“Dejemos de recortar la temática de violencia de género a situaciones puntuales”

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“Desde el Consejo Local de Mujeres pedimos el año pasado al Municipio que convoque a la Mesa Intersectorial, como una directiva del Ministerio de Géneros de la provincia y aun no hemos tenido respuesta”, comentó a FM De la Calle, Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género.

El lunes, en la apertura de las sesiones deliberativas el intendente Héctor Gay se refirió a las políticas adoptadas por el Municipio en materia de violencia machista.

“Coincido con Gay que es clave la capacitación de todo el personal, es importante lo que propone para articular con efectores de salud, el Poder Judicial, la comisaría y las organizaciones”, dijo Dinoto.

Respecto al anuncio de las reformas en el hogar que alberga a mujeres en situación de violencia mencionó que “es muy lamentable la demora para refaccionar y arreglar este edificio, evidencia que hubo otras prioridades y estamos a principios del 2021, más de un año desde que sucedió el incendio”.

“Mientras tanto funciona en un refugio que está ubicado dentro de un predio que la Curia cedió para que pudieran estar, no hubo mucha demanda para su uso porque el protocolo para poner el práctica a raíz del Covid era muy rígido como para que la mujer acceda a trasladarse a ese lugar con sus hijos”, agregó.

Dinoto apuntó que en el discurso “se omitieron dos recursos importantes que la provincia le hace llegar a los municipios: el Fondo de Emergencia para Situaciones de Violencia y el Potenciar”.

En relación al primero, señaló que “es un fondo económico que permite a las mujeres reparar algunos daños materiales a través de este dinero que es cedido al Municipio para que lo administre. Es específico, viene a nombre de la coordinadora Ana Maceratesi y es ella quien se encarga de administrarlo. Ella tiene que detallar los egresos y puede pedir ampliación en caso de que se agote”.

“El Potenciar es generado desde el Ministerio de Desarrollo Social que cede (la gestión) al Municipio para que entreviste a las mujeres o diversidades para que puedan acceder a este beneficio”.

“Dejemos de recortar la temática de violencia de género a situaciones puntuales y aceptemos el desafió de brindar respuestas integrales”, finalizó.

/por

Se cumple un año del femicidio de Susana Melo y la causa no avanza

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A casi un año del femicidio de Susana Melo en Ing. White, la familia denuncia que no tienen novedades del juicio ni de nuevas medidas en la investigación.

El 21 de marzo del año pasado, la mujer fue asesinada por su pareja, Raúl Gregorio Costa, quien confesó haberla matado y permanece en prisión preventiva desde entonces. Días atrás, allegados a la víctima denunciaron que Costa tenía acceso a redes sociales.

“Hace unos días me llamaron de la Comisaría 3º para ir a identificar ropa de mi mamá que secuestraron en el allanamiento hace casi un año. Solamente nos tomaron declaración cuando todo pasó, después nunca nos llamaron”, señaló a FM De la Calle Rosana, hija de Susana.

Agregó que “le hicimos saber enseguida a la justicia que tenía acceso a redes, no puede ser que el goce de esos derechos adentro, nosotros estamos esperando el juicio y no pasa nada”.

Dos meses antes del femicidio, Costa golpeó a la víctima y le fracturó la tibia y el peroné. Melo terminó internada. “Cuando la mandó al hospital en enero le mandaba mensajes amenazándola. Esos mensajes los tiene la justicia. Cuando la mató andaba contando por todos lados que le iba a pegar un tiro”.

Rosana radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer cuando Costa golpeó a su madre: “Quedó en la nada porque tenía que ir a declarar una de las testigos que es clave para el juicio y la señora no quería tener problemas, no sabemos si estaba amenazada”.

“Tengo entendido que tuvo otras denuncias, de su pareja anterior y varias denuncias más por inconvenientes en la calle”, subrayó.

Rosana señaló que noticias como el femicidio de Úrsula Bahillo la hacen pensar en su madre. “Creemos que las mujeres estamos muy desamparadas, porque a la primera denuncia tienen que hacer algo, si tiene una perimetral y se vuelve a denunciar que se acercó, no hacen nada. La justicia a la mujer no la cuida, si no nos cuidamos entre nosotras no nos cuida nadie”.

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Violencia machista: postergaron indagatoria a Pera

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La declaración indagatoria del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, prevista para esta mañana fue postergada hasta el 29 de marzo. Se le imputan lesiones y amenazas contra su ex pareja. El ex concejal no pudo ser notificado.

La abogada Fernanda Petersen dijo a FM De la Calle que fue por “estrategias dilatorias” por parte de la defensa y advirtió que “vamos a seguir hasta que tenga una condena”.

“No dejamos de merituar que está citado a indagatoria: en la audiencia el fiscal le va a leer formalmente el hecho que se le imputa, le va a decir cuáles son las pruebas que hay y él decidirá si declara o no”, destacó.

La abogada de la denunciante explicó que la audiencia fue fijada a fines de 2020, “se presentó un certificado médico y la perito que hizo la evaluación dijo que estaba en condiciones de concurrir”.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

“Con el dictamen pericial el fiscal fijó la audiencia para hoy y el defensor Sebastián Martínez presentó otro certificado médico advirtiendo que el acusado iba a estar fuera de la ciudad por un tratamiento, a lo cual se sumó la falta de notificación por parte de la Gendarmería”.

Petersen sostuvo que “claramente si no se pudo notificar formalmente no se le puede exigir que se presente. A partir de ahora estaremos más encima de este tipo de detalles y veremos qué medidas pedimos para evitar la dilación de la audiencia”.

“Para llegar a este momento se incorporó todo tipo de pruebas, desde testimoniales -que en estos delitos son muy difíciles y, en este caso en particular, es una persona que pertenece a un sector gremial, que tiene un poder específico, real y simbólico dentro de la ciudad-, se realizaron pruebas psicológicas, de los celulares, hay fotos”, enumeró.

Finalmente afirmó que “las dilaciones siempre operan en contra de la psiquis de la víctima. Que le tenga que avisar unas horas antes que esto se suspende por estos motivos claramente es otra situación violenta, es revivir lo que pasó”.

“También es cierto que el acompañamiento de las agrupaciones de mujeres que hoy están frente a la Fiscalía, sabiendo que no se iba a hacer la audiencia, muestra cómo está cambiando esta situación”.

/por

Violencia machista: Pera fue citado a indagatoria

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El secretario general de la UTA, Ricardo Pera, fue citado a indagatoria en el marco de la causa por violencia machista iniciada a fines de 2019 a partir de una denuncia de su ex pareja.

Deberá presentarse este jueves a las 11 en Moreno 25. La IPP N° PP-02-00-026646-19/00 caratulada “Pera, Ricardo Javier s/Lesiones agravadas, Amenazas” está a cargo del fiscal Juan Pablo Schmidt.

En diciembre, el ex concejal del massismo fue condenado por lesiones leves y amenazas.

La denuncia

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre de 2019 junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

«Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia», afirmó Trespando a FM De la Calle.

Denuncian a Ricardo Pera por violencia machista

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

La indagatoria

En los últimos meses se incorporaron al expediente testigos, fotografías, pericias psicológicas y evidencias tecnológicas que acreditaron la denuncia y se solicitó la declaración indagatoria.

El abogado defensor, Sebastián Martínez, aportó la misma historia clínica con la que el imputado pretendió esquivar su presentación en el juicio por las agresiones ocurridas en el Concejo Deliberante.

Descartadas las excusas se lo convocó a declarar mañana ante el fiscal. Según informaron desde la querella a FM De la Calle, Martínez presentó nueva documentación de la Clínica Modelo planteando que Pera no está en condiciones y que por un cuadro de estrés debe ser atendido en un centro de salud adventista de Entre Ríos.

Hasta anoche, el fiscal Schmidt no había resuelto al respecto. Si la citación se mantiene y el dirigente de la UTA no compareciere podría ser declarado en rebeldía.

La condena anterior

Pera fue condenado a fines de 2020 a un año y diez meses de prisión de ejecución condicional por agredir a dos de sus pares en el recinto del Concejo Deliberante. Los hechos, de los cuales resultaron víctimas Sergio Massarella y Gustavo Mandará, ocurrieron durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 2015. Fueron calificados como lesiones leves y amenazas.

Violencia en el Concejo: condenaron a Ricardo Pera

El titular del Juzgado Correccional N°1, Gabriel Giuliani, determinó que el secretario general de la UTA deberá realizar «un tratamiento sicológico para abordar la problemática que subyace del hecho por el cual fuera condenado, previo dictamen que efectúe la Asesoría Pericial Departamental». Por otro lado, el ex edil no podrá «entablar contacto por cualquier medio con las víctimas».

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“Nos faltan las pibas, nos sobran los machos”

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Se realizó una marcha para pedir justicia por las víctimas de femicidios. La movilización partió desde la Plaza Rivadavia y pasó por la Comisaría de la Mujer. La convocatoria respondió al malestar colectivo luego del femicidio de Úrsula Bahillo a manos de su ex pareja y agente de la Policía Bonaerense, Matías Ezequiel Martínez.

La joven había denunciado al policía en 17 oportunidades y tenía una perimetral. Le había escrito a una amiga “si no vuelvo, rompan todo”. Días más tarde, Martínez la asesinó.

“Hoy nos volvemos a convocar en las calles para visibilizar el panorama trágico y desalentador que el Estado maneja hacia las mujeres y disidencias. Desde el gobierno consideran que se han dispuesto políticas para ayudar a las víctimas de violencia machista durante la pandemia, cosa que vemos a diario que no es así. Tenemos un Estado vacío de contenido estructural y económico, para hacer de su discurso un acto real mientras nosotras seguimos siendo asesinadas”, señaló ayer Daniela, una de las manifestantes.

Agregó que “las muertes violentas del relató mediático oficial no son hechos aislados, son crímenes de odio generados por un sistema patriarcal legitimado. El femicidio nuestro de cada día parece no activar los resortes de un Estado que degrada sus recursos y abdica su responsabilidad, el extremo de un abanico de violencias de género solo enfrentada por los colectivos organizados”.

“Denunciar no sirve cuando la policía es cómplice de un Estado que no garantiza nuestro cuidado. Las relaciones de poder siguen siendo desiguales y hasta que eso no cambie la realidad seguirá siendo desigual para las mujeres e identidades disidentes, tenemos una asistencia pública precarizada, hay una relación directa entre derechos económicos y vulnerabilidad en las violencias”, señaló.

Daniela agregó que “la vida, los derechos y las libertades de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries no se cuida con presupuestos recortados, políticas vaciadas y trabajadoras precarizadas, no alcanzan las leyes si no se cumplen, no alcanzan los cursos si no tienen perspectiva de género, no alcanza que denunciemos si la policía es cómplice, nos prostituye, nos viola, nos golpea y nos desaparece. Nos faltan las pibas, nos sobran los machos, el Estado es responsable”.

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Convocan a una marcha contra los femicidios

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Será esta tarde a las 19 en la Plaza Rivadavia, “Nos autoconvocamos por Úrsula y todas las víctimas de violencia machista”, dice el llamado.

Se trata de una movilización que tiene origen en el reclamo por el femicidio de la joven de 18 años de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Úrsula fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, agente de la Policía Bonaerense.

El lunes por la noche cuando amigos, amigas y familiares se presentaron en la comisaría de dicha localidad para pedir justicia, la policía disparó balas de goma e hirió a varios manifestantes desde adentro de la dependencia.

Úrsula había denunciado en, al menos, 17 oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género. El policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

Según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, en lo que va del 2021 se produjo un femicidio cada 25 horas. El 70% de los femicidas son parejas o exparejas. Cuatro de ellos son integrantes de las fuerzas de seguridad.

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33 femicidios en 31 días del año

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A partir del análisis de medios gráficos y digitales, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” dio a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 y el 31 de enero de 2021.

Las estadísticas contabilizan 33 femicidios desde que comenzó el año, lo que da como resultado un femicidio cada 23 horas.

Agregan que el 66,7% de los femicidios fue cometido por parejas y ex parejas de las víctimas y el 36,4% ocurrió en la vivienda de la víctima. Hay al menos 27 niñes huérfanes.

“Continuamos viendo con preocupación la actuación y, en ocasiones, la omisión de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad”, señalan desde el Observatorio.

Seis víctimas del total habían realizado al menos una denuncia y sólo tres tenían medidas de protección y, sin embargo, las asesinaron.

Por otro lado, en tres de los crímenes contabilizados el agresor pertenecía a una fuerza de seguridad. “En este sentido, no sólo es fundamental la formación en perspectiva de género en las fuerzas, también es vital retirar el arma reglamentaria a miembros de que tengan denuncias de violencia machista”.

En tanto, en los primeros 31 días del año registraron dos trans/travesticidios. ¿Esa cifra implica que no ocurren? “Definitivamente no. Los asesinatos por razones de género a diversidades están presentes en nuestro país pero los medios de comunicación invisibilizan a estas víctimas”.

“Desde los discursos y mensajes mediáticos se construye sentido y se ejerce violencia. Es urgente romper el pacto mediático patriarcal. Exigimos la aprobación de la Ley de Equidad en Medios para tener una mirada de género transversal así como la participación de otras voces”, finaliza la presentación del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

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Interrupción Legal del Embarazo en Bahía: ¿desde dónde partimos para implementar la ley IVE?

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(Por Giuliana Crucianelli) La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó el 29 de diciembre pasado y se reglamentó el 15 de enero. Sin embargo, el aborto por causales ya era legal desde su incorporación en el Código Penal hace cien años. Ahora bien, ¿desde dónde partimos? ¿Qué trabajo se venía haciendo en Bahía y la región con lo que ya era ley? ¿Qué posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo, estipulada por el CP, había hasta la aprobación de la ley?

En el 2012 la Corte Suprema reinterpretó el marco normativo y precisó el alcance del aborto no punible o ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86 del CP en tanto ‘algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre’.

Sabemos que por más de avanzada que sea la ley, si no se lleva a la práctica es letra muerta. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó el primer informe (en CIEN años) de gestión de la ILE, durante el primer semestre del 2020. Hasta entonces no existían registros ni datos oficiales sobre la interrupción del embarazo sistematizados y confiables, necesarios para la toma de decisiones y el monitoreo de la política pública. Por lo tanto, no era posible establecer la cantidad de ILEs que se realizaban en la PBA.

Región Sanitaria

En la Región Sanitaria 1, que comprende 15 municipios, quienes hasta la aprobación de la ley contaban con equipos de ILE, eran tan solo cinco: Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Coronel Rosales y Adolfo González Chávez.

“En aquellos municipios donde no hay equipos se cuenta con derivación al (Hospital) Penna y llegan las demandas del 0800 de salud sexual para poder coordinar el acceso a esa práctica. Llega una solicitud por mail, me contacto con la persona y en el caso que no pueda trasladarse a Bahía coordinamos con el Municipio para que le garantice el acceso al viaje”, señaló a FM De la Calle, Mariana Rubio, referenta regional del Programa de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud provincial.

En abril y mayo del corriente año las demandas de ILE a nivel provincial superaron las 500 secuencias mensuales. “La duplicación de casos en el primer semestre de este año corresponde entre otros motivos con el ASPO”, señalan en el informe.

¿Qué pasa en Bahía?

En lo regional, se estima que se realizan 50 interrupciones legales del embarazo al mes. La mitad o más corresponden a Bahía.

“Desde el primer nivel de atención, en varias Unidades Sanitarias hay equipos que garantizan el acceso hasta la semana 12. En el Hospital Penna desde la semana 12 hasta la 19 se está atendiendo la demanda (para abortos no punibles no hay límite de edad gestacional). En el Penna se atiende a las mujeres de municipios que no cuentan con equipos de ILE. El Hospital Municipal no cuenta con equipo para garantizar la ILE”, destacó Rubio.

Según el informe del Ministerio “del total de interrupciones legales de embarazo registradas en la provincia, el 57% se realizaron en el primer nivel de atención, en su mayoría en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS); mientras que el 40% en el segundo nivel, principalmente en hospitales provinciales”.

“En Bahía, antes de la pandemia había 56 unidades sanitarias funcionando, se redujeron para efectivizar la atención, pese a que en la red somos 30 efectores, son 15 unidades en las que funcionamos. Eso significa que una persona tenga que cruzar la ciudad para dar con alguien que garantice el derecho. La mayor parte de las ILE se garantizan en el primer nivel, sin embargo, en unidades sanitarias solo el 10% de efectores lo garantizamos. Esto sobrecarga al personal y genera barreras. Estamos esperando que la Secretaría de Salud dé una respuesta, generando una sensibilización al personal de la salud», destacó la médica e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Belén Ferro Moreno.

Según Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna “se trabaja en forma coordinada con la US. Se está cumpliendo lo que la ley propone, no hemos tenido grandes problemas con lo que marca la ley”.

Misoprostol

Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron en FM De la Calle que el precio del Misoprostol, medicación utilizada hasta la semana 14 para procedimientos ambulatorios, depende de la marca y del laboratorio. Actualmente se consiguen dos en nuestra ciudad: Oxaprost y Misop 200. Se venden bajo receta archivada, como los psicofármacos, y cuestan por encima de los 7 mil pesos la caja de 12 comprimidos.

En tanto, en el sistema de salud público, Mariana Rubio informó que “el Misoprostol viene directamente desde la provincia y el Penna recibe exclusivamente para su uso, y en Región Sanitaria hay para los municipios. A partir de marzo la provincia comenzó a garantizar la compra del Misoprostol y la distribución. El insumo esta garantizado desde allí para todos los municipios”.

Abortar acompañada de redes y organizaciones feministas

Sin embargo, por fuera del sistema de salud, también se aborta. Las Socorristas en Red contabilizaron del 1/1/2020 al 27/12/2020, 475 acompañamientos.

De esos datos se desprenden que “el 76% manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia siendo la emocional y física las de mayores porcentajes.”

De las personas que abortaron con Socorristas “el 63% tienen hijxs. El 36% tiene trabajo formal, mientras que el 24 % trabajo informal y el resto (40%) no tiene trabajo”

La conquista de un derecho elemental para la autonomía de los cuerpos como lo fue la sanción de la Ley de IVE es un logro trascendental y ejemplificador en toda América Latina. Sin embargo, no hay que perder de vista la realidad a la que nos enfrentamos, desde dónde partimos y el trabajo que todavía resta hacer.

Será un nueva tarea de organización y pedagogía feministas poner las redes a rodar para supervisar, señalar y reclamar, cuando haga falta, la correcta implantación de la ley: sin dilaciones, sin maltrato, sin revictimización y como insistimos hace más de 30 años. Nos lo deben, nos lo merecemos.

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#EsLey: en América Latina continúa la lucha feminista, anticapitalista y anticolonial

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A pocas horas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el pasado 29 de diciembre, las noticias internacionales llegadas del otro lado del mundo anunciaban que Corea del Sur se sumaba a la lista de los países que legalizan el aborto hasta la semana catorce del embarazo.

Dos pequeños, pero importantes, pasos que parecen indicar que los países del Sur caminan en dirección a disminuir la gran brecha con los países de Norte en la garantía del derecho a decidir sobre los cuerpos. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar.

Como muestran los mapas que circularon en las últimas semanas, mientras la mayoría de los países llamados ‘desarrollados’ contemplan hace años el derecho al aborto, el panorama no es tan favorable en las regiones ‘subdesarrolladas’ o dependientes. En América Latina y el Caribe, se calcula que más del 90% de las personas gestantes en edad fértil están prohibidas de realizar prácticas voluntarias de interrupción del embarazo y, según la CEPAL, se estima que las cifras de muertes por abortos clandestinos superan los cinco mil óbitos anuales. Entre los pocos países que ya garantizan este derecho en la región están Cuba (1965), Guyana (1995) y Uruguay (2013), y el Distrito Federal (2007) y el estado de Oaxaca (2019) en México.

Aunque, como sucedía en Argentina antes de la reciente sanción, existen diversidad de normativas algunas de las cuales permiten el aborto dentro de una serie de supuestos como violación, riesgo de la madre y/o malformación del feto, el problema de acceso a la salud y educación público, y la desinformación se amarra a las graves desigualdades de clase, género y raza que impide la garantía de estas mínimas excepciones en la región. Ese es el caso de Chile, Colombia y Brasil, donde la inestabilidad política y el fuerte peso de las derechas católicas son un nítido obstáculo al avance de la democracia. Entre los países más restrictivos, podemos mencionar El Salvador, Haití y Honduras, donde la prohibición del aborto bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual. 

Para Claudia Korol, comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, la sanción de la ley avanza en la conciencia antipatriarcal de la sociedad no sólo en Argentina, sino que estimula las luchas en el resto de Abya Yala – el continente americano- por el derechos a decir sobre nuestras vidas, modos de estar y de decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. La lucha por la interrupción voluntaria del embarazo evidencia el crecimiento del poder feminista y “da más fuerza para seguir organizándonos contra las violencias con las cuales pretenden reglamentarnos”; sin embargo, advierte Claudia, una ley no garantiza en sí mismo el derecho y hay que continuar organizadas para que se reglamente en las provincias.  “Esperamos que salgamos más organizadas y, a partir de eso, construir desde abajo, desde el pie, desde la raíz, más fuerza para seguir la lucha antipatriarcal, feminista, anticapitalista y anticolonial”, dijo Claudia Korol en conversación con FM de la Calle en la previa a la sanción de la ley.

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Femicidio en Buratovich

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Un femicidio sacude a la localidad de Mayor Buratovich, se trata de Celina Yésica Paredes de 21 años, quién fuera asesinada por su pareja Juan Torrejón Huallpa.

Paredes era madre de una niña de dos y un niño de cuatro años, quienes estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos. La comunidad se congregó en una movilización para pedir justicia por Celina.

La joven era oriunda de La Plata y hacia tres meses que estaba radicada en la localidad del Partido de Villarino, donde había llegado para trabajar en la cosecha de cebolla. Integraba el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Laura, compañera del MTE y amiga de la familia, señaló a FM De la Calle que “la mamá de Celina se enteró que había muerto por las redes, llegó esta mañana y no pudo verla. Celina era buena, pegada a los hijos, muy tranquila, no te daba indicios de que estaba sufriendo violencia de género”. Por otro lado, mencionó que los hijos se quedarán al cuidado del padre de la víctima.

Señaló que Martínez se encuentra detenido aunque no tiene denuncias previas realizadas por Celina.

“Burato es muy chiquito, de 10 mil habitantes, la noticia nos cayó como un balde agua fría. Como movimiento también venimos trabajando el área de género como para tener en claro que las mujeres rurales también sufren violencia, encontrándonos desamparadas, sin saber qué hacer”, comentó Laura.

Desde el MTE expresaron que “necesitamos equipos de abordaje y acompañamiento para situaciones de violencia en nuestros territorios, en articulación con organizaciones sociales, campesinas e indígenas”.

Tres femicidios en los primeros cinco días del 2021

El sábado una mujer de 63 años fue asesinada en su casa de la localidad bonaerense de Grand Bourg. Por el femicidio detuvieron a su hermano mayor.

En Sierra de los Padres, en un paseo comercial, una comerciante de 41 años fue asesinada de un balazo en el cuello por un hombre que trabajaba en ese lugar y que le recriminó a la víctima que lo acusara de un supuesto abuso previo.

Por su parte, el Observatorio de Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” dio a conocer las cifras finales sobre femicidios de 2020, las cuales arrojaron un total de 298 casos, es decir, uno cada 29 horas.

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#EsLey: “Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados”

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Sabrina García, integrante de KÜDAW, cooperativa que asesora a otras cooperativas, participó de la transmisión especial de FM De la Calle durante el debate de la IVE en el Senado y puso de manifiesto las relaciones entre cooperativismo, feminismo y autonomía para decidir.

“Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados. Como cooperativista hay valores y principios dentro del movimiento que tienen que ver con el feminismo y la lucha por la autonomía, es una forma de hacer economía, de organizarnos en territorio, de ser dueñas del propio destino”, enfatizó.

Señaló que desde KÜDAW “hemos visto crecer la cantidad de cooperativas de mujeres y disidencias que han surgido en estos últimos tiempos. Eso viene a plantear una forma de economía distinta. Por ejemplo, el cooperativismo de cuidado. Hay una discusión alrededor de esto, nos preguntamos si volvemos a asignarle las tareas de cuidado a las mujeres y las disidencias. Ahí marco una diferencia porque el sistema ha asignado valores a las actividades, el cuidado no tiene un valor económico, el cooperativismo viene a decir tenemos el rol de cuidado, queremos hacerlo pero vamos a cobrar, nuestro servicio tiene un valor económico. Viene a romper la lógica con el cuidado gratuito”.

García es co-conductora de Impulso Cooperativo, programa que lleva tres años consecutivos en el aire de la 87.9: “Relacionándolo con el aborto yo pienso en las cooperativas de nuestra zona, el estar tan lejos de los centros urbanos, aunque sea 100 km, hace que no se esté cerca de los derechos de otros y otras y el que sea ley va atener que ver con una militancia territorial”.

Respecto a las cooperativas de mujeres y disidencias surgidas ante las crisis señaló que es necesario “no pensar el cooperativismo como una rueda de auxilio ante las crisis. Se lo relaciona como la economía de los pobres, hay que plantear un cooperativismo de transformacional social que venga a decir que hay una forma distinta de organizarse económicamente que transforma a la comunidad”.

“El plus que agrega el cooperativismo es que también sos parte de una organización en la que tenés voz y voto y en la que podés acceder a la dirigencia. Ahí las mujeres participan políticamente, es cierto que no sucede fácilmente porque todo está atravesado por un sistema patriarcal. El cooperativismo bien organizado es la democracia perfecta”, finalizó García.

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#EsLey: “Somos las hijas y nietas, nuestro deber es seguir esta lucha”

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En una plaza repleta de pibas a la espera de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Victoria y Milagros, de 15 y 18 años, formaron parte de la mesa de las juventudes durante la transmisión especial de FM De la Calle.

“Es un momento histórico, único, se lo vamos a contar a las próximas generaciones. Atravesamos muchas situaciones que me interpelan, somos las hijas y nietas, nuestro deber ser seguir esta lucha”, señaló Milagros.

Victoria comentó que el feminismo “es de las mejores cosas que me han pasado. Nos saca una venda, empezamos a ver, nos empezamos a empoderar, es algo muy enriquecedor. Se da con amigas, en la escuela, empezamos a hablar, a pegar carteles, y se suma otra que pega otro cartel y así se arman redes”.

Consultada sobre cómo se acercó al feminismo, Micaela contó: “Viví en un hogar donde había mucha violencia doméstica. Mi viejo nos crió bajo ese mandato y fue decir yo no apoyo esa violencia. El caso de Micaela Ortega nos conmocionó mucho, era una conocida de mi mamá. Ver esa situación, vernos tan chicas, reflejadas en ella, lo que nos podía pasar, eso fue el punto de partida para empezar a luchar”.

Agregó que una de las primeras marchas que recuerda es la del Ni Una Menos del 2015: “Vine con amigas más grandes, a mis viejos mucho no les gusta pero ellos han vivido otras cosas, mi vieja es más grande, se cuestiona constantemente. Meses después, una de mis amigas abortó y casi se muere desangrada, son situaciones que a mis 18 años me pesan mucho”.

La relación con los varones

“Por momentos se torna difícil, hay todo tipo de compañeros, hay muchos acompañándonos aunque se puede tornar complejo entender que dejás de ser protagonista, que tenés que dejar privilegios de lado”, dijo Victoria.

Milagros comentó: “Tengo amigos varones de los que me he distanciado, yo siempre voy a defender a las pibas, aunque seas mi compañero, mi hermano, lo que sea. No tolero la violencia, está bueno replanteárselo, replantearse los privilegios”.

Aprender en el momento de los hechos

Muchas adultas tuvieron que desaprender lo aprendido, sin embargo, las jóvenes aprenden sobre la marcha: “Me genera mucha felicidad llevarle un debate a mi vieja, a mi hermana de seis años empezar a involucrarla en estas cosas, convencidas de que somos las hijas, más que agradecida de que me haya agarrado de pendeja”, comentó Victoria.

Por último, Milagros enfatizó que “está bueno recordar la lucha, la lucha de las abuelas, es algo que viene de generaciones, anteriormente a mí hubo muchas mujeres, murieron muchas mujeres por esto”.

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Es ley

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Con 38 votos a favor y 29 en contra el Senado convirtió en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hubo una abstención y cuatro ausencias. También se aprobó el Plan de los 1000 días para el acompañamiento a las maternidades deseadas.

La votación llegó a las 4:12, luego de doce horas de debate que fueron seguidas con vigilias frente al Congreso y en muchas ciudades del país. En Bahía Blanca el encuentro fue en Plaza Rivadavia desde donde FM De la Calle realizó una transmisión especial de la histórica sesión.

Con el correr de las horas se conocieron las posturas de las senadoras y los senadores que aun no las habían explicitado y fueron los que permitieron revertir el resultado negativo del debate del 2018 cuando el proyecto fue rechazado por 38 votos contra 31.

El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar un veto parcial de dos artículos para sumar, entre otros, el voto del ex gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck. El cambio implicará una mirada más restrictiva para la realización del aborto luego de la semana 14.

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¿Cuánto cuesta el aborto clandestino? ¿Y el legal?

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La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los costos de las complicaciones por abortos clandestinos y se preguntó cuánto dinero de las arcas públicas se destina para atender consecuencias evitables.

“Desde 2018 hemos escuchado argumentos en contra del aborto legal desde distintos puntos de vista: desde la religión, desde el derecho y otro argumento pro aborto clandestino es el económico, dicen que el gasto público aumentaría mucho si el Estado tiene que hacerse cargo de las IVE”, señaló.

Costantino agregó que “hay datos publicados en un informe del 2018, de un grupo que se autodenomina Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida, con números y cálculos de fuentes dudosas, que afirma que si el Estado se hiciera cargo, el costo de cada aborto sería -a plata de hoy- 30 mil pesos por cada intervención. Si se estiman entre 400 y 500 mil abortos anuales, el gasto público se elevaría de manera considerable dejando afuera otras prácticas moralmente ‘menos reprochables'”.

“El argumento es falaz porque la comparación de los escenarios no es aborto legal vs. inexistencia de aborto sino aborto legal vs. aborto clandestino”.

El Centro de Estudios de Economía Política publicó un informe que se llama “La economía del aborto”, en el cual realizan cálculos acerca del costo para el Estado del aborto legal y del clandestino.

“En Argentina se realizan 450 mil abortos por año y el 10% tiene complicaciones. Ese numero se tiene de las altas que se dan en el sistema público de salud de personas con complicaciones derivadas de aborto: unas 45.000 por año. Tienen distintos grados de gravedad, desde tratamientos leves como son los ambulatorios hasta complicaciones graves que requieren intervenciones quirúrgicas o terapias intensivas”, mencionó la economista.

En nuestro país “el aborto representa la tercera causa de muerte materna y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2018 el 13,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos incompletos. Este número está sub-registrado debido a la clandestinidad y criminalización de la práctica. Es esperable que, con la legalización el número de IVEs disminuya y, por supuesto, también el número de complicaciones derivadas de IVEs”.

La columnista destacó que “según el informe de CEPA, del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requerirá una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá abortos incompletos con cuadros de alta gravedad“.

“Lo que hacen es calcular, según complejidad, los abortos incompletos con complicaciones leves, le cuestan al estado aproximadamente 43 mil pesos, con media gravedad es 80 mil pesos, y uno con alta gravedad le cuesta al Estado 130 mil pesos.

De esta manera, el costo total anual estimado por tratamientos a complicaciones leves (67% de los casos) es de $1.315 millones, por tratamientos a complicaciones de gravedad media (31% de los casos) de $1.147 millones y, por último, el costo total por el tratamiento a abortos incompletos con complicaciones de alta gravedad (2% de los casos) se estima en $ 123,8 millones por año”.

¿Cuánto cuesta un aborto seguro?

Hay dos tipos de procedimiento: “con Misoprostol o con tratamientos como el AMEU (Aspiración Manual Endouterina). El costo unitario de una caja de Misoprostol es de 6 mil pesos, y el costo de un AMEU es de 15 mil pesos. Si comparamos el valor de la caja de Misoprostol, con lo que le cuesta al sistema de salud atender las condiciones de un aborto mal realizado de riesgo, llegamos a la conclusión de que el aborto clandestino cuesta 21 veces más que el aborto legal”.

“Si los 45.000 abortos con complicaciones se hubieran realizado de manera segura con misoprostol, los costos para el Estado hubieran disminuido en un 88% (300 millones vs. 2.500 millones de pesos)”, argumentó.

Eliminar el lucro con la salud de quienes abortan

A lo anterior hay que sumarle que “la legalidad eliminaría el negocio del aborto clandestino. Según el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, en 2018 el costo promedio de un aborto de una clínica privada -a números de hoy- es de mil dólares. 100 mil pesos”.

“¿Quiénes pueden acceder a un aborto seguro de manera clandestina? No cualquier mujer tiene 100 mil pesos para acceder a un clínica. El porcentaje de mujeres activas en Argentina es del 40%, porque el resto se dedica mayormente a tareas de cuidado. Las que trabajan lo hacen con salarios mucho menores en promedio respecto a los varones, los niveles de pobreza están altamente feminizados, de las personas que menos ingresos tienen siete de cada diez son mujeres”, subrayó Costantino.

Conclusiones finales

“La legalización del aborto no solo generaría mayor equidad en términos de género sino en términos de clases sociales. Es un problema que desde la economía feminista llamamos interseccional, fuertemente clasista”, mencionó.

Costantino destacó que “al Estado la legalización no le implicaría mayor costo sino un ahorro del gasto público y generaría justicia equitativa en términos distributivos porque bajarían los costos de bolsillo que las mujeres tiene que pagar para hacerse un aborto”.

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Media sanción a la IVE: “Abortar puede tener que ver con proyectar deseos”

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(Por Giuliana Crucianelli) “Siento mucha alegría, ahora hay que empezar a preparar el corazón para el tratamiento en Senadores que siempre es miedo e incertidumbre. Pero sabemos que este año va a ser ley. Nos la merecemos y nos lo deben”, dijo a FM De la Calle Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones fue el resultado del debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que terminó con media sanción en la Cámara de Diputados. Miles de pañuelos verdes colmaron las plazas de todo el país y Bahía no fue la excepción.

Griselda Cifuentes (Socorristas en Red) destacó que si algo pudimos aportar las redes que acompañamos es que, a pesar de que necesitamos una ley de IVE, algunas experiencias están alejadas de los repertorios del dolor y que une puede pensar que abortar puede tener que ver con proyectar deseos”.

Ayer se realizó una movilización y luego comenzó la vigilia en la Plaza Rivadavia con la atención puesta en los discursos del Congreso proyectados en pantalla gigante. Esta mañana, las organizaciones y quienes se autoconvocaron en la calle celebraron la mayoría de votos afirmativos.

Petersen comentó que entre los argumentos “sigue surgiendo esta idea de los antiderechos de tutelar y decirle a las mujeres y personas con capacidad de gestar qué hacer y cómo debemos afrontar situaciones, para ellos, traumáticas. Muy pocas veces escuchamos hablar sobre nuestros deseos, sobre nuestra autonomía y cómo esto motiva la lucha, por eso este desahogo”.

La doctora Belén Ferro Moreno, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, expresó que “para quienes trabajamos en salud es un avance muy importante. Queremos que las personas gestantes que se acercan al sistema de salud no se sientan rechazadas, lo que dificulta y traumatiza es el peso del estigma social y son, muchas veces, los mismos trabajadores de la salud quienes vulneran esos derechos”.

“Esperamos que a nivel local las autoridades estén a la altura y que en todas las unidades sanitarias haya un profesional que garantice el derecho”.

En relación a la situación local, mencionó que “en Bahía antes de la pandemia había 56 unidades sanitarias funcionando, se redujeron para efectivizar la atención, pese a que en la red somos 30 efectores, son 15 unidades en las que funcionamos. Eso significa que una persona tenga que cruzar la ciudad para dar con alguien que garantice el derecho. La mayor parte de las ILE se garantizan en el primer nivel, sin embargo, en unidades sanitarias solo el 10% de efectores lo garantizamos. Esto sobrecarga al personal y genera barreras. Estamos esperando que la Secretaría de Salud dé una respuesta, generando una sensibilización al personal de la salud”.

Griselda Cifuentes, de Socorristas en Red, sostuvo que hay que “entender que esto es algo que ya no tiene vuelta atrás, la sensibilidad despenalizadora es un hecho”.

Agregó que “una de las situaciones que se repitió en varios argumentos no solamente para los a favor y para los que están en contra tiene que ver con pensar que las experiencias de abortar son traumáticas y dolorosas y me parece que si algo pudimos aportar las redes que acompañamos es que, a pesar de que necesitamos una ley de IVE, algunas experiencias están alejadas de estos repertorios del dolor y que une puede pensar que abortar puede tener que ver con proyectar deseos”.

Ketty Scheider, integrante de la Campaña, se mostró “muy emocionada, son muchos años de lucha, de transitar a calle antes de la marea verde, éramos muy poquitas, es un logro enorme. Nos queda Senadores, soy muy optimista porque este país no puede seguir en el medioevo”.

Otras voces

“Estamos cansadas de seguir escuchando lo mismo, que tantas personas sigan opinando sobre nuestras elecciones y nuestro cuerpo. Siempre que se pueda dar en democracia y con las opiniones de las personas que nos apoyan es importante. Es político pero no partidario, esto es nuestro”, señaló Patricia.

Otra joven dijo que siente “alivio” y agregó: “Hace 37 años que volvió la democracia, en un día tan especial se puede valorizar la lucha. Esto no es solo de las mujeres, es un cambio muy profundo y tiene a la juventud como el protagonista principal. Es una comunión entre el recinto y el afuera”.

Un grupo de amigas pasó la noche bajo frazadas escuchando el debate: “Estoy emocionada, cuando el presidente de la Cámara dijo que se había obtenido la media sanción se me pusieron los ojos llorosos, ver a nuestras compañeras acompañando toda la noche fue emotivo. Espero que piensen bien su voto en el Senado y que voten a favor de las pibas”.

“Siento que valió la pena”, dijo otra adolescente llorando, “me encanta vernos así de juntas, que las generaciones que vienen, vienen más fuertes. Lo que hay que rescatar es la autonomía y la importancia de la libertad, basta del estigma. Es nuestra decisión, es nuestro cuerpo y nuestra vida, nadie tiene el poder sobre nosotras”.

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Ocho de cada diez están de acuerdo con el aborto en algunas circunstancias

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La segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas de la Argentina concluyó que “alrededor del 79 por ciento de las personas está de acuerdo con el aborto en alguna de las circunstancias”.

“Cuando se trata del inicio o el fin de la vida las religiones tienen algo para decir. Si nos preguntamos quiénes son los que hablan, suelen ser los líderes, los dirigentes. Más allá de esa postura institucional de las iglesias, en los creyentes encontramos posiciones distanciadas de las jerarquías”, dijo a FM De la Calle Verónica Giménez Béliveau, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET.

Comentó que “una de las opciones de la encuesta era el aborto legal como derecho de las mujeres, otra que debería estar despenalizado en algunas circunstancias y la tercera opción señalaba que debe estar prohibido siempre”.

La socióloga mencionó que: “Tres de cada diez argentinos consideran que es un derecho de las mujeres, dos de cada diez consideran que debe estar prohibido siempre y cinco de cada diez consideran que debería estar permitido en algunas circunstancias. Si sumamos la primera y la tercera, llegamos al numero de casi el 80 por ciento está a favor de algún grado de despenalización”.

Según la adscripción religiosa, quienes opinan mayoritariamente a favor del aborto como derecho de la mujer son las personas sin filiación religiosa; quienes más firmemente apoyan la prohibición son los/as evangélicos/as; y quienes están a favor de la despenalización en algunas circunstancias son los/as católicos/as.

La primera encuesta se realizó en 2008 y en comparación con la de 2019 “observamos que sobre este tema hubo un crecimiento de casi el doble de las personas que consideran que el aborto es un derecho de las mujeres. La puesta en escena de la discusión pública en la Cámara de Diputados y el Senado en 2018 sirvió para que las personas se enteraran, profundizaran y muchas veces cambiaran su opinión”.

Consultada sobre la influencia de los medios de comunicación, Giménez argumentó que “se hacen eco y circulan cosas que pasan en la sociedad. Pedirle verdad a los medios estaría bueno pero no es lo que pasa, la circulación de fake news o discursos o creencias que no están probados científicamente se dan cuando hay disputa, pasó con el aborto y con los intentos el darle sentido a hechos que alteran la vida como el covid y las decisiones políticas que se tomaron para paliar las consecuencias”

“Lo que pasa en general cuando se aprueban determinadas legislaciones que amplían derechos es que las sociedades se los van apropiando y se vuelven ‘normales’, pasan a ser parte de la forma en la que la sociedad se piensa y se caracteriza. Así como antes del matrimonio igualitario la homosexualidad era mirada con más crudeza, hoy gracias a la ley hay una mayor apertura, sobre todo de las generaciones jóvenes, tienen una relación completamente diferente con la diversidad sexual, creo que con el aborto pasará algo similar va a pasar a ser un derecho adquirido”, concluyó.

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Aborto Legal: “Mis creencias no pueden estar por encima del derecho de otras personas”

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“Soy católica, yo no me hago abortos pero por qué tengo que meterme con otras personas”, dijo a FM De la Calle Cecilia Ousset, médica tucumana especialista en tocoginecología, objetora de conciencia y expositora a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso.

“Que yo sea objetora de conciencia no tiene nada que ver con que una persona pueda cumplir sus derechos. No puedo exigir a todo el mundo que piense igual que yo, que tenga mi misma religión o pensamiento, es absurdo”, agregó.

Ousset fue una de las profesionales que intervino en el caso de Lucía, una niña tucumana de 11 años con un embarazo producto de una violación. En la actualidad ella y su marido, quien fue convocado para realizar el aborto no punible, continúan imputados por homicidio agravado por haber garantizado la intervención según lo indica el Código Penal desde 1921.

“En el caso Lucía todo el mundo se declaró objetor de conciencia, yo ya estaba adentro con el profesional que lo iba a hacer y le tuve que instrumentar, tuve que ser partícipe porque mis creencias no pueden estar por encima del derecho de las otras personas”, comentó la médica.

Agregó que en el 2019 “se sabía que había una nena internada, que no se le garantizaba la interrupción del embarazo, había sido abusada y embarazada por su abuelastro. Estuvo un mes en el hospital, la fiscal (Adriana) Giannoni hace abuso de poder porque envía oficios al hospital amedrentando al personal diciendo que si alguno hacía la ILE iba a iniciar acciones penales, entonces ningún médico se animaba”.

“La nena pedía que le saquen lo que el viejo le había puesto adentro, tenía lesiones, un caso muy grave y habían dejado pasar mucho tiempo”.

“Una jueza de Familia insta al Ministerio de Salud que se haga en un plazo de 48 horas, me llaman a mí que soy efectora del sistema privado, sabían que yo estaba a favor de la legalización del aborto y que era objetora de conciencia, derivo el caso y acompaño al otro profesional por si había alguna complicación. Llegamos y todos se declararon objetores, las jefas estaban presentes, se llama a un anestesista de otro lugar y cumplo con la ILE, a la salida del quirófano nos esperaban oficiales del Ministerio Público Fiscal para tomarnos los datos”, recordó.

La especialista señaló que la causa continúa abierta por homicidio agravado: “En un momento casi perdemos nuestra libertad, tuvimos que ir a una audiencia con personas en la calle manifestando. Hemos visto realmente amenazada nuestra libertad, amenazas telefónicas y violencia verbal en la calle, a nuestras familias, nuestros hijos amenazados, con tratamientos psicológicos y, hasta el día de hoy, se sigue gastando recursos económicos en una causa que no se cierra”.

La persecución judicial como una maniobra de disciplinamiento profesional

“Es como si viviéramos en diferentes países, como si cada provincia tuviera sus propias reglas. En Diputados escuchámos cómo (los sectores antiderechos) tienen sus interpretaciones, dicen que el caso FAL fue para un solo caso, el art. 86 es para mujer idiota, es una locura. En el sur tenemos un profesional con causa penal y sin matrícula por obstaculizar y en el norte, por cumplir, tenemos causa penal”, argumentó.

Ousset explicó que “necesitamos marco normativo y jurídico claro para todo el territorio nacional. Tengo que saber, si la persona me dice necesita tal cosa, qué me va a ocurrir para ver si corro o no ese riesgo. No entiendo la colega que dice que quiere que sigamos viviendo en la clandestinidad en el miedo. Algo está fallando en lo íntimo de su ser o no está entendiendo la gravedad del problema”.

¿Cómo implementar la cláusula de objeción de conciencia?

En relación a la posibilidad de implementar un registro de personas objetoras de conciencia mencionó que “estamos hablando de Tucumán, donde obligan a gestar niñas, un registro sería ridículo. No debería haber porque una vez registrado sería muy difícil salir. Se van a ir plegando cuando esto avance y se vayan derribando muros ideológicos, cuando no se sientan perseguidos por fiscalías de homicidios. Hoy se van a registrar todos, no me vayan a meter preso, acá de verdad la policía te llega con sirenitas a tu casa”.

“Hay que manejarlo con mucha inteligencia, tejer redes, los profesionales que estamos por el derecho a decidir, por la legalización del aborto, entre nosotros sabemos a quiénes nos mandamos, todos lo sabemos y el sistema también. Sí necesitamos hacer consultoría porque acá tampoco hay”, concluyó.

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Aborto legal: ¿Qué hacer con la objeción de conciencia?

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El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo del gobierno nacional incluye la objeción de conciencia (OC) de profesionales de salud. La abogada e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Agustina Ramón Michel, analizó en FM De la Calle los alcances de la medida.

“Hay un mal uso y abuso de la OC, por eso no la incluyó la Campaña en su proyecto. El dictamen de 2018 la incorporó de manera individual y prohibía la institucional. El cambio respecto a esa media sanción es que (la propuesta del Ejecutivo) no prohíbe explícitamente la objeción de conciencia institucional pero tampoco la permite. No parecería ser tan problemático que no la prohíba, lo importante es que no la permitan”, explicó.

La docente sostuvo que “la objeción de conciencia es la posibilidad de no cumplir con una obligación jurídica, en este caso el profesional de la salud está obligado a realizar una IVE, la OC es la posibilidad de negarse a cumplir la obligación alegando razones morales o religiosas”.

“Puede ocurrir que todos los profesionales de una institución aleguen objeción de conciencia. Eso podía pasar también con lo que se aprobó en 2018, la institución no dice soy objetora sino que van todas las personas. Sería una OC institucional informal. Una de las cosas más importantes es ver que se precisen los deberes que tienen quienes objetan, no es admisible que una persona que tiene creencias morales o religiosas diga no voy a cumplir con mi deber de atender a una mujer y además le restrinja la información o no la derive o que objete en el hospital y no en su consultorio”, comentó.

De acuerdo a una investigación de CEDES, les profesionales de la salud “no solo objetan por razones morales o religiosas, en muchas oportunidades tienen miedo al estigma de ser ‘aborteros’ en pueblos pequeños o recibir repudio de otros colegas. Ahí hay mucho por trabajar a través de capacitación, de redes, y con eso vamos a reducir la cantidad de objetores/as”.

Registro: ¿sí o no?

Michel dijo que “a veces un registro de objetores parece ser la forma de resolver este problema pero lo cierto es que no lo es”.

Destacó la experiencia de Santa Fe: “Se trataba de una gestión que había tomado la decisión de dar acceso al aborto por causales y quería usar un registro para entender cuál era la situación en el servicio de salud, cuántos eran los objetores y por qué razones. Con esa información fueron a trabajar a los centros de salud. Algunos objetaban para dar la píldora de emergencia porque decían que era abortiva, el Ministerio hizo una capacitación para mostrar que no era abortiva sino anticonceptiva. Después de las capacitaciones la cantidad de objetores se redujo un 35%”.

“Imaginemos este registro en la provincia de Chaco o Tucumán donde no hay ley de salud reproductiva, ni protocolo ILE, donde la ministra dice llamarse celeste. Se va a abrir ese registro diciendo anotesé quien quiera, se van a anotar el 80% del personal por reaccionario, otros por devotos, otros por miedo a quedar fuera y ser señalados como ‘aborteros'”, enfatizó.

Insistió en que “el registro en provincias que no tienen políticas de acceso al aborto es un arma de doble filo. De afuera parece una forma de tener cierto control pero en mi opinión no es la solución”.

Tierra fértil para el acceso a la salud sexual

“Si esta ley sale, no llega a tierra árida donde está todo por hacerse, ya se viene trabajando en los centros de salud el acceso a la ILE. En todas las provincias hay uno o cientos de profesionales que lo garantizan. A quien objete tenemos que hacerle seguimiento, la institución tiene que insistir y exigir que cumpla con las obligaciones”, comentó Michel.

Subrayó que “hay que poner en el centro el acceso, armar espacios para conversar, capacitar, todavía hay profesionales que se imaginan el aborto como algo complejísimo porque se imaginan lo que conocen desde la universidad y no se actualizaron”.

“El de 2018 fue el debate legislativo más pedagógico de la historia argentina. No hay dudas de que la despenalización social empezó ahí”, concluyó la abogada.

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