Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la restitución del nieto 119. “Hoy, nuestro nieto se encontró por primera vez con su madre y este es un hecho extraordinario que queremos celebrar. Se trata de la quinta mamá que pudo recuperar a su hijo apropiado por la dictadura”, dijeron las Abuelas.

Durante la habitual conferencia de prensa posterior a cada restitución de la identidad, la presidenta del organismo Estela de Carlotto, afirmó que “durante estos últimos años se han ido consolidando la Memoria, la Verdad y la Justicia como pilares irrenunciables para la sociedad. Hoy, que desde algunos sectores políticos, mediáticos y judiciales se intenta dar voz a la idea de reconciliación, se evidencia una vez más la necesidad de profundizar las investigaciones”.

“Aún hay desaparecidos con vida y graves delitos por juzgar. Reivindicamos la valentía de Sara en la búsqueda de su hijo y la acompañamos en la alegría de este encuentro. Por todos los nietos y nietas que desconocen su verdadero origen, por todas las víctimas que aún no alcanzaron justicia y para que estos crímenes nunca más se repitan, no permitiremos dar ni un paso atrás”, agregó.

Sara (cuyo apellido mantuvieron en reserva) nació el 25 de enero de 1956 en Tucumán. En 1975, trabajaba en un hotel de la capital de esa provincia, donde vivía junto a sus dos hijas, de 3 años y de un año. En julio, al regresar del trabajo por la madrugada, fue interceptada por un auto en la puerta de su vivienda. La llevaron a una comisaría, luego a la Jefatura de la Policía provincial y posteriormente a la Cárcel de Villa Urquiza, en donde permaneció en calidad de detenida-desaparecida y dio a luz en cautiverio, en la misma cárcel, entre mayo y junio de 1976.

El bebé le fue arrebatado inmediatamente por un enfermero y Sara jamás lo volvió a ver. Fue liberada en noviembre de 1976 a la vera de un cañaveral, y desde ese sitio caminó hasta el Hospital del Carmen en donde permaneció internada hasta que pudo volver a su casa.

Sara vivió atemorizada por el martirio que le tocó vivir. Treinta años más tarde, a través de una persona conocida y acompañada por la agrupación H.I.J.O.S, se puso en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, en 2004. En 2006 se contactó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y allí tomó intervención la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Este organismo abrió un legajo de investigación y en septiembre de 2007 su sangre fue ingresada al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) con la esperanza de dar con el paradero de su hijo.

Mientras tanto, el joven fue haciendo su propia búsqueda. Desde muy chico sospechaba que no era hijo de quienes lo criaron y si bien a él nunca le confirmaron esta duda, personas de su entorno sí conocían su situación. Inscripto como nacido en 1977 en una localidad de la provincia de Santa Fe -donde se crió-, sus dudas fueron creciendo con el tiempo.

En febrero de este año, se animó a presentarse en la filial de Abuelas de Rosario, se le brindó la contención y el acompañamiento que se ofrece a todos los que se acercan para averiguar su origen, y se derivó su caso a la CONADI. En agosto se cursó el pedido al BNDG para que se le efectúe la extracción de sangre y, el 19 de noviembre último, se informó el resultado del entrecruzamiento, que confirmó que es hijo de Sara.

“A pesar de las condiciones extremas en las que lo gestó y alumbró, Sara siempre consideró como su hijo a ese bebé que le arrebataron, al que no llegó a conocer pero escuchó llorar segundos después de parir. Ese bebé en su vientre, al que ‘ahijó’ durante su detención y también después, a quien imaginó como un varón toda su vida, al que buscó primero en soledad y luego con el apoyo del Estado, hoy conoce la verdad”, manifestaron las Abuelas.

Mario Bravo vive en la localidad santafesina de Las Rosas y calificó el encuentro con su madre como “muy emotivo” al señalar que siempre creía que estas historias “le pasaban a otro” pero ahora le pasa a él. “Hay que tomar la posta por otros, porque lamentablemente hay nietos que faltan y esto (por las emociones que le produjo haber recuperado su verdadera identidad) da ganas que lo sienta mucha gente más”, sostuvo.

Resaltó la necesidad de transmitirle a quienes tienen dudas sobre sus orígenes, la idea de que del otro lado “te buscan y que faltaste en una familia durante muchos años”. Con respecto a sus padres de crianza contó que “ya no están” y relató que su mujer y sus amigos lo impulsaron y acompañaron a comenzar con la búsqueda de su identidad, hecho que se le despertó con más fuerza cuando se convirtió en padre.

Dos de lxs cinco nietxs restituidos que pudieron abrazar a sus madres son lxs hermanxs Gatica Caracoche. Su papá Juan Oscar Gatica fue secuestrado en Bahía Blanca y declaró en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad. Escuchá la entrevista con El Juicio desde la Calle:

(Por Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti) La renuncia del juez Ramos Padilla al cargo que subroga en el Juzgado Federal Nº1, fundada en el estado de la justicia bahiense y las incontables trabas que ha encontrado en su gestión, nos lleva a reflexionar sobre quien ha sido el mentor principal de este estado de cosas: Nestor Montezanti, presidente de la Cámara Federal en el momento en que fue suspendido para ser sometido a Juicio Político por el Consejo de la Magistratura. Esta decisión fue adoptada con los votos de kirchneristas, radicales y representantes de jueces y abogados, por lo que queda deslegitimada su postura de “víctima” de una campaña del oficialismo.

Con posterioridad a la resolución del Consejo de la Magistratura, asistimos a un embate mediático del ex PCI Néstor Montezanti para mostrarse como un “perseguido político” del gobierno, intentando frenar su definitiva destitución.

Desde las páginas del diario de los Massot insistió en negar su documentada participación como personal civil de inteligencia de la dictadura. Afirmando que “el sistema de justicia ha traicionado todos los principios”, arremete contra el juez Ramos Padilla que lo convocó en cuatro oportunidades a declaración indagatoria en la causa Triple A.

Una campaña en el portal “change.org”, promovida por el médico bahiense Juan Sebastián Soler y dirigida al Consejo de la Magistratura que, con el título “No destituyan al juez Montezanti”, lo presenta como un adalid “implacable con el narcotrafico, la trata de personas y la delincuencia”, afirmando que su potencial intervención en el caso Suris es la razón por la que el oficialismo pretende separarlo de su cargo de conjuez de la Cámara Federal. Al decir del dr. Soler: “Ahora van por Montezanti, para encubrir una red de empresas, intereses y relaciones vinculadas al lavado de dinero, evasión impositiva y corrupción y designar nuevos jueces con la mayoría automática del Consejo de la Magistratura”.

Argumentos similares esgrime el periodista Luis Novaresio en una nota del portal “infobae.com” de fecha 18 de noviembre. Con el titulo “Juez Montezanti: Soy un perseguido político de este gobierno” le da la palabra al “juez platense” (sic) para que pueda expresarse: “Siento desprecio por quienes inventaron las acusaciones. Han atropellado todo vestigio de división de poderes y, lo que es peor, han cruzado la línea de la dignidad”.

El vergonzoso editorial de La Nación del día posterior al ballotage, que con el título “No más venganza” reivindica “el terrorismo de Estado” que aplastaba con su “poder de fuego” a miles de militantes sociales y políticos y dedica un párrafo al exPCI: “También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.

En todos los casos se repite el mismo argumento falaz. Lo cierto es que el único fallo en el que Montezanti se ocupa de la “corrupción” en el poder es para liberar al intendente y al jefe de policía de Lonquimay (La Pampa), Luis Enrique Rogers y Carlos Adrián Alanis, procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por la Jueza Federal Iara Silvestre.

El juez Alejo Ramos Padilla presentó su renuncia “indeclinable” como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de nuestra ciudad a partir el 31 de diciembre. Lo hizo en carta dirigída al camarista Pablo Candisano Mera por la pérdida de “legitimidad” que le significó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias por parte de la Corte Suprema.

“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, como jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino. He visto cómo jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política. Son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio a la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, afirmó.

El magistrado que, entre otras causas, llevaba adelante la investigación de crímenes cometidos por la Triple A en la cual declaró en rebeldía al suspendido presidente de la Cámara Federal, Néstor Montezanti, mencionó el enorme desgaste y cansancio personal” que le originó reorganizar el caótico panorama que dejó su antecesor Santiago Ulpiano Martínez y se quejó por la falta de recursos y personal. Padilla se enfocará así en su cargo como titular del juzgado de Dolores que “en los próximos meses de verano debe atender sus mayores demandas”.

El renunciante escribió que asumió en nuestra ciudad “de acuerdo a la ley, por expreso mandato del Consejo de la Magistratura. Desde hace años me desempeño como titular del Juzgado Federal de Dolores en la vecina jurisdicción de Mar del Plata -cargo al accedí mediante concurso público y previo acuerdo del Senado de la Nación-. Esta subrogancia -que no implica mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía, la acepté en la creencia que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca y con la legitimidad de haber sido designado por el órgano específico en la ley y la Constitución”.

Recordó “la grave afectación al servicio de justicia, numerosos atrasos e irregularidades jurisdiccionales y administrativas” oportunamente informados a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Comisión Interpoderes y la Cámara de Apelaciones.

Padilla detalló que para cambiar dicho panorama “se realizaron, con pocos recursos, esfuerzos extraordinarios que implicaron en lo personal atender dos juzgados federales a más de 700 km de distancia”, “soportar largas jornadas laborales que se extendieron entre 12 y 16 horas diarias -incluso los sábados, domingos y durante la feria de invierno-” que le generaron “un enorme desgaste y cansancio personal”.

Al momento de balancear lo realizado, destacó que “se regularizó la situación de los detenidos que llevaban meses sin ser indagados; se resolvió la situación de decenas de detenidos que desde años estaban a la espera de una resolución; se regularizó la situación de las prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo de la Magistratura; se atendieron las quejas por retardo de justicia; se procedió a la quema de material estupefaciente que se encontraba disperso y sin siquiera cumplir las condiciones mínimas de seguridad y custodia (incluso a la intemperie, esto es en la terraza del juzgado); y se dispuso la adecuada custodia de más de medio centenar de armas y la destrucción del material explosivo que estaba en condiciones de estallar y en el ámbito de la propia Secretaría”.

Además, el magistrado reseñó que durante su subrogancia “se corrigieron inconsistencias en los registros (no existía información sobre la cantidad de personas detenidas, ni tampoco certeza sobre dónde se encontraban alojadas); se llevaron adelante allanamientos y se les quitó las armas que los detenidos tenían en sus domicilios -15 casos-; se implementó un control sobre los detenidos y se regularizó el alojamiento de los detenidos de lesa humanidad (alojados en dependencias policiales y en contravención con las disposiciones del Ministerio)”.

“Se comenzaron a superar los atrasos generalizados en todas las secretarías, los conflictos internos, administrativos y laborales entre los distintos funcionarios; se comenzó a capacitar al personal; se impulsó la formación de un seminario administrativo para que se analice la responsabilidad del ex juez subrogante y del secretario de Derechos Humanos (NdR: Mario Fernández Moreno); por primera vez se avanzó en la investigación de la organización paraestatal Triple A y se dictó procesamiento de muchos de sus integrantes; se dictaron numerosos autos de mérito en causas de lesa humanidad”. En otro orden, “se comenzó un proceso para regularizar los más de 150 reclamos de ciudadanías que se encontraban demorados, otorgándose aproximadamente el 50 por ciento de los reclamos”.

La decisión de apartarse del cargo es consecuencia de la resolución de la Corte Suprema que el 4 de noviembre declaró inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y si bien Ramos Padilla aseguró no compartir sus consideraciones ni su oportunidad se ajustó al fallo y señaló que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’ ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’ y ponernos fecha de vencimiento -tres meses-, se puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un juez”.

Otro hito en la historia regional marcó esta tarde el tribunal oral bahiense al condenar a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Son miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial que cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “en el plazo de diez días, el diario LaNueva. de esta ciudad (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky y Adriana Metz, quien volvió a gritar por su hermano apropiado.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “tenga a bien efectuar las medidas a su alcance para que en el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías sea estatuido como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado” y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados durante este debate”.

Las penas deberán ser cumplidas en “prisiones federales comunes” luego de evaluarse el estado de salud de cada uno de los condenados, cuyas bajas de las fuerzas armadas y de seguridad a las que pertenecen fueron solicitadas a las autoridades correspondientes.

Recibieron penas de prisión perpetua: el ex comandante de Infantería de Marina y de la Fuerza de Tareas Nº9 Eduardo René Fracassi; el ex miembro del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº1 Luis Alberto Pablo Pons; el ex jefe de Contrainteligencia del Departamento de Operaciones de la Base Baterías Enrique de León; Oscar Alfredo Castro, ex comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA) y de la Fuerza de Tareas Nº2; Alberto Gerardo Pazos, ex jefe de Operaciones e Inteligencia de la FAPA; Edmundo Oscar Núñez, quien  fuera jefe de la Base Puerto Belgrano y la FAPA.

Matías Russin, muestra la foto de su padre desaparecido a los represores.

También recibieron la pena máxima: José Luis Ripa, ex jefe de Seguridad de Puerto Belgrano; Tomás Hermógenes Carrizo, jefe de Contrainteligencia y del Registro Civil de Puerto Belgrano y jefe militar del Barrio Puerto Rosales; Leandro Marcelo Maloberti, responsable de Contrainteligencia de Puerto Belgrano y de la Policía de Establecimientos Navales; Manuel Martínez Loydi, ex jefe de las secciones Informaciones e Investigaciones de Prefectura Zona Atlántico Norte; los prefectos Néstor Alberto Nougués y Luis Ángel Bustos; el ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército, Carlos Andrés Sricker, y los oficiales de dicha unidad Oscar Raúl Otero y Guillermo Julio González Chipont; y los ex guardias del centro clandestino La Escuelita, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala y Raúl Artemio Domínguez.

todos adentro efemedelacalleEl prefecto Pedro Alberto Pila fue condenado a 18 años de cárcel; y ocho recibieron como pena el ex jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya, el ex jefe de sección del Batallón 181, Alejandro Lawless, y el policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman.

Los represores condenados fueron absueltos, al mismo tiempo, en varias imputaciones por distintos motivos y en particular fue rechazada la acusación de haber integrado una asociación ilícita, reprochada a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Selaya y Stricker. Los fundamentos del veredicto -que puede leerse aquí– deberán difundirse antes del 1 de marzo de 2016.

(Por José Schulman*) En tanto proceso de resignificación de la historia reciente, y por ello de diagnóstico eficaz sobre las causas de la tragedia que ha sufrido nuestro pueblo y de sus largas consecuencias en todos los planos de la vida social, la memoria siempre es materia de disputas y de enconadas batallas por su dominio.

Lo fue en los días del genocidio, durante los largos años de dura impunidad, aún durante estos años de avances significativos en Memoria, Verdad y Justicia y no hay ninguna duda que será uno de los espacios importantes de disputa en el periodo de gobierno que se abre en Argentina.

Hace unos días un grupo de dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre al llamar a cerrar el paso de Macri, decíamos: no somos indiferentes ante el peligro de una derecha explicita y amiga de los genocidas; por ello vamos a luchar contra el ascenso de Macri y de todos sus cómplices (que ya ganaron varias provincias) que han dicho que los derechos humanos son un curro y llamado a terminar con la “revancha”.

El macrismo no oculta sus relaciones con los nostálgicos del Terrorismo de Estado, los que insistirán en clausurar los juicios y obturar la memoria sobre todo ahora que estamos llegando a poner en el banquillo de los acusados a los empresarios y directorios de las Multinacionales que –articulados por el gobierno de los EE.UU., su Comando Sur y sus estrategias de contrainsurgencia aplicadas en toda Nuestra América-gestaron el Genocidio y sueñan con volver a ser únicos amos y señores de nuestras riquezas y soberanía. Por eso defenderemos los juicios y los espacios de memoria conquistados, no porque los idealicemos sino porque son la plataforma para construir una identidad nacional que se vincule a los sueños incumplidos de nuestros treinta mil. Porque cada condena les duele y cada nieto recuperado dice más sobre la historia reciente que las mil mentiras de los represores y sus escribas.

Aún antes del acto electoral grupos de acción que actúan encubiertos agraviaron sitios de memoria como Mansión Seré y la ESMA mientras algunos condenados como el ex Juez Federal Víctor Brusa provocaba pidiendo fiscalizar para Macri (a sabiendas que su condición de condenado se lo impedía) y no pasaron más de 24 horas para que La Nación presente su proclama de impunidad, la misma que ha sostenido todos estos años con una coherencia y constancia digna de mejor causa pero ahora potenciada por dos hechos: uno es más que obvio, el resultado electoral envalentona a todo el espacio comprometido con la impunidad para los represores pero aún más con los empresarios, políticos, intelectuales y religiosos que fueron parte orgánica y fundamental del Genocidio y la otra es el “mensaje” que el Papa Francisco envía por medio de Graciela Fernández Meijide (la misma que cuestiona la cifra de desaparecidos en la Argentina y clama por la reconciliación sin verdad ni justicia): “hay que curar las heridas pero sin dejar de mirar las cicatrices” habría dicho Francisco para luego completar con “el que está probado que cometió crímenes tiene que cumplir su condena”. Al mismo tiempo expresa su enorme preocupación por aquellas personas detenidas por delitos de lesa humanidad que pasan muchos años de prisión sin procesos ni condenas. Todas las herramientas que posee el Código Procesal, explica, deben ser cumplidas estrictamente para evitar cualquier tipo de tentación de venganza.”

Conviene recordar que en el 2013 según publicó Infojus el 21/8/13, Ricardo López Murphy “habló en una reunión de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. El ex ministro de Economía y Defensa de De la Rúa afirmó que entre 1976 y 1983 “hubo una guerra” y aconsejó a los familiares de represores que soliciten el arresto domiciliario de los condenados, para eludir la prisión. Organismos de DD.HH. repudiaron sus dichos”.

Y conviene asumir que dicha estrategia se viene aplicando con buenos resultados para la impunidad, según un informe reciente del Ministerio Publico: entre 2006 y la actualidad fueron imputadas 2166 personas. De todas ellas, 1065 están detenidas (49 por ciento), 753 está en libertad (35 por ciento), 59 están prófugas (3 por ciento), y los fallecidos suman 280 (13 por ciento, de los cuales 227 fallecieron impunes). En nueve casos no hay datos. Entre los detenidos, 587 están alojados en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 7 en hospitales y sobre 17 no hay datos.

O sea, sobre 2166 imputados (es decir que se consideró que había suficiente prueba sobre su compromiso con el Genocidio para que haya investigación judicial y más que probable juicio oral, solo 587 están presos y buena parte de ellos en el pabellón de Marcos Paz, que algunos consideran un lugar de privilegio. O sea, solo un 27% de los imputados (algunos ya están procesados, juzgados y condenados más de una vez) no está libre, en su casa o en unidad hospitalaria o militar.

Esta estrategia de impunidad en marcha cuenta con el acuerdo de la Corte Suprema y su presidente Lorenzetti que se ha transformado en un referente enorme de la derecha liberal y pro yanqui que se referencia en Macri y sus amigos. Las referencias de La Nación a Montezanti y Hooft muestran lo que les duele el avance de nuestra lucha contra la derecha fascista anidada en el Poder Judicial desde los años del Terrorismo de Estado del que formaron parte orgánica e importante.

Una vez más reivindicamos el rol jugado por nuestros compañeros de Bahía Blanca en hacer visible, acusar y sostener la batalla contra la impunidad de Montezanti, batalla que no abandonaremos hasta verlo fuera de la Universidad del Sur, del Poder Judicial y entre rejas.

La memoria está en disputa y la disputa crecerá en estos meses y años, pero conviene partir de la realidad para librar la batalla en forma, y ganarla. Porque más de una vez la derecha ha utilizado la estrategia del tero: pone el grito en un lado y el huevo en otro. Aunque en estos días es razonable pensar que gritarán mucho y pondrán muchos huevos.

La respuesta de los trabajadores periodistas y gráficos del Diario La Nación es ejemplar, estimulante y muestra que el campo de los que no estamos dispuestos a regalar nada es muy amplio y diverso, como plural ha sido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En aras de esa pluralidad, en los días que restan del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Daniel Scioli es pertinente que el movimiento de derechos humanos reclame la anulación de algunos instrumentos legales y jurídicos, que en manos del gobierno de Macri, Vidal, Larreta, De la Sota y quienes los apoyan/presionan como los grupos económicos y los medios de comunicación, auspiciados todos por la Embajada de los EEUU, pueden ser de enorme peligro para los derechos humanos y la democracia.

A mero listado tentativo proponemos la derogación de las leyes antiterroristas (tuvo varias versiones, hay que derogar todas ellas), la desmilitarización del Servicio Penitenciario Federal y la disolución de todas las policías locales (incluyendo la Metropolitana) que ampliaron al extremo la peligrosidad de la Bonaerense o duplicaron la Federal en la ciudad autónoma, la puesta en marcha del Instrumento de aplicación de la Convención contra la Tortura, la transformación de todos los espacios de memoria en Espacios de gestión pública (no meramente gubernamental) con autonomía política y autarquía administrativa siguiendo el camino recorrido por el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que articulaba organismos de derechos humanos con representantes estatales de modo tal que nadie pueda ignorar la lucha histórica por Verdad Memoria y Justicia de los organismos, las víctimas, los familiares y el movimiento popular.

Sabemos que hay muchas más medidas que se podrían tomar (para limitar la tortura y el gatillo fácil, el poder de la corporación judicial y las mafias entrelazadas con las policías, o terminar con los Servicios de Espionaje o los acuerdos militares con Israel) pero insistimos en que lo nuestro es más una propuesta de acción para el movimiento popular que un listado riguroso de medidas a tomar antes del 10 de diciembre.

Y también sabemos que habrá los que dirán que ya es tarde o inútil.

Son los mismos que sostuvieron el límite de lo posible como marco de toda su actuación en estos años. Lo real es que lo posible se fue reduciendo tanto que llegamos a este punto que nadie imaginaba.

Es hora de volver a pedir lo imposible para luchar por lo legítimo.

Por la verdad, la memoria y la justicia para todas y todos los víctimas de crímenes de Estado de ayer y de hoy.

Y por todos los derechos para todos. Que es lo menos que nos merecemos.

*Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Fue contundente el repudio recibido por el diario La Nación tras la publicación de la editorial “No más venganza” en la cual sus directivos le exigen al nuevo gobierno “terminar con las mentiras sobre los años 70” y reivindican la teoría de los dos demonios con el mismo lenguaje de las acciones psicológicas desplegadas durante el terrorismo de Estado.

“Acá no se está pidiendo venganza, la venganza es cuando a mí me matan a un hijo voy y mato al hijo del agresor o le robo al nieto. Acá hay cuarenta años de pedido de justicia, de memoria y de verdad. La verdad nos hace libres y la justicia nos da paz. Hay que sanar el tejido social con la justicia, que todos los familiares de desaparecidos tengan un lugar dónde ir y honrar a su muerto, de llevarle una flor, de saber dónde están. Que todos los jóvenes que hoy andan por el mundo sin saber su identidad, por qué tienen ese color de ojos, ese color de pelo, dónde está su familia, dónde está su abuelo que se parecía físicamente a él, ese abuelo que quiere ver a su nieto, todo eso trasciende cualquier concepto y todo lo que sucede en un país, va más allá de una medida económica, de una situación política social, es un derecho humano”, dijo a FM De la Calle Gladys Brotzman, trabajadora del diario.

Las Comisiones Internas de Prensa y Gráficos y Trabajadores de La Nación S.A. emitieron un comunicado diciendo “SI a la DEMOCRACIA, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad” y “NO al OLVIDO”. La periodista aseguró que en la asamblea “se veía la indignación y el repudio, la bronca y el dolor también porque nosotros tenemos cinco desaparecidos trabajadores de prensa, quizás esto no se conoce totalmente, tenemos al matrimonio Marín, el compañero Seiger, cinco o seis compañeros que han desaparecido en la dictadura y que de alguna manera, por ciertas cuestiones de la vida, como que estuvieron presentes nuevamente entre nosotros porque cada vez que salimos en defensa de los derechos los volvemos a revivir”.

Brotzman afirmó que “todas las redacciones generalmente son muy calientes y más en un día como este de una elección presidencial. La conmoción comenzó desde temprano, a partir de la publicación de esta editorial que quisiera aclararle a la audiencia qué es una editorial. Hay una gran confusión en relación a quién escribió eso. Lo escribió La Nación S.A., es el andamiaje ideológico que el diario tiene y en el día de ayer los periodistas justamente querían despegarse, había una gran ansiedad por parte de los trabajadores periodistas por manifestar que no estaban de acuerdo con estos conceptos”.

“Mucha indignación y después, a lo largo del día, cuando ya las redes sociales comenzaron a activarse más, confluyó todo en una gran asamblea donde participó todo el mundo realmente, inclusive parecía algo increíble porque hasta el CEO de la empresa bajó a hablar en la asamblea y manifestó los mismos conceptos de que no todo el mundo estaba de acuerdo. En el medio de la asamblea nos llegó el comunicado de Madres de Plaza de Mayo que fue contenedor, abrazador, como todos los de las Madres, confluyó en un gran aplauso y después subimos al segundo piso, llamamos a todos los trabajadores, en esa foto no solo están los periodistas sino también trabajadores administrativos, de sistemas, gráficos, que dieron su solidaridad”, comentó.

Finalmente recordó que “estamos habituados los trabajadores de La Nación a tener que salir a defender nuestra posición. En el primer gobierno de Kirchner, al otro día de haber asumido, Claudio Escribano saca un comunicado, una nota, diciendo que debería el gobierno tener alineación directa con Estados Unidos. En la mitad del gobierno de Cristina, hay una solicitada donde compara al gobierno de Cristina con el nazismo. Entonces, en esos dos episodios los trabajadores de La Nación tuvimos que salir a emitir un comunicado y repudiar los conceptos”.

El comunicado:

LOS TRABAJADORES DEL DIARIO LA NACION REPUDIAMOS AL EDITORIAL CONTRA LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Los trabajadores de La Nación S. A. le decimos NO al editorial que, con el título “No más venganza” se publicó hoy, lunes 23 de noviembre de 2015, en la página 32 del diario.

Quienes trabajamos en el diario La Nación, en las revistas que edita la empresa, en las versiones online de todos los productos periodísticos, entendemos que la vida democrática implica la convivencia de distintas ideas, proyectos e identidades políticas. Convivimos entre estas paredes trabajadores que expresamos esa diversidad y desde nuestras diferencias construimos un sentido común.

Desde esa diversidad rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una “cultura de la venganza”.

Los trabajadores del diario La Nación decimos SI a la DEMOCRACIA, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos NO al OLVIDO.

Por MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.

Trabajadores de La Nación S. A.

Comisiones Internas de Prensa y Gráficos.

Este viernes 27 de noviembre desde las 15 se llevará a cabo un Festival por el Derecho a la Salud Mental. Será en la Plaza Rivadavia y habrá jornadas de reflexión y actividades artísticas.

“Es un tema que cada vez afecta a más número de población. En todas las familias nos sucede que hay algún problema o bien entrada la mayoría de edad o la vejez. O personas jóvenes. Es algo que no distingue ni clase, ni edad. Puede afectar a cualquier persona”, dijo a FM De la Calle Ramiro Ravasi, organizador de la jornada.

“Es importante concientizar sobre medios preventivos, sobre el cuidado y los dispositivos que están a disposición para esta problemática y sobre lo que hace falta seguir profundizando y trabajando”, agregó.

El 2 de diciembre de 2010 fue promulgada la Ley de Salud Mental. La misma tiene por objeto “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Desde distintos sectores se dio la pelea por la desmanicomialización. Ahora que la ley está vigente, no se instrumentan todos los estamentos que la normativa prevé. “La nueva ley propone que se arme un organismo que regule un órgano de revisión. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, este organismo no está pudiendo funcionar porque el gobierno de la ciudad lo llevó a juicio y prohíbe la implementación del órgano de revisión. Sabemos que hace un año murió un chico de 20 años por seguir aplicándose una terapia de electroshock en el Borda”, explicó.

Escuchá la nota completa:

Grilla de actividades

15hs – Debate Público

– Disertan:

Sandra Uicich: Filósofa

Silvina Evangelista: Filósofa

Jorge Moyano: Trabajador Social

Raúl Ayude: Político

María Teresa “Cuqui” Altfater: Enfermera

Viviana Randazzo: Bioquímica

Horacio Wild: Psicoanalísta (http://www.realbahiablanca.org/)

Walter Alejandro Bascuas es Coordinador Voluntario del proyecto “Sembrando Vida” de la huerta del Borda.

Y todo aquel que desee aportar desde su experiencia o conocimiento.

– Para niñas, niños y no tanto

Clase abierta de Expresión Corporal y Sonido con Jezabel Tiziana de los Santos

Dibujo y pintura.

(Se aportarán materiales para que el que quiera pueda expresarse libremente con la temática que nos cvonvoca.)

Participan:

– Artes Plásticas:

Mabel Lemonnier: Acción Plástica en Vivo.

Agustín Eduardo Rodríguez: Dibujo

Guillermina Prado: Escultura “Mujer con Paraguas”

Olga Corrales: Escultura

Juan Ignacio Valenzuela: Dos Esculturas de la serie – “Vacíos Habitados”

Ana Carla Moreno y Mariel Mateu: Intervención Artística – “Bien-estar”

Paula Katzen Gpug: Intervención Artística –

Verónica Mollica: Intervención Artística

Carmen Lombardich: Instalación Interactiva – “La ultima lectura”

María Carla Rodríguez: Intervención Artística -Serie “Reivindicando Monstros”

Jorge Moyano: Instalación de la serie “Dispositivos Manicomiales”

Majo Petrosino:

Claudia Mariela Pappalardo: Maquillaje y Body Painting en Vivo.

– Música – Literatura – Danza – Teatro – Acción Artística – Música Visual

16.30hs – Sergio Sammartino: Poesía

17hs – Cesar Chirinos, Gustavo Neyra, Araceli Márquez y Sebastián Saez del grupo Techno Children presentan su obra homónima para niños, niñas y no tanto.

17.15hs – Lucía Dicek: Tribal Fusión / Tribu Chidananda: Improvisación estilo Tribal

17.30hs – Miltón López: “Poesía Border”

18.15hs – Guillermina Larrea: Movimiento – “Día a Día”

  1. 45hs – Astor Vtali: Canciones de autor –

19.00hs – Proyecto de Producción de Tango – Escuela de Danza – Tango: “El Rey”

19.10hs – Emilia Bianco: “Canciones del más acá”

19.15hs – Sebastián Andrés y Sebastián Barrionuevo: “Tango de Bolsillo”

19.45hs -Laureana Sänger: “Cuentos de bolsillo “

20.00hs – Guillermo Rodriguez: “Canciones para Ella”

20.15hs – Gustavo Pilotti: “Electropoiesis”

20.45hs – Franco Barberón: Música

21.00hs – Elsa Beatriz Calzetta: “Cuentos bajo las estrellas”

21.15hs – Nicolás Testoni: Música Visual “”

  1. 30hs – Matías Aguilar: “Sin vacilar” – Danza Contemporánea

21.45hs – Nicolás Testoni: Música Visual

22.00hs – Pablo Lasala y Guillermo “Memo” Galassi:

22.30hs – Cristian Tapia: Piezas visuales y Secuencias fotográficas.

23.00hs – Roberta Castro y Ramiro Ravasi: Improvisación interactiva.

Desde 2006 hasta la actualidad, los condenados por crímenes de lesa humanidad en la Argentina suman 622 y 57 es el total de absueltos. Esas cifras son el resultado de 147 sentencias dictadas desde aquel año y representan los números más destacados del informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el estado de los juicios por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. De las 147 sentencias, 45 corresponden a causas finalizadas, es decir, sin recursos pendientes: 42 firmes y 3 concluidas por fallecimiento o declaración de incapacidad de los acusados.

La Procuraduría informó además que entre 2006 y la actualidad fueron imputadas 2166 personas. De todas ellas, 1065 están detenidas (49%), 753 está en libertad (35%), 59 están prófugas (3%), y los fallecidos suman 280 (13%, de los cuales 227 fallecieron impunes). En nueve casos no hay datos. Entre los detenidos, 587 están alojados en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 7 en hospitales y sobre 17 no hay datos.

Tras referirse al resultado del balotaje que consagró a Mauricio Macri como presidente, el diputado provincial Santiago Nardelli fue consultado por FM De la Calle sobre las políticas que implementará Cambiemos a partir del 10 de diciembre en relación a la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

-Ayer se brindaba con champagne -literalmente- en las oficinas de La Nueva Provincia, hoy La Nación habla de “no más venganza”, de cómo “la elección de un nuevo gobierno es un momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70”, hay represores que se ofrecen para ser fiscales de Cambiemos, por lo que vemos también en este contexto político por primera vez en lo que son los juicios en nuestra ciudad habría una especie de manifestación en favor de los “presos políticos” por parte de los familiares de los imputados. ¿Qué debemos esperar por parte de ustedes en relación a la posibilidad de seguir avanzando con estos procesos, dado que más allá de que esto esté en la justicia es obvio que el acompañamiento político o no tiene un peso en ese sentido?

Cuando a un sector lo vota el 49% y al otro el 51% no me atrevo a generalizar de ninguno de los dos lados algunas posiciones. La verdad que Milani es una persona que está en el Frente para la Victoria y está severamente cuestionada por los organismos que trabajan en derechos humanos con el CELS a la cabeza. No haría de manifestaciones de votantes y adherentes cuestiones de la política de decisión de los espacios políticos.

Sí lo que vos decís me parece importantísimo porque nos hemos acostumbrado a lo último que vos decís, el discurso del gobierno sobre la justicia le ha quitado transparencia a los procesos. En todo sentido, no solo lo que venimos hablando de lesa humanidad sino de todos en general. Pero respecto de los de lesa humanidad me parece importantísimo que una persona que cometió un delito en una época y que ese delito es considerado imprescriptible para la ley tenga su condena. Esa es mi posición personal, tampoco, como te decía antes, en un espacio tan amplio, todos piensan lo mismo.

Yo no veo que el gobierno de Mauricio Macri haya intentado en algún momento que no haya juicios por la verdad. Ahora, también el proceso tiene que tener tiempos y la justicia se ha acostumbrado en un garantismo no real de sostener procesos indefinidamente como si la condena o la absolución no fuesen parte de un proceso penal. Lo que necesitamos que en un proceso que se está desarrollando hoy sobre hechos que ocurrieron hace treinta años, en algunos casos más, debemos tener la claridad de que se esclarezcan como para no tener esto permanentemente abierto. Esa es mi posición personal, a mí me gustaría juicios y sentencias no juicios eternos como veo en todas las áreas. Uno se ha acostumbrado a que la sentencia definitiva en Argentina es un anhelo, y esto convierte, no solo para los garantistas esto es casi cercano al abolicionismo porque no se condena a nadie, para las personas que están en cualquier proceso penal no es ningún garantismo sostener procesos abiertos.

Así que la justicia tiene que actuar, el gobierno seguramente le va a dar la independencia para que lo haga pero lo que creemos que el proceso penal es un garantismo cuando se lleva adelante respetando también los tiempos.

-Más allá de que vos interpretes que el kirchnerismo actuó de determinada manera hacia la justicia o que el kirchnerismo entiende que el macrismo también lo pudo haber hecho a nivel de la Capital Federal, hay una decisión política de un gobierno de, por ejemplo, poner recursos para que las Abuelas tengan difusión, tengan tecnología y lo que haga falta para acelerar la búsqueda de los nietos, hay áreas que tienen recursos para que haya gente destinada a trabajar sobre determinada documentación, a eso me refiero en cuanto a lo que es la posibilidad de que otros poderes, más allá del judicial, puedan aportar a cerrar esa etapa de la historia sin impunidad.

Respecto a la búsqueda de nietos y de hijos para mí es un tema que no debe cesar porque debe ser una de las historias más tristes que yo haya leído si se quiere y no de la historia argentina. La verdad que la apropiación de hijos es una cuestión que genera un daño irreparable y me parece que eso, el derecho a la identidad biológica de una persona tiene que ser un derecho que por ahí esté por arriba de muchos otros.

Ahora, si vos me decís el aporte en ese caso estoy absolutamente de acuerdo en apoyar la búsqueda y trabajar activamente sobre eso. Ahora, también hubo aportes para Sueños Compartidos para que hagan un desmanejo total con el tema de construcciones de viviendas que una pelea entre Hebe de Bonafini y Sergio Schocklender llevó a cualquier lado. Entonces, cuidado con lo simbólico, esconde muchas veces gente que utiliza lo simbólico y yo en eso no quiero cambiar un simbolismo por un simbolismo contrario. Acá quien cometió delitos y si son económicos también, deben ser juzgados, porque si no vamos a parecer que hay un mascarón de proa que oculta un dejar hacer, un dejar pasar cualquier cosa y eso yo no lo comparto, tampoco comparto que hay fondos que se destinen que no tengan una aplicación adecuada, debida, y controlada, y me parece que el caso de Sueños Compartidos es un caso emblemático en el cual el principal responsable es el Estado que dotó de 600 millones de dólares paulatinamente a una sociedad que cuando se le hizo el primer arqueo de caja no había ni viviendas ni absolutamente nada y quien lo administraba viajaba en avión privado y tenía una ferrari. Eso a través de un simbolismo que puede ser muy bueno pero si se ejecuta una acción que no se corresponden con ellos tampoco hay que avalarlas. Me parece que ahí hubo una mirada indulgente de muchos sectores porque como que hubiese temas que hay que no mirar porque si no sos un tipo reaccionario que está en contra de los derechos humanos. Si hubo excesos en el manejo de Sueños Compartidos tampoco escuché nunca una crítica y eso me parece una reverenda barbaridad.

-Lo escuché a Gay ratificar como delegado de Cerri a Alberto Sangre, un tipo que fue y reivindicó a un militar que luego de un juicio con todas las garantías y las instancias de defensa que se deben tener fue condenando a prisión perpetua. ¿Para un dirigente de la democracia, eso no representa ningún tipo de inconveniente para llevar adelante una tarea en el gobierno de Cambiemos?

Verdaderamente no conozco qué fue lo que pasó con la declaración de Sangre, no tengo una idea, no puedo opinar de un testigo en un juicio, tendría que tener elementos, pero no sé ni siquiera bien lo que pasó. Escuché algo de que había fuertes críticas contra la declaración de Alberto Sangre en algún juicio de algún sector pero no lo conozco. Te pediría que de esa respuesta, si te tendría que improvisar algo no, prefiero no porque seguramente para mucha gente es un tema muy sensible y que alguien como yo opine liberalmente porque está en un reportaje no sería justo.

Sí te digo, para ir al fondo de la cuestión sin el hecho que lo desconozco, me parece que como te decía antes tampoco se puede estar con algo de sospecha de cualquier imputación, genera una descalificación, si hay alguien que tiene un reproche para hacerlo me parece bien que se haga y que se sepa la verdad, de hecho los juicios se iniciaron con los juicios de la verdad y a mí me parece importantísima, por lo menos lo que se pueda acceder en esta época de ella y es un trabajo que no debe claudicar, pero sobre el dato puntual te pido que me eximas de la respuesta porque te tendría que improvisar y no quiero.

Horas después de la última audiencia del juicio contra 22 represores que actuaron en la órbita de la Base Naval de Puerto Belgrano y a la espera del veredicto que leerá este miércoles a las 15 el Tribunal Oral, el dr. José Nebbia aseguró a FM De la Calle que durante el debate los objetivos de la Fiscalía fueron “ampliamente superados”.

Agregó que el “contundente” análisis y entrecruzamiento de testimonios y prueba documental permitió “tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército”.

La causa analizó los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Para el miércoles la Comisión de Apoyo a los Juicios y organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas convocaron a un acto a las 13:30 en la Plaza de la Memoria y la Resistencia (ex Plaza del Sol) y a una movilización hacia la sede del tribunal de Colón 80, una hora después. En tanto, APDH, HIJOS Bahía Blanca, Red x la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados concentrarán a las 13 en Colón y Drago.

Mientras varias investigaciones se tramitan en la primera instancia, nuevos tramos de Ejército  y Armada esperan fecha para el juicio oral. La Fiscalía insiste en acumular las causas y realizar un único debate que acelere los tiempos y, como el que culmina, dé “acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión”.

-¿Cómo evaluás el resultado del debate oral en relación a los objetivos planteados por la Fiscalía?

Como lo venimos señalando junto con Miguel Palazzani, el otro fiscal de la causa, los objetivos que uno analiza antes de comenzar el debate fueron ampliamente superados. La riqueza de la prueba producida a través de los testimonios, como así también el análisis de la profusa prueba documental que hay en la causa arrojaron más resultados que aquellos que uno espera al comienzo.

-¿Qué datos podrías destacar de aquellos que surgieron durante el debate?

Mucho análisis de documentación sobre reglamentación pero también de archivos de inteligencia y de todo tipo de documentos que, al cruzarlos, al analizarlos de manera conjunta, nos permitieron tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército.

Eso ha quedado absolutamente demostrado, lo que nos permitió también explicar cómo las estructuras que aparecen en los reglamentos funcionaron en los hechos, en los secuestros, en las torturas, en los abusos sexuales y luego en el destino final que era la liberación, el asesinato haciendo aparecer los cuerpos como falsos enfrentamientos o la desaparición de personas. En ese aspecto la documentación que se analizó, se entrecruzó y se fue exponiendo durante los alegatos fue contundente.

-¿Notaste características particulares de lo que fue el accionar de la Armada -más allá de la actuación conjunta- en relación a lo que fue la del Ejército?

Sí, son modus operandi distintos los de la Armada y el Ejército. Tanto en las acciones concretas que llevaron adelante durante el terrorismo de Estado como así también en la manera de dejar plasmado en los documentos esas acciones. Algo que sí tiene la Marina a diferencia del Ejército es que luego, en la retirada, la destrucción de la documentación fue mucho mayor. Por eso también el trabajo que se tuvo que llevar adelante analizando otro tipo de documentación como, por ejemplo lo de Prefectura, misma del Ejército o los legajos, es un poco más compleja.

-Sobre la documentación decía en su alegato uno de los defensores que a la Prefectura no se le podía endilgar haber tenido una política de destrucción de los archivos. ¿Hacía referencia a lo que salvó el ex fiscal Hugo Cañón a partir de una denuncia o hablaba de documentación de aquellos años que efectivamente estaba a disposición de la justicia?

No, para nada. A mediados de la década del dos mil el fiscal Cañón recibe información, la denuncia de propia gente de la Prefectura, gente de la Prefectura de la democracia digamos, que se iba a destruir un montón de documentación vieja, entre ella, archivos. Ahí Cañón inmediatamente, con mucha diligencia, se apersona y secuestra esa documentación. Son los archivos de inteligencia que hoy nos sirven para este juicio, para el de La Plata y el de Mar del Plata. La actitud de la Prefectura lejos estuvo de colaborar con la justicia sino que fue justamente una anomalía, quedaron esos archivos allí y cuando los fueron a destruir se pudieron rescatar.

-¿De las estrategias defensivas algo te llamó la atención o fue más de los mismo en el sentido de ‘no estuve en el momento de los hechos que se me imputan’ o ‘no tuve nada que ver con la lucha contra la subversión’?

No, giraron en torno a eso.  Si uno está a los más de veinte imputados en el juicio no sucedió nada o lo que sucedió es un invento porque cada uno en lugares estratégicos nada tuvieron que ver, nada supieron, nada vieron, en los momentos más álgidos inclusive de la represión. Yo no estuve, yo no vi, yo no supe.

-Un punto que hemos conversado y difundido en detalle pero amerita mencionar en un balance es el tema de la violencia sexual, la posibilidad de poner sobre la imputación este tipo de delitos y lo que destacabas en el alegato respecto al valor y coraje de las víctimas en esta etapa de los juicios de avanzar en ese aspecto tan difícil para cualquier persona.

Absolutamente, ese es otro de los puntos que sobresalen de este juicio. A lo largo del debate las víctimas pudieron ir contando las situaciones a las que fueron sometidas de abusos sexuales, de exposición a la desnudez, de tocamientos, insultos o comentarios sobre sus cuerpos desnudos. Eso fue recogido por la Fiscalía y ampliamos la acusación. Que las víctimas lleguen a contar eso implica que sienten de alguna manera la contención por parte del Estado, que recogen sus planteos, las protegen y llevan adelante el reclamo, ese es un punto concreto.

Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagináte que para nosotros en nuestra vida privada y cotidiana, nuestras experiencias sexuales o lo que sea, inclusive a nuestros amigos más íntimos es pudoroso hablarles sobre ese aspecto de nuestra vida. Hay que ponerse en la situación de una víctima que fue forzada, que fue abusada, contando algo tan íntimo adelante de personas que no conoce, de tres jueces, de un fiscal, de las defensas, de un público. El valor y la valentía de esas mujeres son inconmensurable.

-En distintos juicios se proponen nuevas formas de reparación a las víctimas, complementaria a la pena de los responsables. Aquí propusieron junto a Miguel Palazzani que el diario La Nueva Provincia publique el veredicto.

La reparación absoluta no es posible porque el daño fue tan grande que volver al estado anterior es imposible. Pero hay determinadas medidas, entre ellas el juicio, las condenas, escuchar, recoger lo que dicen las víctimas, que hacen a modos de reparación.

Nosotros lo que entendimos es que en las páginas de La Nueva Provincia se mintió con intención, por eso está imputado el único sobreviviente de los directores, y que una forma de reparar a las víctimas sería que La Nueva Provincia por primera vez diga la verdad, que aquellos a quienes mencionaban como delincuentes que traicionaban a la patria no eran tales sino que fueron víctimas. Entonces publicar que fueron víctimas y también publicar el nombre de los victimarios es una forma más de reparar a las víctimas y que sus biografías, al menos en esas páginas, no queden escritas de esa manera.

-¿Hay antecedentes de casos similares?

No, lo que planteamos es que es un derecho a réplica de las víctimas. Imaginemos que hoy si en cualquier medio se vierten manifestaciones sobre nosotros de determinadas características tenemos el derecho a, por el mismo medio, dar nuestra opinión e inclusive la justicia puede obligar después de un proceso a que se publique la verdad. Entonces, entendemos que un derecho sui generis de derecho a réplica se encaja dentro de esta petición.

-¿Qué te pareció la poca repercusión del juicio en la ciudad?

Lo analizo en perspectiva de las características particulares que tienen Bahía Blanca, Punta Alta y los medios de la zona. Creo que ese análisis tiene que caber dentro de ese contexto.

-¿Qué causas quedan en trámite para juicio oral?

Hay un segundo tramo de Armada con nuevos imputados y otras víctimas que nosotros habíamos propuesto al comienzo de este juicio que se lleve adelante en el mismo juicio y el tribunal opinó que no era posible. Y hay un tercer tramo de Ejército con muchos imputados y nuevas víctimas que también está a la espera que se fije fecha para el debate oral. Quizás podríamos hacer todos juntos esos juicios.

-Sobre todo porque en este mismo debate quedaron en el camino no solo represores sino también sobrevivientes por el paso del tiempo.

Entendemos que estamos en condiciones de llevar adelante los juicios, que todos se deben acumular y el ejemplo más claro es este que estamos concluyendo donde hubo acusados de Armada, de Ejército, de Prefectura, de la Policía provincial, del Servicio Penitenciario, se dio acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión. Es absolutamente factible hacer un único debate.

-Respecto a las investigaciones en curso, en este clima político de recambio de gobierno, ¿qué podemos esperar para los próximos meses en torno a las causas contra civiles y militares?

En las causas que están elevadas a juicio los juicios se deben hacer, se debería fijar fecha y comenzar. En las causas en instrucción hay pedidos de indagatorias, de hecho el juez Ramos Padilla fijó para el martes que viene (por el pasado 17) una serie de indagatorias de más de media docena de represores. Así que eso continúa, los juicios son políticas de Estado, todos los estamentos y los poderes en efecto así lo han dicho Inclusive la propia Corte en cabeza de su presidente Lorenzetti. Deben continuar las causas y, como venimos haciendo, redoblando esfuerzos para llevar adelante las investigaciones.

En el marco del VI Encuentro Nacional de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia las Mujeres, Niños y Niñas se presenta el libro “Código Rosa: Relatos sobre abortos”. Será a las 19 en la sala de conferencias del octavo piso del Departamento de Humanidades de la UNS, y contará con la participación de la autora Dahiana Belfiori, Ruth Zurbriggen (La Revuelta) y Silvia Scheider (Campaña por el Derecho al Aborto). También serán parte activa del encuentro el sábado desde las 14.

La presentación del libro tiene dos objetivos, por un lado contar relatos de mujeres que abortan y lo que les pasa a las socorristas y, por otro lado, visibilizar qué hacen las socorristas en Bahía y la articulación a nivel nacional. De cara al panorama político que vive nuestro país, y teniendo en cuenta que el debate sobre aborto no está en agenda de ningún dirigente, es importante echar luz sobre el tema.

“¿Qué representaciones operan en torno al aborto y particularmente en torno a los socorrismos para que una mujer eligiera usar esa palabra en lugar de “Socorro”? ¿Y por qué una inmediata asociación con el espionaje? Siendo los abortos como son, prácticas clandestinas, algo de la obtención y circulación de información de manera encubierta se establece en torno a dichas prácticas. Sin embargo hemos ido cambiando la historia desde ser “pasadoras de datos” hasta constituirnos en sujetas activas de esas prácticas. Creamos el código, lo interpretamos, lo compartimos. Y lo hacemos visible. Organizamos así una nueva forma de “espionaje” que desplaza ciertos imaginarios sobre el aborto: hacemos circular información a la vista de todxs”, dice Dahiana Belfiori.

El libro es la recopilación de relatos recabados por activistas de La Revuelta, sobre algunas experiencias de abortar con misoprostol en la ciudad de Neuquén. Los testimonios son entrevistas semi-estructuradas, donde a través de la ficción, se intentan plasmar tonos y matices de las protagonistas. Los textos tratan de reflejar quienes son las mujeres que abortan, y que es una problemática que afecta a todas las clases sociales, no distingue piel, edad, estado civil, cultura, poder económico ni sexualidad.

Por año son entre 400.000 y 500.000 las mujeres que abortan en nuestro país según cifras oficiales del Ministerio de Salud. La tarea que emprenden las Socorristas en Red es brindar toda la información necesaria a las mujeres que están evaluando la posibilidad de realizarse un aborto o aquellas que ya lo han decidido, para que la práctica sea segura y no corra ningún riesgo su salud. Además realizan el acompañamiento durante y después del proceso, algo casi tan importante como la información en sí, teniendo en cuenta el estigma que pesa sobre ellas.

El año pasado las Socorristas acompañaron a 1650 mujeres en la interrupción de un embarazo, a lo largo y a lo ancho del país. “Para nosotras es fundamental que la mujer pueda planificar su vida, decidir sobre su cuerpo, y tener en claro que puede hacerlo sin ningún tipo de catástrofe y que no está sola”.

Para más información llamá al 291- 154135371. También podes visitar el Sitio de Socorristas en Red

Código Rosa

El arte “como medio de catarsis, como conciencia de la realidad” y “como medio transformador de la sociedad” son las consignas que impulsan la convocatoria al Encuentro Nacional de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia Mujeres y Niñxs en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca. En esta nota podés escuchar algunas de las voces que se expresarán en la sexta edición, cuyas actividades centrales serán este sábado desde las 14.

“Estos encuentros se realizan con el fundamento de concientizar sobre las distintas situaciones de violencia hacia las mujeres y niñxs poniendo al arte como protagonista y reflejo de la violencia machista y patriarcal que estamos viviendo las mujeres y por la que estamos siendo asesinadas y secuestradas de manera impune”, afirman desde la organización.

“Todas las expresiones artísticas simultáneas que suceden en la plaza ese día hacen posible llevar a una reflexión sobre la violencia simbólica, la violencia mediática, abuso callejero, violencia en el noviazgo, violencia institucional, parto humanizado, elecciones de reinas, aborto legal, desmitificar lo que se entiende sobre feminismo, el micromachismo y otros temas como los femicidios ocurridos en Bahía Blanca y alrededores”.

Además, el encuentro “es un reflejo del compromiso social de más de 150 artistas que participan presentando sus trabajos en pinturas, dibujos, esculturas, grabado, collage, fotografías, danza, teatro, músicas, poesía visual, relatos, murgas, performance, formando así una de las muestras multidisciplinares más grandes de la provincia”.

El encuentro enlazará a Bahía con Medellín -Colombia- donde otrxs artistas estarán llevando a cabo una actividad similar que permitirá el “intercambio cultural y hablar sobre las situaciones de violencia hacia las mujeres en ambos países”.

FM De la Calle realizará una transmisión especial desde la plaza -de 17 a 19- donde se reflejarán las expresiones que ya se escuchan en el aire de la 87.9Mhz.

12239551_10208570402996615_6243589667933724493_n

En el micro de Acciones Feministas de este miércoles, Olga Corrales recordó los inicios del Encuentro y repasó el cronograma de actividades:

Griselda y Andrea, de Socorristas en Red, estuvieron en la radio contándonos sobre su trabajo en la ciudad y Dahiana Delfiori adelantó la presentación del libro “Código Rosa”, la cual se realizará este viernes a las 19 en el 8º pido de 12 de octubre y San Juan (UNS) junto a Ruth Zurbriggen de La Revuelta y Silvia Scheider de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito:

Helen Turpaud días después de la Marcha del Orgullo y de cara al Encuentro se refirió a las disidencias sexuales:

Fer y Flor, integrantes de la Biblioteca Fija y Ambulante, comentaron las propuestas que se desarrollaron el domingo en Sixto Laspiur 456:

En el marco del micro de Acciones Feministas, Verónica Bajo recibió a la artista textil Romina Berdinelli, a Nadia Guzmán de Puño y Letra y la Colectiva Feministas y a la cantante Griselda Ortiz:

Olga Corrales, impulsora de la iniciativa, nos visitó junto a la pintora y dibujante Jules, la fotógrafa Magalí Agnello y el artista plástico Horacio Fernández:

Helen Turpaud, Griselda Cifuentes y Agus López abrieron la difusión a principios de mes comentando la idea del Encuentro de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Niños:

12187696_871021576315546_8053277346950026002_n

Lxs trabajadorxs del Frigorífico INCOB brindaron ayer por la tarde una conferencia de prensa tras el ataque sufrido de parte de un grupo de hombres armados que llegó a la planta encabezados por el dirigente Enrique Garaggiola. Además, convocaron a la comunidad a una asamblea para informar sobre la defensa de sus puestos laborales este miércoles a las 18 en el predio de Ruta 3 Sur KM 693.5.

Ernesto Guenemil afirmó que los golpes le dejaron “un corte en la cabeza, un dedo quebrado y un tendón” pero que más “duele lo que hicieron porque los que vinieron con armas hoy eran cinco compañeros que trabajan hasta la semana pasada con nosotros. Cuando un hombre, un compañero, el famoso Mudo, tiró un tiro al aire cuando había mujeres en el portón. El hermano de Enrique un traidor más, trabajando con nosotros hoy a la mañana, empezó a tirar piedras”.

“Los actos de violencia comenzaron cuando le pedimos el balance y el cambio de autoridades”, dijo María del Carmen Dauphin y agregó que “no era manera de hacer una represalia como vino a hacer, con armas de fuego, con palos, nosotros estábamos con bombos y unas banderas porque si INAES no nos daba la importancia que pedíamos íbamos a salir a cortar la ruta, nada más”.

“Se enfermó de poder y se cree que es intocable, que es el patrón, cuando acá tenés setenta compañeros que queremos trabajar dignamente. Pero con lo que pasó hoy, somos conscientes que si acá no toman cartas en el asunto los políticos de turno, esto no va a terminar bien. Si hoy vinieron acá a darnos palo, imagínense cuando me vaya a mi casa caminando, ¿quién me dice que no me den un tiro? La misma policía, cuando llegó Garaggiola con su gente le dije a uno de los oficiales ‘Fijáte que en el 206 hay armas’, me dice ‘¿Cuál? ¿Ese?’. Lo llama al del 206 y se fue”, manifestó Cristian Guenemil.

Dauphin recordó que el frigorífico fue recuperado en 2005 mediante “una lucha muy grande con la patronal”, tras la cual se conformó la flamante cooperativa. “A Garaggiola lo pusimos nosotros de presidente porque confiamos en él”, dijo Guenemil y destacó que ahora “nadie le dijo que se vaya, simplemente que apoye el proceso de cambio porque al tener el apoyo político, porque se ha movido más en la calle, nos sirve para que apoye a los nuevos compañeros. Evidentemente hay algo más, él no quiere que esto vaya para adelante”.

“El mandato debió durar tres años, lo cual nosotros no estábamos muy al tanto. En parte es culpa nuestra porque no nos interiorizamos en saber cómo era una cooperativa, cuánto duraba un mandato y cuáles eran nuestros derechos y obligaciones”, declaró la trabajadora.

Además, comentó que “tenemos muchísimos problemas económicos, el 25 de septiembre se le pidió a esta gente que nos presentaran balances desde 2008 al 2014, que dejaran sus cargos y ahí fue cuando empezó la lucha nuestra. El sr. Enrique estaba por seguro, el sr. Gabriel Martínez que era el secretario decidió a los quince días tomarse vacaciones y el único que nos ha venido a apoyar y a dar una mano es el tesorero”.

“Los actos de violencia empezaron cuando le pedimos el balance y el cambio de autoridades, ahí fue cuando no le cerró tener que dejar la cooperativa. Bien la palabra lo dice, hay un presidente pero él no es el dueño de la cooperativa. Tampoco entendemos por qué él no quiere dejar el cargo, qué hay detrás de todo esto. Ha mandado infinidad de cartas documento, nos mandó para echarnos a diez compañeros, intimando a la persona que nos iba a comprar los cueros, mandó al Hotel Bauen que nos dieron una mano grandísima la semana pasada cuando viajamos, mandó al síndico. Manda cartas documentos como si fuera el dueño y señor de todo este frigorífico y él mismo ha salido por todos los medios que por primera vez está haciendo las cosas bien pero acá nunca se acercó a decirnos está pasando esto o lo otro”, sostuvo María del Carmen.

Por otra parte, destacó que el dirigente cuestionado tiene apoyos de “La Cámpora, de Alicia Kirchner y seguramente tenga del PJ, del Frente para la Victoria”. “Cuando hablamos la semana pasada con gente del INAES, que es el ente regulador de las cooperativas deciden mandarnos a alguien el viernes para que nos venga a fiscalizar. Nos llaman por teléfono y nos dicen va a ir el lunes, por ayer. Ayer nos llaman y dicen que iban a venir el jueves porque Garaggiola pidió una asamblea fuera de la cooperativa, cuando no corresponde, en la calle Chancay y Jujuy, poniendo como orden del día lo que a él le convenía y mentiras, porque nunca le prohibimos la entrada ni a él ni a nadie porque tenemos firmas de los compañeros, hasta la semana pasada vino el hijo del secretario a trabajar, vino la gente que hoy golpeó”.

“Desde el INAES lo único que nos pudieron comunicar es que hubo alguien que agarró los papeles que habíamos entregado con las denuncias y le dijo ‘Vos salís de este cargo, esto lo toma tal persona’. Cuando nos enteramos de eso mandamos a cuatro personas a Buenos Aires, entre ellas la carta más grande que tenemos que es el síndico, porque al no estar el presidente, ni el secretario, ni el tesorero, es quien sigue en sus cargos. A favor nuestro tenemos a todos los vocales también, todos los trabajadores estamos luchando por lo mismo que es querer trabajar dignamente. Nosotros no le vamos a hacer nada si él robó o no robó, eso se lo vamos a dejar a la justicia, a la AFIP o a quien corresponda”, detalló.

Cristian Guenemil recordó que “cuando mandaron los balances que supuestamente nos iban a servir, en ninguno está la firma de él, todos truchados. Y a mí el dolor que me quedó es que yo en 2008 laburaba por nada acá, estábamos todo el día, revocábamos, limpiábamos, hacíamos despostada, faena, cobrábamos 200 pesos por semana y ya en ese momento él se estaba encargando de hacer las cosas mal por otro lado”.

“Cuando fuimos al Concejo Deliberante a denunciar esto que está pasando en la cooperativa nos dijeron ‘No, pero si Carlín es lo más bueno que hay’, porque habla lindo y habla hermoso y nosotros somos unos brutos. Sí, somos unos brutos pero no somos ladrones (…) cuando vinieron acá estaba todo arreglado con la policía porque la policía estaba acá a la vuelta y no hizo nada”.

En nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina, José Lualdi informó acerca de una reunión que mantuvieron con la jueza de garantías Marisa Prome: “Nos resulta extraño que ni el fiscal ni la jueza ni el comisario Maldonado envíen los patrulleros que solicitamos para que se resguarde la seguridad de los trabajadores. No es que los trabajadores tienen que ir a negociar a la Quinta si van o no van a mandar un patrullero. Hacemos responsable a la justicia y al comisario Maldonado si algo le ocurriera a un trabajador de la Cooperativa INCOB o a cualquiera de los compañeros que han venido a apoyar”.

El horario de lectura del veredicto del juicio contra 22 represores que actuaron a órdenes de la Base Naval de Puerto Belgrano de la Armada Argentina durante el terrorismo de Estado fue adelantado por la necesidad de las autoridades de la Universidad Nacional del Sur de disponer del Aula Magna de Colón 80 para otras actividades. De esta manera, el Tribunal resolverá la situación de los imputados por crímenes de lesa humanidad el miércoles 25 desde las 15.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los imputados de la Armada Argentina son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Edmundo Óscar Nuñez; Alberto Gerardo Pazos y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa y Leandro Marcelo Maloberti; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons.

Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala; el ex coronel Carlos Andrés Stricker, y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Raúl Artemio Domínguez y el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont.

Completan el banquillo los ex prefectos navales Francisco Manuel Martínez Loydi; Pedro Alberto Pila, y Néstor Alberto Nougues y Luis Ángel Bustos; el ex prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman.

Legisladorxs de la oposición e integrantes de organizaciones socioambientales denuncian que el kirchnerismo pretende aprobar un proyecto de ley que facilita la instalación de antenas de telefonía celular sin intervención de los municipios afectado aún más la salud de las poblaciones vecinas y beneficiando a las empresas del rubro.

“Se va a tratar en el día de mañana (por hoy) en la Comisión de Legislación General, ya se trató en la de Comunicación. Un poco hizo ruido porque si bien existen otros proyectos de leyes referidos a este tema tienen en cuenta la potencia de la antenas, o sea, tienen una restricción en cuanto a lo que puede ser perjudicial para la salud de las personas donde está colocada la antena”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional del Partido Socialista Gabriela Troiano y agregó que “en cambio, el proyecto que salió de la Comisión de Comunicación con mayoría no contemplaría ese aspecto. Estamos preocupados porque se le facilita a las empresas la instalación de antenas si tener en cuenta la contraparte que es la salud de los habitantes”.

La iniciativa declara de interés público nacional la instalación de estructuras soporte de antenas y sus recursos asociados al servicio de las comunicaciones móviles y crea una servidumbre administrativa de telecomunicaciones que afecta al terreno y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones, entrada de edificios, cableado de edificios, antenas, torres, conductos, mástiles, etc.

“De esta manera, las empresas usarán y tendrán libre acceso todo el tiempo a la vivienda, terreno, local, etc., de los particulares cuyos inmuebles sean elegidos para colocar antenas, sin que pueda mediar ninguna oposición por parte del propietario. Lo mismo para propiedades del estado”, advirtieron Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, Ayuda Le y la Asociación en Defensa del Ambiente de Gral. Cerri, entre otras.

Dichas agrupaciones manifestaron que “en el caso de Bahía Blanca desconocemos exactamente la cantidad de antenas instaladas debido a que el Municipio jamás hizo cumplir la Ordenanza Municipal 17.130 que exigía a las empresas presentar declaración jurada bajo apercibimiento de pedido de suspensión de servicio, pero estamos en una situación similar a La Plata, donde se encuentran más de 2300 antenas colocadas y en funcionamiento, estando la mayoría sin control por parte del estado provincial y los entes nacionales sobre la intensidad de los campos electromagnéticos que emiten, estados de instalaciones, seguros y permisos. Tener mayor cantidad de antenas no garantiza la mejora del servicio. El problema radica en que las empresas no realizan las inversiones equipamientos necesarios para los más de 22 millones de clientes que poseen”.

“Recordamos que en el año 2015 unos 206 científicos reconocidos a nivel mundial hicieron un llamamiento a la Organización Mundial para la Salud, solicitando que se modifiquen los parámetros porque numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los CEM (campos electromagnéticos) afectan a organismos vivos a niveles muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales. Los efectos incluyen el aumento de riesgo de cáncer, daños genéticos, estrés celular, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, entre otros. Además, la relación entre radiofrecuencias y cáncer ya fue establecida en 2013 por el Equipo del dr. Hardell, médico oncólogo y científico reconocido por la OMS”.

La iniciativa firmada por Mario Oporto, Liliana Mazure, Gastón Harispe y otrxs diputadxs del oficialismo puede leerse aquí.

Cada vez son más fuertes las versiones sobre la vuelta a la Delegación de Gral. Cerri de su ex titular Alberto Sangre. El dirigente no solo contaría con el aval del intendente electo por Cambiemos, Héctor Gay, sino con el “consenso” de la comunidad cerrense. El probable delegado fue además concejal y candidato a jefe comunal por el radicalismo linarista y más recientemente empleado en la planta permanente de la Cámara de Diputados bonaerense.

Sin embargo, su última aparición mediática no se debió a su actividad política sino a la declaración testimonial que en 2013 brindó en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en defensa del coronel (R) Alejandro Osvaldo Marjanov, luego condenado a prisión perpetua por genocida.

“Creía que Marjanov no tenía todas las vocaciones de militar, era un excelente profesional ingeniero electrónico. Nunca lo vi salir vestido de verde a la calle. Terminaba las actividades, se vestía de civil y ni llevaba el arma personal de los oficiales. Yo terminaba acomodando su habitación. No usaba custodia. Su familia contaba con cuatro hijos y cuando me estaba por ir nació el quinto. Era una persona de familia, ¿no? Con muy, muy, muy, con mucha raíz familiar”, dijo entonces Sangre al tribunal, tras considerarse un “hijo de la democracia”.

Según la crónica de FM De la Calle en juiciobahiablanca.wordpress.com, con el grado de Mayor de Comunicaciones, el 9 de diciembre de 1976 Marjanov fue designado como Segundo Jefe del Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Su puesto durante el terrorismo de Estado incluyó la subjefatura del Área de Defensa 511. El Batallón contaba en 1977 con tres secciones de contrasubversión y sus instalaciones eran un lugar de paso hacia el campo de torturas y exterminio La Escuelita, en uno u otro sentido. Durante su subjefatura pasó por allí, entre otras víctimas, un grupo de estudiantes de la ENET Nº1 que era ‘blanqueado’ tras haber sido torturado en aquel centro clandestino.

El probable delegado cerrense de Cambiemos había sido ofrecido como testigo de la defensa oficial por sus catorce meses como conscripto en el Batallón de Comunicaciones 181 desde marzo de 1977 y sus (des)conocimientos por ser uno de los tres soldados estafetas en la Mayoría -“donde estaba la plana mayor”- a órdenes directas del imputado. “Cuando llego al servicio militar venía de una situación muy crítica, de papás separados y encontré en él a una persona que me sirvió de mucho”, dijo.

Sangre declaró que por los estafetas pasaban comunicaciones a los mandos: “En forma esporádica el segundo jefe mandaba órdenes escritas y las transmitíamos, eran para reuniones internas del Batallón, la banda, el manejo interno de una guarnición con muchísima actividad porque había muchos soldados, muchos oficiales y distintas compañías”.

“Nunca transporté una orden fuera de lo normal que era una administración cotidiana, diaria y nada más que eso”, explicó el testigo y agregó que “esperábamos que llegara él que venía con su Fiat 1600 manejando personalmente de civil. Se vestía y concurríamos a las actividades y nosotros en un pasillo que estaba frente a su despacho aguardábamos las órdenes”.

marjanovDurante parte de la colimba salía a diario de la unidad militar a trabajar, sin embargo nunca vio las filas de familiares angustiados esperando alguna información sobre parientes detenidxs desaparecidxs. “Mire, seguramente había movimiento de civiles en la guardia, pero puntualmente no las vi. Nunca escuché ese tema puntual”.

Sobre las compañías del Batallón dijo que estaban la A, la B, Comando y Servicios que dependían directamente de la unidad y además Telecomunicaciones, Policía Militar “que no dependían del Batallón”. ¿No había una de Combate? “No la conocí nunca”, respondió. ¿Pudo haber existido? “Me considero un hijo de la democracia, los hechos aberrantres los repudio y si los hubiese conocido le diría que sí”, exageró.

Interrogado por el rol que desarrolló el Batallón de comunicaciones en la “lucha antisubversiva” contestó que “había dos unidades de retén compuestas por soldados -dos camiones- y un suboficial a cargo de eso que era convocado por el Comando cuando salían de patrulla. Generalmente participaba la Compañía A. Comando y Servicios éramos todos los soldados que cumplíamos funciones específicas de actividades diarias”.

“Se hablaba” de un centro clandestino de detención pero “estábamos totalmente aislados”, no conoció “ni dónde estaba la famosa Escuelita”. Nunca vio nada raro en el Batallón. No había detenidos salvo soldados, ni zonas restringidas. En el gimnasio funcionaba la banda. A Marjanov no lo vio salir a operativos. No pudo afirmarlo en el caso del teniente coronel Mansueto Swendsen porque “era una persona muy movediza”. Nunca le explicaron qué eran las comunicaciones paralelas. Marjanov “era el segundo jefe del batallón y nada más”. Y nada menos.

Tomó su primera comunión en el Batallón con el padre Aldo Vara. “Su lugar de trabajo siempre era junto a los soldados en la compañía, por ahí, tenía un despacho que permanecía prácticamente cerrado”. El capellán prefería llevarle golosinas y caramelos a los pibes de la ENET secuestrados en el Batallón a hacerse cargo de las denuncias que le hacían sobre las torturas padecidas en La Escuelita y por su participación murió tras ser detenido en Ciudad del Este donde lo cobijó la Iglesia Católica.

“¿Conoció al capitán Otero?”, preguntó el juez Jorge Ferro en referencia a otro de los responsables del Área de Defensa 511 imputado por secuestros y homicidios, quien seguramente será condenado el próximo miércoles 25 en la Causa Armada. “Era el jefe de Comando y Servicio”, replicó Sangre y confirmó que éste respondía directamente a su defendido. Por debajo de Marjanov, el capitán Otero, por encima, el coronel Mansueto Swendsen, condenado a cadena perpetua.

La Fiscalía sostuvo que desde su ubicación jerárquica y funcional Marjanov fue uno de los eslabones imprescindibles en la cadena de mando por medio de la cual emitía y transmitía órdenes cuyo cumplimiento ocasionó la consumación “exitosa” de cada uno de los hechos. Los jueces compartieron dicho análisis y resolvieron que termine sus días en prisión.

“Marjanov ya retirado me sorprendió porque una vez vino como coordinador general de Defensa Civil de Jujuy a Bahía Blanca, nos encontramos, charlamos, yo también cumplía función pública, fue un encuentro de un par de horas y no lo vi nunca más”, cerró aquella tarde Sangre.

En distintas ciudades del país se realizó este jueves una Jornada Nacional contra la Megaminería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales, como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado.

Desde Santa María, Catamarca, a pocos kilómetros de la Minera La Alumbrera, Karina Matinelli aseguró a FM De la Calle que la jornada surgió a partir del derrame de agua cianurada en Jáchal: “La verdad que es tristísimo porque le arruinaron la vida al pueblo, los productores ya no pueden producir usando el agua del río porque está totalmente contaminado no solo con el cianuro que se puede evanecer con el sol o el aire sino el tema de los metales pesados, le han dejado metales a niveles de 1400% por encima de lo que establece la OMS. La situación es desesperante”.

Las trasnacionales mencionadas arriba consumen por día alrededor de nueve toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que la “complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quien será nuestro próximo “PRESIDENTE”, según las leyes 24.196 (Inversiones mineras), 24.228 (Pacto Federal Minero) y 24.224 (Reordenamiento minero), estas empresas gozan de grandes beneficios, mientras saquean nuestros bienes comunes, y envenenan a nuestro pueblo”.

“No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que estas generan. Sumáte en tu ciudad. Es momento de que se vayan”, agregaron.

12227072_747743135331033_7434270610279551724_n

La titular del Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, Gilda Stemphelet, hizo lugar a un recurso de hábeas corpus presentado por los fiscales de Derechos Humanos José Nebbia y Miguel Palazzani y ordenó el cese de los traslados permanentes a distintas unidades carcelarias a los que era sometido un hombre privado de la libertad.

Durante la audiencia celebrada el pasado 28 de octubre, el detenido había denunciado ser trasladado en forma constante a distintas unidades penitenciarias, permaneciendo en las mismas siempre por períodos muy cortos, lo que le impedía cumplir con lo dispuesto en cuanto al régimen de las mismas. También, denunció haber sufrido golpizas en los días previos por parte de agentes del servicio penitenciario de la Unidad Carcelaria N°19, al tiempo que aseguró que actualmente cuenta con una medida de seguridad y resguardo físico ordenada por la justicia de La Matanza, ya que teme por su vida.

Al hacer lugar al amparo, la magistrada consideró que la única pena que debe sufrir una persona condenada es la pérdida de la libertad ambulatoria “y no la de sus derechos fundamentales”. Agregó, a su vez, que el traslado permanente implica un agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención, violatorio de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de Derechos Humanos de idéntica jerarquía.

“El cumplimiento de los regímenes carcelarios como en caso de la progresividad no es sólo un derecho de la persona privada de la libertad, sino que es un deber del Estado hacerlo cumplir, ya que sería la única forma de poder evaluar la posibilidad de reinserción social del detenido”, señaló.

Respecto a la denuncia por lesiones, la magistrada formó una causa por separado y remitió la misma a la unidad fiscal de turno, conjuntamente con el certificado confeccionado por la asesoría pericial acerca del estado de salud del detenido.

Fuente: fiscales.gob.ar

Con las últimas palabras de algunos de los 22 imputados por crímenes de lesa humanidad que son juzgados en Bahía Blanca, terminaron ayer las audiencias del debate oral en la Causa Armada. Los acusados son hombres de dicha fuerza naval, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral ratificó que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 18:30 dará lectura al veredicto.

El fiscal José Nebbia rechazó una serie de nulidades planteadas por la defensa oficial en relación a la incorporación a la prueba de declaraciones tomadas durante la instrucción y las inspecciones oculares a los centros clandestinos de detención.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

“Voy a dar por terminado y concluido y cerrado el debate correspondiente a la causa 1103 caratulada ‘Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterado, homicidio agravado reiterado en perjuicio, entre otras personas, de Guillermo Aníbal Aguilar’ y convoco a todos, a las partes, para el día 25 de noviembre a las 18:30 que se va a dar lectura del veredicto que va a caer sobre esta causa”, dijo el presidente del Tribunal José Mario Triputti.

tribunal efemedelacalleAntes, José Nebbia -quien estuvo a cargo de la acusación junto a Miguel Ángel Palazzani- rechazó los pedidos de nulidad solicitados por la defensa oficial. Uno de ellos estaba relacionado con las declaraciones testimoniales tomadas por la Unidad Fiscal durante la investigación de la causa “sin el control de las partes”. Entre las cuestionadas estuvo la del ex colimba Aníbal Américo Agotborde.

“Este testimonio estuvo a disposición antes de ser elevado casi tres años, esta Fiscalía no se puede hacer cargo de suplir el trabajo de la defensa. Además tuvieron la oportunidad de preguntarle ampliamente en el debate oral y no lo confrontaron con los testimonios prestados en ese momento en la instrucción”, afirmó  Nebbia. “Más allá del momento puntual en que se tomó la declaración del testigo  lo cierto es que la práctica y procedimiento del Ministerio Público Fiscal siempre es el mismo (…) ellos marcan la cancha, toman las declaraciones y después nos invitan a jugar”, se cubrió el defensor Marcos Marini.

Otra de las nulidades apuntaba a las inspecciones oculares cuyos resultados, según la defensa, fueron contradictorios. “Quiero señalar que la primera inspección ocular fue hace muchísimo tiempo, estaba Cañón todavía de fiscal, pasó Córdoba, estamos nosotros. Y en esa oportunidad no se inspeccionó la séptima batería, fueron la tercera, la cuarta y la sexta. Todos los sobrevivientes fueron convocados y (algunos) estuvieron en condiciones materiales y emocionales de ir y otros no”, comentó el fiscal.

Luego de rechazar dichos planteos, el representante del Ministerio Público pasó a rectificar algunos errores expresados durante su alegato referidos a fechas de actuación de algunos represores y se detuvo en la reivindicación de la testigo Diana Diez: “Fue secuestrada, fue abusada dentro del centro clandestino, hace diez años murió de cáncer, no pudo venir a explicar lamentablemente ella misma lo que le habían hecho. En épocas en que la impunidad reinaba, valientemente declaró y contó todo lo que supo y reconstruyó lo que les había sucedido a ella y a sus compañeros. Así que tratarla de mentirosa habla más de quien lleva adelante esa conducta que de la propia sobreviviente emblemática”.

Al momento de las últimas palabras de los imputados, el primero en tomar el micrófono en el Aula Magna de la UNS fue el prefecto Luis Ángel Bustos “muy preocupado por su salud y su familia”, seguido por su colega Néstor Alberto Nougués, quien se consideró “inocente de todos los cargos” porque no conoció a las víctimas dado que “siempre estuve en una oficina”.

El ex guardia de La Escuelita Raúl Artemio Domínguez sostuvo que “hace dos años, ocho meses y once días que estoy privado de la libertad por una causa que no tengo nada que ver” y el teniente coronel (r) Guillermo González Chipont agradeció el permiso para ver a su hijo una vez por mes.

El ex jefe de la Sección Informaciones de Prefectura Francisco Martínez Loydi quiso que el tribunal “sepa algo de mi vida” y repasó “algunos hechos que me marcaron” como su “voluntario” ofrecimiento para ir a Malvinas años después de cometer los crímenes que se le imputan. Al ex titular de la cárcel de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, le llamó la atención que la ex presidenta Estela Martínez de Perón y su ex ministro Carlos Ruckauf no aparezcan en el juicio aunque hayan sido quienes “ordenaron que actúe de la forma en que actué”.

Alejandro Lawless, quien fuera jefe de sección en el Batallón de Comunicaciones 181 volvió sobre su careo con un ex colimba y el ex responsable de la Fuerza de Tareas Nº2 de la Armada, Gerardo Alberto Pazos, afirmó que “se han sacado del contexto histórico hechos que ocurrieron en el país durante los años 70”

Tomás Hermógenes Carrizo comandó la contrainteligencia en Puerto Belgrano y leyó en su “condición de marino” unos párrafos de una carta de un almirante yankee a otro nazi que tras la segunda guerra mundial reivindicaban la obediencia debida. “Finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubrí las facetas oscuras, corruptas y confusas de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba desde el comienzo de mi vida, fueron la justicia, la política y la Armada”, rezongó Enrique de León, quien fuera encargado de la contrainteligencia en Baterías.

Raúl Oscar Otero aseveró que su cargo en el Batallón de Comunicaciones 181 era logístico y que no tenía injerencia fuera de la unidad y habló de su estado de salud. Pedro Alberto Pila explicó “algunas facetas” de su vida “cuando casi daba por terminado su ciclo en la Prefectura Naval Argentina” porque había perdido su vocación de servicio cuando la fuerza se involucró “en funciones ajenas a su función específica”.

El ex jefe del Departamento Seguridad y Comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano José Luis Ripa pidió “a dios ilumine a vuestras excelencias para que dictaminen mi sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata” y Carlos Andrés Stricker insistió en diferenciar el Batallón de Comunicaciones 181 del “cuartel de Villa Floresta” del Ejército y afirmó que por los crímenes que se le achacan “tendrá que dar cuentas mi jefe que está muerto”.

Todos ellos, más los que ayer prefirieron el silencio, escucharán qué será de su futuro el próximo miércoles 25 a las 18:30 en Colon 80, sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur a cuya comunidad supieron reprimir crudamente.