Rige la ordenanza que regula la ocupación de espacios públicos. El objetivo no es recaudatorio sino adecuar en tiempo y forma la vía pública a la normativa para favorecer la circulación de personas con discapacidad.

“La diferencia es que antes se regulaban solo locales gastronómicos y ahora todo aquel que coloque a algo en la vereda. También apunta a las casas particulares. Se aplica en todo el partido de Bahía Blanca. Necesitamos una ciudad inclusiva, toda, no solo los ejes urbanos”, comentó a FM De la Calle Mara Recondo, integrante de la Fundación Diser.

Recondo señaló que los locales tendrán 45 días para realizar las obras, por ejemplo, aquellos lugares que tienen mesas amuradas al piso. “A cada comercio que incumple, lo previo es la notificación y la adecuación. El espíritu es que sea correctiva, no recaudatoria”.

Respecto a los pilares de obras comentó que “no están regulados en la ordenanza. Hay una ley provincial intentando trabajar en eso. Sí está prevista una reunión con Edes y Camuzzi que deberá gestionar la concejala Biondini. Deberían retirarlos una vez finalizada la obra pero en la práctica ni se da, quedan como un año y medio más”.

Por último, consultada por la reunión del Observatorio de Discapacidad, informó que “hay cuestiones de tránsito que venimos trabajando hace más de un año, que son los boxes para personas con discapacidad. Tenemos 38 boxes de los cuales ocho no son funcionales porque tienen diferentes obstáculos. Presentamos un trabajo minucioso que no nos respondieron. Pedimos la ampliación de un box por cuadra”.

El martes pasado se reunieron con el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni. “Nos plateaban cuestiones de presupuesto, de saco un box que paga para poner uno gratis. Hablamos de ampliar derechos y no de restar. Compagnoni tenía la idea de regular el tiempo y permanencia del vehículo en el box, cosa que tampoco me parece bien. Hay cuestiones de ida y vuelta y todavía no tenemos respuesta del Municipio”.

(Por Giuliana Crucianelli) “Yo te voy a enseñar cuantos pares son tres botas”. “Déjamelo a mi una semana y te lo devuelvo derechito”. “En mi época le llegabas a gritar a mi viejo y con un bife lo soluciona” “.Yo cuando tenia tu edad estudiaba, trabajaba y pagaba el fiado del almacén”. ¿Quién no ha escuchado alguna vez una de esas frases?

Se utiliza el término “Ni ni” para referirse a los pibes y pibas que por alguna razón no están insertos en el sistema educativo ni en el mercado laboral. Son los “revoltosos”, son los de la birrita en la esquina, las que “se embarazan por un plan”, los faloperos de la cortada, las “fanáticas de los boliches” o la “mala junta” que el Servicio Cívico Voluntario viene a corregir, diciplinar y “darles un objetivo de vida”.

“No existen los jóvenes ni ni. Es un modo antiguo en desuso que se usó para denominar en forma marketinera, en forma fácilmente comprensible a un conjunto de jóvenes que no tenían empleo registrado y que no estaban incluyéndose en el Sistema Educativo formal. Hace varios años que no se usa más. Naciones Unidas tiene estudios que demuestran que es una etiqueta que en realidad oculta condiciones sociales mucho mas importantes. Este ocultamiento es peligroso sobretodo si se lo toma para pensar políticas publicas”, comentó a FM De la Calle Pablo Vommaro, doctor en Ciencias Sociales.

¿Por qué se sigue utilizando entonces? El investigador mencionó que “en el caso de personas que tienen los medios económicos y los recursos humanos para informarse, como el caso de un ministro, creo que es o por ignorancia, desconocimiento o conveniencia. Le conviene hacer de cuenta que no sabe.  En el caso de algunos medios o personas que creen de buena fe que existen creo que es porque sigue siendo una etiqueta efectiva, ´ni ni´ rápidamente demuestra el imaginario social que di ce que hay jóvenes vagos sin hacer nada, es efectivo”.

Pensar el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sin organizaciones de mujeres y disidencias sería imposible. Pensar en discutir una nueva Ley de Movilidad Jubilatoria sin convocar a personas de la tercera edad, también. Entonces ¿por qué las voces jóvenes no son tenidas en cuenta a la hora legislar y tomar decisiones sobre la vida adolescente?

El sociólogo señaló que “está naturalizado que los adultos piensen en políticas para jóvenes y lo hacen entonces como los adultos quieran que los jóvenes deben ser, esto es lo que se llama adultocentrismo. No dar una participación genuina a las juventudes sino someter las decisiones solo a lo que el mundo adulto define como decisión legitima”.
Además hay una segunda cuestión bastante grave que es que “los organismos de juventud a nivel nacional y provincial se enteraron por los diarios. Ninguna agencia pública de juventud fue ni siquiera consultada e informada previamente del anuncio del Servicio Cívico Voluntario en Valores. Esto es grave porque habla de una descoordinación entre las áreas de gobierno. Esta medida muestra que los funcionarios no se comunican entre si, toman decisiones inconsultas y peligrosas. No solo ejecutan políticas públicas condenadas al fracaso sino que también es un mal uso del dinero publico porque lo utilizan para fines que no son eficaces”.

Propone pensar alternativas para incluir a las juventudes en la agenda pública como “la creación de un espacio nacional que articule o reúna a diferentes organizaciones juveniles, lo que se llama Consejo Nacional de Juventudes. Organismo público que reúne a organizaciones representantes de juventudes, centros de estudiantes, clubes de barrio, centros culturales, juventudes de sindicatos, juventudes partidarias. Juventudes que se encuentran y sirve como un espacio de deliberación, de decisiones y consulta”.

Por otra parte, la segunda opción, que “en Argentina se hizo en el 2014 y luego no se hizo más, es realizar lo que se llama encuesta nacional de juventud, que sirve para recavar algunos datos sobre la situación especifica pero también sirve” para detectar “necesidades-, intereses, anhelos. Esto no se hace. En Chile, Paraguay, Colombia y México se hacen en forma periódica, porque las juventudes varían rápidamente”.

¿Alguna vez algún funcionario se molestó el preguntarles a los pibes, las pibas qué querían hacer, qué intereses tienen, con qué sueñan?. Ya lo decía Luca Prodan en Viejos Vinagres: “para vos lo peor es la libertad”.

 

Foto: FFyH

La deuda salarial acumulada por INCUDI continúa en incremento. En la actualidad alcanza unos $4.000.000 en concepto de cargas sociales. La AFIP postergó la fecha del pago como paliativo. Sin embargo, no vislumbran medidas para solucionar el problema.

Viviana Gómez, gerenta administrativa de dicha institución sostuvo en FM De la Calle que “los aranceles nacionales de las obras sociales no se actualizan por inflación en cambio los salarios sí. Entonces tenemos cada vez un desfasaje mayor entre lo que INCUDI puede recaudar por obras sociales y lo que hay que pagar a los empleados”.

Eso se refleja en la deuda que tienen con la AFIP por falta de los aportes de obras sociales y por cargas sociales (jubilación). “Somos una asociación civil sin fines de lucro que está exenta de algunos impuestos pero no de las cargas sociales”.

La funcionaria detalló cómo se conforma el ciclo económico negativo. En los “centros de día, los concurrentes están de 8 a 17 horas y tenemos centros de internación donde viven los 365 días del año. Todos nuestros centros están reconocidos por todas las obras sociales. La obra social que mayor cantidad de concurrentes tiene con nosotros es PAMI que es el 50%. El 30 % es IOMA y luego se reparte entre las otras obras sociales. Todas corresponden a un decreto a nivel nacional que determina el valor del arancel y actualiza su valor dos veces al año. Los aranceles de IOMA son mucho más bajos, ni siquiera son cercanos a los nacionales están entre 40 y 60 % por debajo a los demás. Y esto genera nuestra desfinanciación”.

Más de 50 docentes de las escuelas medias y de la Universidad Nacional del Sur manifestaron su oposición a la “visión mercantilista” de la flamante Licenciatura en Deportes.

La carrera fue aprobada por la Asamblea Universitaria y dependerá del Departamento de Economía. Su década, Andrea Castellano, afirmó que “está pensada para formar un profesional que pueda hacer consultoría para entidades públicas y privadas, vinculadas al diseño de políticas y estrategias deportivas. (…) El egresado podrá hacer evaluaciones técnicas y económicas, y desarrollar planes de negocios y proyectos de inversión, como por ejemplo el que se hizo en el Dow Center”.

“A partir de estos datos, hemos leído las transcripciones del debate del Consejo Superior y la Asamblea Universitaria y vemos esta orientación dirigida al deporte como mercancía y al deporte de alta competencia”, comentó Enrique Gandolfo, docente de educación física de las escuelas medias.

Se preguntó “por qué la universidad, que se sostiene con fondos públicos, tiene que capacitar a profesionales que se dediquen a actividades meramente lucrativas. Un enfoque opuesto de la concepción del deporte que tenemos los profes de las Escuelas Medias, orientado al disfrute del propio cuerpo, sin que quede atado al rendimiento, favoreciendo la solidaridad, el compañerismo, valores opuestos a los que siguen quienes dicen que con el deporte se pueden hacer buenos negocios”.

“No fuimos consultados. En la escuela existe un Departamento de Educación Física que, entre otras cosas, se ocupa de las actividades deportivas en las instituciones escolares. Esto tiene una tradición, sin embargo, en la misma nota donde se habla de la creación de esta licenciatura se habla que se convocaron actores del deporte con presencia internacional y nacional, autoridades de clubes pero no se nos consultó”, argumentó Gandolfo.

Agregó que “viendo el planteo integral, hablar de que no hay recursos pero se crea la carrera deja la puerta abierta a recursos externos, a partir de empresas que hacen negocio con el deporte. El camino va a hacia ese lugar. Nos parece auspicioso que se abra un debate en la comunidad universitaria acerca de cómo se toma el deporte, en una ciudad donde el deporte social, comunitario, escolar tiene una fuerte presencia”.

Un grupo de personas con ceguera y baja visión elevaron una carta al intendente Héctor Gay y concejales, sobre los diversos inconvenientes de accesibilidad que les dificultan transitar con autonomía la ciudad.

“La carta refiere, por ejemplo, a los obstáculos de las veredas de distintos negocios. En algunos casos las personas responden bien, corrigen lo que está mal. En otros no encontramos la misma respuesta. En Colón y Drago por ejemplo, un café. Tuvo que ir un chico y filmar la situación, lo hizo viral, lo hicimos publico. A partir de ahí cambió la situación, pero pasaron tres años”, comentó Carlos Hogg.

“Debería ser el Estado quien se ponga al frente de eso. Tenemos una ordenanza de discapacidad hace 10 años o más, tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene rango constitucional pero no se cumple”.

Hogg comentó que “Camuzzi y Edes, hace por lo menos tres años que vienen poniendo nichos o columnas cerca de la pared o en el medio de la vereda. La que está frente al Hospital Privado está hace dos años, la de calle Berutti también, eso lo hablé con directora  del área de discapacidad en su momento, Lucía Pendino y bien gracias, nunca hubo una respuesta”.

Otro obstáculo se presenta en los bancos: “Para sacar un turno tenés que poner tu documento, ¿por qué tenés que estar entregándole el DNI al primero que encuentres para sacar el numero? Eso tranquilamente podría hacerse con audio y resolverse. La gente del Banco Provincia me dijo que las máquinas vienen preparas para audio, solo hay que programarlas”.

El texto de la carta entregada al intendente Gay y al Observatorio de Discapacidad del Concejo Deliberante.

Al intendente de la ciudad de Bahía Blanca:

Sr. Héctor Gay

Las instituciones y ciudadanos abajo firmantes, nos dirigimos  a usted con motivo de solicitarle la solución de los siguientes inconvenientes que se hallan en la ciudad.

  • Exigirle a las empresas Camuzzi y Edes, la eliminación de todas las barreras urbanísticas que desde hace más de dos años están poniendo en toda la ciudad, lo que constituyen un obstáculo y peligro para las personas con ceguera y otras discapacidades. Hacemos referencia a las columnas de materiales que han construido en calle como Las Heras al 100, Calle Roca en su primera cuadra, Estomba al 500, Rondeau al 600, Holdich al 500, Berutti al 100 y la recientemente construida en calle O.Higgins al 300 (a una cuadra y media del Centro de Rehabilitación Luis Braille), entre otras.
  • Los inconvenientes y peligros que constituyen las motos y autos estacionados en las veredas, los distintos comercios  con la colocación de carteles, cajones, bancos,mesas, sillas, macetas,  todo tipo de elementos para la construcción como escaleras, carretillas y otras maquinarias o componentes para el trabajo empresarial o para la casa, muebles, etc,etc,etc,

Y todo esto en el microcentro de la ciudad, lo que en los distintos barrios  se agrava mucho más.

  • La reparación de las veredas en que realizan algún tipo de ruptura, donde salvo excepciones no se realizan las reparaciones convenientes lo que también, al igual que en el primer punto, constituyen un inconveniente para todos los peatones, en especial para las personas con ceguera  o movilidad reducida.
  • En este cuarto punto, aclaramos que no es un inconveniente que viene desde su gestión pero que sí es necesario solucionar. En este caso nos referimos a la poca accesibilidad que tiene la Terminal de colectivo San Francisco de Asís, al menos para las personas con cegueras que pretendemos tener autonomía. No hay un sector claro por donde transitar tanto al dirigirse hacia las plataformas  como viceversa, es decir, desde las plataformas hacia la salida; ya que en el camino se encuentran  mesas, sillas, bancos, etc.

 

Todo lo solicitado se enmarca  en la ordenanza 8.089 que en su artículo 2 dice:

­“ E1 programa tenderá a eliminar en forma continua las barreras que existen en la ciudad y que impiden o dificultan a algunos vecinos, en determinadas circunstancias, una mejor calidad de vida.”, y que en su Artículo 5º dice: ­ “Las medidas que se propongan deberán orientarse a suprimir las barreras para las personas con movilidad y comunicación disminuidas facilitando así, en igualdad de condiciones, el acceso de todos los vecinos a los servicios y bienes comunes, tomándose para ello en cuenta las características propias generalizadas de cada grupo.”

las leyes nacionales  22431 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados), en la ley 24314 y en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió en el año 2008 y que tiene rango constitucional, en su preámbulo, inciso  “E” dice: “Reconociendo / que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”,y en el encabezado de su artículo 9 manifiesta:”

los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.”

Por ello, como autoridad máxima de la ciudad, le volvemos  a reiterar el pedido de solución y eliminación de todas las barreras arquitectónicas, urbanísticas, electrónicas  como sucede en DOSEM (Obra Social de los Trabajadores y Trabajadoras Municipales, en el Banco Provincia, y las empresas tercerizadas como EDES, CAMUZZI, ABSA y otras), las que si bien sabemos que no son de su competencia, sí le pedimos que se ponga al frente de estos reclamos y le pedimos se hagan todos los controles que sean necesarios  ty para eliminar todos los inconvenientes detallados y otros que existen en la ciudad, los que lejos de eliminarse tal cual como se señala en las normativas mencionadas, día a día se ven incrementadas.

Es necesario también dejarle por escrito que, de no haber respuesta favorable y efectiva en lo inmediato, recurriremos a otros estamentos estatales y no estatales e internacionales para que una ciudad inclusiva, sin barreras se haga real y no simplemente declamatoria.

Familias usuarias del programa Caballo de Troya viralizaron una serie de videos para “intentar llamar la atención del intendente” y poder tener una audiencia con Héctor Gay.

Quieren que la subsecretaria de Niñez Juliana Cerritelli no rescinda el contrato de una psicopedagoga “sin una explicación lógica”.

Marilina Merrero, mamá de un nene de cuatro años que asiste al programa, señaló a FM De la Calle: “Me sorprende y me indigna que a esta altura y conociendo las experiencias nuestras no le salga del corazón decir las voy a escuchar”.

“Tuvimos una reunión el 5 junio con Cerritelli  y dos abogados. Nos plantearon que el cambio que quieren hacer es ampliar el programa hacia otros programas municipales. Quieren incorporar otra psicopedagoga con más capacidades que Florencia (Chiaravalli) para vincular esos programas. Ella está totalmente capacitada para el cargo, siete años del programa la avalan”.

El contrato finaliza el último día de junio: “Cuando preguntamos por el reemplazo no nos dicen quién es, estamos a días de que se rescinda el de Florencia y no sabemos quién va estar”.

“No es que quieren incorporar otra psicopedagoga, quieren reemplazarla. Es inentendible, lo que te dicen es que Florencia no está capacitada para el cargo. Este trabajo es con chicos con discapacidad, el vínculo con ellos es la base de todo”, comentó Merrero.

El hijo de Marilina padece retraso madurativo: “Él empezó en marzo y realmente los cambios que han logrado en tres meses en Leo son increíbles. Desde que nació está en tratamiento, con fonoaudiólogas y lo que han logrado desde Caballo de Troya no lo logró nadie más”.

“Las familias que tienen un chico con discapacidad saben lo que significa. Desde todo lo que hemos vivido les decimos que no se puede andar probando. Mi hijo no entiende de razones mi hijo entiende con el corazón. Cuando él quiere a una persona se pueden lograr cosas maravillosas”.

Continúa la incertidumbre en las familias beneficiarias del programa municipal Caballo de Troya destinado a niños y niñas con discapacidad tras el apartamiento injustificado de una psicopedagoga.

Cintia Llanos dijo a FM De la Calle que “cuesta mucho armar el vinculo y construirlo con alguien que no es del ámbito familiar. En el caso de mi nene y otros chicos están muy contentos con Flor. No sé cual es la intención de la Subsecretaría de Niñez. No hay ningún tipo de explicación, no hubo quejas de padres”.

“Más allá del niño o niña hay una familia detrás. Hay mucha burocracia en el medio, hay muchos papeles para hacer. No son solamente las terapias sino también la pérdida del trabajo de Florencia. Mi nene va dos veces a la semana con una psicóloga y una psicoepdagoga”.

“La parte edilicia está muy descuidada. Sacaron a los chicos de esa escuela que funcionaba antes porque estaba muy deteriorado. Tenemos derecho a saber quién va a venir. De esto depende el futuro de los chicos. No nos informaron nada. No nos llamaron. Es muy arbitrario, hay derechos que se están pisoteando”, finalizó Llanos.

Después de un largo derrotero por diferentes instancias municipales, Marta Beatriz Giordano finalmente consiguió que el HCD le otorgara la banca 25 para exponer su situación habitacional.

“Mi problema se debe a una discapacidad motriz debido a la secuela de polio, desde hace mucho tiempo estoy tratando de que se me otorgue una vivienda, siempre alquilé y una vivienda que no es propia no se pude reformar”.

“Y yo necesito reformarla a lo que mi patología requiere. Desde el municipio no he tenido respuesta desde hace muchos años, por eso pedí la Banca 25. Después de ir y venir muchas veces logré que se votara a mi favor”, comentó a FM De la Calle.

Giordano afirmó que “se construyeron dos barrios municipales, en el Plan Federal 2 estoy inscripta  desde el 2010 y no he sido seleccionada. De cada barrio hay un cupo destinado para personas con discapacidad motriz, desde el 2008 tengo una respuesta que me envían del Instituto de Vivienda de La Plata diciéndome que la solución me la tienen que dar desde el municipio donde yo estoy viviendo, con esa carta estuve yendo a todos lados y no me han dado respuesta”.

“No me puedo quedar”. En octubre caduca el contrato de locación donde vive Marta.”Tengo silla motorizada, más allá de que no puedo pasar al cuarto de baño hay otras complicaciones importantes”.

En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad la Fundación Diser propuso actividades de concientización, las cuales se realizaron durante la primera Semana de la Discapacidad, bajo el lema: “Tu lugar puede ser mi lugar”.

Mara Recondo, integrante de la institución y mamá de un chico con discapacidad, comentó que “es un llamado a ponerse en el lugar del otro pero visto desde la persona que no tiene discapacidad, si no siempre es la persona con discapacidad la que tiene que buscar la mirada del otro”.

Una de las propuestas consistió en un circuito inclusivo en el cual había elementos ortopédicos a disposición y quienes participaban lo hacían en una silla o con los ojos tapados y el bastón blanco alrededor de la plaza y en avda. Alem.

“Fue muy fuerte porque yo tengo un hijo en silla de ruedas y nos encontramos no solo con obstáculos en la vía pública, rampas rotas e inaccesibles y pendientes pronunciada, sino con que la gente no mira hacia abajo, me la pase esquivando personas”, comentó Recondo.

Resaltó que “no solo es pedirle al Estado sino a todos nosotros que empecemos a mirar al otro, sencillamente mirar y correrte para que pueda pasar. Me generó un trago amargo porque yo pensé que estábamos mejor en ese aspecto. Habrá que redoblar la apuesta el año que viene. No es solo una decisión de la fundación sino una decisión política”.

Por último, Recondo destacó “la capacidad de las personas con discapacidad para transitar la vía pública pese a estos obstáculos”.

Mañana sábado a las 10:30 en el teatro El Tablado (Chiclana 453), se realizará una asamblea convocada por el Consejo Cultural Consultivo y el Consejo Local de la Niñez, en la cual trabajarán un diagnóstico de los recortes en las áreas de niñez, salud, cultura y educación.

Cecilia Epherra y Diego Di Pasquale comentaron en FM De la Calle los objetivos del encuentro.

“Nosotros desde principio de año en el seno del Consejo Local de Niñez, comenzamos a recibir demandas e inquietudes sobre el agravamiento de la situación social en los barrios, sobretodo focalizando en el tema de la niñez”, aseguró di Pasquale.

“En ese camino recorrido, nos acercamos a algunos compañeros del Consejo Cultural Consultivo que venían viendo situaciones similares y reflexionamos juntos y decidimos proponer esta actividad, esta asamblea conjunta y abierta”.

Por su parte, la consejera por el área de música en el Consejo Cultural Consultivo, Cecilia Epherra, sostuvo que “desde el lugar de representantes de las ramas artísticas y también desde el lugar de representantes de trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural, se viene denunciando, ya hace varios años, el desguace en lo que es cultural. Concretamente el caso emblemático de la Orquesta de Miramar que cumpliría diez años ahora en 2018 y sin embargo la han desmantelado hace más de dos años”.

“La gente que está contratada para encargarse de las partes docentes de cultura de los talleres, que también laburan en conjunto con Educación ahora que vuelve Roselló al área de cultura como subsecretaria de Educación. En ese sentido, se viene trabajando en cuestiones muy concretas de precarización, como el tema de los contratos trimestrales, como es obligar a monotributarizarse, como trabajar desde un Estado justamente inestable de trabajo”, aseguró.

En ese sentido, Di Pasquale profundizó sobre algunas de las situaciones que se ven en los barrios y cómo los afecta el recorte de políticas públicas: “Dificultades en la familias, dificultades en los niños, aumento del consumo, abandono escolar, más familias que tienen dificultades en el acceso a lo básico”.

“Avizorábamos un año más complejo de lo que había sido el 2017, por eso es que nos atrevemos y votamos en unanimidad el pedido de emergencia. En este sentido lo que quiere hacer el Consejo Local de Niñez es dotar al Ejecutivo de una herramienta que es una declaración de emergencia que permite asignar partidas y realizar diagnósticos sobre una situación que se está complejizando”, manifestó.

La asamblea “está convocada desde un espacio de participación ciudadana al que puede asistir cualquier miembro de la comunidad que puede ser o no miembro de alguna organización. Pero la apertura es amplia, puede acercarse cualquier miembro de la comunidad que haya sentido el recorte de las políticas públicas en cualquier sector”, afirmó Epherra.

Agregó que “además de hacer un diagnóstico pormenorizado lo más profundo y amplio posible de cómo impactan estos recortes, también tiene que ver con empezar a conectarnos y a laburar en colectivo, lo que hasta el momento vienen siendo denuncias aisladas”.

Un grupo de madres y padres de de niñxs con discapacidad presentó un amparo colectivo para que la obra social IOMA garantice las prestaciones que necesitan.

“IOMA tiene un retraso en todas las prestaciones de niños discapacitados tanto de psicología, fonoaudiología, transporte. Todo tipo de prestaciones que necesiten los niños discapacitados están siendo trabadas por el tiempo que tardan en aprobarla. Quizás de algunas niños no las aprueban, entonces nos vemos perjudicados ahí y sobre todo nuestros niños son los mayores perjudicados”, aseguró desde Miramar, María Laura Cela.

Agregó que “esto conlleva una demora muy grande en los pagos tanto de acompañantes terapéuticos, como de transporte. Hay transportes que hace un año les deben, entonces los prestadores tiene que dejar de trabajar porque no pueden seguir sosteniendo su situación y los niños se ven afectados porque no pueden asistir a sus terapias”.

Sobre su caso particular explicó que “por el momento psicología todavía no la tiene aprobada, la chica todavía no cobró y ni siquiera llegó la autorización de la plata. Y las otras las tengo autorizadas pero no han cobrado”.

“Dependo de la buena voluntad, del profesionalismo del profesional. Estamos como arriba de una bicicleta, tambaleando lamentablemente. Por eso estamos en esto que lo iniciamos en Mar del Plata, pero queremos que sea extensivo a toda la provincia”, manifestó.

“Somos muchas mamás y papás trabajando en este amparo y tenemos como estandarte la esperanza de que esta acción sirva para que se protejan y restituyan derechos vulnerados a todo el universo de afiliados y prestadores afectados”.

Cela aseguró que “las adhesiones y las firmas en los amparos colectivos revisten mucha importancia, ya que demuestran la magnitud del reclamo”. Quienes tengan interés en sumarse pueden escribir a [email protected]

En la legislatura bonaerense se discute la reforma del Fuero Penal Juvenil planteado por la gobernadora Vidal y el ministro de Justicia y desde la Comisión Provincial de la Memoria publicaron la semana pasada un comunicado donde manifestan que “se trata de un proyecto regresivo en materia de derechos que atenta contra las garantías constitucionales de nuestras niñas, niños y adolescentes”. Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión (CPM) se refirió al respecto en FM De la Calle.

Desde la provincia dicen que hay muchas causas en los juzgados pero según García “el proyecto está fundado en una foto vieja, la situación cambió. Entre 2014 y 2017 el fuero recibió un tercio menos de causas y así el argumento central de la reforma se cae rápidamente”.

También aseguró que “es un reclamo más corporativo de jueces y fiscales, están planteando eliminar al juez de garantías que interviene en la etapa de investigación –primera etapa del proceso– y que todos sean jueces de responsabilidad penal juvenil que intervienen en el juicio –segunda etapa–. Perder especificidades tiene un sesgo punitivo importante porque se saca al juez que controla el cumplimiento de garantías y derechos de imputados, los pibes, en la etapa de la investigación”.

En la actualidad lxs pibxs quedan a disposición de la policía durante un plazo no mayor a 12 horas, sin embargo otro pedido de los jueces es que se amplíen los plazos a 18 horas, alegando que “muchas veces el plazo cae de madrugada y el juez tiene que trabajar toda la noche y esto atenta contra la eficacia. Esas horas que se incrementan… el pibe permanece detenido en la comisaría, incluso en patrulleros, a disposición de la policía; con las reiteradas situaciones de padecimiento de torturas que se han relevado o de violencia policial”, expresó.

Además el secretario aclaró que esta reforma “no va a tener un impacto en el funcionamiento del sistema porque las causas disminuyeron. La etapa de juicio tiene menos causas pero con más trabajo y gestión. El fuero está a cargo de la ejecución de la sentencia –la aplica y controla cómo se cumple–. Esa tarea que ni siquiera es considerada en el proyecto y no tiene relevancia para la justicia, es ir a controlar cómo están esos pibes en los institutos de menores”.

La Comisión lleva publicados once informes anuales que registran los padecimientos en estos lugares y las graves violaciones a los derechos humanos, “eso es lo que hay que atender”, afirmó García. “Todo eso no lo va a controlar judicialmente ninguna autoridad; no están pensando en los problemas del sistema sino en acomodar el sistema a la conveniencia de ciertos operadores judiciales. […] La reforma no apunta a la mejora del sistema sino a que se torne más despiadado y garantice menos derechos”.

Sobre lxs senadorxs de la provincia comentó que se reunieron en un plenario de comisiones donde fueron escuchados y pudieron manifestar su opinión. “Este proyecto de reforma iba a pasar por comisiones de seguridad, legislaciones generales y de asuntos constitucionales pero no por la comisión de niñez, cosa que algunos senadores consideraron necesario. Ahora estamos a la espera de que se acepten los aportes”, concluyó.

En el Concejo Deliberante se realizó la reunión mensual de la Mesa de Salud Mental y, entre otros temas, se analizó l situación de 107 personas usuarias reciben una ayuda municipal.

En diálogo con FM De la Calle, la concejala por Cumplir, Betiana Gerardi, sostuvo que “venimos analizando desde hace bastante en lo que tiene que ver con la Mesa de Salud Mental, la problemática habitacional de aquellas personas que tienen un padecimiento de salud en esta línea. Ante esta problemática venimos trabajando, se han visitado alguno hogares, estamos haciendo algunos análisis y uno de los temas que surgió tiene que ver con Curaduría”.

“Hay una cantidad de 107 personas que reciben un subsidio que es utilizado con lo que tiene que ver con la parte habitacional, solventar el alquiler, además de algunos gastos personales. En este punto se habló en la mesa la preocupación que tenía Curaduría la reunión del mes pasado y, a partir de ahí, se empezaron a hacer algunas reuniones. Se logró no la baja total de todas las ayudas pero sí la baja en un nivel considerable como en un primer momento nos habían dicho”, aseguró.

Consultada sobre cómo funciona Curaduría, la concejala sostuvo que “son aquellas personas que, cuando les marcan que tiene una discapacidad y no tienen un familiar se pueda estar haciendo cargo, reciben un curador oficial. Y en este caso, es quien hace todas las gestiones que tienen que ver con su estado de salud”.

“Ellos gestionan la ubicación de los usuarios en algún hogar, por ejemplo hay algunos que están con la ONG Saludablemente. O sea, lo que hacen es ubicarlos en un lugar donde puedan estar viviendo y, a partir de eso, también los ayudan con otros temas. Supervisan todo lo que tiene que ver con su estado”, agregó.

Respecto a la baja de los subsidios manifestó que “había 107 y se bajó a 80. O sea que ahora van a ser 80 los beneficiarios y aquellos que no van a recibir el subsidio, lo que han dicho Políticas Sociales y el jefe de gabinete, porque la reunión Curaduría la tuvo con ellos es poderles ofrecer otras alternativas como la tarjeta social, como un acompañamiento personal habitacional para aquellos que tienen un domicilio. Poderlos ayudar en tener un estado mucho mejor de hábitat en ese espacio, acompañados con mercadería en el caso de que no lleguen con aquel subsidio que les otorga la provincia”.

“Tengamos en cuenta esto: algunos de estos usuarios no tienen nada, otros tiene algún subsidio de provincia, pero no les alcanza para pagar un alquiler. Entonces, la ayuda municipal un poco compensa este otro faltante de dinero. El tema habitacional en lo que son las personas con padecimientos mentales es muy grande, muy grave, venimos trabajando y queremos tener un diagnóstico amplio”, aseguró.

En el marco del Ni Una Menos, Verónica Bajo, artivista e integrante de Desbandadas y Acciones Feministas, se refirió en FM De la Calle a la actividad realizada en el barrio Villa Caracol el 3 de junio, a la manifestación del 4 y opinó sobre el proyecto de despenalización el aborto. “Fue una actividad muy movilizante por el contexto y por el mensaje que intentamos dejar a través del arte en espacios que no son ni la plaza Rivadavia ni la peatonal”, manifestó.

De la actividad también participaron las compañeras que reclaman justicia por Kathy, las tamboras de Monte Hermoso. La integrante de DesBandadas comentó qué sucede con las mujeres de la zona cuando se enteran de este tipo de encuentros: “primero es irrumpir, y al ser todas mujeres se da esa expectativa y curiosidad. Las mujeres mirando atrás de las cortinas de sus casas o que se sientan a 30 metros de donde estamos, es una imagen muy potente que siempre se repite”.

Respecto a la reunión del domingo remarcó que entre las presentes estuvo Silvia Martínez, mamá de Leonela Acosta, víctima de femicidio. Silvia está atravesando una situación “dramática por donde se la mire, el femicida la amenaza y va a salir el año que viene; sinceramente no sabemos qué va a pasar, le dijo que la próxima que sigue es ella, y que a sus hijos los va a convertir en mujeres”. Además está pasando por un momento de pobreza extrema y un problema de salud, “se desmayó con un proceso convulsivo cuando terminamos la actividad en Villa Caracol”.

Respecto a la movilización del Ni Una Menos, Bajo aseguró que está “muy feliz con este movimiento, principalmente de la concientización de mujeres tan jóvenes, es como un recambio. Hay cuerpos y voces que van comprendiendo. Es muy emocionante ver esta visceralidad feminista”.

Finalmente sobre el debate que se brindará en Diputados respecto a la despenalización del aborto comentó: “al principio era escéptica pero creo que va a pasar la ley. Votar en contra va a tener un costo, más allá de que hay una parte grandísima que está en contra del aborto, a pesar de eso tengo una visión positiva. En el Senado puede estar más complicado”.

Manifestó Hugo Muleiro, periodista e integrante de la Dirección de Promoción y Capacitación de la Defensoría del Público, en su paso por la ciudad para brindar un taller sobre tratamiento de noticias policiales/seguridad/violencia institucional dirigido a estudiantes de periodismo. Desde la Defensoría brindan herramientas a los medios para abordar correctamente distintas temáticas, y a las audiencias para advertir situaciones que vulneren sus derechos.

“El concepto que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual trae es que la comunicación es una interacción, actores con derechos y posibilidades de accionar e incidir en la comunicación que se realiza. La Defensoría existe para representar esos derechos e intereses”, también para lidiar con “discursos ofensivos, personas que pudieran ser discriminadas, agendas informativas que no sean inclusivas –esa mirada estigmatizante sobre otro sector social como suele suceder con la niñez y adolescencia en nuestro país-”, comentó el periodista en FM De la Calle.

De hecho, la institución realiza desde 2013 una medición de noticieros (producto que más se reproduce en Argentina) en los cinco canales abiertos de Buenos Aires: “En el relevamiento lo mejor que ha pasado cuantitativamente es que del total de noticias estudiado, la presencia de niñez y adolescencia está entre 2,5% y 4,5%. Hablamos de invisibilización, salvo cuando están haciendo algo malo o son víctimas de delito”. En su opinión la obtención de mejoras comunicacionales respecto a este grupo es “mucho más lenta”.

Además, respecto a si las noticias policiales son posicionadas por los medios o ‘es lo que quiere la audiencia’ comentó que “hay porciones significativas de las audiencias que tiene predilección por esas noticias, puede variar según climas sociales/políticos/comunicacionales. Este requerimiento de las audiencias alimenta la factura mediática de la noticia escabrosa, el sensacionalismo. Ahora estaríamos en un pico de presencia de noticias policiales o vinculadas con (in)seguridad”.

Muleiro aseguró que “es un problema” porque la preocupación en las personas existe por hechos de la realidad. Pero “hay una sobre construcción, dependiendo de cada medio y comunicador. Hay épocas donde se exacerba la presencia mediática de este problema y otras que –por cuestiones tácticas de la política– retiran el tema; pero no han logrado que la sensación se extinga en la población”.

Mencionó que el problema en el sistema mediático en general, que amerita intervención de la Defensoría del Público, es que se entremezcla la realidad con el mensaje comunicacional, y éste es reproducido acríticamente. “Como comunicador, no esperaría que la policía me traiga un informe objetivo; tengo que tomar distancia y no reproducirlo como viene”, ejemplificó.

Hugo Muleiro. Para contactarse con la Defensoría: 0-800-999-3333 o www.defensadelpublico.gob.ar/

Para contactarse con la Defensoría: 0-800-999-3333 o www.defensadelpublico.gob.ar

Al respecto apuntó: “Habría que poner en marcha un proceso de elaboración que nos permita adquirir la conciencia de que como audiencias tenemos posibilidades de participación y reclamos hacia los discursos imperantes para tratar de modificarlos. La principal palanca para que un medio de comunicación se corra de un determinado desempeño es su propia audiencia. Necesitamos audiencias críticas que exijan cambios”.

La defensoría lleva cinco años trabajando y “hay un progreso esperanzador de la conciencia de las audiencias de que son personas con derechos y, si están en la casa y un señor dice cualquier cosa por radio o tele, se puede poner en discusión. Esa porción de audiencia que va creciendo es activa, hoy hay reclamos por discursos discriminatorios –sobre todo contra la mujer–”.

Respecto a la Ley Corta, Muleiro comentó que la Defensoría realizó una reunión con especialistas en el Congreso y de las opiniones reunidas surgió “una mirada muy crítica hacia la concentración. El temor es que este tipo de iniciativas propiciaron una concentración todavía mayor a la que ya padecíamos”. También coincidieron en advertir que, a partir de mecánicas de concentración que crean actores con un poder virtualmente ilimitado, el derecho a la comunicación retroceda en la Argentina.

“Una empresa que venga y ofrezca todo el paquete de comunicación que el mundo te dice que necesitas para existir (el quíntuple play) va a generar actores poderosos que van a poder ofrecer todo eso, “quizás con manejos tarifarios que le van a permitir ser arbitrarios donde no tengan competencia y aplastarla donde la tengan. La situación es de mucha preocupación”, concluyó.

Cristina Muñoz y Luzmira Villagrán, integrantes de la asociación de jubiladxs “La Norma Plá”, hicieron uso de la Banca 25 el jueves en el Concejo Deliberante para manifestar una serie de demandas y padecimientos a partir de las políticas de este gobierno. Muñoz visitó el estudio de FM De la Calle para profundizar sobre los reclamos.

“Desde el año pasado intentamos comunicarnos con el Intendente para plantearle la situación de los 48.000 jubilados de la ciudad. Nunca nos recibió, por esa razón pedimos la Banca 25, el espacio adecuado para formular reclamos que los que nos representan deben atender. […] Si hay una demanda que no es tratada por otro espacio, el HCD tiene la facultad de armar una comisión que responda a esas necesidades. Pedimos que armen una mesa para el adulto jubilado y pensionado”.

La lista de demandas incluyó la “situación de precariedad en la que se encuentran muchísimos jubilados, agravado por el tarifazo, la jubilación mínima de $7600 y la inestabilidad monetaria –los cambios que empobrecen cada vez más ese salario–, y la deficiente prestación de PAMI […] que incluye “la falta de médicos de cabecera que cubra la cantidad de afiliados (actualmente hay 9.000 jubiladxs sin cobertura); costos de gestiones médicas para personas que están en situación de precariedad (que el municipio afronte esos gastos); la demora con la que se dan turnos son de hasta 73 días (hasta en enfermos oncológicos), entre otros”, comentó Muñoz.

“El corolario de la Banca 25 lo dio Luz porque fue muy impactante su testimonio, conocer en vivo y en directo, para personas que evidentemente no están conociendo el padecimiento de muchísima gente, fue sorpresivo y movilizó. […] Algún concejal se acercó y comentó que la idea era tramitar la comisión para la atención de los adultos mayores y jubilados; el tema es perseverar” hasta que cumplan. […] “Sabemos que en 2017 una concejala presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria para adultos mayores jubilados y pensionados, nunca fue tratado”, expresó.

“Yo lo tengo en mi cuerpo”

  • El jueves, luego de la exposición de Cristina, Luzmira compartió su testimonio: “yo lo tengo en mi cuerpo, invito a vivir a muchos con $7000, con enfermedades, con dolores, con aumentos de luz y de gas que no puedo usar porque no se puede pagar, una mujer que luchó y pagó sus aportes…”
  • “Cargué 30 kilos de carne, bolsas de cebolla y de papas, creyendo que iba a ser feliz porque iba a tener un buen aporte. $7000 que no me sirven ni para vivir, cuando salí tuve que comer polenta hervida.
  • “Necesitamos un subsidio porque PAMI lo niega. ¿Sabe cómo es ver eso en carne propia? Yo lo viví, es tremendo. Dicen ‘no hay pobreza’, ‘se vive bien’, ‘pague las boletas con $7000’”. […] Lo llevo en carne propia”.
  • “Necesitamos cooperación y ayuda para que ahí la que abra la puerta [en el centro de jubiladxs de Nocito] tenga su pedazo de pan y su taza de leche, con amor”.
  • “Me hice todos los estudios para hacerme mis operaciones y conseguir mis remedios, para que me digan que no. ¿Cómo yo cuantas habrán?

Ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez, se dio lectura a los alegatos de la querella en el juicio por el travesticidio de Diana Sacayán ocurrido en 2015 y cuyo único imputado en la causa es Gabriel Marino.

En diálogo con FM De la Calle, Luciana Sánchez, representante legal de la familia sostuvo que su alegato “fue larguísimo”, pero que tenía que ver con que “no solo es para las cosas puntuales. Pasan muchas cosas en los juicios orales, cumplen muchas funciones y estamos hablando de Diana así que era difícil que fuera corto”.

 

Consultada respecto de que esta sea el primer causa es llevar la caratula de ‘travesticidio’ explicó que “en efecto eso es un gran trabajo y una demanda muy concreta de Sasha Sacayán y de Darío Arias de llevar esa palabra y de poder inscribirla en el lenguaje judicial. Siempre sabemos que los significados judiciales son más acotados que los sociales, pero bueno, es importante que el lenguaje judicial pueda ir evolucionando también”.

Sobre la pena pedidas en su alegato comentó que fue prisión perpetua porque “así lo dispone nuestro Código Penal de la Nación. Hay pocos delitos en nuestro Código Penal, por suerte, que tienen esas penas tan altas y los delitos que tienen esas penas son los más graves. Podemos discutir muchas cosas de la pena perpetua pero, bueno, no era el momento en el juicio para eso, sino para pedir la pena y la calificación está dado así”.

Del total de travesticidios que han sucedido en los últimos tiempos sólo cuatro han sido llevados a juicio, al respecto Sánchez mención que es muy difícil hasta ahora porque “los travesticidios están avalados socialmente. La impunidad se construye socialmente, no es fácil ser impunes y cometer crímenes, menos en las sociedades modernas. Los mismo pasa con los crímenes de lesa humanidad digamos, es una impunidad que está construida”.

“Por más que la ley refleje que es dañoso, grave, socialmente grave matar a una persona por su identidad de género o con motivo de su identidad de género, no habría ninguna condena en este caso. Bueno, todavía no la hay de hecho, porque tiene un aval social la comisión de estos crímenes”, enfatizó.

Nicolás Welschinger es Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología de la UNLP. Además es Investigador asistente del CONICET y habló con FM De la Calle acerca de la importancia de las innovaciones tecnológicas en materia de educación, lo que dejó el Programa Conectar Igualdad, recientemente dado de baja, y el nuevo Aprender Conectados.

“En los últimos años lo digital se volvió una nueva dimensión de la desigualdad y, por lo tanto, algo sobre lo cual el Estado y las políticas públicas y de inclusión tienen que sí o sí operar para no seguir relegados de los cambios tecnológicos y de los cambios a nivel cognitivo, es importantísimo que todos entendamos y justifiquemos y demandemos que la escuela pueda contar con esos recursos para poder seguir alfabetizando digitalmente”, afirmó.

En relación al nuevo programa Aprender Conectados Welschinger destacó que “en el anuncio dice que se va a requerir un instrumental mucho más potente que el del PCI, la duda es qué significa esto de mucho más potente y si eso se especificara, eso se concretizara y se dieran los recursos lo cual es una inversión pública importante para superar la inversión del PCI, todos los esfuerzos en capacitación, repensar el rol docente, etc. Lo que creemos varios, es que no va por ese camino, al no haber una especificación. Al no mostrar cuáles son esas esas líneas, queda la duda. Sobre todo porque los números de lo que se está hablando son considerablemente más bajos, en cuanto a los objetivos a nivel pedagógico son mucho menos significativos”.

“A partir del anuncio del plan, incluso antes 2010, 2011, empieza a haber desde el movimiento estudiantil una mayor demanda con respecto a este tema. En ese proceso se las empieza (a las computadoras) a reclamar como un derecho y, al mismo tiempo, como le pasó al programa que quedo muy ligado a la polarización adulta, también algunos estudiantes lo compartían, se lo empezó a denunciar como un regalo, entonces ahí estaba la tensión entre derecho y merito fue una de las cosas que apareció”, señaló.