El ex rector del Instituto Juan XXIII, Benjamín Stochetti, declaró en el Juicio Triple A sobre el crimen del sacerdote salesiano, Carlos Dorñak. La madrugada del 21 de marzo de 1975 la banda paraestatal realizó un raid se secuestros y fusilamientos que también tuvo como víctimas a Fernando Alduvino y a María Isabel Mendivil.

“Lo que ocurrió esa noche fue tan fuerte para mí que, por años, lo que tal vez le pedía a dios era que nunca estuviera un tiempo más pacífico, más nuestro, más acogedor que el que teníamos en ese momento. Le pedía a dios que siempre tuviera alguna dificultad porque no quería tener la experiencia de un rayo a mediodía”, afirmó.

Según su relato, el hecho fue “un desmoronamiento” para la institución que provocó que “cosas que se quisieron hacer en ese momento recién se realizaran en los últimos años”.

El cura y docente mencionó que junto a compañeros de su congregación como Benito Santecchia, José Del Col, Oscar Barreto y Juan y Valentín Reebok trataban “de animar al alumnado de acuerdo a lo que la Iglesia Católica nos proponía desde hacía unos años”. Al grupo solían sumarse párrocos diocesanos para “preparar las predicaciones del domingo”.

En alguna ocasión, Stochetti participó con Barreto de reuniones del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. “En el país había surgido de acuerdo al ejemplo de una veintena de obispos que después del Concilio propiciaba la mejora del mundo a través de la práctica de la justicia auténtica y la preocupación por los más necesitados”.

Destacó que “algunos de ellos, aunque no estuvieran enrolados en ese movimiento, por su acción o por su mentalidad habían tenido problemas. El más conocido es el caso del padre José Zamorano, un misionero español. Irrumpieron en su casa en horas de la noche, creo que eran fuerzas de seguridad”.

Stochetti dijo que Dorñak era un “músico muy exigente que hasta que no lograba la perfección en lo que hacía no se quedaba tranquilo”. Dirigía el coro de la institución y “su proclama de cura había sido de un salmo que dice: yo amo la belleza de tu casa”.

“Si había alguien que en cuestión de compromiso, de preocupación, no tuviera nada que ver con ni subversión ni siquiera con trabajo entre los pobres, era justamente Carlos Dorñak. Era docente, encargado de todo lo que tiene que ver con la documentación, el ecónomo de la casa, de tal manera que era muy amable, bondadoso y sensible”.

El asesinato de Dorñak

La vivienda del Juan XXIII era una casa de familia con varias habitaciones. En las dos del frente dormían Santechia y Dorñak. La de Stochetti daba al patio y, sobre esa, había otras dos que ocupaban Barreto y Del Col.

Aproximadamente a las dos y media de la mañana el cura escuchó explosiones y, unos segundos después, el padre Santecchia golpeaba la puerta de su habitación. “Le pedí que no hablara, me quedé quietito, él subió para avisar. Una vez que se silenció todo salí por la puerta o por la ventana y quise avisar al Colegio Don Bosco”.

Trepó uno de los árboles del patio. “Miré hacía la calle con la intención de saltar y vi a muy corto espacio, unos dos metros, a unos tres jóvenes, más bien altos, delgados, con armas, probablemente eran metralletas. Me quedé quietito en el follaje y unos minutos después, cuando vi que ya no estaban salté”.

Volvió con otros sacerdotes del Don Bosco y se encontraron con “el cuerpo tirado y fallecido, con un charco grande de sangre, que era el padre Carlos”. La patota destruyó e incendió con bombas molotov una sala donde funcionaba el mimeógrafo, dejó “un montoncito de escritos subversivos” y robó “una pistolita” que había en la casa.

Luego del asesinato de Dorñak, los curas del Juan recibieron una carta en la cual les daban un plazo para abandonar la ciudad. “Algunos se fueron, pensaron que era mejor distanciarse y otros nos quedamos. Yo era rector, me quedé más de una semana. Tal vez suspendimos las clases uno o dos días pero luego continuaron. Después de unos días el inspector opinó que era mejor que me fuera”.

Stochetti afirmó que a partir de allí “comenzó una vida de control” que lo llevó a Chos Malal, Junín de los Andes y, finalmente, a Luis Beltrán como director de una escuela agrícola. “Dentro de ese colegio había alguien que pasaba información de mis salidas”, comentó. Años después volvió como inspector y profesores del Juan XXIII le contaron que habían sido amenazados e interrogados respecto a su paradero. Mencionó además, una falsa alarma de bomba en la iglesia de Don Bosco cuando estaba por encabezar una misa en 1984.

El salesiano afirmó que se decía que la Triple A “era un sector político social violento”, gente “reclutada o que había optado por esos grupos” y que estaba vinculada “sobre todo a un gremialista, (el secretario de la CGT, Rodolfo) Ponce, también al sindicato de la Uocra y luego, sin definir bien las cosas, a las fuerzas militares, la policía, a las tres armas, sobre todo a la Marina”.

“Sé que esa misma noche hubo otros crímenes y tal vez antes y después también. Se comentaban casos de allí y de otras partes que hasta muy tristemente se habían confundido con alguno que habían asesinado”, sostuvo.

Sostuvo que La Nueva Provincia “tenía su ideología, por allí no la podían ocultar. Tenían el monopolio de información en Bahía Blanca y por supuesto que no estaba para nada de acuerdo con nuestra postura posconciliar del Juan XXIII”.

La casa de los curas estaba frente a la delegación de la Policía Federal. Sin embargo, el testigo aseguró que “jamás” pensó en pedirles ayuda porque en las fuerzas armadas y de seguridad “hay de todo”.

En el juicio están imputados Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero. Las audiencias continuarán los días 23, 29 y 30 de octubre.

“Esto recién empieza”, dijo Cristina Castro tras conocer los resultados de la autopsia a los restos de su hijo. Afirmó, además, que recibió resultados de análisis de ADN que identificaron su perfil genético en una de las pruebas secuestradas en la investigación.

Se excusó de brindar mayor información pero sostuvo que “si hay ADN concordante conmigo es porque mi hijo estuvo en ese lugar”. Según pudo conocer FM De la Calle, la muestra correspondería a un pelo sin bulbo con ADN compatible con Facundo.

Se trataría de uno de los elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux, interno 22788 patente EPH-491, que el día de la desaparición del joven era conducido por el policía Alberto González del destacamento de Teniente Origone.

En un calabozo externo de dicha sede de la Bonaerense, el perro Yatel, del entrenador Marcos Herrero, encontró el amuleto de Facundo. El mismo can había ladrado, gemido y rascado de manera “concluyente” en la patrulla. “En algún momento Facundo estuvo en esa camioneta”, dijo entonces Herrero.

Con los resultados positivos del allanamiento del 31 de julio, la querella pidió ampliar el relevamiento del puesto de Origone junto a Herrero e integrantes de la Policía Científica. Quieren que se “proceda a requisar, recolectar rastros y someter a pruebas de sustancias hemáticas a través del dispersado de luminol”. La jueza Gabriela Marrón nunca lo permitió.

González declaró que el 30 de abril un vecino lo llamó porque había un chico caminando a la vera de la ruta. Relató que se dirigió al KM 750, requisó a Facundo y tomó una foto de su carnet de conducir. Como desde Médanos le advirtieron que ya había sido infraccionado, lo dejó seguir.

En el marco de un rastrillaje, González dijo a Cristina Castro que su hijo continuó camino a pie hacía Bahía Blanca. Sin embargo, días atrás había declarado en sede policial que lo había levantado una Duster Oroch.

Allí se vincula con el testimonio de la Testigo H, acercado a la causa por les bonaerenses Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores cuando su fuerza ya estaba apartada. Sosa y Jana Curuhinca fueron quienes infraccionaron a Facundo por la mañana en Buratovich. Flores es media hermana de Curuhinca.

Los testimonios de González y la Testigo H son contradictorios en varios puntos. Por ejemplo, hay una diferencia de siete kilómetros entre el sitio en el que cada cual ubica los hechos, en si hubo o no participación de un segundo policía y en la manera en que estaba estacionado el patrullero.

A mediados de junio, González recordaba llamativamente con exactitud el domicilio de la novia de Facundo a donde le habría manifestado que se dirigía.

Otro documento “curioso” es su libreta de trabajo. En una de sus hojas se leen los datos de la Testigo H y debajo los de Facundo. “En la hoja donde tomé los datos de este chico, figuran los datos de una señora (XX), recuerdo que eso fue anotado porque varios días antes me avisan que esta señora se había escapado de un control de tránsito en Mayor Buratovich y que salga y la intercepte, por eso yo anoté en la libreta eso”, intentó explicar el teniente primero.

Foto libreta: Adriana Meyer.

Desde hoy y hasta el viernes se desarrolla de manera virtual la séptima edición del Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. Organizado por el Programa Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, apunta a “poder debatir problemáticas que atraviesan el encierro y contrarrestar enunciados hegemónicos históricos de las personas privadas de su libertad”.

“Esta séptima edición estará abocada a pensar los efectos de la pandemia en la cárcel y la escritura. La programación incluirá paneles temáticos, presentación de libros, lecturas, exposiciones de publicaciones (revistas, libros) y material audiovisual hecho en la cárcel, microintervenciones y una feria virtual de productos elaborados por cooperativas y proyectos sociales de familiares de detenidxs y personas liberadas”, señalan en la convocatoria.

Cynthia Bustelo, integrante de la coordinación y docente del Programa de Extensión en Cárceles, señaló a FM De la Calle que “el trabajo en estos meses fue muy complicado. En las cárceles federales no tienen permitido utilizar celulares ni tienen Internet”.

“Eso generó una desigualdad y la imposibilidad de continuar. Enviamos material a distancia, cuadernillos impresos, que intentamos que se socialicen en los pabellones. Pero eso baja a pocos estudiantes, se hace un acompañamiento pedagógico pero no podemos decir que haya cursada”.

“Venimos pensando y trabajando hace mucho estas cuestiones, pensamos la escritura como algo más amplio, como un acontecimiento, una intervención, de recordar, de sobrevivir y resistir el encierro. La escritura deja marcas, huellas y tiene muchas posibilidades. Es una herramienta fundamental que venimos viendo a lo largo de este trabajo que ya lleva más de 15 años en la facultad de filo y letras”, señaló Bustelo.

Por último, en referencia a la pandemia dentro de los penales, comentó que la prohibición de visitas “es y sigue siendo uno de los mayores inconvenientes y padecimientos de la pandemia. Por perder el lazo social en un punto y porque la visita juega un rol fundamental en la supervivencia de las personas detenidas. Adentro hay muy poco, estuvimos haciendo campañas intentando acercar elementos de higiene porque no tienen nada. Cuestiones que son estructurales, que no se van a resolver ahora y que no este la visita es un padecimiento”.

“Ser joven no es delito”, es el título de esta segunda entrega de la serie ¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real. El capítulo cuenta la vida y militancia de Facundo en Pedro Luro, un pequeño pueblo del partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires.

En este capítulo acompañamos durante un mes a Cristina Castro, la madre de Facundo, que comenzó peregrinando por comisarías y llegó a la Quinta de Olivos exigiendo nuevas autoridades en la causa judicial. También grabamos con Vanesa Ganduglia y Mercedes Hollmann, ex docentes de la experiencia cultural-educativa Semillero Cultural, quienes relatan el contexto en el cual Facundo se convirtió en un militante involucrado con los derechos humanos y la realidad política.

También conocemos a algunos de los amigos de Facundo, o el Kufa como solían llamarlo, quienes reconstruyen la personalidad y las actividades que realizaron durante la adolescencia. El archivo del documental muestra a Facundo en todas sus facetas, el rapero, el militante por los derechos humanos, el peronista y el más divertido de sus amigos.

“¿Quién mató a Facundo?” es un documental urgente porque busca responder y desarticular una enorme maquinaria de prensa montada para encubrir a los responsables del crimen. Se produce y emite en episodios, que van siguiendo en tiempo real la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, luego de tres controles de Policía Bonaerense.

El subcomisario Pablo Reguilón, ex titular de la Subestación Policial de Buratovich, confirmó que desde días antes de la desaparición de Facundo Castro tenían la orden de “no mandar papeles” al Juzgado Federal “hasta que no termine la cuarentena”.

Se refería a las actas labradas por infracción del artículo 205 por violar el aislamiento obligatorio como la confeccionada por Mario Sosa y Jana Curuhinca al detener a Facundo a las 10 de la mañana del 30 de abril.

El dato fue aportado a la causa por un vecino de Buratovich que conversó con el efectivo en vísperas de una marcha por la aparición con vida de Facundo. Reguilón fue apartado de su cargo tras amenazar al abogado Luciano Peretto.

La querella solicitó y analizó el detalle de las infracciones realizadas días antes y después del 30 de abril. Según explicó el abogado Leandro Aparicio a FM De la Calle “se observa un control racial, gente boliviana en su mayoría o trabajadores de otros países, no los nacidos y criados en Buratovich”.

Comentó que vieron un cambio de criterio a partir del 20 de abril: “En primer momento los llevan al hospital, a partir de un día determinado no, no hay más informe médico. Después tenemos el despacho de la jueza que explica el tema del Covid, que no le manden papel. Y después vemos el criterio del otro juzgado donde la mandan con la regularidad habitual, no me preguntés porqué pero tardan seis días”.

“La de Facundo tardó 46 días, llegó el 26 de junio a las 14:15. Ese día fuimos con Cristina y Lucho Peretto al juzgado federal, preguntamos por la causa, no tenían idea. De ahí seguramente habrán llamado para que se la manden, supongo que habrá sido así”, sostuvo.

El testigo ratificó judicialmente lo que le dijo Reguilón: “¿Viste el quilombo que hubo en Bahía Blanca con el vago que sacó a pasear al perro y lo masacraron los vigi? Dos días después nos cita la departamental a los 40 jefes de toda la jurisdicción. Muchachos, el acta modelo es esta, completan con los datos, se notifica, copia de la imputación y nos vemos, que siga camino”.

El subcomisario se refería al caso de Luciano González quién recibió una paliza de parte de cuatro efectivos policiales y fue detenido la noche de 15 de abril cuando salió a pasear al perro por la cuadra de su casa en Bahía Blanca.

Reguilón aseguró que cuando se conoció la noticia de que buscaban a Facundo y que la familia denunciaba la desaparición forzada, llamó a Rodolfo Murillas, secretario del fiscal Santiago Martínez. “Es el mismo que me mandó a allanar la comisaría. Murillas, tengo actuaciones por infracciones al artículo 205 de este pibe que ahora está denunciado en averiguación de paradero. Ah mandamelas, dice”.

“Les mandé el sumario como para que tenga de qué hablar, porque no sabía ni la hora en la que habíamos hecho el procedimiento. Porque en un punto nos dijeron ‘no nos llamen más por cada infracción que hagan'”.

“Te podés imaginar los tipos que acostumbrados a manejarse con Suris, La Nueva Provincia y dos o tres causas más que tienen, se encontraron de un día para el otro con 5 mil causas adentro del juzgado y que por las 5 mil causas nosotros llamábamos al juzgado”, dijo el policía.

Los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin informaron que contextualizarán los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Castro con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos cuya producción se encuentra en curso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios periciales realizados al cuerpo hallado en Villarino Viejo y escucharon de primera mano el parecer de las y los peritos intervinientes.

Por la tarde la fiscalía mantuvo un nuevo encuentro con la mamá de Facundo, Cristina Castro Alaniz, y los abogados de la querella, en el que analizaron e intercambiaron opiniones y puntos de vista respecto de los resultados al que arribó el equipo interdisciplinario que llevó a cabo la autopsia sobre los restos de Facundo.

Asimismo, en el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal, se acordó continuar y profundizar la pesquisa.

La autopsia fue realizada el 25 de agosto por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Cuerpo Médico Forense (CMF), el CONICET, las universidades de Quilmes (UNQUI) y del Centro (UNICEN) y una perito de parte.

La fiscalía recibió con cautela los resultados volcados en el informe y expresó que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona.

Fuente: fiscales.gob.ar

La experta en medicina legal Virginia Creimer dijo a FM De la Calle que firmó “en disidencia parcial” el informe final de la autopsia a los restos de Facundo Castro y subrayó que “es un resultado positivo para la investigación y para la posición de la querella sobre que había sido una muerte violenta y que había sido un homicidio”.

“Podemos decir que tuvo una asfixia que no se acerca a una asfixia por ahorcadura o por asfixia seca, que hay otras implicaciones. Más allá de eso, es importante tener en cuenta que cuando se habla de la muerte violenta por asfixia, se descarta el accidente, el suicidio y lo único que nos queda es el homicidio. A partir de este momento tenemos que empezar a hablar de homicidio”, enfatizó.

La especialista, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria investigando crímenes cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad, agregó que “se trata de lo que veníamos planteando, es decir, de una muerte violenta por asfixia”.

Consultada respecto a la aplicación del Protocolo de Minessota, la perito señaló que “debió aplicarse al momento de la operación de la autopsia y al momento del informe debió ser un análisis contextualizado, eso no ocurrió. No fue contextualizado”.

“Había cuestiones científicas con las que no coincidía en virtud de mi conocimiento de lo que dicen los 20 cuerpos de la causa. Planteé que había cuestiones que tenían que quedar aclaradas porque eran importantes para pasos investigativos posteriores. Hubo un rechazo absoluto por parte de les mismes perites de siempre que se dedican a obstruir diciendo que no era su función conocer lo que se había investigado en la causa y esto es absolutamente falaz”, afirmó.

Destacó que “si el Protocolo de Minessota establece que la investigación de les perites tiene que ser contextualizada, obviamente hay que tener conocimiento de lo que ha pasado desde el momento en el cual desaparece Facundo hasta el momento en el que se encuentra el cuerpo”.

“A esto sumarle la operación de autopsia, más todos los análisis que ocurrieron después. Porque si yo no tengo en cuenta esto, no puedo hacerme a la idea de que tengo que ir a buscar y cuáles son los diagnósticos presuntivos que puedo llegar a hacer”.

Creimer ejemplificó: “En mi profesión, en la medicina, cuando tenemos pacientes de alta complejidad y es muy difícil realizar el diagnóstico para realizar un tratamiento, hacemos un ateneo. Podemos hacer un parangón entre eso y el ateneo que se hizo hoy entre distintas especialidades. Se llega y se discuten los signos y síntomas del paciente pero no se llega sin leer la historia clínica, sin leer exámenes complementarios, las radiografías, los exámenes de laboratorio, porque sino de ninguna manera se puede llegar a una conclusión de certeza”.

La experta agregó que durante la pericia, “cuando por escrito dejé mi disidencia en cuestiones científicas y de forma, me decían e increpaban con que cuál era la bibliografía y que diera otro tipo de respuestas. Muy sencillamente yo les contestaba: las respuestas las voy a dar el día del juicio oral cuando cada une tenga que dar respuestas por los informes que hizo y por la experiencia científica que utilizó”.

Señaló que “lo más importante es que hubo una coincidencia plena en que llegamos a una conclusión de una muerte violenta por asfixia”.

Por último, apuntó que “el elemento de los dientes rosados es importante pero es uno de varios factores. Se sumaron nuevos factores a este fenómeno para llegar a una conclusión de que fue una muerte violenta por asfixia. Es un resultado positivo para la investigación y para la posición de la querella sobre que había sido una muerte violenta y que había sido un homicidio”.

Fotos: CPM y Adriana Meyer.

Esta tarde Cristina Castro encabezará una conferencia virtual organizada por Amnistía Internacional. Participarán también los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la dra. Virginia Creimer y une representante del organismos de derechos humanos.

El EAAF determinó que Facundo Castro murió por “asfixia por sumersión (ahogamiento)”, aunque el informe final de la autopsia advierte que “el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.

COMUNICADO DEL JUZGADO FEDERAL N°2

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó el informe integrado de los estudios de la autopsia realizada el 25 de agosto en el marco de la causa que investiga este juzgado Federal nº2 de Bahía Blanca a cargo de la doctora María Gabriela Marrón. Los principales resultados científicos son que:

• Los restos analizados, hallados el día 15 de agosto de 2020 en la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como “Villarino Viejo”, provincia de Buenos Aires, pertenecen a Facundo José Astudillo Castro de acuerdo al proceso de identificación que combinó el análisis antropológico forense, médico forense, odontológico forense y genético forense.

• Los resultados del estudio biológico llevado a cabo en médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas (algas microscópicas), coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo.

• Dichos resultados permiten aseverar, con el rigor científico necesario, que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento). La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica).

• El fenómeno “Pink Teeth” (diente rosado o coloración rosada por transparencia del esmalte) observado en las piezas dentales anteriores del maxilar inferior, debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte.

• Respecto al signo del diente rosado con relación a la causa de la muerte, descrito por la odontología forense en casi 200 años de investigación, los distintos autores han concluido que su presencia en forma aislada debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte, ya que puede hallarse en patologías infecciosas (fiebre tifoidea), en alteraciones de la hemoglobina (porfirias congénitas), en alteraciones químicas con cambios bruscos de presión (accidentes aéreos), como fenómeno postmortem en cuerpos hallados en ambientes fríos y húmedos, o en muertes violentas por asfixias mecánicas o químicas (ahogamiento, estrangulación, intoxicación por monóxido de carbono). Sin embargo, asociado a la presencia de diatomeas en médula ósea, complementa la condición de una asfixia por sumersión.

• El hecho de que la identificación de los géneros y especies de diatomeas halladas en la médula sean coincidentes con las recuperadas en muestras de agua y de sedimentos recogidos en el lugar del hallazgo de los restos es altamente indicativo de que se trata del medio en el cual se produjo la muerte.

• Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental.

• Los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte).

• En las diferentes piezas óseas observadas, y mediante el estudio de imágenes radiográficas, no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros).

• No se observaron cambios de coloración, u otros signos, en los huesos bajo estudio compatibles con el uso de sustancias ácidas, alcalinas o por exposición a una fuente emisora de calor.

• No se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados.

• Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que presentaban los restos estudiados son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental.

• El tipo, intensidad y tamaño de las modificaciones identificadas en los diferentes restos óseos analizados indican la acción de carnívoros de la familia de los cánidos de pequeño tamaño. De acuerdo a la fauna presente en el área, el zorro pampeano o gris constituye el principal agente que afectó al cuerpo.

• El patrón de ausencia de algunas partes del cuerpo de pequeño tamaño y de destrucción parcial de algunas partes de los elementos presentes es el esperado para la acción del zorro pampeano.

• La desarticulación y desplazamiento de ambos miembros superiores (uno de ellos hallado a 73,9 metros del cuerpo) y del miembro inferior derecho fue producida por este mismo cánido.

• Las marcas y fracturas producidas por carnívoros se produjeron con posterioridad a la muerte siendo, en consecuencia, no vitales. Presentan un patrón compatible con un acceso inicial a un cuerpo con presencia de órganos y tejidos blandos.

• Los hallazgos relacionados con la preservación y dispersión de los restos humanos son consistentes con procesos tafonómicos provocados por agentes medioambientales y bióticos (fauna) de la zona donde fueron encontrados.

• El cuerpo hallado en este ambiente habría estado sujeto -además de a la acción de animales carnívoros- a la fluctuación de agua por las mareas, la presencia de invertebrados (cangrejos) y aves, entre otros. Esta dinámica posiblemente generó el movimiento del cuerpo y la pérdida de las prendas de vestir.

• El intervalo postmortem estimado, es decir el tiempo mínimo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, sería no menor a 30 días determinados por tafonomía (acción del ambiente) y entomología (micro fauna asociada a los restos); siendo el tiempo máximo estimado del período transcurrido desde la muerte mayor, pero no pudiendo determinarse científicamente.

• Del estudio forense no surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem consignado.

Todo lo descrito se encuentra fundamentado en los hallazgos, análisis y estudios complementarios realizados en los restos óseos de quien en vida fuera Facundo José Astudillo Castro por los peritos que participaron de la autopsia y firmaron el Informe integrado recibido por el juzgado: Dr. Luis Fondebrider (Antropólogo Forense, Director ejecutivo del EAAF), Lic. Analía Simonetto (Antropóloga Forense, Coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense del EAAF), Dra. Mercedes Salado Puerto (Bióloga y Antropóloga Forense, Coordinadora de Identificación del EAAF), Dr. Luis Alberto Bosio (Médico Forense del EAAF); los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) Dr. Roberto Cohen (Médico Forense, CMF), Dr. Alejandro Rullan Corna (Médico Forense, CMF), Dra. Marta Maldonado (Odontóloga Forense, CMF), Dr. Jorge Pereyra (Radiólogo Forense, CMF), Lic. Mariana Selva (Antropóloga Forense, CMF); y los especialistas propuestos por el EAAF, Dra. Nora Irene Maidana (Laboratorio de Diatomeas Continentales del CONICET), Dr. Néstor Centeno (Entomología Forense de la Universidad de Quilmes), los especialistas en tafonomía, Dra. María Amelia Gutiérrez (Ciencias Naturales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN), Dra. María Clara Álvarez (Arqueóloga, UNICEN) y el Dr. Cristian Ariel Kaufmann (Ciencias Naturales, UNICEN); y la perito de parte Dra. Virginia Creimer, consultora en Medicina Legal.

(Agencia Andar) El Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca desestimó un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por intimidación policial contra Cristina Castro, sus abogados y personas del círculo íntimo de Facundo Castro.

En un fallo contradictorio, el juez no desconoció las denuncias ni el testimonio de las víctimas, incluso remitió las copias del expediente para que se investigue si hubo delitos de acción pública pero concluyó que estos actos no representaban un riesgo inminente para la libertad e integridad.

La jueza Gabriela Marrón, quien debía atender esta presentación, se negó a hacerlo desobedeciendo el fallo de la Cámara. La CPM apeló en la instancia revisora la denegación del habeas.

Para la justicia, ni los patrulleros merodeando sus domicilios con luces apagadas ni los seguimientos en la vía pública sin orden judicial alguna representan un riesgo inminente a la libertad de las personas.

Esta decisión va a contramano de la actitud que se adoptó en otro momento; desde el comienzo de la causa que investiga la presunta desaparición forzada seguida de muerte, la justicia reconoció hechos de amedrentamiento. Hay dos antecedentes concretos: uno de ellos, el habeas corpus por el hostigamiento policial al ex cuñado de Facundo; el otro, la investigación judicial que se inició por las amenazas del subcomisario de Mayor Buratovich, Pablo Reguillón, al abogado Luciano Peretto.

El habeas corpus había sido presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como querellante institucional en la causa central. La presentación del organismo denunciaba que “efectivos de la Policía Bonaerense continúan con sus apariciones repentinas y vigilan, sin causa legítima ni orden judicial, los domicilios y lugares de trabajo de los familiares de Facundo, así como de testigos importantes y abogados de la familia”.

Uno de esos episodios tomó notoriedad pública días atrás: un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires estacionado, sin razón aparente, frente a la casa de Luciano Peretto. Cuando el abogado llamó a funcionarios de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense le dijeron que había móviles haciendo controles en el acceso al pueblo. Peretto vive a unas 15 cuadras del ingreso de Pedro Luro.

“Tengo mucho temor no sólo por mí sino, especialmente, por mi familia, porque tengo hijos pequeños”, declaró el abogado en la audiencia de habeas corpus citada por el titular del Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca, Walter Lopez Da Silva. En la misma audiencia, las siete personas amparadas por el habeas ratificaron los hechos denunciados.

El mismo juez valoró los testimonios eran “creíbles y verosímiles”, sin embargo rechazó el habeas corpus porque sostuvo que no existía una “amenaza actual, ilegítima e inminente a la libertad física”. Incluso, llegó a suponer en su resolución que la presencia y el merodeo de patrulleros de patrulleros podría sencillamente “tratarse de actividades congruentes con las propias funciones asignadas a las fuerzas de seguridad” en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En los fundamentos, el juez Lopez Da Silva también justificó su decisión en la inexistencia de orden judicial de detención sobre las personas amparadas; una interpretación extraña puesto que el temor, que amerita el habeas, es por la consumación de acciones ilegales de la policía.

A pesar de intentar minimizar el riesgo que significan estos actos intimidatorios, ante la evidencia de los testimonios y la sistematicidad de estas prácticas, el juez abrió la posibilidad para que estos hechos sean investigados y remitió copia de la audiencia a la Fiscalía Federal N 1, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, en donde tramita la causa central, para que “de estimarlo conducente” investigue la posible comisión de delitos de acción pública.

Es decir, la decisión de desestima la pertinencia del habeas corpus para atender esta denuncia y delega la respuesta judicial en el mismo fiscal que ya fue recusado en más de una oportunidad por la querella; sobre su actuación, Cristina Castro ya dijo haber perdido toda confianza. Los cuestionamientos sobre su intervención llegaron a tal punto que el Procurador General de la Nación designó dos fiscales —Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia— para sumarse a las tareas investigativas.

Cabe destacar que el tratamiento del habeas corpus fue ordenado el viernes pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca luego de haber sido desestimado en primera instancia por la titular del Juzgado Federal N 2 María Gabriela Marrón. Sin embargo, la jueza desoyó a la Cámara: ese mismo viernes decidió que no iba a tomar audiencia y en cambio iba a pedir informes a distintas fuerzas de seguridad; dos días después remitió el expediente al Juzgado Federal de turno.

Al momento de decidir por primera vez en el habeas, la jueza Marrón había declarado su incompetencia porque, contrariamente a lo señalado por la querella, entendía que no había relación con la causa por presunta desaparición forzada seguida de muerte que tramita en su juzgado. La Cámara antes y el Juzgado Federal N 1 ahora consideraron que estos hechos de intimidación policial debían tratarse en el juzgado y fiscalía donde tramita la causa central porque existe entre una pesquisa y otra una estrecha vinculación.

La suerte del habeas corpus vuelve, nuevamente a la Cámara; la CPM apeló la decisión del juez Walter Lopez Da Silva que rechazó el habeas corpus por no declararlo pertinente, pero reconoció al mismo tiempo que podrían existir delitos de acción pública.

En el escrito de apelación, la CPM sostuvo que la presencia policial en los hechos descriptos aparece como una amenaza velada y una vigilancia continua, e ilegítima por irrazonable, que no pueden considerarse como casualidades ni acciones desplegadas en el ejercicio del deber policial. Y agregó: “Los testimonios deben valorarse en el contexto de estar inscriptas en el curso de la investigación penal por la desaparición y muerte de Facundo”. Por ello el organismo ya había requerido “con carácter excepcional la radicación directa y asunción de competencia por el Juzgado Federal que se encuentra a cargo de la pesquisa principal”.

En cuanto a los argumentos técnicos utilizados por el juez federal López Da Silva para declinar la procedencia de la acción, la CPM resaltó que, de conformidad a la doctrina constitucional, indicios vehementes o incluso la duda bastan para otorgar la protección que brinda el habeas corpus. Y que el otorgamiento de esta acción no resulta incompatible con la posibilidad de denunciar la comisión de un delito de acción pública, tal como pudo prever el mismo juez.

El antecedente inmediato es promisorio: con el voto mayoritario de sus miembros, la misma Cámara Federal de Bahía Blanca entendió que, por la gravedad de la denuncia, era necesario dar trámite a la acción.

Mientras tanto, este jueves 1º de octubre, las partes recibirán en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense el informe de la autopsia al cuerpo de Facundo. Una medida de prueba que puede arrojar más luz sobre las causas de la muerte del joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril, luego de ser demorado por violar la cuarentena por agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A cinco meses de la última vez que alguien vio con vida a Facundo, en la causa judicial la hipótesis más firme sigue siendo la desaparición forzada y una gran cantidad de indicios apuntan hacia la responsabilidad policial.

Foto: Facebook Cristina Castro.

A las 20:30 familiares, amigues e integrantes de la comunidad de Pedro Luro se reunirán en la estación del ferrocarril para encender velas en memoria de Facundo Castro al cumplirse cinco meses de su desaparición.

Será en vísperas de la entrega de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del joven, encontrado a mediados de agosto en Villarino Viejo. En el marco de la causa por desaparición forzada seguida de muerte el trabajo está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La audiencia comenzará a las 9 de la mañana y a su término el Juzgado Federal N°2 difundirá un comunicado con las conclusiones. La querella estará representada por la perito Virginia Creimer.

Por otra parte, este miércoles el bloque de concejales/as del Frente de Todos propuso poner el nombre de Facundo al predio del ferrocarril de Pedro Luro.

El edil Ignacio Dallavia dijo a FM De la Calle que el lugar “significó mucho para Facundo, era su casa, donde él pasaba gran parte de su tiempo, era un lugar de aprendizaje, de encuentro, de lectura, de trabajar por el otro, de trabajar por verdad y justicia, por la memoria. Facundo era un comprometido con la causa”.

“Hemos trabajado con vecinos de Pedro Luro y con compañeros en esta iniciativa, nos parece importante marcar ese lugar y que sea el símbolo de encuentro de todos los villarinenses con Facundo”, agregó.

Dallavia destacó que “es un proyecto muy completo, con todo el trabajo que realizaba y cómo se veía reflejado en el otro: un pibe bueno, alegre, de familia, murguero. Creemos que es en estos casos donde tenemos que visibilizar estas tareas que hacía Facundo como un montón de pibes más que trabajaban en el Semillero Cultural con un objetivo claro que era mantener viva la memoria del pueblo”.

Les concejales pretenden realizar un mural en uno de los galpones del sector para que “cuando nos acerquemos todos los vecinos a tomar un mate o compartir una actividad física estemos más cerca de Facu compartiendo ese mate”.

Un joven de 20 años fue golpeado por la policía y estuvo tres días detenido en la DDI acusado de un robo calificado que no cometió. La Bonaerense lo levantó el 24 de agosto en Barrio Universitario. Su madre habló con FM De la Calle sobre el episodio de similares características al ocurrido en El Pinar con la detención de un joven imputado por un robo con armas que no cometió.

“Mi hijo iba caminando por 12 de octubre, lo intercepta un patrullero, lo detiene, le preguntan nombre y apellido, le piden DNI. Les comenta de dónde viene, le dicen tenemos ahí a tu compañero con el que vos cometiste el delito. Lo acusaron de un robo con un menor de edad”, comentó a FM De la Calle su madre, Liliana.

La mujer relató que al día siguiente recibió un llamado desde la sede policial: “Me dicen que mi hijo estaba detenido por un robo agravado. No lo podía creer porque mi hijo es un pibe trabajador, tiene una hija, es tranquilo, no tiene junta”.

“Fueron dos o tres días de angustia, desesperación, por no saber a dónde acudir. Cuando lo pararon en la calle hubo abuso de autoridad, el trago amargo no te lo saca nadie. Mi hijo todavía sigue con la causa, jamás tuvo una entrada de una comisaría. A mi hijo le arruinaron la vida”.

“En el momento que lo detienen uno de ellos le pega cachetazos, le dijo decí la verdad, confesá, obligándolo a que el diga yo fui y robé”, apuntó Liliana.

Dos días después del hecho, mientras el joven todavía estaba detenido, le tomaron declaración. “Coincidió con la declaración de la prima porque él estaba tomando mates con ella a la hora del hecho. Ese mismo día le dieron la libertad”.

“El es albañil, jamás en mi vida imaginé que iba suceder. Me lo traje a vivir conmigo, está con mucho temor de salir a la calle, ya a una cierta hora no quiere salir, sale de trabajar y va derecho a ver a su hija”.

-¿Temor a la policía?

Sí, la verdad que sí.

Uno de los policías de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich que retuvo en la ruta a Facundo Astudillo Castro el día en que fue visto con vida por última vez recibió un mensaje a su celular de parte de otro efectivo de esa jurisdicción en el que le dijo “si se hace el pajero, que lo bajen”, informaron este domingo fuentes de las investigación.

“Mensaje recuperado de un policía (si se ase el pajero vajalo –sic-) asesinos hijos de p—a”, publicó esta tarde en su cuenta de Twitter Cristina Castro, la madre de la víctima, aunque la mujer no dio precisiones sobre el emisor ni el receptor de ese mensaje.

Leandro Aparicio, uno de los letrados que representa a la madre de Facundo, confirmó a Télam la existencia de esa frase recuperada a través del análisis de las comunicaciones entre los policías investigados pero también se excusó de brindar mayores detalles para preservar el avance de la pesquisa.

Sin embargo, una fuente de la investigación explicó a Télam que ese mensaje fue recibido por el oficial Mario Sosa cuando se encontraba en la ruta el 30 de abril último, (día en que desapareció Facundo), alrededor de las 10.11 y luego de hacer una consulta a la Subestación Comunal de Buratovich.

De acuerdo a la investigación, Sosa y la oficial Jana Curuhinca fueron los dos efectivos que retuvieron al joven cuando transitaba por la ruta hacia la ciudad de Bahía Blanca aunque ellos afirmaron que luego de infraccionarlo por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) lo dejaron seguir.

Según la fuente consultada, a partir del análisis de las comunicaciones que realizó Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración, cuando los efectivos que estaban en la ruta consultaron a la Subestación, una oficial que se encontraba allí le mandó luego un mensaje a Sosa en el que le indicó que otro oficial pedía que le pasaran a él “los datos completos y la foto” y un segundo en el que señaló “y si se hace el pajero que lo bajen”.

Mientras que Sosa, estando el móvil aún detenido en la ruta, le respondió minutos después con un “dale”.

Fuente: Télam.

La Cámara Federal ordenó a la jueza Gabriela Marrón convocar a una audiencia para escuchar a Cristina Castro y a un grupo de testigos de la causa por la desaparición forzada de Facundo que son hostigados por la Policía Bonaerense.

Es en el marco de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. La medida fue rechazada “in limine” por Marrón e involucra a cuatro amigues de Facundo, a Cristina Castro y a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio.

“Estamos esperando la audiencia que corresponde, ver cuáles son las medidas que las personas quieren pedir, no todas prefieren tener custodia. Nos costó bastante llegar a una medida de protección”, dijo a FM De la Calle la abogada de la CPM, Margarita Jarque. 

La Cámara revocó el fallo de primera instancia con los votos de Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera, quienes se opusieron al primer voto de Roberto Amábile.

Jarque mencionó que los hechos que originan el habeas corpus configuran “hostigamiento con una metodología bastante conocida en la policía que son rondines, pasada de patrulleros, parar el patrullero detrás de las casas, pegarle los patrulleros sobre sus autos a su círculo íntimo”.

También se contemplan los episodios sufridos por los abogados y “la muerte del perro de Facundo, en el caso de Cristina. Son prácticas conocidas en las causas donde la policía está imputada y desea cubrir de un manto de impunidad lo que pasa”.

La abogada destacó que no entienden el porqué de la decisión de la jueza dado que “ ha habido un caso, el de Marcelo González, en el que interpusimos un habeas corpus a su favor, rápidamente se avocó a eso y se dictaron las medidas de seguridad”.

En relación a las novedades de la semana, mencionó que “sabemos que se realizaron algunas pruebas respecto del hallazgo de la mochila y del móvil Etios, eso generó pruebas de laboratorio que estamos esperando. Ha llegado una parte importante de la prueba telefónica que estamos analizando”. 

Jarque destacó que “teníamos un informe de Policía Federal que era muy parcial respecto de teléfonos policiales, se insistía en un informe que cruce el contenido telefónico con los AVL y algo de eso es lo que ha llegado con un análisis más profundo que el de la Federal y sin consideraciones”.

Por último, respecto de la autopsia señaló que el informe final tiene fecha para el 1 de octubre. “Sabemos que por el estado en el que se encontró el cuerpo puede ser que arroje información acerca de la data de muerte y el medio y puede ser que eso tenga cierta debilidad por que es mucho el tiempo y el deterioro. Tendremos que ver qué dicen los expertos y la doctora Creimer que podrá adherir a ese dictamen o hacer el propio”.

Tras el procesamiento de Néstor Luis Montezanti en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, dos de sus denunciantes comentaron el fallo en diálogo con FM De la Calle y advirtieron que se derrumbó el mito de que el ex camarista era “intocable y todopoderoso”.

La imputación judicial había sido realizada por la Fiscalía en 2015. Previamente, Alberto Rodríguez fue querellado por el represor tras ventilar su pasado en una reunión del Consejo Superior de la UNS y Dante Patrignani padeció tres demandas luego de pedir su juicio académico.

“Todo este proceso fue muy largo, a veces uno pierde la esperanza de tener alguna respuesta, que es mínima a lo que fue este personaje dentro de la universidad”, dijo Rodríguez. Patrignani señaló que “costó bastante” llegar a esta instancia pero se derrumbó el “mito de que era poderoso e intocable”.

Rodríguez agradeció a Montezanti por haberle iniciado la querella porque “gracias a su prepotencia se creía que iba a poder pasar a la historia como lo que no es: un abogado triunfante. Apenas es un miserable que inició un juicio, lo perdió y, a partir de ahí, se hace la presentación en Cómodoro Py ante Oyarbide por la causa de lesa humanidad de la Triple A donde se lo imputa a el también”.

Patrigani reconoció que el procesamiento “costó tiempo y juicios”. “Me hizo tres demandas: una en el fuero civil, que me obligó a pagar una suma por haber herido su buen nombre y honor -que está apelada en la Suprema Corte-; otra junto a mi abogada Mónica Fernández Avello en la justicia penal por revelar secretos políticos y militares por haberle ventilado el legajo en inteligencia, causa fallada a favor nuestro; y una tercera por haber provocado daños frente a la Cámara Federal por unos afiches que aparecieron con su famosa imagen con la gorra, que por supuesto también falló el juez Ramos Padilla a favor mío”.

“Esas son las medallas que se lleva uno en la lucha. Me sorprendió la noticia ayer, ya habiendo pasado tanto tiempo no esperaba que pudiera ser procesado. Seguramente esto va a ser largo, va a requerir mucho esfuerzo y militancia para que pague sus responsabilidades”, agregó.

Rodríguez recordó que “este hombre fue parte de la acción intelectual dentro de la acción criminal. Estaba vinculado a los grupos empresarios, a los sindicatos, a la universidad a través de Remus Tetu y a la UTN a través de (Emilio) Garófoli”.

Respecto del juicio académico, Patrignani mencionó que “todos los jurados que se nombraron se excusaron, no quisieron meterse con Montezanti y se fue alargando hasta que cumplió los 70. Por ley está obligado a jubilarse, en ese momento presentó un escrito ante la Cámara Federal pidiendo que se cayera su juicio académico por su jubilación, a pesar de ello la Cámara se lo rechazó. El juicio académico estuvo en vigencia aun después de jubilarse pero se fue diluyendo”.

En ese sentido, Rodríguez destacó las dificultades que tuvo para encontrar un abogado para que lo represente en la querella que tramitó el juez José Luis Ares. “Recorrí a penalistas de Bahía Blanca y ninguno aceptó defenderme en el juicio de Montezanti. Tuve que terminar yendo a la Defensoría Pública. Hasta qué punto la miserable actitud de este tipo hace a la miserable actitud de aquellos profesionales que se niegan a defender a una persona de Montezanti. Algunos por amistad, otros porque habían tenido un problemita con él, todos tenían un argumento pero ninguno aceptó mi defensa”.

“No me cabe duda que en la universidad y los pasillos tribunalicios sabían de qué tipo estaban hablando, algunos fue por miedo y otros por mala gente. Así que no puedo ser optimista, fue impune jubilado como juez, impune jubilado en la universidad. Esperemos que la justicia alguna vez sea justa, simplemente. Tengo el derecho a tener tantas dudas después de 45 años”, sostuvo.

El juez Walter López da Silva procesó al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, por haber integrado la Triple A y participado en la toma de la Facultad local de la UTN que la patota comandada por Rodolfo Ponce realizó el 26 de agosto de 1974.

Al ex docente de la UNS se le trabó un embargo por tres millones de pesos y no se le dictó prisión preventiva. Montezanti había sido declarado en rebeldía por burlar en varias ocasiones los llamados a una indagatoria que se concretó en febrero de 2018.

Dos años y siete meses después, López da Silva lo calificó como “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en concurso real con el delito constitutivo de lesa humanidad de intimidación pública”.

El magistrado concluyó que los principales puntos de ataque de la Triple A eran los gremios y las organizaciones estudiantiles. “El programa de persecución se dirigía a la eliminación de un enemigo, conceptualizado como ‘apátrida’, ‘marxista’ o ‘subversivo’, buscando en cualquier expresión de activismo y oposición política en los ámbitos estudiantiles, sociales, culturales, políticos y gremiales”.

“En ese contexto y bajo esa modalidad operativa sería donde el rol de Montezanti habría sido relevante para el logro de los objetivos dentro del entramado y organización de la asociación ilícita, tanto con su participación en la toma de la UTN como luego en calidad de Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 del Ejército Argentino, pues habría desempeñado actividades en los estratégicos ámbitos académicos y gremiales en los que la asociación desplegaba su accionar y desde donde habría efectuado sus aportes al plan”, afirmó el juez.

Da Silva sostuvo que “nos encontramos ante la organización u asociación compuesta por tres o más personas que requiere el tipo penal, cuyo mínimo se ha superado dado que además del imputado Montezanti, los fallecidos Remus Tetu, Rodolfo Ponce, Jorge y Pablo Argibay, se encuentra previamente acreditada -siempre con las características de provisoriedad de esta etapa- la participación en ella de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisu, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero”.

Destacó que la modalidad operativa y la logística implementada permitían que “por el carácter civil de sus integrantes la actividad se diluyera en la presencia del propio

Estado, que colocaba sus estructuras al servicio de la tarea represiva, mediante el suministro de agentes, armas, información y recursos económicos o bien la garantía de no interferencia y de impunidad, lo que permitió la permanencia durante un prolongado tiempo de esta asociación criminal”.

El fallo se detiene en la participación del ex camarista en la toma de la UTN “en su carácter de profesor y en reunión con otros integrantes de la asociación ilícita que portando armas realizaban gestos provocadores invitando al alumnado a ingresar al recinto en tono socarrón y de burla” y afirma que “estuvo destinada a actuar sobre el ánimo público, vale decir, sobre el ánimo del conjunto de manifestantes reunidos” en contra de la intervención de la institución por el sector que respondía a al ex diputado nacional Rodolfo Ponce.

La causa es impulsada por los fiscales Miguel Ángel Palazzani, José Nebbia y Pablo Fermento. Este último es quien lleva adelante la acusación en el debate oral en curso contra otros cuatro ex integrantes de la banda parapolicial.

López Da Silva indicó que Montezanti deberá “someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación”, fijar un domicilio del cual no podrá ausentarse por más de 48 horas sin previa autorización y entregar sus pasaportes, dado que se sostiene la prohibición de su salida del país.

La Policía Federal será la encargada de extraerle “tres juegos de fichas dactiloscópicas –con entintado parejo y en forma rodada-“.

Por otra parte, el magistrado delegó en la Fiscalía la continuidad de la investigación sobre los hechos que damnificaron a Jorge Omar Riquelme Esparza de los cuales por el momento se dictó su falta de mérito.

Luciana Giménez denunció que el oficial Salvador Pazos (foto) y otra mujer policía de Mayor Buratovich detuvieron a su hija y la golpearon en la comisaría. En diálogo con FM De la Calle, dijo que “la violentaron de tal manera que hoy le duele todo el cuerpo, la amasaron a palos”.

“Estaba en el inodoro haciendo pis, le dijo hijo de puta y la levantó de los pelos. Una persona que estuvo al lado de ella me contó lo que pasó cuando estuvo dentro del calabozo y cuando ella pidió ir al baño. No me voy a callar estas cosas, lo he escuchado con otros chicos que han ido al calabozo y los han amasado a palos como a mi hija”, afirmó.

La mujer destacó que su hija puede “contarla y vivir un día más” pero “hay chicos que ya no están más, como Facundo. No me estoy agarrando de eso, hay mucha violencia institucional, hay mucha mafia, hay drogadicción en el medio. La mafia es la misma policía de Villarino. Me han llamado para amenazarme, por eso estaba quieta, me dijeron ‘sé dónde trabajás y que tenés a tu hija'”.

“Es como dijo Cristina, nosotros somos pobres, más que la vida, ¿qué nos van a hacer?”, dijo en referencia a la madre de Facundo Castro, quien enfrenta a la Bonaerense en la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición y muerte de su hijo.

La trabajadora del INTA Hilario Ascasubi explicó que su hija tiene consumo problemático de alcohol y drogas, el domingo se desvaneció, un vecino la ayudó a levantarse y cuando volvía a su casa se asustó al ver un patrullero e intentó ingresar a una vivienda.

“Sé que mi hija no entró a robar, lo ha hecho con violencia como lo hace en mi casa, ella tiene esos estados cuando toma alcohol. Me importa mi hija, tiene 20 años y una bebé por criar, tiene posibilidades, no me brindaron ayuda desde los 11 años hasta acá para poder internarla, ni ayuda emocional ni de ningún tipo. La vengo peleando como puedo”, dijo.

Agregó: “Nadie tiene un libro de cómo ser madre o padre, he buscado ayuda en el pueblo, en la parte de Villarino en la Comisaría de la Mujer, en la comisaría normal y en la Municipalidad donde están las asistentes sociales”.

Comentó que “en varias oportunidades me he tenido que ir de mi hogar para aislarla de toda esta gente que consume, he tenido que mandar a mi hija a Santa Rosa con su papá, siempre protegiéndola”.

El domingo a las dos de la tarde Larisa fue a hacer una consulta médica por un dolor de muelas y luego iba a caminar con una amiga. Horas después pasaron por un bar y alrededor de las 23 salió para su casa.

“Ella dice que venía sola y atrás Axel, el amigo que viene como queriendo alcanzarla. Aparentemente en algún lugar se desvanece, pasa otra amiga que le avisa a una amiga mía que estaba tirada, que había un paisano que la quería levantar. Viene para mi casa, ven el móvil de la policía, ella dice que golpea la puerta de una casa pidiendo que le abran la puerta, para mí se equivocó de domicilio porque no estaba en sus cabales, como no le abren patea la puerta para entrar porque se asustó”.

Pasada la medianoche Giménez concurrió a la comisaría y se encontró con la familia a cuyo domicilio había querido entrar su hija. “Les dije que tenía problemas, les pedí disculpas en nombre de mi hija, como mamá”.

“No me dejaron verla, empiezo a preguntar ‘¿Larisa estás bien?’. Me dice ‘sí má, acá estoy’. ¿Por qué te detuvieron?, le digo, estábamos a un paso y medio del calabozo. Me dice que no la dejan ir al baño”.

Por la mañana le llevó ropa y galletitas, “no pensé que mi hija estaba tan golpeada. (…) Parece que ella insultó, tiene esas reacciones violentas, no porque sea mi hija voy a ocultar esas cosas, pero no por eso la institución donde fue detenida tiene derecho a golpearla y maltratarla de la manera en que le pegaron y me negaron verla”.

El certificado de atención del médico policial que acompaña esta nota muestra que ayer se constataron diferentes tipos de lesiones en la cabeza, el tronco, el cuello y los miembros superiores e inferiores de la joven.

Giménez se comunicó con el Juzgado de Familia de Bahía Blanca para denunciar los hechos y pedir ayuda. Tenía que llevarla a un psiquiatra pero no podía ser en el hospital de Buratovich a donde no la habían revisado el día anterior: “¿Qué me iban a decir si volvía, que mi hija se golpeó en otro lado?”.

Hizo su descargo mediante las redes sociales y recibió el llamado de asistentes sociales, quienes le indicaron que haga la denuncia penal. “Me comunico con Luciano Peretto y Cristina Castro para ver dónde tengo que hacer la denuncia y que no tapen esta violencia institucional”.

Comentó que funcionarios municipales “aparecieron cuando estaba en la entrevista con el psiquiatra con mi hija. ¿No me podían haber esperado en mi casa como corresponde si tantas ganas tenían de hablar conmigo? Se aparecieron como si fuera una delincuente, pararon como cinco autos para sacarse una simple foto que va a andar rondando por todos lados”.

“Acá se vende porro, se vende falopa, trabajan para la policía. Pasará en todo ámbito social, pero esto es un pueblo chiquito donde todo se sabe. La cantidad de pibes que consumen, esos mismos pibes van llevando a otros, pero porque alguien grande trae la droga acá. Me da una lástima y una terrible indignación que les estén cagando la vida como lo están haciendo y no poder hacer nada”, sostuvo.

Giménez afirmó que “el pueblo tiene miedo, en las marchas de Facundo había cuarenta personas. Hay gente que tiene campo y trae carne para el consumo y no le tiene que dar explicaciones a nadie, esta gente los coimea con otro animal porque la próxima vez que te encuentren te saca todo. Así funcionan acá”.

Una mujer denunció que su hija fue victima de una golpiza en la comisaría de Mayor Buratovich luego de ser detenida en el Partido de Villarino. Se trata de personal de la misma sede policial que detuvo a Facundo Castro el 30 de abril.

Luciana Giménez relató que “así como hicieron con Facundo lo están haciendo con mi hija. No tienen derecho, la golpearon toda, me la mandaron toda moretoneada, no se podía levantar de la cama”. 

“¿Van a desaparecer a otra criatura? Veinte años tiene mi hija, tengo una nieta también, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Lo hicieron con Facundo ¿ahora lo van a hacer con mi hija? ¿Qué quiere la policía de Buratovich? ¿más jóvenes muertos?”.

Agregó: “Me la golpearon a puñetazos, patadas, golpes en el estómago. El señor policía Pasos, que es de Luro y trabaja en Buratovich me va a tener que dar explicaciones, la policía me va a tener que dar explicaciones de porqué le pegaron”. 

Giménez relató que su hija “tiene problemas de adicción” pero que “no tienen derecho a golpearla y maltratara”. “¿Quiénes se creen que son? Yo soy una madre luchadora y voy a sacar la cara por ella, no les tengo miedo, basuras. Me voy a enfrentar a todos ustedes como lo hizo Cristina Castro. Si se me la mataban ustedes no me la iban a devolver”. 

“La policía de Burato está acostumbrada a golpear a los jóvenes, nadie te ayuda. Esto es tierra de nadie. La policía hace y deshace a su antojo”,, afirmó.