(Por Mauro Llaneza) El cuerpo de Micaela Ortega fue encontrado anoche en cercanías de la planta de TGS sobre la ruta 3. La nena de 12 años era buscada por su familia hace cinco semanas. Jonathan Luna, de 26, confesó el femicidio y quedó detenido tras un allanamiento en El Saladero donde se encontró una campera quemada y un celular. Un amplio operativo policial se desplegó en la Comisaría Quinta, la Municipalidad y el centro bahiense ante la reacción de unas 300 personas que salieron a la calle a exigir justicia. A las 17 habrá una nueva manifestación en Plaza Rivadavia.

El secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, intervino inmediatamente para intentar “bajar el tono” a la respuesta de la familia y las protestas que apuntaron al municipio y a la policía. Reconoció por LU2 que “hubiese sido imposible si él no nos llevaba hacia el lugar” y que “estábamos buscando algo que no íbamos a encontrar”.

13288769_280731032273446_823657385_o“Me parece terrible que en Argentina cada treinta horas muera una mujer, que en Bahía Blanca esté pasando que Micaela haya aparecido muerta, la inoperancia del Estado, de la policía, tenemos que salir a la calle a denunciar y a pedir justicia para que las cosas pasen y cambien de una vez”, dijo a FM De la Calle una joven con la voz quebrada.

Por su parte, la abogada de la mamá de Mica, Fernanda Petersen declaró que fue “la peor noticia pero con el paso del tiempo era una de las alternativas que se esperaba. Lamentablemente la familia tuvo que recibir esta noticia que deja al descubierto la ineptitud de todo el sistema para la búsqueda de una nena de 12 años”.

13315296_528830063971167_8287510477665075267_n“Se recibió un llamado en la DDI de la Fiscalía que pedía refuerzos en la zona de Saladero. Se fue hasta ahí, se encontraron pertenencias de Micaela. Después esta persona en forma extrajudicial confiesa haber cometido el hecho o por lo menos saber dónde estaba Micaela y él es el que da la indicación de hasta donde llegar al lugar en donde estaba el cuerpo”, informó.

Un grupo de mujeres se reunió en Plaza Rivadavia tras conocer la noticia y al rato recibieron a decenas de bahienses que decían “basta de femicidios” y “ni una menos”. Alrededor de 300 marcharon a contramano por Chiclana-Estomba, pasaron frente a la Fiscalía, y siguieron por 19 de mayo hasta Alem para retomar Alsina y concentrarse en las escalinatas del palacio comunal. Desde las veredas, ventanas y autos se apoyaba el reclamo.

 “Queremos justicia por Micaela, Gay da la cara, corrupto”, gritaba una mujer en la puerta de Alsina 65. Allí se realizó un minuto de silencio “por nuestra nenita de Bahía” y “para que no vuelva a pasar”. El repique de tambores de la banda feminista Desbandadas cerró la escena.

13288173_280730918940124_542386153_oOtra manifestante recordó que desde el gobierno municipal se justificó el aumento de robos registrado en las últimas semanas diciendo que la mayoría de los efectivos policiales habían sido destinados a la búsqueda de Micaela y advirtió que “si llegan a sus casas y les falta algo, es porque están todos acá adentro cuidándole el culo a Gay, que es lo único que saben hacer”.

A pesar del temor a una pueblada y el pedido de ayuda a la gobernadora por parte del intendente que agitaban las placas rojas de Crónica TV, un par de hombres que pretendían arrojar elementos contra la Municipalidad fueron apartados inmediatamente por quienes pedían justicia por Mica.

“Micaela apareció muerta a manos del machismo. Una vez más una mujer es víctima a manos de la violencia patriarcal. Basta de violencia. Nosotras debemos responder desde lo institucional, organicémonos en la semana, marchemos, visibilicemos que Micaela no está, hagámonos oír, como dice Mónica, hagamos ruido. Bahía Blanca tiene que despertar, sin violencia, con justicia, porque Micaela necesita justicia. El 3 de junio todos en la plaza, Micaela no está, Katherine Moscoso no está, Andrea Esnaola no está, el Estado es responsable pero nosotros vamos a estar acá, vamos a decir basta a la violencia”, dijo Fernanda Petersen.

13322213_528829223971251_5567011087249737901_nVerónica Bajo, de Acciones Feministas, dijo no tener palabras para describir la situación: “Es de una impotencia, hoy fue Micaela y pasó muy cerca y más allá de la inoperancia del Estado, de cuarenta días sin poder encontrarla con semejantes operativos que dicen que hacían es una falta total de cuidado de la población. Hace tres días pasó lo mismo con una nena en Rosario asesinada de una manera brutal. Si bien siempre estamos preocupadas y pensando que lo que sucede son redes de trata o pedófilos o este tipo de violentos machistas que se apropian de la vida de las mujeres y las niñas, teníamos una esperanza de que estuviera viva”.

“No quiero más chicas muertas, tenemos que emprolijar las cosas, necesitamos cambiar leyes, hay una madre que hace 35 días está buscando a su hija, solamente el pueblo la apoyó, basta de muertes, basta, ni una chica menos durmiendo en la cama en su casa”, dijo Julia a FM De la Calle mientras marchaba. Agregó que “hay que cambiar de paradigma, no podemos culpar a la víctima, hay un responsable, el asesino, y muchos irresponsables que hicieron todo mal y hoy hay una chica que fue desenterrada y una madre llorando al lado”.

Camila aseguró que salió porque “era una nena de 12 años que iba a ver a una amiga y no volvió a la casa, a todo el mundo le preocupaba que la nena se había ido pero en realidad ya estaba muerta. Nos quedamos siempre con las primeras cosas y nos olvidamos de buscar, de todo lo que pasa a nuestra alrededor, del peligro que son las redes sociales”. “Hay una mala organización en la búsqueda, una mala toma de medidas, creo que se le da demasiada información al periodismo que incluso entorpece la investigación, más allá de que sea buena o mala”, opinó Diego.

“No quisiera estar en los zapatos de esos padres, me siento insegura en Bahía por mi hija y por todos los chicos. Me siento insegura por la policía, creo que no actuaron como tenían que actuar, dieron opiniones que no tenían que dar y no pensaron como una criatura que se dejó llevar por un adulto”, afirmó Marta.

13313828_280730858940130_89163860_oSonia Acuña, madre de Giuliano Gallo, el pibe asesinado por la Policía Bonaerense en febrero de 2008, comentó que se acercó “para acompañar a la mamá de Micaela porque sé lo que es perder un hijo y la verdad que esto no me la esperaba, pensaba que la iban a encontrar. Como siempre, hay muchos sicópatas y creo que en esto está metida la policía porque está ocultando muchas cosas como el intendente. Vine del lugar (donde encontraron el cuerpo), tengo grabado todo lo que estaban haciendo los policías, apenas me enteré once y media de la noche fuimos”.

A su lado, Victoria Sánchez informaba que frente a la Comisaría Quinta había un amplio operativo policial. “Se nota a la vista que (al acusado) lo tienen ahí refugiado. Uno tiene hijos y se pone en el lugar de la madre y te agarra mucha impotencia, Bahía es muy careta. Nos tenemos que unir para que esto no suceda, para que no haya ni una menos”.

“Comparto el dolor de la pérdida de un hijo como la mamá de Micaela y quiero que se termine con la impunidad. No sé exactamente los detalles de la causa, cuántos días hacía que estaba muerta pero si la investigación hubiera sido eficiente hubiera aparecido con vida”, dijo Lorena Zerneri, mamá de Daiana Herlein, fallecida en el Parque de Mayo por la caída de una rama sobre su cabeza. “Mi hija lleva más de dos años y no vemos los resultados en las altas esferas, agarran a un pirincho y porque tiene diabetes está en la casa compartiendo con su familia, mi hija no está. El caso de Micaela creo que tiene que ver mucho con esto, con la actuación del Estado, ineficiente como siempre”.

En el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemorará este sábado, fueron presentados los resultados del proyecto “Ampliando el ejercicio de derechos: acceso a la interrupción del embarazo en Argentina”, realizado por FUSA -asociación civil que defiende los derechos de adolescentes y jóvenes- y Católicas por el Derecho a Decidir.

El monitoreo social se realizó en el Hospital Penna y los centros de salud de Colón, Noroeste y San Dionisio. La falta de información sobre derechos sexuales y reproductivos en las mujeres, de capacitación por parte del personal sanitario e insumos, se destacan entre las principales falencias.

Florencia Maffeo, coordinadora de campo de la iniciativa, comentó a FM De la Calle que durante octubre de 2015 evaluaron “cómo era la calidad de atención a las mujeres cuando pedían información sobre métodos anticonceptivos, derechos sexuales y acceso a interrupciones legales del embarazo contempladas en el Código Penal. Las mujeres tenemos derecho a un aborto en casos en que hayamos sido violadas o que el embarazo ponga en riesgo nuestra salud o nuestra vida”.

“Nos encontramos con que, por un lado, hay efectores que tienen capacitación en el tema y algunos manifiestan que todavía les falta, sobre todo en las situaciones de interrupciones legales de embarazo; que faltan muchas veces insumos para acceder a las interrupciones en cuanto al acceso al misoprostol, y a la vez que muchas veces las mujeres no conocen que tienen este derecho y que si consultaran a un profesional de la salud por un aborto y se sienten atemorizadas por ser juzgadas o maltratadas”, agregó.

Maffeo dijo que “en general se tiene bastante información sobre métodos anticonceptivos, pero no sobre todos, y tampoco se expresó en todos los métodos disponibles al momento de la atención, sobre todo los definitivos como la ligadura tubaria y la vasectomía. Y que a la vez, en este tipo de procedimientos quirúrgicos, muchas veces en el hospital se demora mucho la fecha para una ligadura por falta de quirófano y esto hace que las mujeres no tengan acceso real para poder hacerse la intervención”.

En cuanto a la interpretación del artículo del Código Penal que habilita la interrupción del embarazo en la medida en que este ponga en riesgo la salud de la mujer, la coordinadora afirmó que “prima una concepción bastante acotada, lo mismo con las situaciones de violación, poder entender que puede haber violación dentro de una relación de pareja, que los vínculos violentos también llevan a forzar las relaciones sexuales, que ante la negativa del varón a querer usar un método anticonceptivo también se está forzando a la mujer a un embarazo no deseado”.

“Muchos médicos manifiestan que si hubiese una ley de aborto legal sin que especifique las causales -como es el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, donde se propone que las mujeres puedan solicitar una interrupción voluntaria hasta la semana 14 sin explicar los motivos-, para ellos sería mucho más fácil poder facilitar el acceso al aborto porque ahora se encuentran con que tienen que aprobar o no un poco arbitrariamente”, concluyó.

(Por Helen Turpaud Barnes) En el año 1991 fue tema bastante difundido en los medios de comunicación el debate por la llamada Ley de Cupo Femenino que finalmente estableció la obligatoriedad de un mínimo de 30% de mujeres en toda lista de candidaturas para funciones públicas. La ley pretendía compensar legislativamente el hecho de que la presencia de mujeres en cargos políticos tenía una legitimidad muy inferior a la que se le reconocía a los hombres. Más allá de que la ley finalmente se aprobó, el debate en verdad está lejos de haber sido zanjado porque el problema de las desigualdades sociales de base incluye no solo la cuestión de género sino muchos otros aspectos que exceden por mucho el ámbito de la aspiración a cargos públicos estatales.

Fue lanzada en Argentina una publicidad de Chevrolet llamada “Meritocracia”: el spot apela a la idea de que el mero esfuerzo y la superación personal son ingredientes suficientes para el “éxito” social y económico. Sin embargo, las desigualdades estructurales en la sociedad vuelven ilusoria toda noción de que la prosperidad económica y el reconocimiento laboral son solo producto del esfuerzo individual.
¿Y qué sucede con las mujeres en este escenario? Cuando se habla de los estereotipos de género se olvida que esto implica también diferencias económicas grandes, lo cual acarrea una distribución diferenciada en el arco social según estemos hablando de hombres o de mujeres. Hablar de “feminización de la pobreza” tiene que ver con que, por un lado, las mujeres suelen tener trabajos menos remunerados, y por el otro lado, también suelen tener a su cargo las obligaciones familiares. Por eso la mayoría de las personas pobres son mujeres(alrededor del 70%).
Cuando se habla de los estereotipos de género, también se olvida que el mero cuestionamiento de estos roles estereotípicos por parte de cada mujer no implica necesariamente un cambio de lugar en la sociedad. Es cierto que es preciso ampliar las representaciones sociales de lo que puede ser hecho por mujeres, valorizar el trabajo que habitualmente es realizado por mujeres y dejar abierta en las escuelas la idea de que la propia condición de mujer puede sufrir corrimientos de acuerdo con los modos de identificación de género. Sin embargo, todo esto no necesariamente trae aparejadas mejoras materiales, porque las mujeres siguen teniendo muchas dificultades para acceder a determinadas oportunidades laborales más allá de las decisiones personales que ellas realicen. El hecho de que ingrese una cantidad masiva de mujeres en el mercado laboral “masculino” implicaría una amenaza radical para la hegemonía de los varones en ciertos trabajos. Hegemonía que incluye privilegios económicos que de haber mayor competencia estarían en peligro. Y el patriarcado no tiene ninguna intención de ceder espacios.
Hay una rápida comprensión de las dificultades que tiene un obrero o un campesino. Sin embargo, otras circunstancias completamente habituales pasan desapercibidas para la gran mayoría de la población. Es el caso de la ausencia casi total de mujeres como conductoras de camiones, albañiles, taxistas, colectiveras, traumatólogas, cirujanas, gerentas de empresas internacionales, lideresas sindicales, gobernadoras, plomeras, electricistas, pilotas de avión, empleadas municipales de manutención de arbolado público, etc. Quienes no ven el elefante en el bazar de la discriminación sexista en ese tipo de trabajos ostentan sin embargo una capacidad de observación increíblemente aguda a la hora de registrar el casi invisible porcentaje de mujeres que se desempeñan en trabajos considerados “de hombres”: saben de la existencia de UNA plomera que trabaja de modo independiente (jamás empleada por Camuzzi) en Villa Mitre. La mención de excepciones con el solo objeto de invalidar la denuncia revela un fuerte conformismo con la desigualdad: un solo ejemplo es“suficiente”: “ahora mujeres y hombres hacen lo mismo”, “¿qué más quieren?”. Hasta la extrañeza frente al propio lenguaje da cuenta de estas ausencias: “chofera”, “lideresa”, “peona”, etc. Y cuando sí encontramos mujeres en estos ámbitos poco “comunes” para ellas, es probable que cobren menos.
Ahora bien, la mención de estas excepciones como modo de visibilizar posibilidades laborales “diferentes” para las mujeres sí es importante. (La científica argentina Andrea Gamarnik, internacionalmente galardonada por sus trabajos de investigación sobre el dengue, ha comentado de la dificultad que tienen las mujeres para posicionarse en los ámbitos de investigación científica.)
Sorprendentemente, se sigue apelando al argumento tan inadecuado de la diferencia de fuerza física entre varones y mujeres para justificar estas desigualdades laborales cuando en muchos casos lo físico no es un tema prioritario. Curioso que cuando incluso en los casos en que sí lo es no parecen preocuparse por la fuerza física a la hora de recurrir al trabajo infantil en muchas obras en construcción o campos, ni de emplear varones visiblemente “pequeños” o de asignar tareas excesivamente pesadas, lo cual lleva a accidentes y problemas de salud (basta con ver una clínica de rehabilitación de ART). De hecho, es este argumento sexista de la “diferencia de fuerza entre los sexos” uno de los principales legitimadores del trabajo infantil. Nuevamente no parece ser un problema la fuerza física a la hora de asignar a las mujeres pobres la “maternal” tarea de tener que cargar en brazos con un crío de unos quince o veinte kilos durante varias horas al día.
Por otra parte, no hace falta aclarar que entre trabajadores varones existen grandes diferencias físicas que sin embargo no son evaluadas en casi ningún trabajo. Además, buena cantidad de trabajos que hace décadas requerían de una gran capacidad física, hoy con los avances técnicos son más fáciles y livianos. Se podría argumentar que pocos hombres suelen ser empleados en tareas “femeninas”: en el trabajo doméstico o el magisterio. Pero estos ámbitos no son precisamente bien remunerados con respecto a otros trabajos que piden igual calificación a uno u otro caso. Y el ingreso en la docencia no tiene impedimentos administrativos ni simbólicos para los varones. Más bien al contrario: un maestro de escuela es llamado “profesor” mientras que su colega mujer es llamada desprofesionalizantemente “señorita”, y la mayoría de los dirigentes sindicales de la docencia son hombres.
La cuestión de la calificación académica no parece ser más alentadora. Diarios como The New York Times o The Guardian han dado cuenta de un creciente fenómeno mundial: quienes obtienen las mejores notas en todos los niveles educativos incluyendo el universitario son mayoritariamente mujeres. Sin embargo, esto no se expresa en mejores oportunidades laborales. Se suele argüir que esto es a causa de que muchas mujeres en algún punto renunciarían a sus carreras profesionales para “hacerse cargo” de una familia o de que los hombres serían más “ambiciosos”. Nos preguntaríamos si esta “renuncia” y esta “ambición” deben tomarse como un mero dato de la realidad, o si más bien deberíamos combatir semejantes mandatos sociales que ponen a las mujeres claramente en una desventaja profesional respecto de los varones. Se suele menospreciar la calificación profesional de las mujeres más allá de su currículum o se cambia el eje al tema del “aspecto personal”. Cabe agregar la hostilidad del acoso sexual o la consideración de que las mujeres son “sensibles” e “irracionales” (lo cual mina su credibilidad). Lamentablemente, el imaginario social prefiere reproducir la idea de que “las mujeres son muy competitivas” o “muchas mujeres en un trabajo son problemáticas” (curioso que estos estereotipos convivan con la idea de que los hombres son “agresivos” y “competitivos”). En cambio, la discriminación sexista, el acoso sexual o la desautorización de la palabra femenina no parecen ser problemas demasiado graves.
Por último, se encuentra el tema de la transmisión de los conocimientos. El hecho de que habitualmente se presenten los conocimientos técnicos y las tareas pesadas como “cosa de hombres” lleva a problemas materiales concretos. ¿Qué sucede cuando una niña decide que quiere adquirir conocimientos técnicos de electricidad o jugar al fútbol? Sucede que esa niña o mujer NECESITARÁ APRENDER aquello que se le había dicho que no debía interesarle. Y es este eslabón de la trasmisión del conocimiento donde habitualmente entran en juego otros métodos de imposición del sistema patriarcal: en mi experiencia como docente he observado incontables veces que los varones (tanto adolescentes como adultos) suelen negarse a “explicarle” a las mujeres cómo hacer ciertas tareas que creen que son solo “masculinas”. A veces, de darse la trasmisión, esta se realiza acompañada de comentarios descalificadores o sexuales que buscan incomodar o desalentar a las mujeres. También hay una fuerte resistencia masculina a pedir asistencia física de las mujeres, por lo cual muchos hombres prefieren irse a la otra punta del colegio a buscar a otro varón o romperse la espalda antes que pedir ayuda de una mujer. Si es una mujer quien agarra una herramienta o se dispone a realizar una tarea física pesada, es muy habitual que los varones que no tienen su masculinidad deconstruida intenten sacarle de las manos la herramienta, estorbarla o “ponerla a prueba” (“a ver, hacelo sola si sos tan orgullosa…” es el tono habitual). O bien los varones dicen “dejar” ciertas tareas a las mujeres, y luego adoptan el lugar de “corregir” lo que estas hayan hecho en vez de hacer una evaluación conjunta con ellas. No es nada habitual (sobre todo de parte de adultas) ver una resistencia paralela a trasmitir conocimientos de tareas consideradas como “femeninas” a los varones. Sí en cambio es muy fuerte la resistencia de los varones a aprender de parte de mujeres tareas consideradas “de hombres”.
Todos estos mecanismos de obstaculización y monopolización de prácticas y saberes difícilmente sean realizadas conscientemente por la mayoría de los varones: no hablamos de “malas intenciones” sino de prácticas sociales específicas que forman parte de un sistema. Pero no hay que olvidar que el proceso de deconstrucción de la masculinidad hegemónica que han de hacer los varones no basta con mostrarse “abierto” sino que incluye hacer suya la tarea de disminuir y cuestionar los obstáculos que ellos u otros habitualmente generan para las mujeres.
Así, se habla de la “carrera hacia delante” en materia académica que obliga a tener cada vez más títulos universitarios para poder sobrevivir. Pero también existe una “carrera hacia delante” en el tema de la división sexual del trabajo asalariado que reserva todas las ventajas de los avances técnicos para los varones, excluyendo a las mujeres de estos cambios. Esta expropiación material y simbólica no es una “falencia accidental” en la educación de las mujeres: es parte estructural del sistema capitalista y patriarcal, y por eso no se cambia con que haya algunas mujeres que simplemente decidan estudiar Ingeniería Eléctrica o ser taxistas pensando que llegarán “por mérito propio”. Como dice la pensadora feminista Eve Sedgwick, “la ignorancia no es neutra”, no es un estado “original”, sino que es “el producto de un modo particular de conocer”.
A modo de apéndice, querría aclarar una cuestión. Silvia Federici, autora del libro Calibán y la bruja, advierte que la incorporación de las mujeres al mercado laboral asalariado no es una “liberación” para las mujeres sino que es funcional al desarrollo del capitalismo. Su advertencia no implica, por cierto, que la solución sea seguir marginando a las mujeres de muchos puestos laborales (cosa que tan solo acentúa el poder patriarcal), sino que nos recuerda en qué sistema vivimos. Un cambio social no se hace pidiendo “sacrificios” a los sectores oprimidos sino reconociendo las potencialidades que están a mano para realizar el cambio de sistema que diluya toda opresión. Y si vamos a criticar el clasismo del ideal meritocrático, bien vale criticar su machismo, su racismo, su colonialismo también. 

(Plan B Noticias) La periodista pampeana Yanina Lofvall (35) falleció este mediodía en la ruta nacional 205, cerca de la localidad bonaerense de Roque Pérez, cuando por causas que se tratan de establecer, el Chevrolet Corsa en el que viajaba chocó de frente contra un Chevrolet Ágile.

El siniestro se produjo en el kilómetro 142 y fallecieron además otras 2 personas que iban en el otro vehículo. Las demás víctimas fueron identificadas como Rodolfo Cardoso (73 años) y Liliana Noemi Pesaresi (54 años de edad). En ese mismo auto viajaba Aldana Pereyra (22), quien resultó con heridas de gravedad.

La periodista pampeana se movilizaba junto a un amigo, Pablo Ramos (35) que resultó con heridas. Recorrían el trayecto de Santa Rosa a La Plata.

Yanina Lofvall fue una de las víctimas del Instituto Católico Servis Trinitatis y la experiencia fue contada en el libro “Siervas Trinitarias” donde denunció los casos de servidumbre y humillaciones que debió soportar en su permanencia durante siete años en la institución católica.

Era docente de Educación primaria, periodista y licenciada en Comunicación Social, con Orientación en Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajaba en 7 Sellos Editorial, fundada por la Cooperativa Gráfica Visión 7 de Santa Rosa.

Estuvo en situación de virtual detención en la “secta católica” por lo que la justicia pampeana investigó y exculpó, por considerar que se trataba de un acto de entrega de fe, a los curas Antonio Martínez Racionero y Ricardo Latorre.

Junto a Yanina hubo decenas de jóvenes que ingresaron a la secta que les retenía todos sus ingresos, las obligaba a realizar ayunos extendidos y las conminaban a no mantener relaciones con la sociedad porque aseguraban que habían elegido el camino de “entrega a Dios”.

Aunque fueron absueltos, la Iglesia pampeana tomó nota de su situación y desplazó al obispo Bredice por Poly, actual Arzobispo de Buenos Aries tras la asunción de Bergoglio como Papa.

Más información:

Siervas Trinitarias: otra forma de trata

 

Escuchá cuentos que liberan

 

La Red Local de Violencia de Género denunció públicamente a La Brújula 24 por realizar “una invasión a la privacidad de la familia y una violación a los derechos humanos” de Micaela Ortega -la niña desaparecida el 23 de abril- mediante la difusión de la carta que dejó antes de irse de su hogar. El comunicado fue leído por la concejala Miriam Iantosca durante la sesión de ayer del Concejo Deliberante. Sin noticias sobre su paradero, familiares, amigas y amigos de Micaela volvieron a marchar este viernes.

“Exclusivo: la carta de despedida que le dejó Micaela a su mamá”, tituló el lunes pasado el sitio web de la emisora que ilustró la nota con imágenes del texto manuscrito de la nena. “No entendemos la intencionalidad de divulgar masivamente esa información, conducta que nos parece imprudente en el contexto sumamente complejo y delicado de la búsqueda que se está llevando a cabo para encontrar a Micaela”, dijeron las instituciones y organizaciones que conforman la Red al manifestar su “preocupación”.

“Si bien resulta pertinente el retiro de la web de los comentarios cuestionados y de haber cerrado a comentarios las otras publicaciones, manifestamos que resulta indispensable que los medios masivos de comunicación asuman éticamente su responsabilidad en el contenido informativo y en la manera en que este se da a conocer a la opinión pública, por encima de su avidez para asegurar su éxito comercial. De esta manera su servicio a la comunidad será una contribución social esencial para que la consigna #NiUnaMenos pueda hacerse realidad”, concluyeron.

twLa Red de Violencia de Género está integrada por las ONGs El Nido, Creer Sí, Prevención y Asistencia a Víctima de abuso sexual infanto juvenil y Mujeres en Acción; la Dirección General de Políticas de Género de la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Centro de Asistencia a la Víctima, la Fiscalía Departamental, la Defensoría General Departamental, los Juzgados de Familia, y la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Bahía Blanca, en conjunto con los dispositivos: “Promover” Servicio Municipal de Asistencia y Prevención de la violencia familiar y maltrato infantil y Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

Antecedente

En 2008 el editor del medio, Germán Sasso, fue denunciado por la titular del Colegio de Trabajadores Sociales por haber difundido nombres y domicilios de menores en conflicto con la ley durante una emisión de La Brújula, en aquel entonces un programa radial semanal de Radio 10. “”Vamos a dar la lista de los cinco, diez menores más bravos, más -¿cómo podríamos decirlo?- más peligrosos, más incontenibles de la ciudad de Bahía Blanca, con nombre, apellido y domicilio. Más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas””, dijo al aire con plena conciencia de la infracción que cometía.

El juez correccional José Luis Ares lo condenó a abonar cuatro mil pesos  y cumplir dos días de arresto por contrariar el Art. 94 quater del Decreto Ley 8031. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -integrada por Alfredo Mones Ruiz, Hugo Ángel Cavallaro y Guillermo Rodríguez- confirmó la pena pero redujo la multa a 2.474 pesos y el arresto a un día. Sasso recurrió a la Suprema Corte donde, al amparo de parte de la dirigencia política local, la condena prescribió.

Malas noticias

La radio La Brújula 24 es una empresa de los directivos de la Unión Industrial de Bahía Blanca Gustavo Elías y Maximiliano di Federico y los periodistas Germán Sasso y Martín Noir. Desde su fundación recibe una de las mayores pautas publicitarias del Estado municipal. Días atrás, la periodista Sandra Crucianelli detectó en los archivos del Estudio Mossak Fonseca -filtrados en los #PanamaPapers- una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas compartida por Elías y el Guillermo Luis Montezanti, hijo del ex camarista federal Néstor Luis Montezanti quien abandonó el cargo a punto de ser destituido por su participación durante el terrorismo de Estado.

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Micaela Aldana Ortega, de 12 años, falta de su casa desde el 23 de abril. Desde entonces distintas fuerzas y organismos llevan adelante una búsqueda infructuosa. Imágenes de cámaras de seguridad registradas el día de su partida la muestran en compañía de un hombre joven no identificado. El Ministerio de Seguridad provincial dispuso una recompensa de entre 50 mil y 200 mil pesos para quienes aporten datos concretos de su paradero. Teléfonos de contacto: Comisaría Quinta (0291) 4555300 o (0291) 455 2984, Missing Children (0291) 156 457 020 o Mónica Cid (0291) 154 444 284.

Mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en memoria del 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como trastorno mental. En Bahía Blanca una marcha partirá de Plaza Rivadavia a las 18:30. “Porque queremos igualdad, basta de discriminación. Somos libres de amar, vive y deja vivir, ama y deja amar”, es la consigna.

Cecilia Serafini es una de las organizadoras del encuentro en el cual se reclamará la incorporación de la discriminación por orientación sexual o identidad de género al texto de la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592.

“Están expresados específicamente algunos actos discriminatorios hacia algunos tipos de personas, por religión, por nacionalidad, por ideología, pero esa misma ley -que es bastante útil obviamente- dice aplicación para discriminación por sexo primero, no dice en ninguna parte discriminación por orientación sexual o diversidad de géneros lo cual en un país que tiene leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género bastante avanzadas a nivel mundial es una deuda pendiente importante”, dijo a FM De la Calle.

Otro punto destacado este año es la alta tasa de travesticidios como el que recientemente tuvo como víctima a la militante Diana Sacayán. “La edad promedio de las personas trans es de alrededor de 35 años, es bajísimo, en Latinoamérica y el Caribe el promedio no sube mucho más, es más o menos 40 años y el 80 por ciento de las muertes violentas a personas trans se dan en América Latina y el Caribe. La realidad es que las personas trans son las que más sufren esta problemática de violencia y de fobia, de no tolerancia”.

“Bueno, eso es otra cosa, la tolerancia no es algo que estamos buscando sino la aceptación y ya. Somos personas  igual que todas y en este país todavía los crímenes de odio a las personas homosexuales, trans y de cualquier tipo de orientación sexual o de género que no se aplique a las normas regulares, sigue siendo moneda corriente”, dijo Serafini.

Finalmente, consideró “totalmente repudiables” las declaraciones del intendente Héctor Gay, quien días atrás habló de un “orden natural de las cosas” en una entrevista radial. “Da a entender que no hay una aceptación al colectivo LGBT de ninguna manera de este gobierno local”.

En el mundo hay alrededor de ochenta países que todavía criminalizan la homosexualidad y en diez llegar a condenarla con pena de muerte. En 2013 la Asociación Americana de Psiquiatría modificó el “Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales” eliminando el término “trastorno de la identidad de género” y recién en marzo de 2016, la Organización Mundial de Psiquiatría publicó un comunicado oficial repudiando las “terapias de conversión” y reconociendo que, tanto ni orientación sexual ni la identidad de género deberían ser tratadas como enfermedades.

Con una exposición sobre la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales comenzará hoy la cuarta edición de la Cátedra Abierta de Violencia de Género, que organizan la UNS y la Red local de Violencia de Género, con entrada libre y gratuita. Será a las 19:30 en Colón 80.

La exposición estará a cargo de la profesora Romina Coluccio, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y docente del Programa de Actualización en “Comunicación, Géneros y Sexualidades” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

“La Defensoría tiene una serie de recomendaciones para los casos de violencia contra las mujeres que principalmente tiene que ver con pensar que esas coberturas tiendan a brindar información socialmente útil para la ciudadanía sobre cómo prevenir la violencia contra las mujeres, cómo denunciarla, dónde acudir en caso de estar atravesando una situación de violencia”, dijo Coluccio a FM De la Calle.

La comunicadora agregó que se pretende además que “haya una diversidad de fuentes, que además de las de las fuerzas de seguridad o judiciales, estén presentes fuentes vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática, que pueden poner en contexto la situación para que se dé cuenta que es una problemática social y no un caso individual y aislado, que se inserta en un modo de subordinación de la mujer y por eso los varones ven la posibilidad de cometer una agresión”.

 La “Cátedra Abierta de Violencia de Género” consiste en siete exposiciones durante el cuatrimestre a cargo de expertas y expertos, que este año tendrá como algunas de sus temáticas a las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros. Los interesados pueden anotarse de manera libre y gratuita para obtener certificado.

El jueves comenzará un nuevo ciclo de charlas en el marco de la Cátedra Abierta de Violencia de Género que organiza la Universidad Nacional del Sur con entrada libre y gratuita. En esta ocasión, se tratarán temas tales como las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros.

Las charlas serán los días 12, 19 y 26 de mayo; 2 de junio, 9, 16 y 23 de junio, a las 19.30. La mayor parte serán en el Aula Magna de Colón 80 y contará con la presencia de disertantes de Capital Federal, La Pampa y Bahía Blanca. Las inscripciones se reciben a través del formulario http://goo.gl/forms/FLd6xaqnej. Para consultas, al mail [email protected] o al 4595036.

Esta es la cuarta edición de la Cátedra, que se replicó además en Punta Alta. Se trata de una de las actividades de Extensión con mayor convocatoria que realiza anualmente la UNS.

Programa:

12 de mayo: “Deconstruir para construir desde un enfoque de Derechos; la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales”, a cargo de la Dirección de Capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

19 de mayo: “Diagnóstico de la Violencia de Género en la provincia de La Pama, a cargo de funcionarios del área de Familia de la citada provincia.

26 de mayo: “La defensa de los Derechos Humanos con perspectiva de género”, a cargo de los abogados Viviana Lozano, Leandro Aparicio y Fernanda Petersen.

2 de junio: “Los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas”, a cargo de especialistas de la Asociación AMUNRA.

9 de junio: “Masculinidades plurales desde la perspectiva de Género”, conferencia de integrantes del Consejo Nacional de las Mujeres.

16 de junio: “Delitos sexuales y redes sociales”, exposición del fiscal Mauricio Del Cero.

23 de junio: La violencia de género en todas sus dimensiones”, por la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez.

La Sala III de la Cámara Penal de Tucumán dio a conocer esta semana los argumentos de la condena a ocho años de prisión por un supuesto aborto transformado en “homicidio agravado por el vínculo y alevosía” sufrido por “Belén”, joven de 27 años detenida desde marzo de 2014.

Su nueva abogada, Soledad Deza, pidió el “inmediato cese de prisión” hasta que el fallo quede firme. A contramano de la defensa, el tribunal aseguró que “hay tantas pruebas que no hace falta ADN” para relacionar el feto con la mujer y que su anterior representante legal nunca planteó su inocencia sino su inimputabilidad. La lectura de los fundamentos fue acompañada por protestas del movimiento de mujeres en Tucumán y Buenos Aires que se sumaron al pedido de libertad.

Horas antes, Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijo a FM De la Calle que “lo que está en juego es la posibilidad de autonomía de los derechos de las mujeres como ciudadanas” y que “en este caso no hubo una condena legal sino una condena moral, hay un prejuzgamiento, una discriminación, Belén es una mujer pobre con poco acceso a los derechos porque no hay políticas de Estado que garanticen su difusión (…) el acceso a la justicia es tan restringido como el derecho a la salud en determinados lugares, aunque haya ya una inequidad de base”.

Belén es el nombre ficticio que protege la identidad de la mujer que a los 25 años concurrió al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales. Allí fue revisada y el médico de guardia le diagnosticó un embarazo de veinte semanas con aborto en curso. “Se siente mal, pide ir al baño, vuelve, dice que parece ser que expulsó algo, no sabe exactamente qué pasó. Ante la hemorragia deciden hacerle un legrado, la internan en la sala de operaciones y cuando se despierta está rodeada de gendarmes, de policías, que entre otras cosas la revisan, la someten a malos tratos, a torturas”.

“Esta joven no había sido informada de nada de lo que estaba pasando, se acerca una enfermera con una caja que transportaba un feto -que después diagnostican de 36 semanas- y dicen que es hijo de ella, que fue lo que expulsó en el baño y acá es donde empezamos a marcar la vulneración de derechos y lo irregular de toda esta situación. Primero es la diferencia entre las semanas diagnosticadas en primer momento y el feto que traen, al que no se le hace ADN, por lo tanto no está probado que sea expulsado por Belén, también hay una violación de secreto profesional, del derecho a la intimidad, porque los médicos que la atienden ya internada hacen la denuncia policial y la obligan a declarar contra sí misma”, comentó Schvartzman.

Desde entonces Belén está presa. El 8 de abril fue condenada a ocho años, “una caratula que cambia de aborto a homicidio agravado por vínculo y alevosía, figuras que no se entiende la contradicción y la condena porque por esa carátula sería reclusión perpetua y por aborto son cuatro años, entonces estos ocho años tampoco se entiende en base a qué están dados”.

Las organizaciones que acompañan a Belén reclaman además de su libertad que la Corte Suprema de Tucumán revise la condena y deje sin efecto la sentencia por estar basada en la violación del secreto médico, que la ministra de Salud tucumana ordene un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de los efectores de salud y la capacitación de derechos humanos en los hospitales y en el Poder Judicial.

Según publicó Notas.org tras la lectura de los fundamentos del fallo, la abogada Soledad Deza afirmó en el pedido de libertad, que la prisión preventiva “no ha residido en el fundamento de peligro de fuga o de que se obstaculice la averiguación de la verdad”, el único válido para una coerción. “La investigación contiene graves y serias irregularidades”, explicó Deza, “que además de violar el debido proceso, han consolidado un proceso sin garantías y han favorecido una condena sin pruebas”.

En la presentación judicial, Deza se explaya: “Se intima primero, se imputa después y luego se enjuicia a mi defendida por un hecho sobre el cual no hay pruebas”. “De hecho”, continúa, “no solo no hay constancia de que el hecho sea imputable a mi defendida, sino que no hay constancias fehacientes ni siquiera de que el hecho ocurrió”.

La abogada, en el material presentado en el juzgado, se pregunta también: “¿Qué mala praxis estarán tratando de cubrir usando el cuadro clínico de una paciente que aborta? ¿Qué otros abusos de poder ejercerán sobre sus pacientes solamente porque tienen el poder de hacerlo? ¿Por qué el Poder Judicial los deja hacer?”

En paralelo, Deza reflexiona y cuestiona: “Lamentablemente la etiqueta de ‘asesina’ estaba moralmente puesta en la paciente por el equipo de salud y la Policía al inicio de la atención sanitaria, pero –agrega- mucho más lamentable es que el Poder Judicial consolide esta tríada criminalizadora sin ni si quiera interiorizarse acerca del contexto, el espacio y las probabilidades de certeza de las acusaciones, sobre todo en vista a las pobrísimas pruebas recolectadas”.

Además de la nulidad que genera en toda la causa la violación del secreto profesional (art. 156 Código Penal), lo cual será motivo del Recurso de Casación, según informó la abogada, hay muchos elementos en el proceso que evidencian “una maquinaria simbólica al servicio de criminalizar a quien arriba a un hospital con un aborto”.

¿Por qué es un caso de violencia institucional?

Desde la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), de carácter constitucional, hasta las 100 Reglas de Brasilia, elaboradas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, la argumentación de Deza explica con precisión los motivos por los que la condena y encarcelación preventiva de “Belén” son tanto un ataque a los derechos de las mujeres como un caso de violencia institucional.

En ese sentido, propone: “Un poder Judicial con Jueces/zas y Fiscales/as especializados/as en la materia y avocados/as a la materia, es lo que permitirá incorporar la perspectiva de género en la resolución de conflictos e impartir justicia a la vida de las víctimas que denuncian”.

La abogada sintetiza:

– “Belén” está presa por ser mujer.

– Nunca contó con el principio de inocencia de su lado, por el contrario, fue culpable desde que abortó. Primero de abortar y luego presuntamente matar. Y luego finalmente de matar a su hijo, aún sin pruebas de que lo fuera. Su condena fue antes moral, luego sanitaria, luego policial y finalmente judicial.

– Fue identificada como “homicida” a los pocos minutos de que su médico ginecólogo constate el “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”.

– “Belén” con etiqueta de “asesina” tuvo custodia policial desde que despertó de su legrado.

– Fue imputada de matar a su hijo por la Fiscalía, incluso antes de que estuviera la autopsia confeccionada. Incluso llegó a ser requerida para declarar como imputada, estando internada convaleciente en el Hospital donde yacía con custodia policial en una Sala Comunitaria.

– Hasta la defensora oficial halló culpable a Belén, y jamás se atrevió a afirmar que no la imputada no había cometido ningún delito.

– Siempre vincularon moralmente a la joven a un “feto encontrado”, sin importar que hubiera sido encontrado antes de que ella ingrese al Hospital (3 am) y pese a que hay confusión en el expediente acerca de si ese famoso “feto encontrado” fue uno solo o más, si era femenino o masculino, si era de una mujer de 35 años o si es de alguien más. Esa vinculación moral se convirtió en sospecha médica primero, acusación policial después, vinculación forense a posteriori, luego registral y finalmente jurídica, todo sin ninguna prueba.

– “Belén” nunca contó con el principio “in dubio pro reo” de su lado. El Presidente del Tribunal al momento de decidir su condena dijo “que este había sido el caso más complejo que le tocó resolver al Tribunal, pero que valoraron la vida del NN hijo de la imputada” (sic del 19/04/2014).

– No tuvo un Poder Judicial que incorpore una perspectiva de género en la investigación de su causa, por ello, está privada de la libertad desde hace 25 meses. Está presa por abortar y por ser mujer.

Los frentes de feminismo y estudiantil del Colectivo Pueblo en Lucha realizarán esta tarde un taller para “derribar” mitos en torno al feminismo. Será a las 19 en el aula de conferencias del octavo piso del Departamento de Humanidades de 12 de octubre y San Juan.

Griselda Cifuentes dijo en FM De la Calle que “estamos atravesadas por un sistema patriarcal que configura nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir y el feminismo está planteándote que lo que estás haciendo probablemente no esté bueno si pensamos en otro tipo de sociedad” y agregó que “hay toda una estructura social que va en contra de todo lo que el feminismo hace”.

“Creemos necesario en estos tiempos injustos, misóginos, femicidas, acosadores, volver a pensar juntxs ¿qué es el feminismo? ¿Cómo lo construimos en nuestra cotidianeidad? ¿De dónde provienen estos mitos que rodean al feminismo como idea y como praxis?”, proponen desde la agrupación.

En ese sentido abogan por “desmitificar/desnaturalizar/subvertir, para seguir construyendo una sociedad sorora, un pueblo de sexualidades y géneros libres; en fin una alternativa política feminista”.

Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, cuestionó las declaraciones discriminatorias que realizó el intendente bahiense Héctor Gay (PRO Cambiemos) en relación al matrimonio igualitario y la diversidad sexual.

“Más allá de que por supuesto están en el marco de la libre expresión que puede tener, son muy peligrosos sobre todo por lo que pueden habilitar, sectores de la población que quizás piensan en un mismo sentido pero que creen que la vía de resolución de esto es por la violencia pueden sentirse envalentonados ante una declaración de este tipo”, aseguró Paulón en diálogo con el programa Enredados de Continental Bahía Blanca*.

Aclaró: “No lo digo en abstracto, lo digo concretamente cuando vemos que desde fines del año pasado se han incrementado en varias localidades de la costa atlántica, entre ellas Miramar o Mar del Plata, ataques xenófobos y neonazis con especial foco en la población gay y trans”.

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

Paulón afirmo que “bueno sería que se oponga a una ley vigente en todo el territorio de la república” e informó que gracias a dicha norma “más de doce mil parejas se han casado en todo el país, muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca, una ley que ha demostrado en el andar que contrariamente a lo que sostienen estos discursos de supuestos órdenes naturales ha venido a dar una respuesta concreta a la necesidad de muchísimas personas, pero sobre todo ha venido a traer un mensaje y un sentido de eliminar la discriminación de parte del Estado argentino para con las personas de la diversidad sexual”.

Más allá de la “tristeza” que provoca la persistencia de pensamientos discriminatorios en la dirigencia política y parte de la sociedad, el vicepresidente de la FALGBT dijo que también genera “una reflexión acerca de lo que aún falta”.

“A veces pareciera que cuando se aprueban estas leyes hemos completado el camino que queríamos recorrer y este tipo de declaraciones que nos retrotraen a épocas en las cuales todavía no podíamos contar con igualdad de derechos y a discursos por medio de los cuales sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica y algunos sectores políticos se oponían a la ley, demuestran la vigencia que tiene la necesidad de promover políticas públicas”.

“Sería muy importante que el intendente salga de este lugar al cual ha llevado a la ciudad de Bahía Blanca con una respuesta contundente como es la creación de un área o espacio de la diversidad sexual para promover la inclusión, la igualdad y la no discriminación en el marco de su política municipal”, concluyó Paulón.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Fue el título con el que FM De la Calle convocó a distintas referentes a debatir y compartir posiciones sobre la práctica del aborto. La iniciativa se da en el marco de construcción de una campaña sonora por la despenalización y legalización del aborto en nuestro país.

El sábado mujeres de los campos de la educación, de la salud, de los medios de comunicación, de organizaciones populares, políticas, feministas y sindicales participaron de un encuentro para conocer qué discursos nos rodean sobre el aborto, entendiendo a los discursos como constructores de prácticas sociales.

Conversar en esta ciudad muchas veces tildada de conservadora resulta  una herramienta necesaria para quitar el prejuicio a determinados temas; el aborto es uno de ellos. Entonces nos preguntamos ¿porqué no conversar sobre ello? Hacer de la voz un hecho político para construir nuevos sentidos.

radioTodas las invitadas hicieron hincapié en la necesidad de continuar dando el debate sobre un tema que debería ser de discusión no sólo entre quienes trabajan para ampliar los derechos de las mujeres, sino también para quienes tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos, generando políticas sociales que hagan de la cuestión del aborto un tema de discusión de Estado.

Las invitadas fueron Selva Lamtzev, Valentina Riganti, Luciana Foulkes, Virginia Calzada Frache, Lucía Alende, Irene Abreu, Emilia Alende, Alejandro Arrarás y Viviana Schmitd.

Las conversaciones fueron incentivadas con fragmentos de opiniones que nos encontramos en la calle, en las escuelas, en el trabajo, en la justicia. Compartimos algunos disparadores con parte de las intervenciones que se dieron lugar.

 “Si abriste las patas, bancátela”

“De eso no se habla, prefiero callar”

“Digamos las cosas como son, las mujeres abortamos”

El resto del material recopilado será utilizado para iniciar una campaña por la legalización y despenalización del aborto de carácter nacional en conjunto con otras radios comunitarias nucleadas en AMARC (Asociación de Radios Comunitarias Argentinas).

texto aborto

“No ingresaría en eso porque no lo siento y porque creo que hay un orden natural de las cosas”, dijo el intendente Héctor Gay tras ser consultado en un programa de LU2 sobre el matrimonio igualitario. Agregó: “Ahora, si alguien considera que su realización y su felicidad está allí, no tengo por qué oponerme”.

La organización Acciones Feministas salió al cruce inmediatamente y denunció que estas “expresiones dubitativas y que invocan a un ‘orden natural de las cosas’, además de evidenciar un profundo desconocimiento del tema y del marco legal vigente en Argentina, connotan negativamente al colectivo LGTBI, aportando a la discriminación que ya de por sí sufre dicho colectivo”.

“En Argentina rigen múltiples leyes y ordenanzas, desde la propiamente dicha ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, hasta la ordenanza aprobada en el HCD de Bahía Blanca que declara con forma permanente al día 7 de marzo como ‘Día de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género‘” y establece que las autoridades municipales deberán realizar campañas de “sensibilización y difusión tendientes a adoptar el criterio de aceptación de la existencia de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género en las diferentes reparticiones públicas”.

Acciones Feministas exigió el cumplimiento pleno y efectivo de la norma por parte del gobierno municipal y una reunión con el jefe comunal “para tratar estos temas con el solo fin de propiciar una sociedad menos violenta, más informada y con mayor protección hacia los grupos más vulnerados”.

“Si como dice el intendente Gay ‘hay un orden natural de las cosas’ se desprende que existen por ende conductas y prácticas anti naturales. No se trata de ‘tolerar’, palabra tan de moda últimamente, se trata de concebir a la diversidad como un valor en si mismo. Por un lado Gay pareciera intentar esgrimir un discurso político correcto pero la incomodidad ante la pregunta, su silencio y sus primeras palabras, ‘¿Cómo definirlo para no ofender a nadie?’, develan su pensamiento reaccionario”, afirmaron desde el Grupo 83 en Solidaridad + Igualdad.

Para la agrupación “no se trata de algo meramente individual, ‘si alguien considera que su realización está ahí’, estamos hablando del rol del Estado en la formulación de políticas públicas, en la promoción del respeto y de la diversidad como un derecho. Hoy el Estado municipal carece de una política concreta en materia de diversidad sexual”.

En ese sentido, propusieron crear un Área de Diversidad Sexual que “promueva la igualdad y la no discriminación” y la urgente reapertura de una sede local del INADI. “El Estado comunal debe generar políticas públicas, que más allá de la legislación progresista existente a nivel nacional, presenten el debate cultural necesario para considerar y sostener en el tiempo que la diversidad sexual es un valor de las sociedades modernas y democráticas, que reconocen la pluralidad de orientaciones sexuales como elemento constitutivo del mosaico social. Cabe recordar que en las últimas semanas se han conocido hechos de extrema violencia contra integrantes del colectivo LGTB, como los sucedidos en la ciudad de Mar del Plata”.

El Grupo 83 presentó además un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para que sus integrantes repudien los dichos de Gay y exijan políticas públicas de diversidad sexual a la comuna.

Por otra parte, miembros de la Secretaría de Diversidad del Partido Justicialista Delegación Bahía Blanca se mostraron “asombrados” por las manifestaciones del intendente: “A meses de cumplir seis años de que nuestro país aprobó una ley histórica, que iguala la diversidad de matrimonios, y que impulsa a nuestro país como vanguardia en materia de derechos humanos. Nos encontramos con preocupación y asombro ya que el intendente habla de un ‘orden natural de las cosas’ haciendo referencia a la tradición heterosexista y machista hegemónica”.

“Así estigmatizando todas las diferencias, por no ser parte de tal orden, y en ese caso dejarlo a la libertad individual. Olvidando las luchas colectivas de toda la sociedad para ampliar derechos en nuestra región. Nosotros creemos que nuestro pueblo es heterogéneo, en todos sus aspectos, cultural, religioso, y obviamente sexual”, afirmaron Nicolás Huss y Juan Reyes.

La excarcelación de Pablo Cuchán, condenado a 17 años de prisión por el asesinato de Luciana Moretti (15) en octubre de 2004 en Ing. White, motivó fuertes protestas sociales e institucionales en Bahía Blanca y Monte Hermoso, lugar donde pretende residir. El femicida estaba detenido hace 11 años y fue liberado por el Tribunal Criminal 1 -integrado por los jueces Hugo De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Eduardo d’Empaire- por su “conducta carcelaria ejemplar” y por cumplir los dos tercios de la condena sin sentencia firme. “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”, dijo la abogada de la familia Moretti.

Ayer, vecinas y vecinos de Monte Hermoso se concentraron frente a la vivienda de Los Horneros 463 para repudiarlo. La columna fue encabezada por familiares de Luciana y de Katherine Moscoso -asesinada en la ciudad balnearia en 2015. “Me preguntás cómo estoy yo, cómo está mi familia, y tenemos una bronca terrible porque es una gran tomada de pelo todo esto. Mi vida la tengo que seguir igual pero la lucha de Katy no la quiero dejar, pero todo esto te indigna, queremos saber todo lo que pasó con Katy, quiénes fueron los asesinos, los queremos presos, estamos pidiendo justicia y que venga este tipo y se instale acá…”, dijo a FM De la Calle Wanda Banegas.

“Le hicieron una nota en el cable de Monte Hermoso, fueron hasta la casa, habla como si él no fuera el asesino, como que la familia Moretti no existiera y el protagonista de todo esto es él, encima riéndose y burlándose del pueblo. Dice que va a esperar a que la gente lo acepte”, agregó la prima de Katy. Wanda comentó que conversó con Antonella, hermana de Luciana Moretti, y “no quiere saber más nada, esto la indigna, está cansada, aparte cada uno tiene que retomar su vida y es difícil, yo la entiendo y me pongo en el lugar de ella. Hay personas que juzgan no a los asesinos ni a los que cometen esas cosas sino a los familiares de las víctimas”.

“Acá los que tienen que poner las cartas sobre la mesa son los jueces y los fiscales y decir esto está mal y esto está bien: Que dejen de llenarse los bolsillos y actúen rápido contra esta gente, este es un psicópata enfermo que lo puede volver a hacer, yo hoy tengo miedo por mí, por mi hijo y mi marido y mi familia”, manifestó.

Viviana Lozano, abogada de la familia Moretti, explicó a FM De la Calle que la libertad asistida de Cuchán fue posible “indefectiblemente habiendo cumplido dos tercios de la condena que hasta este momento tiene y no habiendo sentencia firme”. Por la demora apuntó a las “apelaciones que se hicieron fuera de Bahía Blanca”, las idas y vueltas entre la Cámara de Casación y la Suprema Corte, y la “falta de recursos, jueces y empleados”.

La querellante informó que trabajan para “cuestionar la libertad en los términos que se otorgó” y dejó para que decida la familia de Luciana la posibilidad de pedir juicio político a los responsables del fallo: “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”.

Por otra parte, Lozano pidió “que no nos produzca todo esto una psicosis, todos los días sale gente de la cárcel, no nos empecemos a enloquecer, tengamos un poco de calma porque ya vemos lo que sucede cuando la gente se altera y lamentablemente cuesta vidas como pasó en Monte Hermoso, no caigamos en eso por favor, estamos en un Estado de derecho”.

Antes de la protesta realizada por la Colectiva Feminista frente al palacio de Tribunales bahiense, Nadia Guzmán dijo a FM De la Calle que tomaron la decisión judicial “con mucha bronca porque una vez más este sistema muestra que los asesinos y violentos están en las calles y las víctimas siempre nos llevamos la peor parte”.

“En la justicia y en todo el sistema que debería cuidar a las mujeres que son víctimas de violencia hay una tendencia a hacer todo lo contrario, a culpabilizar a la víctima, a ponernos a las mujeres en un lugar como si hubiéramos buscado esa situación o como si estuviéramos pretendiendo que nos pasen cosas malas cuando en realidad es una decisión que determinados hombres toman pensando que tienen más poder sobre las otras, pensando que pueden hacer uso y abuso de los cuerpos y la vida de las mujeres”, agregó.

“Desde el Ejecutivo y desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria se decidió transmitir la voluntad del pueblo de Monte Hermoso y declararlo persona no grata”, afirmó en conferencia de prensa el intendente Marcos Fernández. La resolución será tratada en el Concejo Deliberante el martes 26 y una vez aprobada se presentará ante el Poder Judicial para rectificar el lugar de residencia del reo.

El jefe comunal aseguró, en relación al femicidio de Katherine Moscoso y el posterior homicidio de Carlos Canini González, que “esto está enmarcado dentro de la sensibilidad que tiene nuestro pueblo que tenemos dos casos resonantes, realmente aberrantes, tenemos dos personas muertas y no tenemos solución de esos expedientes todavía”.

monteEn el deliberativo bahiense la edila de Compromiso Bahía Vanina González afirmó que “necesitamos que haya una modificación en la legislación vigente, en los recursos que hoy tiene la justicia para poder tomar las decisiones que toma, para que pueda cumplir con los plazos que son necesarios y también en las condenas”.

“Es momento que se trabaje de manera comprometida, responsable, de que las personas que están detenidas puedan tener cuando cumplen su condena una verdadera reinserción y una recuperación. También ser conscientes que hay gente que cumple su condena y que lamentablemente no puede ser reinsertada en la sociedad, que necesita otro tipo de tratamiento”, dijo y destacó que “necesitamos que sigan haciendo denuncias, que cada vez se animen más, a pesar de esta situación”.

La concejala de Integración Ciudadana Miriam Iantosca leyó durante la sesión del jueves el comunicado de la Red Local de Violencia de Género en el cual se recuerda que “Cuchán se reconoció a sí mismo culpable de los hechos, aunque nunca contó con una sentencia firme desde el momento de su detención”.

“Sumado a ello, la reciente decisión de dejarlo en libertad debido a su conducta carcelaria ‘ejemplar’, demuestra a las claras la misoginia de la justicia, y el valor que la misma le otorga a la vida de una adolescente bahiense de 15 años. Para que no sea una mera la consigna el NI UNA MENOS, necesitamos una sociedad, instituciones y una justicia comprometida para que femicidas como Cuchán no pongan en peligro la vida de mujeres y niñas de nuestra ciudad”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) renovó sus autoridades manteniendo los principios de pluralidad, representatividad y democracia que guían el trabajo del organismo desde su creación. Víctor Mendibil ocupará la copresidencia junto a Adolfo Pérez Esquivel, mientras que el Padre José Pepe Di Paola fue designado como nuevo pro-secretario de la institución, pasando a integrar de esta manera su mesa directiva. Mauricio Tenembaum es el nuevo vicepresidente y Roberto Cipriano García asumió como Secretario del organismo.

Como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria ha estado conformada por hombres y mujeres que son referentes de estos espacios de militancia: organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas.

Respetando los principios que caracterizan a la CPM desde sus inicios, el organismo anuncia la designación de las nuevas autoridades y reafirma su labor como promotor de políticas públicas en materia de derechos humanos y como institución de articulación entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

En virtud de estas definiciones, el pleno de la CPM decidió la designación de Víctor Mendibil como co-presidente del organismo, junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El nombramiento de Mendibil es un reconocimiento a su sostenido trabajo en la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos tanto en su larga trayectoria como militante sindical como así también en la activa participación que desarrolla desde nuestra institución.

Desde los años setenta, Víctor Mendibil se destacó por su compromiso con la clase trabajadora. Fue protagonista de las luchas combativas y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores judiciales, ocupando distintos espacios de conducción en la Asociación Judicial Bonaerense, la Federación Judicial Argentina y también de la CTA, desde donde se desplegó la dura confrontación con el neoliberalismo y las múltiples violaciones de derechos que implicó para el conjunto del pueblo. Mendibil, además, realizó una frondosa tarea en las distintas instancias internacionales que nuclean a las organizaciones sindicales buscando articulaciones regionales que fortalezcan su lucha.

Mauricio Tenembaum -miembro fundante del organismo, referente de la comunidad judía y de una extensa trayectoria en la lucha por derechos humanos y la democracia- fue elegido como vicepresidente. El padre Pepe Di Paola, recientemente sumado a la CPM e integrante del grupo de “curas villeros” -símbolo de la lucha contra la pobreza y las múltiples violencias que de ella devienen- fue elegido como pro secretario. Roberto Cipriano García, quien fuera en su momento el Director del Comité contra la Tortura de la CPM, ocupará el cargo de secretario del organismo.

Completan la lista de autoridades: Elisa Carca que seguirá ocupando su cargo como vicepresidente, mientras que Susana Méndez y Ana Barletta se mantienen como tesorera y pro-tesorera, respectivamente.

Fuente: CPM

Personal de la Fiscalía Federal 2 y la Prefectura Naval rescataron a 25 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en locales de Bahía Blanca y Punta Alta. Los allanamientos se realizaron la madrugada del viernes en la parrilla El Gran Chaparral y el bar Brodway, ambos del barrio El Saladero, y el cabaret rosaleño La Esquinita. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi rechazó hacer detenciones hasta conocer informes de los equipos del Ministerio de Justicia que atendieron a las víctimas.

El fiscal Alejandro Cantaro informó que en la causa confluyeron tres investigaciones que se tramitan desde hace varios meses sobre “distintas personas que en locales como bares o parrillas en algún momento cambiaban la cuestión y había mujeres explotadas, en estos casos el comercio sexual no era en el mismo lugar, no había habitaciones sino que iban a otro lugar”.

“La madrugada del viernes el equipo de la Fiscalía Federal 2 se concentró a las once de la noche, hicimos todos los contactos, y los operativos fueron: uno en Punta Alta, se rescataron catorce mujeres, dos en el Saladero, entre el Guanaco y White que había un bar Brodway y la parrilla El Gran Chaparral donde también se rescataron algunas mujeres. Se las trajo hasta la fiscalía y con presencia de los equipos de psicólogos y trabajadores se les recibió declaración y se confirmó los indicios que teníamos”, aseguró.

El funcionario judicial afirmó durante el programa Enredados* que “los tratantes ejercen violencia y todo tipo de amenazas, ayer (por el viernes) estaba en la combi de Prefectura en el que habían trasladado a las chicas, como la Fiscalía 2 tiene todo vidriado adelante vimos que había un auto estacionado, alguien lo identificó, se bajó un tipo del auto y empezó a mirar hacia donde estaban las chicas y nos dimos cuenta que era uno de los tratantes, cuando bajamos salió arando. Hay una presión constante y para quien probablemente no haya conocido mucha alternativa o provenga de una familia donde el ejercicio de la prostitución es común es difícil y el sometimiento al tratante es una cosa bastante naturalizada”.

 “La esclavitud o el sometimiento no es esa imagen estereotipada de varias mujeres encerradas y desgreñadas. Aparte las imágenes dicen cosas, cuando se quiere comunicar eso es porque, si fuera ese el estándar, de ahí para abajo es simple libertad. Hemos escuchado declaraciones de los tratantes que dicen ‘pero si las mujeres salen todos los días, yo no las tengo encerradas con llave, no las tengo encadenadas’.

“Claro, la nueva esclavitud es que a las chicas paraguayas se les paga el pasaje, se lo van descontando de los servicios sexuales, como el pase vale promedio 400 pesos ella se lleva la mitad, de esos 200 les descuentan la comida, el alojamiento -si es que la alojan-, la peluquería, el ginecólogo y entonces le quedan 80 pesos y esos 80 se imputan a la cancelación del viaje. Y el dinero para los hijos y la familia lo manda el proxeneta y les retiene el documento”, relató Cantaro.

El director del Consorcio de Gestión del Puerto y presidente de Huracán, Marcelo Osores, junto al imputado Víctor Hugo Iglesias. (Foto LNP)

Los operativos incluyeron el allanamiento del hotel del ex presidente del Club Huracán Víctor Hugo Iglesias, ubicado en Guillermo Torres al 4000. Allí se secuestraron 170 mil pesos y celulares.

“Iglesias tiene una causa ya por trata de personas y nosotros pretendemos probar alguna conexión con estos otros, porque hay conversaciones telefónicas donde lo mencionan y donde dicen que a la chica la llevaron acá (…) Se secuestró  mucho dinero, como se trata de una persona que no se le reconoce una actividad lícita es dable sospechar que viene de la actividad ilícita y también hasta podría estar involucrado en una cuestión de lavado de dinero”, explicó el fiscal.

Las mujeres rescatadas fueron atendidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctima (DOVic) y del Centro de Atención y Asistencia a la Víctima.

La investigación se había iniciado el 13 de febrero de 2014, a raíz de un llamado anónimo recibido en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daba cuenta de la existencia de un posible caso en Ingeniero White.

En esa oportunidad, indicaron que mujeres menores de edad serían trasladadas desde Bolivia, Paraguay y la provincia de Salta dentro de camiones de cereales con fines de explotación sexual. El denunciante agregó que las jóvenes habrían sido entregadas por $40.000 a un hombre de aproximadamente 40 años, quien, además, fue identificado como dueño de un prostíbulo en la zona del puerto, solapado como negocio de venta de bebidas.

Las tareas de investigación encomendadas a la Prefectura Naval Argentina permitieron vincular a la persona denunciada con el bar nocturno “Brodway”. Asimismo, se detectó el traslado rotativo de las presuntas víctimas entre los distintos locales.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

(Por Helen Turpaud Barnes) En una nota “de color” del diario Clarín del 22 de diciembre de 2015 titulada “Mujeres con falda desafían los gigantes nevados en Bolivia” se cuenta sobre un fenómeno aparentemente novedoso: mujeres aymaras suben como porteadoras y/o ayudantes de guías a la cumbre del cerro boliviano Huayna Potosí (6088msnm). La nota comienza diciendo:

“No parecen montañistas, salvo por el casco, los lentes polarizados y los zapatos de grampones. Sin embargo, este grupo de mujeres aymaras escalan la montaña vestidas con sus largas faldas tradicionales de varias capas, mantas de flecos y un atado multicolor al hombro como si fueran de compras.”

Más allá del probable uso marketinero de la situación, la confluencia de mujeres, tradición y domesticidad no es algo nuevo, por cierto: las mujeres, sobre todo las identificadas con los pueblos originarios, parecerían cargar sobre sus espaldas no con mochilas de trekking sino más bien -como apuntan las Mujeres Creando de La Paz- con la obligación de ser las “guardianas” de la tradición cultural de sus pueblos, especialmente en un aspecto: el de la vestimenta. Los hombres que se identifican con los pueblos originarios de países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú y otros, en muchos casos han adoptado (o se les han impuesto) las ropas occidentales de modo más generalizado que las mujeres de esas comunidades (incluso el uso del sombrero “bombín” que es de origen europeo y que en Bolivia es propio solamente de las mujeres, ha pasado a considerarse tradición de las “cholitas”, y no de las “cambas” o “blancas”). Si la nota en cuestión fuera sobre hombres aymaras que se dedican a guiar, cocinar y/o portear en las montañas de la Cordillera Real, la cuestión de las tradiciones, al menos en la vestimenta, probablemente estaría ausente.

Pero ese no es el único problema al leer los cuerpos originarios. Tanto la nota como todo un imaginario se “sorprende” de que las mujeres aymaras “salgan” a la montaña. Por eso su aspecto pareciera recordar –según la persona que escribió la nota- a mujeres que “van de compras”, como si el lugar de pertenencia de las aymaras fuera el pequeño círculo doméstico que habitualmente entendemos como “salir de compras” en una ciudad (detrás de esta “sorpresa” se entrevé además cierta idea de que las mujeres occidentales estarían más “liberadas” que las originarias). Muchos pueblos originarios de Nuestramérica no necesariamente mantienen la misma división sexual de las esferas pública (considerada “masculina”) y privada (“femenina”) que prevalece en la cultura europea y sus derivaciones coloniales mestizas o “blancas”. Las mujeres aymaras, como muchas otras mujeres originarias, se han dedicado durante siglos a salir a comerciar entre poblados, o en lugares donde el par rural/urbano no tenía (no tiene) el mismo sentido que para la espacialidad occidental. Las tareas “masculinas” y las tareas “femeninas” no siguen la lógica occidental de que lo “físicamente pesado” sería para varones, mientras que lo menos “pesado” sería tarea femenina. En la puna boliviana no es tan extraño ver mujeres trabajando de albañiles, en la construcción de carreteras, al cuidado de la agricultura y el ganado, descargando bolsas de cemento, ropa o alimentos de camiones o al cruzar de un país a otro. De hecho, se puede llegar a escuchar turistas de la Argentina “quejarse” de que en Bolivia los hombres “les dejan los trabajos pesados a las mujeres” (idéntico reproche aparece en el Martín Fierro respecto de los “indios” en la “frontera”). (Si hiciéramos un estudio diacrónico de las propias sociedades occidentales en tiempos de nuestros abuelos y abuelas también veríamos claramente que lo entendido como “tarea de hombres” y “tarea de mujeres” –así como los criterios usados para sostener dicha división- ha sufrido grandes variaciones.)

Esto tampoco quiere decir que no haya problemas de violencia machista en países o regiones de fuerte presencia originaria. Solo significa que el cristal con que miremos esta situación no debe ser el mismo que usemos para nuestro propio entorno, si somos de clase media urbana “blanca”.

La traslación de las categorías urbanas propias de sectores medios “blancos” para aplicarlas al análisis de las tareas de mujeres originarias (ya sea en zonas urbanas pobres o en zonas rurales) es un recurso permeado de clasismo en tanto desconoce que lo que hacen las mujeres de clase media urbana no es lo mismo que lo que hacen las mujeres campesinas. Y también es una mirada racista que olvida que la división sexual del trabajo entre dos esferas diferenciadas (lo público y “pesado” como propio de lo masculino por un lado, y lo privado y “delicado” como lo femenino por el otro) responde principalmente a un marco específico: la mirada de clase media “blanca” eurocentrada. Esto no quiere decir que no haya divisiones sexuales de las tareas en muchas sociedades no occidentales, pero ciertamente estas divisiones no tienen en cuenta los mismos aspectos. Lo mismo se aplica para las diferentes clases sociales.

La línea que conecta racismo, clasismo y machismo es más intrincada de lo que habitualmente vemos. Muchas actitudes que para mujeres de sectores medios o altos implican de por sí un cuestionamiento de los estereotipos de género, pueden ser para mujeres de sectores bajos algo de significación totalmente diferente. “Cuestionar la feminidad” para una mujer de clase media-alta (hacer tareas “pesadas”, no maquillarse ni hacerse cirugías estéticas, no verse constreñida por cuestiones de sobrepeso, tener una gestualidad “masculina”, etc.) en el caso de mujeres pobres muchas veces no es producto de una rebelión contra los estereotipos de género sino de un modo específico de expropiación material y simbólica operada sobre su clase. Las mujeres de sectores populares que deben realizar tareas físicas pesadas en trabajos altamente precarizados, las que no tienen suficiente dinero para pagar productos cosméticos o cirugías, las que tienen escaso o nulo acceso a la salud nutricional y a alimentos de calidad y las que portan una corporalidad entendida como “masculina” para la mirada clasemediera, son parte de un modo de vida caracterizado por la inaccesibilidad a aquellos bienes simbólicos y materiales que hacen a la “femineidad” de las mujeres de clase media. Así, una mujer “blanca” con educación universitaria que sea leída como medianamente “poco femenina” en sectores medios, difícilmente sea vista igual para mujeres de sectores populares, y más bien será muy previsiblemente identificada como un cuerpo portador de ciertos privilegios de clase, y no como un cuerpo que escapa a la feminidad hegemónica.

Esto de algún modo nos ayuda a comprender que, para las mujeres, cuestionar los estereotipos de género no es necesariamente oponerse a los códigos y marcas de la “feminidad” como si fuera algo abstracto, sino ver qué puede haber en ella de opresivo y qué puede haber de autonomía. Por lo demás, cada sector social puede tener conceptos diferentes de “feminidad”. Sin considerar el contexto social y cultural, es imposible hacer este análisis.

En una reunión docente en Bahía Blanca, un profesor de Educación Física explicaba las razones que creía tener para oponerse a que chicos y chicas hicieran actividades físicas en conjunto. Expresó lo siguiente: “no podés poner a chicos y chicas a jugar al fútbol juntos porque estas siempre van a perder y encima son delicadas y no se la bancan”. “Sin embargo” –agregó- “las chicas de los barrios juegan como indios, algunas mejor que muchos varones porque son re machonas”. El estereotipo de género se mantiene intacto para los sectores medios en base a una supuesta diferencia “natural” que escamotea su condición de clase, mientras que lo que el docente entendía como “excepcionalidad” era explicada en términos racistas y clasistas que evitaban entender el fenómeno en términos de diferencia sexual. Cuando hablaba de la clase media, hablaba de mujeres y varones; cuando hablaba de sectores pobres, hablaba racializando y otrificando.

En este razonamiento se muestra cómo se usan criterios contradictorios en la lectura de los cuerpos sexuados según la extracción social de los sujetos involucrados. Esto le impidió a ese profesor usar el ejemplo de las “chicas de los barrios” para cuestionar el estereotipo imperante en los sectores medios, y también le impidió repensar su decisión de negarse a brindarle a las chicas de clase media la oportunidad de desarrollarse físicamente de modos más amplios y empoderantes (lo cual, dicho sea de paso, es una de nuestras obligaciones como docentes). Está claro que las mujeres de sectores pobres tienen menos oportunidades educativas que las otras, pero el privilegio de clase que ostentan estas otras es al precio de ser consideradas más “inútiles” para ciertas actividades, a su vez que esta “inutilidad” las “protege” de ser consideradas “indias” o “machonas”. La condición de “femenina” actúa aquí como una etiqueta desigualmente asignada según la clase social a la que se pertenezca, como un “premio” que algunas no se merecen. En resumen: la “feminidad” como privilegio de clase.

Si cruzamos estas concepciones sobre los cuerpos de adolescentes urbanos/as con el modo estereotipado de leer los cuerpos originarios se complica aun más el panorama.

Así, un análisis de los estereotipos de género no puede ir por separado de un análisis del contexto social en que estos estereotipos operan. Caso contrario, corremos el riesgo de hacer lecturas erróneas, invisibilizar las voces propias de cada territorio y plantear caminos de lucha escasamente significativos para los sujetos que los transitan. Esto vale también como advertencia frente a la incorporación cada vez más rápida y acrítica de categorías de la “clasificación racial” usada en Estados Unidos: escuchamos usar el término “caucásica”, “afro-americana”, “hispana”, “latina”, etc. para clasificar a personas en Argentina o países vecinos. Una persona que en nuestro país se autodefina como “blanca” o “caucásica” en EE.UU. difícilmente sería entendida del mismo modo. Esta es una de las tantas razones por las cuales rechazar la importación del patrón utilizado para la “racialización” operada en países del “Primer Mundo” sobre migrantes, turistas, refugiados/as, etc. Debemos elaborar nuestras propias categorías que permitan comprender la densa e intrincada trama de los racismos operantes en nuestros territorios.

Volviendo al principio, en realidad lo que debería llamar nuestra atención es el hecho de que personas de comunidades originarias (tanto hombres como mujeres) se aboquen como sujetos secundarios en trabajos altamente precarizados a tareas que tienen que ver con actividades europeas de raíz colonial. El montañismo como deporte y como actividad turística tiene su origen en los viajes exploratorios que hacían los grupos colonizadores europeos: los pioneros y pioneras de esta disciplina fueron principalmente exploradores/as y aristócratas de Inglaterra, Francia, Suiza, etc. que se dedicaban a recorrer los lugares que aun afianzado el colonialismo eran todavía bastante inaccesibles para el pie europeo en Asia, América y África ya entrados los siglos XIX y XX.

Los pueblos originarios de América, en cambio, han recorrido las montañas andinas por siglos y siglos. Su inserción actual en el mercado del turismo aventura como sujetos racializados y “generizados” tiene muy poco de pintoresco.

La Comisión por la Memoria (CPM) realizará este sábado un encuentro de la militancia por los derechos humanos. Políticas de memoria, la lucha contra la violencia institucional y la tortura, la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y la consolidación del Estado democrático figuran entre los principales ejes de debate propuestos.

“¿Qué hacemos? Las estrategias de intervención en el territorio” es la consigna para esta jornada enmarcada en el 40º aniversario del último golpe de Estado. “Sin ninguna duda el protocolo contra la protesta social y la detención de Milagro Sala son dos alertas muy importantes porque si se cercena el derecho a la protesta, el resto de los derechos se ven cercenados. La base de los derechos humanos es la posibilidad de su exigibilidad, de poder reclamarlos”, dijo a FM De la Calle la directora de Áreas de la Comisión Sandra Raggio.

“Para nosotros la memoria es la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos tiene que ver con las políticas de memoria. Por eso la Comisión no solo ha destinado a lo largo de estos años programas vinculados tanto con las clásicas políticas de memoria vinculadas con el terrorismo de Estado, con no olvidar lo que pasó, la reivindicación de las víctimas, la demanda de justicia, la política de archivos y educativa, sino también lo que ha sido todo el trabajo de monitoreo en las cárceles y la atención de denuncias por violaciones a los derechos humanos ligadas con la violencia policial y judicial”, afirmó.

Raggio afirmó que “no hay democracia sin plena vigencia de los derechos humanos, pero es cierto que en los últimos años cuando uno habla de derechos humanos muchas veces asocia con la dictadura militar o con los organismos históricos asociados con la dictadura, pero también en los años 90 el movimiento histórico de derechos humanos fue uno de los núcleos fundamentales para la resistencia al neoliberalismo ampliando la agenda y uniéndola con las peleas de los sectores populares, en 2001 hemos visto a las Madres de Plaza de Mayo resistiendo a la brutal represión en plena crisis del neoliberalismo, y también esa relación se da pero un propósito para nosotros es que se consolide y fortalezca”.

“La verdad que las políticas regresivas tanto en materia económica como también lo que ha sido el protocolo de la protesta social, la detención de Milagro Sala, los despidos masivos, la política de ajuste vinculada con este aumento impresionante de las tarifas que impactará seguramente en la capacidad de resolver sus necesidades básicas a las familias, también están vinculados con los derechos humanos”, sostuvo la directora.

El Encuentro provincial por los derechos humanos, del cual FM De la Calle será una de las oganizaciones bahienses que participarán, será este sábado 9 de abril a partir de las 9 en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Quienes estén interesadxs pueden inscribirse enviando un mail al siguiente correo: [email protected]

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