(Por Francisco J Cantamutto) Se anunció finalmente la oferta a los fondos buitres que ganaron en las Cortes de Nueva York. Ganancias considerables para la rapiña, falta de precisiones y olvido de la legalidad.

Acorde con el objetivo de volver a la ruta del endeudamiento privado externo sin ningún objetivo ulterior (la deuda por la deuda misma), el gobierno de Macri abocó sus esfuerzos a la cuestión de los holdouts litigantes, los famosos fondos buitres. Tras la deleznable operación de diciembre, cuando se cambiaron bonos intra-Estado por deuda con la banca extranjera, el “equipo” de Economía se dedicó a elaborar una propuesta para presentar en Nueva York. Bajo el comando del ministro de la JP Morgan, Prat Gay, y el secretario de la Deutsche, Caputo, se llegó a una nueva oferta para resolver este litigio.

De dónde veníamos

Recordemos que los llamados fondos buitres son entidades dedicadas a la compra de deuda con problemas de pago a previo vil, para litigar luego en tribunales del mundo para obtener el precio pleno, más intereses caídos y punitorios. Debido a lo costoso de asediar legalmente a un deudor por tantos años, esta operatoria sólo está disponible para actores con gran capacidad financiera y de lobby. Es decir: nada que ver con la imagen de los pobres bonistas engañados. Algunos de estos tenedores de deuda argentina lograron una serie de victorias en los tribunales de Nueva York, obteniendo fallos favorables en primera y segunda instancia, para ser desestimado como caso por la Corte Suprema de Estados Unidos. Estos fondos eran dueños del 1,3% de la deuda total, sobre un total de un 7% restante aún impago. El juez Thomas Griesa se volvió así la imagen icónica de lo más detestable del capitalismo financiero mundial, interpretando la ley de manera arbitraria para favorecer a acreedores espurios. Acceder a cumplir con esta sentencia en 2014 abría la puerta de reclamos de bonistas que entraron en previos canjes, lo que hubiera generado una debacle financiera para el país.

Por eso, el gobierno de Cristina Fernández reaccionó utilizando a estos buitres para su propia construcción política, alegando su carácter predatorio contra la soberanía nacional (el “Patria o Buitres”). Aunque es cierto que los buitres lo son, el gobierno omitió entonces su incansable esfuerzo por cumplir con reclamos equivalentes, igual de predatorios. La sola idea de ser “pagadores seriales” resultó incomprensible para quienes insistimos con el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda. La derogación en dos oportunidades (2010 y 2013) para pagar a nuevos litigantes fue expresión de la voluntad de pago, enaltecida a interés público en la mal llamada Ley de pago soberano. La comisión encarga de investigar la deuda no sesionó, evitando cualquier investigación. El objetivo oficial de volver a los mercados de crédito encontraba escollos más por las formas que por desacuerdos de fondo. Los pedidos de los buitres resultaban excesivos pero no desorientados. En la campaña presidencial, los tres candidatos más votados coincidían en que el objetivo era volver a la ruta de la deuda “aprovechando el bajo nivel actual”: es decir, elogiando la gestión kirchnerista. No había desacuerdos en esto.

El gobierno para el capital financiero

El gobierno de Macri nunca explicó para qué quería tomar deuda: no tenemos noticias de inversiones a financiar con estos recursos. Aparentemente, se trata de tomar deuda sólo para eso… tomar deuda. Y pagar jugosas comisiones. Es ahí donde poner funcionarios de la banca en el Ministerio de Economía resulta una ventaja. La impronta gerencial del gobierno fue festejada en Davos, y también en Nueva York. Tras el negociado de diciembre, llegó ahora el anuncio de avance con los fondos buitres.

La oferta habla de un recorte del 25% sobre un valor total de 9.000 millones de dólares, incluyendo dos variantes, una para aquellos bonistas con sentencia firme (que pagaría mejor) y otra para aquellos que no la tienen. Sin embargo, según el especialista Héctor Giuliano, falta mucha información para comprender la oferta, incluyendo qué porcentaje de acreedores representarían este monto (dado que incluso el gobierno de Macri habló de otros valores). Con o sin recorte, se reconoce el derecho al cobro y se acaba con el litigio.

Dos fondos buitres (Montreux Partners y Dart Management) ya aceptaron el arreglo, pero otros cuatro aún no lo hicieron, entre ellos, dos de los que más dolores de cabeza han causado (Elliot Management, Aurelius Capital, Bracebridge Capital y Davidson-Kempner Capital Management). Según un informe de la agencia Bloomberg, estas diferentes voluntades tienen que ver con los montos en juego y las ganancias de cada fondo. El mediador designado por Griesa, Daniel Pollack, ha recibido con gran gusto la oferta, y se ha expresado muy favorable al arreglo.

Con el mediador, el gobierno estadounidense y el FMI apoyando la propuesta, aparentemente el arreglo sería posible. Para ello, el gobierno enviará la propuesta de pago al Congreso, porque éste deberá expedirse al derogar –nuevamente- la ley Cerrojo y también la ley de Pago Soberano. Además de su propia bancada, el PRO cuenta con el apoyo de la UCR, GEN y el Frente Renovador. El kirchnerismo se ve dividido en la estrategia de bloquear al gobierno –expresado por su jefe de bloque en Diputados, Héctor Recalde- o negociar para obtener concesiones –expresado por su jefe de bloque en Senadores, Miguel Pichetto-. Dado que en rigor la propuesta no contradice los fundamentos de la gestión kirchnerista, se trata sólo de una rencilla mediática. El antecesor de Caputo en la secretaría de Finanzas, y negociador del canje 2005, Guillermo Nielsen, calificó la oferta de “muy razonable”. Está por verse cómo se comporta entonces el bloque. En cambio, el Frente de Izquierda se expresó frontalmente en contra del arreglo, pidiendo la investigación.

Más allá de la espuma del potencial acuerdo, una vez más estamos ante la puerta de un nuevo desfalco a la nación. Se acepta la jurisdicción extranjera sobre reclamos cuya ilegalidad e ilegitimidad son comprobables, no sólo en la jurisprudencia local sino internacional. Hay que reclamar de inmediato el cese del pago y la auditoría de la deuda, con participación ciudadana.

(Por Julio Gambina) Las reservas internacionales del BCRA crecieron en 5.000 millones de dólares el último día de enero del 2016, derivados de un crédito de la banca externa.

Transitoriamente, solo un día, las reservas estuvieron por encima de los 30.000 millones de dólares (30.074), ya que el 1 de febrero ya estaban en 29.985 millones y el último registro baja a 29.892 para el miércoles 3 de febrero.[1]

Al asumir el gobierno de Mauricio Macri, las reservas en la contabilidad del Banco Central acusaban 24.862 millones de dólares (10/12/2015). El incremento se explica principalmente por esta expansión del endeudamiento externo, y solo marginalmente por otras razones, caso de las liquidaciones de divisas de los exportadores.

Las reservas pueden crecer por saldo comercial favorable; ingresos por inversiones externas o préstamos internacionales y disminuyen por cancelaciones de la deuda, salidas de divisas y remesas de utilidades al exterior.

Vale mencionar que el record de reservas se logró el 22 de junio del 2011, con 52.259 millones de dólares[2], habiendo perdido reservas desde entonces y hasta el cambio de gobierno por 27.397 millones de dólares.

Bien valdría investigar las motivaciones de esas salidas de divisas, especialmente cuando existen procesos judiciales que pretenden indagar sobre delitos por usos de fondos públicos.

La muleta del ingreso de capitales externos

Un gran objetivo que se sustenta desde el gobierno y los sectores más concentrados de la economía local pasan por superar los límites al ingreso de capitales, especialmente del mercado de crédito internacional.

Era un propósito explícito de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de octubre del 2015, especialmente Macri, Scioli y Massa, y uno de los motivos del primero y el tercero que llevaron a la Cumbre empresarial de Davos.

La exclusión argentina del mercado mundial de créditos se deriva de la continuidad del país en la situación de cesación de pagos y juicio con sentencia en firme en Nueva York.

Por eso se retomaron las negociaciones en EEUU para cancelar la demanda de los fondos buitres y al mismo tiempo suscribir un preacuerdo con bonistas italianos que habían demandado a la Argentina ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, ámbito vinculado al Banco Mundial) luego de la salida de la convertibilidad a comienzos del 2002[3].

En el cierre de la primera semana de febrero se hizo la oferta concreta de cancelación a todos los acreedores del default argentino.

El monto de la acreencia es por 9.000 millones de dólares y se hace una oferta base a quienes no tienen sentencia judicial hasta el 1/2/2016 por el capital original más un 50%.

A los buitres y los “me too” se les ofrece el 100% con una quita del 30% o del 27,5% si aceptan antes del 19/2. Se pagará algo en efectivo y con bonos por un monto equivalente a 6.500 millones de dólares estiman en el Ministerio de Economía de la Argentina.[4]

La negociación con los buitres y el acuerdo con los acreedores europeos suponen mayores compromisos de deuda, es decir, acrecentamiento del stock de deuda y mayores intereses a cancelar a futuro.

El resultado de estas propuestas actúa como una garantía de la voluntad de pago, del mismo modo que durante el gobierno anterior se acordó renegociar con el Club de París, o con Repsol por la expropiación parcial de YPF.

Es en este marco, que el gobierno de Macri logró vencer el obstáculo y cerró un acuerdo crediticio con un conjunto de bancos transnacionales: HSBC, JPMorgan, Santander, cada uno con 1.000 millones de dólares; el Deustche bank, Citibank, BBVA y UBS por 500 millones de dólares cada uno. Son en total 5.000 millones de dólares.

La tasa de interés ronda el 7%, muy por encima de lo que logran otros países en la región. Igual, el tema fue celebrado porque abrieron el canal de ingresos de fondos externos para auxiliar la política económica. Se otorgaron en garantía bonos del tesoro y se mantuvo la cesión de soberanía jurídica ante algún incumplimiento del Estado Nacional.

No solo mejora las reservas para sostener las cuentas nacionales de la economía  argentina, sino que le permite al gobierno ejercer presión sobre los acreedores para un acuerdo de pagos más rápido, según la oferta presentada en Nueva York.

Sin ingreso de capitales, de riesgo o de préstamos, no es sostenible el funcionamiento de la economía local, con un horizonte de estancamiento, desaceleración o directamente recesión para el 2016 (ver previsiones del FMI)[5].

Necesitan la muleta del ingreso de capitales externos porque no existe posibilidad de un crecimiento auto sustentado del capitalismo local.

Es resultado de la ausencia de estímulo al gasto privado o público, por baja de poder adquisitivo de ingresos populares, principalmente salarios, lo que impacta en la facturación de las empresas. Además, las condiciones internacionales no favorecen la demanda externa, especialmente de Brasil.

Tampoco favorece la demanda pública, por el ajuste fiscal vía cesantías o reducción del gasto (eliminación de subsidios que se transfieren a precios de facturación).

Pero tampoco hay un horizonte de crecimiento de la inversión privada o pública, especialmente cuando la preocupación de la política monetaria apunta a sacar dinero de la circulación (39.541 millones de pesos menos de Base Monetaria entre el 10/12/15 al 3/2/16)[6].

Esta absorción de dinero realizada por el BCRA es además onerosa, vía letras de endeudamiento, con tasas del orden del 30% que restringen aún más la posibilidad de destinar recursos con destino al gasto social. Es coherente con una política monetaria de “metas de inflación” orientada a restringir la circulación de dinero para frenar la escalada de precios.

El horizonte es de más deuda pública y externa

Si las perspectivas de evolución de la economía no provienen ni del consumo, ni de la inversión, lo único que resta es el endeudamiento público, con la intencionalidad de habilitar nuevas rondas de deuda externa para el sector público y el privado.

La Argentina reitera así el camino del recurrente endeudamiento externo y sin cerrar antiguas historias de investigación de la eterna deuda.

El Parlamento organizó una Comisión para la investigación de la Deuda, que no emitió su informe final[7] y que nunca tuvo voluntad de auditar seriamente la situación del endeudamiento desde 1976, tal como convocaba la llamada ley de pago soberano que en septiembre del 2014 formuló la propuesta de una Comisión para la investigación.

El gran endeudamiento se inició hace 40 años bajo la gestión de la dictadura genocida, creció en tiempos constitucionales, especialmente en la última década del siglo pasado.

La experiencia histórica nos dice que el endeudamiento externo es un mecanismo de potenciación de la dependencia y que hipoteca la economía local, convocando reiteradamente a procesos de cancelación indefinida de pagos, postergando insatisfechas necesidades sociales y alentando nuevas rondas de sometimiento a los acreedores internacionales.

Existe una demanda social para la investigación de la deuda pública y mientras tanto proceder a la suspensión de los pagos que ya es un derecho, y sigue siendo una consigna y motivo de lucha social junto a otras agresiones económicas derivadas de la política del gobierno Macri.

(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno nacional ha dado sobradas muestras de su orientación, con claridad y celeridad, que nos permiten ir más allá del traqueteo cotidiano, y ver las fuerzas sociales de clase que representa.

El primer mes y medio de gobierno de Cambiemos-PRO ha sido contundente en su claridad, ejecutando un programa sin fisuras, a una velocidad extrema que trata de sacar el máximo provecho combinado de los “primeros 100 días” y la temporada estival. Aunque por velocidad no tiene comparación en la historia nacional, sí la tienen los lineamientos de su programa, lo que permite una caracterización temprana. Y ésta nos habilita a certificar nuestro diagnóstico previo: se trata de un gobierno representante de las fracciones desplazadas dentro bloque en el poder durante el kirchnerismo. Concretamente, se trata del capital agropecuario y el extranjero financiero y de servicios. Estas fracciones prefieren una forma de dominación con menores mediaciones, más directa, y esto es lo que el gobierno del Gerente de la Nación representa.

Representación de clase

Así, hemos sostenido en este espacio, el kirchnerismo fue la representación política de una fracción del bloque en el poder, concretamente, la burguesía industrial. Esto significa que esa clase es la que orientó las líneas centrales del proceso político con sus ideas, valores y proyectos. Duhalde había sido más explícito en este sentido, al nombrar directamente como funcionarios a dirigentes industriales (De Mendiguren) o cuadros de la UIA (Lavagna), subordinando el empleo a la producción como valor social, de la mano de la doctrina social de la Iglesia Católica.

Durante el kirchnerismo, esta representación se hizo más esquiva, pero no por eso menos certera. El hecho de que la forma específica de inclusión social que el gobierno promovía fuera el empleo, y especialmente, el empleo industrial, es una pista clara en este sentido. Que simpatizantes kirchneristas defendieran la “reindustrialización” del país resulta otro indicador. Los representantes del capital industrial, o una parte de ellos, entendieron que para poder llevar adelante sus propuestas necesitaban considerar las de otros, hacer concesiones. Eso los volvió los grandes beneficiarios de las políticas públicas, desplazando dentro de ese bloque de poder a las fracciones agropecuaria y de servicios. La financiera fue relegada en un primer momento, pero las concesiones fueron creciendo en el tiempo, siendo el sector de mayores ganancias los últimos años. Ninguna de estas fracciones perdieron su posición de poder privilegiado, simplemente, fueron desplazadas de la dirección del proceso.

Esto fue lo que el agro impugnó en 2008: sus ganancias seguían siendo siderales, el malestar era no comandar el proceso. El problema fue que, en su origen, el proyecto fue excesivamente corporativo, es decir, centrado en intereses particulares (“bajar las retenciones”), lo que hacía difícil que otros se sintieran parte de ese reclamo. Hacer sus propuestas más generales, presentarlas como de la sociedad, fue el trabajo al que confluyeron los partidos políticos de oposición.

Representación en el Estado

La ciudadanía vota partidos políticos, y estos para ganar necesitan presentarse como representando a la sociedad, a pesar de que, en definitiva, como el nombre lo indica, son una parte. Casi todo el pan-radicalismo (UCR, ARI, GEN), el PJ en oposición (Peronismo Federal) y el recién aparecido PRO contribuyeron en diferentes cuotas a representar ese sector de clase en litigio, como una estrategia para desplazar al gobierno. El discurso que finalmente elaboraron para presentar la parte (fracciones del bloque en el poder) como el todo (la comunidad argentina) fue uno que combinó liberalismo y republicanismo  en cuotas dispares. Las críticas a una supuesta falta de libertades bajo un Estado leviatánico provenía de la primera tradición política, y la falta de división de los poderes y ética pública (corrupción) de la segunda. Este discurso sirvió para ordenar disgustos que existían en la sociedad, incluyendo parte de las clases, bajo una dirección específica en oposición a la fuerza en el gobierno. La alianza Cambiemos fue la forma concreta con la cual enarbolaron este programa, y finalmente, ganaron la elección.

Durante el período de elecciones, todas las organizaciones del capital más concentrado se reunieron para discutir sus necesidades, y el acuerdo común más amplio fue el de “reglas claras”. ¿Qué significa esto? Que no existan dudas de cómo se va a resolver cualquier conflicto, como existían con el kirchnerismo, donde la política intervenía a menudo. Un esquema político donde los ganadores estén claros.

Una vez en el poder, Cambiemos mostró este sesgo. Combinó funcionarios que son representantes directos del capital más concentrado y extranjerizado en algunos ministerios (petroleras en Energía, automotrices en Transporte, servicios tecnológicos en Cancillería, la banca internacional en Economía) con viejos políticos en otras áreas. No son todos gerentes, pero sí los suficientes para mostrarle a los capitalistas para quién quieren gobernar. Esto les otorgó vínculos directos que permitió, por ejemplo, la rápida gestión de nueva deuda externa con la banca extranjera y el contacto veloz con las trasnacionales en el Foro de Davos.

La devaluación con aumento de tarifas, que impulsa la inflación y pulveriza los salarios, fue el mecanismo para explicar cómo se va a repartir el ingreso a partir de ahora. Las paritarias deberán esperar a febrero-marzo, con el gobierno bregando por un tope inferior a la inflación. A quien no le guste, el gobierno reprime.

Para ejecutar este programa, Cambiemos no ha tenido reparos en echar por la borda su propio discurso. El intento de nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto o de subordinar el AFSCA a un ministerio –vulnerando la ley de Medios- son dos pruebas que la división de poderes solo le importaba cuando no eran los que gobernaban. Pero no sólo eso: la campaña de despidos masivos o el encarcelamiento de Milagro Sala por protestar están abiertamente teñidos de revanchismo por pensar diferente. Esto es persecución ideológica, un claro rasgo de los regímenes totalitarios. Aún no vimos dirigentes agrarios ofuscados por esto que tanto les molestaba en el gobierno anterior.

Macri no vino a representar las expectativas de algunos contra el supuesto autoritarismo de Cristina Fernández; vino a aplicar un programa de ajuste a favor de una reducida minoría. Y esa minoría quiere un gobierno de dominación abierta, sin concesiones. Lo que está consiguiendo.

(Por Julio Gambina*) El gobierno anunció el incremento de tarifas de electricidad, con impacto muy destacado en la zona metropolitana. Se presenta como una medida para la igualación del precio en el ámbito nacional, para resolver el problema de rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal que generan los subsidios.

Junto al aumento de tarifas comunican una tarifa social para el sector de menores ingresos, a costa del Estado, cuando debiera ser a costo de las empresas.

Es claro que ello supone una importante discusión sobre el modelo energético construido en la Argentina luego de las privatizaciones de los noventa.

No haber modificado la política energética tiene los costos actuales en materia de tarifazos.

Menor consumo y mayor inflación

La medida tiene doble impacto en la mayoría de la población.

Por un lado disminuye la capacidad de gasto hacia otros destinos, ya que habrá que cancelar las facturas actualizadas a valores siderales, del orden del 500%, o más.

Por otro lado, quienes puedan trasladar a precios ese mayor costo de la electricidad, lo harán, encareciendo los precios en un momento de aceleración inflacionaria, restringiendo aún más la capacidad de consumo de la mayoría de la población de menores ingresos.

Es un tema delicado y largamente anunciado. Fue tema de la campaña electoral y por eso no debe sorprender.

Las empresas del sector eléctrico venían reclamando la actualización tarifaria y coincidían con los gobernantes actuales en cambiar subsidios por precio a absorber directamente por los usuarios.

El programa del poder

Una vez más las reivindicaciones empresarias son resueltas por el Gobierno Macri.

Se demandó devaluación; eliminación de las restricciones para operar en el mercado de cambios (cepo); quita y/o baja de retenciones; ajuste fiscal afectando el gasto social y en personal; tarifazo; y el gobierno cumplió.

Todo lo solicitado va siendo acordado. El poder satisfecho.

Así lo hizo saber esta semana la cúpula de los empresarios más concentrados de la Argentina, de visita en la Casa Rosada, la Asociación Empresaria Argentina.

La AEA reúne a los principales dueños y ejecutivos de las más grandes empresas que actúan en el mercado local: Techint, Arcor, Fiat, Bagó, Roggio, Irsa, Aceitera Deheza, Cartellone, los Grobo, el Santander, Clarín, La Nación, entre muchos otros. Algo así como la crema de las clases dominantes.

En la próxima semana comenzaran las negociaciones con los hold-outs o “fondos buitres” para negociar “en serio” el pago de la deuda reclamada en la sentencia del Juez estadounidense.

Al mismo tiempo, podrá materializarse el préstamo colectivo por 6.000 millones de dólares de un pool de bancos transnacionales, que al tiempo que acrecienta las reservas internacionales, ofrece una señal de seguridad en el cumplimiento de las acreencias externas. Es la seguridad para el poder económico de adentro y de afuera.

El ajuste en acción

Mientras tanto continúan las cesantías en el Estado y en el sector privado, con réplicas muy importantes del movimiento de trabajadores, que marcan los límites a la ofensiva contra el empleo y el salario.

No resulta sencillo para el gobierno pasar por encima de derechos laborales conquistados.

Los estudios sobre precios y salarios circulan entre las direcciones sindicales preparándose para las negociaciones colectivas, donde la discusión docente aparece en primer lugar.

Si el gobierno pretende colocar su objetivo inflacionario del 20 a 25%, se encuentra con un INDEC que oficializa la evolución de precios según marca los institutos de la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de San Luis.

En ningún caso las proyecciones de demanda salarial bajan de 30 a 40%, incluso 45%, sin hablar del impacto del aumento tarifario.

Para colmo, los trabajadores de ATE del INDEC presentaron una actualización del informe de febrero del 2015 sobre ¿CUANTO DEBIERA SER NUESTRO SALARIO COMO MÍNIMO?

La propuesta es a diciembre del 2015 y señalan que “para un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores es de $15.677,40”.

Adicionemos a eso la inflación de enero, el tarifazo sobre electricidad y la continuidad del traslado a precios de la devaluación, con lo cual, la disputa por la distribución del ingreso augura un tiempo de conflictividad social creciente.

*Desde Asunción, Paraguay

(Por Julio Gambina) Macri busca normalizar las relaciones políticas y económicas de la Argentina con el poder económico mundial y por eso concurrió al Foro Económico Mundial en Davos, con señales hacia los principales protagonistas del sistema capitalista: el gobierno de EEUU, el inglés, el FMI y ejecutivos de las transnacionales ávidas de negocios con segura rentabilidad. La movida argentina fue presentada como sistémica con la compañía de buena parte del Poder Ejecutivo y Sergio Massa como líder de la oposición peronista. Oficialismo y oposición juntos para una opción de política de Estado amigable con la liberalización.

Llevaba Macri en su haber el cumplimiento de la demanda de la cúpula concentrada de las empresas que actúan en el país: la devaluación de la moneda, la eliminación y reducción de las retenciones y una mayor liberalización de la economía, acompañada de una brutal modificación regresiva de los precios relativos contra los ingresos populares y favorables a las ganancias. La inflación que miden las provincias de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, referentes del INDEC ante la ausencia de indicadores propios, señalan una variación promedio del 6% para diciembre pasado y similar para enero 2016, consolidando la transferencia de ingresos de los de abajo a los sectores más concentrados en disposición de aumentar precios.

Además, se hace propaganda del compromiso de terminar con la cesación de pagos declarada en 2001, por lo que se propone arreglar con los holdouts, los “fondos buitres” que tienen sentencia de cobro por parte de la justicia estadounidense. En ese marco se habilitó al FMI que vuelva a auditar las cuentas de la Argentina según establece el estatuto del Fondo, t así, las restricciones externas para préstamos al país empezaron a flexibilizarse con el rumbo económico del gobierno Macri, aunque las divisas no terminan de ingresar.

De hecho, la colocación del Bonar 2020 en estos días y el canje de Bonos con vencimiento en 2017 tuvieron escaso impacto y pone en evidencia, que no alcanza con buena voluntad y profesión de fe por la iniciativa privada para que se concreten operaciones de ingresos de dólares a la Argentina, ya que la situación de la economía mundial no acompaña las expectativas de los empresarios gobernantes del país.

Lo concreto logrado es el ajuste interno

El FMI corrigió a la baja las estimaciones de evolución de la economía mundial, que en la coyuntura no solo incluye a los países capitalistas desarrollados como hasta hace poco, sino también a los llamados emergentes, especialmente a Brasil en franca caída y a China con desaceleración confirmada con un crecimiento del 6,9% para el 2015, menos de lo esperado y claro, mucho más que el pobre promedio de la economía mundial. Para la Argentina, la previsión es recesiva, con caída de su capacidad de producción.

El dato real es que los capitales globales, salvo ofertas excepcionales de rápida rentabilidad, prefieren la seguridad de los mercados tradicionales, especialmente EEUU con sus expectativas de subas de la tasa de interés, y por eso hay disputas inter-capitalistas que se manifiestan como “guerra de monedas” en un ciclo donde la mayor valorización de la moneda estadounidense induce la baja de los precios de las commodities, entre ellos el petróleo, el gas y de interés para la Argentina, los alimentos y muy especialmente la soja. Parte de ese fenómeno se manifiesta como crisis de las bolsas en todo el mundo, y la de la Argentina es una de las más perjudicadas en este comienzo del 2016.

La realidad es que la disputa por el ingreso y la riqueza se concentra en la redistribución regresiva hacia el interior de la Argentina. Por eso se cuentan por miles los desempleados del Estado y el sector privado, la cara visible del ajuste prometido y ejecutado. Se aprovecha el consenso electoral en el primer tramo de ejercicio de un gobierno que funciona a base de Decretos e iniciativa política e ideológica mediática para construir aceptación social más allá de lo obtenido en las urnas. Es curioso, pero el autoritarismo está asociado a la búsqueda de mayor consenso. Se presenta como señal de autoridad, de eficacia de gestión. Se trata de lógica política de empresarios por la eficiencia en la gestión.

El capitalismo mundial en crisis necesita de más liberalización de la economía y el gobierno Macri es funcional a ese programa. Los capitales transnacionales aguardan conocer cómo se procesa el conflicto social, con represiones diversas y confrontaciones en un tiempo de receso por vacaciones, con negociaciones paritarias que empiezan a intervenir en el debate económico y político, caso de los docentes, los bancarios o los petroleros. Todo agudizado con la incertidumbre derivada de la ausencia de cifras oficiales que midan la evolución de precios y salarios.

Los propósitos del Foro Económico Mundial

Davos reúne al poder económico mundial desde hace 45 años, cuando se convocó al primer Foro Económico Mundial en 1971, con la crisis capitalista de entonces asociada a la disminución de las ganancias gestada desde la mayor acumulación de poder popular en la historia.

Entonces parecía imparable el socialismo en el mundo, con EEUU enterrado en el fango de Viet Nam, que irremediablemente perdería poco tiempo después. En ese marco, el poder sindical había arrebatado históricas conquistas al poder concentrado. El Sur del mundo ejercía su capacidad de demanda asociada al sistema socialista para discutir un Nuevo Orden Económico Mundial, como Carta de los Deberes y Derechos de los Países en debate de la ONU en 1974, solo con 12 votos en contra.

A comienzos de los años 70´, el imperativo era frenar la acumulación de poder popular y se desató una gigantesca ofensiva del capital sobre el trabajo. Una ofensiva de contrapoder para restaurar la capacidad de mando y dominación del capital en la civilización contemporánea. Davos renueva en esta versión del 2016 sus propósitos, aunque sobre el mar de una crisis capitalista que empezó a visibilizarse desde el 2007/8.

La esperanza por una alternativa se procesó con el cambio político en Nuestramérica, justamente en el momento de eclosión de la nueva crisis mundial en 2007. Macri en Davos llevó tranquilidad al poder económico por su disposición a retomar el programa de máxima del gran capital e intervenir en la región para orientar su rumbo hacia la liberalización. Su política internacional inducirá las ansias liberalizadoras de corrientes afines en los gobiernos de Uruguay y Paraguay para contrarrestar el peso de Venezuela o Bolivia en el Mercosur, con un Brasil abocado a resolver su propia crisis interna y lejos de toda pretensión hegemónica regional.

Lo alternativo como asignatura pendiente

Por eso, la pregunta que se impone, para la Argentina y la región es relativa a los límites del proyecto de cambio político, especialmente en las modificaciones estructurales de orden económico. No haber avanzado en ese camino generó las condiciones de retorno al proyecto hegemónico de las transnacionales, los organismos internacionales y los países más desarrollados del capitalismo y el imperialismo.

El proyecto alternativo sigue siendo la asignatura pendiente. Es necesario instalar esa conclusión en la sociedad, ya que no alcanza con propugnar un sentido común de retorno a procesos que mostraron sus límites e incapacidades para transformar profundamente la realidad. La foto del balotaje con dos opciones constituye un problema para construir ese proyecto alternativo. La opción binaria del balotaje no sirvió para identificar rumbo alternativo al orden capitalista y su cristalización en el debate político cotidiano es un límite a superar.

La iniciativa política del gobierno Macri unifica acciones y movilizaciones para la defensa de reivindicaciones económicas y sociales. El problema es que no se requiere solo la unidad de acción, incluso de unidades orgánicas, tal como se sugiere con las CGT o las CTA. La cuestión de fondo es sobre la hegemonía de ese accionar en unidad, si para retomar procesos que demuestran sus límites para avanzar en proyectos de emancipación social, o si se define una propuesta con suficiente densidad social y política para desafiar al orden de Davos.

(Por Julio Gambina) El pasado miércoles 13 de enero habló, a un mes de asumido el gobierno de Macri, el ministro de Economía.

La primera curiosidad es que su crítica al gobierno anterior remite al periodo 2007-2015. Tiene lógica, ya que englobar a todo el ciclo entre 2003 y 2015, lo involucraba a él mismo al frente del Banco Central entre diciembre del 2002 a septiembre del 2004, entre los gobiernos de Duhalde y Kirchner.

Es más, hizo el autoelogio de haber contribuido con la política monetaria del BCRA a disminuir la inflación del 40% al 5%, y aun reconociendo circunstancias distintas, oculta que la baja de la inflación estuvo asociada a la recuperación económica luego de años de recesión entre 1998 y 2002, una reactivación sustentada con la devaluación y la cesación de pagos.

Ambas medidas (devaluación y default) favorecieron, brutales transferencias regresivas de ingresos mediante, la instrumentación de políticas económicas activas y políticas sociales masivas (Plan Jefas y Jefes de hogar) al evitar pagos a los acreedores no privilegiados (recordemos que a los organismos internacionales, siempre se les canceló los vencimientos).

En la actualidad, si bien venimos de un periodo de desaceleración económica y recesión industrial, sin la profundidad del ocaso menemista, los pagos de deuda vienen siendo crecientes y lo serán mucho más a partir de la negociación anunciada con los buitres (hold-outs) y la justicia estadounidense.

Los crecientes pagos de deuda, el llamado desendeudamiento, significaron cuantiosos pagos de viejas deudas, al tiempo que se asumía nuevos endeudamientos, especialmente con organismos nacionales, del tipo del BCRA o la ANSES. Esos bonos con los organismos nacionales son los que ahora se utilizan como garantía para nueva deuda externa.

Recordemos que a la salida de la crisis del 2001, la devaluación orientada a reactivar la “producción y la competitividad local”, estuvo acompañada de la cesación parcial de pagos, liberando fondos públicos para la política económica y social desde el 2002, lubricando un consenso que sustenta el ascenso electoral del ciclo kirchnerista entre 2003 y 2011.

La devaluación actual, más que activar la competitividad o la productividad de la producción local, actúa directamente como un mecanismo de mejora de la rentabilidad de la cúpula empresarial, especialmente de los sectores hegemónicos de la producción agraria e industrial asociada a la exportación, y claro, como siempre, la banca y los capitales concentrados en el ámbito de la especulación.

Alfonso Prat-Gay quiere mostrar los logros macroeconómicos a la salida de la recesión 1998-2002, asumiéndose protagonista de esa historia y se pone nuevamente en ese lugar, ahora como Ministro de Economía, pretendiendo asimilar la herencia actual a la debacle del 2001.

En su mensaje habla de la herencia negativa, especialmente la continuidad del default, que habría que superar para volver al mercado financiero mundial. Ahora, la continuidad de la cesación de pagos sería una situación negativa en su lógica analítica del presente, cuando en realidad, fue una condición de posibilidad indispensable para la recuperación macroeconómica desde el 2002.

Por eso sugiere negociar “en serio” en EEUU, situación que ya está en marcha, incluso la licitación de una nueva representación de abogados ante la justicia estadounidense.

Claro que señala el despropósito de la justicia estadounidense que multiplicó por diez, vía intereses punitorios, una deuda de capital que en origen era menor a 500 millones de dólares (demanda de los buitres).

Ese monto más punitorios y otros acreedores no partícipes de los canjes de deuda del 2005 y 2010 acrecen la demanda a casi 3.000 millones de dólares; base de la discusión en estos días para terminar con el default y volver al mercado de créditos mundial en condiciones similares a la de otros países de la región (tasas del 4 al 6%).

La deuda constituye un capítulo esencial de la política económica actual y condiciona al conjunto de decisiones que asume el gobierno, privilegiando a los acreedores del Estado por encima de cualquier propósito, aun cuando se formula el objetivo de pobreza cero.

Inflación, precios, salarios y el papel del Estado

El ministro insiste en un diagnóstico ortodoxo sobre la inflación, el que podría resolverse con restricciones en la política monetaria, fiscal y de ingresos, o sea con ajuste.

El Estado “bobo” sería el responsable de la inflación. Dice Prat Gay que el Estado gasta más de lo que recauda y denuncia un déficit fiscal primario (antes de pagar deuda) para el 2015 de 5,8% del PBI, contra el 2,3% informado por la gestión anterior.

El dato acrecido surge de incluir gastos no registrados en las cuentas oficiales (deudas a proveedores, p.e.) e ingresos incorrectamente incluidos, caso de los aportes del BCRA o de la ANSES, aunque admite que es una tesis discutible.

Si se suma el pago de intereses, el ministro de economía denuncia un déficit fiscal total del 7%.

Vale discutir lo del Estado bobo, calificativo que escamotea el carácter capitalista del Estado en la Argentina, desde que este se considera país independiente.

Por lo tanto, el Estado, más que bobo, siempre estuvo al servicio de algún sector de la clase dominante, claro que con los matices que pueden diferenciar los regímenes militares a través de la historia, especialmente entre 1930 y 1983 respecto de los gobiernos constitucionales en ese periodo y los previos; incluso los matices y especificidades de las lógicas de dominación capitalista en el ciclo 1983 y el presente.

No hay Estado ausente, sino un Estado que define esencialmente el orden económico, social y cultural. Eso remite a una construcción histórica del modelo productivo sojero, mediado con los cambios institucionales y operativos de la producción ocurridos en los 90; pero también el despliegue de la mega minería a cielo abierto, consolidado con las modificaciones de la última década del siglo pasado; o la extensión de la industrialización dependiente de insumos y partes del exterior (desde siempre); junto al condicionante del endeudamiento y la lógica especulativa del sistema financiero, asociada a la dinámica delictiva del narco tráfico, la trata de personas o la venta de armas.

Remito a una realidad construida desde el Estado, con matices, en los 40 años a cumplirse el próximo mes de marzo. La soja emerge en los 70 y se consolida como cultivo hegemónico en los 90. El cambio del código minero y la legislación específica del sector hizo atractiva a la cordillera para las grandes mineras transnacionales, del mismo modo que el extractivismo petrolero busca rentabilidad explotando los hidrocarburos no convencionales. La ley de entidades financieras y la de inversiones externas datan de los años de la dictadura genocida.

Cada gobierna milita “su” Estado y le adiciona capas de personal necesaria para cada proyecto político. El Ministro es un militante del proyecto Macri y las aspiraciones de las clases dominantes asociadas por primera vez a una gestión gubernamental sustentada en el voto mayoritario de la sociedad.

El ministro quiere quitar lastre del gasto público y por eso alude a la “grasa militante”. No se lo ocurre disminuir gasto vía la suspensión de pagos de la deuda, y ojo que a la Argentina no le fue tan mal entre 2002 y 2007, con cesación de pagos y aislamiento de la lógica financiera mundial que castigaba al país por el default.

Lo concreto sugerido explícitamente es el ajuste del salario y del empleo, especialmente en el estado. Ni siquiera es sutil cuando sugiere paritarias por debajo de su objetivo de inflación: entre el 20 y 25%. Incluso amenaza con quedar descolocado al que negocie por encima de esa “meta de inflación”.

Se trata de un mensaje ortodoxo, de alguien que se presenta como neo-keynesiano. En rigor, es un pragmático que piensa en la mejor manera de hacer funcionar, según sus intereses, al capitalismo local.

La herencia y las propuestas

El ministro carga la responsabilidad sobre el déficit fiscal al derroche de los gobiernos de Cristina Fernández, más que al de Néstor Kirchner, y no realiza ningún análisis sobre el modelo productivo y de desarrollo construido por décadas, más allá del ciclo kirchnerista.

El kirchnerismo en la oposición no acepta ningún diagnóstico crítico sobre ese modelo productivo consolidado en tres turnos y su correspondiente modelo de desarrollo sustentado en el consumismo y la extranjerización de la economía.

Es más, el comentario entre los seguidores del kirchnerismo alude al límite de haber realizado lo que se pudo, sin imaginar nada más allá de lo intentado o ejecutado, ya que la sociedad no hubiera acompañado.

Nuestra tesis es que la sociedad nunca fue convocada a discutir el modelo productivo y de desarrollo construido entre 1976 y 2001, y que la respuesta electoral remitió a otro debate, quizá más asentado en las formas del ejercicio de la política. Se trata de un problema, ya que el discurso oficial se apoya en el convergente consenso electoral al respecto.

La mayoría de la sociedad expresó en el voto la insatisfacción del proceso previo, por lo menos en su tramo final, entre 2013 y 2015, y se expresó entre otras formas en paros generales y extensión de la protesta social, los que no pudieron materializarse en propuesta política para la disputa del gobierno, por lo que el resultado del castigo emerge en un gobierno alineado a la derecha política y por la liberalización de la economía.

El discurso kirchnerista se asume como el límite de lo posible y se atrinchera en su propio relato, sin imaginar la radicalización programática y menos la constitución de una subjetividad popular para encarar transformaciones sociales. No es solo un problema de Argentina y puede identificarse como dificultad central para los procesos de cambio en Nuestramérica en este Siglo XXI.

Existe la necesidad de construir relatos alternativos al macrismo y al kirchnerismo, para encarar el proceso emancipador. Mariategui aludía al mito de la revolución socialista hace un siglo, como tarea de los pueblos en Nuestramérica.

Puede ser que atrase un proyecto que sustente nuevamente el mito del socialismo, como muchos me dicen, pero más atrasa la propuesta liberalizadora, base de las consignas de los iniciáticos liberales del dejar hacer.

¿Qué es más antiguo, el liberalismo o el marxismo, el capitalismo o el socialismo?

En rigor, ni más antiguo ni más moderno, solo un interés de clase, de los que dominan o los dominados que luchan por su emancipación.

Foto: Hoja de noticias

(Por José Rigane*) A un mes de asumir, el gobierno del presidente Mauricio Macri comienza a dejar en claro con hechos -no sólo con palabras- la política económica y social que quiere llevar adelante en Argentina. Por un lado, intenta hacernos creer a través de ministros como Triaca o Prat Gay que hay un retroceso del proceso inflacionario, con lo cual no reconoce la devaluación provocada con la quita del cepo en diciembre ni del aumento disparado de los precios de los alimentos a fin de 2015.

Desde el gobierno nacional se hace hincapié en el “dialogo social” (aunque avanza en realizar masivos despidos en distintos organismos estatales). Se reivindica desde el ejecutivo nacional a este acuerdo social como una meta a alcanzar y se remarca que participarán los gobernadores provinciales y algunos dirigentes políticos. También se reivindica el proceso de unidad de los dirigentes sindicales, sobre todo de la CGT.

Pero, por otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les pide a los dirigentes sindicales “responsabilidad” a cambio de las paritarias y de quitar algunas presiones tributarias a los trabajadores como ganancias (impuesto al salario). Es decir, desde el gobierno dicen que podrían modificar el sistema de ganancias pero amenazan con que las demandas de los trabajadores para las paritarias tengan “responsabilidad”.

Sobre este tema Prat Gay fue el más claro del gobierno nacional cuando dijo que “cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”. Es decir, que los trabajadores vamos a tener que optar entre “salario o empleo”.

Prat Gay directamente nos está amenazando a los trabajadores diciéndonos que si reclamamos aumento de salario en las paritarias se van a “venir” despidos masivos. Además, dijo que la inflación no va a superar el 20 o 25% y, por lo tanto, las paritarias no tienen que superar de ninguna manera esa cifra. Es decir, Jorge Triaca y Alfonso Prat Gay le están poniendo un cepo a las paritarias.

Esto es una verdadera extorsión porque en realidad de lo que se está hablando es algo que los trabajadores ya conocemos en Argentina, como ocurrió en la época de Martínez de Hoz o con Domingo Cavallo.

Es decir, lo que el gobierno busca es “competitividad” para los empresarios y los trabajadores sabemos que esto significa bajar salarios y cambiar el régimen laboral. Es decir, significa una gran pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Esto no siempre le resulto efectivo al poder en nuestro país, porque se encontraron con la presencia de los trabajadores en la calle. Nuestro pueblo tiene una rica experiencia en enfrentar estas políticas.

Pero Jorge Triaca continua diciendo que “tenemos que recuperar competitividad y los dirigentes sindicales son concientes de esto”. Y sigue: “en los últimos tiempos hubo desorden en el ámbito del trabajo, hubo fallos que modificaban el modelo sindical, otorgaron personería gremial, etc. y esto requiere un reordenamiento, una modernización”.

Esto los trabajadores también sabemos qué significa: ajuste para los trabajadores y más ganancia para los empresarios (garantizada por el gobierno).

Como venimos diciendo desde la CTA Autónoma, evidentemente no queda otro camino que ganar la calle. No queda otra opción que organizarnos más y mejor para desarrollar poder propio. Pero no hay que ganar la calle de cualquier manera: hay que recordar que parte de esta situación que vivimos hoy se genera en un pasado donde no se quiso, no se pudo o no se tuvo la voluntad política en avanzar en tomar las medidas políticas, gremiales y sociales que se requerían para profundizar a favor del pueblo y los sectores populares. Es decir, que no todo es responsabilidad de lo que genera este gobierno de Macri en la actualidad.

Los trabajadores tenemos que defender nuestros intereses, gobierne quien gobierne. Los trabajadores debemos organizarnos y discutir cuál es la mejor forma de enfrentar este nuevo ataque a nuestros bolsillos. Los trabajadores tenemos que discutir y debatir, pero pongamos por delante la organización y la unidad para salir nuevamente a la calle a luchar, como siempre lo hicimos.

(Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. Gral. de la FeTERA)

Fuente: Fetera

La CTA Autónoma de la Provincia de Buenos lleva adelante una medida de fuerza con un acto central en la bajada de la Autopista, en La Plata

A su vez, la Central presentó un recurso de amparo y participó de la movilización de ayer frente a la Municipalidad Platense, en repudio a la represión del viernes pasado y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Exige además mayor presupuesto para las Áreas de Políticas Sociales y repudia los despidos en el Sector Privado.

Durante la jornada de ayer el Secretario General de la CTA Provincia, Oscar de Isasi, dijo en conferencia de prensa que las razones del conflicto se deben a que “la Gobernadora ha decidido de manera anticonstitucional, por un decreto, suspender la Ley de Paritarias Municipales por 180 días. Y con la misma excusa de que no hay presupuesto, decidió suspender la negociación paritaria que habían comprometido se iba a realizar en enero.”

“Entendemos que ese decreto también intenta cercenar derechos construidos por consenso por el conjunto de los trabajadores municipales, como el salario Mínimo, Vital y Móvil, el derecho a que las plantas de personal tengan Estabilidad Laboral, el derecho a la Licencia por Violencia de Género, Maternidad y Paternidad. No solo intentan quitarnos todo eso sino que además lo hacen de una manera autoritaria y anticonstitucional”, agregó.

Por su parte, la seccional de ATE Bahía Blanca lleva adelante un paro por 24 horas en reclamo de “aperturas de paritarias, contra los despidos y la represión, pase a planta de los trabajadores precarizados y por vigencia de la Ley de Paritaria de los Municipales”.

(Por Julio Gambina) La inflación está en el centro de la evolución económica de estas horas, con una aceleración que se inició antes de asumir el nuevo gobierno de Macri y que no para en el verano, con una proyección preocupante para todo el 2016, con valores que se acercan al 40% y sin el INDEC normalizado.

No se trata de adivinar a cuanto escalará la suba de precios, pero el tema es clave a la hora de discutir, próximamente, las paritarias. La regresiva distribución del ingreso actúa ya, bajo la lógica del mercado, en la oferta y la demanda, de precios en alza e ingresos populares congelados.

El aumento de los combustibles de 6% en esta semana, que se replicará en marzo próximo resulta emblemático, por su impacto en toda la cadena de valor. Alimentos y medicamentos están a la cabeza del aumento de precios, y son precisamente importantes al medir la capacidad de compra de la mayoría de la población.

Los aumentos de precios posibilitan recomponer las ganancias de las empresas con capacidad de fijar precios, en un ciclo de desaceleración económica y recesión productiva, al mismo tiempo que deprimen la capacidad de compra de los ingresos fijos, imposibilitados de actualizar sus precios, el de la fuerza de trabajo. Por eso, a comienzo de año, se sigue demandando un bono compensatorio de fin de año.

Empleo o salarios

Resulta interesante considerar el chantaje del Ministro de Economía, quien sugiere optar entre empleo y actualización salarial. Se trata de una opción que se presenta en el marco de despidos que ocurren tanto en el sector estatal como en el privado.

En el Estado el tema se enrarece con la discusión de los “ñoquis” o designados políticamente, escamoteando el tema de fondo de la precariedad laboral de contratados por más de una década. En el sector privado, la realidad de los despidos transita por la lógica de la impunidad derivada de la ausencia de delegados de las/os trabajadoras/es.

La discusión sobre “ñoquis” oculta el debate sobre bajos salarios y precariedad, especialmente en los Estados municipales, con ingresos de trabajadores menores a los de los Estados provinciales y de estos respecto de la Nación. Sin hablar de la inseguridad de esos contratos, explicitados con la masiva rescisión ocurrida en estas horas, acompañada de represión ante la lucha de esas cesantías.

Queda claro que la variable de ajuste son las/os trabajadoras/es, contra la impunidad empresaria y una política económica de ajuste fiscal regresiva y estimulo inflacionario que consolida la brutal transferencias de ingresos desde la mayoría de la sociedad a la minoría más concentrada del poder económico.

El Estado en debate

Incluso, lo que no se discute es ¿qué Estado es necesario?, ¿con cuántos trabajadores y para qué funciones? Ello nos lleva a una discusión sobre los ingresos y los egresos del Estado, o sobre quienes sostienen financieramente al Estado y en que se gasta. El Estado siempre actúa, lo que necesitamos esclarecer es para quién actúa, quién se beneficia y quién se perjudica.

La historia reciente del debate presupuestario, por ejemplo, se agota en la iniciativa del Poder Ejecutivo y su hegemonía en el Parlamento o su capacidad negociadora con legisladores opositores, tal como ocurre en estas horas en la Provincia de Buenos Aires con oficialismo sin mayoría en el Congreso provincial.

Es cierto que lo formal deriva en una democracia “delegativa, representativa”, sin lugar a la participación social. No existe participación de la sociedad en el debate, salvo la delegada a los poderes legislativos y ejecutivos.

Algunas veces se nos consulta sobre qué medidas alternativas podrían sustentarse. Bueno, el presupuesto participativo, con asambleas territoriales o sectoriales serviría para considerar la orientación de los recursos públicos en diferentes niveles del Estado, municipal, provincial o nacional.

Es una utopía esperar una respuesta en ese sentido desde un gobierno que se orienta a profundizar la iniciativa privada, pero constituye un programa a sustentar desde el movimiento popular.

Discutir el régimen tributario es una gran asignatura pendiente, mediada por límites del régimen federal actual y sus formas de funcionamiento, en donde opera el condicionante financiero de la Nación sobre las provincias y de éstas sobre las Municipalidades.

Cuestión de poder

Tanto la inflación como el Estado remiten a una cuestión de poder. Por eso se propone desde el gobierno Macri un Pacto Social tripartito, entre el sector empresario, el sindicalismo y el Estado, que ahora parece demorarse hasta que se pueda deteriorar la capacidad negociadora de trabajadoras y trabajadores. Los empresarios están más que dispuestos para una negociación condicionada, en la perspectiva de contener el costo salarial e inducir una escalada de facturación y ganancias.

El conflicto social existente demora los objetivos del gobierno por el pacto que ajuste salarios, por lo que dejan operar las leyes del mercado, con la escalada de precios y un restringido accionar del Estado para morigerar el impacto social, con el bono mísero de $400 para jubilados de la mínima y planes sociales; la continuidad de los “precios cuidados”, claro que con precios actualizados, y alguna mediación en conflictos visibilizados por la prensa, caso de Cresta Roja.

Desde el gobierno Macri se imaginaba que su política de shock iba a ser acompañada, desde el consenso electoral, por la docilidad de la organización social y sindical de los trabajadores, pero también por la solidaridad y disposición de los mercados mundiales.

Ninguna de ambas premisas se materializa. No hay disposición social a resignar derechos adquiridos, y la crisis mundial tiene dinámica propia más allá de la profesión de fe ideológica en la lógica mercantil.

La sorpresa de estas horas es China, con nuevas devaluaciones e impacto en los precios relativos a escala global, con baja de los precios de las commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, y fortalecimiento del dólar contra otras monedas mundiales. La guerra monetaria continúa y es forma de expresión de la disputa entre los Estados nacionales por atraer capitales excedentes del sistema mundial.

¿Qué tiene que ver todo esto con la Argentina? Que los sojeros quieren un mejor tipo de cambio ante la baja del precio de la soja. El dólar volvió a subir esta semana, con mayor demanda de importadores. Eso alimenta la expectativa especuladora de productores para la exportación, que retienen producción en espera de mejor cotización de la divisa. Además, los capitales que se buscan en el exterior, inversiones o préstamos, para sustentar la política económica de Macri demandan enormes concesiones para decidir su rumbo inversor o de préstamo en el país, tentado por las ofertas sugeridas en otros territorios, especialmente, por la expectativa de continuidad en la suba de las tasas de intereses en EEUU.

No es tan sencillo para el gobierno Macri construir el consenso político hacia un programa reaccionario, y no alcanza con lo logrado en el proceso electoral, ya que a la hora de gobernar, las contradicciones locales y globales actúan. Es la lucha de clases que se abre camino más allá de la voluntad gubernamental.

Es poco lo cambiado esencialmente en Argentina, ya que el modelo productivo y de desarrollo se sostiene, con modificaciones en la explicitación del interés por las ganancias de las empresas, enfatizado por un gobierno sin mediación política, con empresarios definiendo las políticas de Estado. Por ello es que se impone el debate de la cuestión del poder, en el orden local y mundial.

(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno no nos hizo esperar para saber cuál era el cambio del que hablaba.

 Una semana. Es lo que tardó Macri en mostrar sus cartas, todas juntas y a la vez. Con una soberbia que sólo empata con la ignorancia de algunos de sus funcionarios, como Sergio Bergman, quien reconoció públicamente desconocer sobre la materia del Ministerio que quedó a su cargo (Ambiente y Desarrollo). Sabiéndose en minoría en el Congreso, sin suficientes gobernadores de su lado y con más de la mitad del electorado en contra, optó por el camino de la sinceridad. Y éste consistió en incrementar el sesgo mayoritario del presidencialismo argentino. Sí, el discurso republicano duró menos que un suspiro. Decreto a decreto avanzó el flamante presidente porque, según explicó el Ministro de comunicaciones Oscar Aguad, “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente”. “Es tan absurdo”, sentenció el ministro ignorante de la Constitución. Tan ignorantes y soberbios que fueron por todo tratando de nombrar una Corte Suprema por decreto: la división de poderes quedó para los sueños mediáticos de Carrió.

El atropello de decretos tuvo en la economía uno de sus ejes. No sólo el ajustazo que pretendieron pasar “por error” en el sistema educativo, sino en las disposiciones sobre el comercio exterior anunciadas. A pesar de ser materia de discusión legislativa, como le recordaron a Cristina Fernández en 2008 las entidades del campo, el flamante gerente de la Nación Macri tuvo rienda suelta para animarse desde Pergamino, epicentro del poder sojero: desaparecen las retenciones para exportaciones de carnes, maíz, trigo y girasol, se reducen de 35% a 30% para la soja, se eliminan las Declaraciones Juradas Anticipadas. Como proclama libertaria, explicó el ministro Prat Gay que “el que quiera importar, o exportar, o comprar dólares, lo va a poder hacer, nadie lo va a perseguir”. Por eso el anuncio se completó frente a la Unión Industrial, explicando que ahora las mercancías serían libres de entrar al país cuando quisieran: sobre 19.000 productos, se libera el comercio de 18.000. Un gesto de velocidad y profundidad de apertura que sólo puede compararse con el frenético impulso de Menem por implementar la Convertibilidad.

Los empresarios PYME salieron de inmediato a explicar que esto implica una competencia que no pueden enfrentar. En un mundo en crisis, sin demanda, inundado de bienes producidos basándose en salarios bajos, la apertura implica una oportunidad de negocios para las grandes multinacionales. Siempre siguiendo las declaraciones de los dirigentes PYME, se espera que esto impacte negativamente en su capacidad de emplear mano de obra, lo que significa, en buen criollo, despidos y caída de la demanda agregada. Escenario que se acoplaría con el ya existente de recesión en la cadena automotriz, donde pululan recortes de horas extra y suspensiones.

Pero la verdadera estrella en el firmamento PRO-Cambiemos es la liberación de los controles de cambios (el mal llamado “cepo”). A partir del jueves, se pueden comprar sin trabas ni regulaciones los dólares que cada quien pueda pagar, hasta el límite de los dos millones para atesoramiento. Un verdadero cambio en las libertades básicas. Y una vez quitadas las trabas a la demanda, el efecto obvio esperado es un aumento del precio de la divisa: esto es, una devaluación. Según estimaciones del gobierno al hacer el anuncio, su nuevo nivel rondaría los 14-15 pesos por dólar (en una curiosa simetría multiplicada por diez del paso del uno a uno de la Convertibilidad al 1,40 de Duhalde, que duró un mes). Para pasar la prueba de fuego del día uno, el gobierno había arreglado antes con los operadores fuertes del mercado. En calidad de urgente, negoció nueva deuda –en condiciones que aún desconocemos- con la oligarquía financiera mundial (la vieja casa de Prat Gay JP Morgan, Citibank, Deustche, HSBC y Goldman Sachs), una extensión de los créditos con China, y la liquidación en el mercado de la producción retenida por el agro (que con la devaluación, incrementó sus ingresos en un 40-50%, sin correlato alguno en sus esfuerzos). En total, al menos 17.000 millones de billetes verdes para auxiliar los algo más de 28.000 que hay en el Banco Central. Negocian frente a los poderes mundiales otras vías de crédito, volviendo a la ruleta de la deuda bajo el eufemismo de “inversiones”.

La devaluación, por supuesto, no era ninguna campaña de miedo, sino una previsión concreta de lo que iban a hacer. Sólo por eso tiene sentido cuestionar la acción del ex presidente del Banco Central, Vanoli, por vender dólares a futuro al precio que se votó en el presupuesto nacional: porque de ganar, Cambiemos quería un dólar más caro, como están demostrando ahora. Está por verse que este paquete de arreglos sea suficiente para contener la demanda, evitando lo que se conoce como “overshooting”: que el precio del dólar se pase de largo antes de entrar en la curva y volver a su senda. El nuevo presidente del Central, Sturzenegger, ha ofrecido como prenda de cambio para contener esta demanda un aumento en las tasas de interés (llegaron al 38% en las tasas de referencia): de rendir más los depósitos, se espera que esos pesos no vayan a los dólares. Con la misma lógica, Duhalde llegó a emitir letras al 129% de interés en junio de 2002.

La devaluación, también por supuesto, se pasará en alguna medida a precios. Como los operadores más fuertes ya hicieron este pase a precios por adelantado en noviembre –gracias al aviso previo de Prat Gay-, ahora se pueden sentar en la mesa con el gobierno a negociar menores aumentos. Retrotraer precios a noviembre es un cuento de hadas, como los propios grandes empresarios dieron a entender. A pesar de dar continuidad al programa de Precios Cuidados, el nuevo gobierno lo estaría reduciendo a la canasta básica de alimentos, quitando gran parte de los 512 productos actuales. Y además, pretendiendo ocultar el sol con la mano, en el colmo del cinismo, han anunciado no publicar los datos de inflación de diciembre. La suba de tarifas de los servicios comenzará a sentirse a partir del siguiente bimestre. Mientras tanto, laburantes deberemos esperar para recomponer nuestros ingresos: las paritarias comienzan recién a partir de febrero.

Esta liquidación del salario a favor de los grandes exportadores y la renovación del negocio de la banca representan un importante retroceso social, que se empezará a sentir en los meses que siguen. Está por verse que esto impulse el empleo, como sugieren los defensores de la medida.

Cambiar, cambiamos: para peor. Esta primera semana de arrebato lo atestigua.

La Central de los Trabajadores Argentinos Bahía Blanca – Coronel Dorrego emitió un comunicado de prensa en el que expresan que “en el lapso de dos semanas los precios de los artículos de la canasta básica familiar han trepado hasta un promedio del 30%”.

Asimismo, el documento sostiene que “en los hechos la escalada impacta de pleno en el poder adquisitivo de los asalariados y los jubilados produciendo una extraordinaria transferencia de ingresos hacia los grupos más concentrados de la economía que dominan el mercado”.

La CTA responsabiliza de manera compartida a los gobiernos entrante y saliente ya que “el que se fue, inició el proceso después de las elecciones autorizando un aumento del 10% en los combustibles, producto de sus acuerdos con las empresas petroleras en un momento en que el precio del barril de petróleo se ha derrumbado en el mercado internacional” y “los anuncios del equipo económico entrante de devaluar la moneda y eliminar las retenciones  fueron la señal para que las grandes empresas formadoras de precios dieran rienda suelta a un aumento generalizado de la mayoría de los productos”.

En torno a las nuevas autoridades en el ámbito laboral, la central sostiene que “otro aspecto de la misma política de ajuste es el anuncio del ministro de Trabajo Jorge Triaca atar futuros aumentos de salarios al ´aumento de la productividad´. La productividad puede aumentar por 2 vías: por renovación tecnológica o produciendo más en el mismo tiempo de trabajo. Como nadie habla de invertir la consecuencia será solo hablar aumentos a cambio de incrementar los ritmos de trabajo”.

Sumado a esto “la Unión Industrial Argentina en la que se nuclea buena parte del empresariado ha convocado para el 14 de diciembre a su Convención anual, en la cual tendrá un invitado de lujo´´ el presidente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder. Se espera también la presencia del presidente Macri y de buena parte de la dirigencia sindical. Allí intentarán echar las bases de un “acuerdo económico social” que en nuestra historia se conoce como un Pacto social”.

“Los empresarios de la UIA traen al experto sindical para intentar convencernos que debemos resignarnos y adaptarnos a estos cambios que no son otra cosa que empleos más precarios, salarios a la baja o la siempre latente amenaza de despidos que ya han puesto en marcha (Cresta Roja,  Paraná Metal de Cristóbal López etc). Le reservan a las burocracias sindicales el rol consensuar este rumbo y contener la protesta social, responsabilidad en la que tienen larga experiencia”.

La organización adelantó que no aceptarán “atar el futuro de trabajadores y trabajadoras a las políticas de los empresarios, de forma tal que puedan maximizar ganancias. Que sabemos que en boca de ellos Pacto social se traduce en recorte de salarios, en paritarias encorsetadas, en limitaciones al derecho de huelga”.

Finalmente, la central dijo que “si este es el camino elegido nos preparamos para resistir en unidad, defendiendo el trabajo genuino para todos y la suspensión de los despidos, el salario mínimo vital y móvil igualado a la canasta familiar, el 82%móvil para todas las jubilaciones, el pase a planta de los trabajadores precarizados y las paritarias libres sin techo, con un aumento de emergencia hasta la concreción de las mismas que compense la estampida de precios que ellos mismos han producido”.

FM De la Calle habló con el Secretario Adjunto de la CTA regional, Enrique Gandolfo. Escuchá la nota completa:

El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó un informe en el cual sintetiza la información sobre conflictividad laboral, negociación colectiva y mercado de trabajo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2015. Esta 12° entrega trimestral se enmarca en una línea de investigación iniciada en el año 2007.

Con respecto a los datos sobre conflictividad, se registró un total de 254 conflictos la mayoría de los cuales ocurrió en el sector público (62,6%), mientras que los llevados a cabo en el sector privado tuvieron una participación menor sobre el total (33,5%). La evolución total de los conflictos muestra un incremento respecto al trimestre pasado y también en la comparación interanual que se explica por los conflictos públicos manteniéndose en los valores más altos de los últimos años.

Dentro las disputas públicas predominan las dirigidas contra los Estados Provinciales (62,2%) mientras que en las privadas, se explican por la presencia mayoritaria a nivel de empresa. Al observar las causas de los mismos, vemos que se mantiene la tendencia de los últimos años: en el sector público los principales motivos se vinculan con reclamos por mejoras salariales y condiciones de trabajo, destacándose la presencia de disputas por tipos de contratación; y en el sector privado los principales reclamos se explican por situaciones de crisis y demandas salariales.

En línea con la cantidad de conflictos, la mayoría de las acciones conflictivas también se registró en el sector público (266 acciones), teniendo una participación menor sobre el total las llevadas adelante en el sector privado (155 acciones). En la conflictividad total las medidas de mayor frecuencia fueron las declaraciones de paros y los paros efectivos seguidos de las movilizaciones y las medidas comunicacionales.

Respecto a la negociación colectiva, durante el primer semestre del año 2015 se registraron 704 unidades homologadas. En relación al tipo de unidad negociada, este semestre continúa la tendencia registrada en esta última década, donde es mayoritaria la negociación de acuerdos en relación a convenios; y donde predominan las negociaciones a nivel de empresa en relación a las de actividad. También existe continuidad sobre los sujetos que protagonizaron la mayoría de las negociaciones colectivas: las federaciones y las uniones nacionales; tendencia que se mantiene desde el año 2009.

En el informe se resume el contenido de la mayoría de las negociaciones salariales por actividad. A lo largo del primer trimestre se intentó instalar la idea de un posible “techo” salarial en torno al 27% para la negociación de las paritarias. Si bien algunas actividades cerraron sus acuerdos en Casa Rosada y con porcentajes en torno al 27% (como por ejemplo metalúrgica, comercio, construcción, administración pública y encargados de edificio), varios hechos han confirmado la relatividad de ese “techo”: el conflicto que protagonizaron los trabajadores aceiteros a partir de un paro que duró 22 días, el paro de dos días de los bancarios en el mes de abril y las movilizaciones y los paros por turno de los trabajadores de la industria de la alimentación, todos ellos superando ampliamente el 27%. Otras actividades que firmaron incrementos superiores al 27% fueron: Luz y Fuerza (Mar del Plata), subte, seguro, camioneros, químicos, entre otras mencionadas en el informe.

Los acuerdos salariales mantuvieron la misma forma que en los últimos años: se pactó un aumento porcentual en cuotas (como en todos los casos presentados menos en el de los aceiteros); una suma de carácter no remunerativa (como en el caso de comercio y el sector plástico); y en algunos casos se optó por otras estrategias de aumento: recategorización (metalúrgicos), aumento de “viáticos” (alimentación), aumento del adicional por presentismo (aceiteros) y extensión de la vigencia del acuerdo a 18 meses (transporte de pasajeros).

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El viernes 11 las trabajadoras y los trabajadores del Frigorífico INCOB realizarán una asamblea “para lograr la destitución de la anterior comisión y votar una nueva que garantice la continuidad laboral de las 70 familias” que dependen de la empresa recuperada. Durante el encuentro, establecerán “un nuevo método de organización contable, verdaderamente democrático, transparente y donde los trabajadores podamos realmente trabajar en una cooperativa”.

Lxs trabajadorxs rechazaron “la campaña de mentiras y calumnias que vienen sosteniendo en los medios de prensa el señor Enrique Garaggiola y socios allegados a él, en el que dicen que nosotros usurpamos el frigorífico o dejamos en la calle a familias”.

“También alertamos sobre las prácticas patoteriles que vienen ejerciendo estas personas, quienes días atrás nos atacaron con armas de fuego, hecho que produjo graves heridas en compañeros y mujeres del frigorífico, cuestión que hicimos de público conocimiento y por el cual hemos iniciado las presentaciones judiciales correspondientes para que se haga justicia”, agregaron en un comunicado.

Lxs obrerxs de INCOB reclaman su “legítimo derecho a remover de la presidencia a Enrique Garaggiola, quien durante años ha ocultado los balances económicos de la Cooperativa, lo que ha provocado deudas que ponen en riesgo nuestra fuente de empleo. También denunciamos los métodos de humillación y discriminación que ejerció durante la presidencia a los trabajadores y las mujeres”.

Finalmente, llamaron “al conjunto de la población trabajadora de Bahía a acompañarnos, para terminar con los ataques y las patotas, y establecer lazos de unidad y solidaridad entre todos, en defensa de los puestos de trabajo”.

En distintas ciudades del país se realizó este jueves una Jornada Nacional contra la Megaminería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales, como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata Plc, Northern Orion Resources, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en Argentina, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado.

Desde Santa María, Catamarca, a pocos kilómetros de la Minera La Alumbrera, Karina Matinelli aseguró a FM De la Calle que la jornada surgió a partir del derrame de agua cianurada en Jáchal: “La verdad que es tristísimo porque le arruinaron la vida al pueblo, los productores ya no pueden producir usando el agua del río porque está totalmente contaminado no solo con el cianuro que se puede evanecer con el sol o el aire sino el tema de los metales pesados, le han dejado metales a niveles de 1400% por encima de lo que establece la OMS. La situación es desesperante”.

Las trasnacionales mencionadas arriba consumen por día alrededor de nueve toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que la “complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quien será nuestro próximo “PRESIDENTE”, según las leyes 24.196 (Inversiones mineras), 24.228 (Pacto Federal Minero) y 24.224 (Reordenamiento minero), estas empresas gozan de grandes beneficios, mientras saquean nuestros bienes comunes, y envenenan a nuestro pueblo”.

“No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que estas generan. Sumáte en tu ciudad. Es momento de que se vayan”, agregaron.

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La Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén. FALLO COMPLETO.

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y Chevron en las áreas mencionadas.

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.

Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre de 2013 y del 26 de marzo de 2014, el fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Con base en estos principios, la sentencia examina la particular situación de YPF SA. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo Nacional no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio.

Por ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades.

El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

Por otra parte, la decisión aclara que YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento alas funciones públicas.

La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

Por todas estas razones, consideró que no existían motivos que justificaran la decisión de YPF SA de rechazar el pedido de información efectuado por Giustiniani.

Finalmente, el Tribunal aclaró que por ser YPF SA la obligada por la normativa a garantizar el acceso a la información, no correspondía dar intervención en el juicio a Chevron Corporation.

La ministra Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia en el que se remitió al dictamen de la Procuración General y declaró la nulidad de las actuaciones por considerar que correspondía dar intervención a Chevron Corporation en la presente causa.

Fuente: CIJ.

(Por Julio Gambina)Esta semana se hicieron actividades conmemorativas del rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en varios países de la región, y por supuesto también en la Argentina.

Resulta interesante recuperar la memoria de una de las gestas más importantes protagonizadas contra un proyecto estratégico de las clases dominantes en la región. La liberalización impulsada por EEUU en las negociaciones por el ALCA contaba con el consenso de todos los gobiernos de la región, excepto Cuba, excluida de los cónclaves de Presidentes de las Américas.

Todo era producto de la lógica neoliberal que imperaba en los años 90, los del Consenso de Washington, a favor de la iniciativa privada y la liberalización de la economía.

La combinación de la campaña continental contra el ALCA y el acceso al gobierno de Hugo Chávez en 1999 significó el primer escollo al avanzado proyecto por el ALCA que se negociaba en secreto. En efecto, en la III° Cumbre de Presidentes de las Américas del 2001 en Quebec, apareció la primera fisura en la reunión de los jefes de Estado, con una gigantesca movilización continental de la II° Cumbre de los Pueblos en las calles de la ciudad canadiense.

Allí empezó una nueva etapa, con el fin del secreto en las negociaciones de los Jefes de Estado. Fue el comienzo del fin de un tratado que definía en el corto plazo la integración subordinada de nuestros países a la lógica de liberalización del capital transnacional y los intereses de la política exterior estadounidense. La libre circulación de mercancías, servicios y capitales constituía el sentido de la política aperturista del ALCA.

Ese estado de situación del No al ALCA se potenció en los años siguientes y en noviembre del 2005 en la IV° Cumbre de Presidentes de las Américas en Mar del Plata, George Bush y los gobiernos aliados intentaron reinstalar la agenda por el ALCA. No pudieron, ya que fueron frenados por la movilización social reunida en la III° Cumbre de los Pueblos, junto a una nueva correlación de fuerza política en los gobiernos de Sudamérica, especialmente Venezuela y los 4 del Mercosur. La articulación con estos gobiernos impidió la institucionalización del ALCA.

Integración alternativa

Fue un gran triunfo que habilitó una discusión sobre la integración alternativa, con nuevas consignas, como la soberanía alimentaria, energética o financiera.

Ese es el marco para el debate procesado entre 2005 y 2010 para pregonar la necesidad de una nueva arquitectura financiera en la región. Incluso antes, en diciembre del 2007 se suscribió un acuerdo para instalar rápidamente un Banco del Sur, como parte de una estrategia de integración financiera con perspectiva alternativa.

La crisis mundial, actualmente en curso, aparecía con fuerza en el sector financiero hacia 2007, y alentaba en Nuestramérica una búsqueda para transitar senderos alternativos. Grandes cantidades de reservas internacionales se acumulaban en nuestros países y se discutía el uso orientado hacia otro modelo de producción.

Esas expectativas no se concretaron, aun cuando subsistió el objetivo y el discurso por una integración alternativa. Es más, algunas iniciativas avanzaron, caso de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA) por acuerdos entre Cuba y Venezuela hacia fines del 2004, que con la incorporación de Bolivia en el 2006 se transformó en ALBA-TCP (Tratados Comerciales de los Pueblos), para continuar creciendo en adhesiones.

Con el ALBA-TCP se avanzó en el intento de la nueva arquitectura financiera, con un banco y una moneda para el intercambio comercial, el SUCRE; pero con los límites que impone la no integración a esos procesos de los países de mayor desarrollo relativo, especialmente Brasil y Argentina. Si se constituyeron ámbitos de articulación, más políticos que económicos, caso de Unasur y la Celac.

Aquel clima de época y de esperanzadas  expectativas, del lustro siguiente al 2005, no prosperó en su orientación principal, mientras seguían no tan subrepticiamente los estatutos de la liberalización.

Así, el mantenimiento en varios de los países de los tratados bilaterales de inversión y la negociación de tratados de libre comercio, del Mercosur con Israel, por ejemplo; incluso las conversaciones para retomar las negociaciones con Europa desde el 2010, dan cuenta de una agenda liberalizadora que reapareció en la región.

La Argentina no siguió el camino de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que denunciaron la participación ante el CIADI. Vale recordar que Brasil jamás aceptó integrarse a la lógica del tribunal impulsado por el Banco Mundial.

Se puede coincidir que la integración alternativa sigue siendo una asignatura pendiente, pero que las demoras en ese proceso favorecieron remedos del ALCA como la Alianza del Pacífico, al que son tentados para ingresar los países que resistieron hace una década al ALCA.

Nuevos protagonistas para la inserción mundial

Otros actores globales intervinieron para definir la inserción de Nuestramérica en el sistema mundial, especialmente China. Se trata de un vínculo de complementariedad sin modificar el modelo productivo.

La presencia china fue creciendo desde las relaciones comerciales, a las inversiones y los préstamos, constituyéndose en varios de nuestros países en primero o segundo país en vínculos económicos internacionales.

Esas relaciones y las condiciones globales de la situación mundial estimularon el alza de los precios de los productos primarios de exportación, algo que ya no ocurre, consolidando la primarización de las exportaciones de Nuestramérica. El resultado directo fue la confirmación de un modelo productivo subordinado a la lógica de acumulación de las transnacionales.

El papel de China avanza en múltiples direcciones y articulaciones globales más allá de Nuestramérica. Pretende su lugar en la disputa de la hegemonía del sistema mundial. Destacan en ese sentido las crecientes relaciones políticas y económicas con Rusia y el liderazgo en la construcción del bloque BRICS, algo que genera expectativas, aun cuando no está propuesta la superación del orden capitalista.

La discusión habilitada para nosotros es sobre el modelo productivo y de desarrollo. Si el problema es la subordinación a un bloque de países u otros sin superar la hegemonía del régimen del capital, o si, de lo que se trata, es de superar la inserción dependiente de Nuestramérica en el orden capitalista.

Subordinación o autonomía para un nuevo modelo productivo

A 10 años del No al ALCA sigue vigente la discusión sobre la inserción internacional de Nuestramérica y el carácter subordinado o autónomo de la integración regional.

No es un tema menor en la Argentina, en momentos en que se define un nuevo turno presidencial. No haber avanzado en la agenda por la integración alternativa en estos años facilita la presión del poder económico por la apertura, la liberalización y la subordinación al programa de máxima del capital transnacional.

Hace muy poco y en Uruguay, la movilización popular denunció el secreto del gobierno uruguayo para integrarse en el TISA y frustró el proyecto, que es una de las tantas formas de institucionalizar la liberalización. El triunfo de la movilización y organización popular muestra el camino a seguir.

Por eso vale la pena recuperar la memoria por el triunfo de hace una década y continuar en la brega por reinstalar una agenda para la integración no subordinada.

No está cerrada la discusión y el momento de mayor expectativa en la construcción de proyecto alternativo estuvo determinado por la dinámica de movilización popular e iniciativa política de transformación. Ese es el desafío en la coyuntura para recrear condiciones de posibilidad para la lucha por la emancipación en la región Nuestramericana.

(Por Francisco J. Cantamutto) El kirchnerismo permitió la construcción de hegemonía para una parte de la clase dominante, a partir de una lógica populista. ¿Qué significa esto?

Parece claro que cualquiera sea el presidente a partir del 10 de diciembre, el capital concentrado y la derecha ya ganaron. Macri y Scioli son alternativas apenas distinguibles, y ninguna de ambas representa un proyecto popular. Las clases dominantes habían expresado en diversos foros los puntos básicos de sus acuerdos, retomados en campaña por ambos candidatos. Sin embargo, afirmar que son lo mismo tampoco es un buen análisis.

Quién construyó hegemonía

En este sentido, hemos sostenido ya que el kirchnerismo es el resultado de la construcción de hegemonía de una parte de la gran burguesía. Esto significa que una parte de las clases dominantes recurrió al consenso activo de las clases populares como forma específica de la dominación. Para conquistar ese consenso, debieron ceder y conceder. Es una rémora de los años puramente neoliberales pensar que la dominación sólo puede organizarse mediante la exclusión total de derechos sociales, como si fueran contradicción lógica y no un resultado contingente de la lucha. Quizás por eso tanta militancia bienintencionada no puede distinguir entre obtener conquistas y dirigir el proceso.

Esto no significa que sea lo que más le guste a las clases dominantes, sino que éstas supieron leer las condiciones en que se daba la disputa. No hay dudas que el kirchnerismo es hijo del 2001, cuando cientos de organizaciones disputamos las características del orden político. Su habilidad estuvo en incorporar al gobierno reclamos y demandas, incluso significantes en el discurso, que sosteníamos en la calle. Esto sólo magnificó diferencias que teníamos desde antes, respecto de interpretación de la etapa y estrategia. Y al mismo tiempo, garantizó un negocio formidable para los capitalistas.

Las clases dominantes, de conjunto, como bloque en el poder, se mantuvieron como tales en estos años: no hubo un reemplazo de la composición social de quiénes dominan. Esto no significa que no hubiera cambios: las alteraciones se hicieron al interior del bloque. En particular, las fracciones agropecuarias y agroindustriales reforzaron su poder económico, pero fueron relativamente desplazadas del poder político. Las fracciones financieras, desplazadas relativamente al principio, fueron reconstituyendo su poder político a medida que la recomposición económica agotaba sus capacidades “inclusivas” y el gobierno tomó como propia la defensa de sus intereses en la épica batalla por pagar la deuda.

La fracción ganadora fue la industrial, y para lograrlo debió apoyarse en una parte de las clases populares. La industria necesita de una transferencia sistemática de excedentes al interior del sistema de acumulación: no sólo la contención de los salarios reales y otras formas de subsidio salarial (como el REPRO), sino el subsidio de insumos como el gas o la electricidad. La industria no sólo logró renovar sus ganancias, sino que dio los lineamientos centrales del discurso mismo del kirchnerismo. Recomendamos seguir con atención la presentación del plan Ahora 12, como la amalgama de neoliberalismo y hegemonía industrial. Su argumento sostiene: financiamos préstamos para el consumo y gracias al consumo aumenta la producción industrial, lo que implica mayor empleo y por ello mismo, más inclusión. Préstamo, consumo, producción, empleo, inclusión, patria.

Populismo

Las fracciones industriales fueron capaces de incorporar demandas populares en su programa, y así lograron conquistar el poder político. Si se trató de engaño o transformismo, no quita el punto básico: las políticas se pusieron en marcha. El elemento definitorio para realizar esta operación política fue oponer pueblo y enemigos del pueblo, antagonizando, polarizando, para ganar cohesión.

En ambos polos de la supuesta polarización política se mezclan las composiciones de clase: la gran conquista de la industria –y luego, de las finanzas- es ocultarse como parte del pueblo, poniendo en el otro polo a una oligarquía vetusta, los fondos buitres, Clarín. Como esta composición de clase se presenta siempre difusa, el ejercicio debe realizarse una y otra vez para convencer: se debe politizar toda decisión, a riesgo de que el bloque socio-político se desestructure por sus propias contradicciones. Cada acto es usado para justificar la tensión antagónica, y afirmar hacia el interior: leerlo como una disputa política donde por fuera del pueblo, los enemigos tejen amenazas. Los enemigos se suceden y alternan, pero siempre presentes, permiten aglutinar al pueblo, incluyendo clases que de populares no tienen nada.

Para que esta lógica tenga posibilidades de ser creíble, debe ser capaz de interpelar sobre lo que ocurre. Hasta que Duhalde no masificó los planes sociales y la acumulación empezó a generar empleo, era poco creíble hablar de “inclusión”. Para que “derechos humanos” tuviera sentido, hubo que derogar las leyes de impunidad y descolgar los cuadros. Expresiones  de este tipo dieron sustento al discurso oficial, y por ellas organizaciones populares y sectores progresistas se acercaron al gobierno. Podemos compartir o no esta lectura, pero el carácter popular del kirchnerismo es predicado de que parte del pueblo lo leyó así: no de nuestra interpretación. Pero justamente porque no todo era construcción discursiva, los últimos años de agotamiento de los aspectos “inclusivos” del proceso, hicieron que la apelación convenciera cada vez menos.

Ahora quedaron entonces enfrentadas dos fracciones del gran capital, la que apostó por construir hegemonía y la que fue relativamente desplazada. La primera sigue siendo por ahora ganadora, toda vez que se teme decir que se va volver atrás alguna medida. Cuenta con el apoyo de algunas organizaciones populares y ciertos sectores progresistas, además de los aplaudidores de rigor. El kirchnerismo ha renovado la estrategia, poniendo a un candidato que garantice el rol preeminente de las fracciones industriales, junto a una campaña que trate de actualizar la estrategia populista (“Patria o Macri”). Enfrente, Cambiemos no explica qué quiere cambiar, y en su lugar, cambia de postura según sople el viento, afirmando lo que ayer se negaba. Esto es demagogia; lo primero populismo. El voto del pueblo está mezclado en ambas opciones, atrapado en las opciones y disputas del capital, que nos continúan enredando en discusiones ajenas. He ahí el éxito de las clases dominantes: acrecentar nuestras divisiones marcando el campo de la discusión.

Creemos humildemente que cualquier estrategia política de izquierda debe partir de un análisis concreto de las fuerzas sociales en disputa, distinguiendo con claridad tanto las similitudes como las diferencias. Y hacerlo aunque de ello no se derive automáticamente ninguna posición política, contra lo que el razonamiento mecánico asegura.

Foto: Reuters

(Por Julio Gambina) Las elecciones presidenciales de la Argentina (25/10/2015) vinieron con sorpresa, aun cuando y como se esperaba ganó el oficialismo por escaso margen (36,86% a 34,33%), algo así como 9 millones de votos para el Frente para la Victoria y aliados, mientras que la coalición Cambiemos colectó 8.400.000 votantes. Es la primera vez en la historia política argentina, que una opción electoral alineada a la derecha protagoniza una acción de masas de esta magnitud, con el antecedente de 8 años en el gobierno de la ciudad capital, y que ya renovó para otro periodo. Vale recordar que la división de las opciones kirchneristas en 2007 le abrieron las puertas al gobierno de Mauricio Macri.

A una semana del acto eleccionario existe incertidumbre sobre el resultado de la segunda vuelta para el 22/11. Curiosamente, el protagonismo principal en la disputa del voto proviene de la primera mayoría, donde preocupa el ascenso impensado de la opción opositora, que aprovecha el impulso de una votación quizá impensada. A partir de esa realidad es que se mantienen las incógnitas sobre el futuro de la política económica. ¿Qué propuesta se impondrá para atender el problema de la inflación? Es decir, cuál será el horizonte en materia de precios, especialmente de las divisas, y con ello la distribución del ingreso y de la riqueza. La tendencia actual es preocupante, especialmente para los sectores de ingresos fijos.

El dato más novedoso fue el triunfo de la oposición de derecha en la provincia de Buenos Aires, la más grande de la Argentina, casi el 40% de la expresión electoral nacional. Como dato no menor y en simultáneo, gane quien gane la segunda vuelta del 22 de noviembre próximo, los distritos con más población y de mayor peso económico estarán gobernados por la actual oposición. Además de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires gobernada por el PRO, debe incluirse en esa situación, aun con matices de sus gobiernos, a los socialistas en Santa Fe; justicialistas disidentes en Córdoba y los radicales en Mendoza y Jujuy; casi en todos los casos producto de coaliciones opositoras al kirchnerismo, gobernante por 12 años en la Argentina. Sin duda, una nueva historia para la política y la economía en la Argentina.

Celebración del poder y defensiva gubernamental

Entre los sectores hegemónicos del poder económico hubo celebración por los resultados, aun cuando anticipadamente otorgaban crédito a cualquiera de los principales candidatos en la disputa por el gobierno. Ambos son amigables con el poder económico y mediático.

La celebración fue puesta de manifiesto en los negocios procesados en la bolsa de valores y las acciones e iniciativas especulativas. La agenda del poder en política económica fue ratificada en la perspectiva del ajuste y la devaluación, con costo, claro está, para la mayoría de la población, los que viven de ingresos fijos, sean trabajadores activos, jubilados o beneficiarios de planes sociales, incluso, empresarios cuyo destino es la actividad económica en el mercado interno.

En el marco de esa agenda, la preocupación gubernamental apunta a frenar operaciones que disparen anticipadamente la elevación de la cotización de las divisas. Para ello, el BCRA aumentó las tasas de interés sobre los plazos fijos para estimular inversiones en pesos por sobre la demanda de dólares; al tiempo que agudizó las restricciones a la compra de divisas en el mercado local y acelerar la liquidación de activos en divisas de las compañías de seguro. Al mismo tiempo estimula el mercado a futuro para marzo del 2016 con una cotización de 10,80 pesos por dólar. Un gran negocio para especuladores con capacidad de inversión en el corto plazo y que desde ahora descuentan una segura devaluación con el cambio de gobierno. Son medidas que encarecen el crédito y fortalecen las inversiones especulativas de corto plazo, con impacto directo en los precios, que no crecen más por las condiciones de estancamiento presentes desde hace tiempo.

El discurso electoral es convergente hacia el centro, intentando ampliar los núcleos duros de consenso. Por eso desde el opositor Macri se apunta a cambios en las formas de la política más que en nuevos rumbos de la orientación económica, aunque es previsible una mayor relación con el bloque que en la región estimula la liberalización de la economía. El desemboque de ese rumbo es más amigable con la Alianza del Pacifico, que empuja EEUU con sus aliados regionales en México, Colombia, Chile y Perú.

Queda muy lejos un balance crítico a la subordinación liberalizadora que hace una década se sostenía contra el ALCA, que ahora resurge bajo nuevas formas de integración subordinada. El intento de Scioli aparece complicado, con historia y perfil a la derecha del gobierno, lo que provoca discusión al interior del consenso oficial. En esas condiciones realiza esfuerzos por asimilarse lo más posible al imaginario del votante oficialista y enunciar nuevas propuestas. En ese sentido intentó difundir un compromiso con la demanda del 82% móvil del salario mínimo, intentando asociar la propuesta a la que sostiene el movimiento de jubilados y fue descalificado inmediatamente por la opinión presidencial, quién recordó que oportunamente había vetado esa iniciativa. Las propuestas relativas a las actualizaciones impositivas para la cuarta categoría también parecen llegar a destiempo.

Ambos candidatos disputan el consenso mostrando confiabilidad en la atracción de inversiones externas y capacidad para intervenir en la reinserción de la Argentina en el mercado financiero, lo que supone negociar con los inversores no ingresados a los canjes de deuda del 2005 y 2010, incluidos los fondos buitres que cuentan con la sentencia del Juez Griesa ratificada en instancias superiores. Un tema agravado con la asimilación dispuesta en estas horas a los llamados “me too”, otros inversores que demandan igual beneficio que el logrado por los buitres en la justicia de EEUU.

El debate político en estas horas es intenso, con el objeto de mostrar diferencias de orientación en uno u otro de los candidatos y claro, existen matices entre ellos, especialmente sobre la base social de sustento de cada uno y de la posibilidad para desandar cierto consenso social construido desde la crisis del 2001, que incluye, obvio, la resistencia a las políticas de reestructuración reaccionaria generalizadas en los 90. En esa consideración es que más allá del resultado electoral y la gestión presidencial emergente, el movimiento popular organizado en diversas experiencias con pretensión alternativa, incluso a la dominación capitalista, interpondrá límites a cualquier objetivo de restauración conservadora. No se trata de una expectativa esperanzada, sino del desafío que supone la coyuntura para construir y avanzar en un camino por la emancipación.