La semana pasada la Cámara de Diputados creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR). Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la norma representa un avance sustantivo en el desarrollo de políticas integrales de prevención de la violencia armada. Entre 2008 y 2011, sólo en la provincia Buenos Aires murieron 4.596 personas por armas de fuego.

Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática, destacó en FM De la Calle “las dificultades del propio Estado para registrar, evaluar la circulación dinámica de las armas que tiene en su poder. Cualquier política seria ligada a la regulación de mercados legales e ilegales tiene que tener al Estado como principal motor de proponer una política concreta de desarme y trabajar en políticas eficientes para evitar que armas que están en su poder pasen a mercados ilegales”.

Respecto al armamento de la Policía Bonaerense sostuvo que “hemos identificado que no solo que no se sabe a ciencia cierta cuántas y cuáles son sino que, por otro lado, detectamos que una cantidad importante se pierden, de extravían, les son robadas al personal policial o quedan involucradas en faltantes que se producen en comisarías y no hay mayores explicaciones”.

Desde 2012 la Comisión por la Memoria elabora y actualiza un informe sobre prevención de la violencia armada que da cuenta de las graves falencias en materia de control de armas. Según el documento que puede leerse aquí, esa falencia deriva en un “alto impacto en la producción de violencia, ya que las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal y facilitan el despliegue de prácticas policiales y judiciales ilegales”.

La CPM accedió a información oficial que constata la existencia, entre 2009 y 2014, de al menos 900 armas pertenecientes a la Bonaerense que se extraviaron, robaron o desviaron, entre otros supuestos. Sin dudas, se trata sólo de la punta del iceberg que da pie a diversas hipótesis; entre ellas, la incorporación de estas armas al mercado ilegal. Sin embargo, queda pendiente continuar explorando la verdadera dimensión de este problema si se tiene en cuenta el caudal de armas en poder del Servicio Penitenciario y las agencias de seguridad privada.

En relación a la intervención policial con armas de fuego, el documento destaca que la mayoría de las muertes provocadas por funcionarios policiales se desencadenan fuera del horario de trabajo. La muestra sobre la que trabaja el informe, indica que el 70 por ciento de estas muertes se produjeron en franco de servicio. En estos casos y en el marco del estado policial, los policías utilizan las armas reglamentarias para gestionar conflictos privados o responder a situaciones de victimización por robos.

Pomares explicó en el programa En Eso Estamos que el estado policial “constituye al policía como un sujeto-policía, se transforma en un algo distinto al resto de la sociedad (…), si a eso se le agrega que es considerado prácticamente -como lo ha expresado el gobernador en el juramento que les tomó- como un defensor de la democracia, lo liga más a las fuerzas militares o de seguridad que a las policiales que son de prevención”.

“Respecto a las policías locales venimos alertando y proponiendo que son policías de proximidad, que trabajan sobre la primera línea de prevención de los delitos, alertan, toman intervención inmediata pero con una lógica de monitoreo de los territorios, no son una fuerza de intervención directa. Lo que planteábamos es que era un buen momento para discutir el estado policial y que los policías tengan que portar su arma luego de cumplir su actividad”, finalizó.

(Por Giuliana Crucianelli – FM De la Calle) A mí no me la contó nadie, yo la vi. Yo la viví. Yo estuve en el medio de la marcha multitudinaria de alrededor de 70 mil mujeres que se manifestaron en el 30 Encuentro Nacional de Mujeres.

Yo participé de la fiesta y del miedo que se vivió cuando la cana y el grupo neonazi de este tipo nefasto Pampillón, reprimió a las chicas que se manifestaron en la Catedral. Sí, es cierto que se pintó la ciudad, sí es cierto que estaban en tetas y gritando. Todo eso es cierto, pero ¿no es excesivo reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos una decena de pares de pezones y unos cuantos grafitis? ¿No resulta excesivo arrastrar, secuestrar, chupar mujeres dentro de la catedral, esposarlas y golpearlas?

Más allá de estos repudiables hechos, por los cuales seguiremos luchando, el ENM fue una fiesta. Fue alegría. Fue emoción. Fue hermandad. Mujeres de todos los puntos del país se concentraron en la ciudad para gritar y luchar por las desigualdades. Se realizaron más de 65 talleres donde se debatió, se discutió, se conversó y se elaboraron ideas y conclusiones concretas.

Diversos grupos participaron del encuentro, diferentes organizaciones con ideas políticas opuestas en muchos casos, pero que pudieron conciliarse ante una lucha codo a codo, de igual a igual.

La marcha duro dos horas y media más una hora de concentración en Avda. Luro e Independencia. Tres horas de cantar ininterrumpidamente, de arengar, de abrazos, de besos, de pogo enardecido. Alegría que desbordaba corazones, gente en los balcones que gritaba con nosotras.

La sensación de que no nos conocíamos pero en realidad sí. Estábamos todas unidas por una misma causa, por un mismo sentir. Eso se demostró durante todo el encuentro, en el agite popular, en los cánticos, en los gritos y banderas. En el abrazo de pogo y en la unión de las manos que hacían las cadenas humanas para cuidar las calles, para contener toda esa emoción que emanaba de 70 mil cuerpos.

Para pedir por el aborto legal seguro y gratuito, para hacerle frente a este sistema machista y patriarcal que nos condena, nos oprime y nos mata. Para visibilizar a nuestras compañeras muertas, violadas, a las que no las dejan opinar, a las que están supeditadas a un patrón abusador o a un marido golpeador y por todas las que todavía no lo saben pero que están oprimidas. Para lograr equidad, para despertar a las dormidas, caminamos, caminamos y seguiremos caminando, seguiremos luchando y sumando adeptxs, con los pies rotos, con el corazón sonriente y con el puño en alto, al grito de “¡Muchachas! ¡Ni una menos nos puede faltar! ¡Todas vivas nos queremos! ¡Todas vivas y a agitar!”

Luego de más de diez años de lucha, la Red Argentina para Desarme (RAD) celebró la aprobación por unanimidad de la ley que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR). La nueva normativa, responde a las demandas de un país que sufre la violencia con armas de fuego y que necesita políticas públicas integrales y permanentes para su prevención.

 “La premisa de la que partimos es que toda arma ilegal nació siendo legal, por lo que controlar efectivamente el mercado legal de armas de fuego va a permitir tener una incidencia notoria sobre el mercado ilegal. Para eso uno tiene que poder contar con un organismo con capacidad”, dijo a FM De la Calle la coordinadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Aldana Romano.

La Ley aprobada jerarquiza el organismo al cambiar su naturaleza de simple registro a agencia de control y modifica el sistema de administración financiera, que conlleva incentivos negativos para el ejercicio de una verdadera política de control.

La politóloga explicó que “hoy el RENAR no solamente funciona como registro sino que se financia de la venta de formularios de las armas de fuego y además, sus recursos son administrados por un ente privado -a similitud de lo que pasa con el registro automotor- que es nada más y nada menos que la Sociedad de Armeros”.

Asimismo, la ley otorga una definición clara de objetivos y funciones del nuevo organismo para que se supere la visión militarista por la cual el RENAR era una herramienta de la política de defensa nacional.

Finalmente, la nueva normativa garantiza la publicidad de la información y de los actos de gobierno. En la actualidad no hay forma de conocer las dimensiones del mercado de las armas de fuego.

Nueve femicidios se registraron en el país durante la última semana, tres de ellos en Mar del Plata, ciudad que concentró el fin de semana a más de 60.000 personas en el Encuentro Nacional de Mujeres que terminó bajo el reclamo #NiUnaMenos, consigna social que pide el cese de la violencia de género.

“La cifra para una semana es impresionante. Hay una toma de conciencia social, un posicionamiento que repudia y no tolera los femicidios. Quedó demostrado en la masiva marcha nacional #NiUnaMenos del 3 de junio y se profundizó ahora en el encuentro en Mar del Plata, pero a las mujeres las siguen matando”, dijo a la agencia de noticias Télam, Ada Rico, directora del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro.

El trágico listado comenzó el martes 6 de octubre, con el asesinato en la calle de Sandra Elizabeth Costantopulos, crimen que habría sido cometido por su ex pareja Claudio Javier Soto, quien horas después del ataque se suicidó. Al día siguiente a Daiana Luisa Rodríguez, de 17 años, la balearon en la localidad bonaerense de Carmen de Areco y murió en el hospital. El sospechoso del ataque sería su novio Nicolás Cancino, de 24 años, quien también se mató.

Ese mismo día, en Bariloche, Río Negro, asesinaron por asfixia a María de la Cruz, crimen por el que está detenido como sospechoso Hernán Guillermo Cortés. El jueves 8, en la localidad mendocina de Los Corralitos se encontró el cadáver de Marlene Carruman López, de 18 años, en un pastizal. Las primeras investigaciones difundidas por medios locales hablan de que ella estaría en situación de prostitución y que la justicia investiga a un “cliente” como autor del crimen.

A las 24 horas, en Tartagal, Salta, se conoció el femicidio de Silvina Barba, de 23 años. La policía busca al posible autor del hecho, Santino Salas, de 57 años, pareja de la joven, quien estaría prófugo. El sábado 10 mataron a Rosario del Carmen Salinas en Mar del Plata. Ella había logrado una orden de restricción judicial para que su ex pareja Carlos Ruiz Díaz, no se acercara. La mujer había denunciado maltrato y se había mudado a la casa de su mamá. Allí, fue asesinada. El hombre está detenido.

“Este femicidio es uno de los tantos que nos muestran que hay que cumplir con la ley de protección integral que tenemos desde el 2009. El Estado debe ejecutar, con presupuesto, lo que la ley dice. El hombre tenía prohibido acercarse e igual la mató. La justicia debe pensar otras estrategias para cuidar a las víctimas”, analizó Rico.

Ese mismo día, en la misma ciudad, apuñalaron hasta la muerte a Claudia Sposetti, cuyo cuerpo se encontró luego de 48 horas de búsqueda. Está detenido como principal sospechoso su ex pareja Héctor Daniel Herrera. El domingo, Julieta Mena, fue asesinada a golpes en Ramos Mejía y su novio Marcos Andrés Mansilla fue detenido luego de estar prófugo. “Un vecino de Julieta dijo a los medios que escuchaba el maltrato constante. Pero avisó a la policía cuando escuchó silencio y ese silencio era la muerte de la joven”, resaltó la dirigente de la ONG.

Para la titular del Observatorio de Femicidios, la violencia de género “se acrecentó, y también, se visibilizó. Las mujeres se animan a hablar, salen a las calles a decir ¡Basta! Sin duda, esto enfurece a los agresores. Entonces, se deben profundizar las acciones preventivas y de asistencia. Es urgente. Hoy, los violentos siguen matando”.

También son nueve los niños y niñas que quedaron huérfanos esta semana, víctimas colaterales de estos nueve femicidios. Por eso “es esencial que el Parlamento debata urgente los proyectos que presentamos para quitar la patria potestad -responsabilidad parental en el nuevo Código Civil- a los femicidas y la asistencia económica inmediata para estos niños, lo que llamamos Ley Brisa”, agregó Ada Rico.

Fuente: Télam.

El diputado nacional Héctor Recalde (FpV) consideró que el titular del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, y el propietario del ingenio azucarero de Ledesma, Carlos Blaquier, deberían ser “los primeros en declarar” en la Comisión Bicameral que investigará la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, y cuya conformación cuenta con media sanción del Congreso.

“Sugerí que sean ellos dos los primeros en ser llamados a declarar por la responsabilidad que tuvieron en hechos represivos. Más adelante, la Bicameral debería citar a los directivos de las empresas Ford y Mercedes Benz”, señaló Recalde en declaraciones que reproduce ayer el diario Tiempo Argentino.

En ese sentido, el legislador apuntó que otro caso de tendría que analizar este organismo parlamentario cuando se ponga en fusiones sería el de la firma cementera Loma Negra de Olavarría, cuyo personal directivo habría estado implicado en la desaparición del abogado laboralista Carlos Moreno, durante la última dictadura cívico militar.

“Hay que poner en marcha las investigaciones porque además de los casos conocidos, seguramente van a ir apareciendo otros más. En los últimos días recibí información de particulares que se ofrecen a declarar”, sostuvo Recalde.

El mes pasado, con 170 votos a favor y sólo 14 abstenciones del bloque del PRO, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para crear esta Bicameral y lo giró al Senado para su aprobación definitiva.

El matutino cita también las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, quien consideró que “cualquier caso” de complicidad civil con la última dictadura “debe ser investigado por la Justicia”.

“No se entiende la conformación de esta Bicameral. Esto es un operativo de un gobierno autoritario que impone operativos de prensa para atemorizar a la población. Ahora, a pocos días de terminar lanzan esto”, fustigó el empresario rural.

En ese sentido, Etchevehere adelantó que el próximo coloquio empresarial de IDEA, que se llevará a cabo en Mar del Plata, la entidad patronal agropecuaria que encabeza intentará “frenar la iniciativa”.

“Si van los candidatos al coloquio sería bueno preguntarles antes de las elecciones qué van a hacer con esto. Deberían tomar un compromiso antes de las elecciones porque eso es calidad institucional”, subrayó.

A modo de réplica, Recalde defendió la puesta en funciones de la Bicameral y las atribuciones del Congreso para impulsar investigaciones, al tiempo que cuestionó el papel de la SRA durante el terrorismo de Estado.

“¿Etchevehere no explicó por qué la SRA le entregó a la dictadura un predio en Junín para que funcionara un centro clandestino de detención? No hay un argumento solvente para impedir la creación de la Bicameral. La Constitución afirma que los legisladores estamos obligados a investigar para ‘afianzar la justicia’”, puntualizó.

A principios de mes se reglamentó la Ley 25.929 de Parto Respetado y fue presentado oficialmente el Observatorio de Violencia Obstétrica, impulsado por Las Casildas con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres. Al final de esta nota el enlace para ingresar a la encuesta.

“La escena del parto se ha tornado muy violenta y el tipo de violencia que invade la escena está completamente naturalizada e invisibilizada. Por eso la concreción de esta iniciativa del observatorio para cuantificar y visibilizar a todas las mujeres que a lo largo y a lo ancho del país son sistemáticamente violentadas en un momento tan fundante y tan revolucionario como es parir a nuestros hijos y nuestras hijas”, explicó a FM De la Calle Julieta Saulo, fundadora de la organización de mujeres.

Agregó que “si bien este tipo de violencia está especificado en la ley 26.485 no es muy conocido entre nosotras las mujeres. Es decir, yo tengo a mi hijo de manera violenta, la mujer que vive al lado de mi casa también, nos relatamos los partos y no hay nada que discrepe, los partos fueron absolutamente violentados los dos”.

Para la militante “la información es poder y no solo empodera a las mujeres sino a las familias en general” y  si bien la ley de Parto Humanizado está vigente desde 2004, contar con la reglamentación “ha sido un gran avance en torno a los derechos sexuales y reproductivos porque viene a traer la bajada al territorio”.

“Por ejemplo, la ley estipula desde 2004 que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas en el parto. Cuando se reglamenta, se baja al territorio que las mujeres tenemos derecho a estar acompañadas si lo deseamos y que puede ser tanto de una mujer o de un varón y no hace falta que se acredite filiación, que sean parientes. Aparte que las instituciones privadas no pueden cobrarle un extra a esas personas por acompañar a la mujer que es lo que habitualmente sucede”, comentó.

Saulo sostuvo que “en muchos casos las mujeres que tienen a sus hijos e hijas por cesáreas entran solas al quirófano porque se habla de la asepsia y demás y en realidad no hay documentación científica que así lo avale, se basan solamente en decisiones institucionales”.

Además, subrayó el desequilibrio de poder entre las pacientes y lxs médicxs partiendo de “la posición en la que parimos las mujeres, acostadas y atadas. Básicamente para comodidad del médico o la médica. El médico se sienta y se queda ahí mirando o interviniendo -porque lamentablemente no solo se quedan mirando sino que intervienen en el proceso-, mientras tanto las mujeres estamos con las piernas atadas, abiertas y recostadas, intentando parir. Las mujeres que así y todo pueden parir realmente es meritorio porque no tiene absolutamente nada que ver con la fisiología del proceso”.

El Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina propulsado por Las Casildas es una iniciativa ciudadana y nacional cuya finalidad es visibilizar y difundir esta problemática y los derechos que amparan a las mujeres. La encuesta a la que se puede acceder en este link es una de las herramientas de las que disponen y su función es generar estadísticas en torno a la atención del parto/cesárea. La información es confidencial, los datos personales (nombre, apellido, dni, etc) no serán difundidos en ningún medio, los piden para garantizar la legitimidad de la consulta y evitar posibles repeticiones en el registro de los datos.

Escuchá la entrevista completa:

La organización mapuche Kumelen Newen Mapu junto a integrantes de los pueblos tonocoté, ranquel, kolla, comenchingones, guaraní y toba qom inauguró este viernes la 24º Feria Nacional de Artesanxs que se realiza hasta el lunes en Plaza Rivadavia.

Ante el escaso público presente a la hora en que se programa la intervención originaria que conmemora el último día de libertad de las naciones indígenas, manifestaron su alegría de compartir sus saberes y cosmovisión en una “carpa inmensa y blanca, símbolo de la interculturalidad” con actividades destinadas principalmente a alumnxs de primaria y secundaria (Ver agenda We Sumaj Che).

“Estamos compartiendo nuestros saberes, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, nuestra música. Entregándolo todo, como hemos hecho siempre. En esta plaza en donde en 1859 ardían los cuerpos de nuestros hermanos mapuches. Sin odios, pero sí recordando que aún hoy como ayer, como desde los tiempos de la colonia, como desde que llegó Colón, seguimos siendo encarcelados. Sigue nuestro territorio siendo robado. Siguen siendo corridos nuestros hermanos de sus lugares. Seguimos siendo menospreciados y no nos olvidamos que recién hace muy poquito tiempo el cacique Chaile de la comunidad diaguita salió en libertad por haber estado preso por defender su territorio, su comunidad, sus restos arqueológicos”, aseguró la vocera Wuaira González Romano.

Recordó los siete meses de acampe en Capital Federal de QOPIWINI -comunidades qom, pilagá, wichí y navaclé- en demanda territorial: “Los pueblos originarios no pueden vivir en un lugar pequeñito porque su sustento está en la tierra, allí está su medicina, allí está nuestra manera de vivir, nuestros ancestros enterrados. No nos olvidamos que Ginóbili, nuestro Ginóbili de acá, dice que compró sin saber pero no detiene la orden de desalojo para la comunidad Paichil Antriao que vive en la tierra que él compró. (…) Esta es la situación de nuestros pueblos originarios en toda Nuestramérica”.

“Los convidamos no solo a escuchar lo que tenemos para decir, creemos sin vanidad que los pueblos originarios tenemos mucho para compartir en cuanto a la manera de vida. Les compartimos para recordar, porque todos lo tenemos en nuestras células. Muchos hicieron por nosotros. Este es nuestro tiempo de lucha, de defensa de esta tierra que nos fue prestada por un rato, de defensa del aire, de defensa del agua, con nuestros hijos, porque parece que este sistema nos convida a decirnos que somos nosotros y se terminó”.

“Nuestro convite es a que se organicen, a que nos organicemos, a que armemos nuestras huertas, a que nos encontremos nuevamente en comunidad, que sepamos ser comunidad, que salgamos de detrás de una pantalla. Ese es el convite. Para ustedes, para nosotros, un solo pueblo de humanidad”, finalizó Wuaira.

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El juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla procesó a un grupo de represores del V Cuerpo de Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos contra tres víctimas. Varios de los militares fueron condenados tras los dos primeros juicios realizados en Bahía Blanca, algunos son juzgados en la causa Armada y otros se sientan por primera vez en el banquillo de los acusados.

La mayoría de ellos habían sido indagados por el secretario Santiago Ulpiano Martínez quien, entre otras irregularidades conocidas luego de su desempeño en el Juzgado Federal Nº1, nunca resolvió su situación procesal.

Los imputados estaban presos en distintas cárceles, con arresto domiciliario en varias provincias y algunos como Jorge Norberto Igounet, Antonio Miguel Seghighi y Ricardo Baccini fueron desvinculados provisoriamente de la investigación por falta de mérito. La instrucción fue delegada en los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.

Los procesados son coroneles, tenientes coroneles, suboficiales mayores, capitanes, sargentos y penitenciarios. Se trata de: Walter Bartolomé Tejada, Hugo Jorge Delmé, Carlos Alberto Taffarel, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Andrés Reinaldo Miraglia, Alejandro Osvaldo Marjanov, Guillermo Julio González Chipont, Alejandro Lawless, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Martínez, Carlos Ferreyra, Luis Delaico, Pedro Cáceres, Gabriel Cañicul y Arsenio Lavayén.

Sus tres víctimas tienen una cualidad importante que les permitió identificar centros clandestinos de detención y unir los nombres con los rostros de sus torturadores: no sólo sobrevivieron al cautiverio, sino que estuvieron secuestrados por largas temporadas y luego fueron “blanqueados” en cárceles comunes a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Carlos Príncipi fue secuestrado el mediodía del 26 de febrero de 1977 cuando caminaba por la calle, por una patota de civil. Lo subieron a un auto a los golpes y lo llevaron al centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita. Allí fue sometido a interrogatorios bajo tortura, “submarino”, golpizas feroces, gritos y agresiones constantes durante quince meses. Estaba aislado, inmovilizado, vendado, estaqueado. Sus verdugos se burlaban diciéndole que habían matado a su compañera Patricia Acevedo. En abril de 1978 se lo llevaron en camioneta hasta la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta. Allí siguió aislado, sin poder contarle a su familia que estaba vivo, lo sometieron a un “simulacro de juzgamiento” que llevó a cabo el Consejo de Guerra Especial Estable del Comando V Cuerpo. Finalmente lo trasladaron a la Unidad Penal 21 de Ezeiza, desde donde recuperó su libertad en diciembre de 1982.

El 6 de julio de 1977 un grupo de personas armadas, vestidas de civil, entró a la casa de Hipólito Irigoyen 1451, donde vivían Rodolfo Oscar Maisonave y Ana María Germani. Además de pareja, eran militantes sociales y universitarios. Los subieron a autos distintos y los llevaron a La Escuelita. Con ellos secuestraron a Silvia Aylén, que tenía un año y cuatro meses y pasó aquella noche en el chupadero. Al día siguiente la dejaron en la casa de sus abuelos. Las primeras veces que torturaron a Maisonave con picana eléctrica, escuchó que su hija estaba en una sala contigua.

Germani fue alojada en una casilla rodante o vagón ubicado en el predio de La Escuelita, donde estuvo sola y tabicada. Estuvo con su hija y la custodia de los guardias. Cuando se llevaron a la beba, empezaron los interrogatorios con corriente eléctrica y los tormentos con connotación sexual. Volvió a encontrarse con su esposo unos días después, en el Batallón de Comunicaciones 181.

Después de un Consejo de Guerra, los dos fueron trasladados a cárceles comunes. Maisonave fue llevado a la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson y luego reintegrado a la Unidad de Villa Floresta. Germani se quedó en la UP4 hasta que la trasladaron a la Unidad 2 de Villa Devoto, para regresarla finalmente a la UP4. La pareja siguió presa incluso en democracia: fueron liberados el 14 de junio de 1984.

Fuente: FM De la Calle e Infojus.

(Por Alfredo Grande) La Marcha Patriótica, luego recaratulada como Himno Nacional Argentino, en su segunda estrofa era contundente: “Se levanta a la faz de la tierra / una nueva y gloriosa Nación / coronada su sien de laureles / y a sus plantas rendido un león”. León o leona, la Nación nueva y gloriosa se levantaba sobre la madrastra ibérica rendida a sus pies. Previo paso a pisotearla sin piedad por los numerosos crímenes contra la humanidad que los ejércitos españoles cometieron en estas tierras. Genocidio que disfruta de la impunidad de los cementerios.

Penosa y culposamente todas las estrofas que marcaban a fuego al invasor godo fueron censuradas. “En los fieros tiranos la envidia / escupió su pestífera hiel / su estandarte sangriento levantan / provocando a la lid más cruel.” Cuando la Marcha devino renga y se empezó a cantar el Himno, la libertad quedó marcada como el grito sagrado. Paradoja fundacional de la nueva Nación ya que la marca de lo sagrado impide toda libertad.

La cruz y su copartícipe necesaria, la espada, son la matriz imprescindible para que se impongan todos los mandatos y se mancillen todos los deseos. Incluso el deseo de libertad. La libertad por mandato no es libertad, sino sometimiento a las bulas laicas de los poderes de turno. Los derechos humanos por mandato del Estado son la mejor forma de encubrir los privilegios de la casta gobernante. La pestífera hiel de los fieros tiranos sigue usando todo tipo de desodorantes, enjuagues bucales, pastas dentales, a los fines de ocultar nauseabundas pestilencias. Los laureles democráticos siguen coronando nuestras sienes, pero ahora son de plástico. Garantía total aunque nunca le devolvemos su dinero.Las diversas formas de fraude, incluso el electoral, han sido protagonizadas por esbeltos y esbirros integrantes de los partidos autodenominados populares. Y nacionales. No recuerdo si Menem fue expulsado del Partido Justicialista. Un nervigenol ahí. Y el fraude no es la antesala de la maduración y la superación. Fraude es frustración y engaño. Ante esa cría sólo cabe esperar el tronar de algún escarmiento. No lo habrá y el verdugo de ayer podrá ser el gobernador de mañana. Y el Presidente.

La votación cada dos y cuatro años es una coartada para un crimen perfecto. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno para perpetrar aberraciones no democráticas, al estilo del cianuro en un río? La democracia. La mejor manera de ocultar un elefante en la calle Florida es llenarla de elefantes. O de demócratas. Que ocultarán con absoluta perfección trompas y colmillos. De la nueva y gloriosa Nación hemos arribado a “La Democrática”, corporación republicana. Los partidos políticos son empresas, los clubes deportivos son empresas, los artistas top son empresas, algunos programas de radio y tv son empresas. Y cuando digo empresas digo “emprendimientos lucrativos”. “Véndale a un capitalista la idea de la revolución y hará dinero con ello”. Creo que lo escribió Marx. Les vendieron a los capitalistas la idea de la democracia y hacen muchísimo dinero con ello. Por eso todos acuerdan en la redistribución de la riqueza pero muchísimos menos con impedir la acumulación de las riquezas.

Algunos jubilados pagan impuestos a las ganancias. Otro fraude que me hace dudar de que nuestros mayores estén cuidados. Pero la renta financiera está exenta, los magistrados del Poder Judicial no pagan ningún impuesto y sus empleados tampoco. Como dice el Himno, la igualdad es noble. Porque de popular no tiene nada. El Mercado de Votos une a las mercancías candidatos con los clientes ciudadanos (de cuarta). La Gran Corporación que es el Estado nos dice que éste es un país con buena gente, o en su versión local de la ciudad de Buenos Aires, donde en todo estás vos. Como sabemos que en este país hay gente aborrecible y que nadie puede estar en todo, la única conclusión es que no estamos en nada y que las biblias seguirán llorando junto a un calefón, aunque Metrogás no lo permita.

La República Corporativa incluye a estamentos intocables y absolutamente corruptibles. Desde la Sociedad Rural, pasando por el laberinto del terror de los bancos, incluso nacionales, los intermediarios de todo desde alimentos hasta voluntades populares, las castas burocratizadas de todos los Estados, que obviamente no somos todos, las mega empresas de la comunicación, que no solamente mienten, sino que falsean y distorsionan. La República tal como la padecemos es una Corporación de Corporaciones. Pero que la sabiduría de siglos de la derecha conservadora, reaccionaria y asesina, bien supo bautizar como “La Democrática”.

Al decir de Chomsky, en esa “ilusión necesaria” transcurre nuestra vida. Lo que he denominado el “alucinatorio social y político” Tres tristes candidatos de la alcurnia reaccionaria, sostienen discursos compatibles con “La Democrática”. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por corporativo. Si al menos cuando votamos pudiéramos recordar que los tiranos no dejan de escupir su pestífera hiel, la memoria histórica de nuestros héroes asesinados, torturados y desaparecidos, volverá a tener sentido. El sentido de que “si no cambiamos todo, no cambiamos nada”.

(Por Giuliana Crucianelli) Durante los días 10, 11 y 12 de octubre se llevará a cabo el 30º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Mar del Plata. Se espera que concurran alrededor de 55 mil de todos los puntos del país.

A lo largo del fin de semana están pactadas numerosas actividades culturales, tales como espectáculos de danza, expresión corporal, obras de teatro, bandas, marchas y 65 talleres sobre diversos temas relacionados a las mujeres, tales como sexualidad, anticoncepción, violencia, mujeres de los pueblos originarios, crisis sociales, organizaciones barriales, educación, trata de personas, mujeres y salud mental, VIH- Sida y más.

La modalidad del encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. La iniciativa surge en el año 1985 cuando un grupo de mujeres luego de presenciar la Clausura de la Década de la Mujer en Kenia, decide reunirse para tratar diversas problemáticas que involucran a las mujeres de nuestro país, donde al igual que en el resto del mundo sufren una marcada desigualdad.

A partir de ese momento, se realizó el encuentro en diferentes provincias y año a año la cantidad de participantes fue cada vez mayor. Al encontrarse intercambian experiencias individuales para identificarse como colectivo con problemas que pueden solucionar entre todas.

“La mujer que vuelve tiene los mismos problemas que dejó al partir, pero ya no los ve de la misma manera, sabe que miles como ella creen posible cambiar las relaciones que la oprimen, desde familiares, hasta sociales y todas juntas luchan por hacerlo posible”, reza en el sitio oficial del evento http://30encuentromdp.wix.com/30encuentromdp#!30encuentromdp/c4nz

Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, fue entrevistado por FM De la Calle para analizar las causas legales que pesan sobre la canadiense Barrick Gold. Entre el 13 y el 14 de septiembre pasados, en la mina Veladero, ubicada en el departamento Iglesia, la empresa provocó un derrame de 1 millón de litros de cianuro.

Hace más de diez años que La Barrick Gold practica la minería a cielo abierto en la provincia de San Juan y ya acumula tres denuncias penales por los daños que ocasiona en el ambienta natural y en la vida de lxs lugareñxs.

La empresa tiene tres causas penales en su contra. La primera la inició el fiscal de Estado de la Provincia en representación del gobernador ante al Juzgado Provincial del Jáchal por un artículo del Código Penal que es la contaminación dolosa del agua. La segunda, la inició un grupo de sanjuaninxs que se presentan como querellantes en el Juzgado Nacional de San Juan y pertenecen a una ONG que se llama ‘Ciudadanos independientes’ y la tercera, fue en Capital Federal, promovido por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina. Sin embargo, “las dos últimas se hicieron con la ley 24.051 que condenó al empresario Julián Rooney del caso Minera La Alumbrera. Pero la primera, la del Juez de Jáchal, es sospechosa. La investigación está dirigida a algún empleado o gerente de medio pelo, a algún perejil”, aclaró Gómez.

“Hay que aplicar la ley 24.051, en la cual el artículo 57 dice claramente que el responsable es el directorio de la empresa. También se aplica a funcionarios públicos de alto nivel”, agregó.

“Permite condenas por negligencia. La diferencia entre delito doloso y el delito por negligencia o culposo es que éste último implica el incumplimiento de un reglamento, la inoperancia, la falta de arte en el oficio, lo que no significa que el Directorio no sea responsable. Pueden ser imputado los funcionarios públicos”.

Si se efectiviza esta ley, además, se obligaría a la Barrick a pagar indemnizaciones a lxs vecinxs y trabajadorxs por los daños ocasionados, tanto por este último derrame como por casos anteriores. La Minera no podría seguir funcionando hasta que no se termine la investigación y la acción penal.

Esta empresa practica la minería a cielo abierto generando graves consecuencias ambientales y de salud en lxs habitantes del lugar porque, luego de las explosiones que activa, los metales quedan desparramados por el suelo, el aire y el agua.

En simultáneo, el juez Gómez sigue de cerca las investigaciones por los delitos ambientales de la minera La Alumbrera de Catamarca. Se reanudó la actividad en la mina porque “el Fiscal Federal tendría que haber solicitado la suspensión hasta la finalización de la causa y no lo hizo”, aseguró Gómez.

“Están avanzando las 4 causas penales de La Alumbrera, más otra causa penal de contrabando y evasión tributaria de contenido económico, que involucra a autoridades mineras, de la provincia de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán que se benefician económicamente con la explotación minera. Los propios jueces no las hacen avanzar. Se han presentado muchas quejas en la Corte Suprema y se han hecho muchas pericias que muestran elementos de contaminación, pero el poder político y económico también están haciendo su juego”.

Las organizaciones sociales denuncian daños irreversibles como estos y sostienen que ponen en cuestión las promesas de progreso que enuncia la megaminería y los beneficios reales de esta actividad extractiva en el suelo que produce, ya que prioriza su vinculación con los puertos de exportación.

Para mayor información sobre la labor de Gómez en el área del derecho ambiental, hacé click en este enlace: http://www.fiscalgomez.com.ar/

¿Quién puede perdonar?, se preguntó el abogado César Sivo al cerrar el alegato de la querella en el juicio contra represores de distintas fuerzas armadas y de seguridad que actuaron a órdenes de la Armada Argentina en la región.

“Aun recibiendo un pedido de perdón de algunos de los imputados, ¿quién puede encarnar ese acto de clemencia y de humanidad de decir ‘yo te perdono’? ¿Quién puede absolver desde el plano moral a los verdugos? Indudablemente no hay posibilidad de perdón, por eso se habla de que no puede haber olvido y tampoco puede haber perdón, que lo que se necesita es justicia. Y es lo que una vez más se pide ante los estrados judiciales para que ustedes, señores jueces, hagan justicia. Ni olvido ni perdón. Justicia, nada más”, afirmó.

Sivo solicitó penas de prisión perpetua para los 18 imputados que ejercieron jefaturas y de 25 y 10 años para los cinco restantes. Rechazó la tipificación de genocidio para los crímenes juzgados y los calificó como delitos contra la humanidad. Al igual que el resto de las querellas adhirió al pedido fiscal para que se condene la violencia sexual y se publique la sentencia en La Nueva Provincia.

A pesar del intento por seguir demorando el juicio con el argumento de no estar preparados para comenzar sus alegatos, los defensores privados y oficiales deberán hacerlo a partir de los días 13 y 14 de octubre en Colón 80 de Bahía Blanca. El tribunal evalúa una petición para habilitar la impunidad biológica para el capitán de navío (R) Domingo Ramón Negrete, ex jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora.

César Sivo es querellante en representación de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, de Julieta Mira -sobrina de Cora Pioli-, Matías Russin -hijo de Horacio Russin- y el Equipo Nizkor. Durante la introducción del alegato describió una serie de “distorsiones” que surgen cuando el juzgamiento a los responsables de los crímenes sucede cuatro décadas después de su comisión.

Por ejemplo, la distorsión que tantos años de impunidad “permitió a los verdugos y a sus familias mantener una posición de preminencia moral sobre el resto de la sociedad. Las víctimas siguieron siendo víctimas, fueron enjuiciadas de alguna manera por el contexto social, la sociedad les dio la espalda y durante décadas siguieron viendo las espaldas de sus conciudadanos. Los imputados no. Ellos no tenían que dar explicaciones a ningún vecino. HIJOS decía si no hay justicia hay escrache y fue el único dato mínimo de reproche moral”.

“¿Qué pasaba cuando un violador, un torturador, un secuestrador, un asesino volvía a su casa? ¿Cómo jugaba con sus hijos? ¿Cómo miraba a su mujer? ¿Cómo podía comer viendo lo que previamente había visto?”, se preguntó y agregó que “con un solo testimonio debería lograrse que estos señores que están sentados aquí y aquellos que están sentados en Comodoro Py bajen la cabeza y muestren por lo menos que tienen el mínimo honor que se espera de un hombre de armas. No solo deshonraron el espíritu castrense sino ellos como personas, se deshonraron frente a sus propias familias y no lograron jamás mostrar el más mínimo dato de arrepentimiento”.

“Decidieron que fuera ilegal”

El abogado destacó que la mayoría de las víctimas de la causa “fue secuestrada en sus hogares, algunos en su trabajo y otros en la vía pública. Todos perfectamente ubicables, todos podían haber sido detenidos y puestos a disposición de la administración de justicia, de los consejos de guerra o lo que quisieran. Cada secuestro, cada cautiverio, además de estar siendo claramente ilegal, lo era porque decidían que así fuera. Ellos decidieron que fuera clandestino, ellos decidieron que fuera ilegal”.

Sivo habló de la pérdida de la dimensión humana que genera la falta de noción sobre las edades y el desarrollo emocional de las víctimas -la diferencia de una adolescente de 17 relatando cómo fue abusada con el relato de la misma mujer a sus 60- aunque “así y todo las víctimas lloraron, padecieron y mostraron que 30 años después todavía siguen siendo torturadas”.

La misma fórmula funciona para con los imputados: “No es lo mismo ser un capitán de navío o contralmirante con 40 años que ser un anciano achacoso escuchando en la sala de audiencias cómo algunas personas dicen cosas de ellos. Una persona de 40 atacando a una niña de 17 es un señor contra una nena, un señor abusando de una nena. (…) Yo tengo una persona de 80 y no puedo imaginar la lascivia, no puedo imaginar a estos señores toqueteando mujeres desnudas, esposadas, engrilladas y con capuchas”.

“¿Cómo se logra transmitir en un juicio 35 o 40 años después todo eso, cómo logro poner a los niños en el lugar de niños, a los adolescentes en el de adolescentes, a los jóvenes en el lugar de jóvenes y a los adultos en el lugar de adultos?”, interrogó.

Impunidad

La “distorsión cuantitativa” impide que sean juzgados todos responsables por todos los casos: “Si acá hubiéramos tenido sentando a Massot hubiéramos podido terminar de entender lo que eran (los obreros gráficos) Heinrich y Loyola. Es claro que los mataron en tanto sindicalistas, en tanto reclamantes, en tanto haber enfrentado a Vicente Massot y es claro también que las fuerzas armadas eran funcionales y se retroalimentaban entre sí con los empresarios”.

Respecto del camarista suspendido Néstor Montezanti aseguró que “fue mutando” en sus argumentos defensivos a medida que surgían pruebas sobre su complicidad con el terrorismo de Estado “pero siempre mantuvo su posición de preminencia social y esa posición moral que le daba el hecho de nunca haber sido investigado”.

“Cuando empiezan las investigaciones automáticamente encuentran las excusas, ‘me investigan a mí porque yo quiero investigar el narcotráfico‘, entonces son los grupos de narcotraficantes que potencian al dr. Nebbia y al dr. Palazzani y a todos estos -a ojos de Montezanti- alcahuetes de los narcotraficantes. Otro tanto pasó con Massot. Tanto uno como otro, al quedar corridos en todos estos aspectos, tienen toda su vida por detrás que les permite de algún modo ir reafirmando que ellos no tienen nada que ver, que ellos son diferentes. En realidad lo que ellos son es impunes”, dijo el letrado.

Al argumentar su apoyo a la ampliación de las imputaciones de la mayoría de los acusados sobre la violencia sexual en los campos de exterminio, Sivo manifestó que entender dichos delitos como “autónomos no solo es una reivindicación de género sino que también permite situar completamente las características de los perpetradores”.

“No hay que perder de vista lo que es decir que torturaron para obtener información y que otra cosa muy diferente es decir que violaron para lograr satisfacción. No se puede entender que un torturador al ser violador pueda tener algún tipo de justificación de tipo moral, en relación a su propio entorno, y de tipo social, en relación a quien quiera presentarle esto de una manera diferente a lo que en realidad fue”, opinó.

Crímenes contra la humanidad

Sivo manifestó que como el marco de los juicios es el derecho penal internacional y para que el fallo pueda “trascender a otros países” el tipo penal que corresponde aplicar es el de delitos contra la humanidad en vez de genocidio, por lo cual, solicitó una “revisión del criterio” del tribunal expresado en las sentencias de la causa V Cuerpo de Ejército y la elección de la postura minoritaria del juez José Mario Triputti.

“El salto al genocidio se da específicamente con ese mens rea que es esa voluntad de hacer desaparecer a un grupo racial total o parcialmente, eliminar un genotipo. Esto es muy importante, no hay una idea dentro del delito de genocidio que contemple el grupo político, de hecho fue expresamente rechazado”, comentó.

Para el abogado decir que hubo un genocidio es “el peor homenaje” a las víctimas porque hubieran sido reprimidas por su pertenencia a un grupo social sin importar si se trataba de “un activista por un mundo mejor o de un truhan o estafador”.

“Nuestras víctimas sí tenían valores morales, como las tienen sus hijos, y por lo tanto la mayor reivindicación que se les puede dar es decir claramente que fueron perseguidos por razones políticas, perseguidos por razones sociales, que fueron perseguidos para imponer un modelo y un plan económico”, argumentó.

Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.com 

De Temuco a Bahía Blanca: los sueños inconclusos. Carlos y Sonia son hermanxs de Víctor ‘Lalo’ Oliva, inmigrante chileno de Temuco que vivió en Bahía Blanca desde 1974 y fue asesinado por la Triple A en 1975. Visitaron el estudio de FM De la Calle para invitar a la comunidad bahiense -el pasado 23 de septiembre- a una charla que dieron junto a Guido Bello, Jessica Visotsky, Dante Patrignani y Pablo Fermento de la Unidad Fiscal.

La actividad se realizó en el marco de los 40 años de la Operación Cóndor en el Cono Sur y fue organizada por la CTA, la Coordinadora por el Juicio a Montezanti, la Iglesia Metodista y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS.

Ya se realizaron actividades en Chile, Uruguay, Paraguay. En nuestro país, se recuerda en paralelo con los juicios de lesa humanidad y, a nivel local, con el juicio académico a Néstor Montezanti, docente universitario recientemente suspendido por su participación en la última dictadura militar como Personal Civil de Inteligencia (PCI).

Durante la entrevista Carlos explicó qué cosas hacía su hermano, cuáles eran sus intereses, dónde militaba, por qué fue un perseguido político y por qué lo asesinaron.

“Lalo respondía a los estímulos de la época. Empezó a militar desde muy joven en la enseñanza media y luego en la Universidad Católica de Temuco dentro del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Era un dirigente estudiantil y representaba al estudiantado de Temuco en el Senado. Militó hasta que llegó el golpe”.

La Universidad en la cual estudiaba lo consideraba un “sujeto peligroso” y esto, en parte, explica su exilio a la Argentina. Aquí transitó por las ciudades de Cipolletti, Buenos Aires y Bahía Blanca. Durante el tiempo que estuvo en nuestra ciudad, Lalo se inscribió en la carrera de Filosofía de la UNS, al tiempo que se vinculó al Partido Revolucionario de los Trabajadores. “Hasta que fue secuestrado en Cipolletti y lo asesinaron. En La Plata, en el Archivo Provincial por la Memoria, hay información que indica que la (policía) Bonaerense –en vinculación con la DINA- lo identificaba como jefe de célula del PRT”, agregó Carlos.

olivaJessica Visotsky es doctora en Historia y hace tiempo investiga el accionar de la Triple A en la UNS, puntualmente, las complicidades civiles. “Víctor es uno de esos 50 estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado”, expresó.

“En los últimos años se ha tomado conciencia de la memoria y de que estos juicios no pueden prescribir. Las organizaciones hemos luchado para que se haga justicia. En Chile se han creado cárceles que parecen hoteles para los acusados. Las penas han sido tan bajas, un insulto a la familia”, dijo por su parte Sonia.

En Chile se aplica una figura sui generis de media prescripción a los delitos de lesa humanidad, la única excepción son a los delitos cometidos por la cúpula de la DINA, con los cuales sí se aplica penas efectivas. “La Corte Suprema de Santiago acaba de condenar a 10 años a 3 carabineros con condena efectiva en caso de derechos humanos, es inédito en causas regionales. Hay luces, muchas sombras, nadie nos dijo que esto era fácil. Hay más retrocesos que avances. Entendemos que tenemos una responsabilidad moral, ética y política de llevar adelante estas causas, este es nuestro desafío”, agregó Carlos haciendo referencia a los procesos judiciales que se están desarrollando al otro lado de la cordillera.

La muerte de Lalo no es casualidad. Las fuerzas de la dictadura lo secuestraron y asesinaron porque él reunía un perfil particular: “era un inmigrante, militante, estudiante; fue elegido por la Triple A en alianza con la DINA. En algunos apuntes que estuve releyendo, me percaté de que la Bonaerense tenía información sobre él, lo tipifican como ex militante del MIR de Chile, antes de cometer el crimen. Esto lo hacía vulnerable porque acá no tenía mucha protección”, señalaron Carlos y Dante Patrignani haciendo referencia al hecho de que, después que asesinaran a Víctor, hubo una diáspora inmediata en Chile producto de ese terror.

Finalmente, los familiares de Víctor reconocieron la labor de la Iglesia Metodista en el pasado reciente y en el presente luchando por la justicia y la verdad: “hay que reconocer la labor que ellos tuvieron para acoger a exiliados chilenos en el ‘73,’74,’75. Más que nada porque hoy en día, ellos colaboran para que opere una justicia que no sea a medias”.

(Por Matias Detrocchi & Cristian Jacobo) En Un clásico de barrio nos visitó un icono del pádel bahiense, Miti Mandrile, gran exponente de la disciplina reconocido también a nivel regional y nacional.

Durante la charla hicieron un recorrido por su carrera, desde los inicios hasta la actualidad, ilustrando el diálogo con variadas anécdotas, aprendiendo sobre este deporte, siempre vigente con el correr de los años y que, tanto en Bahía Blanca como en el resto del país, cuenta con jugadores que están en los primeros planos de la elite mundial.

Escuchá la nota completa:

Fuente: Un Clásico de Barrio (Lunes de 21 a 22 hs)

Las personas que trabajan realizando diferentes tareas en casas particulares consiguieron un aumento del 28 %. Fue a través de la primera paritaria de la que participaron dirigentes de sus organizaciones gremiales.

Claudia Limonita, apoderada legal y directora de la obra social de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) de Bahía Blanca, explicó a FM De la Calle que “la Ley 26844 (que data de 2013) fue el primer hecho histórico para los afiliados del servicios casas de familia que comprende a todas las personas que trabajan en domicilios particulares prestando servicios a una persona física, ya sea por hora o tiempo completo. No cubre los acompañamientos terapéuticos. Eso es por otro gremio”.

En Argentina el gremio existe desde el año 1901. Sin embargo, Bahía Blanca cuenta con representación a partir del 2005. Antes de la ley había existencia sindical pero el sector no contaba con “las herramientas suficientes como para poder bregar por la dignificación de estas trabajadoras que provienen de una situación social muy vulnerable. Hemos tenido una amplia repercusión”.

Por otra parte, “el sistema para el registro de las trabajadoras es muy simple, porque es dar el alta en AFIP y después inscribirlas en el acta 102 y se paga todos los meses en cualquier Pago Fácil. No hay cargas sociales. Es un monto único que implica jubilación, ART y obra social. Está al alcance de todo el mundo”.

Pese al avance que quienes trabajan en casas particulares en los últimos años, queda mucho por hacer en materia de blanqueo ya que “hay más de un millón y medio de trabajadoras domésticas en todo el país, de las cuales se han registrado unas quinientas mil”.

La primera paritaria es otro gran avance ya que la Unión “se ha podido sentar en la mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo, con Ministerio de Desarrollo Social y con las entidades empleadoras”.

En este sentido, Limonitas calificó la paritaria como “un hecho histórico. Costó mucho porque a partir de la ley, el problema es que no podíamos negociar porque no había con quién. Ahora la parte empleadora apareció representada por un Sindicato de Amas de Casa y con otro sindicato que nuclea a los empleadores jerarquizados, que son los que tienen un salario, sean profesionales o no”.

Al parecer, el plan nacional de desarme no ha calado hondo en la justicia de Bahía Blanca. Santiago Ulpiano Martínez, el apenas secretario letrado que hasta junio pasado subrogaba el juzgado federal 1 de Bahía y tenía bajo su guarda a todos los aproximadamente 70 represores bahienses, mantenía a más de una docena de ellos detenidos en sus casas y con armas cargadas en el placard. Quedaron al descubierto el mes anterior, cuando Alejo Ramos Padilla, el juez subrogante que reemplazó a Martínez, cruzó los nombres de los reclusos que tenían detención domiciliaria con el registro de portadores de armas que lleva el R.E.N.A.R.

Así comprobó que dieciséis detenidos por violaciones a los derechos humanos en la ciudad portuaria del sur gozaban de ese riesgoso privilegio. Expeditivamente, ordenó los allanamientos, pero los resultados no fueron los mejores: sólo en cinco de los dieciséis casos las fuerzas de seguridad dieron con las armas de fuego que los reos habían declarado tener. El panorama fue detallado en un informe que el juzgado incorporó a un incidente de la causa 15000005/2007, al que accedió Infojus Noticias.

Santiago Ulpiano Martínez y el abogado Claudio Pontet fueron apartados por el Consejo de la Magistratura en junio de este año, denunciados por poner palos en la rueda de los juicios por delitos durante la última dictadura y por fallos exprés favorables para algunos sospechosos de fuste como el empresario mediático Vicente Massot. Cuando Ramos Padilla asumió la subrogancia, encontró al juzgado en una situación alarmante: los plazos de muchas prisiones preventivas y sentencias estaban vencidos, había indagatorias pendientes hasta de dos años antes, y se encontraron más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado y más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, algunas con municiones, sueltas por el despacho.

Pero el caso de los condenados o procesados por crímenes en la última dictadura fue la gota que rebalsó el vaso. Ramos Padilla ordenó quitarle las armas y revocar la prisión domiciliaria, excepto a quienes por su estado de salud tienen razones de fuerza mayor. Tener armas, “acredita objetivamente un incremento de envergadura de los riesgos procesales, ya sea de entorpecimiento de la investigación o del peligro de fuga”, concluye el magistrado.

Los cinco presos armados

Raúl Oscar Otero era un oficial del Batallón de Comunicaciones 181 que lideraba la compañía de Combate. Tenía bajo su mando un grupo de soldados especialmente entrenados para la “lucha contra la subversión”. Entre sus hombres más certeros, estaba el subteniente Videla y un cabo primero de apellido Peralta a quien apodaban “el loco de la guerra” porque siempre estaba lleno de armas entre sus ropas. Otero tenía la credencial de Legítimo Usuario vencida, y estaba inhabilitado desde el año 2013 por el R.E.N.A.R.

El ex cabo José Marcelino Casanovas fue detenido en noviembre de 2013 en la ciudad patagónica de Zapala, acusado de varios secuestros agravados y un homicidio. La fiscalía federal de Bahía Blanca le imputa, además, haber ejercido violencia sexual sobre una mujer secuestrada. Entre las armas que tenía en su poder, había una Bersa calibre 22 con balas en la recámara. El R.E.N.A.R. no había hecho la inhabilitación preventiva.

Alberto Magno Nieva, ex Sargento de Infantería del Quinto Cuerpo de Ejército, integró el “Equipo de combate” y está procesado, además de por secuestros y torturas, por el homicidio calificado de Luis Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo y Nancy Griselda Cereijo. Desde 1976 hasta 1978, obtuvo 100 puntos sobre 100 en los informes de calificaciones firmados por los generales René Azpitarte y José Antonio Vaquero: tenía muy buena puntería. El conscripto Norberto Cevedio lo oyó decir —y lo declaró en la justicia— que “había limpiado” a Sotuyo y por eso no quería ser visto por los familiares de la pareja que iban al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su destino. Nievas, con un estado de salud estable, tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2002. Una de las armas registradas no fue hallada mientras revisaban su casa y tenía un arma Ballester calibre 22 cargada.

Walter Bartolomé Tejada fue condenado a prisión perpetua el 6 de noviembre de 2012. Se le probó ser responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores; cientos de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos y homicidio calificado por alevosía de tres personas. No tenía credencial de legítimo usuario y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. desde el año 2013.

Pedro José Noel es un oficial retirado de la Policía Bonaerense que fue apresado en febrero de 2012. Hasta 2011 había tenido trabajo: era el director de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la localidad de Cerri, cercana a Bahía Blanca. Al igual que Casanovas, Noel fue acusado por haber ejercido violencia sexual sobre dos mujeres. El hombre tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2005, y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. Una de las armas que le encontraron —una Taurus calibre 38— estaba lista para disparar.

Los once que “no las tenían”

Los once presos restantes, ensayaron excusas más o menos insólitas para explicar por qué no tenían las armas declaradas. A seis de ellos —Juan Manuel Bayón, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Gustavo Abel Boccalari, Vicente Antonio Forchetti, Luis Alberto Farías Barrera—, les revocaron sus prisiones domiciliarias. Bayón —condenado a prisión perpetua— y Gómez Arenas respondieron varios días más tarde, a través de sus abogados, que las armas estaban bajo la custodia de sus hijos.

Boccalari mostró un documento privado, de un traspaso informal de las armas a la casa de su garante. A Forchetti, que está alojado en el penal de Ezeiza y pidió la prisión domiciliaria, será difícil que se la acepten. Farías Barrera jura haber extraviado cinco armas de fuego registradas a su nombre, pero ni siquiera hizo la denuncia. Reinhold ni siquiera se molestó en dar explicaciones.

Los otros cinco mantuvieron sus prisiones domiciliarias. Luis María Delaico explicó que sus armas fueron secuestradas por el Juzgado de Instrucción 26 de la C.A.B.A. Enrique Braulio Olea demostró que una inhibición general de bienes del Juzgado Federal n° 2 de Neuquén le impide traspasarlas. José María Martínez devolvió sus tres revólveres a la Delegación Bariloche del R.E.N.A.R. Osvaldo Antonio Laurella Crippa se acogió a la entrega voluntaria del Programa Nacional del R.E.N.A.R. Y Carlos Andrés Stricker aportó documentación que prueba que entregó las suyas al R.E.N.A.R.

Fuente: InfojusNoticias.

Foto: Sol Vázquez.

(Por Julio Gambina) Allá por el año 1997 desde la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA se convocó a discusiones por un Nuevo Pensamiento, generando debates en todo el territorio nacional durante tres años.

La convocatoria confrontaba con el hegemónico pensamiento único que sostenía en los 90 la política neoliberal, de apertura económica, flexibilización laboral y privatizaciones. Las desregulaciones y el aliento a la iniciativa privada, especialmente extranjera era la lógica imperante en los gobiernos previos al estallido del 2001.

No solo el poder ejecutivo impulsaba esas políticas, sino que la burocracia política, sindical, empresaria y mediática estimulaban con argumentación apologética para diseminar un consenso mayoritario en la sociedad.

La hegemonía neoliberal era contundente y explicaba el triunfo del menemismo en el segundo turno desde 1995 sin escamotear argumentos favorables al falso libre comercio, en rigor dominado por monopolios transnacionales. Pero también explicó el triunfo de la Alianza en 1999 privilegiando la estabilidad del tipo de cambio contra la masividad de la miseria extendida, el desempleo y la caída del nivel de vida de la mayoría empobrecida de la población.

En aquella convocatoria de la CTA coincidían los argumentos anti neoliberales y otros anticapitalistas. El mensaje que unificaba apuntaba a derrotar al pensamiento neoliberal, hegemónico y responsable de la situación social de empobrecimiento y un desenlace recesivo desplegado entre 1998 y 2002. Las diferencias se dejaban para otro tiempo.

¿Por qué la evocación?

Porque el Ministro de Economía acaba de sostener en un encuentro de economistas heterodoxos[1] la necesidad de un pensamiento económico nuevo latinoamericano, sobre la base de las experiencias desarrolladas en estos años en buena parte de la región y que tienen en común la crítica al proceso neoliberal de los 90. Señaló Kicillof la necesidad de dar “cuerpo a una teoría económica que corone este proceso de crecimiento que experimentó América Latina”.

Más allá del balance de política económica y la discusión sobre los aspectos estructurales del orden contemporáneo, el debate sigue sustentado en lo discursivo en la crítica al neoliberalismo, sin cuestionar al régimen del capital.

Por definición, la heterodoxia contiene en su seno a diversas corrientes que discuten con la hegemonía neoclásica en sus distintas versiones, monetaristas, ortodoxos, los que imponen más énfasis teórico en el imaginario del libre cambio (como si existiera).

En la heterodoxia confluyen keynesianos, neo-keynesianos, pos-keynesianos y una diversidad de corrientes que disputan la orientación del orden capitalista, pero sin salirse del marco capitalista. Ese colectivo de pensamiento confluye y debate con otras varias corrientes del pensamiento crítico, algunos de los cuales se reconocen en la tradición de Carlos Marx y que asumen como sentido principal de sus enfoques la crítica al capitalismo.

Hace dos décadas, en los encuentros por un Nuevo Pensamiento, se discutía contra el neoliberalismo, hegemónico y en el gobierno. Hoy se vuelve a esgrimir la misma necesidad en un contexto de cambio político en la región, con fuerte crítica discursiva al neoliberalismo pero escasa transformación estructural de la economía, por lo que se asume la reiterada convocatoria a unir fuerzas contra la hegemonía global neoliberal, que subsiste en la orientación principal del orden mundial, aun con el capitalismo en crisis.

Ir más allá de la crítica neoliberal

Por eso, nuestro interrogante apunta a pensar que es lo que ocurre en nuestra región, que pese al cambio político desde el comienzo del Siglo XXI, el cambio económico continúa siendo una asignatura pendiente.

El modelo productivo y de desarrollo, es decir, la extranjerización y transnacionalización de nuestras economías no se han modificado y la característica de la dependencia se profundiza. Claro que hay matices entre los distintos procesos en la región, pero el núcleo de la dominación transnacional mantiene su capacidad de orientar el rumbo.

En un análisis sobre Bolivia se sostiene que “También la economía fue transformada por el proceso de nacionalización de varios sectores estratégicos. La nacionalización de los hidrocarburos del año 2006 generó un enorme flujo de ingresos para el país, resultado de la retención del excedente económico originado en este sector. El Estado, por la vía de nacionalizaciones del capital transnacional, estatizaciones del capital privado nacional y la apertura de nuevas empresas públicas productivas, se ha fortalecido y hoy controla el 35% del producto interno bruto del país. Así hemos dejado atrás el modelo neoliberal en el que, como sabemos, cuanto menos Estado mejor para los capitalistas; hemos pasado a un modelo con decisiva presencia reguladora y redistributiva estatal, aunque todavía dentro del sistema capitalista.” El texto continúa señalando: “Creo que aquí radican las tareas, en lo económico, que deben llevarnos a la profundización de este proceso: seguir fortaleciendo al Estado con nuevas nacionalizaciones, al mismo tiempo que potenciamos al sector social y comunitario de la economía transfiriendo hacia él una parte del excedente recuperado. Ésta será la vía para salir del capitalismo y comenzar la construcción de un nuevo socialismo comunitario y el Vivir Bien.”[2]

Es interesante asumir la hegemonía capitalista, como el rumbo anticapitalista y afirmar que las acciones anti-neoliberales tienen rumbo en el socialismo comunitario y el Vivir Bien; algo distinto a la prédica anti-neoliberal para un capitalismo nacional, serio o normal.

Homenaje a Theotonio dos Santos

Es curioso como el homenajeado en el encuentro de los economistas heterodoxos ha sido Theotonio dos Santos, uno de los iniciadores de la Teoría de la Dependencia en los 60. Una concepción teórica que suponía mirar a la economía mundial desde Latinoamérica y por ende, se intentaba completar a Lenin que había promovido la teoría del imperialismo desde el estudio de los fenómenos expresados en el capitalismo desarrollado.

Cien años se cumplirán el próximo 2016 de la publicación del famoso texto del revolucionario ruso, donde se ejemplificaba con la Argentina al típico proceso de independencia política y dependencia económica. Allí sugería que la tarea de la independencia política requería para completarse de la independencia económica, y con él, nosotros insistimos en superar el cambio político regional con el cambio económico.

Los teóricos de la dependencia en los 60 discutían la posibilidad del desarrollo bajo el signo de la dependencia. Fernando Henrique Cardozo, luego presidente de Brasil con ejercicio de política económica neoliberal, sostenía que si se podía impulsar el desarrollo aún en dependencia. Theotonio dos Santos lo confrontaba y sostenía una posición crítica al orden capitalista y a la dependencia. Otros heterodoxos de la época, como Celso Furtado, también criticarían al desarrollismo, que alentaba expectativas en el progreso basado en las inversiones externas y la industrialización e inserción en el capitalismo de entonces. Eran tiempos de bipolaridad y la discusión incluía a pensadores de fuerte tradición en Marx como Rui Mauro Marini en Brasil, o Agustín Cueva en Ecuador, los que fundamentaban el horizonte socialista como solución para nuestros países.

En nuevas condiciones, el debate ahora vuelve a presentarse, y se convoca a debatir por un nuevo pensamiento económico. Bien vale interrogarse si se trata de una crítica al capitalismo en crisis, o si solamente se trata de recrear la crítica al orden neoliberal y a la ofensiva más descarada del gran capital por la liberalización de la economía. No es que sea poca cosa la crítica a la hegemonía, pero la situación demanda marcar el rumbo más allá del capitalismo.

Sin perjuicio de la articulación diversa de concepciones críticas al neoliberalismo, el problema radica en los instrumentos que se utilizan para resolver los problemas del presente. No se trata solo de enfoques teóricos, sino que desde esos diagnósticos emergen las políticas económicas concretas para materializar objetivos solo anti neoliberales o en la perspectiva socialista.

El comentario apunta a la confianza en la radicación de inversiones sustentadas desde los críticos al neoliberalismo, para impulsar la industrialización y el modelo productivo en nuestro tiempo y por otro lado, el pensamiento crítico alentando las transformaciones de las relaciones de producción en la búsqueda de una lógica económica, social y cultural contra y más allá del capital.

Queda claro que siempre se trata de una cuestión política, de correlaciones de fuerza, pero resulta imprescindible asumir la batalla de ideas por la hegemonía de la heterodoxia. De lo contrario se puede caer en el posibilismo. La lucha cotidiana de trabajadoras/es y sectores empobrecidos demandan enfoques teóricos que potencien la crítica al capitalismo y aporten sustento para hacer realidad la transformación y emancipación social.

Días después que el Tribunal Oral Federal bahiense absolviera a Juan Suris y una decena de personas imputadas por tráfico de drogas gracias a una deficiente investigación y mal uso de las escuchas telefónicas, el juez correccional José Luis Ares advierte que “el problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional”.

“Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos”, sostiene el profesor de Derecho Procesal Penal (UNS)y agrega que “se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará”.

“Yo veo el futuro repetir el pasado.
Yo veo un museo de grandes novedades”.
“El tiempo no para”, Cazuza (1958-1990).

Así como un Estado debe tener una política seria, coherente y  a largo plazo en materia económica, sanitaria o educativa, también debe poseer una política criminal, es decir un conjunto de medidas que se deben implementar para la lucha contra el delito. Se trata de un manojo de decisiones y de normas, a fin de poner en acción instrumentos y estrategias con objetivos a mediano y largo plazo. Así como el delito es multifacético, multicausal y dinámico, también dinámicas deben ser las políticas públicas en esta materia. No es lo mismo el robo a un comercio por  parte de un solitario ladrón que la sustracción organizada de automotores para comercializar sus autopartes; no es lo mismo la violencia de género que el tráfico de drogas ilegales.

Si bien no se encuentra incluido estrictamente en las decisiones de política criminal, es necesario revertir la pobreza y la marginación, a través de la inclusión, el trabajo y la educación. Sin embargo, el fenómeno delictivo no es un asunto inherente a la pobreza, sino que la criminalidad a gran escala está organizada por sectores que no pertenecen precisamente a los guetos marginales, contando en muchos casos con protección o complicidad activa oficial. Por eso, las decenas de mercados ilegales se pueden y se deben atacar de muchas maneras no estrictamente penales, como por caso a través de controles administrativos, aun cuando el delito se vaya “corriendo”, pues el delincuente busca la impunidad y la actividad que resulte más sencilla, más rentable y menos riesgosa.  Por ejemplo, si se controlan estrictamente los desarmaderos suelen reducirse los robos de automóviles; es una obviedad que si nadie comprara televisores o celulares  de procedencia dudosa, disminuirían los robos de estos objetos pues no habría donde colocarlos, y esto se relaciona con  problemas éticos y de educación.

Alberto Binder sostiene que a falta de políticas de seguridad se desarrollaron estrategias de doble pacto. Es decir, un primer pacto de la dirigencia política con las fuerzas de seguridad,  y un segundo pacto de éstas con organizaciones o sectores criminales para mantener cierto equilibrio, permitiendo la gobernabilidad y obteniendo beneficios. Según el mismo autor, esto se ha vuelto impracticable, entre otras razones, porque la policía no puede asegurar ya el control territorial de la criminalidad. Otra de las disfunciones consiste en la autonomía de las fuerzas policiales, sin efectiva conducción política.

A falta del diseño de una política criminal seria, constante en sus grandes líneas pero dinámica en atención a la mutación del delito, desde ciertos sectores políticos, en especial en tiempos electorales, se simplifican las cuestiones y se proponen soluciones sencillas para problemas complejos, tales como la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de penas, la restricción de la excarcelación, más policías, patrulleros y cámaras de video vigilancia.

El aumento de penas ya se implementó varias veces, en especial con las “leyes Blumberg” de 2004. ¿Hasta dónde se puede llegar?, ¿hasta que casi todos los delitos tengan la pena del homicidio?, ¿hasta que todo delito grave se  castigue con prisión perpetua? Al margen que ello violaría la Constitución, ya el Marqués de Beccaria -en el siglo 18- escribía: “la certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de la impunidad…”. El problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional. Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico  mediante el estricto control del lavado de activos.

La muletilla de la “puerta giratoria” no tiene correlato con la realidad; se han construido nuevas cárceles y éstas desbordan de presos, con serias deficiencias, afectando la dignidad de las personas y sin que la mayoría de los internos pueda acceder al trabajo y a la capacitación, que aleja la probabilidad de recaída en el delito (véase al respecto el documento de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, “Aspectos salientes de la problemática penitenciaria en la Pcia. de Bs. As.”, junio de 2015, en www.reddejueces.com). En realidad, existe un abuso de la prisión preventiva de presuntos inocentes, generalmente de sectores vulnerables, que piden fiscales y otorgan jueces y no por cierto de  delincuentes de “cuello blanco” (expresión acuñada por Edwin Sutherland).  Esto ha sido puesto de resalto por el Papa Francisco en cuanto aludiera  a la forma abusiva de la detención preventiva previa a la condena como adelanto de pena.

La  rebaja en la edad para perseguir a los menores es otro fuego de artificio  de mercadotecnia, pues la intervención de adolescentes de 14 y 15 años en delitos graves resulta insignificante, y los de 16 ya son punibles. Asimismo, el procesar a un menor no implica mandarlo a la cárcel pues -por mandato de normas constitucionales-  la prisión resulta la última opción y por el más breve plazo. Por otro lado, varios de los países más violentos de nuestro continente han fijado la edad de persecución penal en 12 años, sin ningún resultado en los índices delictivos (ej. Venezuela, Honduras, El Salvador, México).

Se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará. La prensa ha acuñado el neologismo “narco-policías”, refiriéndose especialmente a los escandalosos casos de altos jefes cordobeses y santafesinos. Sin ir tan lejos, ¿no tuvimos en esta ciudad a los “comisarios del millón de dólares” condenados por sentencia firme?, ¿alguien podría poner en duda que ese dinero era la paga por protección e impunidad, y que se repartiría en otras esferas? Existe también, muchas veces, deficiencias y demoras en las investigaciones criminales (con enormes dosis de hechos graves no esclarecidos), excesiva delegación en la policía, y  afectación a la duración razonable de los procesos, especialmente en los tribunales superiores.

En definitiva, creo que  el diseño de políticas públicas en materia de seguridad es una tarea ardua y compleja que requiere de la intervención  de personas especializadas y experimentadas. Es necesario contar con información fidedigna del fenómeno delictivo en los distintos lugares y en sus diversas modalidades; se requiere planificación, coordinación y control para evitar abusos y asegurar eficacia. Resulta imprescindible, finalmente, coordinar los distintos niveles, sin olvidar el sensible problema carcelario y la inserción social del expresidiario.

Los argentinos no deberíamos dejarnos engañar nuevamente. No hay soluciones mágicas ni sencillas para problemas complejos; no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Más prisión no es más seguridad, sino lo contrario. Existe una tensión permanente entre el Estado de policía y el Estado de Derecho, que es ni más ni menos que cumplir la constitución, el reglamento del juego democrático. Es falsa la contradicción entre garantías y eficiencia. Se puede ser eficiente en la prevención y represión del delito sin desmedro de las garantías que resguardan a la persona humana, y asegurándose, a través de múltiples controles, que se condena con absoluta certeza al culpable.