El filósofo Eduardo Rinesi afirmó en Bahía Blanca que “la comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía”. Invitado por la delegación local de AFSCA, el politólogo y educador participó de una charla en la UNS.

“Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo”, destacó.

“Derecho a la Comunicación, Medios y Política” fue la consigna del encuentro moderado por el periodista Carlos Quiroga. Rinesi se formó en las universidades de Rosario, São Paulo y FLACSO y dicta la cátedra de Sociología en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

El también titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual aseguró que pensar en términos de “libertad popular republicana” y “de derecho” obliga a abandonar la idea “antiestatalista” de la posdictadura para considerar “que el Estado puede estar del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia”.

“Necesitamos una teoría compleja que nos permita pensar el carácter bicéfalo. Estoy citando a un querido amigo hijo de esta ciudad, un gran jurista argentino, que es Abel Córdoba. No podemos andar por la vida suponiendo, como si fuéramos liberales, que el Estado es solamente una amenaza para la libertad cuando muchas veces es un garante de la libertad. Pero tampoco podemos chuparnos el dedo e ignorar que el Estado -incluso gobernado por un gobierno que eventualmente hasta nos gusta- sigue siendo un reproductor de relaciones sociales muy injustas, un violador serial de los derechos humanos, un disciplinador social”, explicó.

El filósofo se preguntó qué quiere decir tener un derecho y aseguró que si se lo preguntase a un abogado positivista, este respondería que “en las leyes, los códigos o la constitución del país donde vive está escrito que tiene derecho a”. Sin embargo, afirmó que “cuando usamos la palabra derecho en nuestro discurso político decimos otra cosa. Primero porque muchas veces las leyes dicen que tenemos derecho a cosas a las que el derecho que tenemos es por lo menos opinable. Y otras veces es exactamente porque las leyes no dicen que tenemos un derecho que nosotros decimos que lo tenemos para que las leyes digan que lo tenemos de una buena vez”.

Priorizando la idea política del derecho sobre la legalista, Rinesi manifestó que “decir que se tiene derecho a algo, en general, quiere decir: a) que no se tiene el derecho que se dice tener y b) que se lo debería tener. Por eso la palabra derecho es una de las palabras más políticas que existen, porque contiene en su misma materia, en su misma carne, la tensión entre el ser y el deber ser, entre la descripción y la prescripción, entre la caracterización de la sociedad injusta que tenemos y el sueño de la sociedad justa que deberíamos tener”.

De esta manera, el “combate” por los derechos se torna interminable porque “postulamos derechos en la medida de que alguno no lo tenemos, cuando lo tenemos dejamos de postularlo como derecho, lo olvidamos como derecho y pasamos al siguiente. Y está muy bien que sea así. Hoy a la comunicación la pensamos como uno de esos derechos”.

“Las libertades y los derechos son individuales y colectivos, son de los ciudadanos y son del pueblo. Y cuando pensamos en el derecho a la comunicación ese pueblo suele recibir el nombre de audiencia. La audiencia es el pueblo subespecie comunicativa, y ese pueblo subespecie comunicativa tiene derechos”.

¿Cuándo un derecho es humano?

El ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento recordó que luego de la dictadura se sostenía que “lo que hace humano a un derecho es la circunstancia de que fue el Estado, abusando de su poder, el que lo violó. En general, pensábamos en los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la inmediata dictadura”.

“Cuando extendíamos un poco la reflexión, decíamos ‘pero también se siguen vioando los derechos humanos cuando esos crímenes cometidos por la dictadura no son juzgados todavía’. Y cuando prolongábamos un poquito más la reflexión, decíamos ‘pero también son crímenes contra los derechos humanos los crímenes que el Estado, incluso bajo un gobierno democrático, no deja de cometer”, dijo.

Rinesi insistió en que el Estado “es una institución compleja que no se confunde con el gobierno ni con la voluntad política de su gobierno, y hoy en Argentina bajo un gobierno que a mí me gusta y que sin duda es el gobierno que más ha hecho en favor de la vigencia de los derechos humanos en muchímas décadas en este país, hoy el Estado viola sistemática y cotidianamente una cantidad de derechos humanos”.

El politólogo aseveró que “una cosa interesante que ha pasado en los últimos tiempos en la Argentina es que cuando decimos ‘derechos humanos’ incorporámos a esa lista, además de los derechos que el Estado a veces viola, un conjunto de derechos que no le pedimos al Estado que se abstenga de violar sino que le pedimos al Estado que garantice. Entre esos derechos está el derecho a la comunicación”.

“La comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía. Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo.

“El sujeto, el titular, del derecho a la comunicación es cada uno de nosotros como individuo y es el pueblo en su conjunto, porque es como conjunto que se enriquece el pueblo cuando cada uno de sus ciudadanos está mejor informado, cuando pueden decir lo que quieren sin temor a ninguna forma de censura”, concluyó.

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó esta mañana un dictamen proponiendo el juicio político y la suspensión del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Ahora, se necesitan los dos tercios del Plenario del organismo para formalizar el inicio del jury.

El proyecto del secretario de Justicia, Julián Alvarez, fue acompañado por lxs legisladorxs Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Ángel Rozas y el académico Jorge Candis. El juez Luis Cabral se abstuvo de votar. Se opusieron el magistrado Leonidas Moldes y la abogada Adriana Donato.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas denuncias contra el camarista bahiense.

Por otra parte, a las 15 Montezanti fue nuevamente citado por el juez Alejo Ramos Padilla para ser indagado por su supuesta vinculación con la Triple A y un caso de secuestro y torturas ocurrido en 1977. Desde las 14:30 integrantes de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se manifestarán frente al juzgado de Alsina 317. El magistrado, amparado en sus fueros, se negó a concurrir en dos ocasiones anteriores aduciendo compromisos protocolares en la’Cámara y problemas de salud.

Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellxs.

Las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro y la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas.

Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.

Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.

Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.

En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.

A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.

Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN.

La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia.

El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.

El docente de la Universidad del Sur Néstor Luis Montezanti, fue suspendido preventivamente hasta tanto finalice el juicio académico aprobado ayer por el Consejo Superior. El cuerpo entendió que su actuación como personal civil de inteligencia durante la última dictadura implica “falta de ética en el ámbito universitario o profesional que se proyecte sobre aquél”.

Dante Patrignani, quien solicitó el juicio en 2011, compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer (…). Seguiremos militando, hay que estar vigilante y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Montezanti es profesor titular de Ciencia Política, de Introducción al Derecho y de Derecho Administrativo. Además, preside la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, cargo que deberá defender el próximo 25 de agosto ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que evalúa varios pedidos unificados de juicio político. Dos días después, será indagado por el juez Alejo Ramos Padilla como imputado en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas”, dijo Alberto Rodríguez, querellante en la causa contra la banda parapolicial.

Parafraseando al movimiento que pretende desmonumentar al genocida Roca, decimos que la expulsión de los y las colaboracionistas de la dictadura de las instituciones democráticas, viene. Lento, pero viene.

Al abrir la sesión, una representante del alumnado manifestó su “preocupación” por la infiltración de un policía bonaerense en la comunidad universitaria por orden del fiscal Rubén Álvarez, en el marco de una denuncia presentada por Montezanti y repudió “todo acto de inteligencia que tenga como víctimas a estudiantes”.

El secretario del Consejo, Diego Duprat, leyó el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento y registró una propuesta de modificación de forma. Desde la bancada estudiantil de Generación UNS se afirmó que “escuchamos y percibimos una clara voluntad de la comunidad universitaria que exigía la toma de decisiones concretas respecto a un docente que ha reconocido que ha participado en el personal civil de inteligencia, por esta razón hoy hay que votar con conciencia para determinar cuál es el tipo de universidad que queremos para el futuro”.

Por su parte, la lista Unidad sostuvo que “educar en el tema de los derechos humanos debe ser un compromiso permanente y una responsabilidad ineludible de nuestra institución. Estos acontecimientos nos interpelan sobre la formación que queremos tener como estudiantes y futuros profesionales”. Y respecto a la infiltración por las pegatinas contra Montezanti opinaron que “implica un sombrío retroceso a los momentos más oscuros de la historia de nuestro país y por eso no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

Llegó el turno de la votación y 27 manos se levantaron por unos segundos hasta que la confirmación de la aprobación por unanimidad dio paso al clásico colectivo “ole olé, ole olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar” y los gritos de “presente” para Watu y lxs treinta mil compañerxs detenidxs desaparecidxs.

En sus considerandos la resolución afirma que “la comisión de delitos de lesa humanidad en el país fue organizada con la necesaria complicidad de una amplia red de ‘informantes’ -muchos de los cuales formaron parte del Personal Civil de Inteligencia (PCI)- que se encargaban de recolectar los datos que luego eran suministrados a los ‘grupos de tareas’”.

Además, considera que “el accionar descripto fue desplegado vigorosamente en el ámbito universitario donde los aludidos agentes se infiltraron obteniendo los nombres, domicilios, actividades y relaciones sociales de docentes, auxiliares y estudiantes que luego fueron víctimas de detenciones ilegales, secuestros, torturas, cesantías, exilios forzosos, crímenes aberrantes y desapariciones”.

Resuelto el punto 4 de la orden del día, el Consejo Superior continuó su sesión en el segundo piso del Rectorado mientras en las escalinatas de ingreso se realizaba un acto de festejo con la voz de Dante Patrignani y Alberto Rodríguez, pilares de la denuncia contra el camarista y la Triple A, y la lectura de un documento de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas. La bandera de la libertad, de ser estudiantes críticos, de poder llevar adelante el sacar a un fascista de los cuales todavía quedan unos cuantos por sacar”, dijo Rodríguez.

Carucha advirtió que “todavía dentro de esta universidad hay un gran porcentaje de docentes que no están de acuerdo con lo que se acaba de votar. Y, es más, en sus clases de economía persiste el neoliberalismo, en sus clases de justicia o de derecho persiste el derecho del opresor y nunca explican cómo debe ser defendido el oprimido”.

“Por eso compañeros, esta lucha no terminó hoy. Hoy es un día de festejos, para poder festejar una vez por lo menos. Pero no nos olvidemos, el opresor sigue enseñando en esta universidad, los oprimidos todavía no terminan de despertar. Es de ustedes, es de nosotros, no abandonar la lucha, continuarla hasta que no quede uno solo de los que fueron cómplices y de los que siguen siendo cómplices dentro de la Universidad del Sur”, culminó.

Patrignani recordó que “cuando empecé con esto en soledad hace cuatro años, no lo hice porque tenía espíritu de kamikaze sino porque no conseguí quién me acompañara. Los argumentos eran: no es suficiente acusación el hecho de haber sido PCI, que haber sido PCI no es un delito, que es un tipo muy poderoso, que es juez federal y si le cae una causa contra la universidad nos hace pelota, qué jurado académico se va a enfrentar con este tipo. Toda una serie de argumentos que la perseverancia y el acompañamiento de ese grupo de militantes, de jóvenes, de estudiantes que se pusieron la mochila al hombro y a ese primer paso formal le dieron contenido y fuerza y le pusieron garra a las pegatinas, a las volanteadas”.

“Toda esa tarea fue convenciendo a algunos que no estaban convencidos y, por otro lado, los hechos relevantes de estos últimos meses, la decisión del Consejo de la Magistratura de avanzar con el juicio político donde han juntado todas las denuncias, la mía, la de los fiscales, de los organismos de derechos humanos, las viejas denuncias archivadas del sindicato de empleados judiciales y este llamado a indagatoria por parte del juez Ramos Padilla, han hecho que la universidad no pudiera seguir mirando para otro lado y tuviera que tomar esta definición”, explicó.

El profesor compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer porque tenemos el antecedente de Gloria Girotti que se han vencido los dos años de plazo y, sin embargo, el jurado todavía no ha tomado una decisión. Seguiremos militando, hay que estar vigilante sobre esto y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Las Madres Lolín Rigoni e Inés Ragni abrazaron desde Neuquén a Patrignani por “honrar la militancia con su actitud” y Federico Machado, integrante de la conducción de la Federación Universitaria de La Plata, destacó la “correlación de fuerzas construida por el campo popular que nos permite, no solamente estar juzgando a los militares genocidas, sino también poner en el banquillo a sus cómplices civiles y expulsarlos para siempre de nuestras universidades para ponerlas definitivamente al servicio del pueblo”.