Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, cuestionó las declaraciones discriminatorias que realizó el intendente bahiense Héctor Gay (PRO Cambiemos) en relación al matrimonio igualitario y la diversidad sexual.

“Más allá de que por supuesto están en el marco de la libre expresión que puede tener, son muy peligrosos sobre todo por lo que pueden habilitar, sectores de la población que quizás piensan en un mismo sentido pero que creen que la vía de resolución de esto es por la violencia pueden sentirse envalentonados ante una declaración de este tipo”, aseguró Paulón en diálogo con el programa Enredados de Continental Bahía Blanca*.

Aclaró: “No lo digo en abstracto, lo digo concretamente cuando vemos que desde fines del año pasado se han incrementado en varias localidades de la costa atlántica, entre ellas Miramar o Mar del Plata, ataques xenófobos y neonazis con especial foco en la población gay y trans”.

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

Paulón afirmo que “bueno sería que se oponga a una ley vigente en todo el territorio de la república” e informó que gracias a dicha norma “más de doce mil parejas se han casado en todo el país, muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca, una ley que ha demostrado en el andar que contrariamente a lo que sostienen estos discursos de supuestos órdenes naturales ha venido a dar una respuesta concreta a la necesidad de muchísimas personas, pero sobre todo ha venido a traer un mensaje y un sentido de eliminar la discriminación de parte del Estado argentino para con las personas de la diversidad sexual”.

Más allá de la “tristeza” que provoca la persistencia de pensamientos discriminatorios en la dirigencia política y parte de la sociedad, el vicepresidente de la FALGBT dijo que también genera “una reflexión acerca de lo que aún falta”.

“A veces pareciera que cuando se aprueban estas leyes hemos completado el camino que queríamos recorrer y este tipo de declaraciones que nos retrotraen a épocas en las cuales todavía no podíamos contar con igualdad de derechos y a discursos por medio de los cuales sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica y algunos sectores políticos se oponían a la ley, demuestran la vigencia que tiene la necesidad de promover políticas públicas”.

“Sería muy importante que el intendente salga de este lugar al cual ha llevado a la ciudad de Bahía Blanca con una respuesta contundente como es la creación de un área o espacio de la diversidad sexual para promover la inclusión, la igualdad y la no discriminación en el marco de su política municipal”, concluyó Paulón.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Fue el título con el que FM De la Calle convocó a distintas referentes a debatir y compartir posiciones sobre la práctica del aborto. La iniciativa se da en el marco de construcción de una campaña sonora por la despenalización y legalización del aborto en nuestro país.

El sábado mujeres de los campos de la educación, de la salud, de los medios de comunicación, de organizaciones populares, políticas, feministas y sindicales participaron de un encuentro para conocer qué discursos nos rodean sobre el aborto, entendiendo a los discursos como constructores de prácticas sociales.

Conversar en esta ciudad muchas veces tildada de conservadora resulta  una herramienta necesaria para quitar el prejuicio a determinados temas; el aborto es uno de ellos. Entonces nos preguntamos ¿porqué no conversar sobre ello? Hacer de la voz un hecho político para construir nuevos sentidos.

radioTodas las invitadas hicieron hincapié en la necesidad de continuar dando el debate sobre un tema que debería ser de discusión no sólo entre quienes trabajan para ampliar los derechos de las mujeres, sino también para quienes tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos, generando políticas sociales que hagan de la cuestión del aborto un tema de discusión de Estado.

Las invitadas fueron Selva Lamtzev, Valentina Riganti, Luciana Foulkes, Virginia Calzada Frache, Lucía Alende, Irene Abreu, Emilia Alende, Alejandro Arrarás y Viviana Schmitd.

Las conversaciones fueron incentivadas con fragmentos de opiniones que nos encontramos en la calle, en las escuelas, en el trabajo, en la justicia. Compartimos algunos disparadores con parte de las intervenciones que se dieron lugar.

 “Si abriste las patas, bancátela”

“De eso no se habla, prefiero callar”

“Digamos las cosas como son, las mujeres abortamos”

El resto del material recopilado será utilizado para iniciar una campaña por la legalización y despenalización del aborto de carácter nacional en conjunto con otras radios comunitarias nucleadas en AMARC (Asociación de Radios Comunitarias Argentinas).

texto aborto

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

La organización Acciones Feministas salió al cruce inmediatamente y denunció que estas “expresiones dubitativas y que invocan a un ‘orden natural de las cosas’, además de evidenciar un profundo desconocimiento del tema y del marco legal vigente en Argentina, connotan negativamente al colectivo LGTBI, aportando a la discriminación que ya de por sí sufre dicho colectivo”.

“En Argentina rigen múltiples leyes y ordenanzas, desde la propiamente dicha ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, hasta la ordenanza aprobada en el HCD de Bahía Blanca que declara con forma permanente al día 7 de marzo como ‘Día de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género‘” y establece que las autoridades municipales deberán realizar campañas de “sensibilización y difusión tendientes a adoptar el criterio de aceptación de la existencia de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género en las diferentes reparticiones públicas”.

Acciones Feministas exigió el cumplimiento pleno y efectivo de la norma por parte del gobierno municipal y una reunión con el jefe comunal “para tratar estos temas con el solo fin de propiciar una sociedad menos violenta, más informada y con mayor protección hacia los grupos más vulnerados”.

“Si como dice el intendente Gay ‘hay un orden natural de las cosas’ se desprende que existen por ende conductas y prácticas anti naturales. No se trata de ‘tolerar’, palabra tan de moda últimamente, se trata de concebir a la diversidad como un valor en si mismo. Por un lado Gay pareciera intentar esgrimir un discurso político correcto pero la incomodidad ante la pregunta, su silencio y sus primeras palabras, ‘¿Cómo definirlo para no ofender a nadie?’, develan su pensamiento reaccionario”, afirmaron desde el Grupo 83 en Solidaridad + Igualdad.

Para la agrupación “no se trata de algo meramente individual, ‘si alguien considera que su realización está ahí’, estamos hablando del rol del Estado en la formulación de políticas públicas, en la promoción del respeto y de la diversidad como un derecho. Hoy el Estado municipal carece de una política concreta en materia de diversidad sexual”.

En ese sentido, propusieron crear un Área de Diversidad Sexual que “promueva la igualdad y la no discriminación” y la urgente reapertura de una sede local del INADI. “El Estado comunal debe generar políticas públicas, que más allá de la legislación progresista existente a nivel nacional, presenten el debate cultural necesario para considerar y sostener en el tiempo que la diversidad sexual es un valor de las sociedades modernas y democráticas, que reconocen la pluralidad de orientaciones sexuales como elemento constitutivo del mosaico social. Cabe recordar que en las últimas semanas se han conocido hechos de extrema violencia contra integrantes del colectivo LGTB, como los sucedidos en la ciudad de Mar del Plata”.

El Grupo 83 presentó además un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para que sus integrantes repudien los dichos de Gay y exijan políticas públicas de diversidad sexual a la comuna.

Por otra parte, miembros de la Secretaría de Diversidad del Partido Justicialista Delegación Bahía Blanca se mostraron “asombrados” por las manifestaciones del intendente: “A meses de cumplir seis años de que nuestro país aprobó una ley histórica, que iguala la diversidad de matrimonios, y que impulsa a nuestro país como vanguardia en materia de derechos humanos. Nos encontramos con preocupación y asombro ya que el intendente habla de un ‘orden natural de las cosas’ haciendo referencia a la tradición heterosexista y machista hegemónica”.

“Así estigmatizando todas las diferencias, por no ser parte de tal orden, y en ese caso dejarlo a la libertad individual. Olvidando las luchas colectivas de toda la sociedad para ampliar derechos en nuestra región. Nosotros creemos que nuestro pueblo es heterogéneo, en todos sus aspectos, cultural, religioso, y obviamente sexual”, afirmaron Nicolás Huss y Juan Reyes.

La excarcelación de Pablo Cuchán, condenado a 17 años de prisión por el asesinato de Luciana Moretti (15) en octubre de 2004 en Ing. White, motivó fuertes protestas sociales e institucionales en Bahía Blanca y Monte Hermoso, lugar donde pretende residir. El femicida estaba detenido hace 11 años y fue liberado por el Tribunal Criminal 1 -integrado por los jueces Hugo De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Eduardo d’Empaire- por su “conducta carcelaria ejemplar” y por cumplir los dos tercios de la condena sin sentencia firme. “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”, dijo la abogada de la familia Moretti.

Ayer, vecinas y vecinos de Monte Hermoso se concentraron frente a la vivienda de Los Horneros 463 para repudiarlo. La columna fue encabezada por familiares de Luciana y de Katherine Moscoso -asesinada en la ciudad balnearia en 2015. “Me preguntás cómo estoy yo, cómo está mi familia, y tenemos una bronca terrible porque es una gran tomada de pelo todo esto. Mi vida la tengo que seguir igual pero la lucha de Katy no la quiero dejar, pero todo esto te indigna, queremos saber todo lo que pasó con Katy, quiénes fueron los asesinos, los queremos presos, estamos pidiendo justicia y que venga este tipo y se instale acá…”, dijo a FM De la Calle Wanda Banegas.

“Le hicieron una nota en el cable de Monte Hermoso, fueron hasta la casa, habla como si él no fuera el asesino, como que la familia Moretti no existiera y el protagonista de todo esto es él, encima riéndose y burlándose del pueblo. Dice que va a esperar a que la gente lo acepte”, agregó la prima de Katy. Wanda comentó que conversó con Antonella, hermana de Luciana Moretti, y “no quiere saber más nada, esto la indigna, está cansada, aparte cada uno tiene que retomar su vida y es difícil, yo la entiendo y me pongo en el lugar de ella. Hay personas que juzgan no a los asesinos ni a los que cometen esas cosas sino a los familiares de las víctimas”.

“Acá los que tienen que poner las cartas sobre la mesa son los jueces y los fiscales y decir esto está mal y esto está bien: Que dejen de llenarse los bolsillos y actúen rápido contra esta gente, este es un psicópata enfermo que lo puede volver a hacer, yo hoy tengo miedo por mí, por mi hijo y mi marido y mi familia”, manifestó.

Viviana Lozano, abogada de la familia Moretti, explicó a FM De la Calle que la libertad asistida de Cuchán fue posible “indefectiblemente habiendo cumplido dos tercios de la condena que hasta este momento tiene y no habiendo sentencia firme”. Por la demora apuntó a las “apelaciones que se hicieron fuera de Bahía Blanca”, las idas y vueltas entre la Cámara de Casación y la Suprema Corte, y la “falta de recursos, jueces y empleados”.

La querellante informó que trabajan para “cuestionar la libertad en los términos que se otorgó” y dejó para que decida la familia de Luciana la posibilidad de pedir juicio político a los responsables del fallo: “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”.

Por otra parte, Lozano pidió “que no nos produzca todo esto una psicosis, todos los días sale gente de la cárcel, no nos empecemos a enloquecer, tengamos un poco de calma porque ya vemos lo que sucede cuando la gente se altera y lamentablemente cuesta vidas como pasó en Monte Hermoso, no caigamos en eso por favor, estamos en un Estado de derecho”.

Antes de la protesta realizada por la Colectiva Feminista frente al palacio de Tribunales bahiense, Nadia Guzmán dijo a FM De la Calle que tomaron la decisión judicial “con mucha bronca porque una vez más este sistema muestra que los asesinos y violentos están en las calles y las víctimas siempre nos llevamos la peor parte”.

“En la justicia y en todo el sistema que debería cuidar a las mujeres que son víctimas de violencia hay una tendencia a hacer todo lo contrario, a culpabilizar a la víctima, a ponernos a las mujeres en un lugar como si hubiéramos buscado esa situación o como si estuviéramos pretendiendo que nos pasen cosas malas cuando en realidad es una decisión que determinados hombres toman pensando que tienen más poder sobre las otras, pensando que pueden hacer uso y abuso de los cuerpos y la vida de las mujeres”, agregó.

“Desde el Ejecutivo y desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria se decidió transmitir la voluntad del pueblo de Monte Hermoso y declararlo persona no grata”, afirmó en conferencia de prensa el intendente Marcos Fernández. La resolución será tratada en el Concejo Deliberante el martes 26 y una vez aprobada se presentará ante el Poder Judicial para rectificar el lugar de residencia del reo.

El jefe comunal aseguró, en relación al femicidio de Katherine Moscoso y el posterior homicidio de Carlos Canini González, que “esto está enmarcado dentro de la sensibilidad que tiene nuestro pueblo que tenemos dos casos resonantes, realmente aberrantes, tenemos dos personas muertas y no tenemos solución de esos expedientes todavía”.

monteEn el deliberativo bahiense la edila de Compromiso Bahía Vanina González afirmó que “necesitamos que haya una modificación en la legislación vigente, en los recursos que hoy tiene la justicia para poder tomar las decisiones que toma, para que pueda cumplir con los plazos que son necesarios y también en las condenas”.

“Es momento que se trabaje de manera comprometida, responsable, de que las personas que están detenidas puedan tener cuando cumplen su condena una verdadera reinserción y una recuperación. También ser conscientes que hay gente que cumple su condena y que lamentablemente no puede ser reinsertada en la sociedad, que necesita otro tipo de tratamiento”, dijo y destacó que “necesitamos que sigan haciendo denuncias, que cada vez se animen más, a pesar de esta situación”.

La concejala de Integración Ciudadana Miriam Iantosca leyó durante la sesión del jueves el comunicado de la Red Local de Violencia de Género en el cual se recuerda que “Cuchán se reconoció a sí mismo culpable de los hechos, aunque nunca contó con una sentencia firme desde el momento de su detención”.

“Sumado a ello, la reciente decisión de dejarlo en libertad debido a su conducta carcelaria ‘ejemplar’, demuestra a las claras la misoginia de la justicia, y el valor que la misma le otorga a la vida de una adolescente bahiense de 15 años. Para que no sea una mera la consigna el NI UNA MENOS, necesitamos una sociedad, instituciones y una justicia comprometida para que femicidas como Cuchán no pongan en peligro la vida de mujeres y niñas de nuestra ciudad”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) renovó sus autoridades manteniendo los principios de pluralidad, representatividad y democracia que guían el trabajo del organismo desde su creación. Víctor Mendibil ocupará la copresidencia junto a Adolfo Pérez Esquivel, mientras que el Padre José Pepe Di Paola fue designado como nuevo pro-secretario de la institución, pasando a integrar de esta manera su mesa directiva. Mauricio Tenembaum es el nuevo vicepresidente y Roberto Cipriano García asumió como Secretario del organismo.

Como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria ha estado conformada por hombres y mujeres que son referentes de estos espacios de militancia: organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas.

Respetando los principios que caracterizan a la CPM desde sus inicios, el organismo anuncia la designación de las nuevas autoridades y reafirma su labor como promotor de políticas públicas en materia de derechos humanos y como institución de articulación entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

En virtud de estas definiciones, el pleno de la CPM decidió la designación de Víctor Mendibil como co-presidente del organismo, junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El nombramiento de Mendibil es un reconocimiento a su sostenido trabajo en la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos tanto en su larga trayectoria como militante sindical como así también en la activa participación que desarrolla desde nuestra institución.

Desde los años setenta, Víctor Mendibil se destacó por su compromiso con la clase trabajadora. Fue protagonista de las luchas combativas y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores judiciales, ocupando distintos espacios de conducción en la Asociación Judicial Bonaerense, la Federación Judicial Argentina y también de la CTA, desde donde se desplegó la dura confrontación con el neoliberalismo y las múltiples violaciones de derechos que implicó para el conjunto del pueblo. Mendibil, además, realizó una frondosa tarea en las distintas instancias internacionales que nuclean a las organizaciones sindicales buscando articulaciones regionales que fortalezcan su lucha.

Mauricio Tenembaum -miembro fundante del organismo, referente de la comunidad judía y de una extensa trayectoria en la lucha por derechos humanos y la democracia- fue elegido como vicepresidente. El padre Pepe Di Paola, recientemente sumado a la CPM e integrante del grupo de “curas villeros” -símbolo de la lucha contra la pobreza y las múltiples violencias que de ella devienen- fue elegido como pro secretario. Roberto Cipriano García, quien fuera en su momento el Director del Comité contra la Tortura de la CPM, ocupará el cargo de secretario del organismo.

Completan la lista de autoridades: Elisa Carca que seguirá ocupando su cargo como vicepresidente, mientras que Susana Méndez y Ana Barletta se mantienen como tesorera y pro-tesorera, respectivamente.

Fuente: CPM

Personal de la Fiscalía Federal 2 y la Prefectura Naval rescataron a 25 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en locales de Bahía Blanca y Punta Alta. Los allanamientos se realizaron la madrugada del viernes en la parrilla El Gran Chaparral y el bar Brodway, ambos del barrio El Saladero, y el cabaret rosaleño La Esquinita. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi rechazó hacer detenciones hasta conocer informes de los equipos del Ministerio de Justicia que atendieron a las víctimas.

El fiscal Alejandro Cantaro informó que en la causa confluyeron tres investigaciones que se tramitan desde hace varios meses sobre “distintas personas que en locales como bares o parrillas en algún momento cambiaban la cuestión y había mujeres explotadas, en estos casos el comercio sexual no era en el mismo lugar, no había habitaciones sino que iban a otro lugar”.

“La madrugada del viernes el equipo de la Fiscalía Federal 2 se concentró a las once de la noche, hicimos todos los contactos, y los operativos fueron: uno en Punta Alta, se rescataron catorce mujeres, dos en el Saladero, entre el Guanaco y White que había un bar Brodway y la parrilla El Gran Chaparral donde también se rescataron algunas mujeres. Se las trajo hasta la fiscalía y con presencia de los equipos de psicólogos y trabajadores se les recibió declaración y se confirmó los indicios que teníamos”, aseguró.

El funcionario judicial afirmó durante el programa Enredados* que “los tratantes ejercen violencia y todo tipo de amenazas, ayer (por el viernes) estaba en la combi de Prefectura en el que habían trasladado a las chicas, como la Fiscalía 2 tiene todo vidriado adelante vimos que había un auto estacionado, alguien lo identificó, se bajó un tipo del auto y empezó a mirar hacia donde estaban las chicas y nos dimos cuenta que era uno de los tratantes, cuando bajamos salió arando. Hay una presión constante y para quien probablemente no haya conocido mucha alternativa o provenga de una familia donde el ejercicio de la prostitución es común es difícil y el sometimiento al tratante es una cosa bastante naturalizada”.

 “La esclavitud o el sometimiento no es esa imagen estereotipada de varias mujeres encerradas y desgreñadas. Aparte las imágenes dicen cosas, cuando se quiere comunicar eso es porque, si fuera ese el estándar, de ahí para abajo es simple libertad. Hemos escuchado declaraciones de los tratantes que dicen ‘pero si las mujeres salen todos los días, yo no las tengo encerradas con llave, no las tengo encadenadas’.

“Claro, la nueva esclavitud es que a las chicas paraguayas se les paga el pasaje, se lo van descontando de los servicios sexuales, como el pase vale promedio 400 pesos ella se lleva la mitad, de esos 200 les descuentan la comida, el alojamiento -si es que la alojan-, la peluquería, el ginecólogo y entonces le quedan 80 pesos y esos 80 se imputan a la cancelación del viaje. Y el dinero para los hijos y la familia lo manda el proxeneta y les retiene el documento”, relató Cantaro.

El director del Consorcio de Gestión del Puerto y presidente de Huracán, Marcelo Osores, junto al imputado Víctor Hugo Iglesias. (Foto LNP)

Los operativos incluyeron el allanamiento del hotel del ex presidente del Club Huracán Víctor Hugo Iglesias, ubicado en Guillermo Torres al 4000. Allí se secuestraron 170 mil pesos y celulares.

“Iglesias tiene una causa ya por trata de personas y nosotros pretendemos probar alguna conexión con estos otros, porque hay conversaciones telefónicas donde lo mencionan y donde dicen que a la chica la llevaron acá (…) Se secuestró  mucho dinero, como se trata de una persona que no se le reconoce una actividad lícita es dable sospechar que viene de la actividad ilícita y también hasta podría estar involucrado en una cuestión de lavado de dinero”, explicó el fiscal.

Las mujeres rescatadas fueron atendidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctima (DOVic) y del Centro de Atención y Asistencia a la Víctima.

La investigación se había iniciado el 13 de febrero de 2014, a raíz de un llamado anónimo recibido en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daba cuenta de la existencia de un posible caso en Ingeniero White.

En esa oportunidad, indicaron que mujeres menores de edad serían trasladadas desde Bolivia, Paraguay y la provincia de Salta dentro de camiones de cereales con fines de explotación sexual. El denunciante agregó que las jóvenes habrían sido entregadas por $40.000 a un hombre de aproximadamente 40 años, quien, además, fue identificado como dueño de un prostíbulo en la zona del puerto, solapado como negocio de venta de bebidas.

Las tareas de investigación encomendadas a la Prefectura Naval Argentina permitieron vincular a la persona denunciada con el bar nocturno “Brodway”. Asimismo, se detectó el traslado rotativo de las presuntas víctimas entre los distintos locales.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

(Por Helen Turpaud Barnes) En una nota “de color” del diario Clarín del 22 de diciembre de 2015 titulada “Mujeres con falda desafían los gigantes nevados en Bolivia” se cuenta sobre un fenómeno aparentemente novedoso: mujeres aymaras suben como porteadoras y/o ayudantes de guías a la cumbre del cerro boliviano Huayna Potosí (6088msnm). La nota comienza diciendo:

“No parecen montañistas, salvo por el casco, los lentes polarizados y los zapatos de grampones. Sin embargo, este grupo de mujeres aymaras escalan la montaña vestidas con sus largas faldas tradicionales de varias capas, mantas de flecos y un atado multicolor al hombro como si fueran de compras.”

Más allá del probable uso marketinero de la situación, la confluencia de mujeres, tradición y domesticidad no es algo nuevo, por cierto: las mujeres, sobre todo las identificadas con los pueblos originarios, parecerían cargar sobre sus espaldas no con mochilas de trekking sino más bien -como apuntan las Mujeres Creando de La Paz- con la obligación de ser las “guardianas” de la tradición cultural de sus pueblos, especialmente en un aspecto: el de la vestimenta. Los hombres que se identifican con los pueblos originarios de países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú y otros, en muchos casos han adoptado (o se les han impuesto) las ropas occidentales de modo más generalizado que las mujeres de esas comunidades (incluso el uso del sombrero “bombín” que es de origen europeo y que en Bolivia es propio solamente de las mujeres, ha pasado a considerarse tradición de las “cholitas”, y no de las “cambas” o “blancas”). Si la nota en cuestión fuera sobre hombres aymaras que se dedican a guiar, cocinar y/o portear en las montañas de la Cordillera Real, la cuestión de las tradiciones, al menos en la vestimenta, probablemente estaría ausente.

Pero ese no es el único problema al leer los cuerpos originarios. Tanto la nota como todo un imaginario se “sorprende” de que las mujeres aymaras “salgan” a la montaña. Por eso su aspecto pareciera recordar –según la persona que escribió la nota- a mujeres que “van de compras”, como si el lugar de pertenencia de las aymaras fuera el pequeño círculo doméstico que habitualmente entendemos como “salir de compras” en una ciudad (detrás de esta “sorpresa” se entrevé además cierta idea de que las mujeres occidentales estarían más “liberadas” que las originarias). Muchos pueblos originarios de Nuestramérica no necesariamente mantienen la misma división sexual de las esferas pública (considerada “masculina”) y privada (“femenina”) que prevalece en la cultura europea y sus derivaciones coloniales mestizas o “blancas”. Las mujeres aymaras, como muchas otras mujeres originarias, se han dedicado durante siglos a salir a comerciar entre poblados, o en lugares donde el par rural/urbano no tenía (no tiene) el mismo sentido que para la espacialidad occidental. Las tareas “masculinas” y las tareas “femeninas” no siguen la lógica occidental de que lo “físicamente pesado” sería para varones, mientras que lo menos “pesado” sería tarea femenina. En la puna boliviana no es tan extraño ver mujeres trabajando de albañiles, en la construcción de carreteras, al cuidado de la agricultura y el ganado, descargando bolsas de cemento, ropa o alimentos de camiones o al cruzar de un país a otro. De hecho, se puede llegar a escuchar turistas de la Argentina “quejarse” de que en Bolivia los hombres “les dejan los trabajos pesados a las mujeres” (idéntico reproche aparece en el Martín Fierro respecto de los “indios” en la “frontera”). (Si hiciéramos un estudio diacrónico de las propias sociedades occidentales en tiempos de nuestros abuelos y abuelas también veríamos claramente que lo entendido como “tarea de hombres” y “tarea de mujeres” –así como los criterios usados para sostener dicha división- ha sufrido grandes variaciones.)

Esto tampoco quiere decir que no haya problemas de violencia machista en países o regiones de fuerte presencia originaria. Solo significa que el cristal con que miremos esta situación no debe ser el mismo que usemos para nuestro propio entorno, si somos de clase media urbana “blanca”.

La traslación de las categorías urbanas propias de sectores medios “blancos” para aplicarlas al análisis de las tareas de mujeres originarias (ya sea en zonas urbanas pobres o en zonas rurales) es un recurso permeado de clasismo en tanto desconoce que lo que hacen las mujeres de clase media urbana no es lo mismo que lo que hacen las mujeres campesinas. Y también es una mirada racista que olvida que la división sexual del trabajo entre dos esferas diferenciadas (lo público y “pesado” como propio de lo masculino por un lado, y lo privado y “delicado” como lo femenino por el otro) responde principalmente a un marco específico: la mirada de clase media “blanca” eurocentrada. Esto no quiere decir que no haya divisiones sexuales de las tareas en muchas sociedades no occidentales, pero ciertamente estas divisiones no tienen en cuenta los mismos aspectos. Lo mismo se aplica para las diferentes clases sociales.

La línea que conecta racismo, clasismo y machismo es más intrincada de lo que habitualmente vemos. Muchas actitudes que para mujeres de sectores medios o altos implican de por sí un cuestionamiento de los estereotipos de género, pueden ser para mujeres de sectores bajos algo de significación totalmente diferente. “Cuestionar la feminidad” para una mujer de clase media-alta (hacer tareas “pesadas”, no maquillarse ni hacerse cirugías estéticas, no verse constreñida por cuestiones de sobrepeso, tener una gestualidad “masculina”, etc.) en el caso de mujeres pobres muchas veces no es producto de una rebelión contra los estereotipos de género sino de un modo específico de expropiación material y simbólica operada sobre su clase. Las mujeres de sectores populares que deben realizar tareas físicas pesadas en trabajos altamente precarizados, las que no tienen suficiente dinero para pagar productos cosméticos o cirugías, las que tienen escaso o nulo acceso a la salud nutricional y a alimentos de calidad y las que portan una corporalidad entendida como “masculina” para la mirada clasemediera, son parte de un modo de vida caracterizado por la inaccesibilidad a aquellos bienes simbólicos y materiales que hacen a la “femineidad” de las mujeres de clase media. Así, una mujer “blanca” con educación universitaria que sea leída como medianamente “poco femenina” en sectores medios, difícilmente sea vista igual para mujeres de sectores populares, y más bien será muy previsiblemente identificada como un cuerpo portador de ciertos privilegios de clase, y no como un cuerpo que escapa a la feminidad hegemónica.

Esto de algún modo nos ayuda a comprender que, para las mujeres, cuestionar los estereotipos de género no es necesariamente oponerse a los códigos y marcas de la “feminidad” como si fuera algo abstracto, sino ver qué puede haber en ella de opresivo y qué puede haber de autonomía. Por lo demás, cada sector social puede tener conceptos diferentes de “feminidad”. Sin considerar el contexto social y cultural, es imposible hacer este análisis.

En una reunión docente en Bahía Blanca, un profesor de Educación Física explicaba las razones que creía tener para oponerse a que chicos y chicas hicieran actividades físicas en conjunto. Expresó lo siguiente: “no podés poner a chicos y chicas a jugar al fútbol juntos porque estas siempre van a perder y encima son delicadas y no se la bancan”. “Sin embargo” –agregó- “las chicas de los barrios juegan como indios, algunas mejor que muchos varones porque son re machonas”. El estereotipo de género se mantiene intacto para los sectores medios en base a una supuesta diferencia “natural” que escamotea su condición de clase, mientras que lo que el docente entendía como “excepcionalidad” era explicada en términos racistas y clasistas que evitaban entender el fenómeno en términos de diferencia sexual. Cuando hablaba de la clase media, hablaba de mujeres y varones; cuando hablaba de sectores pobres, hablaba racializando y otrificando.

En este razonamiento se muestra cómo se usan criterios contradictorios en la lectura de los cuerpos sexuados según la extracción social de los sujetos involucrados. Esto le impidió a ese profesor usar el ejemplo de las “chicas de los barrios” para cuestionar el estereotipo imperante en los sectores medios, y también le impidió repensar su decisión de negarse a brindarle a las chicas de clase media la oportunidad de desarrollarse físicamente de modos más amplios y empoderantes (lo cual, dicho sea de paso, es una de nuestras obligaciones como docentes). Está claro que las mujeres de sectores pobres tienen menos oportunidades educativas que las otras, pero el privilegio de clase que ostentan estas otras es al precio de ser consideradas más “inútiles” para ciertas actividades, a su vez que esta “inutilidad” las “protege” de ser consideradas “indias” o “machonas”. La condición de “femenina” actúa aquí como una etiqueta desigualmente asignada según la clase social a la que se pertenezca, como un “premio” que algunas no se merecen. En resumen: la “feminidad” como privilegio de clase.

Si cruzamos estas concepciones sobre los cuerpos de adolescentes urbanos/as con el modo estereotipado de leer los cuerpos originarios se complica aun más el panorama.

Así, un análisis de los estereotipos de género no puede ir por separado de un análisis del contexto social en que estos estereotipos operan. Caso contrario, corremos el riesgo de hacer lecturas erróneas, invisibilizar las voces propias de cada territorio y plantear caminos de lucha escasamente significativos para los sujetos que los transitan. Esto vale también como advertencia frente a la incorporación cada vez más rápida y acrítica de categorías de la “clasificación racial” usada en Estados Unidos: escuchamos usar el término “caucásica”, “afro-americana”, “hispana”, “latina”, etc. para clasificar a personas en Argentina o países vecinos. Una persona que en nuestro país se autodefina como “blanca” o “caucásica” en EE.UU. difícilmente sería entendida del mismo modo. Esta es una de las tantas razones por las cuales rechazar la importación del patrón utilizado para la “racialización” operada en países del “Primer Mundo” sobre migrantes, turistas, refugiados/as, etc. Debemos elaborar nuestras propias categorías que permitan comprender la densa e intrincada trama de los racismos operantes en nuestros territorios.

Volviendo al principio, en realidad lo que debería llamar nuestra atención es el hecho de que personas de comunidades originarias (tanto hombres como mujeres) se aboquen como sujetos secundarios en trabajos altamente precarizados a tareas que tienen que ver con actividades europeas de raíz colonial. El montañismo como deporte y como actividad turística tiene su origen en los viajes exploratorios que hacían los grupos colonizadores europeos: los pioneros y pioneras de esta disciplina fueron principalmente exploradores/as y aristócratas de Inglaterra, Francia, Suiza, etc. que se dedicaban a recorrer los lugares que aun afianzado el colonialismo eran todavía bastante inaccesibles para el pie europeo en Asia, América y África ya entrados los siglos XIX y XX.

Los pueblos originarios de América, en cambio, han recorrido las montañas andinas por siglos y siglos. Su inserción actual en el mercado del turismo aventura como sujetos racializados y “generizados” tiene muy poco de pintoresco.

La Comisión por la Memoria (CPM) realizará este sábado un encuentro de la militancia por los derechos humanos. Políticas de memoria, la lucha contra la violencia institucional y la tortura, la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y la consolidación del Estado democrático figuran entre los principales ejes de debate propuestos.

“¿Qué hacemos? Las estrategias de intervención en el territorio” es la consigna para esta jornada enmarcada en el 40º aniversario del último golpe de Estado. “Sin ninguna duda el protocolo contra la protesta social y la detención de Milagro Sala son dos alertas muy importantes porque si se cercena el derecho a la protesta, el resto de los derechos se ven cercenados. La base de los derechos humanos es la posibilidad de su exigibilidad, de poder reclamarlos”, dijo a FM De la Calle la directora de Áreas de la Comisión Sandra Raggio.

“Para nosotros la memoria es la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos tiene que ver con las políticas de memoria. Por eso la Comisión no solo ha destinado a lo largo de estos años programas vinculados tanto con las clásicas políticas de memoria vinculadas con el terrorismo de Estado, con no olvidar lo que pasó, la reivindicación de las víctimas, la demanda de justicia, la política de archivos y educativa, sino también lo que ha sido todo el trabajo de monitoreo en las cárceles y la atención de denuncias por violaciones a los derechos humanos ligadas con la violencia policial y judicial”, afirmó.

Raggio afirmó que “no hay democracia sin plena vigencia de los derechos humanos, pero es cierto que en los últimos años cuando uno habla de derechos humanos muchas veces asocia con la dictadura militar o con los organismos históricos asociados con la dictadura, pero también en los años 90 el movimiento histórico de derechos humanos fue uno de los núcleos fundamentales para la resistencia al neoliberalismo ampliando la agenda y uniéndola con las peleas de los sectores populares, en 2001 hemos visto a las Madres de Plaza de Mayo resistiendo a la brutal represión en plena crisis del neoliberalismo, y también esa relación se da pero un propósito para nosotros es que se consolide y fortalezca”.

“La verdad que las políticas regresivas tanto en materia económica como también lo que ha sido el protocolo de la protesta social, la detención de Milagro Sala, los despidos masivos, la política de ajuste vinculada con este aumento impresionante de las tarifas que impactará seguramente en la capacidad de resolver sus necesidades básicas a las familias, también están vinculados con los derechos humanos”, sostuvo la directora.

El Encuentro provincial por los derechos humanos, del cual FM De la Calle será una de las oganizaciones bahienses que participarán, será este sábado 9 de abril a partir de las 9 en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Quienes estén interesadxs pueden inscribirse enviando un mail al siguiente correo: [email protected]

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¿Cómo hacemos lxs profesionales para aportar, entrelazar, conocimientos que adquirimos en la educación formal al campo popular sin quedar atadxs a nuestros propios deseos? De mínima creemos que actualizar este debate planteándolo en los espacios académicos es una incipiente iniciativa.

“No somos de cartón, no somos reciclables, tampoco descartables; somos cartoneras” es la premisa con la que trabajamos para construir este material sonoro que relata las historias de vida de tres mujeres cartoneras de Villa Caracol, barrio periférico de nuestra ciudad caracterizado históricamente como un barrio que, producto de las consecuencias del neoliberalismo, vive y se alimenta de la práctica del cartoneo.

Estas voces representan identificaciones distintas de lo que implica pensarse cartoneras, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, su historia personal-colectiva y sus luchas sociales, pero encuentran similitudes en su condición primera: ser mujeres. Por eso buscamos conocer, dar a contar, cómo llega una mujer a ser cartonera, y como llega un cartonera a pensarse mujer.

Sentirnos mujeres y colectivizarnos como tales, resulta necesario para dar cuenta y denunciar que los relatos históricos nos han condenado tradicionalmente al olvido, producto de la historia oficial androcéntrica, escrita y relatada por varones. Aún cuando hubo intentos por incorporarla, en la mayoría de los casos, resultó funcional a la idea de la “complementariedad”.

Por esta razón, la historia de las mujeres se ha ido constituyendo producto del movimiento social, político, feminista; donde continuar con la tarea de nuestras compañeras para terminar con el sexismo predominante en los relatos, nos impulsa a tomar dentro de tantas tareas; documentar sobre, por y para nosotras.

En este sentido compartimos este material radiofónico para que se escuche, se comparta y fundamentalmente se utilice como una herramienta de análisis e impulso para pensar y planificar nuevas estrategias comunicacionales-educativas contribuyendo así en espacios de reflexión, diálogos, medios de comunicación, prácticas políticas, y vínculos sociales no sexistas, antipatriarcales, incomodantes y feministas.

Ficha técnica de la producción sonora

Autoría: Paula Mailen Ercoli

Edición y Artística: Emiliano Randazzo

Memorias del proceso de tesis

Director: Pablo Becher

Chicas muertas es un libro de no ficción que reconstruye tres femicidios impunes ocurridos en el norte de nuestro país, a partir de los cuales la entrerriana Selva Almada despliega “esas pequeñas anécdotas que seguro todas las mujeres tenemos para contar, que por ahí no llegan a la violencia extrema pero que son cotidianas y en la calle y todo el tiempo. Ese tipo de cosas son las que van formando la trama que después sostiene un femicidio”.

Almada participó esta mañana del micro de Acciones Feministas durante la emisión del programa En Eso Estamos de la FM De la Calle. Nacida en 1973, también es autora de Ladrilleros, El viento que arrasa, Una chica de provincia, Niños y Mal de muñecas. Su publicación más reciente es El desapego es una manera de querernos una reunión de relatos “dispersos e inhallables”.

“La idea de escribir un libro sobre estos casos arranca con un caso que yo conocía porque había sucedido en un pueblo vecino al mío cuando yo era adolescente, que es el de Andrea Danne. Nunca se había resuelto, además en su momento estaba lleno de visos misteriosos y la gente hablaba (…) enseguida se empieza a buscar las razones por las cuales casi podríamos decir se justifica el asesinato de una mujer”, afirmó.

chicas muertas efemedelacalleLa joven tenía 19 años y “la ligaban con tráfico de drogas, con prostitución, con que tenía una vida sexual muy activa, ese tipo de cosas que lamentablemente siguen ocurriendo cada vez que nos enteramos de un femicidio, como que la sociedad empieza a echarle la culpa a la víctima de que lo que le pasó, le pasó por su manera de comportarse o por como vivía. Me había impactado mucho porque además a Andrea la asesinaron en su casa, mientras estaba durmiendo, con sus padres en la habitación de al lado”.

“Estoy hablando de los años 80. Me fui interiorizando más en la temática, atando cabos y dándome cuenta que en realidad, de esto que se empezaba a nombrar como violencia de género, este tipo de crímenes que se empezaban a llamar femicidios y ya no crímenes pasionales como estábamos acostumbrados, eran cosas que me habían ocurrido a mí, a mujeres cercanas a mí, que me había criado con vecinas que eran golpeadas por sus maridos, o que tenían novios celosos que cuando se enojaban con ellas amenazaban quemarles la casa. Y a medida que me iba interiorizando más -para mí es como una causa te diría personal- cada vez me venía más fuertemente a la memoria el crimen de Andrea y después medio fortuitamente me topé con el caso de María Luisa Quevedo que es otro de los que habla el libro, una chica de 15 años asesinada en Roque Sáenz Peña, en el Chaco y después el caso de Sarita Mundín”, relató Almada.

La escritora subrayó que ninguno de los crímenes se resolvió: “Nunca fue nadie preso por esos femicidios pero la verdad que me servían de disparador y motivación para contar esto otro, en el libro hay muchas anécdotas (…) e incluso cosas que me pasaron a mí, que no llegaron por suerte a tener la violencia ni siquiera de un golpe pero que también son esas pequeñas anécdotas que seguro todas las mujeres tenemos para contar, que por ahí no llegan a la violencia extrema pero que son cotidianas y en la calle y todo el tiempo. Ese tipo de cosas son las que van formando la trama que después sostiene un femicidio o un golpe o situaciones más extremas de violencia”.

Escuchá la entrevista completa.

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(Por Helen Turpaud Barnes) El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia tienen varios ejes en común. Afortunadamente, el 24 de marzo no ha sufrido una banalización tan extrema como el 8 de marzo, pero bien vale trazar algunas continuidades.

La reivindicación de los derechos de las mujeres se suele perder en una marea de ideas edulcoradas. Particularmente las mujeres somos objeto de un modo específico de representación de la opresión como adorno y elogio. La subestimación de las mujeres no es nada desconocido: el rol supuestamente prioritario de estas en la crianza de hijos e hijas (por lo cual no tendrían por qué estar en otros lados), la aparentemente indiscutible “diferencia de fuerza física” entre hombres y mujeres (criterio que no se aplica entre varones más fuertes y varones menos fuertes), la gran sensibilidad atribuida a nosotras (lo cual implica desmerecer nuestra racionalidad), etc. El problema no es solo lo discutible de estas nociones, sino su estetización. Con esto me refiero al hecho de considerar que la opresión y los estereotipos de género serían algo “lindo”. Tratar a las mujeres de manera condescendiente y paternalista sería un modo de “protegerlas”, es “galante”, “las hace sentir bien”, la caballerosidad es “elegante”, etc.

Hace décadas, el filósofo Walter Benjamin decía en su artículo “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” que “estetizar la pobreza es un modo de fascismo”. A nuestro modo explicaríamos esta frase diciendo que ver la pobreza como algo “pintoresco”, atribuir a la gente pobre condiciones esencialistas ennoblecedoras como “humildad”, “gran capacidad de vivir con poco” y “desapego” es un modo de ocultar el hecho de que la pobreza es producto de modos puntuales (y nada nobles) de explotación. Así, ampliando la idea de Benjamin, podríamos decir que la condescendencia en el trato hacia las mujeres tiene una veta de fascismo (aunque no se sea consciente de ello), desde la caballerosidad tan “apreciada” que las pone en un lugar de seres esencialmente vulnerables e inútiles (código de conducta que tiene por otra parte un origen también clasista y racista), hasta el tutelaje de los derechos de las mujeres no dejándolas decidir por sí mismas sino decidiendo por ellas. La corporación médico-psiquiátrica, la Iglesia o el Estado “sabrían” lo que es “bueno” para nosotras. Así, seguimos teniendo que reclamar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito o la atención de calidad en materia de salud reproductiva. El que decidan por nosotras es lamentablemente aún considerado un modo de “defendernos” y “cuidarnos”. Las mujeres siguen siendo “débiles”, y por lo tanto hay que llevarles el bolso aunque ellas no quieran, hay que decidir por ellas si tienen hijos/as o no, hay que considerarlas sujetos secundarios en las luchas sindicales, hay que considerarlas muy “sensibles” (o bien muy “mandonas”) para la arena de los debates políticos, etc. Así, en estos últimos días, incluso las mentes más progresistas toman partido en la discusión entre Alejandro Fantino, Guillermo Moreno y Eduardo Feinmann que consistió en prepoteos entre “machos” diciendo cuánto ellos iban a permitir o no que se maltratara a las mujeres, como si fuera una cuestión de honor masculino y no un tema de derechos humanos y laborales básicos.

Estar en esta situación a 2016 nos recuerda que la historia no es lineal y que el discurso de que los derechos de las mujeres estarían avanzando irremediablemente hacia más y más amplitud es cuanto menos un resabio de la idea positivista de que el progreso de la humanidad es homogéneo e imparable (recordemos que esta idea es de mediados del siglo… XIX).

La conquista de derechos se da en zigzag, con avances y retrocesos, con luchas y oposiciones, no es un camino pavimentado en la pampa, sino un sinuoso sendero de montaña, donde muchas veces se pierde altura, se dan rodeos, se llega a falsas cumbres. Son precisamente las conquistas de derechos las que llevan a los sectores más reaccionarios a repensar y rearmar sus estrategias para volver atrás esas conquistas. Ningún opresor se queda tranquilo cuando le han sacado su poder. Así, en una época de progresiva organización de las mujeres en vistas de sus nuevas luchas, la reacción del patriarcado no se hace esperar con cada vez más femicidios, mayor “feminización” de la pobreza, mayor explotación sexual de las mujeres en redes de trata, etc.

Entonces, este discurso anticuado y positivista de que “hombres y mujeres avanzan hacia la igualdad día a día” no es solo erróneo sino que también es usado nada ingenuamente por muchos sectores para deslegitimar las luchas feministas porque dicen que “mujeres y hombres ya tienen los mismos derechos”, “¿qué más quieren?”, “ya se pasan al otro lado”, etc. En consonancia con el espíritu de tutelaje característico del machismo, nos dicen desde fuera cuál debe ser nuestra meta, y si seguimos caminando, nos quieren hacer creer que nos pasamos de largo.

Así, ambas ideas –la de la supuesta necesidad de tutelar los cuerpos y discursos de las mujeres, y la ilusión del progreso lineal de sus conquistas- convierten a las mujeres en sujetos políticos de posición compleja. Por un lado, hay que seguir decidiendo por nosotras, y así no se nos reconoce plena legitimad a nuestra voz.  Y por el otro lado, supuestamente “ya está”, “ya no hace falta más nada”, y entonces se nos niega sentido a nuestras luchas.

El 8 de marzo tenemos que seguir repitiendo que no celebramos sino que falta mucho.  Y de cara al 24 de marzo también tenemos luchas específicas que encarar: la necesidad de seguir visibilizando las agresiones sexuales en los centros clandestinos de detención como delitos de lesa humanidad, la importancia de las luchas de las mujeres durante y después de la dictadura, la emergencia de las voces de sexualidades disidentes, etc. Y también necesitamos luchar contra la virilización de la política que se restituyó en ese entonces (recordemos que una de las cosas que el poder dictatorial no podía soportar era que muchas mujeres participaran de la conducción partidaria o de la lucha armada, y de hecho esas historias siguen siendo invisibilizadas hoy incluso en ciertos sectores “progresistas”). Ahora mismo en 2016 esta virilización parece recrudecer con el macrismo: la mayor confianza en “hombres fuertes” o la presentación de figuras femeninas como “ornamentales”, “complementarias de los hombres”, incluso en los casos de mujeres de carrera política. La multiplicación ad infinitum de la cantidad de efectivos de las filas represivas también es una cuestión de género: subyace la idea de que la violencia social, el muy conveniente fantasma del narcotráfico y la imprecisa “inseguridad” se solucionan por la fuerza, aquella que en el imaginario social machista predominante es una prerrogativa solo masculina. Cambiar el sentido de la fuerza como privilegio del opresor a la fuerza como derecho y organización es crucial.

Ahí también está nuestra lucha: que la fuerza esté con nosotras.

La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.

Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.

“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.

Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.

En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.

“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.

“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.

Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.

“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.

La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.

“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”

En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.

“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.

“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.

Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.

La periodista Maru Ludueña, vicedirectora de la agencia Infojus Noticias desde su fundación hasta su reciente desplazamiento por parte del gobierno macrista, se refirió en FM De la Calle al borrado de notas ordenado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Trata de personas, violencia de género, nietos restituidos, lavado de dinero, fondos buitre, justicia federal, Tragedia de Once y violencia institucional fueron los temas centrales de los más de once mil artículos ocultados uno por uno.

La censura de la cobertura del juicio político contra el suspendido vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, acusado por su pasado como espía de la dictadura y sus vínculos con la Triple A, fue una de las principales preocupaciones de las nuevas autoridades. “Los primeros días yo fui la encargada de hacer un sumario de notas que debían ser consensuadas, no me parecía mal, lo que me parecía mal era que la mayor parte de las notas no estuvieran siendo aprobadas”.

“Siendo parte de una política pública de acceso a la justicia con el caso de Montezanti estamos cumpliendo un rol importante porque hay mucha gente que no sabe lo que es un jury, el Consejo de la Magistratura, por qué se lo juzga a alguien que cumplió esas funciones. En estos temas que son tan complejos es muy importante ese tipo de estrategia periodística de hablar el lenguaje de la gente y no hacer creer que lo de Montezanti es un asunto como de un grupo o de una casta. Era muy grave que no nos dejaran hacer esas notas y si te fijás no hubo más notas de Montezanti en Infojus Noticias”, aseguró Ludueña.

Como ilustra Cosecha Roja, Infojus Noticias es una agencia creada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. en marzo de 2013. Su lema fundacional fue: detrás de los expedientes hay personas. Desde el 19 de abril de ese año hasta el 10 de diciembre de 2015, sus periodistas publicaron 14.098 artículos, la mayoría de ellos de elaboración propia, además de cientos de videos, una decena de informes multimedia y varios ensayos fotográficos. El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas autoridades y desplazaron a la conducción de la Agencia. Luego despidieron a una decena de periodistas. En enero, con la agencia muy lejos de su producción habitual, las nuevas autoridades decidieron borrar el 83% del archivo, algo inédito en un medio de comunicación.

Según comentó Ludueña en el inicio de la octava temporada de En Eso Estamos, de comprobarse que las publicaciones fueron eliminadas definitivamente “se constituiría delito porque esas notas no solo son el patrimonio de Infojus Noticias sino de toda la ciudadanía porque se hizo desde una estructura del Estado, es información de un valor documental, testimonial, histórico fuerte, es construcción de memoria, más en los temas a los que nosotros nos dedicábamos que eran temas que en general no tienen demasiada resonancia en los principales medios masivos de comunicación”.

Cómo desmantelar Infojus Noticias

foto-infojus-680x365(Publicado por Maru Ludueña en Facebook el 10 de febrero) A diferencia de mis compañeros de Infojus Noticias, de cientos del ministerio y de tantos miles que trabajadores estatales que se enteraron de modo brutal de sus despidos, tuve el privilegio  de que me lo dijeran en la cara. Fue el 30 de diciembre, al final de la tarde. Ya casi no quedaba gente en la redacción, se venían los feriados de fin de año, y estaban por empezar mis vacaciones. Los detalles casi siempre me parecen importantes en los relatos.

El último día hábil del año, la nueva directora de la agencia donde trabajé desde su fundación (en marzo de 2013), me llamó a su despacho. Puso cara de circunstancias y dijo que no tenía buenas noticias.

-Pero hace poco, cuando asumiste al frente de Infojus Noticias, aseguraste a toda la redacción que nos quedáramos tranquilos. No iba a haber despidos- le recordé.

-Sí. Son cosas que me exceden. Los de arriba no quieren que la primera línea de la agencia se quede.

Cristian Alarcón, periodista, una de las personas más talentosas y humanas que conozco, generador de proyectos que crean laburo para muchos colegas, capaz de gestos de nobleza pocas veces vistos. Fue despedido sin que nadie se lo haya dicho. A esta altura solo queda pensar que nadie se atrevió a hablar cara a cara con el fundador de la agencia.

A Sebastián Hacher, jefe de redacción, compañero de largas noches cargando especiales de Infojus Noticias, capacidad insana de trabajo e innovación, lo despidieron el 29 de diciembre, antes de irse de vacaciones. Martín Ale, entonces director de Infojus Noticias -visión política aguda como su ojo editor- había renunciado cuando se anunció a la nueva directora.

Ella, Sabrina Santopinto, desembarcó en la oficina el 10 de diciembre, minutos antes de que Macri asumiera la presidencia, junto a otras tres personas: Alvaro Herrero de la Asociación por los Derechos Civiles (el más cortés, se reunió sólo con el director), Soledad Lladó de la Fundación Pensar y Pablo Actlas, mano derecha en comunicación del ministro de Justicia Germán Garavano. Del día del traspaso presidencial quedan anécdotas para compartir en talleres de periodismo y mesas entre colegas. Ya nos podremos reír. Todavía queda cerca, duele.

Aquel 10 de diciembre, tras una breve reunión con el director en su despacho, “la nueva gestión” se instaló en nuestra pequeña oficina. En el televisor Macri empezaba su discurso, y los tres nuevos nos impartían las órdenes con los modos secos, impertérritos con que los patrones tratan a sus súbditos.

-¡¿Por qué no hay buenas fotos de Mauricio?!

-Quiero las claves de acceso a todas las redes sociales.

-Me nombran administrador en las estadísticas.

-¿Cómo que no tienen una agencia privada que mida el flujo de visitas?

Observarlos era entender que ellos se habían conocido hacía poco, tenían su interna.

Editores, redactores, fotógrafos, equipos de video y redes, todos trabajamos con velocidad para producir los materiales que nos fueron pidiendo. Se habrán sorprendido, no éramos el cuco que esperaban, sino profesionales haciendo su trabajo. Ellos también lo hacían, aunque no podríamos asegurar que con criterios periodísticos:

-Bajá estas dos notas-, ordenó la que en pocos días más se convertiría en nuestra directora.

Las dos notas: “Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia” y “Procelac denunció a la empresa que quiere cobrar bonos de la dictadura”. Qué curioso que fueran esas notas las elegidas: daban pistas. Qué curioso: no habían intervenido Télam, ni Radio Nacional, ni la TV Pública. Pero desde el minuto cero, cuatro enviados especiales tomaron el control de la agencia nacional  de noticias judiciales.

Cuatro veces la ahora directora de Infojus Noticias tuvo que pedir que bajáramos esos artículos. Hasta que apoyo su índice contra la pantalla de mi monitor. “Sacá esas notas”. Se quedó parada hasta que las oculté de la home, siguen online. Desde ese instante, la agencia que nos daba tanto orgullo no existió más. Retiramos las firmas y las iniciales de los que subíamos las notas, un sistema que visibilizó las tareas de cada quien.

Hoy recuerdo el traspaso presidencial como si lo hubiera visto desde la ventana de un submarino en el fondo del océano. Recuerdo a Macri diciendo ante la asamblea legislativa: “Queremos el aporte de todos”. Diciendo “pluralismo”. A Lombardi hablando de “enormes desafíos en materia de comunicación, que haya pluralidad respeto y tolerancia y calidad desde los medios públicos”. De “todas las voces en un tono de respeto”. Mientras Macri bailaba cumbia en el balcón de la Rosada, las claves del nuevo modelo comunicacional y gubernamental habían desembarcado en la agencia. Obsesión por las imágenes y las redes sociales, maltrato laboral, falta de libertad de expresión, desprecio por el Estado y un sentimiento bastante parecido a la revancha.

Al llegar, “la nueva gestión” pidió tranquilidad: no había nada que temer, la agencia les interesaba mucho, era muy valiosa, querían hacerla crecer. No tuvimos que esperar ningún despido para saber que no iban a cumplir.

Los primeros días me tocó hacer el sumario de notas que la nueva directora consensuaba con sus superiores del Ministerio de Justicia. Aceptaban alguna noticia de lesa humanidad pero rechazaban la cobertura de una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y el jury a Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al que se le imputó mal desempeño en sus funciones, por “conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” .

De golpe bajó el caudal de notas. Se terminaron las guardias de fines de semana. La nueva directora transfirió mis tareas a otros. En teoría, seguíamos siendo la jefatura de la agencia pero otra jefa nos había pedido desalojar la oficina. Seríamos los primeros, después vendrían por los demás. Con otros modos y objetivos, ya me había pasado.

A fines de diciembre de 2000, una docena de personas fuimos despedidas de un portal de internet de noticias para mujeres (obsidiana.com), con sede en México, Brasil y Estados Unidos, donde trabajé como editora. Un día, sin más, no pudimos entrar a las oficinas. Debimos retirar los objetos personales con custodia. El Chase Manhattan Bank, dueño del sitio que nos había capacitado en su sede de San Pablo, envió telegramas diciendo que pasábamos las horas “jugando al tarot”. Iniciamos una demanda contra el banco con sede en Nueva York. Nos negaron hasta que fuéramos periodistas (la mayoría de esas personas hoy son muy valoradas en sus ámbitos). Aprendí de esa experiencia. Y este diciembre lo vi venir.

Las semanas de transición resultaron desgastantes para todos los que trabajamos -trabajábamos- en la agencia. Nos reunimos en largas asambleas. Muchas veces no logramos ponernos de acuerdo, otras sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Estas crisis son como la maternidad o la vejez: exacerban lo que había. Y así fueron esos días, controvertidos y agitados. Desde que empezó el desmantelamiento de la agencia, cuando se la vació de contenido, algunos expresamos la necesidad de decir algo públicamente. Se votó esperar.

Un par de días antes de Navidad, la nueva jefa, Sabrina Santopinto me preguntó qué pensaba hacer (yo era subdirectora de la agencia).

-Me sorprendió que los jefes no renunciaran- deslizó con una sonrisa.

-Como el 90% de la gente necesito laburar. Pero soy periodista, quiero saber cómo continúa la agencia y mi tarea. Si habrá notas, si habrá pluralismo, como dijo el presidente el 10 de diciembre.

Me reía de mi, idiota: pidiendo permiso para el pluralismo. Ese día también le pregunté por qué al llegar se había autocensurado haciéndonos bajar dos notas: que CFK terminó la presidencia no es objeto de debate. Dijo que no iba a discutir. Sentí la necesidad de explicarle que mi camino periodístico no había empezado en el ministerio de Justicia. Me advirtió que sabía bien quiénes éramos. Y dijo, sin sonrojarse, que nos habían investigado por internet. Yo también la conocía: ella había colaborado con una nota en Infojus en una oportunidad, un editor le había rechazado con amabilidad una segunda, aún después de darle la chance de reescribirla. Ahora volvía con superpoderes. Quedamos en volver a hablar.

El último día hábil del año, a las seis y media de la mañana, me preparé el mate. Cada mañana, a las siete, tenía los principales títulos leídos, había sintonizado la tele y la radio. Y hablaba con Juan, el redactor que entraba más temprano, para pasar en limpio las primeras noticias del día, para después partir hacia Tandanor.

Esa mañana del 30 de diciembre, conservaba el ritual o la tara, no tenía que pasar ninguna información. La agencia había dejado de subir noticias temprano, mejor dicho: había dejado de subir noticias. Estaba reducida a la difusión de comunicados sobre lo que hizo o dijo el ministro o alguno de sus aliados, salvo excepciones.

Ni bien terminé el primer amargo del día, pispeé algo extraño en la yerba. Algo demasiado oscuro. Me acerqué: había una cucaracha adentro del mate que me acababa de tomar. Tarde para escupir. No supe qué hacer. Presentí que no me esperaba nada bueno.

Cuando llegué a Tandanor, había caras nuevas y muchas miradas atentas a la seguridad en la entrada al edificio. Pensé que vendría Macri, pero alguien comentó: “Viene el ministro”. Me pareció que el ministro no podía venir a Tandanor, una sede importante de su área, como si fuera un lugar ajeno. Al mediodía subí al último piso, donde está el comedor. Sí, era él, Garavano dirigía unas palabras a doscientas personas que sentadas a las mesas habían dejado de comer. Hablaba de fortalecer el acceso a la justicia y de que no tuviéramos miedo a los despidos, su gestión iba a poner orden. Dijo que se había encontrado con un ministerio caótico, donde las dependencias funcionaban desarticuladas, compartimentos estancos. ¿Con qué sentido un ministro se dirige así a los trabajadores cuando les habla por primera vez, y -ya que estamos-, el último día del año? Dudé en acercarme y decirle que los 40 que hacíamos Infojus Noticias funcionábamos como un reloj. Que sabía cómo trabajaban algunas oficinas, en diálogo con diversos sectores. Pero recordé que había desayunado un mate con cucaracha. Insectos que crecen en la oscuridad y son capaces de resistir a la radiación.

Ese día interminable, después de esperar horas, la nueva directora me anunció que estaba despedida. No pudo dar detalles: ni a partir de cuándo, ni cómo, ni cuánto. “Te mando un mail, copio a recursos humanos” (no lo hizo). Le deseé suerte con la agencia: “Cuidala. La hicimos con amor”. Se sorprendió, el día anterior, el jefe de redacción le había dicho lo mismo. La parte más picante fue cuando se ofreció a dar referencias a futuros empleadores, y a explicar que mi “salida” no se debió a nada en particular. Un mes después, en una reunión ante los siguientes diez despedidos, dijo que fue ella la que pidió que echaran a la jefatura.

Tampoco es la idea cargar las tintas contra la directora de Infojus Noticias, una mujer que se escabulle por las escaleras y fue incapaz de dar una respuesta a tantos colegas que la llamaron en los últimos días. Ocupa un puesto donde le toca esta parte horrible, el punto de contacto con los que sí saben cuáles son los objetivos de esta gestión que no para con sus provocaciones. Los que detentan el poder como si fuera un traje caro que se compra con su plata.

Me fui de vacaciones, sí.  Después de la muerte de mi padre y la pérdida de mi trabajo – ocurrieron casi sin intervalos entre sí-, sólo podía seguir el plan de rescate emocional y espiritual trazado con familia y amigos, al mismo paraíso secreto donde veraneamos hace años.

Cuando volvía, diez compañeros más fueron despedidos brutalmente. Algunos habían ido durante días a laburar sin saber que ya los habían echado. Hoy somos 14 los que nos quedamos sin trabajo (contando la renuncia del director). Con una editora muy valiosa “devuelta” en enero a la dependencia que había habilitado su pase. Es decir, quince personas menos. Pocos pidieron la reincorporación, los banco y espero puedan lograrlo. Imagino que para quienes continúan la situación es durísima. Aunque no tengo más que unas clases en la facultad, desde que me echaron aclaré no quería la reincorporación. Lo que me desvelaba era el sentido de la tarea. Lo que hubiera querido evitar es el desmantelamiento de la agencia, que se lee en consonancia con el resto de los despidos en otras áreas del Estado, afectando a políticas de Verdad, Memoria y Justicia, pero también de cultura, género, salud, cárceles.

Cuando nos desalojaron de la dirección, no tenía demasiadas cosas que llevarme: todo lo que había hecho era colectivo y estaba online. Me pregunté ¿por cuánto tiempo más? Aquella tarde, mientras cargaba por los pasillos de Tandanor un par de bolsas con papeles, el mate y el termo, pensé que sentía orgullo de esos tres años de agencia. Hundirla les llevó un día. Borrar la mayor parte de su archivo, unas semanas más.

El miércoles pasado, cuando empezó a correr la voz del borrado de notas de Infojus Noticias, comprobamos que lo estaban haciendo selectivamente y en tiempo real.  El archivo tenía más de 20 mil notas. Hoy sólo están accesibles menos del 10%. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años, sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico” dice el comunicado de los trabajadores de la agencia.

Pedimos que todos los archivos vuelvan a estar disponibles en la agencia. Seguimos esperando una respuesta. Llegaron la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo de colegas, lectores y referentes. “No se puede borrar la historia, es como querer borrar la memoria” dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Radio 10. Graciana Peñafort, en una nota en Cosecha Roja, explicó: “Cuando decidís borrar notas que han sido producidas por el Estado, es como quemarlas. No es ordenar tu escritorio, es destruir un patrimonio documental que pertenece a todos”. Peñafort dijo que se trata de una afectación grave del patrimonio documental. De comprobarse que las notas se borraron definitivamente, hay delito. Además de que eliminar estos archivos afecta el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, también implica un incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.

Cuando empezamos a hacer un registro de las notas borradas, repasé algunos de los momentos más intensos y desafiantes. Imposible nombrar todos. El operativo obsesivo de buena parte de la redacción para localizar la tumba de Videla. Cómo nos temblaron las manos cuando dimos la primicia de que estaba enterrado en Pilar. La emoción de haber contado sentencias históricas en juicios por delitos de lesa en todo el país, pero también las historias de las víctimas. Algunas hablaban por primera vez, y en ese gesto el relato se convertía en memoria histórica.

Las restituciones de los nietos. El momento en que un fotógrafo captó el papelito donde Etchecolatz  escribió “Julio López”. La cobertura persistente de juicios y memorias de violencia institucional (Masacre de Carcova, Luciano Arruga, Julio López). La represión en el Borda. Los juicios a los que no iba casi ningún medio masivo, como el del crimen de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. El proceso por encubrimiento del atentado a la AMIA y de la represión 2001. Las notas sobre trata de personas, diversidades, nuevos derechos. La muerte violenta de Diana Sacayán. Las historias de los bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain, y las revelaciones sobre una red de complicidades. Conflictos como el de la imprenta Donnelley, la planta recuperada por los obreros. El juicio por el crimen de las turistas francesas en Salta, contado en la exquisita pluma de Ana Fornaro. Su cobertura desde Nueva York sobre la negociación con los fondos buitre, poniéndole ojos de cronista a los temás más ásperos.

Ese era nuestro trabajo: contar que detrás de los expedientes hay personas, detrás de las personas, historias y tramas complejas. Servir de insumo a los medios con las noticias judiciales, tanta veces encriptadas en el lenguaje para entendidos. Visibilizar las voces de las víctimas. Porque fuimos parte de una política de Estado de acceso a la justicia.

Algunos artículos hacían saltar los servidores y la adrenalina de la investigación periodística, como pasó con la restitución de la identidad de Ignacio Montoya Carlotto, a la que tampoco se pueda acceder. Otros cobraban vida a partir de un dato simple: la muerte de una médica del SAME, la “leona de ambo verde”, una de las más leídas. Y estaban esas que cuesta cubrir y leer, como la muerte de dos hermanitos en el taller clandestino de Flores, que Juan, un redactor, investigó obsesivamente.

¿Cómo contar la singularidad de cada historia, de cada proceso, de cada centro clandestino de detención, y dar cuenta al mismo tiempo de las tensiones en la que se inscribe la trama colectiva? ¿Cómo visibilizamos la compleja trama del lavado de dinero en Nordelta? ¿Y la complicidad económica con la dictadura? ¿Cómo hacemos para narrar que cada juicio a María Julia es diferente? Eran algunas de las preguntas que intentamos responder en esos tres años. Algunas de las respuestas están -estaban- en fotos, ilustraciones, videos y tuits que configuraron una identidad periodística. Cada temática era también un desafío doble: ¿cómo narrar desde el mismo Estado el atentado a la AMIA, las problemáticas de género, de violencia institucional y de discriminación? A las organizaciones y personas que activan las cuestiones que abordamos les debemos enorme agradecimiento por ayudarnos y más por desasnarnos.

Supimos tener colaboradores rápidos y agudos. Redactores y productores que llegaban de una entrevista y preguntaban qué se hace con ese dolor, como si tuviéramos algún conjuro. Quedan los aprendizajes y las batallas. Haber intentado eliminar para siempre el uso del potencial. Luchas por la construcción de una oración, por el uso de una palabra. Hicimos unos especiales por los que valió la pena laburar 20 horas seguidas, como en el caso de AMIA, que aún sigue online. Le pusimos todo lo que pudimos. En mi caso, no fue difícil: fue uno de los trabajos más hermosos que tuve. Me siento muy agradecida. Más allá de la exigencia que significó en mi vida personal: los malabares con mi hijo, mi esposo, mi madre y mi suegra todas esas veces que pasó “algo” y bancaron.

Los aciertos fueron colectivos, las equivocaciones también. Hubo errores, sí. Y fue de lo que más aprendimos. Con el más grave, pasamos noches sin dormir. Repasamos una y otra vez los procedimientos, dolidos y avergonzados. Al entonces director, Cristian Alarcón, le pidieron la lista de los compañeros involucrados en subir esa noticia. Se negó a darlos. Pagó el costo con su nombre, que a algunos medios les encanta ensuciar, y con su desplazamiento. Nos equivocamos, sí. Apenas lo supimos, pedimos disculpas y nos rectificamos. Esa es la diferencia entre el periodismo y la operación.

Hicimos un proyecto periodístico de calidad. No nos despidieron por nuestra capacidad ¿Por qué nos despidieron? ¿Por qué bajaron la mayor parte del archivo? ¿Por qué el ministro Garavano no pudo dar una respuesta consistente? Dijo al Buenos Aires Herald: “Algunos artículos pueden no estar disponibles, pero no fueron borrados” y anticipó que la agencia sufrirá cambios radicales: “no queremos una agencia de activistas”.  ¿Por qué quienes tantas veces se erigen en paladines de la retórica de la libertad de expresión siguen sin hablar de esto y publicaron notas que pretendieron ensuciarnos con datos falsos, quizás “preparando el terreno”?

Como decía Ryszard Kapuscinski , “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ya lo dijo el maestro en el libro donde está esa cita: los cínicos no sirven para este oficio.

Hace unos días fui a notificarme del despido. Mientras esperábamos junto a Cristian, delante nuestro había tres jóvenes de mamelucos viejos y con restos de pintura, derrumbados sobre los asientos. Eran empleados de mantenimiento, esperábamos lo mismo: que el guardia nos hiciera pasar a una ventanilla a firmar los despidos. Una señora de más de 50 que acababa de firmar el suyo salió caminando despacito y se secó las lágrimas en silencio. Volvió a largarse a llorar cuando nos contó que trabajaba en limpieza y se había enterado ese día. Por otra puerta, al mismo lugar, llegaban los nuevos: jóvenes de camisa y pantalón, que, así como nosotros hace tres años, ese día firmaban su incorporación. Transferencia de recursos. Pensé en la promesa de terminar con la pobreza y en los grandes planes de acceso a la justicia. En la cucaracha en el mate y en el cinismo.

“No hay cosa mejor en el mundo que ser uno y una misma. De volver a nacer elegiría ser travesti. Si de algo me siento orgullosa en la vida es de ser travesti. A mí el travestismo no me conflictuó para nada, jamás la sociedad me va a ver derrotada, pensando esas cuestiones que hay sobre nosotras, que vamos a terminar asesinadas, que yo me voy a suicidar, que la pasamos mal, la pasamos bomba! Yo soy divina, soy una señora feliz, tengo una autoestima brillante, quiero ser presidenta de este país. Somos ángel y demonio, tenemos capacidad e incapacidad, esos mitos que nos metió la sociedad, de demonizarnos, yo no me hago cargo, vayan a la psicóloga y hagansé cargo!”, decía Lohana Berkins en los estudios de FM De la Calle a fines de 2009 antes de brindar una charla por el Mes por la Diversidad.

La activista trans falleció esta mañana, tras haber estado internada las últimas semanas en el Hospital Italiano de la Capital Federal. Ayer, a través de su compañera de militancia Marlene Wayar, había dado a conocer el que fue su último texto: “Queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes. Por eso quiero agradecerles sus muestras de cariño y transmitirles unas palabras por medio de la compañera Marlene Wayar, a quien lego esta posta”.

“Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí, no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia Travesti Siempre. Un abrazo”.

Berkins fue una pionera en la lucha por la visibilización y conquista de derechos del colectivo trans. En 1994, fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), que y fue una de las principales impulsoras de la ley 3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales y aprobada por la Legislatura porteña en 2009.

Además, hasta 2002 fue la primera travesti con un empleo en el Estado al ser asesora de Patricio Echegaray, legislador porteño por el Partido Comunista, en el cual Lohana militaba. En 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de quince organizaciones, que impulsó la sanción de la Ley de Género, aprobada por el parlamento el 9 de mayo de 2012.

En un perfil escrito en 2013 por la periodista Marta Dillon, se la evocaba de esta manera: “Además, para una pionera como Berkins, ser primera en algo es casi un lugar común: fue candidata a diputada cuando a las travestis apenas se las consideraba para algo más que el sexo pago y el calabozo fácil, la primera que consiguió que la inscribieran en la escuela secundaria con su nombre propio, fundadora con otras compañeras de la primera cooperativa de trabajo integrada y dirigida por travestis y transexuales. Y la enumeración podría seguir, pero ya se dijo que no es una cuestión de orden, de cómo se llega a la meta”.

Desde 2013, Berkins era la directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funciona bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes: FM De la Calle / Agencia ACTA.

Foto: Julián Merlo.

(Por Helen Turpaud Barnes) El resultado de las últimas elecciones conlleva múltiples aspectos que ya a poco de haber asumido el nuevo gobierno se han vuelto totalmente evidentes (además de que eran esperables): medidas económicas que afianzan la brecha entre la clase trabajadora y quienes más poder adquisitivo tienen, represión en las calles, el planteo de una descarada dependencia de organismos financieros internacionales, etc.

Estas características benefician ampliamente a sectores de poder, y responden a presiones y lobbies propios de quienes tienen injerencia en las decisiones de los gobiernos. Pero la arremetida represiva que toma el gobierno de Mauricio Macri responde no solo a intereses materiales, sino a las ansias generadas a partir de ciertas representaciones sociales sobre el lugar que deben ocupar los sujetos. Buena parte del electorado de Macri, y también sus propios/as candidatos/as manifestaban su disconformidad con que ciertos sectores accedieran a beneficios sociales: la atención médica y la educación gratuitas, la provisión de insumos para atender la salud reproductiva y sexual de inmigrantes o personas pobres, etc., son vistas como una desmesura que ha de “corregirse” con medidas económicas de austeridad (para quienes ya sabemos);  los subsidios y la AUH es “mantener vagos/as” que deberían estar trabajando; el reconocimiento de derechos fundamentales para las personas trans o para las personas lesbianas y gays generarían “confusión” en la sensibilidad de la población, sobre todo para la juventud y la niñez a quien todavía hay gente que dice que es “difícil” explicarle la mera existencia de sujetos de sexualidades disidentes (como si la legitimidad de estas existencias dependiera de la posibilidad didáctica de ser “explicada a los niños y niñas” y no de un derecho humano básico). Más allá de que se puede plantear que hay buena cantidad de políticas que los gobiernos kirchneristas no llevaron adelante (como las deudas en materia de legalización del aborto, como impedir que se aprobara algo como la Ley Antiterrorista, etc.), una buena cantidad de la población y los medios de comunicación de derecha percibían que muchos sujetos estaban ocupando un lugar “indebido” y excesivo en la sociedad: inmigrantes, trabajadores/as, jóvenes, empleadas/os domésticas/os, personas trans, mujeres, etc.

En esta coyuntura, no faltaron quienes impugnaban el lugar de la presidenta Cristina Fernández con comentarios machistas y acusaciones que no se harían para con un mandatario varón. A lo largo de estos años se ha escuchado que la presidenta era tachada de “demasiado vehemente”, “autoritaria”, “de gestos muy duros para una mujer”, etc. Más allá de las críticas a las políticas del kirchnerismo, había una acendrada aversión a la propia figura de la presidenta Fernández. Y podríamos condensar esta crítica en la nota “Cristina, lejos de los atributos femeninos”, aparecida el día 14 de diciembre de 2015 en Perfil y firmada por Mariana Arias. Según esta nota, que recoge muchas opiniones bastante comunes en la sociedad argentina actual, Fernández habría carecido de la “sensibilidad” y del “amor” que aparentemente sería propio de las mujeres, y esto habría redundado en políticas erradas con cierta parte de la población. Fernández, dice Arias, tendría que haber echado mano de características más “femeninas” (de las cuales carecería la presidenta) para poder dar lugar a muchos reclamos de la sociedad. Es decir, las “fallas” de las políticas de Fernández responderían a una “deficiencia” personal propia de su “condición de mujer”, y, en este caso, más aún, a una falla doble: por ser mujer y por NO ser mujer a la vez.

No mejor papel que las críticas machistas opositoras hicieron algunas de las figuras que pretendieron “defender” la figura de Fernández. El lunes 1° de octubre de 2012 en Infobae, el filósofo José Pablo Feinmann intentó hacer una lectura de las razones por las cuales algunas personas en la sociedad “odiaban” a la presidenta. Curiosamente, la crítica de Feinmann se centraba en el supuesto “odio” de otras mujeres hacia la primera mandataria, y no de los hombres. Según el mentado pensador, las mujeres que odiaban a la presidenta lo hacían por “envidia”, porque no podían ser como ella, no eran tan “inteligentes” ni tan “lindas”. Contraponía su embelesamiento por la belleza de Fernández (comparable para él a la de Marilyn Monroe) a la supuesta “masculinidad” de Angela Merkel. Incluso señaló que Fernández tenía la posibilidad de aparecer como figura de una tapa erótica en una revista, pero otras mujeres no (ni las opositoras ni Merkel), porque –explica didáctico y simplista Feinmann-, “hay mujeres que no son mujeres, son políticas”. Es decir, al menos según la filosofía machista vernácula, mujeres y política tienen una distancia que hay que saber respetar so pena de perder la condición de “deseable” (huelga decir que aquí hay una gran confusión entre ser “deseable” y “linda” y ser objeto de tapas de revista degradantes y agresivas). Feinmann prefiere una mujer “deseable” que una mujer “política”. Nada dice el filósofo del probable escozor de una sociedad machista donde las masculinidades hegemónicas se ven amenazadas y resentidas por la figura de una mujer con poder.

En ambos casos, tanto el de Arias como el de Feinmann, la lectura sobre la figura de una mujer en el poder no puede desprenderse de sus consideraciones sobre el género de quien están haciendo objeto de su análisis. No vemos el mismo tipo de análisis hecho sobre los hombres en el poder. En definitiva, tanto para parte de la oposición al kirchnerismo como para cierto sector que era su oficialismo, la feminidad de una mandataria se hace objeto de disputa, material en discusión, condición negativa y positiva a la vez. Todo este análisis al cual vemos sometidas a las mujeres constituye un modo más de opresión no para un sujeto en particular (en el caso de la ex presidenta) sino en tanto reproducción de estereotipos que las mujeres y sujetos feminizados deben atravesar al hacer suyos reclamos de espacio y poder en la sociedad.

Casación revocó uno de los últimos fallos del suspendido camarista Néstor Luis Montezanti y volvió a procesar a un intendente y un comisario pampeano por el delito de trata. La medida, firmada también por Pablo Candisano Mera, había sido repudiada por distintas agrupaciones de mujeres y políticas por servirse de argumentos medievales tales como: “Las prostitutas representan en el mundo el papel de las sentinas en los barcos o de las cloacas en los palacios: si se suprimiesen sería tanta la hediondez que nadie la soportaría”.

Si bien no forma parte del dictamen del Consejo de la Magistratura, la resolución prostituyente fue mencionada por varios testigos que la semana pasada declararon ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que  juzga a Montezanti por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado, sus vínculos con la Triple A bahiense y los malos tratos y decisiones arbitrarias y despóticas contra estudiantes y trabajadorxs. Los días 1 y 2 de febrero el juez declarará en el jury y se escucharán los alegatos del proceso de remoción.

Compartimos aquí la nota de PlanB Noticias sobre el procesamiento del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, y el excomisario Carlos Alanis por el delito de trata de mujeres para explotación sexual.

Procesaron otra vez al intendente de Lonquimay

FOTO: SOL VAZQUEZ INFOJUSNuevamente Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.

El intendente de Lonquimay Luis Rogers y el excomisario Carlos Alanis quedaron otra vez procesados por el delito de trata de mujeres para explotación sexual. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había anulado los procesamientos de ambos.

La Sala 4 está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos.

El tribunal pulverizó el fallo de la Cámara bahiense con duros conceptos: por ejemplo no dieron “razones suficientes del procedimiento intelectual seguido por los jueces para adoptar su decisión (la anulación de los procesamientos)”.

También tuvieron en cuenta como “indicios” de delito los dichos públicos de Rogers en defensa del cabaré. Consideraron que los hechos estaban probados y que el Estado argentino tiene un compromiso con tratados internacional de lucha contra la trata de personas, según se consigna en el Diario de La Pampa.

El fallo de juez Gustavo Hornos dice que “por otro lado y en cuanto al agravio relativo a la arbitrariedad del pronunciamiento dictado para revocar el procesamiento de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers, conviene recordar que el Estado Argentino mediante la sanción de la ley nº 26.364 de abril de 2008, dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la Ley nº 25.632, en el año 2002)”.

Dice que “esos compromisos internacionales institucionalmente asumidos y la decisión política de prevenir, perseguir y sancionar este tipo de delito así como brindar la máxima asistencia a sus víctimas, deberán ser necesariamente contemplados por una visión realista y contextualizada del acontecer social, circunscripta a cada caso concreto, , pero que lejos de descartar la posible connivencia con autoridades y funcionarios de las áreas políticas o de seguridad, advierta que esa complicidad se presenta usual y eventualmente necesaria para la realización de las múltiples y complejas conductas que deben ser llevadas a cabo simultáneamente para la realización de este tipo de gravísimos delitos”.

Además piden que “debe profundizarse la investigación de los hechos investigados cuando se encuentren denunciados hechos de corrupción, que habrían facilitado o permitido la comisión del delito de trata de personas”.

Consideraron la fundamentación de los magistrados de la Cámara Federal de Bahía Blanca para revocar el procesamiento dispuesto respecto de Carlos Adrián Alanis y Luis Rogers cmo “arbitraria y carente fundamentación”. Acusaron a los jueces Pablo Candisano Mera y Néstor Luis Montezanti de “formular diversas afirmaciones de carácter dogmático, sin analizar los elementos probatorios reunidos hasta el momento en autos ni profundizar en la valoraciones de los mismos, tarea que resultaba imprescindible a fin de dotar de la debida motivación al cambio de temperamento adoptado”.

El fallo dice que los jueces bahiense omitieron “considerar los distintos elementos probatorios reunidos en la causa”.

“Ello es así por cuanto en autos no se encuentra controvertido que en el local ”Good Night“, de propiedad de Carlos Fernández, habilitado como Salones de Baile, funcionaba una whiskería, en la que se encontraban siendo explotadas varias mujeres mayores de edad”, dice la Sala 4.

“De las denuncias que dieron origen a las presentes actuaciones, y en particular la efectuada por G.L.A., se desprende la posible existencia de una relación de connivencia entre las autoridades y funcionarios públicos, con el dueño del local ”Good Night“”, agrega.

“Particularmente y tal como lo mencionara anteriormente, el intendente de la localidad de Lonquimay, manifestó públicamente una defensa hacia la existencia del local ”Good Night“ y el posible veto que ejercería en caso de que una ordenanza municipal dictada por el Concejo Deliberante, prohibiera su funcionamiento”, dice el juez Hornos.

“Sobre el punto, manifestó el magistrado de la primera instancia, que se encuentra acreditada prima facie una relación de connivencia entre el dueño del local donde las mujeres eran sometidas a la explotación sexual y las autoridades policiales y el intendente de la localidad de Lonquimay. En este sentido, tuvo en cuenta la firma de libretas sanitarias por parte de Luis Rogers de las que resulta que las mujeres se hallaban exentas de enfermedades contagiosas, en efecto que no tenían enfermedades sexuales para el trabajo que realizarían en el local ”Good Night“”, enfatiza.

“Asimismo, y con respecto al jefe de policía Carlos Adrián Alanis, resaltó que en su calidad de comisario, firmó actas de exposición en las que dejó constancia que las mujeres que trabajaban en aquel local ”Good Night“, dejando a consignación sus prendas por tener una ”deuda“ con el dueño del local y que allí trabajaban con plena voluntad”, menciona sobre la instrucción.

“Consideró, además, el contenido de las actas de exposición y rúbrica de ellas por el subcomisario de la que se desprende que L.V.D. y M.M.L. trabajaban en la Whiskería ”Good Night“ y que tenían ”deudas“ con el dueño del local, de 432,05 y 499,95, respectivamente, en concepto de ”gastos, tales como análisis, libreta sanitaria, comida y mercadería razón por la que dejaban en consignación ”sus pertenencias“”, precisó.

El fiscal General de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revierta el fallo de la Cámara Federal bahiense, que el 14 de noviembre pasado revocó los procesamientos a un intendente de Lonquimay (La Pampa), Luis Rogers, y del subcomisario Carlos Alanis, acusados como cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un local nocturno de aquella localidad.

Cantaro y Colombo debieron presentar el recurso de queja ante el máximo tribunal penal del país luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca les rechazara el 12 de diciembre el recurso de casación contra la revocación de los procesamientos de los dos funcionarios que había dictado el propio tribunal de alzada.

Hoy se escucharán los alegatos del proceso de remoción contra el suspendido presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, denunciado por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones. Según informó ayer la secretaría del Jurado de Enjuiciamiento, la audiencia fue convocada 8:30 para escuchar al ex fiscal Hugo Cañón, al imputado y a los representantes de la acusación y la defensa.

Más de treinta personas brindaron testimonio la semana pasada ante el tribunal para referirse a los vínculos del magistrado con la Triple A bahiense, su pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181 como personal civil durante la dictadura, su militancia en favor de la pena de muerte y la persecución y maltratos hacía el alumnado en la Universidad del Sur y a trabajadores y trabajadoras judiciales.

Una de las imputaciones que podrá detallar este martes Cañón comenzó a ser expuesta, entre otrxs, por el funcionario de la Fiscalía General Dino Berdini, quien dijo a FM De la Calle que la acusación “ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

La audiencia es pública y se realizará en el tercer piso del Consejo de la Magistratura, Libertad 731 de Capital Federal. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre e HIJOS Capital llamaron a acompañar el encuentro. 

Dino Berdini recordó en diálogo con el programa En Eso Estamos que la Fiscalía comparte con la Cámara Federal la sede de Mitre 60, “estamos en un espacio acotado en la parte de atrás del edificio grande de la Cámara y a raíz de ciertas actuaciones a cargo de la presidencia de Montezanti vimos aún más achicado nuestro lugar, nuestro espacio de movimiento. Fueron desde resoluciones nimias como restricción a circular por pasillos, no utilización de la cocina -eso implicó quedarnos sin agua y sin gas para calentar agua-, restricciones en el modo de utilizar la biblioteca, teníamos que estar sometidos a anotar los libros previamente y nos asignaban un espacio exclusivo para la lectura del cual no nos podíamos mover, hasta cuestiones graves como el desalojo de nuestro archivo”.

“Teníamos un archivo, un lugar ya asignado hace muchísimos años, y por una decisión unilateral nos dijeron ‘tienen 24 horas para desalojarlo’. Necesitábamos un nuevo espacio y se pidió mayor tiempo, como no cumplimos las 24 horas, de facto, nos dejaron todo a la intemperie. Más que un inconveniente desde lo funcional era una cuestión grave institucional porque ya es meter mano en cosas de otro”, agregó.

Luego comenzaron persecuciones para “expulsar” a la Fiscalía del inmueble. “El Ministerio Público a partir del ’94 con la reforma constitucional dejó de pertenecer al Poder Judicial y esa fue la separación, podríamos ponerlo en términos de matrimonio, pero nunca se hizo la división de bienes, ‘esto es tuyo y esto es mío’. Eso nunca se hizo y no lo tiene que hacer ni la Cámara ni la Fiscalía, lo hace la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público a través de la Procuración. ¿Pasaron veinte años? Es verdad, pero no somos nosotros los que decidimos de acá ni tampoco tenemos que ser las víctimas de esta pelea”.

En ese contexto, el clima laboral y las relaciones entre trabajadorxs de los dos organismos fueron empeorando al ritmo del avance de Montezanti. “Había hasta gente con miedo de venir a hablar con nosotros porque éramos las personas con las que no se podía hablar”.

Respecto a la posible vinculación del accionar del camarista suspendido con el reinicio de las causas de lesa humanidad, Berdini aseguró que “sobre todo en la gestión del dr. Cañón las causas estaban en sus comienzos, este tipo de persecuciones por delitos de lesa humanidad, y esto iba formando lo que después fue la Unidad por Violación de Derechos Humanos que funciona en calle Sarmiento. Seguramente el dr. Cañón el día de mañana cuando tenga que prestar declaración se explayará en estos motivos, pero concretamente este tipo de actuaciones se vieron reflejadas en ese contexto”.

El testigo mencionó además la “persecución directa” sufrida por la secretaria general de la Regional III de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Graciela Diez Paz y la delegada Sandra Martínez Borda, quien fue trasladada compulsivamente por Montezanti.

“La expulsó del lugar natural de trabajo diciendo que era inconveniente para trabajar allí cuando era y sigue siendo una empleada excelente y simplemente porque era molesto que estuviese una representante gremial en el edificio de la Cámara, era una manera de adoctrinar a todas las personas, si me meto con los representantes gremiales puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que ha llevado a presentaciones judiciales y una gran oposición del gremio y denuncias del secretario general de la Unión, que es Julio Piumato, ante el Consejo de la Magistratura que son estas denuncias que hoy terminan en jury”, afirmó.

Por último, advirtió que “un jury es un juicio político, uno no tiene que verlo en términos de justicia judicial -pongámoslo en esos términos- de saber si es culpable o inocente. Aquí se han ventilado conductas de diverso tipo, persecuciones en la universidad, en lo que es la justicia, la desclasificación de los archivos que determinaron que fue Personal Civil de Inteligencia y esa suma de elementos el jury tendrá que determinar si cumplen la imputación o no y si merece seguir en su cargo, pero la realidad ha sido demostrada en el sentido que no hay objeción hacia la prueba, simplemente ahora pasará a ser una decisión política en manos del jury exclusivamente”.

Una semana de testimoniales pasó en el proceso de remoción contra el camarista Néstor Luis Montezanti que realiza el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación en la Capital Federal. Las declaraciones terminarán el martes desde las 11:30 cuando se presente el ex fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón. Luego hablará el imputado y se desarrollarán los alegatos de la acusación y la defensa. La sentencia se conocería en febrero.

“Los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”, dijo el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, tras escuchar la intervención de Alberto Rodríguez. El ex estudiante subrayó que “evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura”.

La acusación contra Montezanti apunta a comprobar el “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape”, manifestó Hilda Abad en relación a un fallo del camarista que desprocesó a un intendente y un subcomisario pampeanos en un juicio por trata.

¿Quiénes declararon?

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Este viernes fueron convocados Marcos Canova, Hilda Abad, Magdalena Adriana Cisner, Horacio Cavalaro, Néstor Alberto Giorno, Andrés Bouzat, Raúl Carlos Ciccola y Juan Pedro Tunessi. Un día antes, Miguel Pereyra, propuesto por la acusación; y por la defensa Augusto Enrique Fernández, María Alejandra Santantonin, Marcela Lía Beilison, Mariana Costa, Julieta Carolina Mateos, Rosana Noemí Teti y Marianela Albrieu quienes manifestaron que Montezanti se excusaba en las causas entrantes vinculadas a delitos de lesa humanidad.

El miércoles fue el turno de un grupo de ex empleados de la Cámara, quienes coincidieron en que el clima laboral era violento y de persecución, generando así una situación de temor constante, que era infundida por el juez. Sandra Martínez Borda dijo que el trato hacia las empleadas mujeres era en especial de discriminación y desprecio. Recordó el caso del 2007 en el que realizó un pedido de certificación de horas extras para cobrarlas o compensarlas, y el magistrado le respondió: “Si empezamos a los tiros, terminamos a los tiros”.

También dieron su testimonio Alberto Rodríguez, Dino Berdini, Graciela Mirta Diez Paz, Miguel Tohmé, Ricardo Serafini, José Manuel Saez, y Marcos Fernández Peña. Por otra parte, la secretaría del tribunal dejó constancia que la testigo María Inés Colantuono no pudo ser notificada.

FM De la Calle registró los dichos de la ex alumna y dirigente estudiantil Yamile Yauhar, la vicerrectora de la Universidad del Sur, Claudia Legnini, y los militantes Dante Patrignani y Juan Larrea. También fueron consultados Eduardo Hidalgo, José Luis Centurión, Luis María Esandi, Aldo Luis Buffa y Francisco Alfredo Gastañaga.

“Que la justicia se ponga en manos de jueces probos”

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Alberto Rodríguez declaró por cuarta vez sobre los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca, el asesinato de su compañero David “Watu” Cilleruelo y la vinculación del suspendido presidente de la Cámara Federal local, Néstor Luis Montezanti, con la banda parapolicial. Esta vez fue ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el procedimiento de remoción que se sigue al ex espía del Destacamento de Inteligencia 181.

“Pude decir todo aquello que me preguntaron y ampliarlo respecto a su participación en la toma de la UTN, su nombramiento primero como profesor de la misma y después como organizador de los matones en la toma, como un actor intelectual más que un matón. La participación del secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, la Juventud Sindical Peronista, emitió un comunicado en la misma época que esa universidad se tomaría de cualquier manera y con las armas que tuvieran a su mano”, comentó a FM De la Calle.

Luego habló del comportamiento del imputado como profesor, “lo que ha sido su persecución y acoso a sus alumnos, muchos de ellos abandonaron la carrera hace algunos años por sus formas de perseguir o presionarlos; las resoluciones que ha tomado en cuanto a declarar que las prostitutas son cloacas de la sociedad para evitar que la mierda nos tape; lo dicho en el juicio que me realizó cuando se enloqueció en el 2007 y empezó a hablar de que lo que estaba pasando era la lucha del imperio soviético contra el movimiento nacional justicialista. Cosas que evidentemente necesitaría un psiquiatra antes de seguir siendo juez. Evidentemente no puede ser juez una persona que colaboró con la dictadura, por haber sido integrante PCI de los servicios de informaciones y todo lo que ya he comentado en la radio también”.

Rodríguez aseguró que la defensa lo interrogó sobre los fundamentos de sus dichos sobre el docente y aclaró que fue su alumno en dos materias. “Empezaron a preguntarme en qué podía diferenciar a un profesor que daba Derecho Civil, qué quería discutir con el código en la mano como si no se pudiera discutir sobre las leyes, cosa que sí hacíamos en los años 70 con docentes de Economía que leíamos desde Smith, Marx, a los desarrollistas de los años 60 o a Keynes de los años 40, eso era normal en esta universidad donde todo se debatía, excepto cuando un docente de militancia fascista no lo permitía”.

El testigo informó que durante la exposición se detuvo en la denuncia de algunos de los crímenes de la Triple A bahiense y en la promoción de la pena de muerte por parte del camarista. “Y fue emocionante porque al final pedí que la justicia se ponga en manos de jueces probos y no de jueces que tenían condiciones de soplones del Ejército en la dictadura y militante fascista en la realidad”.

En cuanto al resultado del proceso de remoción, Rodríguez manifestó que tiene “un mínimo de expectativa positiva” porque “el jury no lo pueden cambiar, son los mismos jueces que comenzaron los que tienen que terminar”. Más allá del contexto político “depende de nosotros, de la calle, no quedarnos encerrados, salir y pelearla, porque las batallas no se pierden discutiendo en un café sino cuando el pueblo no activa y no sale. Es la única manera de seguir adelante con los juicios de lesa humanidad y avanzar en el juicio de la Triple A que seguramente también va a quedar detenido a partir de que el juez Ramos Padilla termine (su subrogancia) en diciembre”.

Minutos después de presenciar la declaración del actor, el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle desde la sede del Jurado de Enjuiciamiento que “los testimonios de estos juicios no son solo jurídicos sino que son éticos, culturales y políticos, y desde ese punto de vista creo que uno ha asistido a una demostración de hidalguía, de dignidad, de coherencia y de compromiso realmente conmovedor”.

“Alberto terminó su alegato explicando que no tenía ningún interés personal en la causa como le habían preguntado, explicando que había adquirido una profesión que le hubiera permitido tener ‘una vida tranquila’ pero que decidió atenerse a las consecuencias de ser coherente con la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia” y resaltó “la distancia sideral que hay entre una basura humana como Montezanti, que habla de que las prostitutas son la cloaca de la ciudad y un militante de la Verdad que ha expuesto durante años, muchas veces en soledad y ahora acompañado, creo que no hay jurado en el mundo que pueda declarar inocente a Montezanti después de lo que vivimos hoy”.

Schulman se refirió a las provocaciones de la defensa y aclaró que no cree en “la neutralidad de los abogados, los fascistas defienden fascistas y la gente buena defiende a la gente buena, no conozco ningún abogado de buena vida, de buena idea, que defienda a un nazi como Montezanti. Los que defienden a Montezanti son tan hijos de puta como Montezanti y así se portan en el juicio”.

“La vida es así de contradictoria, en el momento en que los amigos de Montezanti llegan al gobierno, él irá a parar fuera del Poder Judicial. Alguna condena tendremos y supongo que como una rata escapará de la cárcel con algún artilugio”, sostuvo en relación a la imputación penal que pesa sobre el camarista en la causa que investiga más de una veintena de asesinatos cometidos por la banda criminal. “El Watu está presente”, culminó.

Autoritario y misógino

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Por su parte, Hilda Abad describió al jurado el momento político en el cual comenzó sus estudios en la UNS en 1974: “Fue un momento visagra en el cual se empezó a usar la represión hacia los estudiantes y los docentes, así que ya empecé a tener participación estudiantil en un momento de muchísima ebullición y disputa política”.

“Me preguntaron de dónde lo conocía a Montezanti y expliqué que a poquito de iniciar mi participación estudiantil, que iba a los cursos con compañeros a hablar de la problemática estudiantil, que levantábamos los cursos, había tenido problemas con tres profesores, uno de ellos fue Montezanti, quien nos insultó, no nos dejó entrar al curso y demás y por eso cuando lo vi en la UTN con todos los matones armados en una señal de clara camaradería no fue una sorpresa, sabía de quién se trataba”, agregó en diálogo con FM De la Calle al concluir su testimonio.

Por fuera de lo hechos de la década del 70, Abad aseveró que “como militante feminista que soy quería plantear el tema de la trata de personas”: “Pude decir que me sentía muy contenta de poder haber aportado un pequeño granito de arena y reivindicaba la memoria de Watu, del Negrito García, de todos los compañeros asesinados por la Triple A, de tantas compañeras y compañeros laburantes y estudiantes que han sido maltratados por este sujeto y que mi capacidad de asombro ya no tenía espacio -porque no solo lastimaba los derechos humanos del pasado- sino que en el presente había sido partícipe, e hice mención al fallo de trata con respecto al local de Lonquimay”.

“Las compañeras sobre las cuales se ejerce una violencia terrible obligándolas a vender su cuerpo, encima tienen que sufrir una terrible y autoritaria violencia por parte de un representante del Poder Judicial, con la expresión esa tan macabra que repite que las putas son las cloaca de la sociedad, necesarias para que la mierda no nos tape. Realmente vergonzoso y nefasta la coherencia que tiene este hombre, autoritaria y misógina”, cerró.