El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor y ex concejal, Ricardo Pera, fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección, la cual le fue denegada por el dr. Juan Pablo Schmidt.

“No me hagas enojar negra”, decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los “coscorrones” alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa”. El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

El ex concejal será juzgado en agosto por las amenazas y golpes denunciados por otros dos ediles tras una sesión para tratar un aumento del boleto de colectivos en 2015.

Laura Trespando brindó su testimonio a FM De la Calle.

“Quiero denunciar lo que estoy viviendo para poder darle también ayuda a las mujeres que vienen atrás mío”, dijo. Su relación con Ricardo Pera comenzó en diciembre de 2012 y duró casi seis años.

Yo venía de una separación, de perder a mi papá, me había mudado a una casa más pequeña que la que estaba. No teníamos muchos recursos, estábamos bastante solas con mis hijas, que son las que siempre me acompañaron en todo. Él salió de la galera y empezó a ayudarnos. Primero aparecía con un telefonito, después empezó a venir a cenar, con sus risas y sus cuentos. La verdad que me inundó de amor y de ilusión. Pensé: al fin, después de tantos años de estar mal, conozco a mi compañero y a la persona que va a caminar conmigo y ya no va a ser tan pesado.

Todo empezó porque por ahí yo tendría alguna reunión familiar con mi mamá o con mi hermana y él ya no quería que fuera. O si iba a algún lado era una discusión o ‘te la pasás en la calle, ¿qué tenés que hacer? ¿qué necesitas? ¿no te alcanza con lo que te doy?. Era imposible tener una reunión de amigas porque para él no era necesario. Si iba a su casa no podía agarrar el teléfono -yo iba fin de semana por medio- y si mis hijas me necesitaban o querían decirme una mínima cosa yo no podía contestarles.

Si necesitaba ir al mercado iba pensando ‘que no me llame, que no me llame’. Y si me llamaba me decía ‘yo siempre te tengo que enganchar en la calle’, me decía ‘por qué no te organizás mejor, salís del trabajo, pasás por la leche y no tenés que andar dando vueltas’. No quería que estuviera en la calle para nada. Mi vida empezó a ser el trabajo, mi casa y la suya. No tenía otra cosa. Ni siquiera cumpleaños de mis hermanos ni de nadie. Todo era una discusión si yo quería hacerlo. Y si iba a algún lugar de esos lo hacía sin que se entere para evitar una pelea, para evitar… cualquier cosa.

¿Eso lo tornaba más violento?

Sí, obvio. Empecé a evitar todas esas situaciones pero cuando por ahí no me daba cuenta o no la podía evitar, venía el “coscorrón” -como él le llamaba- o un castigo laboral o empezaban los gritos y las amenazas constantes.

No recurrí nunca a ningún lado porque si yo hablaba era una desagradecida, una mal parida. Cuando estuvimos bien fuimos construyendo mi casa para ir en algún momento a vivir juntos. Cuando terminé de construirla, él no vino a vivir conmigo. Pero como me ayudó mucho en lo económico -en realidad no me ayudó porque la casa era para los dos- cuando se enojaba me decía ‘bueno, vendé todo, te vas a alquilar’. Y yo pensaba a dónde voy a ir, otra vez pierdo todo. Por ese miedo seguí sosteniendo mi relación. Además, siempre me dijo que me iba a ver de rodillas, que él no iba a parar hasta verme de rodillas.

¿Vos estabas trabajando en Bahía Transporte Sapem y tenías un rol como delegada de UTA?

Sí. Fui durante tres años delegada de UTA, hasta que me hicieron renunciar cuando yo decidí separarme.

¿Estabas rodeada tanto en lo privado como en lo laboral?

Totalmente.

¿Cuándo terminás con esa relación y decidís hacer la denuncia?

Yo rompo con eso porque en una de las últimas peleas él me pegó en casa y estaban los nenes. Estaban en el living y no vieron la situación, pero estaban. Por el miedo, no solo a que ellos vieran sino a que siguiera, presioné la alarma para que sonara, tiene un botón de emergencia. Empezó a sonar, él se asustó y se fue. Pensé para mí: esta es la última vez que tengo que permitir esto en casa.

Uno de mis hijos tiene autismo y él en dos ocasiones lo golpeó. Hasta ahí era. No solamente venía sufriendo en daños o amenazas permanentes o en maltrato, que ya era nuestra forma de relación. No me di cuenta, llegó un punto en que pensé que era así la forma de relacionarse, venía de dos fracasos y empecé a pensar que era yo.

Conversando con amigas, con gente que quiero, o con mi hija que en algún momento se enojó conmigo por las cosas que yo permitía, vi que eso no es natural, normal. Pero cuando estaba viviendo eso no… seguí nada más.

¿Cómo es tu situación laboral y económica hoy?

Perdí el trabajo, perdí todo sustento. Además, ella (Ndr: su hija) que también fue despedida comenzó a trabajar en una heladería y Ricardo llamó al dueño para que la despidan. Y así pasó.

Fui a ver al intendente con la denuncia en la mano para que me reciba. Está al tanto de toda esta situación porque Sapem es en su mayoría municipal. No me recibió porque supuestamente para él esto es una cuestión personal. Yo creo que excedió lo personal, todas las personas de mi empresa sabían lo que estaba pasando y vieron las veces que iban y me retiraban de mi oficina y me obligaban a renunciar a mi cargo o a la mutual o a la afiliación.

¿Eso cuándo ocurrió?

Yo decido separarme de él y lo primero que hace es hacerme renunciar a mi cargo de delegada del gremio. Un par de meses después despide a Maite. Como yo sigo sin querer volver con él, me hace renunciar a la mutual. Yo dependía de eso para los costos de mi hijo. Después me hace renunciar a la afiliación. Quedo totalmente desprotegida en mi lugar de trabajo. En Sapem si no sos afiliado al gremio quedás afuera casi inmediatamente, así funciona. Yo coordinaba el sector de monitoreo.

¿Cómo te hacen renunciar?

Estaba sentada en mi oficina y aparecen dos compañeros suyos, el secretario adjunto y el secretario gremial. Me piden que renuncie con una hojita y yo les dije que no quería renunciar, que me quedaba sin cobertura para F.. Ellos lo conocen, hacemos un tratamiento en Buenos Aires de estimulación magnética transcraneal en INAC. Me dijeron que no, que ellos tenían que llevar esa hoja firmada y que no había opción, que no tenían explicación que darme y que hasta ahí había llegado mi momento. El secretario adjunto me dijo: ‘firma calladita así no te pasa nada’. Firmé y se fueron.

Yo siempre trabajé del lado del gremio, representando a mis compañeros, no les había faltado nunca. Siempre trabajé a la par de ellos, a pesar de que no me permitían estar en asambleas o convocatorias por mi condición de mujer.

Y así fue…

¿Y de Sapem te echaron?

Me quisieron hacer renunciar. Ricardo me obligaba a renunciar pero no quise. Me empecé a asesorar, el gerente y el presidente me decían que no renuncie. Me derivaron a distintos sectores, a Tránsito y Transporte…

¿Federico Harfield y Tomás Marisco estaban al tanto de toda la situación?

Claro, obvio, ellos estaban al tanto de todo. De hecho, Marisco en una de las venidas del gremio a la Sapem me vio demasiado sensible y me derivó al Departamento de Género. Me recibieron tres veces y también estaban al tanto de todo. Creo que no pudieron cuidarme. Tomás en cierta forma hizo lo posible para derivarme y no dejarme sin empleo pero finalmente no quedó otra, todos acataron su orden.

¿Renunciaste?

No, me despidieron sin causa.

¿Cómo te sentís hoy?

¿Cómo me siento hoy? Totalmente sola. Cuando cuento que se trata de Ricardo Pera todas las personas que podrían ayudarme no pueden. Porque tienen miedo o por intereses creados no me pueden ayudar. Fui a hablar con mi abogada y me dijo que si estaba fuerte me acompañaba.

¿Tuviste algún tipo de consecuencia?

Sí, él me mandó a decir por terceros que desestime la denuncia, que los muchachos me van a hacer mierda. Esas fueron las palabras que me llegaron. En esta denuncia presenté audios, fotos, pero bueno, no me dieron la perimetral.

¿Con qué argumento?

Que los golpes eran viejos.


Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o contactate con la Red Local de Violencia de Género [email protected]

(Por Saira Millaqueo, activista trans) Morir en en la esquina es un fantasma que nos ronda todas las noches cuando una travestis sale a prostituirse. No hay noche que no pienses si vas a volver, si te van a golpear o si vas a pasar una situación de mierda con un cliente.

La muerte nos persigue todo el tiempo, en la noche la muerte es más cercana. La sentís en el momento que llega el primer auto de la jornada, la sentís cuando se asoma un machito caminando o un grupo de ellos en un auto.

Conocemos la cara más perversa de la impunidad machista porque actúa sobre nuestros cuerpos y vidas sin alarmar, sin empatizar a la sociedad.

Aunque es de noche las infamias y violencias las travestis las sufrimos en el día también. Al final lo que sucede en la noche es el reflejo de lo que nos hacen en el día. Confinadas a esa oscuridad se sobrevive. Con la muerte al lado, hasta que te choca de frente y te entierra los puñales como en algún momento lo pudiste imaginar.

Y cómo me voy a defender, lo habré pensado de mil maneras. Estamos toda la vida diseñadas para afrontar la muerte y formateadas a esquivarla. La impunidad machista nos acosa y paraliza nos clava la más inmunda indiferencia sin poder defenderte. El mandato machista familiar nos empuja a desaparecer en esas esquinas. Hasta que llega la muerte en primera persona y cumple el designio, nos toma de la forma mas brutal.

Sin remordimientos, lo primero que se piensa es que si murió en una esquina es porque se lo buscó.

¿Alguien puede pensar que nosotras elegimos esto? Nos depositaron ahí y lo sabemos sobrellevar, nos reinventamos armando enredaderas de secretos y tejes que nos han hecho sobrevivir a la mas oscuras noches.

¿Si sentimos miedo? La necesidad no conoce de miedos. La urgencia no conoce miedos.

Nos cuesta la vida sobrevivir en los esquemas en el que nos depositaron y nos siguen depositando.

Sobrevivimos con coraje por que al miedo nos lo comemos del hambre que tenemos.

Me resulta doloroso el pensamiento de saber que presentimos cuál es nuestra hora en una esquina.

¿Se imaginan vivir con ese reloj que nos acorrala? Llegar a acostarte es un triunfo.

Pienso en todo esto con la imagen de Roberta en mi cabeza y la de todas mi compañeras. Las que están y las que no. Es dolorosísimo tener que estar contando esto pero me da miedo, mucha impotencia a la vez porque no sabes cuando te puede caer a vos. Como dije antes estamos muy cercanas con la muerte.

La encrucijada de la que las travestis no salimos, quien tiene esa solución es el Estado con sus acciones. Está bien claro que ahí en esas esquinas lo que se necesita no es más violencia, sino que resguardo y reparación. Por que ademas una cosa es que se describa las vivencias de las personas en situación de prostitución y otra es hablar de trabajo sexual.

Venimos de un gobierno que promovió la indiferencia como política de estado. Hoy se sueña en revertirlo. Mientras tanto solo hay una verdad las travestis venimos arrastrando historia de esta practicas, por eso es que necesitamos que nuestras demandas sean tomadas con urgencias. Porque hay mucho por reparar y la única forma es siendo practicxs a la hora de entender la realidad.

Ojalá el rostro de Roberta Carabajal sea el último que tengamos que lamentar por muertes que se pueden evitar. Justicia por ella. Justicia por todas aquellas que merecían una vida libre de violencia y olvido.

Este viernes cerramos la programación 2019 sumándonos a la Fiesta por la Plaza! Desde las 10 de la mañana estaremos en vivo por la 87.9 y delacalle.org desde O’Higgins 140.

Desde las 17 se realizará un festival para defender a la Plaza del Sol/Lavalle/ de la Resistencia y la Memoria ante el intento de destruirla para crear cocheras subterráneas.

Habrá actividades culturales con música, poesía, charlas, talleres de literatura, plástica y alfarería, audiovisuales, mural y feria de artesanas y artesanos.

Acercáte y compartí la jornada con quienes hacemos De la Calle!

10 a 12: En Eso Estamos con Mauro Llaneza y Giuliana Crucianelli (participa Mariela Dobal).

12 a 13: Descoordinades (Coordinadora Estudiantil Artística)

13 a 15: Astor Vitali, Sergio Pacheco, Eduardo Lázzari y Edgardo Epherra.

15 a 15:30: Mundos Imaginarios con Silvia Pirillo.

15:30 a 16: El huevo de la Serpiente con Juan Compagnoni, Tomás Palomeque y Ayelén Zanfagnini.

16 a 18: Bajo control con Fabián Ramos y equipo.

18 a 19: Voces desde la plaza con Giuliana Crucianelli y Paula Ércoli.

Operación y técnica: Fer Alarcón, Emiliano Randazzo, Walter Albouy, Fabián Zapata, Nicolás Fernández Vicente.

Este viernes se realizará un festival para defender a la Plaza del Sol/Lavalle/ de la Resistencia y la Memoria ante el intento de destruirla para crear cocheras subterráneas.

Desde las 10 de la mañana FM De la Calle realizará el cierre de su programación desde el espacio público de O´Higgins 140. A las 17 comenzará el cronograma de actividades culturales con música, poesía, charlas, talleres de literatura, plástica y alfarería, audiovisuales, mural y feria de artesanas y artesanos.

“Estamos muy felices porque la gente quiere participar, quieren decirle no al proyecto de las cocheras. Se han unido muchas voluntades y eso es lo más importante de resaltar.  Todo eso confluye y le da fuerza a esta propuesta de la fiesta”, dijo Mónica Oliver.

La iniciativa surge de un colectivo de amigas y amigos de la plaza que comenzaron a reunirse ante el avance del proyecto de empresarios locales de construir un estacionamiento subterráneo y una plaza seca a cambio de la explotación de 150 cocheras por medio siglo.

“La idea es recuperar la Feria de la Cultura. Está pensado así porque hay un enorme grupo de gente que provenimos de esa historia que empezó en el 87 y de paso homenajear a tantos artistas de la ciudad que ya no están y pasaron por esa feria”, dijo Oliver y mencionó a Fortunato Jorge, Ramiro Musotto, Aníbal Vitale, Susana Persia y Mirta Itchart.

Destacó que “la historia si no se cuenta se pierde, había chicas que no tenían idea de lo que había sido la feria. Tampoco conocían a quienes tuvieron que ver con la cultura de la ciudad. Pensamos que de alguna manera había que referenciar todo esto, que el que vaya allí aprenda, aumente su caudal de conocimiento sobre el espacio que estamos viviendo”.

“Invitamos a la Asociación de Amigos de avda. Parchappe y del sector del Noroeste para que estas experiencias vecinales se hacen a pala y pico se puedan contar y conocer. De repente uno pasa por la Plaza de Parchappe y es una maravilla y está hecha con el esfuerzo de la gente”, afirmó.

Oliver aseguró que “esas son cosas que no se pueden comprar ni vender. Es la lucha que estamos teniendo contra un sector de gente que solo le interesa el dinero y comprar, vender, negociar. Hay un montón de cosas que está pensando otra cosa, que son estas cosas intangibles”.

(Por Eduardo Latino – OPSurEn horas de la noche se mantuvieron las movilizaciones y los cortes de ruta en distinros puntos de la provincia. Mientras tanto, se publicó la promulgación de la nueva ley que reforma la 7722 en el Boletín Oficial. Mientras el pueblo se mantenía movilizado, el Gobernador Rodolfo Suárez, en un acto de provocación visitó a un supuesto policía herido, por las manifestaciones, en el hospital.

La jornada ha sido extenuante. Las largas columnas de manifestantes con distintos carteles y banderas en favor del agua se multiplicaron con el correr de las horas. Todo hacía presumir que la marcha de la mañana sería la más grande de la historia, cuando la noche llamó a un cacerolazo que se convirtió en un nueva “Marcha de la Dignidad”. Alrededor de 50 mil personas se movilizaron por todo el radio céntrico de la ciudad de Mendoza y culminaron la marcha en la Legislatura provincial, donde el viernes último se aprobó la reforma de la Ley 7722, que los y las asambleístas han llamado “la ley guardiana del agua”. Paralelamente a la histórica movilización, el pueblo de Uspallata mantuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, que conecta con Chile a través de la cordillera, hasta pasada la medianoche. En San Carlos, el corte de ruta fue sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos y se sostuvo también hasta horas de la noche. En el Departamento de General Alvear, al sur de la provincia cuyana, los cortes de ruta se sostuvieron durante todo el día.

La policía reprime a La Marcha

más grande de la historia de Mendoza

 

La nueva ley que se promulgó hoy, y que el gobernador Suárez envió al Boletín Oficial, es la 9209, ley que ya desde las asambleas socio-ambientales han salido a denominarla “ley minera”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación al llamar en horas de la tarde a la Senadora Nacional, Anabel Fernández Sagasti, a una reunión urgente para analizar lo que sucede por estas horas en Mendoza. Sin embargo la senadora ha guardado silencio y solo ha hecho un comentario vía Twitter en el cual trata de desmascarse del gobernador Suárez respecto a la represión y ha decidido mantenerse ajena a la conflictividad que crece en su provincia desde que se avanzó en un acuerdo PJ y UCR para aprobar la reforma de la ley. La militancia activa que sigue a Sagasti se ha manifestado disconforme, a punto que según una fuente allegada a la senadora, que se manifestaban en apoyo de la Ley 7722, comentó: “los grandes responsables de esta situación son Anabel (Sagasti) y Lucas (Ilardo), sobre todo este último que ha manejado muy mal las cosas, incluso durante la campaña”.

La noche se ha profundizado para los dos partidos mayoritarios que muestran una crisis política de dimensiones poco conocidas en los últimos tiempos. La noche ha marcado un hito histórico y una movilización que refleja el nivel de descontento masivo y una soberbia desde la gobernación, que están poniendo al límite la institucionalidad y la credibilidad política en la provincia. El nivel de descontento que se percibía a lo largo de las más de cinco cuadras de marcha, colmada por familias, amigos y amigas, vecinas y transeúntes casuales de las avenidas de la capital mendocina, son espejo de lo que sucede al otro lado de la montaña, donde el pueblo chileno reaccionó desde el lugar menos esperado para la clase política. Suárez está en una encrucijada, a punto que la gobernabilidad se muestra en juego ante manifestaciones tan masivas que expresan fuertemente que en Mendoza “No hay licencia social” para el extractivismo, en particular para la megaminería. Eso es lo que quedó claro esta noche en una movilización histórica.

Inés Alman, de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, adelantó que “el jueves tendremos asamblea después de este día histórico y analizaremos si volvemos al corte de ruta” Desde horas de la mañana Alvear se volverá a movilizar a las rutas con cortes y con ánimo de sostenerlos durante todo el día. La rebeldía crece desde el malestar que se profundiza ante el accionar del ejecutivo provincial. Las voces de rechazo se multiplican y el desconcierto político es el actor dominante de un fin de año caliente en la provincia del sol y del buen vino.

La Sociedad Escolar Alemana realizará desde las 19 -en Moreno 540- una muestra sobre el primer episodio de la iniciativa “A los muros los tiramos juntas”.

Un grupo de mujeres convocadas por la institución se vincularon con internas de la Unidad Penal N°4 y empezaron a abrir puertas: ¿quiénes son y cómo viven estas mujeres privadas de libertad? ¿Qué les hace bien? ¿A qué le temen? ¿Quién las marcó? ¿Qué tienen en común entre ellas?

“Ellas se ubican y se subjetivan como grupo, en ningún momento hubo yoes ahí. Todo el tiempo hubo una conciencia de colectivo de mujeres y eso nos sorprendió tremendamente. Las condiciones son espantosas, no tienen ni para comer, ni tampones ni toallitas y se cuidan entre ellas”, aseguró Magdalena Cantamutto.

En noviembre un equipo conformado por una trabajadora social, una licenciada en arte, una psicóloga, una abogada y una socorrista se planteó ingresar al penal e invitó a grupos de mujeres en libertad que quisieran relacionarse con el pabellón de mujeres.

“Tanto las que íbamos como las internas teníamos muchos prejuicios. Generamos una correspondencia entre ambos grupos, se conocieron por relatos, charlamos sobre feminismo de manera poco romantizada y logramos grupalmente una especie de lema o frase que sintetizara lo que habían sentido”, comentó la titular de la SEA.

Agregó que cristalizaron “ese lema en un objeto, lo armaron a trazo alzado en una remera y las intercambiaron”.

La intención es proyectar nuevas acciones para el 2020. “Tenemos algunas ideas pero queremos generar el lazo con la comunidad y que se enteren qué pasa adentro y derribar algunos muros que tenemos como mujeres y con las minorías”.

Cantamutto recordó que “las mismas chicas nos decían ‘ustedes venían y seguro pensaban que nos odiábamos entre todas, que nos robábamos”.

“Una de las problemáticas más grandes que tienen es qué hago cuando salgo. La pregunta que se hacen es ‘¿a mi quién me va a dar trabajo? Es importante animarse a pensar otros laburos para las mujeres, queremos sentarnos el año que viene a pensarlo juntas. Todas tienen penas cortas, es inminente la reinserción al mundo extramuros”.

“La idea también es generar que hay una mujer que te está esperando afuera. Tal vez suene algo naif pero es con la intención de generar un lazo de contención, que sientan que no están solas”, dijo.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional publicó su informe anual en el cual destaca las victimas fatales del último año del gobierno de Cambiemos.

María del Carmen Verdú dijo a FM De la Calle que “indudablemente estamos hablando de la gestión más represora de la Argentina desde la dictadura cívico militar eclesiástica”.

“Se mantiene -como ha ocurrido siempre- que las dos modalidades más importantes, que abarcan el 90% del total, son en lugares de detención y la vía pública por gatillo fácil. Estar detenido o caminar con pinta de joven pobre. Una particularidad en este momento que estamos enfrentando es la crisis carcelaria más grande los últimos años”.
Verdú comentó que “es una situación explosiva, en los últimos cuatro años se duplicó la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Esto también ha sido reconocido a nivel nacional y es igual en el resto de las provincias del país”. Una de las categorías es “femicidios de uniforme”, casos de víctimas mujeres relacionadas con situaciones de violencia machista y patriarcal. “Ese es un dato muy interesante que se mantiene estable y en alza en los últimos años. En los últimos diez días hubo tres femicidios en los que el femicida, además de un macho violento, es un uniformado. Una de cada cinco mujeres víctima de femicidio es también víctima del aparato represivo estatal porque el femicida es un integrante de las fuerzas de seguridad”. Señaló que “es llamativo porque no hay otra ocupación u oficio que tenga tal incidencia en materia de femicidios. Esto demuestra que la violencia machista patriarcal y la estatal se potencian”.
Respecto al nuevo gobierno nacional, Verdú opinó que “estamos difundiendo una lista de medidas que, no solamente son muchas, sino que hay que tomarlas todas. Porque estaría muy bien, como anunció la ministra Frederic que está analizando derogar la resolución que habilita a la policía a disparar por la espalda o la de los ofensores de trenes que permite detenciones arbitrarias”.
“Estaría fenómeno que lo deroguen, pero si a la vez no retira del Congreso el proyecto de Código Penal, que establece las mismas normas en el art. 34 o se mantiene el conjunto de facultades para detener personas arbitrariamente que tienen todas las policías del país, es muy difícil lograrlo”.

(Por Brenda Daney* y Sebastián Janeiro**) Tras cuatro años de la Alianza Cambiemos, el FOMECA sigue vivo. Paralizado primero y subejecutado después, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual deberá ser una de las políticas públicas que el nuevo gobierno ponga en valor prioritariamente para garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios.

La mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) establece en el artículo 97 que se debe destinar específicamente y de forma concursable el 10% de los fondos recaudados en concepto de gravámenes a “los servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”. Con el FOMECA, los medios comunitarios y de pueblos originarios contaron por primera vez en su historia con una política pública de fomento destinada exclusivamente a promover su desarrollo y sostenibilidad. Esta discriminación positiva les permitió acceder a equipamiento técnico; mejorar la infraestructura física de sus emisoras; fortalecer los procesos de gestión organizacional; y realizar producciones audiovisuales de calidad, que aportan a la diversidad, el pluralismo, la construcción de ciudadanía y la inclusión social.

El FOMECA comenzó a implementarse en julio de 2013. Hasta 2019 la recaudación del fondo según la LSCA acumuló más de $1.500 millones. Sin embargo, en seis años solamente se asignó al fondo más de $640 millones de los cuales se pagaron tan solo $340, es decir alrededor de un 23% del fondo previsto por ley. Así, el FOMECA posee un remanente (dinero no ejecutado) que supera los $1000 millones, que debería reasignarse en los futuros concursos, tal como reclaman desde hace años las redes de medios comunitarios, populares y alternativos. https://www.farco.org.ar/trabajadores-y-trabajadoras-de-medios-comunitarios-y-populares-sin-nada-que-festejar/

Cambiemos intervino y disolvió la autoridad federal de aplicación para dar lugar a un ente gubernamentalizado que despidió a más de 400 trabajadorxs y jibarizó al área encargada del FOMECA. En paralelo, se encargó a la SIGEN una auditoría “integral” sobre los fondos otorgados entre 2013 y 2015, que duró siete meses y sirvió para congelar los pagos de años anteriores y frenar nuevos concursos por casi un año. A partir de ahí se demonizó a la comunicación comunitaria e indígena y se cuestionó la pertinencia del Estado para apoyar y promover al sector. Además, se hiper burocratizaron los mecanismos y requisitos para presentarse, se cuestionaron las rendiciones con objeciones arbitrarias e infundadas, y se instauraron procesos administrativos interminables que prolongaron aún más los tiempos del FOMECA. En 2019 aún se pagan concursos de 2017 y todavía no se saldaron deudas de 2014 y 2015, las cuales son afectadas por la espiral inflacionaria.

Resulta vital que el nuevo gobierno comience a revertir la política comunicacional que durante cuatro años buscó asfixiar y vaciar a los más de 330 medios y proyectos comunitarios e indígenas. Para ello, será imprescindible: pagar las deudas del pasado y reasignar el dinero remanente de años anteriores; llamar a concursos con más frecuencia atendiendo a las demandas prioritarias de los medios; simplificar y agilizar los procesos de presentación y análisis; establecer reglamentos estables y acordes a las necesidades y características del sector no lucrativo; capacitar y acompañar presencialmente; nombrar jurados idóneos y vinculados a la temática; y restituir a los medios comunitarios e indígenas su lugar de participación e incidencia en los organismos de promoción y aplicación. Porque #SinMediosComunitariosNoHayDemocracia.

* Profesora de Filosofía (UBA) – @Brendinit1

** Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) – @sajaneiro

Publicado en La ventana de Página/12

(Por Julieta Oder – Fotos Cutura Andante) El sábado 30 de noviembre, entre FM De la Calle, el Centro Cultural La Panadería y trabajadorxs de distintas ramas de la cultura, organizamos el encuentro ¡Latinoamérica despierta!

Nos movía el deseo de visibilizar lo que estuvo sucediendo en Nuestramérica durante los meses de octubre y noviembre.

En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas activó sus bases sociales y cuestionó el esquema económico en el marco de los recortes a los subsidios de combustibles que exigía el FMI.

En Chile, el descontento por un aumento del pasaje del metro anunciado por Piñera terminó erosionando el sentido común neoliberal que llevaba treinta años de legitimidad. Las expectativas que la potencia del norte depositaba en el resto de los países de la región de imitar ‘el milagro chileno’ se derrumbaron cuando la sociedad perdió el miedo.

En Bolivia, un golpe de estado de una clase racista y poderosa interrumpió la continuidad del gobierno constitucional de Evo Morales, provocando protestas en varios lugares del país y, la reacción de la derecha con mecanismos de represión.

En Colombia, movilizaciones masivas y tres paros generales en pocas semanas cuestionaron el paquete de medidas neoliberales de Duque.

En Haití, una revolución silenciada está siendo fuertemente reprimida.

Un mapa latinoamericano en movimiento nos interpeló a abandonar el lugar de espectadores detrás de las pantallas y la queja vacía sobre “lo mal que está todo”.

En este sentido, el objetivo del encuentro que organizamos fue pronunciarnos en contra del golpe y las violaciones a los derechos humanos a través de la vivencia de los cuerpos. Tomar los ejemplos de lxs activistas y sectores populares chilenxs que experimentaron intervenciones en la dimensión de lo público. Por eso mismo, el spot que invitaba a la jornada decía,  “apagá la tele y vení a la calle”.

En Bahía Blanca, días antes, la CTA había convocado a una marcha en contra del golpe en Bolivia que contó con la participación de la comunidad boliviana en Bahía Blanca. Y días después, organizaciones políticas y sociales, haciéndose eco de iniciativas similares en otras ciudades del país, conformaron un Comité en solidaridad con Bolivia, Chile y los pueblos latinoamericanos. El encuentro ¡Latinoamérica despierta! fue, de alguna manera, la continuidad de aquella serie de expresiones políticas y callejeras.

FUSIÓN ENTRE ARTE Y POLÍTICA

Armado de gacebo y de mesa con los equipos de la radio. La propuesta de radio abierta consistió en profundizar sobre tres ejes de debate, en vinculación con el escenario del Cono Sur: el rol de los medios de comunicación en el derrocamiento del gobierno de Morales, con Joaquín Baridón y Mariela Dobal; el uso de las religiones en la política estatal a cargo de Aníbal Sicardi y Leticia Batista y; sobre el estado de situación política, económica y social del mapa regional, con los análisis de Francisco Cantamutto y Lucas Castiglioni.

NuevoDrama, Milpuentes, La consentida, UMSur, Demorados, lxs músicxs Alejandro Rodríguez y Marianela Pacheco e integrantes del Taller de composición escénica TM/2museos fueron quienes se acercaron para solidarizarse a través de distintos lenguajes artísticos.

En simultáneo con las presentaciones en escena, se confeccionó entre muchas manos una bandera wiphala,  que luego se colgó a modo de telón de fondo en el escenario. Visibilizar la wiphala, que simboliza la igualdad entre los pueblos, fue un acto político y cultural en tiempos  en donde las derechas eligen quemarlas y reemplazarlas por las banderas de los estados nacionales.

Pareciera que, una vez más, América Latina busca sacudir los viejos modelos liberales y nos deja expectativas de renovación. Procesos de luchas y resistencias como los que estamos viviendo, por más que no devengan en grandes transformaciones, dejan sedimentos, en niveles de organización y conciencia sobre la necesidad de acabar, de una vez por todas, con los privilegios de algunos pocos.

El titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel, compartió con FM De la Calle su experiencia como integrante de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano que viajó días atrás al estado plurinacional.

Describió el clima represivo de la dictadura de Jeanine Añez, la indefensión de las víctimas y sus familias y la persecución a los sectores opositores a los golpistas.

Evalúan presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la justicia de nuestro país.

“El objetivo era entrar y no prenderse en ningún tipo de provocación. Entrar y escuchar a las víctimas. Pudimos encontrar un lugar tranquilo y dedicarles mucho tiempo a los familiares de las víctimas y a todos los que están sufriendo la represión”, relató.

El primer ataque ocurrió al llegar al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra donde un grupo de civiles agredió a la delegación ante la inacción de la policía.

“Era previsible porque hay una intolerancia en la sociedad que apoya al golpe muy grande, hay una venganza, una revancha a todo el proceso que empezó este grupo de pueblos originarios, de movimientos sociales, de equilibrar la balanza y repartir igualitariamente las riquezas”. Luego, el ministro golpista Arturo Murillo les amenazó abiertamente.

“Si a nosotros nos trataron así, no se imaginan lo que están padeciendo los militantes, los dirigentes sociales y de pueblos originarios. Se tienen que mover cada tres o cuatro días a distintos domicilios para que no les pase nada. Les están rompiendo las organizaciones, las están debilitando, es realmente horroroso”, comentó.

Pimentel manifestó que en Argentina “hay una grieta que ojalá empiece a achicarse, pero allá se ha hecho un cráter de una medida tan grande que va a costar muchísimo remontarlo”.

Destacó “el grado de perversidad que hubo en los ataques”. Por ejemplo, en Senkata, “pusieron todas las armas militares en contra del pueblo para cuidar una planta de gas de petróleo, mandaron diez tanques de guerra, dos helicópteros, y desde ahí fue desde donde más dispararon y más mataron. Las heridas mortales fueron todas arriba, en los hombros, en los brazos, la cabeza. Eso da las claras desde donde tiraban. Gente que iba a trabajar, que estaba trabajando, que pasaba por ahí, fue victima de esta locura”.

“Lo grave también es que no tienen un Poder Judicial donde hacer la denuncia. No hay ningún abogado -pero ninguno, eh-, hemos hablado con dirigentes de alto rango del MAS que están escapando antes que los metan presos y no tienen abogados que los defiendan. Todos los abogados de la matrícula en Bolivia, por miedo o vaya a saber qué, no están queriendo tomar casos y representar a las víctimas. Nos pidieron ver de qué manera podemos acompañarlos en la búsqueda de defensa”, afirmó.

El dirigente dijo que están sistematizando el material recogido y avanzar en una denuncia por delitos de lesa humanidad en los tribunales argentinos.

“Hay personas que están heridas y escondidas porque los pueden llegar a meter presos y otros están en hospitales públicos pero a la espera de elementos para la operación. Están como depositados. Por eso vinimos con esa misión de ver como se canaliza a través de Cáritas, ver si Cáritas de Argentina puede hablar con Cáritas de Bolivia y darles una mano hasta tanto el gobierno se haga cargo”.

La delegación comprobó “hechos gravísimos como tener detenidos a menores con problemas de retraso madurativo acusados de sedición, terrorismo y tenencia de arma de guerra porque fueron detenidos por vecinos de un barrio de clases medias altas y, por temor de que les vayan a robar, los vecinos los detuvieron, los ataron con alambre, les pegaron, vino la policía y les plantó todo esto que digo. Fueron llevados presos a un instituto de menores. De esta manera justifican que hay toda una banda de terrorismo que está asolando Bolivia y siguen justificando la represión”.

“Hay personas desaparecidas. La última reunión que tuvimos fue con dirigentes del MAS, le hicimos esa pregunta, nos confirmaron que sí y la otra característica es que hay tanto miedo que no lo han denunciado en ninguna parte. Primero porque no hay quién les tome la denuncia y, segundo, porque hay un temor muy grande de que los salgan a buscar y les pase algo a los familiares”, sostuvo.

Pimentel opinó que en “cualquier escenario que se dé que gane algún sector contrario a esta banda de golpistas delincuentes le va a ser muy difícil gobernar. (…) Y si gana esta gente que ha arrebatado a través de un golpe la vida política de Bolivia creo que el grado de venganza va a ser muy fuerte y van a volver a la política de sometimiento de los sectores más pobres”.

“Eso va a llevar a que los grupos, las organizaciones sociales se endurezcan mucho más y salgan a defenderse y ahí puede producirse una cosa muy compleja, dios quiera que no porque va a costar muchas vidas humanas, ya las está costando”.

En los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando reiteradamente ante la justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas.

Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada.

En varías unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre.

La CPM también reclamó al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari que tome medidas urgentes. El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.

El organismo también reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitas, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.

Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos, en ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.

En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

El testimonio de una persona detenida grafica aún más este padecimiento: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”. La defensoría agrega que todas las personas entrevistadas dijeron tener hambre.

La falta de alimentación y la mala calidad de la comida, combinada con el régimen de vida las graves condiciones de detención, constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuyo consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.

Uno de los imputados que debía ser juzgado en la demorada causa Triple A falleció este fin de semana. Se trata de Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, ex miembro de la custodia del interventor de la UNS Remus Tetu y, luego, del general Adel Vilas.

Chisu había sido detenido por la Policía Federal en mayo de 2015 en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. El juicio por los crímenes de lesa humanidad de la banda paraestatal tiene audiencia programada para el 12 de febrero de 2020 aunque eso no significaría el inicio del debate.

En una etapa procesal anterior de la misma causa está imputado el ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti.

Antes de la detención del represor ahora fallecido, fueron necesarios dos pedidos de pronto despacho de la Fiscalía ante el juez subrogante -hoy fiscal federal- Santiago Ulpiano Martínez para que active la acción penal contra algunos de los responsables de más de una veintena de homicidios de militantes políticos.

Héctor Oscar Chisu integró -al igual que su hermano Miguel Ángel- la “seguridad” del interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, tal como lo indican los testimonios y la documentación entregada por la casa de altos estudios a la justicia federal en abril de 2006.

Durante la dictadura, fue custodio del general Adel Edgardo Vilas, quien fuera segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 51. Además, fue agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de Chisu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por asociación ilícita.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos/as y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los magistrados señalaron que el diputado Rodolfo “Fito” Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.

Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:

1. Marco político y social: golpe de estado y gobierno de facto

1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.
Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.

6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.

2. Violaciones a los Derechos Humanos

Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

Esta delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones:

Masacres perpetradas contra población civil:
Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.

Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.

Desaparición forzada de personas

Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.

Torturas, violaciones y delitos sexuales

Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.

Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares

Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.

Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales

Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales.

Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa

Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.

Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.

Represión de manifestaciones públicas

Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.

Restricción manifiesta de la libertad de prensa

La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.

Promoción del racismo y los discursos de odio

Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.

Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción

Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.

Inacción y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.

Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.

Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales

Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron.

Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.

Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.

En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.

Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.

Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.

La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.

Agustin Lecchi / Agustín Mingorance / Alicia Montoya / Aníbal Rubén Mosquera / Carlos Alfredo Juárez Centeno / Carlos Zaidman / Carolina Palacio / Cristina Vera Livitsanos / Daniel Catalano / Diego Morales / Federico Fagioli / Fernando Rey / Gabriela Carpineti / Gustavo Palmieri / Ignacio Andrés / Ismael Jalil / Iván Wrobel / Juan Grabois / Juan Martín Hissa / Juan Monteverde / Juana Marisa Llanos / Leonardo Pérez Esquivel / Lisandro Ulises Arijon / Luis Arias / Manuel Alejandro Rivero / Marcos Norberto Novo / Marianela Navarro / Mario Andrés López / Martín Miguel Ferrari / Mauricio César Rojas Garrido / Natalia Zaracho / Pablo Garciarena / Pablo Pimentel / Roberto Carlés / Samanta Jimena Delgado / Sandra Carreño / Sergio Job / Sergio Smietniansky / Simeón Darian Casimiro / Victoria Freire

? Desde las 18:30 convocados por el CCultural La Panaderia y FM De la Calle un conjunto de trabajadorxs de la cultura y comunicadorxs organizamos la jornada :

? ! Latinoamérica despierta! – Resistencia cultural CONTRA EL GOLPE DE ESTADO.

Como un espacio de manifestación y construcción de memoria frente al racismo, el colonialismo y el avance de la cultura autoritaria y golpista como está sucediendo en Bolivia. Como también para reivindicar el derecho a la rebeldía de los pueblos.

? Desde las 18:30 se desarrollara una RADIO ABIERTA . ¡Venite con el termo y mate!

? A partir de las 20:00 cortamos la calle y se suman diversas intervenciones culturales hasta la medianoche.

? Si tenes, tráete un pedazo de tela con algunos de los colores de la Whipala, de la suma de retazos confeccionamos la bandera multicolor de los pueblos originarios.

#LatinoamericaDespierta
#AbajoelGolpeenBolivia

El Juzgado Federal N° 1 amplió las imputaciones contra 25 acusados por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Uno de los tres fallos refiere a la violencia sexual ejercida sobre las mujeres en los lugares de cautiverio por parte de 15 militares.

En la causa se investigan crímenes cometidos por el Comando V Cuerpo de Ejército y/o las unidades militares, policiales y de seguridad bajo su control. La Fiscalía apeló parcialmente las sentencias por no haberse aceptado el pedido de prisión preventiva para los represores.

Los procesamientos se suman a los del oficial médico del Hospital Militar de Evacuaciones 181 Humberto Luis Fortunato Adalberti, por el secuestro agravado y los tormentos agravados en perjuicio de Mario Orlando Dalhoff, la ampiación del procesamiento del enfermero militar Adalberto Osvaldo Bonini por el secuestro agravado y los tormentos agravados de los que fue víctima Alicia Mabel Partnoy.

En el marco de la misma investigación se espera que el tribunal oral fije fecha de inicio a un nuevo debate oral. Será el juicio más grande que se haya realizado en Bahía Blanca con 46 imputados (15 de los cuales serán juzgados por primera vez), 231 víctimas (77 de las cuales llegan por primera vez a juicio) y –por el momento– más de doscientos nuevos testigos.

Los fallos

El 4 de noviembre el Juzgado amplió el procesamiento de Osvaldo Bernardino
Páez, Guillermo Julio González Chipont, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Osvaldo Lucio Sierra, Víctor Raúl Aguirre, Alejandro Osvaldo Marjanov, Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Raúl Esteban Andrés, Vicente Alfredo Flores, Enrique Stel y Eduardo Carlos Videla en relación a los abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos mujeres mantenidas en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181, una de ellas víctima de violación.

La Fiscalía informó que la acusación por el secuestro y los tormentos de ambas víctimas será analizada en el próximo juicio de la causa Ejército.

El 11 de noviembre un nuevo fallo amplió el procesamiento de 18 imputados en relación a hechos sufridos por tres víctimas. Por el homicidio bajo modalidad de desaparición forzada de Manuel Alberto Ruzo fue procesado Ricardo Claudio Gandolfo. Y respecto al homicidio agravado de Pedro Benigno Gutiérrez resultaron procesados Jorge Aníbal Masson, Mario Alberto Casela, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre y Enrique José Del Pino.

Igual medida se dictó en relación al secuestro agravado y las torturas agravadas sufridas por María Eugenia Flores Riquelme respecto a Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul y Héctor Luis Selaya.

Por el último, el miércoles pasado, el Juzgado dispuso ampliar el procesamiento de Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre por los secuestros agravados y las torturas agravadas cometidas en perjuicio de Carlos Gustavo Domínguez y Marina Marcela Herrero; así como el procesamiento de Jorge Horacio Granada y Guillermo Julio González Chipont por el caso de Herrero.

El traslado de jóvenes alojados en centros cerrados bajo la órbita del Organismo de Niñez y Adolescencia provincial sólo puede realizarse con orden judicial. Sin embargo, sus funcionarios no respetan esta normativa.

Recientemente, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Bahía Blanca puso en conocimiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) un caso de extrema gravedad de un joven que fue víctima de violencia luego de ser trasladado de manera ilegal.

“Este caso fue muy simbólico porque el joven sufrió torturas, golpes y abusos al ser trasladado a La Plata. Ellos consideran que tienen estas atribuciones de hacer traslados sin aval judicial. A veces no son detectables pero como sufrió estas torturas el defensor se anotició que no había sido requerido el aval”, dijo Marcelo Iafolla a FM De la Calle.

La CPM pidió la intervención de la Suprema Corte para requerir que se cumpla la autorización judicial previa.

Iafolla, director de Niñez de la Comisión, comentó que “cuando este joven manifiesta lo ocurrido, se tomó la decisión de sacarlo de ese centro, se impuso el arresto domiciliario para sacarlo del circuito de encierro. Ahí está la otra parte que es el deber de cuidado que debe tener el Organismos de Niñez que es lo que estamos planteando, ellos deben cuidarlo”.

Para la CPM, el hecho es la constatación de las graves consecuencias que generan decisiones arbitrarias e irregulares por parte de los funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

“Como está estructurado el Sistema Penal Juvenil lo que han creado son cárceles para jóvenes. La estructura de adultos se replica: hacinamiento, mala alimentación, ausencia de ámbitos educativos, atención de la salud muy precaria. Se piensa en niños y jóvenes como con los adultos no respetando la Ley del Sistema Penal Juvenil que habla de mínima intervención penal y de mucha intervención del sistema de promoción de derechos”, concluyó Iafolla.

Este viernes se señalizará el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Base de Infantería de Marina Baterías durante el Terrorismo de Estado (1976/1983).

La actividad impulsada por el Movimiento por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Punta Alta es parte del trabajo de la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La señalización surge de la sentencia del Juicio Armada I. “No fue fácil, hemos tenido muchas trabas, pensamos que mañana va a terminar todo bien. Se hizo tiempo atrás una en el cruce de Arroyo Pareja y Baterías, esta vez es dentro de la Base, en el Puesto 83, 15 kilómetros adentro en la propia Batería Séptima que es donde estuvo el campo de concentración”, dijo Julio Aparicio a FM De la Calle.

Comentó que “siempre hubo obstáculos de parte de la Armada, de parte del Ministerio de Defensa, lo fueron pateando, salió y dijimos este es el momento. Queremos cumplir con la sentencia y fundamentalmente con los familiares y las víctimas.

Mañana, a las 10:30 se encontrarán en Primera Junta y el camino hacia Arroyo Pareja para ingresar luego a la Base. “Es dentro de la zona reservada, hay muchos requisitos que cumplir”.

MoVeJuPA celebró esta semana sus nueve años de vida. “En Punta Alta es complicado, somos el único movimiento de derechos humanos, estamos rodeados por la Base, las políticas que bajan también a la ciudadanía, siempre hemos apuntado a más, seguimos trabajando en todo tipo de derechos, al trabajo, la salud, la vivienda y por supuesto para lo que nos conformamos que es acompañar los juicios”.

Consultado por la sentencia del Juicio Armada II, Aparicio afirmó que se quedaron con una sensación “malísima, es la repetición de lo que veníamos viendo en otros juicios. No estuvieron los jueces a la altura de la circunstancia, fue un fracaso y un manoseo, en la predisposición de la justicia, hacia los testigos y familiares, dejó mucho que desear”.

Foto: H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

Este sábado desde las 15 se realizará en Plaza Rivadavia la décima edición del Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas, Niños Y Niñes.

Patricia Daucksycs adelantó a FM De la Calle que “la idea es similar al resto de los que se realizaron los años anteriores con una apertura a las 17 con Desbandadas. Después va a haber poesía, un grupo de folclórica femenina, bandas locales, teatro, esculturas, estatuas vivientes, mural en vivo con la Campaña por el Derecho al Aborto y las Socorristas en Red”.

“Es importante visibilizar a través del arte la lucha de las mujeres en la calle y los femicidios. Pensamos que hacerlo público tiene un mayor impacto, vemos al arte como una forma de expresión para mostrar que a pesar de estas situaciones de violencia hacia las mujeres, niñas y niños, seguimos más vivas que nunca”, agregó.

Daucksycs destacó que “a la plaza se acercan muchas compañeras que han sufrido estas situaciones. Queremos acompañarlas, cuesta mucho hacer este evento, tenemos muy poco apoyo del municipio, (el titular del Instituto Cultural Ricardo) Margo no ha dejado de invisibilizarnos como grupos de arte y lo hacemos a pulmón y con mucha alegría”.

El encuentro se financia en parte con fondos del Consejo Cultural Consultivo mediante la aplicación de la Ordenanza de Eventos Permanentes. “Margo se jubila, esperemos que la persona que pongan piense en las políticas públicas y apoye estos eventos que son importantes para todos y todas”, afirmó.