A pocas horas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el pasado 29 de diciembre, las noticias internacionales llegadas del otro lado del mundo anunciaban que Corea del Sur se sumaba a la lista de los países que legalizan el aborto hasta la semana catorce del embarazo.

Dos pequeños, pero importantes, pasos que parecen indicar que los países del Sur caminan en dirección a disminuir la gran brecha con los países de Norte en la garantía del derecho a decidir sobre los cuerpos. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar.

Como muestran los mapas que circularon en las últimas semanas, mientras la mayoría de los países llamados ‘desarrollados’ contemplan hace años el derecho al aborto, el panorama no es tan favorable en las regiones ‘subdesarrolladas’ o dependientes. En América Latina y el Caribe, se calcula que más del 90% de las personas gestantes en edad fértil están prohibidas de realizar prácticas voluntarias de interrupción del embarazo y, según la CEPAL, se estima que las cifras de muertes por abortos clandestinos superan los cinco mil óbitos anuales. Entre los pocos países que ya garantizan este derecho en la región están Cuba (1965), Guyana (1995) y Uruguay (2013), y el Distrito Federal (2007) y el estado de Oaxaca (2019) en México.

Aunque, como sucedía en Argentina antes de la reciente sanción, existen diversidad de normativas algunas de las cuales permiten el aborto dentro de una serie de supuestos como violación, riesgo de la madre y/o malformación del feto, el problema de acceso a la salud y educación público, y la desinformación se amarra a las graves desigualdades de clase, género y raza que impide la garantía de estas mínimas excepciones en la región. Ese es el caso de Chile, Colombia y Brasil, donde la inestabilidad política y el fuerte peso de las derechas católicas son un nítido obstáculo al avance de la democracia. Entre los países más restrictivos, podemos mencionar El Salvador, Haití y Honduras, donde la prohibición del aborto bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual. 

Para Claudia Korol, comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, la sanción de la ley avanza en la conciencia antipatriarcal de la sociedad no sólo en Argentina, sino que estimula las luchas en el resto de Abya Yala – el continente americano- por el derechos a decir sobre nuestras vidas, modos de estar y de decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. La lucha por la interrupción voluntaria del embarazo evidencia el crecimiento del poder feminista y “da más fuerza para seguir organizándonos contra las violencias con las cuales pretenden reglamentarnos”; sin embargo, advierte Claudia, una ley no garantiza en sí mismo el derecho y hay que continuar organizadas para que se reglamente en las provincias.  “Esperamos que salgamos más organizadas y, a partir de eso, construir desde abajo, desde el pie, desde la raíz, más fuerza para seguir la lucha antipatriarcal, feminista, anticapitalista y anticolonial”, dijo Claudia Korol en conversación con FM de la Calle en la previa a la sanción de la ley.

Un femicidio sacude a la localidad de Mayor Buratovich, se trata de Celina Yésica Paredes de 21 años, quién fuera asesinada por su pareja Juan Torrejón Huallpa.

Paredes era madre de una niña de dos y un niño de cuatro años, quienes estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos. La comunidad se congregó en una movilización para pedir justicia por Celina.

La joven era oriunda de La Plata y hacia tres meses que estaba radicada en la localidad del Partido de Villarino, donde había llegado para trabajar en la cosecha de cebolla. Integraba el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Laura, compañera del MTE y amiga de la familia, señaló a FM De la Calle que “la mamá de Celina se enteró que había muerto por las redes, llegó esta mañana y no pudo verla. Celina era buena, pegada a los hijos, muy tranquila, no te daba indicios de que estaba sufriendo violencia de género”. Por otro lado, mencionó que los hijos se quedarán al cuidado del padre de la víctima.

Señaló que Martínez se encuentra detenido aunque no tiene denuncias previas realizadas por Celina.

“Burato es muy chiquito, de 10 mil habitantes, la noticia nos cayó como un balde agua fría. Como movimiento también venimos trabajando el área de género como para tener en claro que las mujeres rurales también sufren violencia, encontrándonos desamparadas, sin saber qué hacer”, comentó Laura.

Desde el MTE expresaron que “necesitamos equipos de abordaje y acompañamiento para situaciones de violencia en nuestros territorios, en articulación con organizaciones sociales, campesinas e indígenas”.

Tres femicidios en los primeros cinco días del 2021

El sábado una mujer de 63 años fue asesinada en su casa de la localidad bonaerense de Grand Bourg. Por el femicidio detuvieron a su hermano mayor.

En Sierra de los Padres, en un paseo comercial, una comerciante de 41 años fue asesinada de un balazo en el cuello por un hombre que trabajaba en ese lugar y que le recriminó a la víctima que lo acusara de un supuesto abuso previo.

Por su parte, el Observatorio de Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” dio a conocer las cifras finales sobre femicidios de 2020, las cuales arrojaron un total de 298 casos, es decir, uno cada 29 horas.

Sabrina García, integrante de KÜDAW, cooperativa que asesora a otras cooperativas, participó de la transmisión especial de FM De la Calle durante el debate de la IVE en el Senado y puso de manifiesto las relaciones entre cooperativismo, feminismo y autonomía para decidir.

“Feminismo y cooperativismo están íntimamente conectados. Como cooperativista hay valores y principios dentro del movimiento que tienen que ver con el feminismo y la lucha por la autonomía, es una forma de hacer economía, de organizarnos en territorio, de ser dueñas del propio destino”, enfatizó.

Señaló que desde KÜDAW “hemos visto crecer la cantidad de cooperativas de mujeres y disidencias que han surgido en estos últimos tiempos. Eso viene a plantear una forma de economía distinta. Por ejemplo, el cooperativismo de cuidado. Hay una discusión alrededor de esto, nos preguntamos si volvemos a asignarle las tareas de cuidado a las mujeres y las disidencias. Ahí marco una diferencia porque el sistema ha asignado valores a las actividades, el cuidado no tiene un valor económico, el cooperativismo viene a decir tenemos el rol de cuidado, queremos hacerlo pero vamos a cobrar, nuestro servicio tiene un valor económico. Viene a romper la lógica con el cuidado gratuito”.

García es co-conductora de Impulso Cooperativo, programa que lleva tres años consecutivos en el aire de la 87.9: “Relacionándolo con el aborto yo pienso en las cooperativas de nuestra zona, el estar tan lejos de los centros urbanos, aunque sea 100 km, hace que no se esté cerca de los derechos de otros y otras y el que sea ley va atener que ver con una militancia territorial”.

Respecto a las cooperativas de mujeres y disidencias surgidas ante las crisis señaló que es necesario “no pensar el cooperativismo como una rueda de auxilio ante las crisis. Se lo relaciona como la economía de los pobres, hay que plantear un cooperativismo de transformacional social que venga a decir que hay una forma distinta de organizarse económicamente que transforma a la comunidad”.

“El plus que agrega el cooperativismo es que también sos parte de una organización en la que tenés voz y voto y en la que podés acceder a la dirigencia. Ahí las mujeres participan políticamente, es cierto que no sucede fácilmente porque todo está atravesado por un sistema patriarcal. El cooperativismo bien organizado es la democracia perfecta”, finalizó García.

En una plaza repleta de pibas a la espera de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Victoria y Milagros, de 15 y 18 años, formaron parte de la mesa de las juventudes durante la transmisión especial de FM De la Calle.

“Es un momento histórico, único, se lo vamos a contar a las próximas generaciones. Atravesamos muchas situaciones que me interpelan, somos las hijas y nietas, nuestro deber ser seguir esta lucha”, señaló Milagros.

Victoria comentó que el feminismo “es de las mejores cosas que me han pasado. Nos saca una venda, empezamos a ver, nos empezamos a empoderar, es algo muy enriquecedor. Se da con amigas, en la escuela, empezamos a hablar, a pegar carteles, y se suma otra que pega otro cartel y así se arman redes”.

Consultada sobre cómo se acercó al feminismo, Micaela contó: “Viví en un hogar donde había mucha violencia doméstica. Mi viejo nos crió bajo ese mandato y fue decir yo no apoyo esa violencia. El caso de Micaela Ortega nos conmocionó mucho, era una conocida de mi mamá. Ver esa situación, vernos tan chicas, reflejadas en ella, lo que nos podía pasar, eso fue el punto de partida para empezar a luchar”.

Agregó que una de las primeras marchas que recuerda es la del Ni Una Menos del 2015: “Vine con amigas más grandes, a mis viejos mucho no les gusta pero ellos han vivido otras cosas, mi vieja es más grande, se cuestiona constantemente. Meses después, una de mis amigas abortó y casi se muere desangrada, son situaciones que a mis 18 años me pesan mucho”.

La relación con los varones

“Por momentos se torna difícil, hay todo tipo de compañeros, hay muchos acompañándonos aunque se puede tornar complejo entender que dejás de ser protagonista, que tenés que dejar privilegios de lado”, dijo Victoria.

Milagros comentó: “Tengo amigos varones de los que me he distanciado, yo siempre voy a defender a las pibas, aunque seas mi compañero, mi hermano, lo que sea. No tolero la violencia, está bueno replanteárselo, replantearse los privilegios”.

Aprender en el momento de los hechos

Muchas adultas tuvieron que desaprender lo aprendido, sin embargo, las jóvenes aprenden sobre la marcha: “Me genera mucha felicidad llevarle un debate a mi vieja, a mi hermana de seis años empezar a involucrarla en estas cosas, convencidas de que somos las hijas, más que agradecida de que me haya agarrado de pendeja”, comentó Victoria.

Por último, Milagros enfatizó que “está bueno recordar la lucha, la lucha de las abuelas, es algo que viene de generaciones, anteriormente a mí hubo muchas mujeres, murieron muchas mujeres por esto”.

Con 38 votos a favor y 29 en contra el Senado convirtió en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hubo una abstención y cuatro ausencias. También se aprobó el Plan de los 1000 días para el acompañamiento a las maternidades deseadas.

La votación llegó a las 4:12, luego de doce horas de debate que fueron seguidas con vigilias frente al Congreso y en muchas ciudades del país. En Bahía Blanca el encuentro fue en Plaza Rivadavia desde donde FM De la Calle realizó una transmisión especial de la histórica sesión.

Con el correr de las horas se conocieron las posturas de las senadoras y los senadores que aun no las habían explicitado y fueron los que permitieron revertir el resultado negativo del debate del 2018 cuando el proyecto fue rechazado por 38 votos contra 31.

El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar un veto parcial de dos artículos para sumar, entre otros, el voto del ex gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck. El cambio implicará una mirada más restrictiva para la realización del aborto luego de la semana 14.

La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los costos de las complicaciones por abortos clandestinos y se preguntó cuánto dinero de las arcas públicas se destina para atender consecuencias evitables.

“Desde 2018 hemos escuchado argumentos en contra del aborto legal desde distintos puntos de vista: desde la religión, desde el derecho y otro argumento pro aborto clandestino es el económico, dicen que el gasto público aumentaría mucho si el Estado tiene que hacerse cargo de las IVE”, señaló.

Costantino agregó que “hay datos publicados en un informe del 2018, de un grupo que se autodenomina Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida, con números y cálculos de fuentes dudosas, que afirma que si el Estado se hiciera cargo, el costo de cada aborto sería -a plata de hoy- 30 mil pesos por cada intervención. Si se estiman entre 400 y 500 mil abortos anuales, el gasto público se elevaría de manera considerable dejando afuera otras prácticas moralmente ‘menos reprochables'”.

“El argumento es falaz porque la comparación de los escenarios no es aborto legal vs. inexistencia de aborto sino aborto legal vs. aborto clandestino”.

El Centro de Estudios de Economía Política publicó un informe que se llama “La economía del aborto”, en el cual realizan cálculos acerca del costo para el Estado del aborto legal y del clandestino.

“En Argentina se realizan 450 mil abortos por año y el 10% tiene complicaciones. Ese numero se tiene de las altas que se dan en el sistema público de salud de personas con complicaciones derivadas de aborto: unas 45.000 por año. Tienen distintos grados de gravedad, desde tratamientos leves como son los ambulatorios hasta complicaciones graves que requieren intervenciones quirúrgicas o terapias intensivas”, mencionó la economista.

En nuestro país “el aborto representa la tercera causa de muerte materna y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2018 el 13,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos incompletos. Este número está sub-registrado debido a la clandestinidad y criminalización de la práctica. Es esperable que, con la legalización el número de IVEs disminuya y, por supuesto, también el número de complicaciones derivadas de IVEs”.

La columnista destacó que “según el informe de CEPA, del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requerirá una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá abortos incompletos con cuadros de alta gravedad“.

“Lo que hacen es calcular, según complejidad, los abortos incompletos con complicaciones leves, le cuestan al estado aproximadamente 43 mil pesos, con media gravedad es 80 mil pesos, y uno con alta gravedad le cuesta al Estado 130 mil pesos.

De esta manera, el costo total anual estimado por tratamientos a complicaciones leves (67% de los casos) es de $1.315 millones, por tratamientos a complicaciones de gravedad media (31% de los casos) de $1.147 millones y, por último, el costo total por el tratamiento a abortos incompletos con complicaciones de alta gravedad (2% de los casos) se estima en $ 123,8 millones por año”.

¿Cuánto cuesta un aborto seguro?

Hay dos tipos de procedimiento: “con Misoprostol o con tratamientos como el AMEU (Aspiración Manual Endouterina). El costo unitario de una caja de Misoprostol es de 6 mil pesos, y el costo de un AMEU es de 15 mil pesos. Si comparamos el valor de la caja de Misoprostol, con lo que le cuesta al sistema de salud atender las condiciones de un aborto mal realizado de riesgo, llegamos a la conclusión de que el aborto clandestino cuesta 21 veces más que el aborto legal”.

“Si los 45.000 abortos con complicaciones se hubieran realizado de manera segura con misoprostol, los costos para el Estado hubieran disminuido en un 88% (300 millones vs. 2.500 millones de pesos)”, argumentó.

Eliminar el lucro con la salud de quienes abortan

A lo anterior hay que sumarle que “la legalidad eliminaría el negocio del aborto clandestino. Según el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, en 2018 el costo promedio de un aborto de una clínica privada -a números de hoy- es de mil dólares. 100 mil pesos”.

“¿Quiénes pueden acceder a un aborto seguro de manera clandestina? No cualquier mujer tiene 100 mil pesos para acceder a un clínica. El porcentaje de mujeres activas en Argentina es del 40%, porque el resto se dedica mayormente a tareas de cuidado. Las que trabajan lo hacen con salarios mucho menores en promedio respecto a los varones, los niveles de pobreza están altamente feminizados, de las personas que menos ingresos tienen siete de cada diez son mujeres”, subrayó Costantino.

Conclusiones finales

“La legalización del aborto no solo generaría mayor equidad en términos de género sino en términos de clases sociales. Es un problema que desde la economía feminista llamamos interseccional, fuertemente clasista”, mencionó.

Costantino destacó que “al Estado la legalización no le implicaría mayor costo sino un ahorro del gasto público y generaría justicia equitativa en términos distributivos porque bajarían los costos de bolsillo que las mujeres tiene que pagar para hacerse un aborto”.

(Por Giuliana Crucianelli) “Siento mucha alegría, ahora hay que empezar a preparar el corazón para el tratamiento en Senadores que siempre es miedo e incertidumbre. Pero sabemos que este año va a ser ley. Nos la merecemos y nos lo deben”, dijo a FM De la Calle Fernanda Petersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones fue el resultado del debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que terminó con media sanción en la Cámara de Diputados. Miles de pañuelos verdes colmaron las plazas de todo el país y Bahía no fue la excepción.

Griselda Cifuentes (Socorristas en Red) destacó que si algo pudimos aportar las redes que acompañamos es que, a pesar de que necesitamos una ley de IVE, algunas experiencias están alejadas de los repertorios del dolor y que une puede pensar que abortar puede tener que ver con proyectar deseos”.

Ayer se realizó una movilización y luego comenzó la vigilia en la Plaza Rivadavia con la atención puesta en los discursos del Congreso proyectados en pantalla gigante. Esta mañana, las organizaciones y quienes se autoconvocaron en la calle celebraron la mayoría de votos afirmativos.

Petersen comentó que entre los argumentos “sigue surgiendo esta idea de los antiderechos de tutelar y decirle a las mujeres y personas con capacidad de gestar qué hacer y cómo debemos afrontar situaciones, para ellos, traumáticas. Muy pocas veces escuchamos hablar sobre nuestros deseos, sobre nuestra autonomía y cómo esto motiva la lucha, por eso este desahogo”.

La doctora Belén Ferro Moreno, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, expresó que “para quienes trabajamos en salud es un avance muy importante. Queremos que las personas gestantes que se acercan al sistema de salud no se sientan rechazadas, lo que dificulta y traumatiza es el peso del estigma social y son, muchas veces, los mismos trabajadores de la salud quienes vulneran esos derechos”.

“Esperamos que a nivel local las autoridades estén a la altura y que en todas las unidades sanitarias haya un profesional que garantice el derecho”.

En relación a la situación local, mencionó que “en Bahía antes de la pandemia había 56 unidades sanitarias funcionando, se redujeron para efectivizar la atención, pese a que en la red somos 30 efectores, son 15 unidades en las que funcionamos. Eso significa que una persona tenga que cruzar la ciudad para dar con alguien que garantice el derecho. La mayor parte de las ILE se garantizan en el primer nivel, sin embargo, en unidades sanitarias solo el 10% de efectores lo garantizamos. Esto sobrecarga al personal y genera barreras. Estamos esperando que la Secretaría de Salud dé una respuesta, generando una sensibilización al personal de la salud”.

Griselda Cifuentes, de Socorristas en Red, sostuvo que hay que “entender que esto es algo que ya no tiene vuelta atrás, la sensibilidad despenalizadora es un hecho”.

Agregó que “una de las situaciones que se repitió en varios argumentos no solamente para los a favor y para los que están en contra tiene que ver con pensar que las experiencias de abortar son traumáticas y dolorosas y me parece que si algo pudimos aportar las redes que acompañamos es que, a pesar de que necesitamos una ley de IVE, algunas experiencias están alejadas de estos repertorios del dolor y que une puede pensar que abortar puede tener que ver con proyectar deseos”.

Ketty Scheider, integrante de la Campaña, se mostró “muy emocionada, son muchos años de lucha, de transitar a calle antes de la marea verde, éramos muy poquitas, es un logro enorme. Nos queda Senadores, soy muy optimista porque este país no puede seguir en el medioevo”.

Otras voces

“Estamos cansadas de seguir escuchando lo mismo, que tantas personas sigan opinando sobre nuestras elecciones y nuestro cuerpo. Siempre que se pueda dar en democracia y con las opiniones de las personas que nos apoyan es importante. Es político pero no partidario, esto es nuestro”, señaló Patricia.

Otra joven dijo que siente “alivio” y agregó: “Hace 37 años que volvió la democracia, en un día tan especial se puede valorizar la lucha. Esto no es solo de las mujeres, es un cambio muy profundo y tiene a la juventud como el protagonista principal. Es una comunión entre el recinto y el afuera”.

Un grupo de amigas pasó la noche bajo frazadas escuchando el debate: “Estoy emocionada, cuando el presidente de la Cámara dijo que se había obtenido la media sanción se me pusieron los ojos llorosos, ver a nuestras compañeras acompañando toda la noche fue emotivo. Espero que piensen bien su voto en el Senado y que voten a favor de las pibas”.

“Siento que valió la pena”, dijo otra adolescente llorando, “me encanta vernos así de juntas, que las generaciones que vienen, vienen más fuertes. Lo que hay que rescatar es la autonomía y la importancia de la libertad, basta del estigma. Es nuestra decisión, es nuestro cuerpo y nuestra vida, nadie tiene el poder sobre nosotras”.

La segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas de la Argentina concluyó que “alrededor del 79 por ciento de las personas está de acuerdo con el aborto en alguna de las circunstancias”.

“Cuando se trata del inicio o el fin de la vida las religiones tienen algo para decir. Si nos preguntamos quiénes son los que hablan, suelen ser los líderes, los dirigentes. Más allá de esa postura institucional de las iglesias, en los creyentes encontramos posiciones distanciadas de las jerarquías”, dijo a FM De la Calle Verónica Giménez Béliveau, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET.

Comentó que “una de las opciones de la encuesta era el aborto legal como derecho de las mujeres, otra que debería estar despenalizado en algunas circunstancias y la tercera opción señalaba que debe estar prohibido siempre”.

La socióloga mencionó que: “Tres de cada diez argentinos consideran que es un derecho de las mujeres, dos de cada diez consideran que debe estar prohibido siempre y cinco de cada diez consideran que debería estar permitido en algunas circunstancias. Si sumamos la primera y la tercera, llegamos al numero de casi el 80 por ciento está a favor de algún grado de despenalización”.

Según la adscripción religiosa, quienes opinan mayoritariamente a favor del aborto como derecho de la mujer son las personas sin filiación religiosa; quienes más firmemente apoyan la prohibición son los/as evangélicos/as; y quienes están a favor de la despenalización en algunas circunstancias son los/as católicos/as.

La primera encuesta se realizó en 2008 y en comparación con la de 2019 “observamos que sobre este tema hubo un crecimiento de casi el doble de las personas que consideran que el aborto es un derecho de las mujeres. La puesta en escena de la discusión pública en la Cámara de Diputados y el Senado en 2018 sirvió para que las personas se enteraran, profundizaran y muchas veces cambiaran su opinión”.

Consultada sobre la influencia de los medios de comunicación, Giménez argumentó que “se hacen eco y circulan cosas que pasan en la sociedad. Pedirle verdad a los medios estaría bueno pero no es lo que pasa, la circulación de fake news o discursos o creencias que no están probados científicamente se dan cuando hay disputa, pasó con el aborto y con los intentos el darle sentido a hechos que alteran la vida como el covid y las decisiones políticas que se tomaron para paliar las consecuencias”

“Lo que pasa en general cuando se aprueban determinadas legislaciones que amplían derechos es que las sociedades se los van apropiando y se vuelven ‘normales’, pasan a ser parte de la forma en la que la sociedad se piensa y se caracteriza. Así como antes del matrimonio igualitario la homosexualidad era mirada con más crudeza, hoy gracias a la ley hay una mayor apertura, sobre todo de las generaciones jóvenes, tienen una relación completamente diferente con la diversidad sexual, creo que con el aborto pasará algo similar va a pasar a ser un derecho adquirido”, concluyó.

“Soy católica, yo no me hago abortos pero por qué tengo que meterme con otras personas”, dijo a FM De la Calle Cecilia Ousset, médica tucumana especialista en tocoginecología, objetora de conciencia y expositora a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso.

“Que yo sea objetora de conciencia no tiene nada que ver con que una persona pueda cumplir sus derechos. No puedo exigir a todo el mundo que piense igual que yo, que tenga mi misma religión o pensamiento, es absurdo”, agregó.

Ousset fue una de las profesionales que intervino en el caso de Lucía, una niña tucumana de 11 años con un embarazo producto de una violación. En la actualidad ella y su marido, quien fue convocado para realizar el aborto no punible, continúan imputados por homicidio agravado por haber garantizado la intervención según lo indica el Código Penal desde 1921.

“En el caso Lucía todo el mundo se declaró objetor de conciencia, yo ya estaba adentro con el profesional que lo iba a hacer y le tuve que instrumentar, tuve que ser partícipe porque mis creencias no pueden estar por encima del derecho de las otras personas”, comentó la médica.

Agregó que en el 2019 “se sabía que había una nena internada, que no se le garantizaba la interrupción del embarazo, había sido abusada y embarazada por su abuelastro. Estuvo un mes en el hospital, la fiscal (Adriana) Giannoni hace abuso de poder porque envía oficios al hospital amedrentando al personal diciendo que si alguno hacía la ILE iba a iniciar acciones penales, entonces ningún médico se animaba”.

“La nena pedía que le saquen lo que el viejo le había puesto adentro, tenía lesiones, un caso muy grave y habían dejado pasar mucho tiempo”.

“Una jueza de Familia insta al Ministerio de Salud que se haga en un plazo de 48 horas, me llaman a mí que soy efectora del sistema privado, sabían que yo estaba a favor de la legalización del aborto y que era objetora de conciencia, derivo el caso y acompaño al otro profesional por si había alguna complicación. Llegamos y todos se declararon objetores, las jefas estaban presentes, se llama a un anestesista de otro lugar y cumplo con la ILE, a la salida del quirófano nos esperaban oficiales del Ministerio Público Fiscal para tomarnos los datos”, recordó.

La especialista señaló que la causa continúa abierta por homicidio agravado: “En un momento casi perdemos nuestra libertad, tuvimos que ir a una audiencia con personas en la calle manifestando. Hemos visto realmente amenazada nuestra libertad, amenazas telefónicas y violencia verbal en la calle, a nuestras familias, nuestros hijos amenazados, con tratamientos psicológicos y, hasta el día de hoy, se sigue gastando recursos económicos en una causa que no se cierra”.

La persecución judicial como una maniobra de disciplinamiento profesional

“Es como si viviéramos en diferentes países, como si cada provincia tuviera sus propias reglas. En Diputados escuchámos cómo (los sectores antiderechos) tienen sus interpretaciones, dicen que el caso FAL fue para un solo caso, el art. 86 es para mujer idiota, es una locura. En el sur tenemos un profesional con causa penal y sin matrícula por obstaculizar y en el norte, por cumplir, tenemos causa penal”, argumentó.

Ousset explicó que “necesitamos marco normativo y jurídico claro para todo el territorio nacional. Tengo que saber, si la persona me dice necesita tal cosa, qué me va a ocurrir para ver si corro o no ese riesgo. No entiendo la colega que dice que quiere que sigamos viviendo en la clandestinidad en el miedo. Algo está fallando en lo íntimo de su ser o no está entendiendo la gravedad del problema”.

¿Cómo implementar la cláusula de objeción de conciencia?

En relación a la posibilidad de implementar un registro de personas objetoras de conciencia mencionó que “estamos hablando de Tucumán, donde obligan a gestar niñas, un registro sería ridículo. No debería haber porque una vez registrado sería muy difícil salir. Se van a ir plegando cuando esto avance y se vayan derribando muros ideológicos, cuando no se sientan perseguidos por fiscalías de homicidios. Hoy se van a registrar todos, no me vayan a meter preso, acá de verdad la policía te llega con sirenitas a tu casa”.

“Hay que manejarlo con mucha inteligencia, tejer redes, los profesionales que estamos por el derecho a decidir, por la legalización del aborto, entre nosotros sabemos a quiénes nos mandamos, todos lo sabemos y el sistema también. Sí necesitamos hacer consultoría porque acá tampoco hay”, concluyó.

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo del gobierno nacional incluye la objeción de conciencia (OC) de profesionales de salud. La abogada e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Agustina Ramón Michel, analizó en FM De la Calle los alcances de la medida.

“Hay un mal uso y abuso de la OC, por eso no la incluyó la Campaña en su proyecto. El dictamen de 2018 la incorporó de manera individual y prohibía la institucional. El cambio respecto a esa media sanción es que (la propuesta del Ejecutivo) no prohíbe explícitamente la objeción de conciencia institucional pero tampoco la permite. No parecería ser tan problemático que no la prohíba, lo importante es que no la permitan”, explicó.

La docente sostuvo que “la objeción de conciencia es la posibilidad de no cumplir con una obligación jurídica, en este caso el profesional de la salud está obligado a realizar una IVE, la OC es la posibilidad de negarse a cumplir la obligación alegando razones morales o religiosas”.

“Puede ocurrir que todos los profesionales de una institución aleguen objeción de conciencia. Eso podía pasar también con lo que se aprobó en 2018, la institución no dice soy objetora sino que van todas las personas. Sería una OC institucional informal. Una de las cosas más importantes es ver que se precisen los deberes que tienen quienes objetan, no es admisible que una persona que tiene creencias morales o religiosas diga no voy a cumplir con mi deber de atender a una mujer y además le restrinja la información o no la derive o que objete en el hospital y no en su consultorio”, comentó.

De acuerdo a una investigación de CEDES, les profesionales de la salud “no solo objetan por razones morales o religiosas, en muchas oportunidades tienen miedo al estigma de ser ‘aborteros’ en pueblos pequeños o recibir repudio de otros colegas. Ahí hay mucho por trabajar a través de capacitación, de redes, y con eso vamos a reducir la cantidad de objetores/as”.

Registro: ¿sí o no?

Michel dijo que “a veces un registro de objetores parece ser la forma de resolver este problema pero lo cierto es que no lo es”.

Destacó la experiencia de Santa Fe: “Se trataba de una gestión que había tomado la decisión de dar acceso al aborto por causales y quería usar un registro para entender cuál era la situación en el servicio de salud, cuántos eran los objetores y por qué razones. Con esa información fueron a trabajar a los centros de salud. Algunos objetaban para dar la píldora de emergencia porque decían que era abortiva, el Ministerio hizo una capacitación para mostrar que no era abortiva sino anticonceptiva. Después de las capacitaciones la cantidad de objetores se redujo un 35%”.

“Imaginemos este registro en la provincia de Chaco o Tucumán donde no hay ley de salud reproductiva, ni protocolo ILE, donde la ministra dice llamarse celeste. Se va a abrir ese registro diciendo anotesé quien quiera, se van a anotar el 80% del personal por reaccionario, otros por devotos, otros por miedo a quedar fuera y ser señalados como ‘aborteros'”, enfatizó.

Insistió en que “el registro en provincias que no tienen políticas de acceso al aborto es un arma de doble filo. De afuera parece una forma de tener cierto control pero en mi opinión no es la solución”.

Tierra fértil para el acceso a la salud sexual

“Si esta ley sale, no llega a tierra árida donde está todo por hacerse, ya se viene trabajando en los centros de salud el acceso a la ILE. En todas las provincias hay uno o cientos de profesionales que lo garantizan. A quien objete tenemos que hacerle seguimiento, la institución tiene que insistir y exigir que cumpla con las obligaciones”, comentó Michel.

Subrayó que “hay que poner en el centro el acceso, armar espacios para conversar, capacitar, todavía hay profesionales que se imaginan el aborto como algo complejísimo porque se imaginan lo que conocen desde la universidad y no se actualizaron”.

“El de 2018 fue el debate legislativo más pedagógico de la historia argentina. No hay dudas de que la despenalización social empezó ahí”, concluyó la abogada.

“No es justo que no podamos salir a las veredas porque nos piropean, nos secuestran, nos suben a los autos a la fuerza. No podemos estar con lo brazos atrás, tenemos que luchar y pelear por las chicas que están muertas, somos las voces de las que no pudieron gritar”, dijo una niña durante una concentración en el Barrio Pedro Pico.

Un centenar de personas se reunió ayer para repudiar los episodios de violencia sexual de los últimos días. La chica agregó que “si a la gente le decís que te violaron sos una loca, no podemos gritar porque dicen ‘son unas locas’. Necesitamos alzar la voz”.

Franco Fri fue detenido y negó ante la fiscala Agustina Olguín ser el autor de los hechos. Se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y robo agravado por el uso de arma. La víctima lo señaló en una rueda de reconocimiento y las autoridades no descartan que esté relacionarse otros dos episodios ocurridos en el mismo sector.

En tanto, Braian Herrera fue arrestado por manosear a una chica en el centro de la ciudad. Según fuentes judiciales, fue puesto en libertad ya que el delito es excarcelable y el acusado no tiene antecedentes penales.

“Tiene razón mi hermana -afirmó otra niña- esto es una injusticia. Las pibas se están muriendo, tenemos que hacer algo más que esto. Los meten en cana y los sueltan porque dicen que faltan pruebas, porque dicen que no se defendió. A la chica la violó el gil que vive acá a la vuelta, hay que hacer justicia por esa chica y por todas las demás”

Vecinos y vecinas del barrio se reunieron con el subsecretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte y el jefe de la Estación de Policía de Seguridad Departamental, Gonzálo Bezos. Reclamaron mayor seguridad e iluminación.

Una mujer expresó en la protesta: “Cuando vos no le creés a alguien que le dice que la violaron o la maltrataron la estás revictimizando. Hay que ser responsables y saber escuchar, hay que visibilizarlo, es una responsabilidad de todos. Tenemos que dejar de vivir con miedo y tenemos que cuidarnos entre nosotras. Es un llamado a la empatía, hay que tener mucho valor para hablar y para escuchar”.

“Estamos acá por todas ellas, peleamos por estas chicas, ya que el Estado no nos ayuda, no tenemos seguridad. Esto no pasa solamente acá sino en todos los barrios, en el colectivo. No sé qué quieren los hombres de nosotras. No son piropos, no queremos que nos digan nada”, se escuchó por el altoparlante.

Por último, una chica trans contó: “Tengo que lidiar con el prejuicio de que al hombre, por lo que soy, tengo que decirles que sí, me tengo que aguantar que hablen de mi género, ¿qué te importa lo que soy? Yo laburaba en limpieza y tuve que dejar de hacerlo porque un hombre me manoseó. Fui a denunciarlo y la policía me dijo ‘vos lo provocaste’. Una de las tantas razones por las que cambié de género es haber nacido hombre con todos los conceptos machistas en los que te obligan a vivir”.

María Julia Eliosoff y Agostina Costantino, economistas y columnistas de FM De la Calle, analizan las políticas públicas del Municipio desde una perspectiva feminista. “La transversalización refiere no solamente a pensar las políticas públicas como algo vinculado a la violencia sino a que cada secretaría, dirección y coordinación pueda diseñar e implementar políticas de género”, afirman.

“Se habla de tres categorías de políticas públicas: las que son neutras al género, el Municipio implementa una política y supone que impacta de la misma manera en mujeres varones y personas LGTBIQ, en realidad son ciegas al género; por otro lado están las que son sesgadas al género, van a un determinado perfil, no necesariamente apuntan a disminuir las brechas; y, por último lado, las políticas sensibles al género, que reconocen las brechas y buscan transformar esas relaciones”, explicó Eliosoff.

En una primera exposición del estudio, la economista agregó que “cuando se habla de políticas de genero desde el Municipio se lo hace sobre las que apuntan a lo que entendemos como violencia de género, que están conformadas básicamente para y por PROMOVER, que brinda atención a situaciones de violencia. Hay claramente un sesgo hacia eso, si se ingresa a la Dirección de Políticas de Género, lo primero que te dicen es porqué es importante denunciar como si solo fuera violencia”.

A esto se le suma que “en áreas de Empleo está el seguro de capacitación y empleo, que tiene una línea especifica para mujeres en situación de violencia y el apoyo a las ONG`s y a la Red Local contra la Violencia de Género. Es claro que la mirada está solamente en las cuestiones de violencia”.

Respecto a la Ley Micaela -la cual obliga a todos y todas las trabajadoras de los gobiernos nacional, provincial y municipal a capacitarse en temáticas de violencia de género- “recién el jueves pasado el HCD pudo adherir. Se han hecho algunas capacitaciones pero no está claro a cuántas personas y en qué modalidad”.

Eliosoff afirmó que la Secretaría de Políticas Sociales tiene “una mirada familiarista y asistencial, en enfoque de las políticas sesgadas al género: son para las mujeres porque son para familias, niños y adolescentes. Los programas de asistencia directa, tarjeta social en su mayoría, tienen como beneficiarias a estas mujeres. Son políticas que no contribuyen a desandar los caminos de la feminización de la pobreza y brechas de ingresos”.

En el área de Salud “la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir logró garantizar abortos en muchas unidades sanitarias y, por cuestiones presupuestarias, hay muchas necesidades que están sin cubrir”.

“La transversalización refiere no solamente a pensar las políticas públicas como algo vinculado a la violencia sino a que cada secretaría, dirección y coordinación pueda diseñar e implementar políticas de género. Esto no tiene que ver con género = mujeres sino con generar mecanismos que desarmen esas relaciones de poder que se traducen en desigualdades”, explicó.

En ese sentido, subrayó la necesidad de contar con “estadísticas para tener datos concretos, pensar cuestiones como la pobreza de tiempo, cuestiones vinculadas a los cuidados. No solo pensar en violencias sino políticas con perspectiva de género en ingreso, salud, cultura, adultos mayores, hábitat e infraestructura”.

La escultora y activista Olga Corrales será reconocida en un festival que organiza la Cámara de Diputados y Diputadas.

Se trata de “FEDERALES Arte y Género”, una iniciativa de la legisladora Jimena López que se realiza desde el 12 de noviembre y hasta el 7 de diciembre en reconocimiento a mujeres que “por medio de la pasión y el esfuerzo en el trabajo han logrado destacarse y encontrar su lugar dentro del arte”.

“Hay artistas que son increíbles y tienen unos trabajos maravillosos y muchísimos años de lucha en el hombro. Es un placer visitarlas y conocer el trabajo de mujeres artistas que estamos invisibilizadas en el país”, dijo a FM De la Calle.

Agregó: “Estoy contenta y agradecida aunque nunca hay un reconocimiento monetario. Que no se malinterprete, me parece válido e importante pero la crítica es también para modificar algunas cuestiones”, afirmó.

En la actualidad está trabajando “en una escultura que va a medir cinco metros, es para un edificio. Es la primera escultura de acero inoxidable que estoy haciendo, al principio fue con muchas frustraciones y desastres estéticos, pero no me di por vencida y seguí practicando. La van a ver pronto en un edifico que está en Rondeau y Tucumán”.

Referentas de organizaciones del movimiento feminista de Bahía Blanca opinaron en FM De la Calle sobre el proyecto de despenalización y legalización del aborto enviado por el gobierno nacional.

La iniciativa ingresó al Congreso por la Cámara de Diputados y será debatida en las próximas semanas. Esta tarde habrá acciones conjuntas en localidades de todo el país para insistir en la urgencia de su aprobación. En Bahía será una caravana a las 18 en la Plaza Rivadavia con cobertura de la 87.9Mhz.

“Es la posibilidad de hablar de mayor autonomía, de sacar a nuestros cuerpos del Código Penal y de la criminalización. Como Campaña hemos presentado históricamente nuestro proyecto de ley. Más allá de eso, sé que las leyes son el piso en la posibilidad de conquista de derechos. Una vez sancionada la ley vamos a tener que seguir generando estrategias para contrarrestar a los grupos antiderechos que van a hacer lo posible para que no se lleve a cabo”, dijo Fernanda Pertersen, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Agregó que hay que prestar atención “es la objeción de conciencia, la posibilidad de que se nieguen a llevar esta práctica médica, esto es incompatible con el sistema de salud público. Este es el debate que hay que dar. Haberlo enviado con la protección de los mil días y otras medidas responde a negociaciones políticas. Nuestro lugar es la lucha”.

Verónica Herrero, medica del primer nivel de atención e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, destacó que “nos parece fundamental que el proyecto tenga apoyo desde las calles. Queremos que la ley sea federal y garantice que cualquier mujer con menos de 14 semanas pueda entrar por la puerta del hospital o salita y decir quiero abortar y que no por eso vaya presas o tenga complicaciones. Que tengan derecho a un aborto seguro y acompañado por profesionales”.

“Una cosa que nos parece importante es que pena la objeción de conciencia. No puede pasar que esta objeción obstaculice el acceso al derecho al aborto. Tenemos derecho a que se nos garantice esta práctica y no morir en el intento”, agregó.

Griselda Cifuentes, integrante de Socorristas en Red- Feministas que Abortamos, mencionó que “el envío del proyecto es un paso muy importante. No hubiera sido posible sin la marea verde, nuestra tarea es estar en las calles, hay que seguir muy de cerca sin perder la capacidad de reclamo, para que el debate implique la votación favorable que nos merecemos. El Congreso tiene una posibilidad histórica, saldar una de las deudas materiales y simbólicas con los deseos, proyectos, vida y salud de quienes abortan”.

La coordinadora de Ciudadanas Trans, Saira Millaqueo, afirmó que acompañan la propuesta para “acompañar la reivindicación de la autonomía de los cuerpos. Conocemos de opresiones sobre nuestros cuerpos, entendemos el sufrimiento y padecimiento que eso acarrea, por eso apoyamos la IVE. Todas las travestis y trans estamos apoyando y acompañando siempre junto al movimiento feminista”.

“El proyecto de la Campaña no establece penas para alguien que desee abortar luego de las 14 semanas, el del Ejecutivo sí lo hace. El proyecto de la Campaña no establece objeción de conciencia de ningún tipo, el de Alberto Fernández habilita la objeción de conciencia en general sin especificar sobre el tema, planeta que se debe garantizar derivación”, apuntó respecto a las diferencias entre los dos proyectos, Daniela Rodríguez de Pan y Rosas dentro del FIT.

Cecilia Epherra, integrante de UMSUR criticó la extensión de cinco a diez para la aprobación de la IVE a partir de su solicitud y la incorporación de la objeción de conciencia para profesionales de la salud. “Tal vez no representa un problema en grandes ciudades pero sí en comunidades más pequeñas donde no abundan profesionales que brinden asistencia segura para un aborto”.

“Es momento de debate serio, democrático, plural y pronto. Legalizar el aborto permite salvar cientos de vidas, se termina con un negocio oculto como los lugares donde se aborta de manera ilegal, reafirma la ESI, dignifica nuestras vidas, nos permite decidir sobre nuestros cuerpos”, dijo Belén López de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Verónica Bajo, de Acciones Feministas, comentó que “estamos mirando positivamente que por fin sea ley pero con dudas. Se puede traslucir el problema de la objeción de conciencia y las consecuencias que sabemos que trae. Pareciera que tiene más que ver con un proyecto de despenalización que de legalización. Se trasluce que han habido pactos con la Iglesia, que puede llegar a tener que ver con el proyecto de los mil días”.

Referentes de El Nido y Creer Sí lograron un acuerdo de palabra con el secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, para continuar su tarea en la Galería Visión 2000.

La mudanza de sus actuales sedes en el Mercado Municipal fue forzada por las autoridades comunales que pretenden instalar un “polo gastronómico” en el sector.

“Nos propusieron elegir los locales que estaban desocupados y que pudieran adaptarse. Es lo que hicimos, elegimos dos, uno para Nido y otro para nosotros”, destacó a FM De la Calle, la referente de Creer Sí, Clelia Severini.

Agregó que “verbalmente Marisco nos dijo que sí, que nos lo iban a otorgar, y fue un alivio grande. Nos dijeron que se van a hacer cargo de las reformas. Fue todo de palabra y nos dijo que esta semana íbamos a ultimar los detalles, creemos que será un comodato”.

Campaña contra el grooming

La semana pasada los ministerios de Educación y de Justicia de la Nación lanzaron una campaña de prevención del grooming en el marco de la cual Creer sí participa como entidad asesora desde nuestra ciudad.

Severini señaló que “es una de las formas de abuso sexual que se está visibilizando pero que existe desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando esta problemática, hay que hablar con los chicos y con los padres. La mejor manera de prevenirlo es preparar a los chicos para que se puedan defender”.

Asimismo destacó que el 19 de noviembre es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual hacia Niñxs y Adolescentes: “El tema se ha visibilizado bastante, se ha avanzado en el Código Penal, se avanza en los casos y se llega a juicio, hay condenas. Todavía falta mucho, se estima que por cada caso de abuso sexual que se denuncia hay nueve que no”.

” La maternidad no es una esencia universal: es un ejercicio, situado, que practicamos. Y en ese hacer, se cruzan opresiones y potencias”.

El Boletín Tramas publicó los resultados de una encuesta acerca de la relación entre maternidades, trabajos y tiempos. Se trata de un trabajo elaborado sobre la base de 155 respuestas.

“Nos encontramos con que tenemos mas de 150 relatos de maternidades y tiempos, eso fue lo más rico y lo más difícil de organizar. Pudimos registrar un montón de experiencias diferentes. Lo que aportó es incorporar los tiempos dedicados a los cuidados y el trabajo no remunerado”, dijo a FM De la Calle Analé Barrera.

La trabajadora social destacó que “la ocupación principal es de docentes y trabajadoras sociales, cuando vemos el tiempo dedicado al empleo no remunerado aparece con un 60% el empleo del tiempo parcial y ahí se ve cómo incide la cuestión de cuidados en las decisiones y trayectorias laborales”.

Ante la pregunta acerca de qué harían si tuvieran más tiempo, Barrera mencionó que “la principal respuesta es que lo utilizarían para formarse, hubo muchas que respondieron todas las opciones. La pobreza del tiempo es una cuestión que se suma a una serie de fenómenos que nos afectan, está asociado a otros fenómenos como la brecha de género y la inserción que tenemos las mujeres en el mercado laboral”.

Consultadas respecto a si la maternidad incidió en su trabajo remunerado la mayoría dijo que sí. “Vemos la reducción de horas, por decisión y por necesidad de no contar con otras alternativas de cuidados, interrupciones, aparecen situaciones de discriminación y violencia laboral, el despido o cese de contrato. Esta idea de que nos piden que trabajemos como si no fuéramos madres y ser madres como si no trabajáramos. Ahí aparece una exigencia en los empleos que no tienen en cuenta a los cuidados”.

Barrera subrayó “cómo el capitalismo en su funcionamiento requiere de este trabajo pero al mismo tiempo lo ningunea e invisibiliza. Tiene impacto en lo teórico de cómo comprendemos la sociedad y en lo práctico en cómo presentamos estrategias para resolverlo”.

“Lo principal es pensar las maternidades en plural. Hay un mandato que sentimos las mujeres que es el institucional de la maternidad que es de forma individual, tenemos que hacer todas estas cosas por amor y vemos que las mujeres dicen que maternar es un amor diferente”.

“Eso que llaman amor es trabajo no pago”, dicen. “Estamos de acuerdo hasta cierto punto, todo ese trabajo de cuidado implica un amor diferente, no ligado al chantaje, vemos que cuando las mujeres irrumpen en la escena pública lo hacen desde una politización de su maternidad. En las preguntas abiertas la mayoría hablaba de eso, qué es ser una buena madre, cuidar, hacerlos felices, que sean buenas personas. Pensar el amor maternal de otra forma, sacarlo de la abnegación y de la sumisión y dar cuenta de las experiencias reales”, finalizó

El secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, y el director del Mercado Municipal, Fabian Val, requirieron a organizaciones no gubernamentales que desocupen los locales en los cuales funcionan sus sedes para destinarlos a un polo “comercial y gastronómico”.

Entre las desalojadas se encuentran Bahía Blanca Che, una asociación civil sin fines de lucro que apunta a “defender y promover las artes/artesanías locales y regionales, organizar artesanes y artistas, promover ventas, producción, difusión, cursos, perfeccionamientos, hacer talleres, exponer y hacer conocer lo que se hace en la ciudad y la zona”.

“Nos llamó el señor que dirige el mercado, nos comunicó que van a hacer una especie de polo gastronómico, han decidido sacar a los locales que están frente al Hotel Italia. Nos dan lugares viejos y horribles”, dijo a FM De la Calle, Mónica Oliver.

Agregó que “hay una tensión entre lo privado y lo estatal, ellos vienen haciendo fuerza por lo privado. En la cortada, una cosa es que pongas mesitas y otra es que te apropies de la calle”.

La comunicación llegó la semana pasada, “estábamos en shock. Es un mal momento, tendrían que priorizar otras cosas. Tenemos que tener una entrevista con Marisco. Lo que nos dijeron en principio es que no pensaban darnos nada a cambio, por eso nos hemos puesto en alerta.
Somos gente grande, con una historia de trabajo, tampoco nos vamos a ir sin decir nada”.

La orde de desalojo corre también para organizaciones que trabajan temáticas de violencia machista y abuso sexual que funcionaban dentro del Mercado Municipal como El Nido y Creer Sí.

“Estamos en tratativas aún, confiamos que en esta semana la Municipalidad pueda ofrecernos algo que cambie la situación”, comentó Laura Vulyscher, presidenta de El Nido, centro de prevención y asistencia de la violencia familiar.

Señaló que “nos ofrecieron un lugar en el mercado donde el acceso es difícil y no nos convence. Les dijimos que no que nos sirve, el lugar está muy deteriorado, nos resulta un poco chico”.

La propuesta es el uso de un espacio del primer piso y sin vidriera a la calle. “Para nosotros sí nos cambia, ese era uno de los problemas más grandes, en cuanto a la difusión, para la gente que está buscando el lugar y no lo encuentra”.

“Estamos con expectativas porque no tenemos a dónde irnos y tenemos muchas cosas que no es fácil llevarlas”, argumentó Vulyscher.

La Red Local de Violencia de Género manifestó en un comunicado que acompañan “la gestión iniciada por las ONGs ‘El Nido’ y ‘Creer Sí’ ante la solicitud del Departamento Ejecutivo local de entregar las llaves de los locales del Mercado Municipal en los que llevan adelante sus tareas de servicio a la comunidad desde hace más de una década”.

Por último, sostienen que “la tarea de estas ONGs viene a complementar, y en muchos casos a suplir, abordajes vinculados a la temática y que las áreas específicas de la Municipalidad en ocasiones no contienen, existiendo por lo tanto una articulación de hecho entre trabajadores y trabajadoras con el fin de mejorar los dispositivos locales y la llegada a quienes los necesitan”.

La autora de la obra, Julia Rodríguez, afirmó: “Que tapen un mural es común en Bahía, se repite en muchos lugares. Cuando las obras tienen carácter político siempre viene alguien y las tapa. Sabemos que en esta ciudad se vota a la derecha. Hay ataques de todo tipo contra las causas populares. En el local anterior también habían pintadas antisemitas”.

“Veinte veces lo van a tapar, veinte veces lo vamos a pintar. La violencia de ellos es de antes de que pintemos. Así como está el mural ahora, es muy gráfico de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Es odio de clase”.