La cooperativa del Frigorífico INCOB realizó una conferencia para presentar un proyecto de ley de condonación de deudas originadas durante la gestión del presidente destituido Enrique Garaggiola que hoy ponen en jaque 76 fuentes laborales. Participaron integrantes de organizaciones gremiales, políticas, del Concejo Deliberante y el autor de la iniciativa Guillermo Kane Cáceres.

“Hay que dar una señal política de apoyo a los trabajadores de INCOB condonando estas deudas con ARBA, con AFIP, que la provincia adelante esa plata y sigan las causas judiciales contra Garaggiola como vaciador, contra los funcionarios cómplices y que respondan con su patrimonio”, dijo a FM De la Calle el diputado del FIT-PO.

“La situación es bastante mala, no estamos teniendo la producción que teníamos hace unos meses atrás, poca faena, esta semana hubo un día en que no producimos, eso lleva a que los compañeros vengamos, hagamos reparaciones en la fábrica, tratamos de que la empresa no decaiga y resistiendo lo más que se puede”, dijo Orlando Acosta. María del Carmen Dauphin agregó que en los próximos días viajarán a La Plata a explicar la situación de la empresa en la Legislatura para sumar los votos necesarios para aprobar el proyecto.

“Nos interesa defender los puestos de trabajo”, aseguró Kane Cáceres y denunció que el de INCOB no es un caso aislado de vaciamiento. “Fue una gestión fraudulenta donde uno de los representantes votados por los trabajadores, Garaggiola, en connivencia con funcionarios del Estado que siguen las cuentas y los manejos de la cooperativa tuvo maniobras donde desvió fondos”.

“Esto ha llegado el año pasado a una situación crítica, los propios trabajadores en asamblea han depuesto a las autoridades que estaban realizando estas maniobras y se han ido encontrando con montañas de deudas, por ejemplo 9 millones de pesos con AFIP, deudas con ARBA, con servicios. Están tratando de regularizarlas pero significan una hipoteca a la posibilidad de que la empresa continúe trabajando”, comentó.

INCOB CARTELEl diputado destacó que el problema no es que el frigorífico sea inviable sino la estafa a sus integrantes. “Uno puede pensar que INCOB es una realidad relativamente acotada pero el golpe del tarifazo, de la inflación, de la recesión industrial sobre cualquier cantidad de empresas está replanteando el problema de cómo actuar frente al vaciamiento de las patronales”.

La concejala de Integración Ciudadana Mercedes Insausti afirmó que, tras reunirse con representantes de INCOB, “de todos los bloques salió la iniciativa de hacer un proyecto de resolución apoyando esta ley que en el curso de la semana será elaborado, tratado y votado, estimamos el próximo jueves”.

“En realidad es el apoyo de los ciudadanos al proyecto. Bahía Blanca tiene varios legisladores provinciales, tanto diputados como senadores, también es para que la Municipalidad se encargue de gestionar que esta ley salga y desde el punto de vista de las competencias que tenemos en el Concejo Deliberante entendemos que probablemente existan deudas municipales, que podemos darles una mano, una condonación, un plan de pago, una quita, para proteger los puestos de trabajo”, dijo el edil del FpV Ezequiel Gimeno.

Kane Cáceres recordó que “la gobernadora arrancó su gestión vetando todas las expropiaciones que habían sido votadas por la Legislatura y que tenía sobre la mesa (…) como una señal contra estos procesos de recuperación y de defensa de tratar de rearmar algún negocio privado”.

“El modelo que levanta el macrismo es el de Cresta Roja. Lo que les interesa es si se puede achicar el personal y el salario al punto de que con un nuevo comprador se rearme un negocio a costa de las condiciones laborales. En Cresta Roja los trabajadores tuvieron una reducción de un tercio del salario, varios centenares de ellos no han vuelto a la producción, han perdido la relación laboral de estabilidad, no se los reconoce como trabajadores del plantel y están a la expectativa de si lo contratan o no”, concluyó.

“Si se suman los porcentajes de personas ocupadas y desocupadas que buscan trabajo o están disponibles para ocuparlo se concluye que 19,8% de la población activa de Bahía Blanca-Cerri (BBC) tiene problemas de empleo. En el total urbano nacional el guarismo alcanza a 28,5%”.

Así lo indica el Boletín de Estadísticas Laborales, una iniciativa del proyecto de investigación “Problemática laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri” financiado con fondos de la UNS y dirigido por el economista Gustavo Burachik, luego de la primera publicación oficial de datos del INDEC de la era Cambiemos.

El documento muestra que “la desocupación en el segundo trimestre del año fue más baja en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri (BBC) que a nivel nacional” y que “la diferencia es explicada íntegramente por la menor oferta laboral (tasa de actividad) bahiense ya que la proporción de personas ocupadas es idéntica”.

“Esta menor presión se origina, casi con seguridad, en el desaliento laboral; la baja probabilidad de conseguir un puesto de trabajo (menor aún, de ocupaciones con cobertura de seguridad social, estabilidad, etc.) desincentiva la búsqueda laboral. Las personas sin ocupación, disponibles para el empleo pero que han desistido de una búsqueda activa son registradas como inactivas”, explica.

Además, el informe destaca que “más de 10% de los ocupados en BBC está buscando activamente cambiar de empleo. Se trata de una forma de desempleo (oculto en la ocupación) ya que los trabajadores que se encuentran en esta situación ejercen presión sobre una demanda laboral que, en el mejor de los casos, está estancada desde hace varios años. Casi la mitad de este conjunto corresponde a los llamados subocupados demandantes, es decir, personas con empleos a tiempo parcial que buscan una mayor ocupación horaria. A su modo, presionan también sobre la demanda laboral los subocupados que, si bien no están buscando activamente más horas de trabajo, están disponibles para aceptarlas”.

Los autores del relevamiento aclararon que el reinicio de la publicación de información laboral recabada por la Encuesta Permanente de Hogares para el segundo trimestre de 2016 “supone la aparición de un vacío de información de dos trimestres y que “el instituto, además, anunció la revisión de los datos publicados hasta el cuarto trimestre de 2015” y desaconsejó su utilización, “lo que equivale a reducir la credibilidad de cualquier comparación hacia atrás de la nueva información publicada”.

La diputada socialista Gabriela Troiano participó de la segunda jornada sobre campos electromagnéticos organizada por Salud Ambiental Bahía Blanca y dijo a FM De la Calle que “harían falta más antenas, con lo cual se necesitaría más inversión. (…) Se puede si tenés la intención de preservar la salud, ahora, si considerás a la salud de las personas como una variable económica más ahí está el problema”.

Troiano impulsa un proyecto de ley para regular la instalación de antenas de telefonía celular, presentado años atrás por el ex diputado santafecino Antonio Riestra (UP), que fue actualizado con “valores establecidos mundialmente”. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente mientras otra sobre la misma temática se debate en Telecomunicaciones.

“Evidentemente hay actores importantes, de peso económico, como son las compañías telefónicas que ya en el gobierno anterior se venían planteando, con las organizaciones Salud Ambiental como con Aletheia por la Vida estuvimos trabajando para tratar de plantear que se modifiquen las soluciones del Ministerio de Salud en cuanto a los límites de las potencias establecidas”, aseguró la legisladora.

Agregó que “eso es lo más importante del proyecto de ley, las potencias de las antenas que están establecidas, reguladas y aceptadas datan del año 88 y ya en 2011 la Organización Mundial de la Salud categorizó a las radiofrecuencias como probables cancerígenas. En virtud de eso muchos países del mundo, fundamentalmente los europeos pero también Chile, han bajado aproximadamente entre cien y mil veces la potencia”.

“El gobierno está impulsando la instalación en los edificios públicos pero el año pasado había una ley de (Mario) Oporto que logramos frenar, que planteaba declarar el lugar de las antenas un espacio de servidumbre pública, o sea, evidentemente se viene agitando, se engaña a la población planteando que uno no quiere que se instalen antenas, que no queremos el progreso, no es así, el tema es la potencia de las antenas”.

La diputada advirtió que el ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad pretende tranquilizar a la población con la colocación de un equipo en la base de la antena para medir las frecuencias. “Las ondas no se quedan quietas y no van en sentido vertical sino horizontal, si vos lo ponés en la base de la antena no es donde va a tener más frecuencia”.

“Si tenés una antena en un edificio -que es lo más común- en el edificio de enfrente a partir del quinto piso es donde vas a encontrar las mayores emisiones o problemas en la gente que se empieza a enfermar. En Francia por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, detectaron que después de diez años de tener wifi la gente se había empezado a enfermar de cáncer, retiraron el wifi e hicieron un sistema de cableado para el trabajo”, finalizó.

(Por Francisco J. Cantamutto) El fallo de la Corte y sus repercusiones. La lucha contra el tarifazo y el ajuste continúa.

Tal como se refería en este espacio, el fallo de la Corte Suprema de Justicia sorprendió a todos, yendo más lejos de lo que se esperaba. Concretamente, se volvieron atrás los aumentos en las tarifas de gas, alegando vulneración de derechos básicos para una vida digna y criticando en lo procedimental la falta de audiencias públicas.

Sin embargo, el fallo aplica solo a las tarifas de gas -sin implicaciones directas sobre luz, agua y transporte- y para usuarios residenciales, dejando fuera a la mayor parte de los usuarios industriales y comerciales. Y lo que es más importante: no impide un aumento posterior a la audiencia pública, a la que el gobierno ya puso fecha: 16 de septiembre.

El gobierno de Cambiemos, continuando con su impostura democrática, ha intentado mostrarse aceptando el fallo, y sin demoras apurando el llamado a la audiencia pública que, antes del fallo, Aranguren había propuesto para octubre. Tal como se hizo con el transporte en la ciudad de Buenos Aires, se espera que el gobierno utilice este espacio a fines exclusivamente expositivos: repetir sus intenciones para luego validarlas en el Boletín Oficial.

Por ello, ha puesto la audiencia en un día y horario laboral, a realizarse solamente en una oportunidad en la referida ciudad, en un espacio con una capacidad limitada de 400 personas, que deben inscribirse personalmente con antelación. Todo esto atenta contra la participación en general, y en especial, para trabajadores/as y habitantes del interior del país. Pero más aún, no se ha ofrecido información que permita desarrollar un debate con argumentos durante la audiencia. En el propio llamado a audiencia, se excluye incluso del debate el aumento del precio en boca de pozo, sometiendo al público solo la proporción de su traslado a usuarios finales.

El propósito está claro: Cambiemos busca que sea apenas una ronda más de exposición sin argumentos ni respuestas. Tal como el propio ministro Aranguren realizó en ambas Cámaras del Congreso, dejando insatisfechas a todas las personas y organizaciones que esperábamos un dato o una respuesta. La negativa a auditar las empresas prestadoras, de manera de responder cuál ha sido su situación económica y financiera, si ésta se debió al esquema de precios, qué inversiones realizaron durante los pasados años -incluso con los subsidios recibidos a tal fin- y cuál sería el plan de inversiones para los meses y años por venir. Todas dudas que ponen en cuestión la gestión empresarial de los servicios públicos.

En cualquier caso, el fallo representa un escollo para el programa económico del gobierno, que tras más de 9 meses aún no puede fijar los precios que busca consolidar. Esto está causando no pocas fricciones entre el empresariado y al interior del propio gobierno, además de demorar cualquier decisión de inversión que el gobierno esperara recibir. Es por ello que se ha tenido que recostar en la toma sistemática de deuda, con la que piensa financiar un plan de obra pública, con la expectativa de mejorar el humor empresarial. Hasta el momento, han sido ganancias de inmediato plazo, sin capacidad de proyección a corto o mediana duración.

Al no ser vinculante la audiencia, el gobierno puede apostar a esta pantomima. Sin embargo, desde diferentes sectores se está apostando a hacer de ella un hecho político. Diferentes asociaciones de PyMEs (CGERA, APYME) y de defensa al consumidor están promoviendo una “catarata de presentaciones” judiciales, para presionar sobre este poder del Estado. Las Multisectoriales del país han insistido en que el limitado fallo es producto de la movilización y organización, y buscan consolidar esa vía de presión. Está prevista una Marcha Federal partiendo de 4 puntos del país el 31 de agosto, para confluir en una gran manifestación en Plaza de Mayo el 2 de septiembre. Ambas CTA se han puesto a la cabeza de esta marcha, y la Corriente Federal de la CGT ha confirmado su participación, en lo que podría ser un paso de convergencia en la disputa contra el ajuste.

Hasta el momento, la dispersión de la protesta ha sido una ventaja para el gobierno, que sigue firme en su propósito de elevar las tarifas, tal como fuera su promesa de campaña, reiterada ante potenciales inversores en el Foro de Davos a comienzos de año. La incapacidad de aplicar la suba y sostenerla vulnera la promesa de “clima de negocios” y “previsibilidad” hecha a estos socios, significando un retroceso en su programa. No sería el único efecto: al dificultarle reducir las transferencias a las empresas prestadoras, atenta contra el objetivo de reducción del déficit fiscal.

Los escollos para subir tarifas, la no reducción de las transferencias y el déficit se suman a la ya incumplida promesa de resolver la inflación -que se espera que cierre alrededor de 44% este 2016, cuando habían prometido un 25%. La intensidad de la suba de precios ya ha iniciado la presión por reapertura de paritarias, como es el caso del ámbito educativo público. Con el transcurso del tiempo (llevamos ya 8 meses y medio de gobierno de Cambiemos), la apelación a la herencia kirchnerista surte cada vez menos efecto, y por eso vemos al gobierno reposar cada vez más en mecanismos represivos para contener el descontento.

Las luchas contra el ajuste son aún dispersas, pero aún así están haciendo mella en la acción gubernamental, cada vez más carente de respuestas. El fallo de la Corte es apenas un episodio más en esta disputa que excede con mucho el valor de un servicio, para poner a discusión la orientación.

Con la organización de Vecinos Autoconvocados por la Salud de Trenque Lauquen se realizó los días 13 y 14 de agosto el 7º Encuentro de Pueblos Fumigados para analizar la problemática del uso masivo de agrotóxicos y transgénicos en el proceso de producción agrícola y hortícola.

“Trenque Lauquen no se reconoce como un pueblo fumigado por tanto ese es el motivo de nuestra lucha, lograr que la gente tome conciencia, que quienes están en este momento en la gestión municipal tomen conciencia que somos un pueblo fumigado con todas las consecuencias terribles y nefastas que eso acarrea y conocer también el estado de otros pueblos y ciudades”, dijo a FM De la Calle Laura Carabelli.

La reunión se produjo días después que el Senado bonaerense diera media sanción a un proyecto de ley que reduce las distancias de exclusión de las fumigaciones aéreas y terrestres y permite fumigar con agrotóxicos cancerígenos como GLIFOSATO y 2,4-D a pocos metros de las áreas pobladas.

“Es importante que toda la gente sepa porque se está haciendo de una manera para que se sancione sin difundirla y sin tener noción del alcance que tiene, qué es lo malo que tiene este proyecto si se transforma en ley. Es totalmente regresivo, va en contra de todos los avances que tenía la ley anterior y disminuye totalmente las distancias que eran de protección”, explicó Carabelli.

La iniciativa permitiría fumigar a diez metros de las escuelas rurales cuando “estamos luchando porque hoy se podría fumigar alrededor de esas escuelas a cien metros y es poquitísimo”. Además, desprotege los lentes de agua, reduce las distancias para fumigación aérea y permite el tránsito de mosquitos por zonas urbanas.

La asambleísta advirtió que tanto los organismos estatales como las cámaras empresariales del sector rural y del agronegocio pretenden establecer regulaciones “fitosanitarias y no venenos, no vienen desde la salud, la producción, el cuidado del ambiente”. Por ello pretenden exigir la realización de audiencias públicas, estudios de impacto ambiental y la declaración de la emergencia ambiental en la provincia de Buenos Aires.

“Se ha reforzado la idea de las buenas prácticas agrícolas y esto es una cosa que no existe, no hay posibilidad de manejar el clima, por lo tanto las derivas son inmanejables. Constantemente se está hablando de las derivas primarias y nadie tiene en cuenta las secundarias y terciarias que son las que se producen en la tardecita del día fumigado, hay un desconocimiento científico que está manejado y ocultado por una cuestión muy clara que son los intereses económicos en juego y este gobierno creemos que los va a profundizar de manera terrible y este proyecto de ley lo demuestra”.

Las asambleas ambientales reunidas en Trenque Lauquen decidieron impulsar una campaña contra la ley “para el cáncer y el agronegocio” y demandaron a la legislatura bonaerense que privilegie los derechos a la salud y la vida y subordine a los intereses del agronegocio rechazando esta iniciativa en forma total. Para adherir al reclamo puede firmarse este petitorio online.

Red agroecológica

Durante el encuentro se propuso la coordinación de una red de producción agroecológica para divulgar lo que se está haciendo y “para que la gente empiece a sentir que tiene que comer sano y que comer sano es posible. Hay todo un manejo importante de la información que la gente no sabe que compre lo que compre tiene lecitina de soja transgénica”.

Para Carabelli se trata de “contagiar esta necesidad de información a partir de tomar conciencia de qué comemos” y destacar en “qué lugares de la provincia están haciendo emprendimiento agroecológicos reales, en producción de quesos, trigo agroecológico, frutas sin uso de agrotóxicos y donde se respeta lo necesario para que sea un alimento sano. Difundámoslo, empecemos a saber conectarnos, viabilizar el transporte, que lleguen a Trenque Lauquen y entre nuestros propios vecinos que nos conocen, saben por qué estamos en esto y que somos serios, armemos una red que funcione ya y que sirva como campaña de difusión”.

 La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores celebraron el fallo de la Corte contra el tarifazo como “fruto de la lucha que se viene llevando adelante contra los brutales aumentos en los servicios de gas y luz determinados por el gobierno de Mauricio Macri, permitiendo que la justicia escuche los reclamos y actúe en favor del pueblo”.

“Creemos pertinente seguir con más acciones para exigir que las audiencias públicas sean vinculantes y que resulten de manera favorable a todos los usuarios que alcanza esta medida, como así también, para que este freno en los tarifazos se extienda a las pymes, clubes, teatros, entre otros que, en este escenario, han quedado totalmente desamparados”, manifestaron.

Pablo Micheli y Hugo Yasky advirtieron que no están “dispuestos a acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el gobierno nacional favorece a grandes empresas y sectores concentrados de la economía”.

En ese marco, las centrales convocaron a realizar movilizaciones en todo el país para que el próximo 12 de septiembre, cuando el gobierno realice la audiencia, se sienta “una vez más el clamor del pueblo al calor de la lucha”.

El máximo tribunal, por unanimidad, resolvió que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio, confirmó la sentencia apelada en cuanto declara la nulidad de las resoluciones cuestionadas y aclaró que la decisión se circunscribe al colectivo de usuarios y usuarias residenciales. Dichas tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento.

La Corte mantuvo la tarifa social y puso en conocimiento del Congreso la necesidad de dar cobertura al cargo de titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Asimismo, sus integrantes recordaron a los tribunales el riguroso cumplimiento de la acordada sobre procesos colectivos.

El Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM) con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los usuarios, y que en forma cautelar se suspendiese la aplicación del nuevo “cuadro tarifario” previsto por la Resolución MINEM 28/2016, hasta tanto se diera efectiva participación a la ciudadanía.

La clase afectada estaría conformada por “todo aquel usuario del servicio de gas, quien no contó con la posibilidad de que sus intereses sean representados con carácter previo al aumento tarifario”.

Con posterioridad, Carlos Mario Aloisi adhirió a la demanda. También la Asociación Consumidores Argentinos Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores (Consumidores Argentinos) se presentó, cuestionando no solo la Resolución MINEM 28/2016, sino también la Resolución MINEM 31/2016. Asimismo, acudieron varias cámaras de comercio e industria, concejales, diputados, senadores e intendentes, cuya comparecencia se tuvo presente.

El juez de Primera Instancia dispuso dar publicidad a la iniciación del amparo colectivo en el Centro de Información Judicial y procedió a la inscripción del proceso en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego rechazó la acción interpuesta.

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso, en primer lugar, acumular a la presente todas las acciones colectivas que correspondiesen, conforme a lo dispuesto en las Acordadas 32/2014 y 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales cuestionadas y decidió retrotraer la situación tarifaria a la existente con anterioridad al dictado de las normas privadas de validez con efectos generales para todos los usuarios y para todo el país.

La Corte Suprema considera que el caso debe ser analizado porque está en juego la interpretación de la Constitución Nacional, y existe trascendencia institucional porque el conflicto ha generado una litigación de características excepcionales que compromete principios básicos del debido proceso constitucional en la tutela de los derechos de los usuarios y del Estado Nacional.

Audiencia pública previa a la decisión de aumento de tarifas:
La audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas.
El fundamento es el artículo 42 de la Constitución que prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos, la democracia republicana, el derecho a la información y la ley 24076 aplicable al caso.
La información, debate y decisión fundada son partes del proceso de la decisión que se adopta en el momento.
Por esta razón no es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2016, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia.

Contenido de la Audiencia en relación a la tarifa
La audiencia siempre se debe hacer para el transporte y distribución de gas, porque son fijados monopólicamente (ley 24.076 y cc).
Es distinto el caso de Precio de ingreso al sistema de transporte del gas (Pist), porque hay una evolución en el tema:
La leyes 17.319 y 24.076, y sus reglamentaciones, establecieron que la producción y comercialización de gas es efectivamente una actividad económicamente desregulada y no fue calificada como servicio público
Desde el dictado de la Ley de Emergencia 25.561 en enero del año 2002, el precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención estatal, mientras que su importación, la ampliación de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban dichos servicios fueron financiados, fundamentalmente, con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales de crédito, aportes específicos de determinados sujetos del sector y subsidios del Estado Nacional. Específicamente a partir del Decreto 181/2004, el Poder Ejecutivo intervino en su fijación, dejando de lado al mercado.
En consecuencia, es razonable que, hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública.
Es decir: en la situación actual el Estado intervino fuertemente en la fijación del Pist y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado. A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la ley 24078.
La propia conducta del Estado actúa como una condición suspensiva de la aplicación de la norma originaria.

Protección de l@s consumidor@s y usuari@s
En el artículo 42 de la Constitución se han reconocido las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas.
Por ello hay una protección enfocada en la calidad de bienes y servicios, preservación de la salud y seguridad; información adecuada y veraz; libertad de elección; y condiciones de trato equitativo y digno y también derechos de participación, como el derecho reconocido en cabeza de los usuarios, con particular referencia al control en materia de servicios públicos.

División de Poderes y Funciones
Poder Ejecutivo: La fijación de tarifas es una facultad del Poder Ejecutivo (Precedentes de la CS. Fallos 184:306, 322:3008 y “Establecimiento Liniers S.A.”, fallada el 11 de junio de 2013) y la implementación de la política energética
Poder Legislativo: le corresponde la determinación del marco regulatorio general de la materia y las facultades tributarias.
Poder Judicial: El Poder Judicial debe controlar si las tarifas se ajustan a la Constitución y la ley y su razonabilidad. No debe sustituir al legislador, ni definir la política política energética. No puede fijar porcentajes de tarifas, ni dictar sentencias con efectos generales sin determinar previamente una categoría de afectados que sea homogénea (precedente Halabi).
El Tribunal señala que se han dictado sentencias vinculadas con la magnitud del aumento tarifario, sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera igual a situaciones heterogéneas, apartándose de la jurisprudencia de la Corte, que debe ser respetada.

¿Por qué se limita la sentencia a los usuari@s residenciales?
La Cámara dictó una sentencia con efectos generales para todo tipo de usuarios y para todo el país. No se los citó previamente, y no se hacen distinciones según sean residenciales, comerciales, industriales, o según diferentes tipos de ingresos económicos, o regiones.
La Corte Suprema ha definido el proceso colectivo en diversos precedentes (“Halabi”) y ha dicho claramente que deben existir intereses individuales homogéneos.
Es decir, debe haber una causa común (en el caso la falta de audiencia), pero no hay homogeneidad.
Este es un elemento muy importante. Está en juego la libertad de las personas en cuanto a la disposición de su patrimonio.
En el caso, el único grupo homogéneo que reúne los elementos definidos en “Halabi” es el de los usuarios residenciales (conforme decreto 225/92 ─Anexo “B”, Subanexo II─, decreto 181/2004 y resolución ENARGAS 409/2008). Se trata de los ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva.
Por esta razón, la sentencia de la Corte únicamente tiene efectos respecto de ese colectivo.
Las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente año en relación a la tarifa social y a la protección de los sectores más vulnerables se mantienen.
La sentencia, en ningún caso puede arrojar como resultado sumas mayores a las que dichos actores hubiesen debido abonar por estricta aplicación del nuevo cuadro tarifario, considerando la mencionada tarifa social (conf. doctrina de Fallos: 336:607).

AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL DR MAQUEDA
La audiencia pública tiene raigambre constitucional. Es un derecho ciudadano reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional que se sustenta en los principios de la democracia participativa y republicana.
Todos los usuarios y consumidores –sin distinción de categorías- deben formar parte de la audiencia pública, que debe realizarse en forma previa a la toma de decisiones en materia tarifaria.

Dicho mecanismo de participación ciudadana debe llevarse a cabo respecto de todos los tramos que componen la tarifa final del servicio público de gas: precio en boca de pozo, transporte y distribución.

En el día de la fecha, el Doctor Maqueda en su voto declaró la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que fijaron el nuevo esquema de precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, y un nuevo cuadro tarifario del servicio. (Causa FLP 8399/2016).
La nulidad de las resoluciones 28/16 y 31/16 se fundó en que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación no cumplió con la obligación de llevar a cabo audiencias públicas.

Sostuvo, en primer término, que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce a la participación pública como un derecho que la ciudadanía puede ejercer directamente, sin perjuicio de que el Congreso establezca la forma en que este derecho debe llevarse a cabo en cada caso.

Afirmó que -específicamente en materia tarifaria- la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida, porque la Constitución garantiza la participación ciudadana previa en instancias públicas de discusión y debate, y ese aporte debe ser ponderado por el Poder Ejecutivo cuando fija el precio del servicio.

Este derecho de participación reconocido a los usuarios en el caso del servicio de gas se estructuró en 1992 en su ley regulatoria mediante el mecanismo de audiencias públicas. Resaltó que para que este derecho no sea ilusorio, deben cumplirse las siguientes condiciones.

En primer término, todos los usuarios tienen derecho a recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial en forma previa a la realización de las audiencias. La segunda condición está dada por la celebración de este espacio de deliberación entre todos los sectores interesados, con un ordenamiento apropiado que permita el intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones. Por último, este derecho debe ser valorado en el momento en el que el Poder Ejecutivo toma la decisión. De otro modo, todas las etapas anteriores constituirían puro ritualismo si la autoridad no considerara fundadamente, en oportunidad de tomar las resoluciones del caso, las situaciones y argumentaciones que se expusieron en la audiencia.

En este marco constitucional y legal, afirmó que el Poder Ejecutivo no podía sostener válidamente que no era exigible la realización de audiencia pública antes del dictado de las resoluciones impugnadas por tratarse la producción y comercialización de este recurso de una actividad desregulada, es decir, una actividad cuyo precio era fijado por el libre juego de la oferta y la demanda.

En efecto, explicó que este argumento no es valedero, porque a partir de 2004, el precio del gas pasó a ser fijado por el Estado del mismo modo en que fija las tarifas. Así, respecto de precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, o precio a boca de pozo), estableció que mientras el Estado siga fijando el precio, corresponderá también llevar a cabo obligatoriamente las audiencias públicas.

Agregó que tampoco puede considerarse el argumento según el cual se trata de una tarifa transitoria, porque más allá de la permanencia temporal del régimen, lo cierto es que implica un aumento que puede llegar a quintuplicar la tarifa de gas que paga el usuario, y que en caso de que tal aumento no pueda ser afrontado, podría ser privado del servicio. En tales condiciones, resulta intrascendente que se trate o no de un régimen transitorio.

Seguidamente, reiteró que la potestad tarifaria de los servicios públicos es del Poder Ejecutivo y tiene por objeto asegurar su prestación en condiciones regulares y la protección del usuario.
Asimismo, también recordó que la interpretación de las normas, que incumbe a los jueces, no llega hasta la facultad de instituir la ley misma ni a suplir al Poder Ejecutivo en la decisión e implementación de la política energética. La misión más delicada de los jueces es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción.

Puso de manifiesto cómo había sido la política tarifaria en materia de gas en los últimos 14 años, para concluir que era necesario fijar criterios para una política tarifaria razonable respecto a servicios públicos esenciales.

A tal efecto recordó que las actividades o servicios esenciales para la sociedad, eran aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación.

Destacó que, según informó el Estado, la política energética implementada a partir del año 2002 tuvo como consecuencia la pérdida del autoabastecimiento, el aumento del gasto público, importaciones por parte del Estado Nacional, déficit de la balanza comercial, consumo de los “stocks” de recursos y capacidad disponibles, escasez del gas, deterioro de las infraestructuras de transporte y distribución y falta de inversiones en el desarrollo de sus redes.

Consideró que dicha situación imponía al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia.

Sostuvo que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, una verdadera conmoción social provocada por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevado monto, pueda calificarse de “confiscatoria” de los ingresos de un grupo familiar.
Resolvió aplicar esta decisión a los usuarios residenciales de gas que constituyen un colectivo uniforme que cuestiona las resoluciones señaladas y que no podría demandar individualmente en razón de los costos que tal litigio implicaría para cada uno de ellos.

Respecto de la vigencia de la tarifa social para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, el voto puso de manifiesto que la aplicación del más elemental sentido de justicia implica que la tarifa final que se aplique a esos sectores como consecuencia de este fallo nunca podría implicar el pago de una suma mayor a lo que hubiesen debido pagar por aplicación de la tarifa social correspondiente al cuadro tarifario discutido en la causa.

En conclusión, las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo violentan el derecho a la participación de los usuarios, bajo la forma de audiencia pública previa, en el proceso de revisión de tarifas.

Ante el fracaso de las negociaciones para acordar con la cámara empresaria de la televisión por cable un aumento salarial acorde a lo solicitado, el SATSAID realiza un paro este jueves. Intentan “evitar, frente la escalada de aumentos de precios, la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de los trabajadores de televisión de todo el país”.

Una medida similar acordada por las autoridades sindicales el 13 de julio había sido suspendida por la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo que finalizó anoche.

Mientras tanto, se realizaron “numerosas y extendidas audiencias (…) sin obtener hasta aquí un resultado satisfactorio y suficiente al objetivo salarial planteado, producto de la irresponsable e insensible actitud del sector empresario que sin ninguna razón se mantiene intransigente en una posición especulativa que juega con la necesidad de los trabajadores y ante la obligación de esta organización sindical de defender la íntegramente el carácter alimentario del salario”.

El consejo directivo del SATSAID ratificó el pedido del 42% de aumento más una suma por única vez de $11.500 y convocó a las trabajadoras y los trabajadores de televisión de las empresas de circuitos cerrados de televisión, beneficiarios del Convenio Colectivo de Trabajo 223/75 a parar hasta las 24 de hoy con permanencia en los puestos de trabajo.

Foto: Alejandro Alonso.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolvió convocar a un paro nacional docente el próximo miércoles 24 de agosto y participar activamente de la Marcha Federal -entre el 31 y el 2 de septiembre- convocada por la CTA y otras organizaciones sindicales y sociales con huelgas, movilizaciones y jornada provincial de protesta.

El gremio realizará además una Jornada Nacional contra la Impunidad el 21 de septiembre por la continuidad de la Causa Fuentealba II y apuntará a fortalecer las luchas provinciales ante la negativa de los gobiernos a no reabrir las paritarias.

La CTERA reclama reapertura de la Paritaria Nacional, aumento salarial, cumplimiento de los Acuerdos Paritarios, continuidad de los Programas Nacionales Socioeducativos, un aumento del 10% del PBI para Educación y rechaza el Impuesto a las Ganancias y cualquier intento de modificación de la jubilación.

En tanto, el plenario de SUTEBA resolvió que de no haber respuesta por parte del gobierno provincial, se realizará, en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense, la profundización del plan de acción con 48 horas de paro.

Amenazas y repudios

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La seccional local de SUTEBA difundió ayer un comunicado a la docencia y la opinión pública para informar que pasado el mediodía “llegó un mail a la dirección de correo electrónico de la seccional Quilmes con amenazas que decían que por la tarde iban a tirar gas tóxico en la seccional. El hecho se repitió en Berazategui y luego en Bahía Blanca, y según parece también en otras seccionales. Es muy grave que esto esté pasando, en un contexto en el que crece el hambre y la desocupación y el gobierno ratifica el ajuste y la represión, como ocurrió este fin de semana en La Plata y hoy día en Puente Pueyrredón, además de las amenazas a abogada de derechos humanos en Tucumán”.

“Es también un ataque a la organización sindical de los docentes, que estamos llevando adelante un plan de lucha. Repudiamos estas amenazas, hacemos responsables al gobierno por la integridad física de las y los compañeros amenazados, y exigimos inmediato esclarecimiento de los mismos. Nuestra entera solidaridad con las y los docentes y sus organizaciones sindicales, que han sido intimidadas por estas prácticas que nos retrotraen al accionar de las bandas paramilitares de los años 70”.

Desde ADUNS repudiaron “este tipo de actitudes arteras, cobardes y anónimas que no por casualidad aparecen en escena cuando está abierto un proceso de lucha y resistencia contra el ajuste que venimos soportando los habitantes de este país producido por el alza de los productos de la canasta familiar, los tarifazos, los despidos, la depreciación de nuestros salarios y la violencia institucional, simbólica o concreta, ejercida desde el Estado”.

La Corriente Comunista David “Watu” Cilleruelo se puso “a entera disposición de las compañeras y compañeros de Suteba, quiénes han sufrido acciones impropias en un sistema democrático y mucho más parecidas a épocas nefastas, recibiendo amenazas por luchar. El ajuste feroz viene de la mano de la represión, lamentablemente ya es un hecho. Estos intentos patoteriles cobardes, deben encontrar una única respuesta, redoblar nuestras luchas y continuar fortaleciendo las organizaciones y la unidad de las y los agredidos por estas políticas nefastas”.

“La Asociación de profesionales del HIG Penna repudia todo tipo de amenazas y acto de violencia y se solidariza con los compañeros docentes con quienes caminamos juntos desde hace 5 años en defensa de la salud y educación pública. la violencia en todas sus formas solo genera más violencia y demuestra la intolerancia y mediocridad de pensamiento de quien la ejerce”, manifestaron los médicos y las médicas del hospital provincial.

(Por Francisco J Cantamutto) Se acumula la evidencia, y toda apunta en un mismo sentido: el gobierno de Cambiemos paralizó la actividad e incrementó la inflación.

La economía argentina venía de casi un lustro de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria, acumulando contradicciones y problemas, pero sin estallar en una crisis de magnitud comparable a cualquiera de los episodios que nuestro país vivió antes. El traspaso de mando no se dio en el medio de una híper o después de una recesión de 4 años, con devaluación mediante. No hubo un estallido social, ni una crisis institucional que obligara a pases de mando fuera del control popular. Nada de esto: había, sí, inconsistencias, contradicciones, problemas, algunos de los cuales Macri y su fuerza política utilizaron para hacer campaña, criticando, pero evitando explicar cómo las superarían, y el motivo es simple: porque su salida era antipopular.

Quizás incluso antes de asumir -por las declaraciones públicas de sus referentes- Cambiemos provocó una intensificación de los aspectos más dañinos que mostraba hasta entonces la economía nacional. Las devaluaciones de diciembre y febrero, la quita de retenciones y los aumentos de tarifas fueron los principales motivos por los que la inflación se incrementó, saltando a un nuevo ritmo, mucho más cruento: de un ya alto 26,5% de 2015, este año se espera terminar con casi el doble, entre el 43,9% y el 45,4% -según estimaciones del valioso informe de CIFRA de CTA. Vale recalcar que ninguna paritaria de este año se aproximó a ese número, cerrando todas diez puntos por debajo o aún menos, lo que tira por tierra el argumento de los salarios como factor explicativo de la inflación. De hecho, según ese mismo instituto, el salario real promedio ha caído un 12,1% desde diciembre de 2015 a julio del corriente.

Al mismo tiempo, este paquete de medidas ha provocado la virtual parálisis de la economía. El desplome de la demana interna ha impactado en diversos sectores: la CAME -que agrupa pequeñas y medianas empresas- señala una caída del 6,4% de sus ventas respecto de igual semestre del año previo, mientras que las de los supermercados acumulan un 30% de caída desde diciembre. Vale señalar que este menor consumo interno no está siendo compensado por otros componentes de la demanda. Con el mundo y nuestros socios comerciales en crisis, las exportaciones totales han caído un 3% respecto del año pasado. La incapacidad de sostener de manera clara algunas políticas (tarifazo) y el incentivo a la actividad especulativa financiera, han provocado que la inversión muestre un retroceso superior al 4%. Por estos motivos, todas las estimaciones coinciden en que 2016 cerrará en recesión, con una contracción de al menos el 1% del producto total.

La crisis y el incremento de la inflación han provocado un nuevo escenario llamativo, conocido como de estanflación (estancamiento con inflación), que merece al menos dos comentarios.

El primero es que este escenario se hace evidente con el nuevo gobierno, que entonces debe esforzarse todos los días para convencer al pueblo que es en realidad responsabilidad del gobierno anterior. Hablando de inercia y de herencia pretenden descargar el resultado de sus políticas sobre lo hecho previamente, con un discurso cargado de fatalismo: “no se podía hacer otra cosa”. Pero este discurso tiene límites, entre los que está la memoria colectiva, donde no se puede fabricar un colapso que no pre-existió, sino que vino después. No pocos votantes de Cambiemos entendieron que era un problema de tiempos, que era necesario esperar para que el nuevo gobierno tomara las riendas de la economía, pero tras 8 meses empieza a quedar claro que no se trata de un error de cálculo sino una política deliberada.

El segundo comentario es que el fenómeno de estanflación apareció en el debate internacional asociado a las políticas del Estado de Bienestar, que con cierto halo keynesismo impulsaban la demanda agregada a través del gasto público. Se trata de un concepto que el monetarismo utilizó para criticar políticas que asociaba a lo que entendían como populismo, reduciendo el concepto al simple gasto por encima de las posibilidades productivas. Esto está implícito en las declaraciones de diversos ministros con y sin cartera sobre que “no era normal” que trabajadores y trabajadoras tuvieran vacaciones, autos, o incluso celulares.

Pero vale la pena remarcar que este tipo de política de ajuste no es nueva. Con contextos diferentes, las políticas actuales guardan parecidos con el paquete de medidas aplicado por el ministro Krieger Vasena durante el gobierno de Onganía o las del famoso Celestino Rodrigo en el gobierno de Isabel Martínez de Perón. En ambos casos, devaluación, aumento de tarifas y de tasas de interés pretendían impulsar una mejora de la rentabilidad de ciertos sectores, y resolver la inflación generada mediante la apertura de la economía, tal como el actual gobierno busca realizar. En ambos casos se generó recesión e inflación, y ninguno de esos ministros puede asociarse a modelos redistributivos progresivos. La recesión no es necesariamente un objetivo de las políticas, sino un costo que están dispuestos a pagar para ordenar la economía según sus preferencias e intereses.

Vale también resaltar que el límite, en ambos casos, estuvo marcado por la resistencia popular a aceptar semejantes programas. Hasta el momento, ni el famoso “segundo semestre” muestra señales de mejoría, y esto empieza a mostrar recelos y presiones entre las fuerzas que componen el gobierno. Lentamente, a nivel social se han mostrado múltiples iniciativas de resistencia al ajuste: multisectoriales contra el ajuste en todo el país, movilizaciones de trabajadores/as de la economía social y popular, protestas sindicales aún dispersas. Llevará aún cierto tiempo para que estas resistencias tengan alguna forma de representación política, pero no cabe duda que el pueblo está marcando el límite a este ajuste neoliberal que hasta el momento sólo muestra como resultados más recesión y más inflación.

Lo dijo a FM De la Calle el titular de la Federación Agraria local Joaquín Fortunati. El viernes pasado un productor de la zona de Darregueira fue expulsado de su campo por no poder afrontar el pago de las deudas con la banca oficial. “No nos da la cabeza para soñar” con lo que se mostró en la Exposición de la Sociedad Rural, agregó.

La Federación Agraria Argentina denunció el agravamiento de la situación de pequeños y medianos productores, con tamberos, porcicultores y economías regionales padeciendo los problemas más urgentes y advirtió que de no obtener respuestas realizará movilizaciones en las economías regionales. A fin de mes presentarán en el Congreso propuestas de políticas públicas diferenciadas.

En cuanto a los precios de sus producciones, Fortunati afirmó que, por ejemplo, “el kilo de cerdo vivo a un productor de nuestra zona se le está pagando entre 13 y 14 pesos y el litro de leche a 3 pesos, seguimos siendo los convidados de piedra”. “En algunas regiones la leche es un artículo de lujo porque la política argentina ha beneficiado el monopolio de las grandes empresas y ha hecho desaparecer a las pequeñas fábricas lácteas y a los pequeños tamberos”. En el caso del trigo, se paga al productor entre 2,70 y 3 pesos mientras que “el kilo de pan en el mejor de los casos está a 25”.

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“Se prometió un cambio, lo estamos esperando pero hay muchos que nos estamos cayendo del mapa y son los chacareros más chicos, a los que más cuesta llegar y los que quedaron endeudados con la banca oficial, con el Banco Nación que hoy pese a que se habían acordado prórrogas, hay algunos trámites judiciales en los juzgados federales 1 y 2 de Bahía Blanca donde se están ordenando desalojos para el posterior remate de esos campos”.

Fortunati identificó una política de Estado que -más allá de presidentes y dictadores- desde fines de la década del 70 apuntó a “correr del mapa al pequeño productor agropecuario argumentando el eficientismo dentro del sector agropecuario, es decir, producir más y mejor con menos gente, con una base tecnológica, con una base de concentración de los recursos, tanto tierra como agua”.

“Esto hace que empiecen a languidecer pueblos, yo soy oriundo de uno del sudoeste bonaerense, pasamos a tener pueblos geriátricos donde vemos que las grandes empresas y las financieras como Banco Nación y Banco Provincia hacen propaganda engañosa y que los pequeños productores caigan en trampas como son los créditos que terminan expulsándolos de sus tierras que en algunos casos están trabajando hace setenta u ochenta años cada familia”, dijo.

La Sociedad Rural celebró su 130 años con grandes campeones. El presidente Macri participó de los festejos  "del campo".

La Sociedad Rural celebró su 130 años con grandes campeones. El presidente Macri participó de los festejos “del campo”.

El dirigente explicó que “estarían bajo el amparo de la ley 14.144 que hace que los que están endeudados con el Banco Nación tengan oportunidad de pagar su deuda por intermedio del fideicomiso Provincia de Buenos Aires pero la provincia no ha firmado lo correspondiente ni ha hecho el trámite necesario para el traspaso de esa deuda del Banco Nación al fideicomiso”.

La Federación Agraria mostró su preocupación por el impacto del Decreto 820 que promueve la extranjerización de la tierra y la consecuente expulsión de más familias chacareras. Fortunati comentó al respecto que el productor desalojado días atrás en Darregueira, “tiene enfrente una empresa de capitales si no me equivoco italianos que podría ser una de las interesadas en comprar una de sus 190 hectáreas”.

“El problema ese existe desde siempre, en Bahía Blanca por ejemplo cuando era intendente el señor Cristian Breitenstein se gestionó para regalarle las tierras a la empresa Dreyfus, que ahora fue inaugurada la terminal y vino el presidente y la gobernadora, y se la sacaron a la familia Moreno que era de capitales nacionales que históricamente había trabajado en Bahía Blanca”.

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Finalmente, Fortunati opinó que el proyecto de Ley de Semillas, que presentará en los próximos días el gobierno con letra de Monsanto, pretende “cobrarnos por vivir”. “Si un productor agropecuario que compra una semilla va a tener que pagar in eternum regalías a la empresa porque fabricó algo con genética es como decirle que usted compra un auto de la marca que elija y le va a tener que estar pagando toda la vida a la empresa que lo fabricó porque fabricó tecnología”.

“Es un despropósito, una vez que compre eso es mío, el derecho de propiedad quedaría en manos del productor que compró la semilla, pasa que es muy fácil para la empresa argumentar que como tiene un registro genético tienen derecho a regalías. Es más fácil cobrarle a un montón de chacareros que negociar con una empresa internacional”, destacó.

Mariana Torres, una de las 65 personas despedidas de Supermercado Burgos, dijo a FM De la Calle que la Municipalidad es acreedora de la empresa desde 2013 y que junto al sindicato “hicieron la vista gorda” para permitir su vaciamiento. “Fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias (…) son maniobras fraudulentas que hacen para cerrar, dejar a trabajadores en la calle y abrirse otros negocios. Eso es lo que no queremos que quede impune”.

La ahora ex empleada comentó que este martes “nos presentamos en nuestro horario normal y estaban todas las sucursales cerradas. Es algo que preveíamos, hace dos semanas que no compraban mercadería. (…) Al menos queríamos que el sindicato nos garantizara cobrar los dos meses que nos debían y después accionar judicialmente por la indemnización pero nos quedaron debiendo todo”. Los aguinaldos también.

La Asociación de Empleados de Comercio “se dedicó a justificar a Burgos, que era un empresario quebrado, que realmente estaba en crisis, algo que también tratamos de desmentir haciendo un escrache a una de las distribuidoras que abrió la familia, denunciando que durante estos últimos años habían adquirido tres legajos de taxi. No era una crisis sino que hubo desvío de capital a otros rubros más rentable para ellos. En esta pelea el sindicato no nos acompañó”.

Tras los 65 despidos, 40 aceptaron conformar una cooperativa de trabajo “para no quedar en la calle”. “La semana que viene o la otra entraría en funcionamiento, no se sabe si van a ser los tres locales o dos, hay distintas versiones. Los locales tendríamos que alquilarlos, Burgos lo que haría es prestar góndolas, heladeras, para que las trabajemos. Teniendo en cuenta que eso está en concurso de acreedores, que si mañana viene alguno y los quiere rematar tendríamos que devolverlos”.

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Torres informó que “la Cooperativa Obrera nos va a proveer mercadería, no se sabe si toda o solamente la marca Primer Precio que es la que manejan. Nosotros iríamos pagando a consignación, a medida que vayamos vendiendo. Es complejo porque hay una baja del consumo a nivel general en todos los comercios y estaríamos compitiendo con la Cooperativa que nos va a vender los productos y también con los mayoristas”.

“Hay compañeros ilusionados y ojalá que sea una salida viable y no una forma del sindicato de patear la pelota para más adelante y que esto no estalle ahora. El municipio también está entre los acreedores de Burgos, conocían la situación de la empresa desde mucho antes, son acreedores desde 2013 en que entró en concurso preventivo, todos hicieron la vista gorda para que se llegara a esta situación. El vaciamiento fue paulatino, cuando lo empezamos a denunciar ya era vertiginoso, todos los días se vendían maquinarias”.

Los empresarios también vendieron una sucursal de Charlone que figuraba “a nombre de un familiar”, un generador, una cámara frigorífica valuada en 150 mil pesos aproximadamente y un auto del apoderado Martín Burgos aunque “para pagarle al síndico y no a los empleados”.

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Burgos y Javier Leiva, uno de los “encargados generales” del super son los flamantes titulares de la distribuidora de bebidas y gaseosas de Panamá 1773. “Él nos dice que es un proyecto pero estuvimos yendo y ya tiene un funcionamiento, hay movida de camiones de cajones de cerveza que están afuera, inclusive usaban los mismos camiones de la empresa para ese negocio aparte”, dijo Torres.

(Por ¿Quién Te Juna?*) Monsanto ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes del mercado de semillas a nivel mundial y, a su vez, la que más controversia ha generado por el peligro que representan sus productos, para la salud y el ambiente.

La compañía, que se dedica principalmente a la producción y comercialización de herbicidas y semillas transgénicas, llegó bajo la idea de la “Revolución Verde”. La cual impulsaba mejoras agrícolas para de esa forma, poder erradicar el hambre en el mundo, instando a los productores de países en vías de desarrollo, a adoptar las prácticas agrarias impulsadas por Monsanto.

En Argentina, la empresa tiene plantadas alrededor de 18 millones de hectáreas con soja transgénica. El uso de transgénicos, permite la instalación de la idea extractivista, es decir, que cada vez se produce más y en mayor cantidad. Esto significa que, se reemplazan los cultivos autóctonos por monocultivos creados en laboratorios.

Cuando el Estado mira para otro lado

En la actualidad los campos deben utilizar pesticidas como el Roundup, para el control de malezas, cuyo principal componente es el glifosato, siendo de éste uno de los químicos más contaminantes vertidos en las cosechas.

En 2007, Monsanto fue penalizada por falsa publicidad, dado que, anunciaban que el Roundup era biodegradable y no tóxico. Por lo tanto, la empresa tuvo que retirar la palabra Biodegradable de sus envases, para poder seguir comercializando su herbicida.

En nuestro país, existe una ley nacional y varias provinciales que, establecen la prohibición del uso plaguicidas y otros agroquímicos a distancias que rondan ente los 50 y los 1000 metros de distancia de zonas pobladas o escuelas rurales. Sin embargo, la norma nacional no se cumple, difiere de las provinciales, y los organismos de aplicación son los municipios. Esto genera, un sinfín de regulaciones que dejan a las personas expuestas a estos peligros.

Argentina, actualmente utiliza entre ocho y diez veces más glifosato por hectárea que Estados Unidos. La periodista marplatense especializada en medio ambiente, y miembro de la ONG Bios, Silvana Buján, comentó que hace unos años impulsaron la creación de informes en conjunto con el dr. Andrés Carrasco, para que los legisladores de esa ciudad se involucren en la problemática. Además sostuvo que: “Los legisladores marplatenses en ese momento, tuvieron manifestaciones muy fuertes por parte de los productores, pidiendo que no existan esos mil metros, porque decían que ahí no podían plantar nada. Finalmente a presión de ellos (los productores), con engaños y la connivencia de las autoridades locales, se levantó la medida”.

“Tiempo después, la gente de Paren de Fumigarnos se presentó en la justicia. Hoy el caso está en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque el municipio finalmente eliminó eso mil metros, puso un programa de ‘Reconversión Agroecológica’, con lo cual dio vía libre para que se fumigue hasta el borde las casas”, explica Buján, quien además desde la ONG que integra realizó una serie de estudios que demuestran los altos niveles de pesticidas que contienen los alimentos y lo perjudiciales que son para la salud.

Asimismo, Buján sostiene que en la actualidad el Estado, está volcado completamente a las corporaciones y agrega: “Desde el primer día vienen aprobando los transgénicos, porque facilitan a los productores que sigan usando éste sistemas y están ausentes en la universidades nacionales, y porque ahora le cambiaron el nombre al Ministerio de Agricultura por el de Agroindustria. Con lo cual, ya desde el nombre te están diciendo que el pequeño agricultor no existe más, no es parte de éste modelo que se está aplicando en Argentina”.

Por su parte, la licenciada de Geografía e integrante del Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria de la UNS (ETSA), María José Junquera sostiene que: “Deberían haber políticas públicas que ayudaran a éste tema, pero  si analizas desde los ’90 para acá, hay una continuidad en ésta línea de pensamiento. El Plan Estratégico Alimentario, plantea que hay que producir más porque la población está aumentando. El problema no está en que hay que producir más, sino en la distribución de los alimentos”.

Soluciones posibles

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Desde hace tiempo en diferentes puntos del país se viene llevando a cabo la lucha para poder tener una agricultura sustentable y libre de agrotóxicos. Junquera, explica que es la Soberanía Alimentaría al decir que: “Se puede definir como el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos consumir y como producirlos”.

En este sentido, Silvana Buján considera que es posible cambiar el sistema de producción de alimentos, considerando que: “Para lograrlo es necesario enseñarle a todxs los que fueron capacitados de la mano de éstas corporaciones que sostienen cátedras. Falta romper esta dependencia con las corporaciones del agro, independizar a la ciencia de los sponsors que la formatean, y empezar de cero con una ciencia digna para mostrar que hay un camino posible, deseable, necesario e imprescindible”.

En paralelo la licenciada Junquera comentó que, en nuestra ciudad se están desarrollando medidas para generar una alimentación sustentable, una de ellas es el grupo de trabajo formado bajo la órbita de la Universidad Nacional del sur y agrega: “El ETSA surge como un espacio de reflexión que pudiera suplir las faltas del plan de estudios de agronomía. Actualmente somos estudiantes, profesores, también hay gente de distintos ámbitos, que lo que buscamos es generar este espacio de construcción del conocimiento entre todos y por eso organizamos talleres, o disertaciones. Todo abierto a la comunidad, pero lo hacemos en la universidad”.

En la actualidad, el ETSA tiene dos proyectos para poner en marcha: “Uno es el de formar una cátedra libre de Soberanía Alimentaria como hay en otras universidades del país, ese es un proyecto que tenemos en marcha. Y después tenemos hace unos meses, los chicos de biología sobre todo, dentro igual del ETSA, arrancaron con ayuda de Pro-Huerta del INTA Bordenave, en el predio de Agronomía de la UNS, una huerta agroecológica, que recién arranca, pero la idea es que se puedan producir alimentos, para consumo o  comercializarlos si nos va bien con la producción”, comenta Junquera.

Además explica que como colectivo, se han contactado con agricultores agroecológicos de la ciudad: “Muchos comercializan sus productos por Facebook. También teníamos un proyecto de armar, como una feria en la web para que los productores agroecológicos se puedan anotar para que uno tenga contacto directo con el productor. Caritas también organiza, que nosotros participamos, en la Feria del Lago donde hay productores del cinturón hortícola de Bahía Blanca y de Cerri también que venden sus productos, que si bien no son todos agroecológicos, tiene muchos menos agroquímicos de lo que es habitual consumir”, y concluye: “Hay que buscar espacios alternativos, que los hay, pero uno tiene la costumbre de ir al supermercado”.

El camino por recorrer para la obtención de una Soberanía Alimentaría plena es largo, pero vale la pena seguir adelante. La idea, sin lugar a dudas, radica en ser conscientes de que existen formas de producir y consumir los mismos alimentos, pero sin agrotóxicos.

*¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 21 por FM De la Calle 87.9

Finalmente el Supermercado Burgos bajó las persianas y dejó a otras 65 personas sin empleo en la ciudad. “Hoy nos presentamos y estaban todos los comercios cerrados”, dijo Mariana Torres a FM De la Calle. El titular de Empleados de Comercio, Miguel Aolita, afirmó que “no es tan así” y que en “quince o veinte días” reabrirá bajo gestión cooperativa.

La nueva etapa del mercado estaría a cargo de cuarenta de l@s 65 afectados, mientras que el resto “se dio por despedido”. La totalidad podrá reclamar sus indemnizaciones. Aolita manifestó que el cierre “era algo que estaba medio previsto, no surgió de un día para otro, no tenían más mercadería para vender”.

El jueves pasado, durante el segundo ruidazo, Mariana Torres comentó a este medio que junto a sus compañeras salieron a rechazar los tarifazos y “sumar el reclamo por los despidos, Burgos cierra y se pierden setenta fuentes de trabajo, también están los de Lucaioli”.

En cuanto a la cooperativa impulsada por Empleados de Comercio y el Municipio para dar continuidad a los empleos, opinó que “más que una solución es un problema porque cuando baja el consumo a nivel nacional una cooperativa de trabajo no es una salida a largo plazo, tenés que competir con los grandes supermercados, no es la salida que queríamos, ellos también fueron cómplices de que Burgos durante tres años vaciara la empresa”.

Al otro día, “en respuesta a los dichos de Aolita y Burgos” protestaron en Panamá 1773 frente a una de las distribuidoras abiertas recientemente por Martín Burgos lo que “desmiente que la empresa no sea solvente y confirma que hubo vaciamiento y desvío hacia otros negocios”.

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Partidos de izquierda se movilizarán esta tarde a Plaza Rivadavia en simultáneo con una protesta que se realizará en la Plaza de Mayo con la convocatoria del sindicalismo “combativo y antiburocrático”. En Bahía Blanca será a las 18 “en solidaridad con los trabajadores despedidos de Lucaioli, La Nueva y del Supermercado Burgos frente a su inminente cierre y vaciamiento. En apoyo a la lucha docente y de todas las luchas en curso”.

Los partidos Obrero (PO), de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), Comunismo Revolucionario (CR), Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) manifestaron que “el tarifazo -y la reacción popular que desató- han hecho emerger el verdadero alcance del ajuste que ejecutan el macrismo y los gobernadores”.

“Macri acusa a los trabajadores de ‘derrochar energía’ pero subsidia la depredación minera, hiperconsumidora de energía, hipoteca al país con los buitres y fija topes salariales muy por debajo de la inflación. La Justicia ordenó la suspensión de los incrementos con argumentos formales pero no cuestiona el fondo del asunto; Macri y Lorenzetti pactan para ‘salvar’ el tarifazo y el gran negocio de las privatizadas. Mientras la oposición patronal (Massa, el PJ) ha saludado los topes del 400 por ciento propuestos por el gobierno, cuando las paritarias no superaron en promedio el 30 por ciento”, agregaron.

Además apuntaron a las centrales sindicales que “siguen en la tregua, garantizando que avance el ajuste y desoyendo el reclamo de plan de lucha y paro general”.

Las demandas:

1. Anulación del tarifazo, apertura de los libros de las empresas e investigación del destino de los subsidios que recibieron durante una década. Reestatización de las empresas privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios. Garrafa social a $ 50.-

2. Contra los despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios.

3. Contra la inflación, reapertura inmediata de las paritarias, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y cláusula de indexación automática.

4. Abolición de todo impuesto al salario.

5. Aumento de emergencia ya de 6 mil pesos para los jubilados. 82 % móvil.

Encabezadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, unas cien mil personas se movilizaron el domingo en la Capital Federal, entre San Cayetano y Plaza de Mayo. Lo hicieron bajo las consignas “Pan, Paz y Trabajo” y “Tierra, Techo y Trabajo”. Exigen un salario universal complementario igual a la mitad del salario mínimo, vital y móvil.

“Creíamos que iba a tener una gran repercusión pero la realidad nos ha superado. Fue inmensa porque mucho más de la mitad de esa convocatoria, que tuvo diez mil marchantes desde Liniers a la 9 de Julio, logró enorme cantidad donde más de la mitad fue gente que fue por su propia cuenta”, balanceó ante FM De la Calle Amancay Ardura de la CCC.

Para el dirigente “esto le da además un enorme valor político por todos los reclamos de los desocupados, los precarizados, los trabajadores independientes, los cartoneros, los trabajadores en negro, más de la mitad de la población que hoy, entre los doce millones de pobres que heredamos de Cristina más dos millones en seis o siete meses de este gobierno, están en una situación muy grave”.

“Ha crecido el hambre en Argentina, los comedores y los merenderos crecen, ya no solo vienen los niños y las madres sino empiezan a venir los hombres, las changas se han cortado fruto de la recesión, de la inflación, por lo tanto ese suplemento que se hacía a partir de tener un plan social con las changas hoy se ha perdido. Este gobierno dialoga, no podemos decir que no, pero hay un problema, solo le da a esta mitad de la población un poquito mientras a las exportadoras de cereal, a los banqueros, a los fondos buitres, a los acreedores internacionales, la crema de las ramas agrarias reciben miles de millones de pesos”, agregó.

(Por Francisco J Cantamutto) Tras el segundo ruidazo nacional, el del jueves 4, el día sábado se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA una intensa jornada de audiencia pública por el tarifazo. “El gobierno se llena la boca hablando de diálogo, pero no ha convocado a ninguno de los sectores afectados para analizar la situación”, se señaló desde la apertura del evento convocado por la Multisectorial de CABA. El argumento es tan sencillo que sorprende: Cambiemos no ha convocado a las audiencias públicas estipuladas en las leyes de regulación de los servicios, impidiendo que los diferentes actores afectados puedan expresarse pero también que el propio gobierno explique sus razones. De esta manera, aún cuando las audiencias estipuladas no son vinculantes, Cambiemos prefiere resolver tras bambalinas, evitando exponerse.

Por eso, las organizaciones que integran la Multisectorial resolvieron autoconvocar una audiencia, para analizar diferentes ángulos del problema y sopesar un diagnóstico. Se demuestra a la vez, de esta manera, que no hace falta más que voluntad política para poner al pueblo a deliberar. Y, como resaltó más tarde Humberto Rodríguez de ATE Capital, no es menor que el pueblo se aproveche de la universidad para pensar sus problemas.

Tras la apertura, un panel de expertos dio algunos elementos para analizar el problema. Leonardo Pérez Martínez, de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Energía, explicó el desmantelamiento que se lleva a cabo en esa dependencia, orientándola como si fuera un mero instrumento técnico. Todo problema social generado por sus políticas, señalan, debe ser tratado por el Ministerio de Desarrollo Social, pretendiendo así disociar de manera explícita todo vínculo entre el proyecto económico y sus resultados sociales. Esta misma lógica subyace a los filtros administrativos que impiden el acceso a la tarifa social, que van desde simples demoras, derivaciones de trámites hacia las empresas, falta de atención de reclamos, y requisitos difíciles de cumplir como tener igual domicilio fiscal y real, a donde llegue la factura (cuando la mayoría de los afectados no son propietarios de la vivienda que habitan).

Por su parte, Ignacio Sabbatella, del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, desmontó con datos duros el diagnóstico de “crisis energética”, mostrando que no solo la demanda de energía creció en los últimos años, sino también la producción, en especial de la mano de YPF. Aún con problemas, la propia caída de los precios internacionales del petróleo provocarían un ahorro en el costo de las importaciones. Ocurre que el aumento de los precios en boca de pozo estaban dirigidos a mejorar la posición de las empresas productoras, que recibieron una transferencia de ingresos en torno a los 3.000 millones de dólares por esta vía. “No nos interesa  el autoabastecimiento ni la soberanía”, habría explicado semanas atrás el secretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio, Darío Redondo.

Contra lo que pudiera arguirse respecto de la energía, los subsidios al transporte no provocan mayor consumo, y aún cuando lo hacen, generan un bien público en términos de reducción de la congestión de tránsito, menor impacto ambiental e impulso a pequeños comerciantes, explicó Gustavo Lipovich del Instituto de Geografía de la UBA. Los argumentos de la supuesta racionalización buscada por el gobierno, pues, no aplicarían a este caso, y sin embargo, también aumentaron las tarifas de transporte. Finalmente, el ex funcionario y docente de la FLACSO, Nicolás Arceo, insistió en que este aumento se suma a los de agua (que promediaron el 220%), luz (400% promedio de suba para hogares y 500% para usuarios no residenciales) y gas (190% promedio de aumento en hogares y 600% en industrias y comercios), todo lo cual incrementa la tasa de inflación, reduciendo los salarios reales. Estos aumentos inflacionarios no han logrado reducir el déficit ni resuelven un problema de falta de provisión de los servicios, por lo que no se pueden interpretar sino como una enorme transferencia de ingresos hacia estos sectores.

La audiencia continuó con la participación del equipo legal de la Multisectorial, que comentó sobrelos amparos ya presentados y los fallos sobre luz y gas con jurisdicción nacional. No se trata de unos pocos reclamos, pues más de 40 tribunales se han expedido contra el tarifazo en distintos niveles, lo que permite insistir con que el mismo “no es legítimo ni es legal”. Según comentaron Mariela y Ataliva, los argumentos para la suba no se sostienen ni por sus fundamentos ni por su coherencia, tal como la mesa de expertos dejó en claro. Al mismo tiempo, se vulnera el principio constitucional, reconocido en tratados internacionales, por el cual no se puede retroceder en derechos sociales ganados. No solo la falta de audiencia pública es el argumento, que sería solo procedimental. Se trata de cuestionar el carácter confiscatorio del aumento, que pone en riesgo el acceso a servicios básicos como agua o luz, considerado un derecho. Estos argumentos fueron enfatizados por el juez Arias, presente por la tarde.

Incluso más, debido al impacto en las cuentas de las cooperativas, recuperadas e incluso PyMEs representadas, que ponen en duda la continuidad económica por un problema de costos, se pone en riesgo el derecho al trabajo. Así, el aumento generalizado y sin justificación de las tarifas no es sostenible por la razón. Por ejemplo, desde la cooperativa gráfica Patricios, explicaron que el aumento de servicios que los afecta equivale a 25 salarios mínimos o 14 salarios de convenio: pagar implicaría perder compañeros en la cooperativa. La devaluación y la apertura a las importaciones van en un mismo sentido, apuntando a un modelo económico, y no una medida aislada.

La audiencia continuó con exposiciones de sectores afectados y la participación de algunos referentes políticos, además de la persistente participación del público. Quedó así demostrado el interés popular de  participar, informarse y explicar su situación. Un gobierno cegado por su programa no parece estar dispuesto a escuchar, ni siquiera por sostener una pantomima.

La acción en la unidad y el llamado a la Marcha Federal fueron el marco del cierre de esta actividad de fuerte contenido político y social.

Miles de bahienses volvieron a salir en las calles en unidad para rechazar los tarifazos y el ajuste que implementa el gobierno de la Alianza Cambiemos (PRO-UCR-CC). La manifestación convocada por más de treinta organizaciones se concentró frente a la Municipalidad y luego marchó por el centro de la ciudad. Es el segundo #Ruidazo que se realiza en simultáneo con protestas similares en otros puntos del país. FM De la Calle ofrece aquí algunos testimonios e imágenes de la jornada.

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Orlando, socio del frigorífico recuperado INCOBB, apuntó al tarifazo que “pone en peligro nuestra fuente de trabajo y viendo los resultados en empresas de Bahía Blanca como Lucaioli, Burgos, La Nueva Provincia, donde se han producido despidos masivos, como trabajadores nos vemos identificados y podemos estar mañana en la misma situación”.

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La cooperativa pasó de pagar facturas de gas por 12 mil pesos a 58 mil y luego a 62 mil. Además padecen otros tarifazos “menos conocidos”: “Senasa aumentó más del 300%, con la caída en la venta de la carne no podemos hacer ningún tipo de inversión ni siquiera para mantener las instalaciones ya que todo el tiempo nos hacen inspecciones los mismos funcionarios del Senasa, o poder mantener el retiro y no hacer reducción de socios. Estamos en una situación muy delicada y sabemos que para la semana que viene esto va a empeorar porque teníamos una pequeña reserva que se nos agotó. Vivimos el día a día y es muy triste porque no vamos a poder llevar adelante la empresa en esta situación”.

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Luis, médico jubilado, dijo que “no tendría que quejarme pero veo la gente que está muy mal, nunca un gobierno empezó a gobernar tan mal como este, es el neoliberalismo, es empobrecer la mitad de la población para que el resto esté mejor, eso no sirve”. Repudió además la “apertura de las importaciones que lleva al cierre de las pymes y las fábricas”.

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Mariana Torres, trabajadora de Burgos, comentó que junto a sus compañeras salieron a rechazar los tarifazos y “sumar el reclamo por los despidos, Burgos cierra y se pierden setenta fuentes de trabajo, también están los de Lucaioli”. En cuanto a la cooperativa impulsada por Empleados de Comercio y el Municipio para dar continuidad a los empleos, opinó que “más que una solución es un problema porque cuando baja el consumo a nivel nacional una cooperativa de trabajo no es una salida a largo plazo, tenés que competir con los grandes supermercados, no es la salida que queríamos, ellos también fueron cómplices de que Burgos durante tres años vaciara la empresa”.

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“Claramente estoy en contra del tarifazo, estoy en contra de este ajuste, estoy en contra del desguace del estado de bienestar, estoy en contra de la persecución política que se está haciendo -como quedó evidenciado con el caso de Hebe de Bonafini-“, dijo a FM De la Calle el escritor y docente Mario Ortiz y agregó que “vengo para tratar de resistir desde las bases y hacer un acto de presencia que las cúpulas dirigenciales políticas y gremiales no están haciendo”.

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Un grupo de militantes con carteles que decían “pobreza bajo cero” y “aumenta todo menos mi salario” eligió a Nicolás como vocero quien afirmó que en la plaza estaba “sobre todo el ciudadano de a pie que de siete meses a esta parte empeoró su calidad de vida, perdió derechos y nota que un gobierno que hasta el 9 de diciembre lo amparaba era un Estado inclusivo, de bienestar, que le permitía comprarse su casita, ahorrar, comprarle pilchas a sus hijos, darle de comer y demás y ahora lo hambrea, lo abandona y despide trabajadores”.

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“Vengo por todo, esto es un desastre, es un injusticia que estemos viviendo esta situación, hay mucha desesperanza y hoy hay gente que ya no está comiendo, hay poca solidaridad, sentido social y este gobierno está haciendo lo que pensaba hacer que es defender los derechos de unos pocos y no los del pueblo. Saben hacerlo perfectamente, trabajan para otros intereses”, declaró Pelusa.

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El pastor metodista Aníbal Sicardi fue a la plaza para protestar por esta “burla para toda la ciudadanía, una tomadura de pelo para la gente de pocos recursos y para todos nosotros, estoy esperando que cambie”. A su lado, el cura en opción por los pobres Rodolfo Viano -con un cartel en mano que recordaba el 40 aniversario del asesinato del obispo Angelelli- agregó que “es un deber moral que tenemos de acompañar esta expresión de la ciudadanía y del pueblo e intentar ser la voz y los pies de tanta gente que en la periferia no se cita acá por el horario y por la imposibilidad económica de llegar pero que queremos estar porque hace falta decir basta a esta dictadura demoliberal y del partido judicial”.

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Leontina opinó que está en marcha un “ajuste bestial” que “sabíamos que iban a hacer pero nunca nos imaginamos que en tan breve tiempo iba a hacer tal desastre”. Criticó también “la persecución ideológica, lo que pasó con Hebe es muy emblemático, tocar lo más sagrado que tenemos”.

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Otra manifestante destacó que el tarifazo “es impagable, no es un capricho, está el que no puede y el que tiene que dejar de pagar otras cosas fundamentales, es una injusticia, deseo que el servicio mejore pero es un ajuste”.