La Procuración General de la Nación designó hoy a dos fiscales para sumarse a la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro que lleva adelante el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado en dos oportunidades por la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril pasado.

En una resolución firmada hoy, el procurador Eduardo Casal designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para “intervenir en forma conjunta o alternada” con el fiscal Ulpiano Martínez en la causa por la desaparición de Facundo.

La decisión fue adoptada por Casal dos días después de mantener un encuentro con Cristina Castro, la madre de Facundo, quien le manifestó su descontento con la actuación que venía llevando adelante Ulpiano Martínez al frente de la investigación.

El miércoles último Cristina concurrió al despacho de Casal junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio y denunció al fiscal federal de Bahía Blanca, de quien dijo que nunca la recibió ni tuvo “un trato humano” para con ella.

En el escrito de denuncia, al que tuvo acceso Télam, la madre de Facundo dijo que el fiscal Ulpiano Martínez “estaba filtrando información” y que “toda la información que a ella le negaba, se la daba finalmente a los medios de comunicación locales ‘La Brújula’ y ‘La Nueva'”.

“Tuve que llevar a su padre al hospital porque se descompuso al ver en los medios de comunicación información que solo estaba en la causa y que nadie conocía”, dijo Cristina Castro, quien agregó que “el fiscal es el mejor abogado de los policías” supuestamente involucrados en la causa.

En esa denuncia, la madre de Facundo le pidió a Casal que “en la medida de lo posible, pueda haber una actuación más coordinada de la Procuvin”, precisamente cuyo jefe fue designado hoy para trabajar en el marco de la investigación.

La querella ya había recusado en dos oportunidades al fiscal Ulpiano Martínez por distintos motivos, pero en ambas oportunidades (el 29 de julio y el 22 de agosto) el pedido fue rechazado por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.

En su pedido, los abogados plantearon el apartamiento del fiscal al considerar que la “lentitud”, la “incapacidad” y “la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía” ya “bordea la actitud dolosa”.

Sin embargo, la jueza Marrón lo rechazó por “improcedente” ya que entendió que, “al menos hasta ahora, los objetivos de eficiencia y eficacia para las investigaciones de delitos complejos se encontraban cumplidos”.

Fuente: Télam.

El martes se realizó un allanamiento dispuesto en la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca. En la medida participó personal de la PFA junto con efectivos de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de esa fuerza y representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación con canes de búsqueda de la División Canes de Bomberos.

El procedimiento culminó con el secuestro del libro habilitado para el registro de novedades de la guardia; un cuaderno con novedades de un móvil; un cuaderno de registro de presentismo y horas cores; hojas sueltas con listado completo de personal de meses de mayo y junio de 2020; órdenes de servicios especiales; un móvil Toyota Etios; y tres teléfonos celulares pertenecientes a agentes policiales de la dependencia. Los canes “Aramis” y “Branca” efectuaron el registro del móvil policial y sobre el perímetro del predio, con resultado negativo.

Según informó la Fiscalía, la comisión del área de Ciberdelito de la PFA se constituyó de Bahía Blanca. A los representantes de esa repartición se le entregaron los tres teléfonos celulares secuestrados a los efectivos policiales de la UPPL mencionada, para que practicaran la extracción de datos de los dispositivos con la tecnología UFED y efectuaran una impresión de toda la información obtenida, para remitirla a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA y a la DATIP, con el objeto de su análisis y verificación de posibles elementos que pudieran resultar de interés para la pesquisa.

Los libros incautados en la UPPL fueron remitidos al Gabinete Científico de la PFA, a fin de que practique un peritaje caligráfico y escopométrico, tendiente a verificar si se advierten adulteraciones o borrados sobre sus superficies. También se requirió que se efectuara un minucioso estudio pericial sobre el móvil policial Toyota Etios secuestrado, tendiente a constatar si se encuentran rastros biológicos, huellas dactiloscópicas u objetos dentro del vehículo que puedan pertenecer o vincularse a Facundo Astudillo Castro. Se indico que en la medida pueden participar los perros del Cuerpo de Bomberos de la PFA.

Se solicitó a la empresa de monitoreo Megatrans S.A. que designara personal para que se constituyera en la ciudad de Bahía Blanca, con el objeto de extraer el GPS o AVL del patrullero secuestrado y proceder al peritaje de rigor tendiente a determinar si el dispositivo ha sufrido modificaciones y/o desperfectos técnicos. Se requirió asimismo que explicara las anomalías advertidas en los registros, cómo es el funcionamiento del GPS incorporado al móvil, que indicara si el vehículo en cuestión posee cámara 360° y que aportara cualquier otra información que pudiera resultar de utilidad para la investigación.

En tanto, a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) se le solicitó que aportara los registros de llamadas entrantes y salientes, entre el 30 de abril y el 30 de mayo pasados, de los números de teléfono de los celulares secuestrados.

Se solicitó a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PFA que profundizara las averiguaciones sobre la supuesta presencia de un móvil policial el 8 de mayo en las coordenadas -38.74265 -62.40827, como también que verificara la situación denunciada por la querella particular a raíz de los dichos de un testigo que habría manifestado haber visto luces en el lugar indicado.

Información sobre medidas de prueba

Se requirió al Director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut, José Mazzei, la elaboración de un informe explicando el método de búsqueda de rastro por olor de referencia que desarrollan los canes, y el acompañamiento de los protocolos nacionales e internacionales que rigen esos procedimientos. Asimismo, se solicitó cualquier otra conclusión al respecto con las observaciones y sugerencias que estimare pertinentes para el avance de la pesquisa y todo otro elemento que pudiere resultar de interés teórico/práctico.

El secretario de Legal y Técnica del Sistema de Prevención de Villarino (SIPREVI) puso en conocimiento que el personal dependiente del Centro de Monitoreo de Villarino (CeMoVi) se encontraba recopilando la información solicitada e informó que contaban con otra cámara ubicada en el acceso a Colonia La Merced, a escasos metros del límite entre los partidos de Bahía Blanca y Villarino, y que en ese sitio de control el Municipio tenía instalado un scanner facial.

La fiscalía le solicitó la remisión de las grabaciones de aquella cámara correspondientes al período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto pasados y que informara pormenorizadamente respecto del funcionamiento del scanner facial, señalando desde qué fecha conservaba información ese soporte digital.

Se solicitó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación que aportara las imágenes satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes a las coordenadas 38°45´11.1´´S – 62°26´54.8´´W en el período comprendido entre el 30 de abril y el 9 de mayo pasados y entre el 1° y el 15 de agosto pasados.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF informó que concluyeron la extracción forense mediante sistema UFED respecto del teléfono celular perteneciente a uno de los agentes policiales y que se procedió a la desintervención y copia de la información contenida en los 31 DVD’s remitidos oportunamente. Además puso en conocimiento que el Laboratorio de Análisis de Telecomunicaciones fijó fecha para la desintervención del teléfono celular que le fuera secuestrado al oficial Jorge Agustín Galarza y el copiado de la extracción ya realizada con el objetivo de de realizar su análisis. La medida está prevista para el próximo martes 1° de septiembre a las 10.00.

La Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA) remitió las actas de inspección de la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como Villarino Viejo, donde se hallaron los restos esqueléticos.

Remitió también el acta de toma de muestras de ADN, relacionada con la medida practicada al señor José Luis Astudillo, padre de Facundo.

Asimismo, se enviaron las actas de relevamiento y barrido del terreno, referentes a las tareas realizadas en diferentes días en la zona indicada. Participaron de la medida personal del Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA, efectivos de la Superintendencia Federal de Policía Científica, personal del Laboratorio Científico Mar del Plata de la Agencia Federal Mar del Plata y personal de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas.

Fuente: fiscales.gob.ar

La jueza federal Gabriela Marrón informó que las conclusiones finales de la autopsia a los restos óseos hallados en Villarino Viejo se conocerá “en un plazo no menor a 40 días, más allá que la identificación de los restos podría saberse entre 10 a 15 días”.

Mediante un comunicado respondió a declaraciones de la querella y manifestó que “ni su juzgado ni ninguno de los peritos oficiales que participaron del examen (…) dio información a la madre del joven sobre las deliberaciones”.

“Solamente se le hizo saber en qué iba a consistir el procedimiento (pasos y plazos aproximados de producción de informes), sin ningún tipo de detalle sobre lo que ocurrió y lo que se iba hablando en el Laboratorio del EAAF”, agregó.

Por último, destacó que “todos los peritos actuantes, incluida la perito de parte, tienen el deber de confidencialidad (guardar secreto), que se hizo saber a todos antes, durante y después de la pericia. Su violación tiene consecuencias penales”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su Informe Anual 2020, un balance de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, signada por las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte.

Estos hechos fueron el exponente más atroz de las graves violaciones a los derechos humanos que genera el punitivismo. El XIV informe, primero tras la designación de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, es también un diagnóstico de una crisis arrastrada por décadas y que requiere cambios profundos en la política criminal; más aún en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus que agravó la crisis humanitaria en los lugares de encierro, la sobrepoblación récord en comisarías, la violencia policial y la desaparición de Facundo Castro.

La presentación es este jueves 27 a las 18 horas y con transmisión en vivo por las páginas de youtube y facebook de la CPM.

La política criminal durante el 2019, último año de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, mantuvo los lineamientos de años anteriores. A pesar de reconocer desde el principio la crisis del sistema penal, durante todo el período no se tomaron medidas para revertir la situación. Ocurrió todo lo contrario, año tras año, y en sintonía con el gobierno nacional, se profundizó el perfil punitivista de las políticas de seguridad y con ello las graves violaciones a los derechos humanos.

El incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales y la negativa sostenida por todas las instancias gubernamentales a brindar información dan cuenta del nulo respeto a dos valores centrales de los principios republicanos de gobierno: el respeto a las órdenes judiciales -división de poderes- y el acceso a la información pública.

El informe anual Sistema de la crueldad XIV analiza las políticas de encierro (penitenciarias, de seguridad, de niñez y salud mental) y el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio.

Todos los indicadores empeoraron y se alcanzaron nuevos récords en los índices de prisionización, sobrepoblación, hacinamiento. También las muertes bajo custodia y los casos de torturas alcanzaron valores elevados. La cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires creció a un promedio interanual de 9%. En diciembre de 2019, había 51.000 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico. Esta cifra representa una tasa de prisionización de 294 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Una cifra que duplica la tasa del promedio mundial: 145 cada 100.000.

El correlato directo del creciente encarcelamiento fue el hacinamiento en condiciones inhumanas: la sobrepoblación en cárceles llegó al 118% y en comisarías al 217%. En este contexto, sumado a la falta de atención médica, el riesgo para la vida se naturalizó sin producir reacción alguna de la justicia ni el gobierno. Entre 2015 y 2019, murieron 550 personas bajo custodia del Estado; 11 muertes por mes. El 78% de esas muertes fueron por enfermedades no atendidas, es decir, muertes evitables.

Bajo la falta de reacción, complicidad o silencio judicial y político, también se extiende de manera generalizada y sistemática las torturas y/o malos tratos. En 2019 sólo la CPM registró y denunció 12.594 hechos, relatados por 6.713 víctimas en entrevistas realizadas en las inspecciones a los lugares de encierro y en comunicaciones de personas detenidas o de sus familiares. En todo el período se presentaron 4.448 habeas corpus o acciones judiciales individuales urgentes y 37 acciones o habeas corpus colectivos por situaciones estructurales de violaciones a los derechos humanos. El Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos (RNCT) relevó en detalle 10.709 hechos, 2.358 de ellos el año pasado.

Las comisarías también están atravesadas por otra marca de la ilegalidad y desprecio a los valores jurídicos y humanos. De las 270 dependencias policiales que alojaban personas, 103 estaban clausuradas por orden judicial o resolución administrativa, es decir no podían hacerlo; no obstante, el 36 % de la población en comisarías fue alojado allí.

Durante la última gestión la sobrepoblación en comisarías pasó de 159% a 217% y hubo dos masacres en donde 17 personas bajo cuidado del estado, murieron quemadas: Pergamino y Esteban Echeverría. Una vez más, estas muertes no generaron ninguna conmoción en el poder político y judicial.

La comisaría 3ª de Esteban Echeverría tenía al momento de la masacre seis clausuras judiciales y una ministerial, todas desoídas. El Poder Judicial fue benevolente con los delitos cometidos por los funcionarios públicos que declamaban la defensa de las instituciones republicanas, pero desobedecían sistemáticamente sus órdenes. Cada día el gobierno provincial incumplió 136 sentencias: 33 que establecían cupos en cárceles, y 103 que clausuraban y prohibían alojar personas en comisarías.

En el territorio, la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad también siguió escalando. Con la legitimación de la “Doctrina Chocobar”, el uso letal de la fuerza policial ocasionó en la Provincia 485 muertes en cuatro años; 1 muerte cada 3 días. De éstas, 21 fueron femicidios. Durante 2019 se registraron 134 muertes en territorio bonaerense, 14 más que en 2018.

Por la brutalidad, por la edad de las víctimas, la operación institucional de encubrimiento montada para proteger a los policías responsables, y el espionaje policial ilegal montado sobre sus familias, la masacre de San Miguel del Monte aparece como uno de los más impactantes del 2019.

A las niñeces y juventudes en peligro, la gestión saliente sólo le respondió con el brazo punitivo del Estado; los dispositivos de encierro para jóvenes en conflicto con la ley también tuvieron una sobrepoblación récord, llegando a 651 jóvenes, lo que implicó un 23 % de sobrepoblación. A la par, los sistemas de promoción y protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil se deterioraron de manera crítica, sin financiamiento ni políticas dirigidas a fortalecerlos.

Las personas con padecimiento mental no corrieron mejor suerte entre 2016 y 2019. Las personas internadas tienen escasas posibilidades de insertarse en procesos sustentables de externación. Los datos lo confirman: en el 2019, el 68% de los ingresos a los cuatro hospitales monovalentes de la provincia fueron re-internaciones. En ese contexto, no se cumplió con la Ley de Salud Mental, que disponía el cierre de los manicomios para este año. Las muertes ascendieron a 150 en hospitales neuropsiquiátricos.

Nada de esto es nuevo en la provincia de Buenos Aires. Hace más de dos décadas los gobiernos de distintos signos políticos insistieron en la misma política criminal. Una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito. La denominada “mano dura” ya ha demostrado de sobra la ineficacia para resolver los problemas de inseguridad, sólo provoca mayores violaciones a los derechos humanos, incrementa la violencia social y pone en riesgo a toda la población.

Presentación en vivo

Este jueves a las 18 horas, la CPM presentará públicamente el Informe Anual 2020—Sistema de la crueldad XIV; la transmisión se podrá seguir en vivo por el canal de youtube y la página de facebook.

De la presentación participarán Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, presidentes de la CPM, junto a otros integrantes como Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Roberto Cipriano García y Víctor de Gennaro. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general Sandra Raggio.

El acto contará también con la presencia de los miembros de la CPM el padre Jose «Pepe» Di Paola, Susana Méndez, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Maria Sonderéguer y Carlos Sánchez Viamonte. Además, estará presente el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal.

Esta será la primera presentación del Informe Anual desde que la CPM fue designada el año pasado como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a una tarea que el organismo realiza de hecho desde el 2002 cuando creó el Comité Contra la Tortura.

También se presenta con un nuevo gobierno provincial. En este sentido, si bien estos datos corresponden a la gestión anterior, el diagnóstico realizado en este informe persiste. Mucho más aún, la pandemia del coronavirus expuso como nunca antes la precariedad de la vida en los lugares de encierro, la violencia policial y la necesidad de reformas urgentes en el sistema penal.

Vale destacar que la presentación se da también en un contexto signado por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. La causa que investiga la presunta desaparición forzada sigue reuniendo pruebas que vinculan cada vez más a la Policía bonaerense en el hecho.

La insistencia en presentar este diagnóstico cada año, y en reiterar las razones que provocan las violaciones a los derechos humanos que denunciamos, alberga la esperanza de que por fin los gobiernos tomen la decisión de encarar otra orientación de la política criminal. Sigue siendo una tarea pendiente para los gobiernos que se han distanciado del paradigma neoliberal abandonar la demagogia punitiva, propia de las derechas. Esta nueva gestión tiene la posibilidad y el deber de hacerlo.

El abogado de la madre de Facundo Castro, Luciano Peretto, aseguró a FM De la Calle que con los resultados preliminares de la autopsia a los restos encontrados en Villarino Viejo “sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años”.

“Existe muchísima información -que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas- para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio”, explicó.

Esta tarde, Cristina Castro declaró ante el Procurador General de la Nación sobre la desconfianza hacia el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la falta de acompañamiento por parte del Ministerio Público.

El querellante concluyó que, “con la información que tenemos, es la confirmación de un delito de desaparición forzada de personas que se realiza el 30 de abril, en circunstancias donde Facundo circulaba por Ruta 3 entre Buratovich y Origone, y que estos contactos no son declarados por la Policía Bonaerense y, a partir de ahí, comienza una serie de mecanismos de encubrimiento para dotar de impunidad la desaparición de Facundo”.

¿Cuál es el balance de la reunión con el presidente?

A la reunión que tuvo Cristina con el presidente hay que asignarle dos etapas. Una personal, que tiene que ver con una gestión institucional de recibir a la madre de un chico desaparecido. Me parece que es un gesto correcto, que predispone determinadas cosas, no solamente del Ejecutivo Nacional sino la interconexión entre poderes. Es muy importante para que destrabe algunas cuestiones, crea determinada predisposición para la investigación y para la celeridad y la exhaustividad que pide la ONU.

Lo que le planteamos al presidente es que el Estado argentino es responsable ante el mundo por el incumplimiento de la normativa internacional que prohíbe la aplicación de torturas y los convenios internacionales en materia de desaparición forzada de personas y que ha sido denunciado al Comité de los Derechos Humanos de la ONU y ha pedido celeridad y exhaustividad, dos cuestiones que no se vienen cumpliendo en el caso y que nos ha llevado a plantear dos recusaciones.

En este momento estamos en la Procuración General de la Nación, Cristina está declarando ante el procurador todas estas irregularidades que generan desconfianza, esta falta de acompañamiento por parte de quien es titular de la acción del Estado contra los desaparecedores y planteamos que no hay acompañamiento a la víctima. La querella está sustituyendo ese rol del Estado a tracción a sangre, sobre todo Cristina, que traviesa el momento más doloroso de su vida y está lidiando y empujando del carro del Estado para el esclarecimiento de la causa de su hijo.

La segunda parte tiene que ver con nosotros como abogados, haberle pedido que se dispongan todos los mecanismos que sean resortes de su organigrama, para traer tranquilidad a Cristina y a los testigos. Son testigos vulnerables, hay fuerzas de seguridad involucradas, son las causas más complicadas para que una persona sostenga su testimonio y declare.

En ese sentido, empezamos a ver un giro y un tono especial en los últimos días que tiene que ver con el momento crucial en la causa.

¿Qué se puede conocer de la autopsia?

Queremos ser respetuosos con los tiempos. Lo que nos ha permitido que la perito de parte esté en la autopsia es que pueda nutrirse de algunos datos en bruto, sin procesar, y que pueda informarle a Cristina. Al momento de la finalización sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años. Existe muchísima información que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio.

Hay que trabajarlo, pero ha sido objetivo por parte de Virginia Creimer, de especialistas, ha sido indicado en el marco de la autopsia y compartido por el EAAF, que estaba en el lugar. Hoy a las 15 llegaron a Córdoba los elementos con cadena de custodia para la comparación genética, eso va a ser para los primeros días de septiembre. Pero los resultados conclusivos van a estar entre los 15 y 30 días a partir de ayer, hablamos quizás de finales de septiembre.

¿Qué valoración hacen del allanamiento de anoche en la sede de la Policía Local de Bahía Blanca?

 Ayer leía muchos titulares, decían ‘allanan una comisaría, se cae la hipótesis de la desaparición forzada’. La verdad que uno no entiende nada. Para allanar una comisaría tiene que haber indicios de la posible comisión de un delito.  Están allanando porque había un patrullero que estuvo el día 8 de mayo en el lugar donde se encuentra el cuerpo -presumiblemente de Facundo- fuera de su jurisdicción barrial, distrital, y estuvo 35 minutos detenidos ahí.

Esto quiere decir que tenemos la postura de que en delitos tan complejos interviene una conexión y comunicación entre fuerzas de seguridad. En esto interviene un entramado que vuelve a esta causa del tenor complejo que le conocemos.

En el marco de esa situación lo que puedo decir es que se ha cumplido un allanamiento con secuestro de libros y celulares, porque un patrullero se dispuso el 8 de mayo, 8 días después de la desaparición de Facundo, a una distancia de 800 metros de donde encontraron el cuerpo. Puede decirse que 800 metros es mucho, es mucho en Bahía, en la ciudad son ocho cuadras, 800 metros en un salitral, donde no debería haber nadie en tiempo de cuarentena y menos un patrullero fuera de su jurisdicción, no es mucho. Y 35 minutos detenido, es sugestivo.

Preliminarmente no tenemos información de lo que hay en los vehículos ni de lo que hay en los teléfonos ni en los libros. Son diligencias que se realizarán en las próximas horas y esperamos tener la mayor información posible.

¿Por qué cuestionan la incorporación de la Testigo H?

No cabe duda de que la testigo de identidad protegida no tiene vinculación con Facundo, no puede asegurar haber viajado el 30, dice que viajó a fines de abril, dice que lo hizo para atenderse en un centro médico y en ese centro médico no se atendió el día 30. Dice que llevó a un joven masculino desde la entrada Origone, mientras González que es el agente policial que trata de colocar a esa testigo, dice que lo levanta en el km 750, distante a 7 km de Origone. Dice que González estaba acompañado por un masculino, González dice que estaba solo. Dice que (el patrullero) estaba perpendicular a la ruta, González dice que estaba de manera paralela y que lo vio por el retrovisor.

Todas estas circunstancias desnutren la hipótesis de que la testigo haya levantado a Facundo en ese lugar y lo haya acercado hasta las vías. Sin lugar a duda forma parte de una trama siniestra de encubrimiento, no se descarta el hecho de colocar días posteriores un falso Facundo en la ruta para tratar de torcer estas circunstancia, es un mecanismo bastante usual cuando las fuerzas cometen este tipo de hechos y para nosotros ese testimonio se encuentra vacío de toda veracidad, de toda conexión con la causa.

¿Cómo es el acompañamiento de los organismos como la CPM o Amnistía Internacional?

El de la Comisión por la Memoria es permanente, y están como querellante institucional nuestro, de hecho estamos ahora trabajando juntos en Buenos Aires. Y el de Amnistía Internacional, si bien es reciente, ha colocado el caso en la agenda internacional para interpelar al Estado para que cumpla los mecanismos de garantías y obligaciones que Argentina ha consolidado a nivel internacional. Robustece la posición de la querella y su hipótesis porque no estamos ante un acompañamiento a un chico que se pudo haber patinado de un puente, para que exista este acompañamiento tiene que haber certezas de la hipótesis violatoria de los derechos humanos y en ese sentido, sobre todo Cristina se siente acompañada y respaldada por su postura.

En el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro, hoy continúan las pericias al “material no biológico” encontrado el 15 de agosto junto a restos óseos en Villarino Viejo.

Los estudios se realizan en la sede de la Policía Científica de la Policía Federal de Parque Patricios. Ayer terminó la autopsia a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se anunció que la jueza María Gabriela Marrón brindará información oficial a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

Desde la querella se indicó que durante el martes se tomaron declaraciones testimoniales que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada del joven de Pedro Luro.

La Fiscalía Federal emitió este martes un nuevo comunicado en el cual informó sobre el allanamiento a la sede de la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca y otras medidas que aquí se detallan.

En relación al patrullero sospechoso

También se requirió a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que aportara las fotografías satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes al lugar ubicado entre las coordenadas Lat: -38.74265 Lon: -62.40827, correspondientes al 8 de mayo pasado.

Al área de Ciberdelito de la PFA se le solicitó que se constituyera en la ciudad de Bahía Blanca con el objeto de practicar las medidas que podrían surgir de esta línea de investigación.

Al Centro Único de Monitoreo de la Municipalidad de Bahía Blanca se le requirió que, en el término de 24 hs., presentara las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentren en cercanías a la UPPL ubicada en el Barrio Noroeste de esta ciudad, correspondientes al 8 de mayo pasado.

Otras medidas

El Hospital General Juan A. Pradere de Pedro Luro informó que al igual que el Centro de Asistencia Primaria N° 1 de esa localidad, carecían de ficha odontológica de Facundo Astudillo Castro, por lo cual la fiscalía solicitó a la querella particular que, en caso de ser posible, indicara otro especialista o institución a la que pudiera serle solicitada esa ficha.

Luego de recibirse en la sede de Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) el teléfono celular que le fuera oportunamente secuestrado al oficial Jorge Agustín Galarza, junto con los datos extraídos de dicho aparato, se autorizó al referido organismo para que compulsara el dispositivo y toda la información obtenida, para su posterior análisis e incorporación al informe integral oportunamente encomendado.

Se fijaron nuevas audiencias testimoniales.

La Dirección de Acompañamiento, Orientación, y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DOVIC) informó sobre las profesionales de esa dirección a cargo del acompañamiento de la señora Cristina Castro y remitió un informe interdisciplinario vinculado a las distintas entrevistas sostenidas con uno de los testigos.

La delegación local de Policía Federal Argentina (PFA) remitió actuaciones relacionadas con las tareas de cronometraje realizadas para verificar datos aportados por testigos.

La División Laboratorio Químico de la PFA informó la fecha de realización del peritaje en relación a los elementos encontrados el día 15 de agosto pasado en proximidades de los restos humanos levantados en Villarino Viejo.

El Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA remitió el acta de relevamiento y barrido efectuado sobre la zona donde se hallaran los restos esqueléticos que se encuentran siendo analizados. Durante toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider.

Se requirió a ese Gabinete que por su intermedio remitiera los objetos hallados a la División Laboratorio Químico de la PFA para que en conjunto con la División Rastros de esa fuerza efectuaran un peritaje sobre los mismos, tendiente a verificar si existen rastros biológicos o biométricos de Facundo Astudillo Castro de acuerdo a los registros obrantes en esa repartición.

En atención a la gran cantidad de medidas llevadas a cabo en este segmento inicial del proceso, el fiscal consideró que resultaba ilustrativo evaluar su estado de trámite y/o ejecución para con posterioridad reiterar o instar aquellas conducentes pendientes, reeditar las que fueren necesarias o impulsar nuevas, para lo cual dispuso que el actuario certificara al respecto.

A requerimiento de la querella institucional, se solicitó al Sistema de Prevención de Villarino (SIPREVI) que remitiera las grabaciones por el período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto pasados de las cámaras de video dispuestas en el kilómetro 714 de la ruta Nacional Nº 3, a los fines de poder individualizar los vehículos que hubieran transitado por esa zona en ese espacio temporal y con dirección al lugar en el que fueron encontrados los restos humanos.

Asimismo, se requirió a la Planta de Repotenciación de Gas ubicada en esa zona que informara si poseía cámaras de seguridad y, en ese caso, que acompañara las grabaciones correspondientes al período de tiempo señalado.

En la misma línea, se solicitó al Comité Técnico Ejecutivo del Puerto de Bahía Blanca y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca que aportaran los videos grabados por las cámaras que poseían en el domo de seguridad que monitorea la zona de Ingeniero White.

Además, se requirió a la Comisión Nacional Aeroespacial (CONAE) que acompañara las lecturas correspondientes a los satélites del 30 de abril pasado en la zona aledaña a las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone.

En búsqueda de un patrullero que tuvo movimientos sospechosos en la zona donde aparecieron los restos óseos que hoy comenzaron a ser peritados por el EAAF, se realiza un allanamiento en la sede la Superintendencia de la Policía Local.

La Fiscalía solicitó la medida al Juzgado Federal a partir de un informe de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad sobre la geolocalización por AVL de la totalidad de los móviles que estuvieron en la zona de la desaparición de Facundo, “entre Teniente Origone y Gral. Cerri y adyacencias”.

“Del análisis perpetrado se detectó un movimiento inusual y sospechoso del móvil patrullero Toyota Etios, número interno 20610, con patente OMP782, asignado a la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca sito en Pacífico 281”.

El documento agrega que “las señales de GPS emitidas por el patrullero referido, darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo del corriente año varios kilómetros alejado de su rutina, más precisamente, en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo el 15 de agosto. En el punto más cercano a dicho lugar, a unos 800 metros aproximadamente, se habría detenido el móvil durante unos 35 minutos”.

“Se advirtieron anomalías en los registros, en cuanto a que la rutina que estaba cumpliendo el móvil la secuencia de georreferenciación da un ‘salto’ de más de 10 km en apenas 41 segundos para volver con otro ‘salto’ luego de 3 horas y 38 segundos al recorrido de rutina en apenas 28 segundos”.

El secuestro fue ordenado dado que “de momento no se han podido evacuar los cuestionamientos técnicos al respecto” por parte de la Dirección General de Asistencia Operacional. Para el fiscal “existen elementos suficientes atento la gravedad del caso y los indicadores recientemente aportados”. Además del vehículo cuyo GPS deberá ser peritado, se buscan los libros de guardia del destacamento para revisar los movimientos y agentes que prestaron servicio o tenían asignado el móvil el 8 de mayo y los teléfonos celulares de dichos policías, “dispositivos electrónicos del lugar, handys, anotaciones y cualquier otro elemento que pueda resultar de estricto interés para la investigación”.

Por otra parte, se solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte las modulaciones de las comunicaciones del patrullero, individualice cuáles son los móviles asignados a la Policía Local bahiense y realice la geolocalización por AVL de todos los que hubieren estado en la zona de la desaparición de Facundo y aparición de los restos óseos.

Cristina Castro y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, brindaron ayer una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional. Fue horas antes de la autopsia que se realiza a los restos óseos encontrados en Villarino Viejo y luego del encuentro con el presidente Alberto Fernández.

“Estamos conformes con el acompañamiento institucional y con los mecanismos que el presidente ha dispuesto. Pedimos independencia y celeridad en la investigación, que son los dos imperativos que internacionalmente se le está pidiendo al Estado argentino en la causa y que para nosotros es donde radica la clave para poder llegar a la verdad material”, dijo Peretto.

La madre de Facundo afirmó que miró al jefe de Estado a los ojos “para saber si me estaba mintiendo, hablé con él, me ha dejado tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir detrás de que todo esto salga rápido a la luz y se sepa la verdad”.

Tras una primera charla entre Fernández y Castro se sumaron los representantes de la querella y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. En diálogo virtual con la prensa la querella repasó las pruebas de la desaparición forzada.

La testigo H

Aparicio afirmó que a la mujer que dice haber llevado a Facundo hasta el cruce entre la Ruta 3 y las vías, identificada como testigo H, “la metieron por la ventana de contrabando y falseando los datos Siomara Flores y Mario Sosa, que tendrían que estar presos”.

Peretto explicó que la testigo “no puede precisar que haya sido Facundo, ni que haya sido el día 30, habla de fines de abril, no se condice el lugar donde lo levanta, refiere que es el km 757 mientras González -el policía mal alumno que no se aprendió la lección y embarró la coartada- dice que lo levanta en el km 750, la testigo H dice que el patrullero estaba perpendicular a la ruta y con dos masculinos y González refiere -cuando se acuerda- que el patrullero estaba de culata a Facundo y estaba solo. Para nosotros es un plan para tratar de encubrir el hecho real que es que cuando llega al lugar González, Facundo está fuertemente golpeado y, para encubrir el hecho, lo traslada hasta el calabozo donde se encontró el objeto de Facundo en Origone”.

Para el letrado, el testimonio busca “derrumbar la hipótesis mayoritaria que, en palabras del juzgado que definió el fuero, es la única sustentable en pruebas hasta la fecha, aunque hacen esfuerzo para tratar de ubicar la hipótesis del accidente. Hay muchas situaciones que no dejan dormir a quienes están operando para que esta circunstancia sea archivada como un accidente como en tantos otros casos”.

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“Los teléfonos celulares hablan, los silencios dicen mucho más que las palabras; los diálogos que existen entre ellos; las actitudes que tomaron de manera informáticas como presenciales; la sandía en un calabozo de Origone; los AVL de los patrulleros; la falta de respaldo desde el punto de vista de los Motorola de los patrulleros – reconocido por el propio jefe seccional de la Policía, la frecuencia en que hablan milagrosamente se ha borrado-; las contradicciones enormes por parte de personal policial; sin dudas los testigos ubicados en Bahía Blanca, totalmente falaces, quienes tratan de desviar la investigación; y esta aparición dudosa de un cuerpo como una herramienta de desesperación para tratar de fortalecer una hipótesis que día a día se está cayendo por falta de pruebas”.

Aparicio aclaró que falta realizar pericias complementarias a las pruebas técnicas de los teléfonos. “No estamos conformes con las realizadas por la Policía Federal. Siguiendo los lineamientos de la PROCUVIN entendemos que hay que hacer un seguimiento integral. Hay mensajes borrados, una aplicación como Whatsapp desinstalada. Todo lo que podemos decir en ese contexto es parcial y aun así tenemos muchos elementos”.

¿Carta blanca para la policía?

Por estas horas, la querella investiga un nuevo componente del “protocolo de encubrimiento”. Explicaron que es “una especie de carta blanca que tenía la Policía para determinar si comunicaba a la señora jueza federal respecto a si habían o no detenido a una persona. Advertimos que esto fue delegado por la justicia federal a la Policía Bonaerense por una cuestión de comodidad de trabajo”.

“Creyéndoles a los policías, que no le creemos, hay una irregularidad en que a Facundo lo paren y lo dejen seguir. Es otra irregularidad que la hermanastra (de Curuhinca) lo pare y lo lleve a dedo. Es otra que después lo lleven hasta Origone y desde allí llamen a Médanos y le indiquen que lo dejen seguir. Eso en cuanto a lo que la policía dice que fue. Que no fue así”, dijo Aparicio.

Agregó que “tenemos teléfonos secuestrados, casualmente cuando viene Berni a Bahía Blanca y dice que los entregan voluntariamente. Debería saber que Flores desintaló el Whatsapp el 8 de mayo, ocho días después de la desaparición de Facundo, tendría que saber que Sosa y Curuhinca borraron entre veinte y treinta mensajes de texto y omitieron borrar otros. En ese contexto se entendería porqué el fiscal pidió la detención, aunque de manera incorrecta”.

Los testigos que vieron a Facundo y las amenazas de Berni

Aparicio se refirió a “las mentiras de Berni”. Respecto a que la querella “mete testigos porque les conviene” el abogado comentó respecto a quienes vieron a Facundo subirse a un patrullero el 30 de abril que “si (Berni) tiene acceso al expediente provincial habrá sabido que llamaron a la Comisaría de Pedro Luro el 19 de junio y desde ahí les dijeron que ya lo habían visto al chico en Bahía Blanca”. Después se comunicaron con Cristina Castro y luego fueron a declarar ante el fiscal federal.

En cuanto a que “no pasaron hacia Bahía Blanca”, Aparicio explicó que “hay un informe de lectura de patentes del 30 de abril presentado por la Municipalidad de Villarino donde consta la fecha de regreso cerca de las seis de la tarde, totalmente razonable y se puede corroborar con otros medios que ese día fueron a Bahía a hacer una mudanza y retornaron. En ese primer informe, que es incompleto y, por lo tanto, entiendo que es falso, no está la ida de ese coche. Como no se quedaron contentos con eso en el segundo informe no está el auto de los testigos ni yendo ni viniendo. Por eso denunciamos al secretario de Seguridad Ciudadana, Pacheco, y al intendente Bevilacqua”.

Las afirmaciones del ministro son parte de un raid mediático en el cual amenaza a los abogados de la familia de Facundo y acusa a la querella de montar un “show”. Cristina Castro aseguró que “le diría al señor Sergio Berni que como me está tratando a mí está tratando a cientos de papás cuyos hijos han entrado a las comisarías y aparecieron suicidados”.

“Berni se ha encarnizado con nosotros, no le tengo miedo, en vez de andar haciendo un show en televisión debería ponerse a trabajar”, dijo y agregó que “el gobernador (Axel Kicillof) me ha llamado varias veces, me gustaría hablar con él, mirarlo a la cara. Me parece que debería abrir los ojos y fijarse lo que está diciendo su ministro”.

¿Quién encontró el cuerpo?

Sobre el hallazgo de los restos que hoy son peritados por el EAAF, Peretto informó que “a la querella nos han notificado de un pescador que encontró el cuerpo y atemorizado concurrió a la Policía Federal directamente. Pero tomamos conocimiento informal que también hubo otros dos pescadores que podrían haber visto el cuerpo y habrían concurrido a una comisaría de la provincia de Buenos Aires”.

“Es un punto que se tiene que aclarar y va de la mano con el testigo que apareció de manera voluntaria en el marco del proceso y pide garantías para poder testimoniar, garantías que este fiscal sabemos no puede asegurarlas”. Se trata de un trabajador portuario que “habla de algunos movimientos y luces el día martes anterior, en la costa de la Cola de la Ballena. Esto es muy llamativo máxime en invierno, en un lugar absolutamente hostil, en cuarentena y de noche. Ningún pescador elegiría esa oportunidad para poder hacerlo”.

La periodista Sandra Crucianelli analizó los patrones que se repiten en los comunicados oficiales del fiscal Santiago Ulpiano Martínez sobre el desarrollo de la investigación por la desaparición de Facundo Castro.

“Me llama la atención su rol, me parece que la querella actúa como fiscalía y el fiscal actúa como defensor de los sospechados”, señaló a FM De la Calle.

Este ejercicio la periodista lo había realizado con anterioridad cuando, junto a su par Mariel Fitz Patrick, localizaron más de 9 mil decretos secretos de la dictadura. “Se pone ese texto en una base de datos y se empieza a analizar por palabras clave y uso de tiempos de verbos”.

La marcación del perro del perito Herrero

“Una de las primeras cosas que me llamó la atención el 27 de julio es cuando la Fiscalía se refiere a una pericia con perros pedida por la querella sobre los coches de la policía. Participaron los perros de la Federal y el perro del perito de parte Marcos Herrero. Cuando se refiere al hallazgo de Herrero el fiscal dice ‘habría marcado algunos’, este uso potencial tiende un manto de duda sobre la marcación. Esto es un hecho que quedó registrado con cámaras: el perro no ‘habría marcado’, el perro marcó”, apuntó Crucianelli.

Agregó que “después la interpretación es otra cosa, distorsionar una prueba tan contundente como la marcación efectiva por parte del perito de la querella me pareció extraño”.

Testigos y antenas: “Llama la atención que valide estas declaraciones sobre pruebas tan parciales”

“Más extrañó todavía me pareció el comunicado del 7 de agosto en el cual da por cierto todo lo que dicen los testigos sospechados. Por ejemplo, en relación a (Alberto) González, ‘se consideró que sus manifestaciones resultaban verosímiles. Por el momento, pero verosímiles’. Acá dice yo a González le creo, se basa en el dato del AVL”.

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Crucianelli destacó “la forma en la que Martínez ‘defiende’ a los sospechados. Cuando la querella dice que hay contradicciones en la declaración de González, el fiscal dice ‘podría tratarse de una omisión y no es suficiente para desvirtuar su testimonio'”.

Respecto al testimonio de Siomara Flores dijo: “Declaró que lo levantó 12:30 cuando estaba en Buratovich y el fiscal dice ‘podría ocurrir que la agente haya errado en los horarios aproximados y en realidad lo trasladó más tarde’. Justifica las contradicciones diciendo ‘no es tan grave, nada de eso pone en duda lo que dijeron'”.

Crucianelli subrayó que “lo mismo pasa con la testigo que presentan los policías que dice que lo dejó antes del fitosanitario. ¿En qué se basa para decir que le cree? En la lectora de patentes. Estas pruebas -la lectora de patentes, AVL, antenas- son indicadores de lo que pasa con los autos y teléfonos, no con las personas”.

En relación al impacto de la línea de Facundo en una antena en Ing. White, la periodista afirmó que el fiscal “hace una valoración, dice ‘se podría intuir que Facundo siguió rumbo a Bahía alejándose cada vez más de Origone’. En realidad se refiere a un teléfono y no a una persona, con lo cual esta valoración es una comunicación sesgada. Llama la atención que valide estas declaraciones sobre pruebas tan parciales”.

Aprietes y persecución policial a testigos

Lo que más llamó la atención de Crucianelli es que “en el hostigamiento que narran los testigos, el fiscal dice ‘pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo antes de ocultar la desparición forzada’. ¿De dónde saca la interpretación el fiscal? Eso es de un defensor no de un fiscal”.

“Si es Facundo el cuerpo que se encontró, creo que va hablar, va a ser la única palabra calificada y nadie va a poder poner en duda lo que ese cuerpo dice. Me da tranquilidad que el Equipo de Antropología Forense va a poder ir más allá, hay muchas cosas que el cuerpo va a decir”, sostuvo.

Filtraciones a los medios

“Los periodistas no tenemos acceso a las causas, podemos contar con filtraciones. Podés tener el expediente, escuchas, videos, pero cualquier documento puede decir la verdad o no. No podés cubrir un crimen si no hacés el trabajo de campo, la filtración no te cubre para hacer todo el trabajo. Ese es el punto de partida”, concluyó en referencia a la cobertura mediática del caso.

La madre de Facundo Castro llegó a Olivos para encontrarse con el presidente Alberto Fernández. “Voy a pedirle respuestas. Traje algunas cosas para decirle. Me gusta mirar a la gente a la cara para ver si me está mintiendo o no”, dijo anoche a FM De la Calle.

En el hotel que se aloja junto a sus abogados, Cristina Castro afirmó que le “desaparecieron un hijo en democracia y esto no tendría que pasar. Sé que mucha gente está conmigo, me escriben. Me dicen ‘mi hijo entró en una comisaría y murió ahorcado, no creo que se haya suicidado’. Yo no sabía de la maldad de la Policía hasta que me pasó esto con Facu”.

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“Para la Policía si vos tenés entre 24 y 17 años sos un peligro, te tienen que exterminar. Facu militaba en Jóvenes por la Memoria y ha dejado huellas, semillas, esa es la gente que salió primero y nos acusaron de hacer política”.

Respecto a la expectativa ante la autopsia que se realizará mañana, dijo: “Vinimos a buscar la verdad. Esperamos que el cuerpo hable y podamos meter tras las rejas a todos esos delincuentes que por portar un uniforme se han creído que son dioses, dueños de la vida de los demás”.

Cristina relató la discriminación que sufrían Facu y sus amigues en pedro Luro: “Eran los negros de la vía, les llamaban chorros, drogones, los ha tratado mal la gente del pueblo hasta la policía, siempre estigmatizándolos. Fueron años difíciles para nosotros, sacar chicos de la comisaría, no tener dónde denunciar porque en Villarino está la Policía Bonaerense nada más y se creen dios”.

“Estaban muy tristes cuando se disolvió la batucada. La actual gobernación les quitó el lugar, los desalojó. Pintaron los murales que con tanto cariño habían hecho, de un lado estaba el homenaje a las Madres de Plaza de Mayo y en el otro un mural gigante de Santiago Maldonado”.

Facundo desapareció horas después de haber sido infraccionado por violar la cuarentena. “A principios de abril habían parado a un surfer y lo escoltaron hasta la casa, no le tocaron un pelo, pero a Facu lo desaparecieron y lo mataron. Sé que fueron ellos, no tengo la menor duda”.

Cristina aseguró que Facundo pudo haber reclamado por sus derechos y por ello haber sido atacado por la policía. “Cuando veo los mensajes entiendo por qué. Sosa, tan miserable diciendo ‘vieron como salí fachero en la foto’, riéndose, decir que estaban haciendo su trabajo y cumpliendo órdenes del jefe, quién se va a enterar que fuimos nosotros”.

“Las declaraciones de Siomara Flores diciendo ‘qué puede llegar a hacer una negrita que limpia baños’. Un policía en la estación de servicio donde trabajo, yo estaba en una bomba y él en otra, dijo ‘estamos gastando recursos en un pendejo de mierda’. Con Luciano (Peretto) sufrimos las amenazas de un subcomisario que dice cosas desastrosas, una persona sacada, fuera de sí”.

Castro explicó que “en Villarino pasa todo eso” y que no se sabe porque “la Policía Bonaerense trabaja con la política, intendente, delegados municipales. Ellos pensaron que me iban a hacer tener miedo, un comisario diciéndome ‘fijesé señora lo que está diciendo, le está pegando feo a la policía’. Fue al primero que le hice frente. Yo voy a levantar la voz las veces que tenga que levantarla, a mí no me van a venir a mentir ni van a cubrirse entre ustedes. Eso fue lo último que soporte de ellos, salí grité, hablé, hice todo lo que tenía que hacer”.

“Por mi hijo si es necesario voy a dar vuelta la Argentina, la voy a poner patas para arriba, no voy a dejar que Facu sea un desaparecido más. Y más en nuestros pueblos donde la gente es muy tranquila, somos gente de paz, recontra solidarios, no se lo vamos a permitir”, sostuvo.

Castro contó que se le cayó el mundo cuando le mostraron la foto de su hijo frente al patrullero junto a Gabriel Sosa. Fue “en la Comisaría de Pedro Luro cuando hice la denuncia, estábamos buscando una averiguación de paradero. Cuando pido la foto me dicen que había desaparecido. Cuando esto pasa al fuero federal un periodista de Bahía Blanca tenía la foto en color, había accedido absolutamente a todo y el descarado la subió”.

Al ampliar la imagen, Cristina descubrió que Facu “estaba sin la zapatilla izquierda, solo tenía la derecha, está todo revolcado, esposado, estoy segura que tan bien no lo trataron como dice Sosa que se burla hoy en día. Y Jana Curuhinca que es la madre víctima de todas las madres. No les termino de entender tanta maldad, cómo pueden ser tan crudos, tan hijos de puta, esa es la palabra”.

La denuncia

La mañana del 30 de abril, luego de parar a Facundo en la entrada de Buratovich, la Policía la llamó. “Necesitaban certificar el domicilio. Les dije que estaba trabajando, que me acercaba a la Comisaría de Pedro Luro a la noche o si se podían acercar a mi casa. Una chica me dijo que estaba bien”.

“En ese momento empiezo a llamar a Facu y nunca me contestó. 13:33 recibo su llamado y me dice ‘mami no tenés idea de dónde estoy’. Yo estaba tan enojada, dolida, porque se estaba yendo, volviendo a Bahía Blanca, estaba furiosa, no me podía conectar con mi hijo de la impotencia. El Flaco me estaba desobedeciendo, se estaba yendo, estaba juntando multas, yo no capté la señal”.

“Cuando el día 15 me dice Virginia (madre del mejor amigo de su hijo), ‘Facu no responde los llamados’. Yo traté de llamar y me cortaba. Le digo ‘vamos a esperar porque Facu se fue enojado conmigo y yo me quedé enojada con él’. Daniel va a querer hacer la denuncia me dijo. Fue dos veces y no se la quisieron tomar, se rieron en su cara, le tomaron los datos en un papel de rotisería que después tiraron a la basura. En ese momento se empieza a buscar a Facu por redes, con amigos, por teléfono. Cuando yo me presento, una chica que es oficial me trató malísimamente y me dijo ’22 años tiene tu pendejo, vas a tener que esperar a que venga la otra que entra de guardia’. Esperé, la otra chica me pidió disculpas, me dijo que teníamos que esperar para que ellos hicieran algunas averiguaciones porque Facu tenía 22 años y se había ido por sus propios medios”.

Recién le aceptaron la denuncia el 5 de junio. “En Pedro Luro el comisario Grilloni lo primero que me dijo es que no necesitaba un abogado. Luciano me empezó a acompañar cuando salió lo de La Adela, lo buscamos en Santiago del Estero, en Plottier, en La Pampa. Este comisario me decía hemos pedido colaboración en todas las comisarías de la Argentina. Llamé a La Adela y me dijeron ‘no señora acá no hay ni una foto de su hijo ni pedido de colaboración. Ya me estaban mintiendo”.

“El 19 cuando hicimos el rastrillaje con Luciano me di cuenta de lo que estaba pasando. Apareció Siomara Flores, apareció (Alberto) González. Cuando me paré en Buratovich sentí que se me venía la humanidad abajo, Facu me decía ‘buscame acá porque acá me hicieron algo’. Los últimos en verlo con vida a mi hijo fueron ellos. Ellos tenían que dar respuesta”.

Se tomó “dos días para llorar” y vinieron a Bahía Blanca para hacer la denuncia ante la justicia federal. “El señor Ulpiano Martínez lo primero que quería era llamar a Aldo Caminada, el jefe de la Bonaerense. Fue el único día que le vi la cara. Dijo que si no queríamos que sea de esa forma teníamos que ser querellantes. Nos acompañó la gente de la CPM, ellos estaban al tanto de lo que les venía contando, todos me decían no puede ser, salen testigos de la nada, todos oficiales de la policía. González declaró el mismo día a la mañana. Era una tomada de pelo y una basureada en nuestra cara”.

“Cuando empezamos a hacer la denuncia como querellantes, yo llamaba a todos los medios, nadie me atendió nunca. Empezamos a hacer ruido con la gente de derechos humanos, las radios siempre tan compañeras. Cuando explotó esto porque yo había gritado mucho que se apartara a la Bonaerense, el mismo día que venía Berni, me llama Virginia y me dice ‘Cris el intendente mandó uno de sus delegados municipales a pedir tu número’. Antes de eso no había movido un dedo, ni siquiera se había acercado nadie a mi casa. Cuando Berni vino estaban todos los medios. Nunca llegó donde yo estaba, me llamó desde Bahía Blanca y me dijo ‘no se preocupe señora, yo a su hijo se lo voy a devolver bien y vivo’. Berni me dijo que se iba a quedar, estaba con la gente involucrada, dijo que necesitaba hablar cara a cara conmigo, nunca pasó eso. Cuando se despidió me dijo ‘lo siento mucho señora'”.

Para quienes se preguntan por qué la denuncia se realizó más de un mes después de la desaparición, Cristina explicó que fue “el tiempo que esperé, después lo salimos a buscar. Era el tiempo que Facu estaba incomunicado conmigo. Facu estaba muy enamorado, a mí no me gustaba que esta chica lo coartara, lo separara de sus amigos, les sacara a sus amigas, Facu era un pibe libre. Traté de llevarme bien con ella siempre. Facu es mi talón de Aquiles y cuando estuvo con ella era como que no estaba, eran él y ella. Cuando trataba de intervenir me decía ‘Bruja no te métas, es mi vida, ya soy grande. Yo lo respetaba. Cuando decía esto Facu me silenciaba y se volvía para Bahía y estaba a veces quince días sin hablar. Después me llamaba y me decía ‘perdón Bruja, la cagué’. Yo esperé los 15 días y empezamos a buscarlo”.

“Daiana ya había avisado que no llegó a Bahía, tienen que hacer la denuncia decía. Estábamos en el mes de mayo. Me toman la denuncia el 5 de junio recién, estaba furiosa. Ellos me decían, seguro está en Bahía, la mina lo debe tener escondido, debe estar enojado con vos, vos no necesitas abogado, seguro la familia de piba. Me estaban metiendo ideas. Me boludearon muchísimo tiempo. La denuncia no se hizo tarde, la hicimos cuando la teníamos que hacer, si hubiera tenido la cabeza podrida como ellos nos hubiéramos dado cuenta y la hubiésemos hecho antes”.

Tirado en la ruta

Respecto al testimonio del policía Alberto González, de Teniente Origone, Castro afirmó que “dijo que lo llamaron y le dijeron que había un chico caminando sobre el alambrado. Hay testigos que dicen que no fue así, que estaba tirado en la ruta, que estaba golpeado”.

“Este señor dijo que le requisó la mochila a mi hijo, que mi hijo presentó el carnet de conducir como documento y apareció en el teléfono -del que habían borrado todo- la foto del documento de Facundo. Me mintió, mi hijo no puede haber desecho su documento en un par de horas. Se sabía de memoria la dirección de Daiana (la ex novia), la tenía anotada en una libreta, dijo que Facu se alejó caminando, delante de todos, cuando leemos la declaración dijo que se había ido en una Duster Oroch color plata, después la cambia por una Honda”.

Por todos los pibes “suicidados”

Castro pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni, porque su policía “es la que está suicidando pibes”.

Al presidente “voy a pedirle respuestas. Traje algunas cosas para decirle. Me gusta mirar a la gente a la cara para ver si me está mintiendo o no. Hablé varias veces con él, tiene una calidez distinta, el día que salía de levantar los restos me llamó y me dijo que rogaba a dios que no fuera y que Facu apareciera con vida. Me pareció sincero. Ahí comparaba, mientras el presidente me llama y se solidarizaba conmigo, asimismo el gobernador Kicillof, nuestro intendente estaba amenazando a Leandro Aparicio”.

“Volví tres de la mañana, a las ocho ya estábamos de vuelta. Prendo la televisión y lo primero que escucho es que era mi hijo y que estaba la mochila enterrada. Hasta el día de hoy ni Berni ni (el periodista Germán) Sasso me dieron explicaciones, yo buscaba la mochila, si estaba era mi hijo. No estaba la mochila ni la documentación ni la ropa, esta gente estaba mintiendo”.

“A toda la gente que le cree a Berni le digo que no se olviden que no es sólo Facundo, pido la renuncia de Berni por todos los chicos que aparecen ahorcados en las comisarías, que no les quieren dar una autopsia a sus padres, por las personas que paró la policía y aparecieron muertas. Hoy me tocó a mí. Mientras yo recorría basurales buscando a mi hijo él estaba sentado en un estudio de televisión. Le pido que encuentre a cada una de las personas desaparecidas y de respuesta a cada uno de los padres suicidados por la policía”, finalizó.

La jueza Gabriela Marrón rechazó por “improcedente” la segunda recusación que las querellas plantearon contra el fiscal de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.

La medida replica la firmada el 29 de julio cuando Cristina Castro pidió por primera vez el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez “por temor de parcialidad”. “Dicha decisión no fue impugnada por la vía de la apelación por ninguna de las dos querellas, lo que implica su consentimiento tácito. Consiguientemente, adquirió firmeza”, sostuvo.

Para la magistrada “los objetivos de eficiencia y eficacia para las investigaciones de delitos complejos se encuentran cumplidos -al menos, hasta ahora-“.

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La madre de Facundo se quejó, entre otros hechos, por la demora en la habilitación de los rastrillajes del 5 de agosto en cercanías de Buratovich, por “la ausencia de diálogo y trabajo mancomunado” con la Fiscalía y la falta de aviso de algunas medidas como el pedido de detención de les policías Curruhinca y Sosa cuya argumentación sus abogados calificaron como “deplorable”.

Para la Comisión Provincial por la Memoria “en la investigación no se constata la aplicación de una técnica que desarrolle a la investigación penal, como una investigación científica. Deviene imprescindible que el enfoque coloque el foco en la fuerza de seguridad, dado que es la hipótesis dominante, con entidad suficiente para atenderla con urgencia, sin dilaciones y de manera colaborativa con ambas querellas”.

Ulpiano Martínez afirmó que Cristina Castro “persigue una sola hipótesis y todo lo que la empaña forma parte de una conspiración, mal desempeño y hasta un ilícito penal”. “Existe un despliegue mediático y procesal rayano en la obstrucción de justicia, entendida ésta como aquellos actos que perjudican o entorpecen el avance de la presente investigación”, agregó.

Martínez destacó en su defensa que la Fiscalía “persigue varias hipótesis, las cuales tiene la obligación de confirmar o descartar”.

Marrón opinó que la Fiscalía “instó medidas de pruebas –entre las que se halla la gran mayoría de las que propusieron las representaciones de la víctima-, a fin de comprobar o descartar las diversas hipótesis investigativas que ostensiblemente surgen del sumario –no solo una de ellas-, lo que hace al objetivo de averiguar la verdad; no hubo demoras en las diligencias que se practicaron; y permanentemente, se hace intervenir a organismos especializados”.

Cuestionó que las querellas hayan recurrido por segunda vez a la vía de la recusación contra el fiscal cuando niguna de ellas apeló el primer rechazo.

Por otra parte, volvió a rechazar también el pedido de multa y notificación al Colegio de Abogados contra Leandro Aparicio. Martínez manifestó sentirse agraviado por varios términos utilizados en la recusación.

“El contexto de la incidencia que promovió la querella particular, frente al disgusto que la actuación del fiscal le ha causado, conlleva de por sí a la utilización de ciertas expresiones disvaliosas de su trabajo que no constituyen injurias o agravios personales”, dijo Marrón.

La identidad y la causa de la muerte de la persona cuyos restos óseos fueron encontrados el sábado en Villarino Viejo “no podrá saberse de inmediato, toda vez que depende de estudios complementarios” a la autopsia que se realizará el próximo martes.

La misma comenzará a las 9 -pudiendo extenderse al día siguiente- en el Laboratorio de Antropología Forense del EAAF. “La mamá de Facundo, Cristina Adriana Castro Alaniz, corresponde hacer saber que no podrá presenciar la autopsia, siendo su representante la perito de parte, Dra. Emma Virgina Creimer”.

“Sin perjuicio de lo cual, el Laboratorio del EAAF cuenta con una sala -con las comodidades necesarias- donde Cristina podrá permanecer el tiempo que desee mientras se lleva adelante la pericia ordenada, tanto el día martes, como miércoles, o el tiempo que ella demore”, resolvió la jueza Gabriela Marrón.

Agregó que la querellante “será informada en lenguaje claro, en esa oportunidad o cuando así lo desee, por miembros del EAAF, del procedimiento que se llevará a cabo, de los estudios complementarios que se ordenen y de los tiempos estimados para conocer los resultados”.

El estudio genético, por su parte, se realizará en el Laboratorio de Genética Forense del EAAF en Córdoba. La pericia estará a cargo del EAAF y contará con la participación de profesionales especializados de: el EAAF, del Cuerpo Médico Forense, CONICET, Universidad de Quilmes, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la perito de parte, propuesta por la querella. También participará personal auxiliar, fotográfico y operador de video.

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La jueza, quien presenciará la medida junto a su secretaria Paula Riganti, prohibió “el uso de celular o cualquier otro medio audiovisual dentro del Laboratorio, que no fuera el previsto para la realización de la pericia”.

Se utilizará un equipo de filmación fijo y móvil, y toma de fotografías, los
que serán operados por personal auxiliar, que documentarán el desarrollo íntegro del procedimiento. Las copias de ese video y fotografías les serán entregadas a cada uno de los peritos intervinientes, junto con el dictamen final al que se arribe.

Todos los nombres de la pericia

Del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) participarán el Dr. Luis Fondebrider, antropólogo forense y director ejecutivo del organismo; la Lic. Analía Simonetto, antropóloga forense, coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense; la Dra. Mercedes Salado Puerto, antropóloga forense, coordinadora de Identificación; el Dr. Luis Bosio, médico forense y la Lic. Gala Maruscak, antropóloga forense y asistente/fotógrafa pericial.

En cuanto al Cuerpo Médico Forense (CMF), intervendrán el Dr. Roberto Cohen, médico forense; el Dr. Alejandro Rullan Corna, médico forense; la Dra. Marta Maldonado, odontóloga forense; el Dr. Jorge Pereyra, radiólogo forense, y un técnico en radiología; y la Lic. Mariana Selva, antropóloga forense.

Por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participará la Dra. Nora Maidana, análisis de Diatomeas.

De la Universidad del Centro, Pcia. de Buenos Aires (UNICEN), participarán especialistas en Tafonomía: Dra. María Amelia Gutiérrez, Ciencias Naturales; Dra. María Clara Álvarez, arqueóloga; Dr. Cristian Ariel Kaufmann, Ciencias Naturales; y como personal auxiliar fotógrafos y operadores de video.

Asimismo, Emma Virginia Créimer, especialista consultora en Medicina Legal, fue designada como perito de parte y aceptó el cargo bajo juramento.

La Fiscalía Federal publicó un nuevo comunicado este viernes en el cual informó sobre la pericia que se realizará al cuerpo hallado en Villarino Viejo y el rechazo a la recusación contra Santiago Martínez.

Además, se detallaron otras medidas probatorias como la remisión de la zapatilla encontrada cerca del cuerpo para su análisis científico.

Por otra parte, el EAAF ordenó a la Policía Federal realizar un relevamiento antropológico en la zona donde fueron encontrados los restos óseos. Este viernes se encontró un hueso que podría corresponder a una clavícula.

Medidas relacionadas con pericias

Se remitieron a la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, por intermedio del Gabinete Científico de la PFA, los efectos secuestrados durante el procedimiento del 15/08/2020, entre los que se encontraban las zapatillas, una de ellas de tela negra con inscripción “JAGUAR” y otra de color blanco con inscripción “PONY”.

Se requirió que se practicaran las pericias pertinentes sobre los efectos secuestrados, tendientes a verificar si surgían rastros que permitieran efectuar un cotejo con las muestras de ADN oportunamente extraídas a Cristina Castro Alaniz -mamá de Facundo-, a fin de determinar si en alguno de los elementos referidos se advertían rastros biológicos de su hijo o surgían datos biométricos de algún tipo. Se solicitó además, que efectuaran un análisis escopométrico de las prendas halladas con el objeto de determinar características generales, el estado de conservación de las mismas, si se constataban indicadores de permanencia prolongada en el agua o adulteraciones de cualquier tipo y, a su vez, se aportara todo otro dato que pudiera ser de interés para el avance de la causa. A tal fin, se indicó que se debía convocar a la División Escopométrica de la Policía Científica y a la División Rastros de la PFA.

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La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) informó la fecha en que se llevará a cabo la pericia sobre el teléfono celular y la desintervención y copia de la información contenida en los DVD´S remitidos, poniendo en conocimiento que, una vez llevado a cabo el procedimiento de extracción, sus resultados serían derivados al Departamento Cuerpo de Investigadores a fin de continuar con las tareas solicitadas.

Por sugerencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se solicitó a la querella que por su intermedio se requiriera a Cristina Castro Alaniz que, de ser posible, presentara las fichas odontológicas o datos personales del dentista que habría atendido a Facundo Astudillo Castro, que resultarían de suma importancia para practicar la medida que se llevará a cabo el próximo martes 25 de agosto. La querella aportó información sobre el lugar en el que le habrían extraído una pieza dental a Facundo, por lo cual se requirió a dicha dependencia que, con carácter urgente, remitiera la ficha odontológica.

Se recibieron actuaciones labradas por el personal policial de la Comisaría Sexta de Bahía Blanca en orden a elementos secuestrados el 7 de julio pasado en el marco de la IPP N° 9503/20, junto con ellos, que fueron remitidos a la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina para que en conjunto con la División Rastros de la PFA, efectuaran una pericia tendiente a verificar si existen rastros biológicos o biométricos de Facundo Astudillo Castro de acuerdo a los registros obrantes en esa repartición.

Se remitió al EAAF la historia clínica de Facundo Astudillo Castro.

La División Pericias Telefónicas de la PFA informó las fechas de pericia de algunos de los teléfonos secuestrados.

Otras medidas

Se requirió un nuevo informe a la empresa de telefonía Claro, relacionados con los datos de otra antena y la indicación de aquellas con alcance en las coordenadas que a tal fin se aportaron. Asimismo, se le solicitó explicación respecto a ciertos datos aportados en relación a la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro y otros que podrían resultar de interés para la investigación.

La Comisaría Segunda de Bahía Blanca remitió actuaciones contestando lo requerido respecto de las personas que se presentaron ante esa dependencia a denunciar la presencia de restos esqueléticos de un cuerpo en Villarino Viejo y sobre la comunicación de ello a sus superiores.

De conformidad a lo sugerido oportunamente por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y en el entendimiento de que las medidas solicitadas resultan de interés para el avance de la investigación, e incluso para abonar cuestiones esbozadas por la querella particular, se reiteró el pedido de informe efectuado a Cristina Castro Alaniz acerca de la totalidad de las mochilas de su hijo y consiguiente presentación fotográfica de las mismas; a su vez, se solicitó que precisara, si resultare de su conocimiento, cuál fue la mochila que Facundo se llevó de su domicilio el día que partió hacia Bahía Blanca el 30 de abril de este año.

En virtud de lo expuesto en la presentación formulada por la citada querella el día 05/08/2020, se solicitó que aportaran al expediente los amuletos de la suerte similares al secuestrado el día 31/07/2020 en el Puesto de Teniente Origone, que se encontrarían en poder de los hermanos de Facundo y que incorporaran los datos personales y de contacto respecto de los testigos de preexistencia ofrecidos en la exposición referida.

En atención a lo solicitado por la querella institucional, se requirió al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que individualizara -mediante la geolocalización de AVL- la totalidad de móviles que se hubieran posicionado sobre la zona comprendida entre las coordenadas -38. 752532 -62.448676, Ruta 3, entre las localidades de Teniente Origone y General Daniel Cerri y sus adyacencias, desde el día 30/4/2020 a la fecha. Además, se peticionó que aportara el listado completo del personal policial dispuesto en las comisarías y patrulla rural del Partido de Villarino desde el 30/4/2020 hasta el 15/08/2020, con distinción de dependencia o destacamento en el que se encontrara asignado, cargo y asignación de móviles.

También a requerimiento de la querella institucional, se solicitó a la División de Búsquedas de Personas que confeccionara un mapeo que contenga la indicación precisa de todas las zonas que han sido rastrilladas con motivo de la búsqueda de Facundo.

Sin perjuicio de enmarcarse los rastrillajes genéricos que se fueron sucediendo a la fecha, en los términos de los arts. 183 y 184 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), habida cuenta la importancia y particularidades técnicas del caso, se requirió al Gabinete Científico y a la delegación local de la PFA., a cargo de practicar la diligencia, que mantuvieran informada a la querella sobre su avance, como así también, acerca de los posibles hallazgos que pudieran resultar de interés para la causa.

La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC)
remitió informes sobre las comunicaciones mantenidas con la señora Cristina Castro Alaniz y con los testigos de identidad reservada.

La Coordinadora de Búsqueda de Personas y Articulación con las Comunicaciones Policiales con los Poderes Constitucionales remitió una nota actualizando el relevamiento de personas halladas con identidad desconocida.

La fiscalía solicitó a la magistrada interviniente que requiriera a Luis Fondebrider -director ejecutivo del EAAF- que mantuviera informada a Cristina Castro Alaniz sobre el desarrollo y resultado de las diligencias encomendadas respecto del cuerpo hallado el día 15/08/2020, autorizándose asimismo el acompañamiento en esa instancia de una representante del equipo de profesionales de DOVIC.

Se fijaron nuevas fechas para recibir declaraciones testimoniales.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Facundo Castro, presentó ante el juzgado federal N 2 de Bahía Blanca un habeas corpus preventivo a favor de Marcelo González, ex cuñado de Facundo y testigo de la causa.

Durante una audiencia realizada ayer, la jueza Gabriela Marrón reconoció la gravedad de estos hechos, aceptó tratar el recurso presentado por la CPM y dispuso que un cuerpo de Prefectura custodie de manera permanente a la familia de la ex novia de Facundo. También interviene la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas.

A pesar de esta medida, por temor a los sucesivos actos intimidatorios, Marcelo ya había decidido dejar su casa en Mayor Buratovich y mudarse a Bahía Blanca. De hecho, mientras tenía lugar la audiencia judicial, agentes policiales merodeaban nuevamente su vivienda, impidiendo que abandone la ciudad.

Hace dos meses, ya había sido sometido a un interrogatorio ilegal, oportunidad en donde lo amenazaron con inculparlo. Por ese hecho, incluso, se inició una causa penal por apremios ilegales.

Estos hechos denunciados recientemente, como se menciona, no son nuevos, forman parte de una amenaza latente que tiene ya, por lo menos dos meses. El 26 de junio pasado, Marcelo fue sometido a un interrogatorio ilegal en la comisaría de Mayor Buratovich.

Ese día, sin citación ni notificación de ningún tipo, dos agentes de la policía bonaerense fueron a buscarlo a su casa, requiriendo su presencia en la estación policial. Una vez allí, lo hicieron ingresar a una habitación junto a cuatro policías: tres estaban vestidos de civil y el cuarto, que ocupa el rol de jefe durante el interrogatorio, estaba con el uniforme pero sin la insignia del cargo.

Durante el interrogatorio, los cuatro agentes policiales le pedían que declare que Facundo estaba en Bahía Blanca, que ellos ya sabían que era así, pero que él tenía que “cantar”, mientras amenazaban con golpearlo e inculparlo.

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Pocas semanas después, cuando fue citado a declarar como testigo en la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Facundo, Marcelo González narró este hecho ante el fiscal general adjunto Andrés Heim. Mediante oficio a la Fiscalía Federal N 1 de Bahía —que interviene en la causa—, se inició una investigación penal por apremios ilegales.

En todo este tiempo, los actos de hostigamiento no cesaron. Después de prestar declaración, Marcelo comenzó a recibir una serie de llamados intimidatorios y mensajes de teléfonos con identificación bloqueada y números desconocidos que le reiteraban en líneas generales la misma amenaza que recibiera por parte de los agentes de policía durante el interrogatorio ilegal.

“Esta amenaza, permanece latente, siendo que contrariamente a lo requerido por los agentes policiales, Marcelo declaró los hechos tal y como él los conocía y no como aquellos pretendían falseando la verdad”, sostiene la CPM en el habeas presentado ante el Juzgado Federal N 2 de Bahía Blanca.

La persecución policial y la presencia de patrulleros merodeando su casa, donde vive con su esposa y cinco niños, se inscribe en esa serie de actos intimidatorios. “Los hechos que se sucedieron resultan ciertamente ilegítimos, por no encontrar fundamento alguno en ninguna causa judicial en trámite que justifique alguna sospecha en su contra, ni mediar ningún motivo que funde la medida, la forma, y las condiciones en que esta especie de “monitoreo policía constante” se viene llevando a cabo”, cierra la presentación.

(Canal Abierto) La trama de crímenes, ocultamientos y maltratos por parte de las distintas instancias policiales, judiciales y de gobierno implicadas en la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro narrada en primera persona por su madre.

Mentiras, aprietes y displicencia por parte de la Policía Bonaerense. Actuación dolosa por parte del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Intencionalidad del ministro de Seguridad de la Provincia de orientar el caso en una dirección que exonere a la policía que está bajo su cargo. Cada una de estas circunstancias dejan ver una trama tristemente inscripta en la historia de los desaparecidos en democracia.

La lucha de Cristina la madre de Facundo. El acompañamiento de Nora Cortiñas y los organismos de derechos humanos, parte de nuestro baluarte político más preciado.

“Yo estoy segura que es Facu. Me llaman mamás con hijos desaparecidos y me dicen: ‘Cristina vos rompiste mucho las pelotas por eso te están devolviendo a tu hijo, sino no lo encontrarías nunca’”, sostiene en esta charla Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro.

Un estudio de la Red de Jueces Penales registró un 295% de superpoblación de personas detenidas en las comisarías de Bahía Blanca.

Las y los magistrados afirmaron que esta “verdadera catástrofe” significa que 5.474 personas están alojadas “en condiciones deplorables de infrahumanidad”. “Esa cantidad, por sí sola escalofriante, equivale –por ejemplo– a 8 unidades penitenciarias como la UP N° 21 de Campana, con capacidad máxima para 690 detenidos”.

Destacan, además, que la situación “distrae muchos recursos humanos, convirtiendo a los empleados y funcionarios policiales en carceleros, en vez de estar cumpliendo con sus funciones en la prevención del delito
y en la atención de las víctimas, pues esas dependencias son centros de atención primaria de la seguridad vecinal”.

“Hay que mirarlo desde varios puntos de vista. El primero son los derechos humanos, es imposible tener personas detenidas de esta manera. El segundo es que la comisaría se transforme en cuasi penitenciaria, los policías no están preparados para ser penitenciarios. Por último, son policías que no van a estar al servicio de seguridad, el sistema de seguridad se ve también deteriorado”, dijo a FM De la Calle el presidente de la Red, Mario Caputo.

El juez agregó que “hay comisarías del AMBA que tienen el mil por ciento de superpoblación si hacemos el desagregado, están amontonados, uno encima del otro, tienen que pedir permiso para poder dormir. Son lugares que usualmente no tienen agua caliente, calefacción, es dramático”.

El magistrado mencionó que “se hablaba de liberaciones masivas, estos números indican lo contrario, tenemos una tasa de prisionalización que es altísima. Tenemos que hacernos cargos de lo que hacemos y advertir estas situaciones. Pretendemos que los poderes públicos nos pongamos a trabajar en la búsqueda de paliativos y soluciones”.

Caputo destacó que “la gran mayoría de delitos de los que estamos hablando son contra la propiedad, robos. Son usualmente personas de grupos vulnerables, después habrá bandas y gente muy peligrosa. Y hay un 14% de detenidos por estupefacientes con fines de comercialización, hablamos de chiquitaje, son sectores que han naturalizado la venta de estupefacientes en lugares muy humildes, no son narcotraficantes, es narcomenudeo”.

Marcelo González es el hermano de la ex novia de Facundo Castro. Efectivos de la Policía Bonaerense lo detuvieron, lo amenazaron, intentaron allanarle la casa, le revisaron las redes sociales y lo persiguieron para que diga que Facundo está en Bahía Blanca o se haga cargo de algún delito en contra del joven desaparecido.

Esta tarde contó a FM De la Calle que su hermana, Daiana, “sufrió dos allanamientos ilegales, le rompieron todo. Me enteré que perdió su trabajo. La está pasando peor que yo. Cuando iba a tomar el colectivo la seguían, de la bajada del colectivo a la puerta de la casa, no tiene ninguna libertad”.

“Esto afectó mi vida normal, psicológicamente estoy mal, no me siento seguro, no salgo a la calle, no quiero cruzarme al negocio de enfrente a comprar por miedo a lo que me pueda suceder. Estoy aterrado”, afirmó.

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Días atrás la fiscalía federal trasladó los hechos a la justicia ordinaria donde se abrieron dos causas para investigar los apremios y amenazas.

González agregó: “Me gustaría que esto se resuelva pronto, que la mamá de Facundo pueda llegar a la verdad, que me dejen vivir en paz, porque soy una persona de bien. No tengo por qué estar atravesando esta situación ni yo ni ningún miembro de mi familia. No nos merecemos esto”.

El hombre de 37 años relató desde su casa que en junio lo fueron a buscar en el marco de la búsqueda de Facundo. “Vinieron dos agentes, le dijeron a mi señora que me tenía que presentar en la comisaría. Llegué de trabajar, llamo a la comisaría para preguntar por qué me buscaban, me dijeron que no me podían dar información, que me tenía que presentar”.

“Me acerqué, me hacen esperar en la sala de la parte de adelante, me ingresaron a un cuarto cerrado con un escritorio. Ingresó el jefe de Pedro Luro, (Fernando) Grilloni. Lo conozco, es una persona alta, de porte grande, usa lentes, morocho, lo reconozco muy fácilmente. Su cara no me la olvido más porque fue uno de los policías que me amenazó todo el tiempo, que me quería obligar a decir que Facundo estaba en Bahía Blanca, que tenía que decir dónde estaba porque me iba a pegar, que si hace falta pegarte unos sopapos para que hables lo voy a hacer. Todo adentro de la comisaría de Burato”.

González agregó: “Me quería involucrar con tema drogas, que consumía cocaína, que Facundo vendía, todo el tiempo queriéndome culpar a mí y a mi hermana, a mi hermano, queriendo desviar la investigación para el lado nuestro, que nosotros nos culpemos de algo que no teníamos nada que ver. Fue un momento muy duro para mí estar encerrado con cuatro policías y que te amenacen y hostiguen, fue una pesadilla”.

“Uno de los policías tenía algo debajo del escritorio, tenía una grabadora, veía que movía la mano, donde yo diga que a Facundo lo vi en Bahía, que Facundo consumía o que yo consumía ya quedaba como una prueba”.

“Había una computadora en el escritorio. Mi teléfono también lo agarraron pero como no tenía datos no pudieron entrar desde ahí, sí desde mi computadora. Abrieron mi facebook entraron al perfil de mi hermana, empezaron a revisar y sacar fotos sin autorización, yo vi cuando los agentes las descargaban”.

González comentó que ante la amenaza entregó los datos de su cuenta “y, desde ahí, ingresaron, buscaron entre mis amigos si estaba Facundo. A Facundo no lo tenía en facebook, lo tuve en whatsapp, después perdí contacto y perdí el número, ahora solamente lo tengo en Instagram”.

“Después me pasaron a otra sala, me tomó declaración un oficial. Separado a eso, me tomó declaración un oficial que fue muy amable, fue el único que estuvo a la altura del caso, me trato bien. Y de ahí me dijeron ‘espera un ratito que le vamos a presentar la declaración al jefe, firma y te vas’. En eso aparece el jefe en la puerta: ‘Llegó una llamada de Bahía que te compromete, vamos a tener que allanar tu casa’”, dijo.

González accedió: “Les abro la puerta de mi casa, revisen todo, no tengo ningún problema, revisen mi vida entera, no tengo nada que ocultar. Me trajeron hasta mi domicilio como un delincuente. Abrí la puerta de mi casa, al ver que estaba mi señora, mi yerno, mi hija y mi sobrino no quisieron entrar”.

“Nunca lo conté por temor, por miedo, por seguridad. De que me pueda llegar a pasar algo a mí, es muy incómodo tener que atravesar esta situación. Tengo dos números de teléfono agendados de Burato, me mandaban mensajes preguntándome si sabía dónde estaba Facundo, que tenía que hablar, después las patrullas pasan todo el tiempo por la puerta de mi casa, me siguieron dos veces con las luces apagadas. Es incómodo, ya no salgo de mi casa por temor a lo que me pueda llegar a pasar, es feísimo tener que vivir así, es lamentable”.

“La única persona que siempre estuvo apoyándome, que admiro y respeto, es el dr. Leandro Aparicio y la mamá de Facundo, Cristina, se mostró siempre preocupada por lo que me estaba sucediendo a mí, a mi hermana, y nos dieron todo su apoyo y gracias a ellos puedo contarlo y hacerlo público”.

Para González el accionar ilegal de los policías está motivado en “encontrar un culpable, sacarse el problema de encima, culpar a una persona inocente, que vive de su trabajo, que nunca tuvo problemas con la justicia, manotear cualquiera al azar y decir ‘este es débil, lo culpo’”.

Por último, manifestó que Facundo es “un pibe bueno, alegre, muy trabajador. El tiempo que conviví nunca tuvimos ningún conflicto. Me da mucha tristeza que no se pueda saber qué pasó con él, impotencia, bronca”.

La incorporación de uno de los secretarios como auxiliar fiscal para coadyuvar en la investigación, la solicitud del Ministerio de Seguridad de la Nación de una copia de la causa para una evaluación integral y la intervención de diferentes áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la desaparición de Facundo Astudillo Castro integran -entre otras- las medidas dadas a conocer en un nuevo comunicado emitido por la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca para dar cuenta del estado de la pesquisa.

La investigación, que continúa por diferentes carriles, apunta a determinar el contexto que rodeó el hallazgo del cuerpo en Villarino Viejo. El cuerpo será peritado el próximo 25 de agosto a partir de las 9.00 en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Rastrillajes y allanamientos

El 12 de agosto pasado, a pedido de la fiscalía, se ordenó el allanamiento y registro del asentamiento de construcciones en la zona lindante a las vías del ferrocarril del ramal Ferro Expreso Roca Pampeano, con el objetivo de incautar elementos, pertenencias y/o cualquier indicio que diere cuenta del paso de Facundo por ese lugar.
La diligencia se cumplió el 13 de agosto, con la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de esa fuerza, del equipo de canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Cinoctecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, el perito de parte Marcos Herrero junto con un perro de búsqueda, el abogado representante de la querella particular y un hermano de Facundo.

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La medida arrojó resultado negativo. En el marco del procedimiento, se le exhibieron al hermano del desaparecido la totalidad de las prendas de vestir que existían en las viviendas, pero no reconoció ninguna de ellas.

La PFA informó sobre la realización de un nuevo rastrillaje en una zona que no había sido inspeccionada en la Ruta Nacional N° 3, al norte del ramal Ombucta, con un radio de inspección de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, para lo cual se le dio intervención a la Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la División Búsqueda de Personas y Prófugos de la PFA y al personal de del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) con sus canes rastreadores. La medida se llevó a cabo el viernes 14 de agosto.

En relación con el rastrillaje realizado el 7 de agosto pasado, en el que participaron los perros del perito Herrero -sus canes no intervinieron en el procedimiento del 5 de agosto- y fueron encontrados restos óseos, cuyo resultado negativo respecto de procedencia humana se informó en el comunicado publicado el 12 de agosto, resulta necesario aclarar que al día siguiente se dispuso un estudio sobre las piezas más pequeñas halladas, por lo cual se encuentra en estudio la posibilidad de que alguno de los restos levantados sea humano. Esta medida se dispuso a sugerencia del Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA y fue solicitada al Departamento de Antropología Forense de la Morgue Judicial de la Nación

Peritajes

La División Laboratorio Químico de la PFA solicitó se remitieran muestras de referencia del padre biológico de Facundo Astudillo Castro para poder, en el caso de obtener algún perfil genético, efectuar los cotejos de ADN necesarios. La medida se encomendó al Gabinete Científico de esa fuerza de seguridad.
El Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA remitió los informes confeccionados respecto a los peritajes caligráficos practicadas sobre el libro utilizado como “Libro de guardias y novedades” del Destacamento de Hilario Ascasubi y sobre el libro utilizado como “Libro de guardias” del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, en los que se concluyó que en ninguno de ellos se advertía la presencia de maniobra adulteradora alguna, que permitiera suponer la existencia de alteración de sus contenidos.

La PFA remitió 31 DVD´s con los resultados de la extracción UFED (dispositivo forense de extracción de datos) practicada sobre teléfonos secuestrados.

En virtud de lo sugerido por la División Laboratorio Químico, se remitieron las muestras de cabellos recolectadas al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Otras medidas

El perito en las especialidades de odorología forense, neurofisiología olfatoria canina, etología canina y felina y adiestramiento canino del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes, Mario Rosillo, presentó un informe sobre persistencia y estabilidad del olor humano.

Por su parte, el comisario de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, Víctor Marcelo Sialle, remitió un informe relacionado con el método de búsqueda de rastro por olor de referencia que desarrollan los canes, sobre las especialidades en las que los mismos pueden ser entrenados, sobre la formación del instructor guía, entre otros temas.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) sugirió medidas probatorias. La presentación se remitió a la División de Tecnologías Aplicadas y a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, sin perjuicio de existir medidas de prueba ordenadas por la fiscalía pendientes de contestación.

También se remitió aquella presentación a la Dirección General de investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General. Este organismo ha tenido acceso de la totalidad del expediente en función de que se le ha requerido la confección de un informe técnico integral.

Además, se remitieron a la DATIP los 31 DVD´s con los datos de la extracción UFED practicada sobre teléfonos secuestrados. Al respecto, se solicitó la realización de una copia y para que, en el marco de la colaboración requerida, se realizara un informe con las conclusiones a las que arribara del análisis de esos soportes magnéticos.

Se solicitó a la jueza federal interviniente que habilitara a la DATIP a practicar un peritaje mediante tecnología UFED sobre uno de los teléfonos secuestrados.

El secretario de la Fiscalía Federal N° 1, Rodolfo Javier Murillas, fue designado en el cargo de Auxiliar Fiscal y nombrado para actuar y coadyuvar en la causa, con los alcances y funciones normados por el artículo 51 de la Ley 27148 (Orgánica del Ministerio Público Fiscal). Su nombramiento fue dispuesto por Resolución de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca N° 13/20, del 31 de marzo pasado, la cual fue convalidada por el procurador general de la Nación mediante resolución MP N° 189/20.

En distintos días se receptaron declaraciones testimoniales, las cuales estuvieron a cargo del fiscal y secretario de la fiscalía interviniente, con participación de las querellas.

La Compañía de telefonía celular Claro remitió el informe ampliatorio requerido sobre el alcance de sus antenas y sobre el funcionamiento del servicio de mensajes de texto.

La Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitó copia completa de la causa, con el objeto de realizar una evaluación integral y sugerir medidas de acción. La solicitud fue realizada en el marco de las atribuciones conferidas a esa cartera ministerial, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Argentino en materia de derechos humanos.

Medidas relacionadas con el hallazgo de restos esqueléticos

La delegación Bahía Blanca de la PFA remitió las actuaciones relacionadas con el relevamiento arqueológico de la escena y levantamiento de un esqueleto humano incompleto por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y con el levantamiento de evidencia asociada por parte de personal policial.

A fin de garantizar el cumplimiento de los plazos y requisitos procesales previstos por el Código Procesal Penal de la Nación para las notificaciones, designaciones e impugnaciones de peritos; el traslado de todos los intervinientes hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la preparación de todas las operaciones y los medios técnicos necesarios para llevar a cabo la autopsia, la jueza federal interviniente dispuso que la medida se lleve a cabo el martes 25 de agosto a las 9.00 en el Laboratorio del EAAF, ubicado en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en avenida del Libertador 8151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A propuesta de la querella particular se designó como perito de parte a la Especialista Consultora en Medicina Legal, Emma Virginia Créimer.

A raíz de las sugerencias efectuadas por el director ejecutivo del EAAF, Luis Fondebrider, sobre la incorporación de una serie de especialistas que puedan aportar análisis específicos a la autopsia ordenada, se dispuso la designación como peritos oficiales de tres especialistas de una universidad pública de la provincia de Buenos Aires, cuatro integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una integrante del Conicet.

En el marco de las tareas investigativas conjuntas oportunamente dispuestas, la fiscalía ordenó que se profundizara sobre los hechos vinculados al hallazgo de los restos esqueléticos, a fin de establecerse el posible avistamiento por parte de otras personas, tránsito del lugar, detalles de quienes lo visualizaron (circunstancias de tiempo, modo y lugar), características de la zona, mareas y todo otro elemento de interés para la pesquisa, sin perjuicio de los exámenes periciales y de rastros en curso, como así también del rastrillaje específico y focalizado que habrá de desarrollar personal del Gabinete Científico de la delegación local de la PFA, conforme pautas dadas por el EAAF.

Se requirió al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) -dependiente del Conicet- y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que prestaren asistencia y colaboración a la autoridad policial y a los peritos designados, en el marco de aquellas labores.

La fiscalía tomó conocimiento que el sábado 15 otras dos personas se presentaron ante la Comisaría 2da de Bahía Blanca a denunciar la presencia de restos de un cuerpo en el lugar indicado y, por tal motivo, requirió al titular de la comisaría 2da de Bahía Blanca que informe si en su oportunidad puso en conocimiento de sus superiores tal circunstancia y/o de los medios de comunicación escritos o audiovisuales.