Cristina Castro solicitó a la jueza federal, Gabriela Marrón, un allanamiento y un rastrillaje con canes en cercanías de Mayor Buratovich, tras la aparición de “huesos, prendas de vestir y una mochila semienterrada”.

“Advirtiendo la irregularidad y la complejidad, solicitamos se convoque a todas las fuerzas disponibles, a fin de rastrillar lugares públicos y otros canales de drenaje, si la dinámica de la diligencia así lo amerita”, dice el escrito presentado por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

La querella pretende que el rastrillaje se realice en la extensión de un camino hasta las vías con la participación del perito Marcos Herrero y su ayudante Lucas Maciel.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

Por otro lado, pidieron que se “convoque a Prefectura Argentina para rastrillar un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas, lo que tornan urgente el carácter de la medida”.

Foto: Emmanuel Fernández.

El Servicio Penitenciario informó que se registraron 25 casos positivos de Covid 19 dentro de la Unidad 4 de Villa Floresta. Se aislaron dos pabellones, uno con contactos estrechos y otro con los casos confirmados.

El defensor departamental general, Pablo Radivoy, dijo a FM De la Calle que “era obvio que el virus iba a ingresar en el penal, más aún teniendo en cuenta la sobrepoblación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Hay 25 casos positivos de 45 hisopados”.

“Entendemos y advertimos a través de distintas presentaciones que no están dadas las condiciones para tener a estas personas allí, por eso se pidieron arrestos domiciliarios y la mayoría no se otorgaron”.

Radivoy recordó que “hubo un primer informe del 23 de julio respecto de 22 personas que habían dado positivo, entre los cuales había cinco del Servicio Penitenciario que fueron los primeros en ser detectados”.

Agregó que “hubo que aislar a un montón de gente más. Dentro del penal es prácticamente imposible mantener el distanciamiento, estamos a la espera de ver qué ocurre con esta gente que está aislada y que todavía no tiene síntomas”.

El defensor desmintió la existencia de “liberaciones masivas”: “No ocurrió jamás. A nivel provincial había cerca de 2300 personas y se otorgaron 600 arrestos domiciliarios. En Bahía de 120 o 130 presentaciones que se hicieron, a vuelo de pájaro, le diría que no se concedieron mucho más de veinte, veintipico”.

Radivoy detalló que se presentó un nuevo habeas corpus mediante el cual “se hizo lugar parcialmente a lo que planteamos. Está en instancia de apelación. Estamos pidiendo que organismos extramuros controlen cuál es la situación adentro. Si bien los informes dentro del penal son positivos, diciendo que pueden manejar la situación, tenemos noticias de nuestros defendidos que no coinciden”.

“Acompañamos el habeas corpus con filmaciones del hospital de campaña, donde no hay baño, no hay calefacción y en algún momento no hubo luz”, finalizó.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quienes aporten datos útiles que permitan lograr la captura del ex teniente Roberto Carlos Brunello, con documento nacional de identidad número 7.699.908, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar, en la causa donde se investiga el accionar del V Cuerpo del Ejército.

Prófugo desde el 22 de noviembre del 2013, a Roberto Carlos Brunello se le imputan los siguientes delitos:

  • Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas;
  • Secuestro y aplicación de torturas, en relación a treinta víctimas;
  • Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual, en relación a tres víctimas;
  • Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca informó que Brunello prestó servicios en la Compañía Combate “My Keller”, perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181, de la que varios de sus miembros y autoridades ya fueron condenados.

El Batallón era la unidad encargada del Área 511 y para la época de los hechos que se investigan estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas, que se cometían en las instalaciones del predio militar. Allí funcionaba el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”.

La causa por la que se busca a Brunello centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

Fuente: fiscales.gob.ar

Cristina Castro viajó a Bahía Blanca para presentar el pedido de detención de cuatro policías y denunciar a otros efectivos de la Bonaerense y civiles como integrantes de una asociación ilícita en el marco de la desaparición de su hijo Facundo.

“Me mintieron desde el primer día, encubrieron todo esto, sentí que a mi hijo le habían hecho algo malo y lo voy a seguir sosteniendo. A mí esta gente me va a tener que devolver a Facu”, dijo en Plaza Rivadavia.

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, se apoyó en las filtraciones periodísticas para reclamar que se investigue una supuesta pista narco. “Ese señor no tiene vergüenza. Estuve buscando a mi hijo por redes, hice la denuncia por averiguación de paradero y en ningún momento se acercó a nosotros, ninguno de sus funcionarios se acercaron ni siquiera a ver cómo estábamos”.

“Yo le voy a iniciar una denuncia al señor Bevilacqua. (…) Hace más de tres meses mi hijo está desparecido, en su distrito, en su gobierno, desparecieron a un pibe y él se hace el reverendo pelotudo. Si tiene un problema con alguno de mis abogados que no los meta en la desaparición de mi hijo”, afirmó.

Castro aclaró que “a la cabeza de todo esto no está ni el señor Aparicio ni Peretto (abogados querellantes). A mí me llega cada cosa que mandan, leo todo y les voy indicando qué poner y qué no. Es Cristina Castro la que firma todos y cada uno de los pedidos que se hacen”.

Destacó que entre los involucrados está el secretario de Protección Ciudadana de Villarino, Martín Pacheco, porque “mandó informes truchos”.

Respecto a los resultados del allanamiento al destacamento policial de Origone en el cual se encontraron objetos de Facundo, Castro destacó que el perro “Yatel fue contundente”.

“No lo elegí a Herrero porque se me antojó, yo busqué a Marcos Herrero, porque me lo recomendaron, la mamá de Micaela, Mónica Cid, y otros papás de desaparecidos. Hice hasta lo imposible por traerlo, yo confío en sus perros, estoy segura de que me van a devolver a Facu”, dijo.

Consultada sobre quiénes deberían estar imputados, mencionó que “de Buratovich y Teniente Origone todos. Hay personas involucradas y hay quienes se callaron. Los que se callan son tan desaparecedores como los que se lo llevaron”.

“No me voy a cansar nunca de decirlo, cuando lo empecé a buscar era una averiguación de paradero, cuando quise ingresar a Mayor Buratovich en su momento tenía cinco patrulleros y no me dejaron. En Teniente Origone tenía el ingreso tapado con patrulleros, casi nos echa el señor Navarrete, el comisario general de Villarino: ‘usted no tiene nada que hacer acá tiene que seguir hasta la Ruta 3 y 22′”.

“Me acuerdo perfectamente la declaración de Flores y la de González que mirándome a la cara me dijo ‘yo vi cómo su hijo seguía viaje’. Y ese mismo día leo en la declaración que había dicho que mi hijo subió a una Duster Oroch color plata. Me mintieron desde el primer día, encubrieron todo esto, sentí que a mi hijo le habían hecho algo malo y lo voy a seguir sosteniendo. A mí esta gente me va a tener que devolver a Facu”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

Castro destacó que a otras líneas investigativas que surgieron en la causa “ya las tiramos por la borda. Que Facundo llegó hasta Bahía, el testigo que está imputado, pertenece a la Policía Bonaerense, la señora que dice haber viajado a Bahía y haber levantado a alguien similar a Facundo que después cambiaron todo su testimonio, que no viajó el día 30 de abril”.

“No hay duda, se cayó todo. No hay duda, mi hijo nunca salió de Villarino, a mi hijo lo desparecieron entre Buratovich y Origone. Origone depende de Burato, los móviles utilizados son los mismos. El fiscal de la PROCUVIN, ha descartado e imputado a los testigos que dicen haber visto a Facundo en Bahía por falso testimonio”, agregó.

Respecto a la posibilidad de apelar el rechazo de la recusación del fiscal Ulpiano Martínez, Castro afirmó que “tenemos que seguir trabajando con él por orden de la jueza. Este señor lo único que ha hecho es tratar de desviar la investigación, aportar testigos de que Facundo había llegado a Bahía, y yo sé que Facundo nunca salió de Villarino”.

La Fiscalía a cargo de Santiago Ulpiano Martínez emitió esta tarde un nuevo comunicado oficial acerca de la concreción de nuevas medidas probatorias, como el secuestro de libros y registros policiales del Destacamento de Hilario Ascasubi; el allanamiento y el secuestro de elementos en el puesto de Teniente Origone.

Hoy Marcos Herrero y Cristina Castro confirmaron que se trata de una pequeña sandía de madera que contenía en su interior una vaquita de San Antonio. Era un regalo de su abuela que Facundo llevaba siempre consigo.

Además, se hace referencia a la reconstrucción del recorrido de Facundo Astutillo Castro y el estudio de su cuenta de Whatsapp.

Allanamientos y secuestros

El 30 de julio, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público, la jueza federal interviniente ordenó librar orden de presentación de los registros correspondientes a la totalidad de los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, que se encontraran asignados al Destacamento de Hilario Ascasubi al 30 de abril pasado, y orden de secuestro de los libros de guardia y de los dispositivos móviles oficiales asignados a aquella dependencia policial, por encontrarse presuntamente relacionados con los hechos investigados y porque podrían servir como medio de prueba. La medida se llevó a cabo el 31 de julio por personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Asimismo, en virtud del requerimiento efectuado por la fiscalía acompañando el pedido de la querella, la jueza ordenó librar orden de secuestro del teléfono celular perteneciente a Jorge Agustín Galarza y el allanamiento y registro del Puesto de Teniente Origone, a fin de incautar los elementos que pudieran contener registros biométricos de la víctima. En este caso, de acuerdo a lo solicitado por la querella, se autorizó la participación en el procedimiento del perito de parte, Marcos Herrero, y de su colaborador, el suboficial segundo de la Armada Argentina Lucas Maciel, junto a sus canes.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

Este procedimiento también se efectuó el 31 de julio pasado. Según se desprende del acta labrada, participaron efectivos de la delegación Bahía Blanca de la Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales de la PFA; miembros del Gabinete Científico Bahía Blanca de la Superintendencia Federal de Policía Científica; los canes “Tom” y “Aramis”, de la especialidad de Búsqueda de Restos Humanos, ambos de la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, con sus respectivos guías; personal de Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y de Cinotecnia, ambos dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación; y Marcos Herrero con su can “Yatel”.

Durante el desarrollo de la medida, el can “Yatel” detectó entre un montículo de residuos que se encontraba en el sector antiguo trasero del puesto de vigilancia una bolsa transparente que contenía un paquete de cigarrillos en estado de descomposición, con dos mitades que unidas componían un objeto con dibujo de sandía; una de las mitades contenía en su interior un dije de una vaca de San Antonio de color verde. Los elementos fueron resguardados. En esa oportunidad, a solicitud de la madre de Facundo, se autorizó la remoción de tierra del sector del fondo de la dependencia, pero la diligencia no arrojó resultados de interés para la investigación.

La fiscalía ordenó remitir los efectos secuestrados al Laboratorio Químico de la PFA, a fin de que practicare un peritaje tendiente a detectar rastros biométricos y para que se procediera -en su caso- al cotejo con las muestras de ADN extraídas a Cristina Castro Alaniz, con el objeto de verificar si se registran rastros de Facundo Astudillo Castro.

Otras medidas

Además, se autorizó la compra de un chip a la empresa Claro de la línea telefónica de Facundo Astudillo Castro y el ingreso a la aplicación WhatsApp por parte de los profesionales de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, medida solicitada por la fiscalía de conformidad con lo sugerido por aquella repartición.
La empresa Claro remitió el chip y finalmente la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA designó personal especializado para practicar el peritaje en la sede de la fiscalía federal, el cual arribó hoy a la ciudad de Bahía Blanca.

Por otro lado, se recibió el análisis de la información extraída de los teléfonos celulares peritados, efectuada por la División Búsqueda de Personas de la PFA.

Asimismo, se recibieron las respuestas de los oficios librados a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencia (911) y a la delegación Rawson de la PFA.

Si bien se recibió el informe labrado por la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina, al no contemplar la totalidad de los puntos solicitados por el Ministerio Público y por el representante de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), se requirió a la División Búsqueda de Personas de esa fuerza su ampliación en orden a los puntos no abarcados.

En una nueva presentación, la PROCUVIN aportó un documento de trabajo preliminar mediante el cual, en la traza de la Ruta Nacional Nº 3 desde la localidad de Pedro Luro hasta la ciudad de Bahía Blanca, se esquematizó metodológicamente el posible recorrido que Facundo Astudillo Castro habría realizado desde las primeras horas del 30 de abril pasado hasta las primeras horas de la tarde de esa misma jornada en la que fuera visto, según diversas versiones, por última vez.

El trayecto trazado en el esquema de referencia fue diseñado en función de las pruebas físicas, documentales y testimoniales, y técnicas producidas hasta el momento en el marco de la investigación. Su análisis e integración debe ser efectuado con la concreción del estudio integral de orden técnico oportunamente requerido por esa Procuraduría.
Por otra parte, la PROCUVIN sugirió la citación de diferentes personas a prestar declaración testimonial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este sábado la Resolución 43/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de Facundo José Astudillo Castro, en Argentina, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La Comisión solicitó información al Estado, recibiendo observaciones sobre diversas acciones llevadas a cabo por sus instituciones para la búsqueda del beneficiario y la investigación sobre los hechos, tanto en el ámbito provincial como federal.

Sin perjuicio de las acciones llevadas a cabo por el Estado, la CIDH observó que, a más de tres meses de la desaparición de Facundo, no se cuenta con información concreta sobre su paradero o destino, por lo que se halla suficientemente establecida la existencia de una situación de riesgo grave para sus derechos a la vida e integridad personal.

De igual manera, la Comisión recibió información sobre la existencia de un pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en relación con la situación del jóven.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

Al respecto, el organismo de la OEA recordó que el artículo 25 de su Reglamento no contempla la figura de la litispendencia internacional como impedimento para pronunciarse acerca de una solicitud de medidas cautelares, dicho precepto establece que la Comisión solicitará la adopción de medidas cautelares cuando existe una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable.

En consecuencia, se solicitó a Argentina que:

a) Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Facundo José Astudillo Castro, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En este sentido, la Comisión instó al Estado a garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados para tales efectos;

b) concierte las medidas a adoptarse con los familiares y representantes del beneficiario;

c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Con una oración, la Corte Suprema desestimó ayer una queja contra la falta de mérito de la cual goza Vicente Massot. El ex dueño de La Nueva Provincia está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

“El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, firmaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El fiscal Javier De Luca había fundado el recurso en el carácter equiparable a una sentencia definitiva de una resolución de la Cámara de Casación, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos. Además, ponía en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

La presentación de De Luca esperaba respuesta desde agosto de 2016. El 4 de julio Casación había declarado inadmisible la queja interpuesta contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que, a su vez, había convalidado otro del juez ad hoc Claudio Pontet el cual declaraba la falta de mérito del empresario.

Sigue leyendo →

Esta tarde se realizó una caravana hasta la Fiscalía federal de Bahía Blanca para reclamar la aparición con vida de Facundo Castro, al cumplirse tres meses desde la última vez que se lo vio subiendo a un patrullero de la Policía Bonaerense.

Cristina Castro, la madre del joven que encabezó una marcha en Pedro Luro, saludó la convocatoria local mediante un mensaje: “Les quiero agradecer por estar, por el bocinazo, por el apoyo, por la marcha. Pedirles que no nos callemos más. Que nunca más sea nunca más”.

“Que devuelvan a Facundo, que se haga justicia, apartamiento del fiscal inmediatamente, basta de encubrir personas, basta de la Bonaerense, basta de matar a nuestros jóvenes. Pedimos que entreguen a Facundo ya, pedimos justicia”, afirmó.

https://www.facebook.com/notes/secretaria-de-ddhh-cta-bah%C3%ADa-blanca/a-3-meses-de-la-desaparici%C3%B3n-forzada-de-facundo-documento/3182596831776087/?__tn__=HH-R

Uno de sus abogados, Leandro Aparicio, dijo que “Cristina es la primera interesada en que Facundo esté con vida. Las pruebas que hay en el expediente nos dicen que a Facundo lo desaparecieron y que desde entonces se activó un protocolo que tiene cinco etapas. (…) El rol que cumplía antes La Nueva Provincia lo cumple ahora La Brújula. Esa es una parte esencial de este encubrimiento”.

El abogado describió los hechos sobre los que sostienen la denuncia del encubrimiento:

  • Empieza el primer día que lo desaparecen cuando le hacen mandar un mensaje de texto del teléfono de Facundo a un amigo cuando nunca hablaba así. Obviamente eso lo mandó un policía.
  • El 8 de mayo la policía que lo llevó (a Origone, Xiomara Flores) desactivó el whatsapp. Qué casualidad. Sin novedades dice el informe de la Policía Federal.
  • El 1 de junio el amigo va a hacer la denuncia y le dicen que tiene que ir la madre. Cuando va, le toman la denuncia en un papel de rotisería. Tené paciencia que ya va a aparecer. De atrás escucha que dicen que los hermanos de la novia eran malos.
  • Las primeras testimoniales dicen lo mismo que decían de Angelito Almada: que se deprimía, que era malo, que andaba mal con la madre, con la novia, que se drogaba, que daba vuelta por los caminos.
  • La tercera parte empieza el 15 de junio cuando se tendría que haber hecho el rastrillaje y no se hace porque llueve. Se le meten a la casa de los hermanos de la novia sin orden de allanamiento, a uno lo llevan a la comisaría, lo tienen entre cuatro apretándolo.
  • El 17 Luciano y Cristina van a Buratovich y no pueden entrar porque hay cinco patrulleros que los bloquean. La que borró el whatsapp (Xiomara Flores) dice que lo llevó a Origone.
  • El 18 de junio un hombre que no dice que es policía declara que vio a Facundo en Bahía. Vuelve a declarar en la cuarta etapa del encubrimiento sin que sepamos nada, manejaba todo la Bonaerense hasta que planteamos la desaparición forzada y la sacamos. Al mismo testigo, cuando declaró en la justicia federal, el fiscal Heim lo cortó porque incurría en falso testimonio.
  • Las últimas tres semanas fueron acumular testimonios truchos que cortan el 6 de julio, ahí no intervenía más la Policía Bonaerense. El 13 de julio una periodista trucha dice ‘vuelco en la causa, habría una persona que habría llevado’. Eso es lo que dice el ministro Berni hoy. Esa persona la mete (el policía Gabriel) Sosa, el que está en la foto con Facundo en la camioneta y Xiomara Flores.
  • Luego consiguen un informe de las lectoras de los autos que pasaron ese día: primero las trae una policía. La lectora marca el ingreso, la gente que entra pero no la hora. Averiguamos con gente de Algarrobo (que aparece) y no viajó ese día. La Municipalidad manda otro el 13 de julio con todo el listado y ahí viaja el auto con los testigos que vieron subir a Facundo al patrullero. El 14 de julio la policía pide otro más y en ese no está ese coche pero sí está el que dice que llevó a Facundo. Eso es lo que La Brújula pone hoy para desacreditar a los tres testigos.

“Obviamente el Estado es desaparecedor, por supuesto que por fiscales, por jueces, por políticos. Pero también por la parte civil, como ese funcionario de Villarino que firmó ese informe trucho que después esta cloaca con ese delincuente de Germán Sasso usa para encubrir a la policía”, agregó Aparicio.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, también hizo llegar su adhesión y sostuvo que “necesitamos que Facundo aparezca con vida lo antes posible”. Este sábado se cumplirán tres años de la desaparición forzada seguida de muerte del militante solidario con el pueblo mapuche en el marco de un operativo represivo de Gendarmería en la Pu Lof Cushamen.

El fiscal Pablo Fermento solicitó la elevación parcial a juicio oral del ex oficial médico Humberto Adalberti y del ex suboficial enfermero Adalberto Bonini. Están acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

La fiscalía los considera coautores de los delitos de asociación ilícita, de privaciones ilegales de la libertad (en el caso de Adalberti en relación a 82 víctimas y Bonini por 70), de quince homicidios y de la sustracción de los hijos nacidos en cautiverio de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero.

Según el requerimiento, los imputados asistían a “La Escuelita” para brindar atención médica a las personas cautivas y con esa acción contribuían al mantenimiento de las victimas en esa condición.

“La atención sanitaria, a través de la provisión de medicamentos, enfermería y atención médica –propiamente dicha- resultó esencial para prolongar el cautiverio de los secuestrados en el CCDyT –sometidos a constantes tormentos- mientras no se decidiera otro destino para ellos”, aseguró la Fiscalía.

A la época de los hechos, Humberto Adalberti se desempeñaba con el grado de capitán médico en el Hospital de Evacuación 181, mientras que Adalberto Bonini trabajaba como enfermero general en la División Sanidad del Departamento IV Logística del Comando del V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.

En diversas ocasiones del proceso judicial, testimonios de los sobrevivientes verificaron la concurrencia del personal de salud al centro clandestino para revisar a los detenidos y para asistir en los partos de las víctimas.

Adalberti había sido imputado en 2006 pero la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decretó su falta de mérito. El avance de las investigaciones derivó en la recolección de nuevos elementos de prueba que permitieron su procesamiento, como la declaración de un testigo que indicó que años después pudo reconocer al imputado por su voz en un lugar público.

La causa en la que fue requerida la elevación a juicio de ambos imputados centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

El Tribunal Oral mantuvo el beneficio de la excarcelación de Juan Carlos Curzio tras el llamado intimidatorio que este realizó a la testigo Cristina Leiva, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Lo hizo “teniendo en cuenta que la testigo relató circunstanciadamente cómo había sido la llamada y que ella misma consideró que no se sentía intimidada ni amenazada, más allá de la no correspondencia de parte de quien se encuentra imputado en esta causa del llamada telefónica”, comunicó

La Fiscalía había planteado que el mensaje no era solo para ella “sino para todos los testigos convocados”. Pablo Fermento explicó que “hay mucho miedo en torno a este juicio y es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los que tienen que venir”.

El juez Roberto Amábile informó esta mañana que se requirió al Programa Verdad y Justicia un informe para confirmar si existe temor en los testigos y si este es provocado por los imputados.

El tribunal sostuvo la libertad de Curzio con la “prohibición específica de comunicarse y contactarse por cualquier medio con los testigos bajo la condición de revocársela y trasladarlo a una unidad del servicio penitenciario”.

Para ello, consideró que cumplió en detención el mínimo de la pena prevista, su estado de salud y la situación de pandemia.

La jueza federal Gabriela Marrón rechazó “por improcedente” la recusación del fiscal de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. La familia del joven y la querella de la Comisión Provincial por la Memoria habían requerido el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez.

Tampoco hizo lugar a la solicitud de Martínez respecto a una imposición de multa y comunicación al Colegio de Abogados para que “discipline” a los querellantes Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

Cristina Castro sostuvo que «el principal desaparecedor de personas es el Estado» no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también «a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

La magistrada sostuvo que “no advirtió ninguna irregularidad en la actuación del representante del Ministerio Público Fiscal, ya que la investigación desplegada –desde el inicio, a la actualidad- se ajustaba a los parámetros para interpretar el concepto de investigación eficaz”.

A su entender el fiscal cuestionado actúa con “seriedad; objetividad en la búsqueda de la verdad; seguimiento de todas las líneas de investigación; recopilación del material probatorio pertinente y útil, con la diligencia debida; diseño institucional; cooperación intra e inter-estatal; especialidad en las diferentes áreas de investigación; acceso a la justicia de las víctimas; y plazo razonable”.

Para Marrón, el planteó se trató “de una mera discrepancia con la estrategia fijada por el director del proceso”.

Mañana se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo y habrá movilizaciones en Pedro Luro y distintas ciudades del país. En Bahía Blanca una caravana con bocinazos partirá desde la Plaza Rivadavia a las 16:30.

El fiscal Pablo Fermento pidió la detención de Juan Carlos Curzio por intimidar a una testigo. El ex corredor de speedway es uno de los cuatro imputados en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

Cristina Leiva declaró hoy y brindó detalles de varios de los integrantes de la banda parapolicial, a quienes conoció por vínculos familiares y de su militancia en el peronismo. “Ese llamado no tenía otro objetivo más que intimidar y condicionar el testimonio”, afirmó Fermento.

Sin embargo, el fiscal destacó que “no es solo para ella sino para todos los testigos convocados a este juicio”. En los últimos días ya tuvieron que desistir de varios a causa del temor.

“Hay mucho miedo en torno a este juicio. Es muy difícil llegar a los testigos y que presten su declaración. Es muy importante que los jueces piensen y decidan en función del mensaje que queremos darle a los testigos que tienen que venir”.

La abogada de H.I.J.O.S., Mónica Fernández Avello, adhirió y dijo que “Leiva acaba de decir que actuaban libremente dentro de un partido político hasta que fueron apresados o la asociación a la que represento los tuvo que denunciar en esta querella. Me parece pertinente porque siguen amenazando sin la palabra explícita, llamándolos por teléfono”.

Además de Leiva, hoy declararon José Lualdi y Alberto Brandán. Las audiencias continuarán este jueves desde las 9 con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS.

“A veces no es necesario hablar”

Leiva ratificó esta mañana lo dicho por Juan Larrea respecto al inesperado llamado del criminal. “Primero me llama mi socia diciéndome que había llamado un tal Juan Carlos que decía que había estado en la cantina pero no había dado el apellido. A los 15 o 20 minutos recibo el llamado de Curzio”.

“Años que no lo veía ni sabía de su vida porque no tenemos trato de amistad. Me dice que es Juan Carlos, que si me acordaba que estuvo en las cantinas. Tanto insistió que se me prendió la luz y le hice una pregunta: ¿vos no estuviste en gayola? Se ríe y me dice que sí. ¿A dónde estás? Estoy en mi casa”, contó.

Respecto a vinculación con la Triple A, el represor agregó: “‘No, no, me involucraron por una cuestión de dinero, no tengo nada que ver’. Ahora comienzan los juicios -le digo- la verdad si hubiera sabido que estabas involucrado no hubieras pisado nunca la puerta de mi casa”.

“No veo el motivo del llamado, no sé si sabría que tenía que declarar o no, si llamó pretendiendo una intimidación o advirtiéndome. No me dijo nada pero a veces no es necesario hablar”, afirmó la testigo.

Los únicos contactos previos que había tenido con Curzio fueron fortuitos. Un día se acercó a su casa para saludar a un campeón de speedway que se alojaba allí. En otras dos o tres ocasiones apareció “para saludar” en una cantina que Leiva administraba. “Yo ignoraba la asociación que tenía con esta gente que manejaba este grupo de asesinos”.

La Fiscalía federal informó este miércoles sobre el desarrollo de las medidas tomadas en el marco de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.

Entre ellas, la PROCUVIN sugirió producir un estudio integral de orden técnico que concentre toda la información obtenida hasta el momento y aquella que reste requerirse, con miras a determinar el recorrido que habría efectuado Facundo desde las primeras horas de la mañana del 30 de abril pasado, como también con qué personas se habría cruzado y/o entablado diálogo, por distintas circunstancias, en el trayecto.

La procuraduría especializada estimó que debería disponerse de la intervención de un gabinete especializado de la fuerza u organismo que se considerase pertinente para llevar adelante el análisis indicado, y someter a su estudio tanto los datos físicos (informes, legajos, listados, documentación en general) agregados a la causa, como la información o datos del tipo tecnológicos que han sido relevados.

Se refiere a los dispositivos móviles, su análisis y el de llamadas de telefonía y mensajería con activación de celdas, georreferenciación, direcciones de correo electrónico, datos de redes sociales, datos de telefonía celular, geolocalizadores de móviles (AVL), modulaciones, lectoras de patentes vehiculares, cámaras.

El fiscal Santiago Martínez dispuso que fuera la División de Tecnologías Aplicadas de la PFA la encargada de llevar adelante el estudio mencionado.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

Por otra parte se siguen recibiendo declaraciones testimoniales mediante la plataforma de comunicación online Zoom, tanto las ordenadas por el Ministerio Público Fiscal como otras requeridas por la querella particular, a las cuales se hizo lugar. En el mismo sentido se continuará en los próximos días con la celebración de audiencias ya fijadas.

Rastrillajes

Aunque con resultados negativos, desde el pasado sábado 25 hasta el lunes 27 de julio se llevaron a cabo distintos rastrillajes con efectivos de la Policía Federal (PFA), la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, a los cuales se sumaron personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ayer se efectuaron tareas de reconocimiento del terreno en un tramo de la Estación Ferrocarril Aguará en General Cerri. Entretanto, continúan las labores de investigación tendientes a corroborar diversos datos vinculados con el paradero de Facundo, a cargo de personal especializado de la PFA y demás fuerzas federales.

Se requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe las modulaciones de radios de los patrulleros de Teniente Origone, de la Comisaría de Mayor Buratovich y de la Patrulla Rural de Villarino.

Peritaje

Tras recibirse los libros secuestrados del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, se requirió al Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA que practicara un amplio peritaje caligráfico sobre el libro con la inscripción “actas” –utilizado como libro de guardias- a los efectos de determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril de 2020 existen enmiendas, raspaduras, borrones o faltantes de hojas, que permitan suponer que existió una adulteración de su contenido.

Otras medidas

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco) aportó información solicitada y se le requirió que indicara en qué antenas registraron impactos líneas objeto de investigación.

La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) remitió las respuestas a los pedidos formulados.

La delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina remitió el informe UFED (dispositivo forense de extracción de datos) confeccionado respecto al teléfono celular Samsung A6 secuestrado en el marco de la causa, en actuaciones relacionadas con tareas de campo realizadas.

En tanto, la fiscalía requirió a la Dirección Provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 que precise algunos datos en cuanto a la información aportada.

La División Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina puso en conocimiento que, a fin de dar cumplimiento a lo requerido, solicitó información a distintas compañías de comunicaciones. A esa División se le remitieron los informes recibidos del Ministerio de Seguridad, a fin de que los incorporaran al análisis encomendado.

Se requirió al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que, con carácter de urgente, informara las modulaciones de radios de los patrulleros de la localidad de Teniente Origone; de la Comisaría de Mayor Buratovich; y de la Patrulla Rural de Villarino del 30 de abril pasado.

Se solicitó además que indicara los motivos por los cuales ciertos móviles no contaban con Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). También se pidió a esa cartera que aportara los datos del personal policial de servicio el 30 de abril en la ciudad de Mayor Buratovich, con indicación de aquellos que hubieran prestado funciones ese día y no se encontraran asentados en el libro secuestrado, como también que se individualizara la cuadrilla a la que fue asignado cada uno de ellos en la fecha en cuestión.

Fuente: fiscales.gob.ar

Daniel Alberto Juliá relató al Tribunal Oral bahiense que los integrantes de la Triple A, luego de cometer sus crímenes, concurrían al boliche Rancho X del Barrio Palihue a tomar una bebidas “cortesía de la casa”.

Trabajó como barman desde 1972 hasta horas antes del golpe de Estado de 1976, cuando fue convocado al servicio militar. “Los atendía casi todas las noches en la confitería. Dejaban las armas en un costado de los sillones, venían con ametralladoras, itakas, 16 recortadas. Argibay, Aceituno, De Rosa, eran varios, se iban turnando”.

El propio Rodolfo Ponce, diputado nacional y secretario general de la CGT, solía sentarse con la banda: “Era como que fueran empleados de él”.

Juliá declaró que mientras hacía su tarea los escuchaba jactarse de que “habían matado a cuatro, a seis”. “Pertenecían a la Triple A, lo decían ellos. Decían que se les había encomendado este trabajo desde el gobierno de turno”.

Reportaban directamente a Ponce. Usaban torinos blancos y estaban todos los días en la CGT de Mitre y Rodríguez, “eran como los dueños ya, entraban y salían incluso con las armas en la mano”.

El Servicio de Inteligencia de la Marina les decía si podían o no realizar determinada actividad. “Podían andar tranquilamente porque me decían que la policía no les podía hacer nada”.

El testigo recordó que el grupo solía acompañarse de gente “que pertenecía a esa ideología”. Uno de ellos era el comisario de la Bonaerense Palmieri.

El propietario de Rancho X, Fernández Amigo, los conocía: “Por eso les daba bebidas, no quería tener contactos con esta gente”. Les había pedido que los fines de semana no vayan porque “había mucha concurrencia al boliche”.

Juliá militaba en la Juventud Peronista y simpatizaba con Montoneros. “No sé cómo pero de alguna manera se enteraron y me empezaron a seguir”. Sospecha que la información les llegó por el kioskero de la esquina de su casa a quien le compraba la revista “Causa peronista”. “Yo no sabía que él era militante de la derecha peronista, se llamaba Castellanos”.

“Me salvó un poco mi patrón que les dijo a ellos, este pibe no los va a molestar, tiene sus ideas pero nada más”, dijo.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.

Mañana y pasado desde las 9 continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Triple A. Las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur y por juiciobahiablanca.wordpress.com

Esta semana fueron convocados testigos del homicidio de David “Watu” Cilleruelo, caso que comenzó a analizarse desde el inicio de las testimoniales.

También se abordará el crimen de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 29 de junio de 1975 fue atacado por un grupo armado mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un hospital bahiense.

El jueves y viernes pasado se escucharon siete testimonios que describieron el clima de persecución que se desató en la ciudad hacia fines del año 1974 y el accionar del grupo integrado, entre otros por los imputados.

Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.

Los organismos de Derechos Humanos nacionales manifestaron este lunes su solidaridad y acompañamiento a Cristina Castro por la lucha que lleva adelante por la aparición con vida de su hijo Facundo.

Reclamaron “que no haya impunidad y que tanto las autoridades políticas como el Poder Judicial, adopten todas las medidas imprescindibles que lleven al efectivo esclarecimiento de este gravísimo hecho”.

“Hacemos nuestro el pedido de apartamiento del Fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado por los abogados de la familia por entender que es responsable de maniobras para entorpecer la investigación y encubrir a los responsables”, afirmaron luego del encuentro virtual.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

Los organismos recordaron que ya “impugnado en más de una oportunidad a Santiago Ulpiano Martínez por entorpecer el avance de las causas de lesa humanidad con el objeto de lograr la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. Por lo que, de acuerdo a lo planteado por los abogados de la familia y a los antecedentes del fiscal cabría, cuanto menos, disponer su inmediato apartamiento de esta causa”.

“Reiteramos que es indispensable el compromiso de todas las instancias del Estado para que efectivamente se avance en el caso y se logre el esclarecimiento de qué fue lo que pasó con Facundo así como la identificación, enjuiciamiento y castigo a los responsables de su desaparición forzada”.

Participaron del encuentro representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

El fiscal Santiago Ulpiano Martínez rechazó la recusación planteada en su contra por parte de la mamá de Facundo Castro Astudillo. En un comunicado oficial, la Fiscalía afirmó que “la petición carece de fundamentos que permitan encuadrar el caso en alguno de los supuestos que la habilitan”.

Cristina Castro sostuvo que “el principal desaparecedor de personas es el Estado” no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también “a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».

El planteo se analizó el viernes en una audiencaia virtual y ahora deberá definir la situación la jueza Gabriela Marrón.

El fiscal destacó “el deber impuesto al Ministerio Publico Fiscal de abordar con la misma firmeza y objetividad, tanto aquellas medidas tendientes a la investigación del hecho delictivo como las que orientan de un modo u otro a la búsqueda de Facundo. Resaltó la dinámica e impulso de una vasta cantidad de requerimientos tendientes a despejar ambos extremos”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO

Por otra parte, el comunicado difundido este lunes, da cuenta de la continuidad de la toma de declaraciones y la incorporación de uno de los testimonios requeridos por la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria.

El informe detalla, además, las siguientes medidas:

Cumplimiento de las órdenes de allanamiento, secuestro y presentación

En cumplimiento de las órdenes de presentación libradas por la jueza federal Maria Gabriela Marrón, efectivos del Comando de Prevención Rural de Villarino, de la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich y del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone hicieron entrega de los Libros obrantes en esas dependencias. Asimismo, se tomaron placas fotográficas de los móviles policiales de los dos establecimientos mencionados en primer término.

Por otro lado, arrojó resultado negativo el procedimiento llevado a cabo en la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich con la intervención de los canes de Búsqueda de Restos Humanos de la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Rastros Específicos de la División Canes de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta y del asesor de canes Marcos Darío Herrero, de la especialidad de Identificación de Rastros Biológicos.

La querella particular requirió que se efectuara una búsqueda de rastros de Facundo José Astudillo Castro en los vehículos secuestrados, con la participación del señor Marcos Herrero y sus canes, la cual fue acompañada por el Ministerio Público Fiscal con la correspondiente petición a la jueza interviniente. La medida fue autorizada y se llevó a cabo el 22 de julio. Participaron en el procedimiento las mismas divisiones y el perito Herrero. Los canes oficiales no detectaron rastros relevantes, en tanto el ofrecido por la parte habría “marcado” algunos que son sujetos a análisis y confrontados con las diligencias periciales en curso. Hasta ahora no se arribó a conclusiones que permitan orientar la pesquisa.

Rastrillajes

Durante el sábado 25 se llevó a cabo un rastrillaje localizado del cual participaron efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, y personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que llevaron sus canes

Además, personal de Prefectura Naval realizó un buceo por debajo de los puentes ferroviarios, efectuando un palpado de la zona, mientras que otros miembros de la misma fuerza examinaron el canal de desagüe en Cabeza del Buey.

Por su parte, efectivos de Policía Federal acompañaron con un dron de la División Comunicaciones las tareas realizadas por la Prefectura y accedieron de esa forma a imágenes de las zonas pantanosas.

Personal del Escuadrón Aéreo hizo el soporte y en todo el recorrido de los canales tomó vistas aéreas del lugar.

Asimismo, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria estuvieron a cargo del rastrillaje sobre y debajo de las vías, de ambos lados. También contactaron a personas residentes en la zona a fin de verificar si vieron a Facundo, con resultados negativos.

Al regresar por las vías, utilizando como medio de transporte un móvil de Ferroexpreso Pampeano, se detectó que el agua cuyo caudal en la mañana era abundante había reducido y los canales se encontraban lodosos pero con mayor visibilidad. Por tal motivo, se dispuso que los equipos de drones hicieran un nuevo barrido; no surgió información de interés.

La medida continuó durante el domingo y se programó para que continúe en la jornada en curso.

Otras medidas probatorias

  • El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aportó el informe requerido sobre Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). Aclaró que existían patrulleros identificables municipales con dispositivos AVL, que eran monitoreados desde otro usuario al que no poseían acceso y que esos móviles no figuraban en el listado de la Flota Automotriz Ministerial. Ese organismo aportó la información obrante en sus registros sobre el móvil o los móviles policiales que fueran asignados al puesto policial de Teniente Origone, el personal policial que se encontraba prestando servicio, los equipos trunking que fueran asignados a ese personal, su geo posicionamiento y los registros de modulaciones de radios del 30 de abril, entre las 13.00 y las 17.00 horas.
  • La misma información y los informes de AVL completo de distintos móviles se solicitaron a la Comisaría de Mayor Buratovich.
  • En tanto, la Anses aportó información relacionada con la prestación de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la que es titular Facundo José Astudillo Castro. A raíz de los datos aportados, se requirió al Banco de la Nación Argentina que informara los datos correspondientes a la cuenta bancaria generada a nombre de Facundo José Astudillo Castro, a través de la cual cobraría el beneficio, como también si ese beneficio fue cobrado en los últimos cinco meses. Como respuesta a lo solicitado, se aportaron los datos de la cuenta mencionada y se informó que los importes acreditados en la misma no fueron cobrados.
  • El Honorable Concejo Deliberante de Villarino comunicó que ponía a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio de Justicia de la Nación una suma dineraria para ser destinada a una recompensa pública, con los respectivos protocolos, para otorgarla a quien brinde información que permita dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro.
  • En virtud de la información requerida por la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, en relación a la Solicitud de Medida Cautelar MC-691-20-Astudillo Castro, Facundo José- del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se libró un oficio dirigido a ese organismo en el cual se aportan las correspondientes observaciones.
  • Por su parte, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) propuso una serie de medidas a fin de avanzar con la investigación.
  • En consonancia con lo propuesto, a fin de actualizar los datos y ante la posibilidad de existir novedades, se requirió a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal que constatara con los servicios de emergencia, hospitales y morgues del país si existen registros del ingreso de una persona que responda a las características de Facundo.
  • También se le solicitó a la misma División la realización de diligencias tendientes a dar con el paradero de una persona que habría trabajado con Facundo.
  • Además, se requirió a la División Operaciones Tecnológicas Especiales que procediera a la extracción de la información de los tres handys que fueron secuestrados en el marco del allanamiento realizado el pasado 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.
  • En virtud del análisis integral de información probatoria producida por la PROCUVIN en el marco de la investigación con específica referencia al Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales RO 23.360 y 22.788, como así también de los otros doce móviles policiales que se informó circularon por la traza de la Ruta Nacional 3 en la jornada del 30 de abril, se solicitó a esa División Operaciones Tecnológicas Especiales la determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los catorce móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés. Se solicitó también que proporcionara la misma localización en relación a los informes remitidos con anterioridad, correspondientes al teléfono de Facundo. Se determinó dónde fueron los impactos registrados el 30 de abril de este año, y su georreferencia. En un mapa se marcaron los impactos de las líneas telefónicas consignadas en el informe antes mencionado, entre las 15.00 y las 19.00 horas del 30 de abril.
  • A la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina se le solicitó que practicara los estudios periciales para extraer la información obrante en el teléfono Samsung, de utilización diaria por parte de los efectivos que prestan funciones en el Destacamento de Teniente Origone. En relación a este mismo dispositivo móvil se solicitó información a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco).
  • Teniendo en cuenta que los informes relacionados a la línea telefónica perteneciente a Facundo habían sido remitidos junto con los recibidos de Facebook y Google a la División de Tecnologías Aplicadas de la Policía Federal Argentina, se enviaron también los obrantes en la investigación provincial.
  • En atención a que las conclusiones arribadas en el informe pericial del que se desprende que el joven que aparecía en la vista fotográfica publicada en un medio periodístico podía ser Facundo, se solicitó a la Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que informara la identidad del agente policial que también figura en esa imagen fotográfica, lo cual fue cumplido.
  • Se requirió al Municipio de Villarino que informara si existía registro de que el automóvil marca Chevrolet Corsa —en el que se habría trasladado la agente policial que mencionó haber llevado a Facundo— y distintos móviles policiales, hubieran transitado por la Ruta Nacional nº 3, entre la localidad de Pedro Luro y la Ciudad de Bahía Blanca, el 30 de abril pasado entre las 8.00 y las 16.00. El Municipio aportó la información obrante en sus registros.
  • Idéntico pedido se hizo al puesto de control fitosanitario ubicado en las cercanías de General Cerri, sobre la Ruta Nacional nº 3.
  • Se realizan peritajes sobre tres handys secuestrados en el allanamiento realizado el 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.

El Estado argentino presentó ayer su respuesta a la petición de acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas por el caso de Facundo Castro Astudillo.

El informe firmado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, sostiene que las autoridades de la Nación y de la provincia de Buenos Aires expresaron su “absoluto compromiso con la búsqueda e investigación de la desaparición de Facundo, al tiempo que han puesto a disposición de la familia todos los recursos del Estado”.

Reporta que en la investigación participan la justicia federal, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad federales.

Menciona la “actuación coordinada” de las Direcciones de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. También se requirió el asesoramiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como otras dependencias del Estado, ha estado en contacto con la madre de Facundo, Cristina Castro, y sus abogados y les ha ofrecido la asistencia del Programa Nacional de Protección a Testigos y el acompañamiento psico-social del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos ‘Dr. Fernando Ulloa'”, comunicó Pietragalla.

Por último, el comunicado oficial afirma que “la protección y apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos constituye una política de Estado en la Argentina”.