ha destacado por generar un notable aumento de la inflación, superando con creces cualquier herencia. El ataque al bolsillo.
Pocos fenómenos económicos tienen un impacto tan visible y directo como la inflación, notable en las compras cotidianas, que permiten a cualquiera tener una noción. Y sin embargo, la discusión científica sobre su medición y sus causas es compleja, normalmente en el debate por marcados sesgos ideológicos.
Los últimos años han sido muy prolíficos en este debate, debido a la evidente reaparición del fenómeno. Argentina tiene una larga historia con la inflación, encontrando incluso episodios hiperinflacionarios que sirvieron de excusa para programas económicos muy regresivos: el ocasionado por Celestino Rodrigo en 1975 (prolegómeno de la avanzada neoliberal), las explosiones en la sucesión de Alfonsín a Menem (1989 y 1990, prolegómeno de la Convertibilidad). La lógica es relativamente simple, y no por eso menos efectiva: crear caos económico para justificar medidas regresivas, vendidas como la solución. Sin que nos hayamos siquiera acercado a una híper, lo cierto es que la dinámica inflacionaria de dos dígitos que arrastramos desde hace algunos años sirvió de excusa a la entonces oposición para fomentar el programa de ajuste que hoy aplican en el gobierno.
Es posible que la explicación más difundida de la inflación es la promovida por el neoliberalismo, repetida hasta el hartazgo: el Estado gasta de más y para financiarse usa la “máquina de imprimir billetes”, lo que genera inflación. Cuando además se acusa al gobierno de populista, se repite otro anatema neoliberal –legado de un pésimo estudio de Dornbusch, autor muy leído en los cursos de macroeconomía básica- que es señalar que este gasto estatal busca redistribuir “lo que hay”, dañando la producción. El legado último del populismo sería entonces estancamiento e inflación. No es difícil ver –no hay que ser economista para entenderlo- que se trata de un dogma político, que se esfuerza por enseñar que el más mínimo intento de modificar la situación social se paga caro (ver si no, la evidente avanzada política sobre los gobiernos populares de la región).
El mérito neoliberal es haber vuelto sentido común este dogma, que se pretende como argumento aún cuando carece de pruebas. La ventaja política es simple y perversa: siempre desde un punto de vista liberal, se presenta al Estado como una entidad ajena, separada incluso, extraña a la sociedad, cuyo accionar siempre es opresivo. Si hay inflación, la culpa no tiene que ver con clases o dinámicas propias de la sociedad y el mercado: se trata del monstruo que imprime billetes. Y si este es el problema, la solución es su subversión: evitar que emita billetes, evitar que gaste.
El programa de Cambiemos es explícito y claro en esto: el ataque a la inflación viene por la vía de reducir cierto gasto público y evitar monetizar lo que quede. La reducción del gasto está expresada en el recorte de subsidios de las tarifas y los despidos masivos, mientras que otros gastos no se tocan –como los sueldos de funcionarios políticos. Para evitar emitir por el saldo restante, su proyecto es financiarlo con deuda: por ello el énfasis obsesivo del gobierno para arreglar con los fondos buitres. Vale aclarar que la nueva toma de deuda financiaría el mismo programa de ajuste, incrementando sus costos vía intereses, con lo cual ese camino sólo lleva a mayores problemas que los actuales.
¿Y qué está pasando con la inflación? Son conocidos los problemas de credibilidad que arrastra el INDEC desde la intervención en 2007. Como “solución”, el nuevo gobierno ha procedido a un “apagón” de información, dejándonos sin datos hasta agosto. Si usamos los datos de las consultoras privadas, auspiciados en el Congreso, o el del instituto de estadística de CABA, el resultado es incontrovertible: la inflación, aunque alta, venía desacelerándose el último año, y a partir de noviembre ha sufrido una marcada aceleración. Esto significa, sin dudas, que Cambiemos le agregó varios puntos a la “herencia”.
¿Cómo los agregó? Mediante el anuncio de la devaluación en campaña, su puesta en práctica inmediata al asumir, la quita de retenciones y liberación de cuotas para la exportación de productos de la canasta básica, el aumento de tarifas de electricidad (y anuncio de aumento de gas y transporte), la nueva devaluación de febrero y la desarticulación del programa Precios Cuidados (despidos filmados incluidos). Todas resoluciones del nuevo gobierno que elevaron la inflación, que son de su exclusiva responsabilidad.
Los datos relevados muestran que estas medidas han acelerado el ritmo de aumento de precios. Haciendo números redondeados, la tasa mensual fue del 4% en diciembre y enero, y 5% en febrero. Ese ritmo marca un 35% de inflación respecto del año pasado. Pero si extendemos este ritmo al resto de 2016, indicarían un incremento total del 60%. Un trabajo firmado por Panigo, Rosanovich, García y Monteagudo –provenientes de diversas universidades nacionales- calculan que el efecto dispar de esta aceleración, que afecta particularmente a las clases populares, debido a la mayor incidencia de la canasta de alimentos y servicios básicos en su consumo, que son justamente los rubros de mayor aumento relativo (frente a otros servicios). Así, calculan que en CABA, mientras que quienes se ubican en el primer decil de la distribución de ingresos (los hogares más pobres) perdieron casi 24% de su ingreso en los últimos meses, quienes se ubican en el decil 10 (los hogares más ricos encuestados), perdieron “apenas” el 11%. Es decir, el costo de la inflación no se reparte parejo. Vale recalcar que en este cálculo no incluye –debido al alcance de la encuesta- a los verdaderos ricos del país, los dueños de las grandes empresas, quienes difícilmente hayan perdido.
Es que, en última instancia, son los despidos y la reducción del salario real los que llevarán a una caída de la demanda y una recesión –ambas ya en curso. La recesión será la que ponga límite al aumento de precios. El gobierno contribuye activamente a esta recesión, al elevar la tasa de interés de referencia del Banco Central al 38%, con la excusa de atraer capitales, lo que hace inviable cualquier inversión productiva. Al evitar monetizar, genera iliquidez, lo que impulsa la recesión. De allí que las expresiones sobre el impulso a la inversión, y la toma de deuda como salida al ajuste son simples engaños, como nos acostumbró Cambiemos desde la campaña. El ajuste ya está en curso, y las políticas de este gobierno van en esa misma dirección.
Qué parte de este programa es perversidad y qué parte ideología pura, es difícil de determinar. Lo que queda claro es que es un programa a favor de unos pocos. Quizás su crítica a la inflación durante el kirchnerismo era que no lo hacían con suficiente brutalidad.

(Por Laura García Vazquez) El presidente Mauricio Macri en su discurso frente a la Asamblea Legislativa dijo: el año del Bicentenario sin nombrar la palabra Independencia. Similar “olvido” sucedió durante su jura, en este caso la olvidada fue la palabra “patriotismo”.

Como hemos venido señalando, y en esto las palabras ganadas o perdidas son cruciales, en una economía gobernada por los países dominantes con el papel destacadísimo de las empresas llamadas “transnacionales” defender el “interés nacional” en sentido soberano es una condición de defensa fundamental para cualquier país dependiente y nosotros somos uno de ellos. Por eso la política basada (solamente) en llevar adelante negocios privados y extranjeros  es funesta para los países dependientes, como el nuestro.

Este período, el de los primeros meses de gobierno de Cambiemos, está produciendo muchos daños, pero, es necesario señalar el daño cultural que promueve hacia toda la sociedad en lo que representa la desaparición simbólica del país, de la nación, de la soberanía, no solamente por la falta de un proyecto sino también por las ausencias simbólicas de los intereses que todos los argentinos debiéramos defender. Me refiero puntualmente a la palabra Independencia, justamente, en el año del Bicentenario. El gobierno profundiza la dependencia y no pronuncia la palabra Independencia, es decir, la hace “desaparecer”.

Este hecho trajo a mi pensamiento una frase de John Berger, de su libro “Modos de ver”:  “Una persona o una clase que es aislada de su propio pasado tiene menos libertad para decidir o actuar que una persona o una clase que ha sido capaz de situarse a SÍ misma en la historia. “

Parece una trampa del destino, una ironía cruel de la historia, algo que todos nuestros hermanos que han dado la vida por la descolonización de nuestro país no merece, que el año 2016, el del Bicentenario de la declaración de nuestra INDEPENDENCIA nos encuentre en esta situación, con un gobierno recientemente elegido que cínicamente habla sólo de la igualdad de oportunidades, un concepto inconsistente si contemplamos el aumento de los alimentos en estos meses y lo comparamos con los salarios, y también habla, de esperar años para que lleguen las “supuestas mejoras”, mientras todas sus medidas económicas han empobrecido al pueblo y profundizado la desigualdad. No hay medidas compensatorias, porque, según el presidente Mauricio Macri,  todo depende de cada uno.

(Por Julio Gambina) El partido de la deuda avanza en el Parlamento para convalidar la estafa de los holdouts o fondos buitre, empujados por la justicia de EEUU, cuando los fallos o investigaciones judiciales locales vegetan entre la maraña de archivos que escamotea la burocracia legislativa y judicial.

La dependencia económica y política es evidente en la iniciativa, una más, para privilegiar usos de recursos públicos destinados a cancelar deuda ilegal, ilegitima y odiosa, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, lo que requiere de una profunda auditoria con participación popular. Esa investigación, luego de conocidos sus resultados, habilitaría a la convocatoria a una consulta popular para definir el pago o la anulación total o parcial de la deuda.

Claro que esa no es la idea de un gobierno y sus aliados parlamentarios que responden a una estrategia de inserción internacional de la Argentina diseñada desde Wall Street.

Fue curioso escuchar en la ronda de expertos sobre el acuerdo en marcha del lunes 7/3 pasado, como los apologistas del mercado, la negociación y el endeudamiento exponían sus hipótesis de bajas de tasas a futuro y la buena noticia que suponía el arribo de inversores y prestamistas externos. No se trataba de lobistas, sino de los representantes de la Bolsa y el Mercado de Valores, de las entidades bancarias y de los profesionales de la economía, habituales consultores en estos ámbitos en que se define la especulación local.

Esta semana, la Provincia de Buenos Aires tomó 1.200 millones de dólares al 9,37% y por 8 años. Una tasa usuraria si se la compara con el costo del financiamiento de otros países de la región, que logran tasas del 50% de lo que pagará el Estado bonaerense. No se entiende la urgencia en la toma de préstamos externos a ese precio, si la hipótesis es la baja del costo del dinero como resultado del acuerdo parlamentario. Lo real es que aun con acuerdo, hay probabilidad de continuidad de la litigiosidad contra la Argentina, lo que supone elevadas tasas de interés, más allá de los dichos por el gobierno y sus aliados del partido de la deuda.

Resulta evidente que solo son hipótesis infundadas sobre crédito barato y que en ese imaginario no se piensa seriamente en conseguir recursos externos para la promoción del empleo, ya que los préstamos, hasta ahora son para tapar huecos derivados de la crisis fiscal y resolver vía endeudamiento la disputa de consenso ante un ajuste que resulta cada vez más evidente. Es lo que quedó claro en la reunión del presidente con los gobernadores, que a cambio de anticipar fondos mayores de coparticipación, instruirán a sus diputados y senadores para acompañar una votación favorable en el Congreso para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano e instrumentar el mecanismo de endeudamiento para cancelar a los especuladores buitre y otros no ingresados a los canjes del 2005 y 2010.

Deuda, ajuste y liberalización

No es deuda o ajuste como sugieren desde el Ministerio de Economía, es deuda y ajuste, que se descarga sobre la mayoría empobrecida del país.

La convergencia de ambas cuestiones, se manifiesta en la continuidad de los despidos estatales y del sector privado, exacerbados con una política monetaria restrictiva que enfría la economía y agrava todo pronóstico recesivo para el 2016. La estanflación en curso es la razón por lo que avanza la convergencia de las diferentes centrales sindicales en una protesta a corto plazo, que no solo involucra al salario y las negociaciones colectivas, sino también a la demanda contra el impuesto a las ganancias y los ingresos derivados de la política social.

El problema es la dispar evolución de los precios y los salarios. Mientras los ingresos salariales están en proceso de actualización en negociaciones paritarias, los precios aumentaron 8,3% entre enero y marzo. Si se cuenta desde diciembre pasado el incremento asciende a 12,5%. La proyección anual dispara un 32,9%. Todo en un marco donde la evolución del tipo de cambio entre el peso y el dólar promueve una política de elevación de tasas de interés de parte del Banco Central que obstaculiza cualquier opción de crédito para la producción. La realidad es el estancamiento y la inflación, un cuadro desfavorable para la mayoría de la población.

Vale mencionar que la dupla ajuste y mayor endeudamiento previsto con el acuerdo sobre los fondos buitre, es una condición para incorporar al país a las negociaciones de los tratados internacionales de libre comercio, especialmente el Acuerdo del Pacífico, instrumento de reinstalación de la lógica aperturista del ALCA, que fuera rechazado por el Mercosur desde Argentina en 2005.

La inserción en esa lógica de libre cambio y apertura económica requiere de bajas de salarios para mejorar la competitividad local y la promoción de inversiones externas en condiciones muy favorables para la rentabilidad deseada por los inversores externos. Es el caso de Chevron e YPF, que por ahora motoriza la renuncia del titular de YPF y de la jueza interviniente en develar el contrato secreto (exigido por la Corte Suprema de Justicia) y con el escándalo que supone la voltereta del PRO, ayer críticos de la cláusula secreta y hoy a favor. Todo sea por los negocios.

Contrario a lo que algunos pueden pensar, no hay improvisación en el rumbo económico del gobierno Macri, sino decisión de avanzar en el programa de máxima del gran capital por la liberalización económica de la Argentina. El sendero que lleva a ese destino es el ajuste en curso financiado por nuevo y mayor endeudamiento externo, y ante e conflicto, represión y protocolo de seguridad.