Otro hito en la historia regional marcó esta tarde el tribunal oral bahiense al condenar a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Son miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial que cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “en el plazo de diez días, el diario LaNueva. de esta ciudad (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky y Adriana Metz, quien volvió a gritar por su hermano apropiado.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “tenga a bien efectuar las medidas a su alcance para que en el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías sea estatuido como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado” y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados durante este debate”.

Las penas deberán ser cumplidas en “prisiones federales comunes” luego de evaluarse el estado de salud de cada uno de los condenados, cuyas bajas de las fuerzas armadas y de seguridad a las que pertenecen fueron solicitadas a las autoridades correspondientes.

Recibieron penas de prisión perpetua: el ex comandante de Infantería de Marina y de la Fuerza de Tareas Nº9 Eduardo René Fracassi; el ex miembro del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº1 Luis Alberto Pablo Pons; el ex jefe de Contrainteligencia del Departamento de Operaciones de la Base Baterías Enrique de León; Oscar Alfredo Castro, ex comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA) y de la Fuerza de Tareas Nº2; Alberto Gerardo Pazos, ex jefe de Operaciones e Inteligencia de la FAPA; Edmundo Oscar Núñez, quien  fuera jefe de la Base Puerto Belgrano y la FAPA.

Matías Russin, muestra la foto de su padre desaparecido a los represores.

También recibieron la pena máxima: José Luis Ripa, ex jefe de Seguridad de Puerto Belgrano; Tomás Hermógenes Carrizo, jefe de Contrainteligencia y del Registro Civil de Puerto Belgrano y jefe militar del Barrio Puerto Rosales; Leandro Marcelo Maloberti, responsable de Contrainteligencia de Puerto Belgrano y de la Policía de Establecimientos Navales; Manuel Martínez Loydi, ex jefe de las secciones Informaciones e Investigaciones de Prefectura Zona Atlántico Norte; los prefectos Néstor Alberto Nougués y Luis Ángel Bustos; el ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército, Carlos Andrés Sricker, y los oficiales de dicha unidad Oscar Raúl Otero y Guillermo Julio González Chipont; y los ex guardias del centro clandestino La Escuelita, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala y Raúl Artemio Domínguez.

todos adentro efemedelacalleEl prefecto Pedro Alberto Pila fue condenado a 18 años de cárcel; y ocho recibieron como pena el ex jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya, el ex jefe de sección del Batallón 181, Alejandro Lawless, y el policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman.

Los represores condenados fueron absueltos, al mismo tiempo, en varias imputaciones por distintos motivos y en particular fue rechazada la acusación de haber integrado una asociación ilícita, reprochada a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Selaya y Stricker. Los fundamentos del veredicto -que puede leerse aquí– deberán difundirse antes del 1 de marzo de 2016.

(Por José Schulman*) En tanto proceso de resignificación de la historia reciente, y por ello de diagnóstico eficaz sobre las causas de la tragedia que ha sufrido nuestro pueblo y de sus largas consecuencias en todos los planos de la vida social, la memoria siempre es materia de disputas y de enconadas batallas por su dominio.

Lo fue en los días del genocidio, durante los largos años de dura impunidad, aún durante estos años de avances significativos en Memoria, Verdad y Justicia y no hay ninguna duda que será uno de los espacios importantes de disputa en el periodo de gobierno que se abre en Argentina.

Hace unos días un grupo de dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre al llamar a cerrar el paso de Macri, decíamos: no somos indiferentes ante el peligro de una derecha explicita y amiga de los genocidas; por ello vamos a luchar contra el ascenso de Macri y de todos sus cómplices (que ya ganaron varias provincias) que han dicho que los derechos humanos son un curro y llamado a terminar con la “revancha”.

El macrismo no oculta sus relaciones con los nostálgicos del Terrorismo de Estado, los que insistirán en clausurar los juicios y obturar la memoria sobre todo ahora que estamos llegando a poner en el banquillo de los acusados a los empresarios y directorios de las Multinacionales que –articulados por el gobierno de los EE.UU., su Comando Sur y sus estrategias de contrainsurgencia aplicadas en toda Nuestra América-gestaron el Genocidio y sueñan con volver a ser únicos amos y señores de nuestras riquezas y soberanía. Por eso defenderemos los juicios y los espacios de memoria conquistados, no porque los idealicemos sino porque son la plataforma para construir una identidad nacional que se vincule a los sueños incumplidos de nuestros treinta mil. Porque cada condena les duele y cada nieto recuperado dice más sobre la historia reciente que las mil mentiras de los represores y sus escribas.

Aún antes del acto electoral grupos de acción que actúan encubiertos agraviaron sitios de memoria como Mansión Seré y la ESMA mientras algunos condenados como el ex Juez Federal Víctor Brusa provocaba pidiendo fiscalizar para Macri (a sabiendas que su condición de condenado se lo impedía) y no pasaron más de 24 horas para que La Nación presente su proclama de impunidad, la misma que ha sostenido todos estos años con una coherencia y constancia digna de mejor causa pero ahora potenciada por dos hechos: uno es más que obvio, el resultado electoral envalentona a todo el espacio comprometido con la impunidad para los represores pero aún más con los empresarios, políticos, intelectuales y religiosos que fueron parte orgánica y fundamental del Genocidio y la otra es el “mensaje” que el Papa Francisco envía por medio de Graciela Fernández Meijide (la misma que cuestiona la cifra de desaparecidos en la Argentina y clama por la reconciliación sin verdad ni justicia): “hay que curar las heridas pero sin dejar de mirar las cicatrices” habría dicho Francisco para luego completar con “el que está probado que cometió crímenes tiene que cumplir su condena”. Al mismo tiempo expresa su enorme preocupación por aquellas personas detenidas por delitos de lesa humanidad que pasan muchos años de prisión sin procesos ni condenas. Todas las herramientas que posee el Código Procesal, explica, deben ser cumplidas estrictamente para evitar cualquier tipo de tentación de venganza.”

Conviene recordar que en el 2013 según publicó Infojus el 21/8/13, Ricardo López Murphy “habló en una reunión de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. El ex ministro de Economía y Defensa de De la Rúa afirmó que entre 1976 y 1983 “hubo una guerra” y aconsejó a los familiares de represores que soliciten el arresto domiciliario de los condenados, para eludir la prisión. Organismos de DD.HH. repudiaron sus dichos”.

Y conviene asumir que dicha estrategia se viene aplicando con buenos resultados para la impunidad, según un informe reciente del Ministerio Publico: entre 2006 y la actualidad fueron imputadas 2166 personas. De todas ellas, 1065 están detenidas (49 por ciento), 753 está en libertad (35 por ciento), 59 están prófugas (3 por ciento), y los fallecidos suman 280 (13 por ciento, de los cuales 227 fallecieron impunes). En nueve casos no hay datos. Entre los detenidos, 587 están alojados en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 7 en hospitales y sobre 17 no hay datos.

O sea, sobre 2166 imputados (es decir que se consideró que había suficiente prueba sobre su compromiso con el Genocidio para que haya investigación judicial y más que probable juicio oral, solo 587 están presos y buena parte de ellos en el pabellón de Marcos Paz, que algunos consideran un lugar de privilegio. O sea, solo un 27% de los imputados (algunos ya están procesados, juzgados y condenados más de una vez) no está libre, en su casa o en unidad hospitalaria o militar.

Esta estrategia de impunidad en marcha cuenta con el acuerdo de la Corte Suprema y su presidente Lorenzetti que se ha transformado en un referente enorme de la derecha liberal y pro yanqui que se referencia en Macri y sus amigos. Las referencias de La Nación a Montezanti y Hooft muestran lo que les duele el avance de nuestra lucha contra la derecha fascista anidada en el Poder Judicial desde los años del Terrorismo de Estado del que formaron parte orgánica e importante.

Una vez más reivindicamos el rol jugado por nuestros compañeros de Bahía Blanca en hacer visible, acusar y sostener la batalla contra la impunidad de Montezanti, batalla que no abandonaremos hasta verlo fuera de la Universidad del Sur, del Poder Judicial y entre rejas.

La memoria está en disputa y la disputa crecerá en estos meses y años, pero conviene partir de la realidad para librar la batalla en forma, y ganarla. Porque más de una vez la derecha ha utilizado la estrategia del tero: pone el grito en un lado y el huevo en otro. Aunque en estos días es razonable pensar que gritarán mucho y pondrán muchos huevos.

La respuesta de los trabajadores periodistas y gráficos del Diario La Nación es ejemplar, estimulante y muestra que el campo de los que no estamos dispuestos a regalar nada es muy amplio y diverso, como plural ha sido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En aras de esa pluralidad, en los días que restan del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Daniel Scioli es pertinente que el movimiento de derechos humanos reclame la anulación de algunos instrumentos legales y jurídicos, que en manos del gobierno de Macri, Vidal, Larreta, De la Sota y quienes los apoyan/presionan como los grupos económicos y los medios de comunicación, auspiciados todos por la Embajada de los EEUU, pueden ser de enorme peligro para los derechos humanos y la democracia.

A mero listado tentativo proponemos la derogación de las leyes antiterroristas (tuvo varias versiones, hay que derogar todas ellas), la desmilitarización del Servicio Penitenciario Federal y la disolución de todas las policías locales (incluyendo la Metropolitana) que ampliaron al extremo la peligrosidad de la Bonaerense o duplicaron la Federal en la ciudad autónoma, la puesta en marcha del Instrumento de aplicación de la Convención contra la Tortura, la transformación de todos los espacios de memoria en Espacios de gestión pública (no meramente gubernamental) con autonomía política y autarquía administrativa siguiendo el camino recorrido por el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que articulaba organismos de derechos humanos con representantes estatales de modo tal que nadie pueda ignorar la lucha histórica por Verdad Memoria y Justicia de los organismos, las víctimas, los familiares y el movimiento popular.

Sabemos que hay muchas más medidas que se podrían tomar (para limitar la tortura y el gatillo fácil, el poder de la corporación judicial y las mafias entrelazadas con las policías, o terminar con los Servicios de Espionaje o los acuerdos militares con Israel) pero insistimos en que lo nuestro es más una propuesta de acción para el movimiento popular que un listado riguroso de medidas a tomar antes del 10 de diciembre.

Y también sabemos que habrá los que dirán que ya es tarde o inútil.

Son los mismos que sostuvieron el límite de lo posible como marco de toda su actuación en estos años. Lo real es que lo posible se fue reduciendo tanto que llegamos a este punto que nadie imaginaba.

Es hora de volver a pedir lo imposible para luchar por lo legítimo.

Por la verdad, la memoria y la justicia para todas y todos los víctimas de crímenes de Estado de ayer y de hoy.

Y por todos los derechos para todos. Que es lo menos que nos merecemos.

*Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Fue contundente el repudio recibido por el diario La Nación tras la publicación de la editorial “No más venganza” en la cual sus directivos le exigen al nuevo gobierno “terminar con las mentiras sobre los años 70” y reivindican la teoría de los dos demonios con el mismo lenguaje de las acciones psicológicas desplegadas durante el terrorismo de Estado.

“Acá no se está pidiendo venganza, la venganza es cuando a mí me matan a un hijo voy y mato al hijo del agresor o le robo al nieto. Acá hay cuarenta años de pedido de justicia, de memoria y de verdad. La verdad nos hace libres y la justicia nos da paz. Hay que sanar el tejido social con la justicia, que todos los familiares de desaparecidos tengan un lugar dónde ir y honrar a su muerto, de llevarle una flor, de saber dónde están. Que todos los jóvenes que hoy andan por el mundo sin saber su identidad, por qué tienen ese color de ojos, ese color de pelo, dónde está su familia, dónde está su abuelo que se parecía físicamente a él, ese abuelo que quiere ver a su nieto, todo eso trasciende cualquier concepto y todo lo que sucede en un país, va más allá de una medida económica, de una situación política social, es un derecho humano”, dijo a FM De la Calle Gladys Brotzman, trabajadora del diario.

Las Comisiones Internas de Prensa y Gráficos y Trabajadores de La Nación S.A. emitieron un comunicado diciendo “SI a la DEMOCRACIA, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad” y “NO al OLVIDO”. La periodista aseguró que en la asamblea “se veía la indignación y el repudio, la bronca y el dolor también porque nosotros tenemos cinco desaparecidos trabajadores de prensa, quizás esto no se conoce totalmente, tenemos al matrimonio Marín, el compañero Seiger, cinco o seis compañeros que han desaparecido en la dictadura y que de alguna manera, por ciertas cuestiones de la vida, como que estuvieron presentes nuevamente entre nosotros porque cada vez que salimos en defensa de los derechos los volvemos a revivir”.

Brotzman afirmó que “todas las redacciones generalmente son muy calientes y más en un día como este de una elección presidencial. La conmoción comenzó desde temprano, a partir de la publicación de esta editorial que quisiera aclararle a la audiencia qué es una editorial. Hay una gran confusión en relación a quién escribió eso. Lo escribió La Nación S.A., es el andamiaje ideológico que el diario tiene y en el día de ayer los periodistas justamente querían despegarse, había una gran ansiedad por parte de los trabajadores periodistas por manifestar que no estaban de acuerdo con estos conceptos”.

“Mucha indignación y después, a lo largo del día, cuando ya las redes sociales comenzaron a activarse más, confluyó todo en una gran asamblea donde participó todo el mundo realmente, inclusive parecía algo increíble porque hasta el CEO de la empresa bajó a hablar en la asamblea y manifestó los mismos conceptos de que no todo el mundo estaba de acuerdo. En el medio de la asamblea nos llegó el comunicado de Madres de Plaza de Mayo que fue contenedor, abrazador, como todos los de las Madres, confluyó en un gran aplauso y después subimos al segundo piso, llamamos a todos los trabajadores, en esa foto no solo están los periodistas sino también trabajadores administrativos, de sistemas, gráficos, que dieron su solidaridad”, comentó.

Finalmente recordó que “estamos habituados los trabajadores de La Nación a tener que salir a defender nuestra posición. En el primer gobierno de Kirchner, al otro día de haber asumido, Claudio Escribano saca un comunicado, una nota, diciendo que debería el gobierno tener alineación directa con Estados Unidos. En la mitad del gobierno de Cristina, hay una solicitada donde compara al gobierno de Cristina con el nazismo. Entonces, en esos dos episodios los trabajadores de La Nación tuvimos que salir a emitir un comunicado y repudiar los conceptos”.

El comunicado:

LOS TRABAJADORES DEL DIARIO LA NACION REPUDIAMOS AL EDITORIAL CONTRA LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Los trabajadores de La Nación S. A. le decimos NO al editorial que, con el título “No más venganza” se publicó hoy, lunes 23 de noviembre de 2015, en la página 32 del diario.

Quienes trabajamos en el diario La Nación, en las revistas que edita la empresa, en las versiones online de todos los productos periodísticos, entendemos que la vida democrática implica la convivencia de distintas ideas, proyectos e identidades políticas. Convivimos entre estas paredes trabajadores que expresamos esa diversidad y desde nuestras diferencias construimos un sentido común.

Desde esa diversidad rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una “cultura de la venganza”.

Los trabajadores del diario La Nación decimos SI a la DEMOCRACIA, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos NO al OLVIDO.

Por MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.

Trabajadores de La Nación S. A.

Comisiones Internas de Prensa y Gráficos.

Horas después de la última audiencia del juicio contra 22 represores que actuaron en la órbita de la Base Naval de Puerto Belgrano y a la espera del veredicto que leerá este miércoles a las 15 el Tribunal Oral, el dr. José Nebbia aseguró a FM De la Calle que durante el debate los objetivos de la Fiscalía fueron “ampliamente superados”.

Agregó que el “contundente” análisis y entrecruzamiento de testimonios y prueba documental permitió “tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército”.

La causa analizó los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Para el miércoles la Comisión de Apoyo a los Juicios y organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas convocaron a un acto a las 13:30 en la Plaza de la Memoria y la Resistencia (ex Plaza del Sol) y a una movilización hacia la sede del tribunal de Colón 80, una hora después. En tanto, APDH, HIJOS Bahía Blanca, Red x la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados concentrarán a las 13 en Colón y Drago.

Mientras varias investigaciones se tramitan en la primera instancia, nuevos tramos de Ejército  y Armada esperan fecha para el juicio oral. La Fiscalía insiste en acumular las causas y realizar un único debate que acelere los tiempos y, como el que culmina, dé “acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión”.

-¿Cómo evaluás el resultado del debate oral en relación a los objetivos planteados por la Fiscalía?

Como lo venimos señalando junto con Miguel Palazzani, el otro fiscal de la causa, los objetivos que uno analiza antes de comenzar el debate fueron ampliamente superados. La riqueza de la prueba producida a través de los testimonios, como así también el análisis de la profusa prueba documental que hay en la causa arrojaron más resultados que aquellos que uno espera al comienzo.

-¿Qué datos podrías destacar de aquellos que surgieron durante el debate?

Mucho análisis de documentación sobre reglamentación pero también de archivos de inteligencia y de todo tipo de documentos que, al cruzarlos, al analizarlos de manera conjunta, nos permitieron tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército.

Eso ha quedado absolutamente demostrado, lo que nos permitió también explicar cómo las estructuras que aparecen en los reglamentos funcionaron en los hechos, en los secuestros, en las torturas, en los abusos sexuales y luego en el destino final que era la liberación, el asesinato haciendo aparecer los cuerpos como falsos enfrentamientos o la desaparición de personas. En ese aspecto la documentación que se analizó, se entrecruzó y se fue exponiendo durante los alegatos fue contundente.

-¿Notaste características particulares de lo que fue el accionar de la Armada -más allá de la actuación conjunta- en relación a lo que fue la del Ejército?

Sí, son modus operandi distintos los de la Armada y el Ejército. Tanto en las acciones concretas que llevaron adelante durante el terrorismo de Estado como así también en la manera de dejar plasmado en los documentos esas acciones. Algo que sí tiene la Marina a diferencia del Ejército es que luego, en la retirada, la destrucción de la documentación fue mucho mayor. Por eso también el trabajo que se tuvo que llevar adelante analizando otro tipo de documentación como, por ejemplo lo de Prefectura, misma del Ejército o los legajos, es un poco más compleja.

-Sobre la documentación decía en su alegato uno de los defensores que a la Prefectura no se le podía endilgar haber tenido una política de destrucción de los archivos. ¿Hacía referencia a lo que salvó el ex fiscal Hugo Cañón a partir de una denuncia o hablaba de documentación de aquellos años que efectivamente estaba a disposición de la justicia?

No, para nada. A mediados de la década del dos mil el fiscal Cañón recibe información, la denuncia de propia gente de la Prefectura, gente de la Prefectura de la democracia digamos, que se iba a destruir un montón de documentación vieja, entre ella, archivos. Ahí Cañón inmediatamente, con mucha diligencia, se apersona y secuestra esa documentación. Son los archivos de inteligencia que hoy nos sirven para este juicio, para el de La Plata y el de Mar del Plata. La actitud de la Prefectura lejos estuvo de colaborar con la justicia sino que fue justamente una anomalía, quedaron esos archivos allí y cuando los fueron a destruir se pudieron rescatar.

-¿De las estrategias defensivas algo te llamó la atención o fue más de los mismo en el sentido de ‘no estuve en el momento de los hechos que se me imputan’ o ‘no tuve nada que ver con la lucha contra la subversión’?

No, giraron en torno a eso.  Si uno está a los más de veinte imputados en el juicio no sucedió nada o lo que sucedió es un invento porque cada uno en lugares estratégicos nada tuvieron que ver, nada supieron, nada vieron, en los momentos más álgidos inclusive de la represión. Yo no estuve, yo no vi, yo no supe.

-Un punto que hemos conversado y difundido en detalle pero amerita mencionar en un balance es el tema de la violencia sexual, la posibilidad de poner sobre la imputación este tipo de delitos y lo que destacabas en el alegato respecto al valor y coraje de las víctimas en esta etapa de los juicios de avanzar en ese aspecto tan difícil para cualquier persona.

Absolutamente, ese es otro de los puntos que sobresalen de este juicio. A lo largo del debate las víctimas pudieron ir contando las situaciones a las que fueron sometidas de abusos sexuales, de exposición a la desnudez, de tocamientos, insultos o comentarios sobre sus cuerpos desnudos. Eso fue recogido por la Fiscalía y ampliamos la acusación. Que las víctimas lleguen a contar eso implica que sienten de alguna manera la contención por parte del Estado, que recogen sus planteos, las protegen y llevan adelante el reclamo, ese es un punto concreto.

Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagináte que para nosotros en nuestra vida privada y cotidiana, nuestras experiencias sexuales o lo que sea, inclusive a nuestros amigos más íntimos es pudoroso hablarles sobre ese aspecto de nuestra vida. Hay que ponerse en la situación de una víctima que fue forzada, que fue abusada, contando algo tan íntimo adelante de personas que no conoce, de tres jueces, de un fiscal, de las defensas, de un público. El valor y la valentía de esas mujeres son inconmensurable.

-En distintos juicios se proponen nuevas formas de reparación a las víctimas, complementaria a la pena de los responsables. Aquí propusieron junto a Miguel Palazzani que el diario La Nueva Provincia publique el veredicto.

La reparación absoluta no es posible porque el daño fue tan grande que volver al estado anterior es imposible. Pero hay determinadas medidas, entre ellas el juicio, las condenas, escuchar, recoger lo que dicen las víctimas, que hacen a modos de reparación.

Nosotros lo que entendimos es que en las páginas de La Nueva Provincia se mintió con intención, por eso está imputado el único sobreviviente de los directores, y que una forma de reparar a las víctimas sería que La Nueva Provincia por primera vez diga la verdad, que aquellos a quienes mencionaban como delincuentes que traicionaban a la patria no eran tales sino que fueron víctimas. Entonces publicar que fueron víctimas y también publicar el nombre de los victimarios es una forma más de reparar a las víctimas y que sus biografías, al menos en esas páginas, no queden escritas de esa manera.

-¿Hay antecedentes de casos similares?

No, lo que planteamos es que es un derecho a réplica de las víctimas. Imaginemos que hoy si en cualquier medio se vierten manifestaciones sobre nosotros de determinadas características tenemos el derecho a, por el mismo medio, dar nuestra opinión e inclusive la justicia puede obligar después de un proceso a que se publique la verdad. Entonces, entendemos que un derecho sui generis de derecho a réplica se encaja dentro de esta petición.

-¿Qué te pareció la poca repercusión del juicio en la ciudad?

Lo analizo en perspectiva de las características particulares que tienen Bahía Blanca, Punta Alta y los medios de la zona. Creo que ese análisis tiene que caber dentro de ese contexto.

-¿Qué causas quedan en trámite para juicio oral?

Hay un segundo tramo de Armada con nuevos imputados y otras víctimas que nosotros habíamos propuesto al comienzo de este juicio que se lleve adelante en el mismo juicio y el tribunal opinó que no era posible. Y hay un tercer tramo de Ejército con muchos imputados y nuevas víctimas que también está a la espera que se fije fecha para el debate oral. Quizás podríamos hacer todos juntos esos juicios.

-Sobre todo porque en este mismo debate quedaron en el camino no solo represores sino también sobrevivientes por el paso del tiempo.

Entendemos que estamos en condiciones de llevar adelante los juicios, que todos se deben acumular y el ejemplo más claro es este que estamos concluyendo donde hubo acusados de Armada, de Ejército, de Prefectura, de la Policía provincial, del Servicio Penitenciario, se dio acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión. Es absolutamente factible hacer un único debate.

-Respecto a las investigaciones en curso, en este clima político de recambio de gobierno, ¿qué podemos esperar para los próximos meses en torno a las causas contra civiles y militares?

En las causas que están elevadas a juicio los juicios se deben hacer, se debería fijar fecha y comenzar. En las causas en instrucción hay pedidos de indagatorias, de hecho el juez Ramos Padilla fijó para el martes que viene (por el pasado 17) una serie de indagatorias de más de media docena de represores. Así que eso continúa, los juicios son políticas de Estado, todos los estamentos y los poderes en efecto así lo han dicho Inclusive la propia Corte en cabeza de su presidente Lorenzetti. Deben continuar las causas y, como venimos haciendo, redoblando esfuerzos para llevar adelante las investigaciones.

El domingo en Argentina se realizará por primera vez un balotaje. Dirimirán sus diferencias los  candidatos Mauricio Macri por Cambiemos y Daniel Scioli por el Frente para la Victoria. Algunas fuerzas políticas sostienen que la tercera opción es el voto en blanco.

Dejamos aquí un conjunto de entrevista que realizamos en los últimos días a diferentes referentes y funcionarios políticos. En ellas, cada espacio aporta reflexiones y análisis en torno del momento político y expresan los posicionamientos que fundamentan el voto que consideran correcto.

José Lualdi, Laura García Vázquez y Joni Landa

Lxs dirigentes del Partido Comunista de Bahía Blanca, Emancipación Sur y Pueblo en Lucha, respectivamente, debatieron en una mesa la actual coyuntura electoral y propusieron una mirada respecto de los desafíos que supone el nuevo escenario político argentino.

Santiago Mandolesi Burgos

Es concejal por el FpV-PJ y presidente del Honorable Concejo Deliberante. Fue primer precandidato a concejal por la lista que promovía como precandidato a intendente a Iván Budassi.

Alfredo Grande

Psiquiatra y Psicoanalista. Director y actor teatral. Periodista y escritor Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE). Miembro Fundador y Presidente Honorario de ATICO (Cooperativa de Trabajo en Salud Mental)

María Celia Vázquez

Es docente y dirigente sindical universitaria. Junto a otro grupo de profesorxs realizaron actividades y un llamamiento a defender lo obtenido durante los últimos años de gobierno en el ámbito universitario.

Enrique Gandolfo

Es dirigente del SUTEBA e integra la Lista Granate en esa organización. Participa en la Central de los Trabajadores Argentinos.

Cesar García

Dirigente del PTP – Corriente Clasista y Combativa de Bahía Blanca.

Manuel Bertoldi

Dirigente de Patria Grande, espacio político surgido del movimiento social en 2001. Compitió en las PASO en la provincia de Buenos Aires.

Jorge Altamira

Dirigente del Partido Obrero en el FIT. Fue precandidato a presidente por su organización política en las PASO.

Mauro Fernández

Periodista, escritor y guionista. Vivió doce años en Buenos Aires desempeñándose en diferentes ámbitos vinculados a esas tareas. Nuevamente en la ciudad desde hace tres meses, participó de la organización de la convocatoria “Contra el neoliberalismo. No da lo mismo”.

Un directivo de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), “bajo estricto pedido de confidencialidad”, reveló a un sitio especializado que la empresa analiza instalar la quinta planta atómica del país en Bahía Blanca. “De todos modos, recién se están llevando a cabo los primeros estudios de factibilidad al respecto”, sostiene la publicación.

La titular de BIOS, Silvana Buján, aseguró a FM De la Calle que un noticia similar se conoció tiempo atrás en Mar del Plata donde “hubo primero sorpresa, después posicionamientos muy claros, nadie la quiere, ni siquiera las autoridades” municipales o universitarias. “Me parece que está pasando lo mismo en Bahía Blanca, es muy raro que suceda en estos momentos donde dentro de horas todos estos acuerdos van a ser una papa caliente para el entrante sea quien sea. Yo creo que es una bomba de humo”, dijo.

Agregó que “la ficha está puesta en la participación de la gente, la licencia social, fijáte que están pasando cosas increíbles, se está logrando frenar emprendimientos mineros, cosa que antes era imposible”.

Entre los pocos detalles referidos a la planta, El Inversor informa que “la idea es que sea la primera del tipo ‘PWR’ (de uranio enriquecido y agua natural) en toda Latinoamérica” y que “contemplará un 50% de componentes nacionales. Al promover una transferencia completa de tecnología, permitirá su exportación a otros países de la región”.

En nuestra ciudad, la ordenanza 12.976 prohíbe la instalación de usinas nucleares; la importación definitiva o temporal de residuos radiactivos; las instalaciones de gestión de residuos radiactivos, incluyendo las de combustibles gastados, y los repositorios de residuos radiactivos, incluyendo los de combustibles gastados, entendiendo por repositorios de depósitos de dichos residuos como forma de disposición final.

NA-SA está a cargo de la producción y comercialización de la energía generada por Embalse, en Río Tercero, Córdoba; y por Atucha I (ahora llamada Juan Domingo Perón) y Atucha II (rebautizada Néstor Kirchner), que se ubican en Lima, dentro del partido bonaerense de Zárate. Adicionalmente, la firma es responsable de las obras de extensión de la vida útil de Embalse y de la construcción de la cuarta usina nucleoeléctrica argentina (que también estará localizada en Lima), por lo que suma un total de 1.750 megawatts (Mw) de potencia eléctrica bruta.

“Es una locura la energía nuclear en términos de todas sus características negativas. Por un lado la inseguridad que conlleva. Por otro, lo no renovable del recurso y el descomunal costo que tiene, es algo que se está cayendo a pedazos ya con la argumentación”, explicó Buján y agregó que “así como en algún momento entró el fracking como algo maravilloso que iba a salvar las economías, bueno, ya empezaron países enteros a prohibirlo por todos lados, es un problema tener que ir siempre a la cola del problema, cuando ya está instalado y le arruinaste la vida a un montón de gente”.

La integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico opinó que “si Bahía Blanca no quiere esa central nuclear estamos en una etapa de nuestra democracia en la cual las audiencias públicas previas son obligatorias, en las cuales yo creo que aunque sea a punta de denuncia judicial uno puede lograr que alguien muestre alguna vez una evaluación de impacto ambiental, cosa que jamás la Comisión de Energía Atómica ha mostrado nunca de sus centrales construidas o en construcción, son secretos de Estado y eso es ilegal”.

Destacó el “pedigrí” de la CNEA que, en cuanto a “la parte tecnológica satelital, de energías alternativas, es fantástica” aunque “por el lado nuclear los muchachos hacen agua feo, han dejado pasivos ambientales por todo el país, jamás se hicieron cargo de nada y lo han reconocido oficialmente después de mucho tironeo de sus distintos emprendimientos mineros. Por ejemplo de uranio, están absolutamente abandonados, han empezado tímidamente una remediación que según sus propios cálculos va a llevar un siglo y pico en una de sus minas en Malargüe. Lo demás está completamente abandonado, la gente sigue viviendo alrededor con polvillo de minería de uranio volando por ahí y drenajes de ácido sulfúrico bajando por los ríos a lugares tan aislados como Carlos Paz”.

En cuanto al costo de generación de este tipo de energía, Buján comentó que por un lado está la respuesta de “cualquier gobierno que apueste a la energía nuclear”, que podría equipararse al valor de la producida por una hidroeléctrica o una central termoeléctrica tradicional de combustible fósil.

“La verdadera, si a fin de mes revisas lo que ganaste, lo que invertiste y lo que tenés que gastar a futuro, no te da de ninguna manera. Porque en la cuenta trucha no estás poniendo lo que no gastaste en remediar la basura que dejaste por ahí, las grandes minas de uranio abandonadas que tiene la CONEA, no consideran el transporte, los riesgos de seguridad, no consideran más que la construcción peladita de cuánto vale la vasija, la mano de obra, los caños, el hormigón y el terrenito. A futuro, cero. Y a futuro estamos hablando de miles y miles de años de un repositorio que no existe para poner los residuos nucleares gastados allí que voy a tener que cuidar de alguna manera por miles de años”.

La especialista concluyó que “no tenemos ética diacrónica, o sea, en el tiempo, el humano se manda la macana porque total se va a morir pronto y los que vienen después que se arreglen. Ese es un poco el concepto de los que están haciendo fracking, de los que contaminan aguas, de los agrotóxicos, los que vengan después que vean cómo lo pueden resolver”.


“Un polo energético tienen sus límites”

La asociación ambientalista Unión 20 de Agosto expresó su “rotundo rechazo” a la posibilidad de instalación de una planta nuclear y recordó que en 2002 trabajó en la elaboración de un proyecto de ordenanza consensuado en su texto y alcance durante 2003 con todos los bloques del Concejo Deliberante y aprobado a fines de 2004.

La norma prohíbe expresamente, entre otras cosas, la instalación de usinas nucleares en el partido de Bahía Blanca. “Se reguló con total responsabilidad el tránsito de material radioactivo por el distrito como también los usos permitidos de material nuclear en ciertas actividades y usos acotados como en el caso de medicina, docencia, industria, veterinaria y agricultura”.

“No rechazamos la energía nuclear para determinados usos en la sociedad que supongan por un lado un beneficio notable respecto del riesgo que signifique su utilización a esa escala, con los controles ya establecidos en los organismos del Estado, pero rechazamos rotundamente su aplicación en la producción de energía eléctrica, teniendo en cuenta los antecedentes nefastos que existieron y existen en muchos países del globo, y máxime teniendo en cuenta que el direccionamiento de producción de energía en el mundo se efectúa en el sentido de aumentar su producción a partir de energías renovables, tales como las de origen eólica, solar, hidroeléctrica o mareomotriz”, advirtió la ONG.

PARA VER: Into the eternity

Onkalo es un lugar planificado para que se pueda guardar con seguridad los residuos radioactivos de alta actividad. Una obra faraónica formada por una red de túneles perforando la dura roca a razón de 25 metros por semana, y que se sumerge hasta más de 6km de profundidad. Es el primer intento para dar una solución definitiva a los peligrosos residuos radioactivos mortales que no se ve, no se nota, ni se huele, pero que mata tras una corta exposición al mismo. Para que los residuos nucleares dejen de ser una amenaza mortal para los humanos tienen que pasar 100.000 años, este es el tiempo que los ingenieros tienen planeado ocultar estos residuos nucleares en Onkalo, pero la pregunta es: ¿Y si civilizaciones futuras encuentran estos residuos nucleares, sabrán que tienen las horas contadas?

(Por Alfredo Grande).  En la imposición de un discurso del encubrimiento, que algunos llaman relato, las cosas se han sustituido por las palabras que aluden a las cosas. Por ejemplo: no hay niños en la calle, sino en situación de calle. No hay mujeres prostituidas, ni prostitutas, sino en situación de prostitución. En una capacitación de docentes una alumna (recuerdo que alumno es aquel que tiene la capacidad de aprender) dijo: “yo trabajo con personas en situación de encierro”. Le pregunté: “¿trabajás con matrimonios”?. Me aclaró que no. En cárceles. Pero obviamente la palabra encierro y mucho más en situación es más digerible que cárcel. O manicomio. O instituto de menores. O Trata. Incluso la trata es una variante de la desaparición forzada de personas. La explotación sexual lleva al extremo límite el martirio corporal. Una forma de tortura que se ha convertido en una industria internacional que habilita fabulosas ganancias.

“No volverán las oscura golondrinas,

pero si volverán los luminosos luchadores”

Aforismo implicado A.G.

Pero la cultura represora tiene una creatividad inagotable a la hora, al minuto y al segundo de inventar torturas. La de última generación es el balotaje. Lo bautizo como “valotaje” como es de muy corto alcance. No amerita ni una B larga. Valotaje de cortísimo plazo, que se consumirá en el mismo momento que se despliega. Habrá vida después del domingo. Una vida peor. Porque los que de alguna manera estamos “en situación de izquierda”, saldremos con la resaca de la orgía derechista que aunque no quisimos conseguir, nos supieron imponer.

Algunos dicen que de los laberintos se sale por arriba, pero la mala noticia es que los minotauros actuales aprendieron a volar. Si la política es el movimiento real de la lucha de clases, tendremos que salir por abajo. Con los pobres de la tierra con aquellos a los que todavía el arroyo de la sierra les complazca mas que el mar, como enseñara José Martí.

Este Valotaje de patas cortas y lengua larga pasará. Lo arrasará el viento de la historia. Y en meses, años, décadas, o quizás días, nada quedará. Quedarán los colectivos sociales, militantes, libertarios, que no toleran ninguna injusticia, sea donde sea, y se presente como se presente.

El 13 y 14 de Noviembre hicimos el I Encuentro Nacional de Psicoanálisis Implicado en Mar del Plata. No es la ciudad feliz pero yo soy feliz en Mar del Plata. Porque siempre que voy me encuentro con las y los compañerxs que sólo descansan en cada nueva lucha. El colectivo EN RED fue nuestro anfitrión organizador. Junto a Barbecho, El Puente en la Toma, Ático y la Fundación Pelota de Trapo convocaron a este dispositivo instituyente.

“En una cultura no represora,

tanto va el cántaro a la fuente

que al final la fuente se rompe”

Aforismo implicado A.G.

Porque al pensar el psicoanálisis implicado como un analizador del fundante represor de la cultura, o sea, un dispositivo teórico y político que pone en superficie a la cultura represora tal cual es. Brutal, cruel, devastadora. Nada pero nada de “en situación de cultura represora”. En un final que como siempre es un nuevo principio escuchamos la intensidad de Vicente Zito Lema. Conmovió porque nos movió de toda comodidad intelectual. Y luego tomé la palabra y fui tomado por la emoción. Hablar después de Vicente es difícil, pero no imposible. El recuerdo de nuestra amada socia fundadora honoraria Lelia Sarmiento me quebró por segundos la voz. Pero estuvimos ahí. Tan cerca de nosotros mismos y tan lejos de las patas cortas de los valotajes que supimos conseguir y sabremos superar. Esta política corta no es la que necesitamos. Es la que nos imponen.

Tampoco necesitamos un Estado que al mismo tiempo que defiende derechos consagra privilegios. La Escuela de Educadores de Pelota de Trapo es la política de patas largas. También la lucha de EN RED contra todas las formas de abuso sexual infantil. El Puente en la Toma sosteniendo la psicoterapia y el psicoanálisis en un territorio recuperado por la lucha de los trabajadores. Barbecho con su obstinada decisión de no separar cuerpo y cultura. Y la cooperativa Ático, que el 1 de mayo de 2016 cumple sus primeros 30 años, sosteniendo que la salud mental es cosa de todos.

Por eso al menos nosotros tenemos vida después del valotaje. La mejor vida. Sólo saben los que luchan. Y en luchar contra todas las formas de la cultura represora encontraremos nuestra implicada sabiduría.

El arte “como medio de catarsis, como conciencia de la realidad” y “como medio transformador de la sociedad” son las consignas que impulsan la convocatoria al Encuentro Nacional de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia Mujeres y Niñxs en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca. En esta nota podés escuchar algunas de las voces que se expresarán en la sexta edición, cuyas actividades centrales serán este sábado desde las 14.

“Estos encuentros se realizan con el fundamento de concientizar sobre las distintas situaciones de violencia hacia las mujeres y niñxs poniendo al arte como protagonista y reflejo de la violencia machista y patriarcal que estamos viviendo las mujeres y por la que estamos siendo asesinadas y secuestradas de manera impune”, afirman desde la organización.

“Todas las expresiones artísticas simultáneas que suceden en la plaza ese día hacen posible llevar a una reflexión sobre la violencia simbólica, la violencia mediática, abuso callejero, violencia en el noviazgo, violencia institucional, parto humanizado, elecciones de reinas, aborto legal, desmitificar lo que se entiende sobre feminismo, el micromachismo y otros temas como los femicidios ocurridos en Bahía Blanca y alrededores”.

Además, el encuentro “es un reflejo del compromiso social de más de 150 artistas que participan presentando sus trabajos en pinturas, dibujos, esculturas, grabado, collage, fotografías, danza, teatro, músicas, poesía visual, relatos, murgas, performance, formando así una de las muestras multidisciplinares más grandes de la provincia”.

El encuentro enlazará a Bahía con Medellín -Colombia- donde otrxs artistas estarán llevando a cabo una actividad similar que permitirá el “intercambio cultural y hablar sobre las situaciones de violencia hacia las mujeres en ambos países”.

FM De la Calle realizará una transmisión especial desde la plaza -de 17 a 19- donde se reflejarán las expresiones que ya se escuchan en el aire de la 87.9Mhz.

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En el micro de Acciones Feministas de este miércoles, Olga Corrales recordó los inicios del Encuentro y repasó el cronograma de actividades:

Griselda y Andrea, de Socorristas en Red, estuvieron en la radio contándonos sobre su trabajo en la ciudad y Dahiana Delfiori adelantó la presentación del libro “Código Rosa”, la cual se realizará este viernes a las 19 en el 8º pido de 12 de octubre y San Juan (UNS) junto a Ruth Zurbriggen de La Revuelta y Silvia Scheider de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito:

Helen Turpaud días después de la Marcha del Orgullo y de cara al Encuentro se refirió a las disidencias sexuales:

Fer y Flor, integrantes de la Biblioteca Fija y Ambulante, comentaron las propuestas que se desarrollaron el domingo en Sixto Laspiur 456:

En el marco del micro de Acciones Feministas, Verónica Bajo recibió a la artista textil Romina Berdinelli, a Nadia Guzmán de Puño y Letra y la Colectiva Feministas y a la cantante Griselda Ortiz:

Olga Corrales, impulsora de la iniciativa, nos visitó junto a la pintora y dibujante Jules, la fotógrafa Magalí Agnello y el artista plástico Horacio Fernández:

Helen Turpaud, Griselda Cifuentes y Agus López abrieron la difusión a principios de mes comentando la idea del Encuentro de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Niños:

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Legisladorxs de la oposición e integrantes de organizaciones socioambientales denuncian que el kirchnerismo pretende aprobar un proyecto de ley que facilita la instalación de antenas de telefonía celular sin intervención de los municipios afectado aún más la salud de las poblaciones vecinas y beneficiando a las empresas del rubro.

“Se va a tratar en el día de mañana (por hoy) en la Comisión de Legislación General, ya se trató en la de Comunicación. Un poco hizo ruido porque si bien existen otros proyectos de leyes referidos a este tema tienen en cuenta la potencia de la antenas, o sea, tienen una restricción en cuanto a lo que puede ser perjudicial para la salud de las personas donde está colocada la antena”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional del Partido Socialista Gabriela Troiano y agregó que “en cambio, el proyecto que salió de la Comisión de Comunicación con mayoría no contemplaría ese aspecto. Estamos preocupados porque se le facilita a las empresas la instalación de antenas si tener en cuenta la contraparte que es la salud de los habitantes”.

La iniciativa declara de interés público nacional la instalación de estructuras soporte de antenas y sus recursos asociados al servicio de las comunicaciones móviles y crea una servidumbre administrativa de telecomunicaciones que afecta al terreno y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones, entrada de edificios, cableado de edificios, antenas, torres, conductos, mástiles, etc.

“De esta manera, las empresas usarán y tendrán libre acceso todo el tiempo a la vivienda, terreno, local, etc., de los particulares cuyos inmuebles sean elegidos para colocar antenas, sin que pueda mediar ninguna oposición por parte del propietario. Lo mismo para propiedades del estado”, advirtieron Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, Ayuda Le y la Asociación en Defensa del Ambiente de Gral. Cerri, entre otras.

Dichas agrupaciones manifestaron que “en el caso de Bahía Blanca desconocemos exactamente la cantidad de antenas instaladas debido a que el Municipio jamás hizo cumplir la Ordenanza Municipal 17.130 que exigía a las empresas presentar declaración jurada bajo apercibimiento de pedido de suspensión de servicio, pero estamos en una situación similar a La Plata, donde se encuentran más de 2300 antenas colocadas y en funcionamiento, estando la mayoría sin control por parte del estado provincial y los entes nacionales sobre la intensidad de los campos electromagnéticos que emiten, estados de instalaciones, seguros y permisos. Tener mayor cantidad de antenas no garantiza la mejora del servicio. El problema radica en que las empresas no realizan las inversiones equipamientos necesarios para los más de 22 millones de clientes que poseen”.

“Recordamos que en el año 2015 unos 206 científicos reconocidos a nivel mundial hicieron un llamamiento a la Organización Mundial para la Salud, solicitando que se modifiquen los parámetros porque numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los CEM (campos electromagnéticos) afectan a organismos vivos a niveles muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales. Los efectos incluyen el aumento de riesgo de cáncer, daños genéticos, estrés celular, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, entre otros. Además, la relación entre radiofrecuencias y cáncer ya fue establecida en 2013 por el Equipo del dr. Hardell, médico oncólogo y científico reconocido por la OMS”.

La iniciativa firmada por Mario Oporto, Liliana Mazure, Gastón Harispe y otrxs diputadxs del oficialismo puede leerse aquí.

Desde principios de mes en Ushuaia son juzgados 17 docentes y 16 camioneros por participar de un reclamo salarial. La acusación partió de la gobernadora Fabiana Ríos tras una protesta realizada en Casa de Gobierno el 23 de mayo del 2013 en el marco de un paro provincial impulsado por la CGT y CTA.

“Los delitos imputados son atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones con diferentes grados y que llegan incluso a los catorce años de prisión como pena máxima para nuestro secretario general de la organización y secretario general de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena”, dijo a FM De la Calle Verónica Andino, dirigente de Sutef.

En aquel entonces, luego de varias negociaciones y ocho días de permanencia en el edificio se arribó a un acuerdo salarial acorde a lo solicitado por el gremio docente. Pero la revancha fue la inmediata apertura de causas judiciales y sumarios administrativos.

El 21 de octubre se conformó el Tribunal para juicio oral y público. Ese  mismo día, se dispuso la fecha de inicio. Todas las causas en Tierra del Fuego, cuando llegan a esta instancia demoran un año en fijar la fecha y dos en dar comienzo al juicio. Los turnos se están entregando para el 2017. Esta vez, rápidamente, la fecha se resolvió en un día y el juicio se realiza quince días después.

Desde la CTA Autónoma de Tierra del Fuego afirmaron que “en plena transición de gobierno, llevan a juicio a aquellos que se opusieron al ajuste sobre los trabajadores, a aquellos que se enfrentaron a la quita de derechos laborales que quería imponer el Gobierno saliente (PSP), a aquellos que hoy resisten el recorte que quiere imponer el Gobierno entrante (FPV)”.

Además, destacaron que el juez de la causa, De Gamas Soler, está acusado y procesado por ocultar evidencias en el juicio de la AMIA y buscó refugio en el fin del mundo “con la complicidad de la clase política que lo nombró”. Los sindicatos fueguinos exigen “el inmediato cierre de todos los sumarios administrativos realizados a los docentes por las mismas causas, impulsados por la gobernadora Fabiana Ríos para exonerar de sus cargos a los trabajadores de la educación. La sanción por parte del Congreso de la Nación de una ley nacional que indulte a todos los compañeros trabajadores, referentes, delegados y dirigentes procesados por hechos sucedidos en el contexto de la protesta social y sindical”.

Foto: Gremiales del Sur.

En distintas ciudades del país se realizó este jueves una Jornada Nacional contra la Megaminería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales, como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado.

Desde Santa María, Catamarca, a pocos kilómetros de la Minera La Alumbrera, Karina Matinelli aseguró a FM De la Calle que la jornada surgió a partir del derrame de agua cianurada en Jáchal: “La verdad que es tristísimo porque le arruinaron la vida al pueblo, los productores ya no pueden producir usando el agua del río porque está totalmente contaminado no solo con el cianuro que se puede evanecer con el sol o el aire sino el tema de los metales pesados, le han dejado metales a niveles de 1400% por encima de lo que establece la OMS. La situación es desesperante”.

Las trasnacionales mencionadas arriba consumen por día alrededor de nueve toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que la “complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quien será nuestro próximo “PRESIDENTE”, según las leyes 24.196 (Inversiones mineras), 24.228 (Pacto Federal Minero) y 24.224 (Reordenamiento minero), estas empresas gozan de grandes beneficios, mientras saquean nuestros bienes comunes, y envenenan a nuestro pueblo”.

“No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que estas generan. Sumáte en tu ciudad. Es momento de que se vayan”, agregaron.

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La titular del Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, Gilda Stemphelet, hizo lugar a un recurso de hábeas corpus presentado por los fiscales de Derechos Humanos José Nebbia y Miguel Palazzani y ordenó el cese de los traslados permanentes a distintas unidades carcelarias a los que era sometido un hombre privado de la libertad.

Durante la audiencia celebrada el pasado 28 de octubre, el detenido había denunciado ser trasladado en forma constante a distintas unidades penitenciarias, permaneciendo en las mismas siempre por períodos muy cortos, lo que le impedía cumplir con lo dispuesto en cuanto al régimen de las mismas. También, denunció haber sufrido golpizas en los días previos por parte de agentes del servicio penitenciario de la Unidad Carcelaria N°19, al tiempo que aseguró que actualmente cuenta con una medida de seguridad y resguardo físico ordenada por la justicia de La Matanza, ya que teme por su vida.

Al hacer lugar al amparo, la magistrada consideró que la única pena que debe sufrir una persona condenada es la pérdida de la libertad ambulatoria “y no la de sus derechos fundamentales”. Agregó, a su vez, que el traslado permanente implica un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención, violatorio de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de Derechos Humanos de idéntica jerarquía.

“El cumplimiento de los regímenes carcelarios como en caso de la progresividad no es sólo un derecho de la persona privada de la libertad, sino que es un deber del Estado hacerlo cumplir, ya que sería la única forma de poder evaluar la posibilidad de reinserción social del detenido”, señaló.

Respecto a la denuncia por lesiones, la magistrada formó una causa por separado y remitió la misma a la unidad fiscal de turno, conjuntamente con el certificado confeccionado por la asesoría pericial acerca del estado de salud del detenido.

Fuente: fiscales.gob.ar

Con las últimas palabras de algunos de los 22 imputados por crímenes de lesa humanidad que son juzgados en Bahía Blanca, terminaron ayer las audiencias del debate oral en la Causa Armada. Los acusados son hombres de dicha fuerza naval, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral ratificó que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 18:30 dará lectura al veredicto.

El fiscal José Nebbia rechazó una serie de nulidades planteadas por la defensa oficial en relación a la incorporación a la prueba de declaraciones tomadas durante la instrucción y las inspecciones oculares a los centros clandestinos de detención.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

“Voy a dar por terminado y concluido y cerrado el debate correspondiente a la causa 1103 caratulada ‘Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterado, homicidio agravado reiterado en perjuicio, entre otras personas, de Guillermo Aníbal Aguilar’ y convoco a todos, a las partes, para el día 25 de noviembre a las 18:30 que se va a dar lectura del veredicto que va a caer sobre esta causa”, dijo el presidente del Tribunal José Mario Triputti.

tribunal efemedelacalleAntes, José Nebbia -quien estuvo a cargo de la acusación junto a Miguel Ángel Palazzani- rechazó los pedidos de nulidad solicitados por la defensa oficial. Uno de ellos estaba relacionado con las declaraciones testimoniales tomadas por la Unidad Fiscal durante la investigación de la causa “sin el control de las partes”. Entre las cuestionadas estuvo la del ex colimba Aníbal Américo Agotborde.

“Este testimonio estuvo a disposición antes de ser elevado casi tres años, esta Fiscalía no se puede hacer cargo de suplir el trabajo de la defensa. Además tuvieron la oportunidad de preguntarle ampliamente en el debate oral y no lo confrontaron con los testimonios prestados en ese momento en la instrucción”, afirmó  Nebbia. “Más allá del momento puntual en que se tomó la declaración del testigo  lo cierto es que la práctica y procedimiento del Ministerio Público Fiscal siempre es el mismo (…) ellos marcan la cancha, toman las declaraciones y después nos invitan a jugar”, se cubrió el defensor Marcos Marini.

Otra de las nulidades apuntaba a las inspecciones oculares cuyos resultados, según la defensa, fueron contradictorios. “Quiero señalar que la primera inspección ocular fue hace muchísimo tiempo, estaba Cañón todavía de fiscal, pasó Córdoba, estamos nosotros. Y en esa oportunidad no se inspeccionó la séptima batería, fueron la tercera, la cuarta y la sexta. Todos los sobrevivientes fueron convocados y (algunos) estuvieron en condiciones materiales y emocionales de ir y otros no”, comentó el fiscal.

Luego de rechazar dichos planteos, el representante del Ministerio Público pasó a rectificar algunos errores expresados durante su alegato referidos a fechas de actuación de algunos represores y se detuvo en la reivindicación de la testigo Diana Diez: “Fue secuestrada, fue abusada dentro del centro clandestino, hace diez años murió de cáncer, no pudo venir a explicar lamentablemente ella misma lo que le habían hecho. En épocas en que la impunidad reinaba, valientemente declaró y contó todo lo que supo y reconstruyó lo que les había sucedido a ella y a sus compañeros. Así que tratarla de mentirosa habla más de quien lleva adelante esa conducta que de la propia sobreviviente emblemática”.

Al momento de las últimas palabras de los imputados, el primero en tomar el micrófono en el Aula Magna de la UNS fue el prefecto Luis Ángel Bustos “muy preocupado por su salud y su familia”, seguido por su colega Néstor Alberto Nougués, quien se consideró “inocente de todos los cargos” porque no conoció a las víctimas dado que “siempre estuve en una oficina”.

El ex guardia de La Escuelita Raúl Artemio Domínguez sostuvo que “hace dos años, ocho meses y once días que estoy privado de la libertad por una causa que no tengo nada que ver” y el teniente coronel (r) Guillermo González Chipont agradeció el permiso para ver a su hijo una vez por mes.

El ex jefe de la Sección Informaciones de Prefectura Francisco Martínez Loydi quiso que el tribunal “sepa algo de mi vida” y repasó “algunos hechos que me marcaron” como su “voluntario” ofrecimiento para ir a Malvinas años después de cometer los crímenes que se le imputan. Al ex titular de la cárcel de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, le llamó la atención que la ex presidenta Estela Martínez de Perón y su ex ministro Carlos Ruckauf no aparezcan en el juicio aunque hayan sido quienes “ordenaron que actúe de la forma en que actué”.

Alejandro Lawless, quien fuera jefe de sección en el Batallón de Comunicaciones 181 volvió sobre su careo con un ex colimba y el ex responsable de la Fuerza de Tareas Nº2 de la Armada, Gerardo Alberto Pazos, afirmó que “se han sacado del contexto histórico hechos que ocurrieron en el país durante los años 70”

Tomás Hermógenes Carrizo comandó la contrainteligencia en Puerto Belgrano y leyó en su “condición de marino” unos párrafos de una carta de un almirante yankee a otro nazi que tras la segunda guerra mundial reivindicaban la obediencia debida. “Finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubrí las facetas oscuras, corruptas y confusas de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba desde el comienzo de mi vida, fueron la justicia, la política y la Armada”, rezongó Enrique de León, quien fuera encargado de la contrainteligencia en Baterías.

Raúl Oscar Otero aseveró que su cargo en el Batallón de Comunicaciones 181 era logístico y que no tenía injerencia fuera de la unidad y habló de su estado de salud. Pedro Alberto Pila explicó “algunas facetas” de su vida “cuando casi daba por terminado su ciclo en la Prefectura Naval Argentina” porque había perdido su vocación de servicio cuando la fuerza se involucró “en funciones ajenas a su función específica”.

El ex jefe del Departamento Seguridad y Comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano José Luis Ripa pidió “a dios ilumine a vuestras excelencias para que dictaminen mi sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata” y Carlos Andrés Stricker insistió en diferenciar el Batallón de Comunicaciones 181 del “cuartel de Villa Floresta” del Ejército y afirmó que por los crímenes que se le achacan “tendrá que dar cuentas mi jefe que está muerto”.

Todos ellos, más los que ayer prefirieron el silencio, escucharán qué será de su futuro el próximo miércoles 25 a las 18:30 en Colon 80, sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur a cuya comunidad supieron reprimir crudamente.

La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron esta tarde “con enorme alegría” que restituyeron la identidad al hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Ogando, nieto de Delia Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras del organismo de derechos humanos.

Virginia Ogando, hermana del nieto encontrado, también fue un actor clave en esta búsqueda. El 15 de agosto de 2011, la joven falleció, como una consecuencia más del terrorismo de Estado, pero su sangre albergada en el Banco Nacional de Datos Genéticos permitió determinar en un 99,99 por ciento el vínculo filiatorio.

“Delia recorrió toda la Argentina con el anhelo de encontrar a Martín y a los cientos de jóvenes apropiados por el terrorismo de Estado. Hace menos de un mes viajó a Europa para difundir la lucha de la Asociación en el exterior, con la esperanza de llegar a algún hombre o mujer con dudas sobre su identidad. Hoy, Delia se enteró de que su nieto vive fuera del país. La amplificación de esta búsqueda da resultados concretos: nuestros nietos pueden estar en cualquier lugar del mundo”, leyó Estela de Carlotto.

La presidenta de Abuelas agregó que “aún falta restituir la identidad de casi 400 hombres y mujeres. Ellos son presente, porque sólo con Memoria, Verdad y Justicia se puede construir un futuro democrático. Sus Abuelas, hermanos, tíos, primos y familiares necesitan saber qué pasó con ellos. Pero también, como sociedad, tenemos el deber de resolver su identidad, que es la identidad de nuestro pueblo”.

Stella Maris nació en La Plata el 3 de septiembre de 1949 y Jorge, el 28 de noviembre de 1947 en Tornquist, provincia de Buenos Aires. En 1973 nació su primera hija, Virginia. Ambos militaban en el PRT-ERP y el 16 de octubre de 1976 fueron secuestrados en su departamento por un grupo de tareas compuesto por militares y policías. Virginia quedó sola y una vecina se comunicó con Delia para avisarle lo que había ocurrido. Desde entonces, la Abuela se hizo cargo del cuidado de la niña, de apenas tres años.

Stella Maris estaba embarazada de ocho meses al momento del secuestro. Según testimonios de sobrevivientes, la pareja permaneció detenida en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, donde la joven, el 5 de diciembre de 1976, dio a luz a un niño al que llamó Martín. Luego del parto, fue llevada al “Pozo de Quilmes”.

Desde el momento de la desaparición, Delia emprendió la búsqueda de la pareja. Primero, en soledad; luego, junto a otras Madres que también habían sufrido la desaparición de sus hijos. En 1977, algunas de ellas advirtieron que además buscaban a los hijos de sus hijas o nueras embarazadas o a sus nietos secuestrados. Entonces, emprendieron juntas la búsqueda de esos niños y niñas. Recorrieron casas cuna, juzgados, comisarías e iglesias.Nieto-118-16-580x391

Delia fue una de estas doce mujeres fundadoras de lo que luego sería la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. De a poco, se fueron sumando muchas más para caminar codo a codo a lo largo de estos 38 años y crearon distintas estrategias para llegar tanto a jóvenes con dudas como a personas que pudieran aportar información sobre sus nietxs apropiadxs.

Entre 2006 y 2008, Abuelas recibió tres denuncias anónimas, por teléfono y por mail, en las que se planteaba que quien hoy sabemos es el nieto de Delia había sido inscripto como hijo propio de quienes decían ser sus padres. También, se indicaba que en su familia circulaba el rumor de que había nacido en un centro clandestino de detención.

El 30 de marzo de este año, este hombre se acercó a Abuelas con fuertes sospechas de ser hijo de desaparecidos. Luego de ser entrevistado por el área de Presentación Espontánea, la consulta siguió los carriles correspondientes y fue derivado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), donde comenzó la investigación documental.

Como el nieto vive desde hace 15 años en el exterior, la extracción de sangre se produjo a través del Consulado del país en el que reside, el 15 de mayo de este año. Gracias al trabajo mancomunado de distintas instituciones del Estado, la muestra llegó a la Argentina y fue recibida por la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, que la remitió a la CoNaDI. En junio, fue derivada al Banco Nacional de Datos Genéticos para efectivizar el estudio.

Esta mañana, el Banco informó finalmente a la CoNaDI que el joven es hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.

Fotos: Kaloian.

(Alfredo Grande) Siempre intento diferenciar, y casi siempre lo logro, entre crítica y reproche. La primera es una interpelación a una idea, una conducta, una decisión. Interpelar es el intento de colocar una alternativa, una diferencia, donde aparece lo único y lo idéntico. Aquellos que son adoradores de “lo único”, sea el pensamiento, el sentimiento, el dios, el partido, el líder, ven en la crítica un peligro letal. ¿Y si lo único fuera el resultado de haber exterminado lo diverso? Como dijera Gregorio Baremblitt, el Universo no es único: es un Poliverso.

En la infinitud choca todo intento de unificar, condensar, apelmazar, compactar. Lo infinito no es solamente el tiempo espacio. Lo infinito es también la lucha de clases, porque siempre habrá clases que luchan. Pero lucha no es matanza. Para la cultura represora, sí. Matanzas, exterminios, saqueos. Así luchan los cobardes, los soldados y oficiales de todos los imperios. El extremo límite de todo partido político es ser el único partido. Pocos pueden, pero todos lo intentan. La alternancia es apenas un pacto perverso para que haya dos “únicos” para que en su alternancia hagan el “Único”. O sea: el modo de producción capitalista. Donde consumo es despilfarro y donde la producción es explotación laboral, que algunos llaman productividad.

“No es buena idea dejarse morder por una serpiente

para averiguar si es venenosa.”

(Aforismo implicado A. G.)

El correlato de lo único como burro de batalla es la idolatría de El Estado. En singular y mayúsculas como debe ser. Ni siquiera podemos discutir qué estado, para quién el estado, qué nos da y qué nos quita el estado. Cuando el fundante no asoma a la superficie, todo lo que se discute no es lo que es importante discutir.

En los 60 y 70 luchábamos por diferentes “patrias”. La Patria Socialista llevó la peor parte. No sólo por ser arrasada, sino porque sigue cargando con la culpa histórica de la lucha armada. Pero fue la batalla de todas las batallas. No era fondo de pantalla. Era la pantalla. Con la compilación, edición y co-autoría de Vicente Zito Lema, Ediciones La Llamarada publicó “Trelew: una ardiente memoria”. Se presentó en “Barbecho”, centro cultural que coordina Oscar Mongiano. Vicente me pidió que hablara para hacer una semblanza de este libro necesario. Escribí uno de los capítulos, “Socialismo y Barbarie”.

Leer este libro nos ubica en el exacto tiempo y espacio que no podemos abandonar, porque nuestros hermanos nos preguntarán por qué los hemos abandonado. Olvidar nombres es también una forma del abandono que no acepto. “Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Alberto Carlos del Rey, Mario Emilio Delfino, Alfredo Elias Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Suarez, Humberto Adrian Toschi, Jorge Alejandro Ulla, Ana María Villareal de Santucho, Alberto Camps, Ricardo René Haidar, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna, Marcos Osatinsky, Roberto Jorge Quieto,Mario Roberto Santucho, Fernando Vaca Narvaja, Víctor Fernández Palmeiro, Mario Abel Amaya, Rodolfo Ortega Peña. Algunos pudieron fugar, otros fusilados en la base Almirante Zar, otros por la triple A, algunos por la dictadura genocida. En esas décadas, la crítica no era convencional, era fundante. Era crítica revolucionaria. Como toda crítica debiera ser. Y la cultura represora reprochaba y castigaba ese intento de crítica necesaria. Si es dolorosamente cierto lo que Marx señala que “el peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”, no es menos cierto que también oprimen el cerebro de los vivos las palabras nefastas de las derechas.

“En la cultura represora, sólo podemos elegir

entre el malo conocido y el malo por conocer”

(Aforismo implicado A. G.)

El ministro de trabajo Otero en pleno lopezreguismo decía de la Juventud Trabajadora Peronista: “de juventud tienen algo, de trabajadores poco y de peronistas nada”. El burócrata firmó la sentencia de muerte de esos jóvenes. A más de 40 años de esa heroica lucha, nuestras izquierdas, más separadas de lo conveniente, también tropiezan, aunque no siempre, con la tentación de ser la “única izquierda”.

La monogamia nunca es buena consejera y en política es suicida y homicida. Sectarismo, mesianismo, macartismo, iluminismo, personalismo, son la práctica permanente de todas las derechas. Pésimo camino para intentar la unión en las luchas. Hoy tenemos una militancia social libertaria y rebelde sin expresión partidaria. Los partidos parten. Algunos porque se van, otros porque dividen y a veces se dividen. La próxima final del Gran Torneo Electoral que algunos llaman balotaje, presenciará el cruce de anatemas entre los que votarán en blanco, los que no irán a votar, y los que votarán a Scioli en la fórmula de un hasta hace poco impensable Frente para la Derrota. Las izquierdas no votarán a Macri. Y en esto espero que la vida no me dé sorpresas. No se trata del remanido “cuanto peor, mejor”. Mucho menos de “cuanto mejor, peor”.

El laberinto del fraude hoy tiene su expresión en el balotaje. Hoy 80% del padrón / patrón electoral apoya a las derechas que supimos conseguir. Una serena crítica y auto crítica es necesaria. Cuando se disipen las nieblas de los festejos, los colectivos revolucionarios, autogestivos, libertarios deberemos reunirnos para seguir pensando/luchando es un escenario más parecido al parque jurásico que a un jardín botánico.

Cuando entre el dolor y la furia quedo paralizado, palabras escritas por Vicente Zito Lema me ayudan: “Un libro sobre el 22 de agosto en Trelew nos demanda seguir buscando el destino de nuestras luchas, aun de nuestras derrotas en los pliegues de la misma lucha. Sin tregua nos impulsa a no quedar atrapados por la melancolía que nos hiere, por la soledad que nos detiene, y nos hace rumiar las penas y justificarnos en los fracasos”.

En mi diálogo sin fin con Alberto el “Morla” querido, le digo que con ternura venceremos, porque con esa misma ternura lucharemos. Ternura entre compañeras y compañeros. Ternura es cuidar y cuidarnos. Héroes y mártires nos acompañan. Nunca más estaremos solos. Y el dolor y la furia también serán, aunque no sé cuando, algo que podremos olvidar.

La pintura pertenece a Marc Chagall.

 

Durante la tarde del 25 de noviembre, el tribunal oral subrogante de Bahía Blanca dará a conocer el veredicto del juicio contra 22 de los 25 represores que comenzaron a ser juzgados en julio de 2014 por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La fecha será antecedida por las audiencias de réplicas y dúplicas convocadas para el miércoles 11 y el jueves 12.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas públicas y privadas que ocuparon las últimas seis sesiones del debate oral. Los abogados solicitaron la absolución de los imputados que pertenecen a la Armada, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A casi cuatro décadas del inicio formal de la dictadura cívico militar, muchos serán lxs testigos, sobrevivientes y familiares que no podrán ver plasmado el histórico reclamo de juicio y castigo, al igual que no serán de la partida muchos de los responsables del terrorismo de Estado. En este caso, el ex contralmirante Manuel Jacinto García Tallado y el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli fueron apartados por problemas de salud y los ex capitanes de navío Domingo Ramón Negrete y Guillermo Félix Botto, como diría el psicoanalista Alfredo Grande, gozan de “la impunidad de los cementerios”.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani solicitaron penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los restantes. Además, pidieron que, como reparación integral a las víctimas, se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.

La revocación de la prisión domiciliaria de los acusados, los trabajos de prospección en el predio de la Séptima Batería “para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos” y la baja por exoneración y/o destitución de los represores fueron compartidas por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y la APDH. También por el abogado César Sivo, quien se diferenció al rechazar la tipificación de genocidio para los crímenes juzgados y calificarlos como delitos contra la humanidad.

Los genocidas llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios y, durante el debate, el tribunal aceptó ampliar la imputación por delitos sexuales contra 19 de ellos. “Las víctimas habían contado los abusos y las violaciones que sufrieron estando secuestradas y eso debía ser juzgado en este juicio”, aseguró entonces el fiscal José Nebbia. Los jueces destacaron la “interdependencia entre el cautiverio, las torturas y los abusos de índole sexual que se produjeron en un mismo lugar de detención respecto de la misma persona”.

Para comprender estos crímenes específicos en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, la “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”, alegó la querellante Mónica Fernández Avello.

Los abogados oficiales Marcos Marini y Gustavo Rodríguez y los particulares Mauricio Gutiérrez, Luis De Mira, Gerardo Ibáñez y Sebastián Olmedo Barrios coincidieron en el pedido de absolución de sus clientes.

Los días miércoles 11 y jueves 12 la Fiscalía tendrá la oportunidad de contestar varios planteos de nulidad realizados por las defensas y luego el tribunal escuchará las réplicas y dúplicas, previas a las últimas palabras de los represores y el veredicto de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava.

El banquillo

Los imputados de la Armada Argentina son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Edmundo Óscar Nuñez; Alberto Gerardo Pazos y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa y Leandro Marcelo Maloberti; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons.

Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala; el ex coronel Carlos Andrés Stricker, y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Raúl Artemio Domínguez y el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont.

Completan el banquillo los ex prefectos navales Francisco Manuel Martínez Loydi; Pedro Alberto Pila, y Néstor Alberto Nougues y Luis Ángel Bustos; el ex prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman.