La aplicación PedidosYa desembarcó en Bahía y una veintena de jóvenes comenzó a hacer repartos en bicis y motos. El secretario general de ASTRAMyC, Andrés Siebenhar, dijo a FM De la Calle que la propuesta de la empresa “es la precarización total”.

“Les venden un formato de trabajo que no es el que corresponde por un convenio colectivo. Están pagando 50 pesos el envío, tienen penalización por las demoras en la entrega, el trabajador está pendiente todo el tiempo de los envíos”, comentó.

El dirigente de cadetes/as y mensajeras/os explicó que “hay 4 o 5 motos y después son 10 o 15 bicis. Lo que la empresa vende es usar la pilcha de ellos y la mochila. Todo se lo tienen que pagar los cadetes, hasta los datos móviles del teléfono para tener la base de datos, estás monitoreado todo el tiempo. Nos contaban que pagaron 1000 pesos la mochila. Tienen una zona bastante amplia, creo que es hasta Villa Mitre, 40 o 50 cuadras a la redonda”.

Respecto a las medidas de seguridad, Siebenhar dijo que “no está reglamentado, como en Buenos Aires, que hay que circular con casco, luces. Acá todavía no hay nada. Los compañeros usan su bicicleta, su moto. Todavía no hay ningún tipo de restricción”.

“El sistema es malísimo para todos, ya nuestro rubro está tercerizado, precarizado. Vienen a cumplir el mismo sistema que está vigente, por ahí el sistema operativo es diferente pero la finalidad es la misma: monotributo o en negro”.

(Por Pablo Becher) En las últimas décadas, diversos estudios sociales y económicos han visibilizado el crecimiento de la precariedad como uno de los elementos constitutivos de una nueva configuración en las relaciones laborales, que atraviesan al conjunto de trabajadores y trabajadoras asalariades en todo el mundo. Si bien el carácter de novedad puede ser puesto en debate, es interesante visibilizar el establecimiento de una nueva morfología, como expresó el brasileño Ricardo Antunes (2009), que ha adoptado el mundo del trabajo capitalista, configurado por diversas modalidades de informalidad,  flexibilidad y condiciones de trabajo precarias, organizadas de forma diferente a como se expresaban en el “empleo típico” de los años fordistas a mediados del siglo XX. La recomposición implicó una disminución abrupta del clásico obrero industrial para dar lugar a una población asalariada multiforme.  En este sentido, la tendencia mundial en medio de un contexto capitalista en constante transformación y competencia interburguesa, ha sido el deterioro manifiesto de la protección social en un amplio espectro de trabajadores/as, la creciente inestabilidad laboral, y la existencia de una cantidad considerable de puestos de trabajo con bajas remuneraciones en medio de la absoluta informalidad.

En Argentina, la estructura ocupacional se ha caracterizado en las últimas décadas por una profunda heterogeneidad y fragmentación en una gran mayoría de trabajadores/as, marcada por un aumento significativo de la desocupación abierta, la sub-ocupación horaria, la sobreocupación y la proletarización-descalificación de amplios sectores, incluyendo la clase media. Esta tendencia puede visibilizarse en la propia Encuesta Permanente de Hogares (EPH- INDEC) que refleja que un promedio de más de un 35% de la población activa en los últimos diez años se encuentra en estas condiciones. Sin lugar a dudas dentro de este proceso que afecta a toda la clase obrera, la precarización laboral se presenta como una condición que formaliza y naturaliza un fenómeno histórico cada vez más visible. Este fenómeno solo es entendible en su complejidad como síntoma de los cambios y mutaciones en la dinámica en el  interior del patrón de acumulación capitalista, sino también como parte de una respuesta del capital a su propia crisis. De esta forma, al crecimiento de la desocupación – de ese creciente ejército de reserva que empuja al trabajador/ active- y la creciente alza del sector marginal sin oportunidades ni posibilidades de acceder a un empleo, se suman múltiples personificaciones sociales que tienden a engrosar las filas de la población sobrante: jóvenes sin empleo y estudio, ancianes jubilades y pensionades que no pueden acceder nuevamente a trabajar, personal no calificado en nuevas tecnologías, personas ex privadas de la libertad, personas con discapacidad, personas con distintas orientación sexual, entre otres.

Por otra parte, la precarización afecta con mayor crudeza a las mujeres (que alcanzó en Argentina a un 58% para el primer trimestre de 2019 – fuente EPH-INDEC) que en muchos casos cobran una remuneración menor que los hombres por igual tarea y extienden su jornada laboral en actividades domésticas dentro de casa como trabajo sin reconocimiento. Y también a los migrantes y personas de descendencia étnica diferente, que son puestos a realizar actividades intensivas por un mínimo salario.

La legislación laboral durante gran parte del gobierno macrista (2015- 2019), si bien no pudo presentar la reforma laboral, en los hechos estableció distintas medidas tendientes a flexibilizar aún más los mecanismos de contratación laboral, permitiendo al conjunto del capital un marco regulatorio laxo con el objetivo de reducir costos laborales, bajar los pagos por indemnizaciones y las rigideces del mercado, en un contexto de alta inflación y recesión. Precisamente, en un marco de dificultades económicas generalizadas para la acumulación y ahorro de capital, la inversión descendió abruptamente (y sí se extendió la deuda externa) y la mano de obra fue la más afectada no solo a nivel de salario real (vía tarifazo) sino también en cuanto al deterioro de sus condiciones laborales, y de su propia supervivencia (por mayores despidos), lo que volvió a la estrategia empresarial de reducir costos una reacción determinante para el mantenimiento de “supuesto piso de ganancias”.

Si bien durante el período anterior, con el gobierno kirchnerista, el número de convenios colectivos aumentó por rama de actividad, la tendencia en alza de convenios por empresa fue una constante que ascendió significativamente durante el macrismo. Esta situación fue oportuna para las grandes empresas, que se vieron beneficiadas de implementar sus condicionamientos al negociar directamente con los trabajadores, mediando en algunos casos con sindicatos adeptos. A los cambios por contratos por tiempo determinado, períodos de prueba, regímenes de preaviso, indemnizaciones por despido, reducción de cargas patronales, el marco regulatorio fue dando cuenta de una mayor vulnerabilidad de la clase trabajadora en el lugar de trabajo. La intensidad laboral implicó un aumento en las horas trabajadas, con un mínimo de mano de obra, aumentando de esta forma la plusvalía absoluta.

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a precarización laboral?

La precariedad se ha definido conceptualmente de diversas formas. Tanto es así que su percepción ha ido variando para dar a entender no solo una condición específica del asalariade sino también a un fenómeno emergente y disruptivo, una forma de estar/ser vinculado a la pérdida o debilitamiento de los vínculos sociales de integración y protección social que sostuvo el “Estado de bienestar”. En esta dirección, que luego discutiremos, el concepto de precariedad laboral se asocia al deterioro de las condiciones laborales, inestabilidad, inseguridad, desprotección ante la expansión de las relaciones no formales y falta de derechos sindicales, relacionados con un momento histórico de visibilización de la cuestión social, debilitado en la actualidad por el neoliberalismo, sin discutir de fondo al Estado y las configuraciones que adopta el capitalismo (Ezkenazi y Marticorena, 2010). Esta perspectiva se caracteriza entonces como un síntoma de nostalgia, de un pasado al cual se desea volver, bajo el manto de un capitalismo nacional aliado a un estado democrático que asegure el pleno empleo y los derechos sociales perdidos. De esta forma, la comprensión de la precarización como una dimensión contemporánea de la configuración actual del trabajo aparece como un espejo roto del capitalismo industrial fordista basado en la sociedad salarial (como decía el sociólogo francés Robert Castel (2012)) donde se hace hincapié en  los procesos de desmantelamiento y degradación del “empleo típico” (contratos a término, trabajo subcontratado, trabajo parcial, tercerizado, siempre realizado por varones adultos).

Otra mirada del concepto de precarización apunta a discutir este concepto exportado de Europa, en el marco de la intelectualidad, para entenderlo como complejo proceso histórico que acompaña al capitalismo desde sus inicios, generando una estructura ocupacional múltiple con diferentes grados de inserción, que tiene como final principal bajar costos al capital. Es en ese sentido y, como menciona la economista Mariana Fernández Massi (2014), es que puede hablarse de distintas escalas de precariedad en el empleo asalariado y no de si es estable o erosionado.

En diversos estudios, la precariedad laboral aparece como un mecanismo del capital para asegurar una inserción débil y marginal del trabajador/a en el proceso de trabajo. Inserción atravesada por condiciones contractuales que no garantizan la permanencia y se refleja en indicadores como la falta de aportes jubilatorios, ilegalidad y relaciones endebles en la medida de que los trabajadores no gozan de un sistema protector que les garantice derechos a indemnización por despido, pago de vacaciones y aguinaldo (Neffa, 2010). En los últimos años la introducción de tecnología en algunos sectores como el metalúrgico o automotriz puso en jaque la contratación de personal con antigüedad y redujo drásticamente la ocupación. Pero, en general, el uso de maquinaria y tecnología no ha hecho más que aumentar la cantidad de trabajo informal, empeorando las condiciones laborales existentes (como de hecho surge en el sector de la industria frigorífica o textil).

La matriz dominante que expresa la condición de precariedad implica la intensificación de la explotación capitalista, que oculta el rol deshumanizante y de alienación que surge cada vez con más fuerza en el interior de la llamada “cultura del trabajo” (mas productividad, mayor consumo, menos ocio, menos vagancia, más actividad fuera del propio trabajo). La alienación significa en este sentido desapropiarse de la propia tarea manual e intelectual, para perder el sentido de la identidad como trabajador o trabajadora, explotade y oprimide en su condición de trabajo hacia /para otro.

Metodológicamente, la visibilización de la precariedad no resulta sencilla. Si bien el análisis de dimensiones objetivas de la precariedad a través de distintas variables relacionadas con el empleo (dentro del EPH) resultan significativas para evaluar un sector generalizado de trabajadores (fundamentalmente en términos de prestaciones sociales), sin embargo, el reconocimiento de las dimensiones de tipo subjetivo, que aluden a los sentidos y percepciones que se tienen sobre el trabajo, permiten visibilizar una relación particular entre el fenómeno de estudio con las vivencias y experiencias propias de los trabajadores, en tanto representaciones de los sujetos (riesgos psicosociales, satisfacción en el trabajo, utilización de los saberes).

Como expresa en su trabajo Mariana Fernández Massi (2014) vale la pena comprender que la caracterización de la estructura productiva resulta clave en la definición de las condiciones de empleo ofrecidas. De esta forma, pueden observarse diferencias cruciales en las distintas ramas de actividad a nivel nacional. Por ejemplo, es común el empleo no registrado y el no reconocimiento de los derechos laborales en el sector de comercio y esparcimiento, con jornadas laborales intensivas y pluriactividad. En el sector de servicios sociales, y fundamentalmente en el sector público, están muy difundidas formas de contratación vinculadas a planes de empleo y becas/pasantías por poco tiempo, sin percibir el mismo sueldo que un empleado de planta. En la industria y la construcción las altas tasas de precariedad se pueden visibilizar en las insalubres condiciones de trabajo, pese al continuo señalamiento de cuerpos de delegados sobre el problema, lo que ha acarreado muertes y accidentes laborales de gravedad. En muchos casos estos sectores amparados por negociación colectiva son aquellos en los que hay menor reconocimiento de derechos laborales, menores salarios y jornadas laborales atípicas. El sector servicios financieros, inmobiliarios, informáticos y empresariales presenta grados de precariedad bajo, pero su expresión aparece en la extensión de la jornada, con horas extras, e inestabilidad.

En Bahía Blanca los datos del informe de precariedad e informalidad del CREEBA[1] del 2018 comparan las tasas con los niveles nacionales, señalando que en la ciudad  para el cuarto trimestre de 2018 hubo un 31% (equivale  a 29400 personas) de personas en situación de informalidad y un 38% de precariedad (equivale a 49500 sujetos), que resultan relativamente cercanos a la tasa nacional (37% informalidad y 42% precariedad). Teniendo en cuenta el margen de error que tienen estas muestras tomadas desde la EPH, sin embargo muestran un panorama de la situación que diacrónicamente (es decir a lo largo del tiempo) va presentando una desmejoría y un proceso de deterioro del mercado de trabajo laboral bahiense (ver gráfico 1 extraído del informe).

Esta situación implica diversas estrategias empresariales “cuando el negocio va mal” que van desde la polivalencia y la multifuncionalidad del trabajador o trabajadora (que pasa a barrer, limpiar, cepillar baños, llevar la contaduría y servir paquetes, además de su tarea concreta) hasta la intensificación de los ritmos, tiempos y procesos de trabajo. En última instancia, los comercios o industrias de menor envergadura apuestan por el despido sin causa, los retiros o jubilaciones anticipadas o los concursos de quiebra.

En las situaciones de precariedad el espacio y el tiempo se metamorfosean, cambian de la concentración al trabajo en red, o de las relaciones personales a las relaciones inmateriales, basadas en aplicaciones digitales (APP) que borran los sentimientos y reproducen las sensaciones de abandono, ignorancia o desidia. Estos mecanismos informáticos amplían las formas de extracción de trabajo y reproducen la lógica de la incertidumbre como móvil para la realización de tareas. Sin lugar a dudas la uberización del mercado laboral va por ese camino.

A este trabajo virtual se le suman las nuevas formas de organización, más flexibles, con jornadas de trabajo part time, a destajo o con el cobro de plus por horario extra. Aquí el emprendedurismo o el trabajo voluntario se asientan como paradigmas del trabajador/a moderno: el primero con la falsa  lógica por el cual el/la obrere puede individualmente montar o concretar su propio negocio porque se convierte en un empresario de la noche a la mañana (sin darse cuenta de que en forma encubierta sigue siendo un asalariado) y el segundo con la idea de que asumiendo las obligaciones y aceptando sacrificios, que nunca serán reconocidos por el patrón, el/la obrere se convence de que puede llegar a convertirse en un líder. Ni hablar de las formas distorsionadas que asumen algunas cooperativas, lejos del espíritu solidario y socialista que las constituyó en sus orígenes. Muchas de ellas se montan como empresas capitalistas donde predomina la autoexplotación y una cruel flexibilización laboral.

Pero la peor forma de contratación es la que asumen empresas tercerizadas. Como explica Victoria Basualdo (2014) la tercerización se refiere a la descentralización de las tareas, y a la decisión de una empresa de que un tercero puede realizar tareas eficientes dentro de la misma (ya sea como subcontratación, intermediación, suministro de mano de obra temporal y utilización de trabajadores autónomos). Se desintegra el verticalismo empresarial, aunque no la cadena de mandos, para ahondar más en una confusa red de contratos que diluye ciertas responsabilidades y permite mayores flexibilizaciones, incluyendo el propio salario.

¿Qué sucede con la subjetividad del precariade? Por un lado la sensación de inseguridad y de ver imposibilitadas la idea de pensar un proyecto a largo plazo implican mecanismos de defensa que pueden derivar en trastornos psicológicos o graves problemas de salud. De hecho las tasas de enfermedades asociadas el trabajo han crecido en los últimos años (como el consumo de ansiolíticos) provocando una mirada despectiva del trabajo como realidad cotidiana, ya que el control de la propia tarea disminuye (incluso en las actividades intelectuales como la docencia o la investigación) y aumenta la ansiedad y el estrés por terminar como sea las tareas asignadas.

En este sentido, la sensación de falta de reconocimiento, de inseguridad por las endebles condiciones de trabajo o la expropiación de un saber artesanal para convertirse en una máquina que debe cumplir determinados tiempos y producciones, revitalizan las peores características del viejo taylorismo ahora remodelado bajo nuevas modalidades de trabajo.

La posibilidad de generar un trabajo libre resulta una utópica posibilidad en medio de mecanismos de control que vigilan los movimientos extraños y rutinizan las tareas, los diálogos y los productos que necesita el mercado. El acostumbramiento se vuelve la única forma de continuidad.

Ante estas formas de explotación, la organización de les trabajadores/as y las resistencias colectivas, desde el sindicalismo, la sororidad, hasta los encuentros entre pares en actividades culturales y deportivas, constituyen alternativas necesarias para enfrentar la cosificación de la tarea y la precarización laboral.

Porque en última instancia no solo se trata de mejorar las condiciones de trabajo, los salarios o la propia organización laboral, que por supuesto resultan fundamentales para finalizar con la explotación. Sino también, de la posibilidad de convertir la idea material y simbólica del trabajo como una actividad vital, libre, fundada en el tiempo disponible, rechazando de plano la idea del trabajo como excedente para la reproducción de capital, la mera producción de mercancías innecesarias y el tiempo de producción destructivo y superfluo. Se debe posibilitar como afirma Antunes la posibilidad de rescatar el verdadero sentido estructurante del trabajo vivo contra el sentido (des) estructurante del trabajo abstracto para el capital, que cosifica al trabajador/a como una mera mercancía. “De modo radicalmente contrario, en una nueva forma de sociabilidad, plenamente emancipada, construida por los individuos libremente asociados o por la asociación libre de los trabajadores” (Marx), el florecimiento del trabajo social que desestructura el capital a través de la atención de las auténticas necesidades humano-sociales desestructurará al capital. Dando un nuevo sentido tanto a la vida dentro del trabajo como a la vida fuera del trabajo” (Antunes, 2009:42).

Bibliografía

-Antunes, Roberto (2009), “Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el futuro del trabajo)”, en AAVV. Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales. Vol. I, CLACSO, disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160216040822/04.pdf

-Basualdo, Victoria y Morales, Diego (2014), La tercerización laboral, Buenos Aires, Siglo XXI.

-Castel, Robert (2012), (2012), El ascenso de las incertidumbres. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

-Ezkenazi, Matias y Marticorena, Clara (2010), “Reflexiones críticas entre precariedad laboral y trabajo asalariado”, en Revista Herramienta web, disponible en: https://herramienta.com.ar/herramienta-web-6/reflexiones-criticas-acerca-de-la-relacion-entre-precariedad-laboral-y-trabajo-asa

-Férnandez Massi, Mariana (2014), “Dimensiones de la precariedad laboral: un mapa de las características del empleo sectorial en la Argentina”. en Cuadernos de Economía, 33(62), Buenos Aires, pp:231-257.

-Neffa, Julio Cesar (2010), “Naturaleza y significado del trabajo/empleo precario”, en Busso, Mariana y Pérez, Pablo (Comps.), La corrosión del trabajo, Buenos Aires, Miño Dávila, pp: 17- 50.

[1] http://www.creebba.org.ar/coyuntura/informe_otros/01_ipil_4_2018.pdf

El titular de La Bancaria, Fernando García, aseguró que el Banco Santander “está incurriendo en graves irregularidades en lo que tiene que ver con las liquidaciones salariales, el reconocimiento de categorías y despidos encubiertos, desde agosto del año pasado llegan a 500 porque les hacen firmar acuerdos mutuos. Las presiones son tantas que terminan firmando”.

“Lo que hacen con la firma de estos mutuos acuerdos es que el banco queda preservado de las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. En la Seccional Bahía Blanca estas medidas afectaron a un compañero de Bahía y otro de Suárez”, comentó en FM De la Calle.

Respecto a la paritaria, García señaló que “si para dentro de unos quince días no se cierran va a haber paro. Nosotros pretendemos una cláusula de ajuste, gatillo o el nombre que le quieran poner, pero no podemos perder contra la inflación. Ha habido una pre paritaria donde hemos arreglado un aumento hasta mayo de un 19,5% y un bono de $12.500 de pago en dos veces, la segunda parte viene en julio”.

Alejandro Barrera, secretario general de la Unión Jerárquicos Petroquímicos, aseguró a FM De la Calle que les preocupa que las responsabilidades de la explosión en la planta Dow recaigan sobre el personal jerárquico de la empresa, el cual no cuenta con representación sindical.

“Muchas de estas compañías cuando hacen esas investigaciones llegan a conclusiones donde los mandos medios, que serían nuestros afiliados, son atacados o despedidos y sin tener la incidencia de un sindicato. Nos perdemos la posibilidad de defender al personal que es el más fácil de atacar, en el sentido que se puede responsabilizar a la gente sin verificar qué pasó”, afirmó.

Barrera aclaró que “hace dos años convocamos a la gente de Dow pero el día que les informamos que estábamos haciendo reuniones para conformar el sindicato despidieron a una persona. Después no pudimos convocar a nadie más. Lamentamos no tener representación en Dow”.

La UJPe está conformada por los mandos medios y superiores, administrativos, profesionales y técnicos. En la actualidad su desarrollo comprende a integrantes de la plantilla de Unipar Indupa.

“Lo único que veo que estuvo mal es una cuestión de comunicación, evidentemente las redes sociales son mas rápidas que los medios. Todo el Polo está monitoreado por el CTE y es quien debería comunicarle a la comunidad lo que pasó, es el primero que se entera. A los cinco minutos ya había fotos circulando, me parece que hay que comunicar más rápido para que la gente no se asuste”, opinó.

Barrera integra la mesa sindical de la CGT, espacio al cual representa en las reuniones de la Comisión Asesora Ambiental que coordina el concejal de Cambiemos Leandro Santomassimo. “Este año no nos convocaron nunca, antes hemos tenido algunas reuniones donde se discutían temas de medio ambiente de la ciudad”, dijo.

Con mucha alegría, informamos que este lunes 17 de junio de 2019 finalizó una nueva asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Argentina) realizada en Bahía Blanca, donde se encuentra FM De la Calle, emisora que está por festejar su 30° aniversario. Durante tres días, habiendo iniciado el sábado, radios de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Rio Negro, Santa Fe, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, hemos compartido saberes, prácticas, realidades y participado de intensos debates en torno al derecho a la comunicación y la Argentina actual.

En este sentido, la aguda situación económica a la que llevan las políticas impulsadas por el gobierno de Macri se ve reflejada en las realidades diarias de nuestro quehacer: nuestras radios son de las comunidades en las que nos desenvolvemos y cada una de ellas se ve afectada por tarifazos, pérdida de capacidad adquisitiva, niveles inflacionarios que sacan del juego a amplias mayorías, déficit de vivienda, crisis general de los sistemas públicos de educación, salud y cultura.

Por ello y contemplando la rica diversidad que expresan las radios que componen AMARC (Argentina) ratificamos nuestro férreo compromiso para redoblar todos los esfuerzos, en el marco de esta situación económica, para garantizar el derecho a la comunicación. Somos radios comunitarias que bregamos por ello a diario. Hacemos en distintos aires pero con el mismo aliento.

A 10 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el estado argentino aún no cumple con sus propias normas y mandatos constitucionales. Sin medios comunitarios no hay democracia y aún el gobierno no articuló los recursos necesarios para otorgar las licencias correspondientes a nuestros medios, es decir, a los medios de las comunidades del territorio argentino. Asimismo, ratificamos el reclamo del debido financiamiento público a través de fondos concursables, que son derechos establecidos, a fin de que ese derecho a la comunicación tenga posibilidades materiales de desarrollo concreto.

Por otra parte, para la sociedad civil en cada rincón argentino, es importante el funcionamiento de los organismos que nacieron con el fin de velar por los derechos comunes del público, las audiencias y lxs hacedorxs de la comunicación comunitaria. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por el progresivo desfinanciamiento de la Defensoría el Público. Reclamamos al gobierno su inmediata normalización presupuestaria a fin de que disponga de los recursos necesarios para cumplir las tareas para la que fue creada.

Esta asamblea también decidió ratificar su posición respecto de la necesidad de profundizar nuestros aires y nuestras prácticas a través de un enfoque de perspectiva de género. Creemos que debe ser un aspecto transversal que atraviese nuestros cuerpos y nuestras voces, nuestros vínculos y nuestras propuestas, y es ahí en donde las disidencias en todas sus caracteristicas vienen aportando un aire renovado a AMARC y las radios que la nuclean generando dicha transversabilidad que nos moviliza y nos permite repensarnos hacia adentro de cada radio.

Hemos, además, consolidado debates acerca de nuestra manera de ser, de existir, es decir, de cómo nos organizamos para hacer. Celebramos los pasos dados hacia mayor trabajo regional, en un país que se declama plurinacional, heterogéneo, multicultural y diverso, pero al que aún le cuesta asignar la misma importancia a cualquier lugar de su territorio. Vamos hacia mayor trabajo de base en cada región, a fortalecer los vínculos y a afrontar los problemas de carácter nacional desde las ópticas de cada región.

Esto es, además, una invitación abierta a cada proyecto comunicacional comunitario y popular de cualquier lugar: en AMARC hay lugar para cada expresión que nazca de esta necesidad de bregar por el derecho a la comunicación y cada expresión a su vez es parte constitutiva de un colectivo que es el todo en cada una de sus partes.

En un contexto hostil desde el punto de vista macro político, en el que oficialismos y oposiciones consideran que la comunicación no es un derecho sino un negocio y proponen que debe estar en manos de grupos concentrados de la economía, hacemos también un llamado a la unidad de acción y todas las redes de nuestro sector. Vemos con profunda preocupación que, en vísperas electorales, el debate en torno a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, antes, el mismo concepto de que la sociedad tiene derecho a la comunicación y a la información no esté en agenda de las declaraciones públicas hasta el momento. Creemos que es suficiente motivo para que lo que nos une a todas las redes, nuestra visión de la comunicación como un derecho humano fundamental, nos lleve a unirnos y accionar en conjunto.

Parte de nuestra inmensa alegría se debe a la incorporación de nuevos colectivos y radios. ¡Bienvenidas FM Sudaca de la ciudad de Trelew y FM Indie Rock de Tres Arroyos! ¡Bienvenidas también a las personas que se asociaron de manera individual desde la provincia de Jujuy! Crecemos en ustedes y con ustedes.

En esta oportunidad, la sede de la asamblea fue Bahía Blanca. En esta ciudad, preocupa que la concentración de medios se vea abiertamente acompañada por el gobierno municipal, que ha negado el acceso a la pauta publicitaria a los proyectos populares y, en coincidencia, favorecido abiertamente a los sectores de la comunicación que sirven de herramienta de poder a los factores económicos de mayor concentración. Esos mismos medios a los que el sector público financia a través de los recursos económicos de la comunidad mediante la pauta oficial han despedido a más de 70 trabajadores y trabajadoras en los últimos cinco meses. Observamos también la necesidad de discutir horizontalmente el modelo sindical que requiere este contexto.

Agradecemos a las organizaciones populares sindicales, de la economía social y solidaria, y culturales que apoyaron la realización de esta asamblea de AMARC, quienes se acercaron a compartir un momento de reflexión en torno a la comunicación.

AMARC Argentina agradece a todas las personas, celebra este encuentro y ratifica el convite a ser parte de esta lucha fundamental de nuestros pueblos. Porque sin medios comunitarios no hay democracia, AMARC sube el volumen y reafirma que sin medios comunitarios no hay democracia.

El SUTEBA denunció la “tercerización” de reparaciones en el gimnasio de la Escuela Secundaria N°3, en el cual funciona el Centro de Educación Física N°47. Advierten que podrían restringirse horarios y espacios destinados a la actividad del CEF para favorecer a un club.

Fernanda Negrín, docente de Educación Física e integrante de la Comisión Directiva del gremio, señaló a FM De la Calle que “las docentes estaban preocupadas por un proyecto que decía que una institución privada, el club Bahiense del Norte, se iba a hacer cargo del deterioro de la Escuela 3 y, a cambio de ese arreglo, ellos tomarían horas de tarde para sus actividades del club”.

En un comunicado, SUTEBA afirmó que “los espacios edilicios de la Dirección General de Escuelas tienen que ser destinados la Educación Pública y es obligación del Estado sostenerlos y mantenerlos en buenas condiciones para tal fin. Exigimos al Consejo Escolar, a la Inspección Regional y la Distrital y a las sedes de Inspectores de Secundaria y de Educación Física que arbitren los medios necesarios para preservar y mejorar los espacios al servicio de la tarea educativa pública y estatal, sin involucrar a sectores privados que demanden la utilización de los mismos”.

“No es posible que una institución se haga cargo de la reparación de un edificio que corresponde a  la Dirección General de Escuelas como la Escuela 3. El deterioro es real, viene de larga data pero sin respuesta del Consejo Escolar y de la Provincia que es quien con presupuesto educativo debería hacerse cargo del arreglo”, comentó la docente.

Negrín agregó que “las autoridades del CEF están preocupadas, el miedo es que en un momento lleguen y el espacio esté ocupado. Les piden que hagan acuerdo de horario para Bahiense del Norte. Más allá de que el espacio este disponible en algún horario no corresponde la intervención de entidades privadas en edificios públicos”.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos denunció que YPF y el Consorcio de Gestión del Puerto no garantizan los remolcadores de seguridad que previenen accidentes. Afirman que es para abaratar costos.

El secretario general, Carlos Campestrini, dijo a FM De la Calle que “durante 10 años hubo dos remolcadores de carga. Eso significaba mano de obra. Hoy nos encontramos que vamos a vender gas de Vaca Muerta pero que están haciendo un ajuste en seguridad. Es una vergüenza que se ajuste con la seguridad”.

“Acá se levanta un viento y te pega los dos remolcadores al muelle. Acá pasaron catástrofes con derrames. Con doble tripulación, estamos con 8 personas, tenemos un convenio por 12 horas de trabajo. Pedimos por los derechos de los vecinos de White, venimos a exportar gas y nos ajustan con el trabajo”, agregó.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur denunció el déficit económico de la obra social SOSUNS y repudió la mirada mercantilista y los dichos denigrantes de su titular Juan Carlos Lobartini.

El secretario general Sergio Zaninelli dijo a FM De la Calle que en una reunión Lobartini intentó “explicar cómo se había llegado a este déficit y ante las preguntas del Consejo Superior no tuvo ningún argumento sólido, ni ningún plan estratégico que definiera cómo salir de esta grave crisis financiera de la obra social”.

“Adjudicó el déficit a las grandes erogaciones como atender demandas por la Ley de Discapacidad. ‘Estamos al horno, es una ley nacional y no podemos no cumplirla’. Siguió con la ley de fertilidad asistida, diciendo textualmente ‘madres viejas, óvulos viejos, hay que salir a comprar óvulos’, denigrando y desconociendo que la cuestión de la fertilidad no es inherente solamente al género femenino”.

“Y después se la agarró con jubilados diciendo que eran una ‘pesada carga’, cuando siguen aportando a las obras sociales, incluso más que trabajadores activos. La grosería final fue, refiriéndose al fallecimiento de un afiliado que padecía cáncer, ‘gracias que se murió antes de la segunda dosis porque si no este nos iba a llevar puestos”. Es impensable seguir sosteniendo un presidente de esta catadura”, protestó Zaninelli.

El docente agregó que Lobartini “no sabe administrar gerencialmente y encima es ofensivo, agresivo, discriminador, machista. La responsabilidad la tiene el Consejo Superior Universitario. Lobartini fue designado en la anterior gestión universitaria, entiendo que las autoridades estarán analizando qué hacer, no solo con Lobartini sino con el futuro de nuestra obra social que está en crisis”.

Respecto a las finanzas de la prestataria comentó que “debería, en la inmediatez, contar con asistencia financiera desde el presupuesto universitario, desde el Ministerio de Educación y alguna partida extra porque por los aportes corrientes ese déficit no se superá en lo más mínimo”.

“Luche, luche, luche, no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular”, fue el canto que se escuchó durante el acto que la CTA Bahía Blanca – Cnel. Dorrego realizó en la Plaza de la Resistencia y la Memoria en el marco del aniversario por los 50 años del Cordobazo.

El secretario general Enrique Gandolfo señaló que “el fuego rebelde del Cordobazo lleva 50 años y sigue alumbrando la fuerza, decisión y lucha de pelear por un país que merezca ser vivido. Los compañeros y compañeras que protagonizaron aquella jornada histórica en Córdoba, el pueblo en la calle, les ponían una barrera, un signo definitivo de que se tenía que acabar la dictadura militar”.

“Ningún pacto social consiguió desviar aquel frente de lucha. Y esto es en clave actual porque escuchamos que el pacto social pretender ser vendido bajo un contrato social de ciudadanía responsable. Es el mismo antagonismo de la historia del ’69. (…) Son los de arriba los que festejan las medidas, somos los de abajo los que tenemos que salir a luchar pese a una dirigencia sindical claudicante que estuvo antes y ahora a la altura de los intereses de los de arriba y no de la clases trabajadora”.

¿Qué futuro queremos?, preguntó Gandolfo: “No podemos aceptar de ninguna manera una salida que solo piense que un amontonamiento electoral es la solución mágica a nuestros problemas. Las soluciones las tenemos que encontrar en nuestra propia fuerza. Aquella vieja máxima del movimiento obrero, la emancipación de los trabajadores y trabajadoras será obra de los trabajadores y las trabajadoras mismas. ¡A pelear compañeros!”.

Ana Canullo subrayó la “unidad de acción” aunque el paro llegó tarde: “Aunque no se exprese de la forma que queremos, todos juntas y juntos en la calle, en un puño, con la política que nos tiene muy mal. Estamos haciendo lo que siempre hicimos que es dar la pelea, desde nuestros espacios, desde nuestro sindicato”.

El secretario general de la UMSur, Astor Vitali, destacó el logro de la reapertura de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar: “Más allá de las declaraciones oportunistas, el HCD no tuvo una sola acción tendiente a colaborar con el problema. Tres años después, luego de ollas populares, movilizaciones y movidas gremiales los compañeros fueron reincorporados en sus cargos. No fue una organización gremial sino el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la ciudad que se vio atravesado y conmovido y exigió al gobierno municipal la reincorporación de los profes a la orquesta”.

Diego Márquez, integrante el Sindicato de Aceiteros, expresó que “estamos en contra de las políticas de este gobierno como del FMI y la reforma laboral. Es un día especial, en 2015 tuvimos el aceitazo, sostuvimos una huelga de 25 días corridos para recuperar nuestro salario”.

El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, destacó que “con la lucha le arrancamos al Ministerio de Educación un acuerdo que tiene enormes conquistas para docentes universitarios nacionales, como tener en el recibo de sueldo nuestro salario blanqueado o la cláusula gatillo”.

Flavio Meles, de la AJB, apuntó al plan Justicia 2020: “El poder viene trabajando políticas para la justicia para respaldar las injusticias que vemos y que se declaran en la calle. Una justicia que criticamos, sectaria, clasista. Las demandas de los sectores vulnerables van a estar muy lejos de los estrados de los jueces. Tenemos la responsabilidad de denunciarlo”.

“Hoy la CGT, lejos de llamar a un paro para reivinidacar aquella fecha histórica del Cordobazo, lo hace para descomprimrir el gran descontento que hay en el conjunto de la clases trabajadora. Están peleado para la interna del peronismo – kirchnerismo. (…) Nos dicen que tenemos que esperar hasta después de octubre para resolver los problemas.

No podemos esperar más, es la oportunidad para exigir un plan de lucha serio, para derrotar a Macri y al FMI”, dijo Daniela Rodríguez del PTS.

El Frente Sindical para el Modelo Nacional realizó una olla popular en el marco del paro nacional. Fernando García, dirigente de La Bancaria, dijo a FM De la Calle que “la coyuntura nos afecta a todos y por eso tenemos que estar más unidos que nunca”.

“Hoy acá se encuentran representadas las más diversas corrientes ideológicas y esto sucede porque el espanto nos une. Esto de las ollas populares se viene repitiendo continuamente, es una forma de mostrarle al gobierno el hambre que sufre el pueblo argentino”, comentó.

“Recién escuché a un intendente municipal de la zona que decía que los paros no sirven porque no eran propositivos. Los paros son para indicarle el camino que deben seguir los distintos gobiernos. Si quieren que propongamos podemos hacerlo pero si ellos no saben qué hacer ante un paro tendrían que irse”.

“Los bancos la siguen juntando en pala, es el sector que más ha ganado. También nos preguntan siempre si esta ganancia se derrama sobre los trabajadores y no. Si no no tendríamos que luchar tanto por los aumentos salariales”.

El secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, conversó con FM De la Calle sobre las reivindicaciones del paro nacional y el 50º aniversario del Cordobazo.

“Seguimos con las mismas demandas que venimos planteando: cambiar la política económica gubernamental, terminar con las políticas de ajuste, terminar con este acuerdo con el FMI que no solo exige el beneficio a los grupos más poderosos, concentrados y multinacionales sino que además propone producir cambios a la baja en los derechos laborales y previsionales, de una manera que termine sepultando al movimiento obrero y a sectores populares en la mayor explotación”, afirmó.

El dirigente estableció un paralelismo con las reivindicaciones del Cordobazo: “La decisión de quitarle los derechos a los trabajadores terminó con el movimiento obrero tomando la decisión de convocar al paro para el 29 de mayo”.

“Hoy se cumplen 50 años y hay muchas similitudes con la época, salvado las distancias ya que era un gobierno dictatorial. Este gobierno, en muchos aspectos, actúa como una autocracia desconocida por lo menos desde la vuelta a la democracia”.

“El movimiento obrero tiene que ganar la calle, no puede dejar todo en manos del proceso electoral, hay que movilizar antes, durante y después. El país queda en una situación profunda de crisis. Esto no se resuelve con un proceso electoral porque puede terminar siendo una frustración para el pueblo”.

“Se hace necesario el cambio de esta administración, no puede continuar. También es cierto que hay que participar creativamente en términos de compromiso. El movimiento obrero tiene que mantener la autonomía para reclamar las cosas que hacen a su fortalecimiento”, finalizó Rigane.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, queremos expresar nuestra postura en relación a las afirmaciones del Precandidato a Presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizadas el pasado domingo 26 de mayo en el Diario Tiempo Argentino donde afirmó entre otras cosas que: “la comunicación es un negocio (..) la Ley de Medios puede ser una gran herramienta si es que queremos multiplicar voces, y si queremos promover algo que, recuerdo, en esencia es un negocio. Porque ese fue uno de los errores de la Ley. Cuando la Ley dice que un tercio del espectro debe estar en manos de ONGs y de entidades sin fines de lucro. Porque no podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial. No es posible eso (…) El error es pensar que puede una ONG tener una radio y competir con una radio que tiene una capacidad de contratación de locutores, de periodistas, de músicos, infinitamente mayor. Porque entonces nosotros creamos dos radios pero hay una que concentra la atención del público. Eso es el resultado de no advertir que los medios de comunicación son negocios. En la sociedad moderna son un negocio”.

Como Asociación de Radios que nuclea a cerca de 30 emisoras FM Comunitarias en todo el país (cooperativas, escolares, de pueblos originarios, campesinas y urbanas) y a Comunicadorxs populares, rechazamos rotundamente esa mirada sobre la comunicación que tiene el Precandidato.

Afirmar que la “Comunicación es un negocio” es desconocer no sólo la postura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que afirmó que la libertad de expresión es un “Derecho humano fundamental, base de todos los demás derechos y libertades de las personas”. También es desconocer la historia y la lucha de cientos de organizaciones, quienes desde hace más de 30 años en nuestro país, sentaron las bases de la comunicación participativa y comunitaria, llegando a elaborar los principales argumentos de la internacionalmente reconocida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en octubre de 2009.

Años de lucha y debate público le han costado al sector de medios comunitarios sentar un piso en la sociedad para entender que lxs ciudadanxs tenemos derecho a estar informadxs, a poder elegir distintas voces, a nutrirnos de miradas plurales y trabajar para que todas ellas tengan un lugar en las grillas de canales/espectro radioeléctrico.

Cuando Alberto Fernández habla de una radio comercial en detrimento de una radio comunitaria como aquella con “capacidad de contratación de locutores, de periodistas, de músicos, infinitamente mayor”, omite decir que esa mayor capacidad se sustenta en el aporte del Estado (en todos sus niveles) a través de la pauta oficial y condonaciones de deudas impositivas, que representan montos mucho mayores al fomento que recibimos como sector por Ley (muchas veces demorado o subejecutado sin mayores explicaciones).

Dejar librada la “comunicación” únicamente al sector privado y empresarial es regalar la posibilidad de disputarle sentido a lxs poderosxs y a quienes definen qué, cómo, y quiénes tienen la posibilidad de acceder a expresar sus ideas y su visión del mundo al resto de la sociedad.

El espectro radioeléctrico es un espacio público, y como tal no puede ser privatizado al mejor postor y sin ningún tipo de control por parte del Estado.

Con esa mirada únicamente “comercial” de la comunicación, aquellos medios que no medimos nuestro éxito en pesos sino en derechos humanos garantizados, no deberíamos tener la posibilidad de gestionar nuestros propios medios, y por ende contribuir a la garantía de esos derechos.

La libertad de prensa no puede ser igualada a la “libertad de empresa”. Y el Derecho Humano a la Comunicación incluye la libertad de prensa pero no se acaba ahí. Implica que el Estado debe garantizarlo con políticas públicas que fomenten su existencia, desarrollo y crecimiento, diferenciando que la falta de igualdad de condiciones requiere que el Estado genere acciones para su sostenimiento.

Desconocer la Historia, la labor y el paradigma sostenido por los Medios Populares y Comunitarios a lo largo de tantos años, se traduce en una amenaza al “objetivo de democratizar y universalizar el acceso a la información, entendiendo a la comunicación como un Derecho Humano básico y no como un bien económico sujeto a las reglas del mercado”. Creemos que tras estas palabras se esconde un guiño a sectores que, tras presiones políticas y económicas, han logrado paralizar una de las normativas más democráticas de la historia que visibiliza las banderas que sostenemos desde los medios populares y comunitarios de comunicación de todo el país.

Deseamos que el Precandidato a Presidente pueda reflexionar sobre sus afirmaciones, escuchar a lxs comunicadorx populares que tienen amplia experiencia y a quienes desde hace más de 30 años sostenemos una comunicación garantizando el Derecho Humano a la Libertad de expresión de los pueblos.

Quienes somos parte de AMARC Argentina no sólo sostenemos medios de comunicación sin fines de lucro de manera ininterrumpida y a pesar de los diferentes contextos políticos sino que investigamos, formamos nuevos medios y nos capacitamos para que la sociedad en la que nos desarrollamos incorpore y haga propia a la Comunicación como un derecho humano y no como un negocio.

SIN MEDIOS COMUNITARIOS, NO HAY DEMOCRACIA

AMARC ARGENTINA

La decisión de la federación docente universitaria fue tomada por 70 votos a favor y 15 en contra. “Lo consideramos un triunfo”, dijo a FM De la Calle la secretaria adjunta de ADUNS, Ana Tablar, quien comentó los puntos centrales del acuerdo.

“Se cerró porque se respetaban muchos de los puntos que exigíamos, que estén todos los aumentos en blanco, que se blanqueen la cifras del acuerdo del 2018 y que haya cláusula gatillo. Lo que promovió que se firme el acuerdo es que se adelantó el cronograma que tenía previsto el blanqueo y la cláusula gatillo, en la propuesta anterior era muy retrasado y, por ejemplo, lo que correspondía al blanqueo no entraba en este semestre y no impactaba en el salario de jubilados”, comentó.

“Este año vamos a estar empatados con la inflación y, en particular, en nuestra obra social estamos en rojo de unos 25 millones de pesos producto de las sumas que no entraban al básico. Si bien el aumento del año es de un 16%, con el blanqueo de las cifras va a ser un aumento del 32% de mínima porque está la cláusula gatillo. Un 32% no sé si resuelve las obras sociales pero sí puede permitir el funcionamiento”.

Tablar agregó que “hay un compromiso, que es una lucha de larga data, sobre las universidades que tienen cargos ad honorem, no es el caso de Bahía. Es muy importante para la UBA, por ejemplo, que incorpora 700 nuevos cargos”.

Por último, ratificó la adhesión al paro del miércoles 29: “Seguimos repudiando la política económica de este gobierno y el acuerdo con el FMI”.

El jueves por la mañana, los docentes que sostuvieron la lucha por la re aperutra de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar fueron notificados de los resultados del concurso llevado a cabo los días lunes y martes de la semana pasada: Albin Cedeño resultó ganador del cargo de Director y Marcos Marcheggiani también ganó su cargo para docente de violín.

“Estamos contentos de haber salido triunfantes en esta lucha bastante difícil”, dijo Cedeño a FM De la Calle. “La orquesta fue fundada en 2008. Cumpliría los diez años antes del cierre pero lamentablemente se dio toda esta situación de desgaste en la cual muchos profesores desistieron. Algunos logramos ser un poco tenaces y llegamos a esta instancia con las reglas de juego impuestas por la municipalidad y aun así logramos probar que éramos personas idóneas para estar en este proyecto”.

En 2017, luego de situaciones de destrato y declaraciones agresivas para con la comunidad educativa en el contexto del plan de monotributarización encabezado por la funcionaria Morena Llanca Rosselló, el municipio no renovó los contratos de los docentes.

Si bien este concurso establece los cargos para el funcionamiento de la orquesta, sólo se recuperan los cargos de cuerda, dejando afuera a los vientos. Esos instrumentos ya contaban con alumnos avanzados al momento del cierre del organismo. Cuerdas, lenguaje musical, preceptoría y dirección son los lugares que volverán a funcionar.

El director de la orquesta sostuvo que “el trabajo conjunto, el trabajo gremial funcionan. De manera individual jamás podríamos haber logrado lo que se logró. Debido a ese trabajo en conjunto, donde fuimos apoyados por padres, estudiantes amigos de la orquesta y muy especialmente por los compañeros y compañeras del sindicato Unión de Músicos del Sur no se podría haber llegado a buen puerto porque al proceso de desgaste que fuimos sometidos es muy difícil resistirlo. Creo que la reflexión es que la unidad y la persistencia funcionan”.

Además de la reincorporación, los ingresos de los docentes también mejoraron cobrando en equivalencia a la hora cátedra artística de docentes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, siguen siendo contratados a través de monotributos y como proveedores de la municipalidad, es decir, precarizados. Queda para una segunda etapa el reclamo por estabilización de esas fuentes laborales.

Se espera que esta nueva etapa de la orquesta funcione en el jardín del barrio Miramar. De todas formas, “la orquesta estará abierta para todos los niños y niñas de la ciudad”.

El secretario de la Federación Judicial Bonaerense, Hugo Blasco pasó por los estudios de FM De la Calle e hizo un análisis del proyecto de Justicia 2020 desde la perspectiva de las y los trabajadores judiciales.

“Este proyecto de justicia esta estructurado en 7 ejes, reforma penal, civil, laboral, tema informático, apertura y acceso a la justicia, comunicación en los actos que se producen en tribunales ¿Quién no quiere una justicia ágil y diligente? El problema está en qué se entiende por esto. En todo caso ése es el título para cazar giles. Ahí aparece la intención de lograr que los jueces tengan uniformidad de criterios jurídicos” lo que “es anticonstitucional porque no puedo obligar a nadie a que piense igual que otro. Obligar a jueces del mismo fuero a que tengan la misma interpretación por lo menos parece arbitrario”.

El dirigente argumentó que “se hace mucho hincapié en los sistemas informáticos, como si la informatización del sistema judicial garantizara justicia. Son dos cosas distintas. La informática es una herramienta técnica: no piensa por nosotros, no es lo que dice ser en este proyecto”.

“En ningún tramo se habla de la calidad de justicia como tampoco se habló en la década del 90, eran lo mismo,  Garavano también anduvo por ahí. Fue funcionario del Ministerio de Justicia desde Duhalde hasta Béliz”.

Blasco señaló además que el modelo de Justicia 2020 busca garantizar el “disciplinamiento social” a “gobiernos reaccionarios, oligárquicos”.

¿Cuales son las políticas a las que habría que apuntar para cambiar el modelo de justicia?

“La justicia está hecha por hombres y mujeres. Lo primero que hay que garantizar es que esos hombres y mujeres sean los adecuados, personas íntegras, con conocimiento suficiente y con compromiso social. Un juez no puede fallar positivamente si no tiene un sentido social”.

Por otro lado, consideró necesario “plantear mecanismos abiertos de designación de jueces” ya que “en el método de elección de jueces, una vez que aprobaron el examen, empieza el periplo de la gestión personal y política y ligada a lo corporativo”.

24 trabajadores de la fábrica de colchones Fabra Fons reclaman una vez más el pago de tres quincenas adeudadas y advierten sobre la situación de la empresa ante la falta de materias primas para continuar con la producción.

El delegado gremial Héctor Giacobini dijo a FM De la Calle que “gracias a los medios, la otra vez, a las 24 horas se acercaron a pagarnos, se hizo un acuerdo del Ministerio. Como vinieron con gran parte y quedaron debiendo 10 mil pesos lo aceptamos. Ahora se atrasaron de nuevo, no compran materia primera, dicen que no le entregan por el tema del dolar”.

“Hoy vence la tercera quincena que no pagaron, estamos con alrededor de 50 mil pesos de deuda. En el Ministerio de Trabajo hay un expediente abierto desde febrero. Fuimos al Ministerio con Sanchíz (esposo de una las propietarias) y yo por el sindicato. Él se comprometió a pagar en ese momento, a seguir pagando sueldos y tener continuidad de trabajo”.

“Vinieron unos pedidos porque agarraron clientes nuevos. Esta gente dice que bajaron la ventas y es real. Pero el viernes pasado cobramos 2700 pesos porque vino un cliente de La Pampa, por esa venta pudimos cobrar. El otro viernes cobramos 1800. Somos 24 para repartir”, comentó Giacobini.

“Ayer tuve reunión con mi abogado y la idea de esto es aprovechar la Banca 25 para ver si hay algún político que nos dé una mano. La idea es formar una cooperativa. La fábrica sigue siendo de los Fabra, son los que más acciones tienen”, finalizó.

Marcelo Camin fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte del trabajador Juan Cruz Manfredini. El Juzgado Correccional N° 1 dictaminó, además, una inhabilitación por cinco años para Camin Cargo Control, multa de 50 mil pesos sumado y la realización de cursos de Seguridad e Higiene y trabajo comunitario.

Minutos antes de conocerse la sentencia, Paula Olavarría, hermana de Juan Cruz, comentó a FM De la Calle que “para nosotros vivir esto fue cotidiano durante nueve años. Todos los días hablamos de esto, lo tenemos presente. Lo justo sería que mi hermano estuviera acá. Aprendimos a vivir con eso. Cuando pasó lo de mi hermano no era madre, ahora me planteo cosas con mis hijos ¿qué hago? ¿los dejo ser? ¿los cuido?”.

“No sé si es una etapa que se va a terminar, creo que no. Siempre fuimos con la verdad, teníamos pruebas mientras ellos ‘suponían’ y el que tiene que estar para defenderse no está. Todo es por la plata, yo daría a cambio lo que no tengo por tenerlo un poco más a mi hermano”.

Paula comentó: “Conviví con Juan en plena adolescencia, no me quedó nada por vivir con él. Siempre que lo recuerdo es con una sonrisa, sí me duele obviamente. Él era buena gente, le gustaba hacer las cosas correctamente. Era muy comprometido con las cosas que hacía”.

Foto y video: @Apepe

Trabajadores y trabajadoras de la empresa Roucomar, radicada en Ingeniero White, se encuentran luchando por la continuidad de sus fuentes laborales.

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Juan Pablo Moreno, comentó a FM De la Calle que “la empresa emite una desfinanciación donde se le hace imposible continuar en estos términos si no encuentran una inyección de dinero. Esto nos movilizó entendiendo que viene saliendo del concurso preventivo de crisis, que hace más de tres años viene reestructurándose”.

“Le planteamos la necesidad de continuar, vamos a luchar por la continuidad laboral, la plaza de trabajo no es la que sobra. Hay 30 familias que dependen de esas fuente de trabajo. Creemos que tenemos que apelar a las fuerzas vivas de nuestro municipio, sobre todo porque con la tasa de interés la posibilidad de que las pymes puedan obtener un crédito es inviable”.

“Roucomar se dedicó históricamente al pescado y productos del mar. Como se viene reestructurando tiene un 10% de carne del mar y el resto son carnes vacuna, pollo, han hechos rebosados. Somos el último eslabón que es la comida. Cuando llega la crisis ahí vemos que es tremendo lo que está pasando en líneas generales. Se complica también con los aportes de la obra social porque lo primero que hacen es dejar de hacer los aportes, moratorias y cuestiones que nos complican a nosotros también”, finalizó Moreno.