(Por Mauro Llaneza) Las empresas del polo petroquímico desistieron de las declaraciones de un grupo de pescadores artesanales a quienes habían convocado como testigos en el marco de la causa civil por contaminación en la ría que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. Durante la audiencia que encabezó ayer el juez Agustín López Cóppola solo se escuchó a un empleado del Consorcio del Puerto.

“Deberían haber declarado los pescadores que son actores de esta acción civil, es una prueba ofrecida por la parte demandada donde se los cita -se llama absolución de posiciones- para que digan si determinados puntos son verdades o mentiras”, dijo el abogado Lucas Beier en FM De la Calle.

A su lado, el pescador Miguel Ángel Córdoba afirmó que fue a responder las preguntas de las empresas “con la frente en alto, no como ellos que es una agachada, lo que hicieron es de muy cobardes, no querer escuchar la realidad o la verdad es de muy cobarde, nadie les iba a mentir”.

“El único que declaró fue un testigo ofrecido por el Consorcio del Puerto, que es (Alberto) Carnevali, que es empleado del puerto, y contestó algunas preguntas referidas al dragado” y a la posibilidad de que haya causado daños. Beier destacó que el testigo “manifestó sobre los estudios que se hicieron sobre los sedimentos, si esos estudios estaban dentro de los parámetros autorizados por el OPDS, dijo que sí, motivo por el cual el OPDS autorizó la obra del dragado”.

La contaminación del estuario es investigada en una causa penal que tramita la justicia federal y otra civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo: “¿Qué es esto? Toda la comunidad sufrió un daño, el ejemplo más tangible es la clausura del balneario Maldonado que ya no es con agua salada, alguien si se quiere ir a bañar a Cerri no puede, si quieren comer en el muelle de Cerri no pueden porque está contaminado, entonces todo eso debe resarcirse a la comunidad y tendrá que resolver el juez de qué modo”.

En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores que impulsan la demanda con el fin de lograr un “resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio”.

Contaminar o no contaminar

El abogado destacó que nadie está haciendo nada clandestinamente, tanto el vertido de tóxicos como el dragado están autorizados por la provincia, por eso la consideran responsable. “Más allá de que la provincia dice que las empresas pueden arrojar ciertos parámetros no se controla si cumplen, hay una falta de servicios de la provincia porque el CTE controla una o dos veces al mes. Con eso es imposible saber cuánto es el acumulado (…) estamos pidiendo que se analice el barro, que se analice agua y principalmente las especies vivas, ya sean moluscos o peces. Ahí vamos a saber si existe una bioacumulación de metales pesados tóxicos, por ejemplo el mercurio que es tóxico sin importar la cantidad”.

Beier explicó que “la Ley de Pesca de la provincia de Buenos Aires no habla de parámetros, dice que está prohibido. Está prohibido arrojar sustancias tóxicas que puedan generar un daño a la biología. Como este es un sector de pesca, los pescadores son actores en esta causa y la justicia les dio el lugar de actores y querellantes en la penal, ellos están ejerciendo su actividad o la ejercían al menos dentro de la misma zona donde las empresas arrojan sus sustancias tóxicas, entonces ¿qué ley tiene que regir? ¿La de Pesca que dice cero o una resolución de la Autoridad del Agua que es para mar abierto y que habla de parámetros?”.

pesca artesanal

“Si el juez resuelve que va a ser cero, va a ser una complicación para las empresas porque significa que ya no van a poder arrojar sustancias tóxicas. No va a ser ni uno, ni dos, ni tres. Va a ser cero”. Los desechos de las empresas deberían trasladarse más de cien kilómetros para alcanzar mar abierto. Nunca llegan “porque la marea corre cada seis horas, va y viene siempre, y hay estudios realizados que una parcela de agua frente al puerto con marea bajante no llega más allá de Puerto Rosales y cuando sube vuelve otra vez, nunca se va”, fundamentó.

Y el pescado sin vender

Miguel Ángel Córdoba recordó que la demanda se originó en la falta de pesca. “Por historias de pescadores más viejos decían que iban enfrente a remo y venían llenos de pescado. Empezamos a notar que empezó a caducar mucho más, mucho menos embarque porque al ser tanta gente a bordo de una lancha no alcanzaba. Dio la casualidad de que empezando a hablar, hablar, hablar, vino alguien que hizo la investigación de contaminación y es como que nos abrió los ojos y empezamos a mover un poco porque era la comida, el pan nuestro de cada día”.

“Toda mi familia son descendientes de pescadores, nosotros también, mis hermanos, mis primos, cuñados, mucha cantidad. Es una familia grande la de los pescadores. Nosotros venimos subsistiendo de changas pero hay gente que no sabe hacer otra cosa, que nació en la pesca, los llevó el padre de chico a los nueve años arriba de una lancha y hoy por hoy no tiene nada, el muelle hoy está tapado, la dársena está tapada de barro, las cuatro lanchas que hay están en seco, tenés que esperar que crezca toda la marea para poder sacarla (…) hay tres embarcaciones pescando afuera, son tres, 21 personas nomás, ¿y el resto?”. En los buenos tiempos había al menos 200 trabajadores “a pleno”.

Miguel Ángel afirmó que los frigoríficos de White “murieron todos”, como desaparecieron quienes pelaban camarones o fileteaban el pescado. “Gente que no tenía para comer y en un momento iba al muelle y sabía que se traía un pescado a la casa, todo eso no existe más”.

estuario

“Otra cosa es que ahora en White los únicos que están son los chinos y laburan con pescado de afuera porque nadie te come el de acá. Mi hermano tiene una canoa para salir a laburar con mi otro hermano y está ahí estancada en el muelle, sabemos que no lo va a comprar nadie ese pescado. Primero que no hay y el poquito que hay no te lo compra nadie, Bahía sabe que ese pescado no se puede comer. En White se está comiendo langostino del sur, de Rawson. El que come, si puede comprarlo”.

“Lo único que queremos es que vuelva el puerto como lo teníamos antes. No va a volver como estaba antes, eso está recontra claro. Pero por lo menos tratar de remediar algo de lo que hicieron, que dejen de contaminar, queremos el agua que teníamos antes, que sea limpia como antes, hay un montón de cosas, la pesca no sé si va a volver o no va a volver porque no soy dios para decir, pero sí que se termine con esto”, dijo.

La pericia

El próximo paso de la causa es la realización de una pericia sobre el estado del estuario. El juez López Cóppola descartó en su momento los reparos de la querella respecto a los intereses profesionales y económicos entre la Universidad del Sur y las empresas demandadas y ordenó que sea esa institución la que haga los análisis. El rector Ricardo Sabbatini argumentó que sus investigadores estaban ocupados en el dictado de clases y rechazó la propuesta.

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El juez atendió el pedido de los pescadores para que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA pero ante una impugnación de una firma imputada optó por recurrir a la Fundación de la Universidad del Sur. “Creo que son los mismos profesionales los de la fundación que los de la UNS así que imagino que la respuesta debería ser similar a la que dijo el rector”, opinó Beier quien estudiará la posibilidad de cuestionar la medida “porque obviamente puede ser que los profesionales que integran la fundación vean que corre peligro su trabajo si se ponen en contra o la pericia da en contra de lo que dicen las empresas”.

“Podrían llegar a tener un interés muchísimo más tangible, mucho más palpable que el de la Universidad de Buenos Aires que no hace ningún estudio para las empresas de acá, la Universidad del Sur tiene cantidad de estudios, y es más, hay contratos vigentes entre el Conicet y la universidad con el CTE, millonarios, por año”.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, apartó a Fernando Díaz como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), cargo que ocupaba desde diciembre de 2015. Lo reemplazará Juan Baric, actual subsecretario de política penitenciaria. La gobernadora María Eugenia Vidal dará una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, para brindar precisiones sobre el tema.

La Comisión por la Memoria (CPM) saludó la decisión y aseguró que “es una buena noticia que debe venir acompañada de cambios estructurales para transformar la grave crisis que enfrenta el sistema de encierro bonaerense”.

El miércoles de la semana pasada la CPM se reunió con la gobernadora María Eugenia Vidal para entregarle su décimo informe anual El sistema de la crueldad, sobre políticas de encierro y seguridad en la provincia de Buenos Aires. En la agenda de temas conversados en esa reunión se reiteró el pedido de renuncia de Fernando Díaz como jefe del SPB.

Esa no fue, sin embargo, la primera vez. Al ser designado en diciembre de 2015, la CPM manifestó públicamente su preocupación por los antecedentes que Díaz había tenido en su paso previo por el mismo cargo entre los años 2005 y 2009. Entre sus responsabilidades figura la de haber estado al frente de la institución cuando ocurrió la masacre de Magdalena en la que fueron asesinados 33 presos.

Posteriormente, la CPM insistió con la impugnación de Díaz en una reunión mantenida con la Gobernadora en el mes de febrero y en una posterior con el ministro de Justicia.

En las últimas semanas, la figura de Díaz volvió a ser cuestionada por una causa por corrupción en Salta. Él, junto a otros 37 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, está acusado de administración fraudulenta en un sistema de compra de viandas para el Complejo Penitenciario Federal de Salta entre 2012 y 2015, cuando se desempeñaba como auditor general del Servicio Penitenciario Federal. El organismo, además de la renuncia del jefe penitenciario, solicitó al Ministro una auditoría externa para evaluar la compra de alimentos durante la gestión del cuestionado funcionario.

Por todo esto, la CPM señaló como positiva la decisión tomada por el ministro Ferrari de desplazar al funcionario y designar un auditor externo. Al mismo tiempo, en el organismo esperan que esta decisión sea el inicio de una política que modifique estructuralmente el sistema de encierro, a fin de revertir las graves violaciones de derechos humanos que padecen las personas privadas de su libertad.

Hay 1057 detenidos, de los cuales casi la mitad está en la cárcel. Mientras se tramitan 15 juicios en todo el país, hay 118 causas elevadas a debate oral. El relevamiento fue realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Casi 800 personas han sido sentenciadas en causas por crímenes de lesa humanidad desde 2006, cuando comenzaron los primeros juicios orales y públicos tras la reapertura de los procesos. En rigor, suman 723 los condenados y 76 los absueltos después del dictado de 167 sentencias en todo el país, según el último relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El organismo del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal general Jorge Auat y coordinado por Carolina Varsky publicó la actualización de esas cifras al 30 de septiembre de este año, en cuadros que pueden consultarse en la sección Estadísticas del sitio de la Procuración.

Los números indican que 2541 personas fueron imputadas desde la reapertura de los procesos a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio de 2005.

Entre los detenidos, suman 527 alojados en cárceles y 494 quienes permanecen en arresto domiciliario.

Ese número de 2541 imputados está compuesto por los 799 sentenciados (723 condenados y 76 absueltos), 817 procesados, 157 con falta de mérito, 44 con sobreseimiento, 278 solamente imputados, 31 indagados sobre quienes aún no se ha resuelto su situación procesal, 5 declarados incapaces de seguir adelante en el proceso, 365 fallecidos y 45 prófugos. Ésta última categoría suma 46, pero en este desagregado no se cuenta al ex mililitar Jorge Olivera, quien se profugó tras haber sido condenado.

En ese sentido, otra perspectiva de análisis sobre los imputados la ofrece un recorte según su condición: de los 2541 imputados, hay 1057 detenidos (42 por ciento); 1003 en libertad (39 por ciento); 435 fallecidos (17 por ciento), número que incluye a los condenados que han fallecido; y los 46 prófugos.

De los 1057 detenidos, 527 están alojados en establecimientos penitenciarios, 494 cumplen arresto domiciliario, 16 permanecen en dependencias de fuerzas de seguridad federales, provinciales, hospitales y/o detenidos en el exterior, mientras se carece de datos respecto de otros 20.

En este contexto, se registran 561 causas activas en todo el país por crímenes de lesa humanidad, de la cuales 261 (46 por ciento) están en la fase de instrucción, 167 (30 por ciento) tienen sentencia, 118 fueron elevadas a juicio oral (21 por ciento) y 15 (3 por ciento) se encuentran en debate actualmente.

A través de la Resolución 2095/2016, el Ministerio de Salud bonaerense derogó la vieja Resolución 3146/2012 que incorporaba obstáculos al acceso al aborto legal y adecuó los lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de todas las mujeres, niñas y personas trans bajo las causales que el marco normativo habilita; esto es, cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.

De esta manera, la Provincia de Buenos Aires se sumó a las 8 jurisdicciones –Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego– que ya cuentan con protocolos de atención respetuosos de la ley y los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. de 2012.

Asimismo, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia, a través de la Comunicación 7°, establece que todos los efectores de salud, (incluyendo el personal administrativo y de seguridad) son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a la ILE. Además indica que las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible; en un espacio de confidencialidad y privacidad.

Las mujeres y niñas que desean acceder a la práctica, deben contar con información clara, completa, oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible; en un espacio de confidencialidad y privacidad.

La Comunicación también incorpora avances respecto del grupo de jóvenes y niñas, conforme los nuevos preceptos establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, reconociéndolos como sujetos de derecho con capacidad para tomar las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva de manera informada.

“La iniciativa de la Provincia es un paso adelante en el ejercicio de los derechos sexual y reproductivos de las mujeres y niñas. Es imprescindible que los servicios y efectores de salud renueven su compromiso con la vida y la salud de las mujeres. La prevención de abortos inseguros y la consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de estado respetuosa de los derechos humanos”, indicó Mariela Belski, Directora de Amnistía Internacional Argentina.

El Protocolo sancionado en 2015 por Nación establece su “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” e indica que debe ser puesto en práctica “por todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales. Por ende, todas las jurisdicciones del país deben aplicarlo, adhieran o no a éste. Sin perjuicio de ello, la iniciativa de la Provincia brinda un reaseguro para mujeres, niñas y personas trans que continúan viendo vulnerado su derecho a acceder a un aborto.

Foto: La retina del sabio.

El miércoles las mujeres de todo el país cesarán sus actividades de trabajo y se movilizarán para decir ‘Basa de violencia machista’. En nuestra ciudad la convocatoria se replicará con un paro entre las 13 y 14 y una marcha a las 17:30 que partirá desde Plaza Rivadavia.

Luego de la serie de femicidios ocurridos los últimos días en nuestro país, mujeres de diversos sectores se reunieron en la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en Buenos Aires, para exigir el fin de los asesinatos hacia las mujeres y de la violencia machista. Se resolvió un Paro Nacional de Mujeres; Buenos Aires, Salta, Córdoba, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chubut son algunas de las ciudades que se suman a la convocatoria.

El hartazgo, el repudio y la bronca culminó con la organización que también busca poner de manifiesto la reducción del tiempo en que asesinan a mujeres en Argentina: cada 28 horas. Algunas organizaciones como MuMaLa -Mujeres de la Matria Latinoamericana- aseguran que el número se ha achicado aún más, cada 26 horas, si se toma en cuenta el relevamiento que realizaron a través del análisis de medios digitales gráficos, donde se registraron desde el 1 de enero de 2016 al 17 de octubre, un total de 226 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios.

“Si mi vida no importa, produzcan sin mi”, es una de las consignas que toma cuerpo este 19 de octubre, mes en el cual las mujeres dicen BASTA y piden al Estado una respuesta por todas las mujeres víctimas de violencia machista; las de ayer y las de hoy.

8 de octubre:

Lucía Pérez, 16 años. Mar del Plata

Viviana Rodríguez desaparecida desde el 26 de septiembre fue encontrada muerta en Entre Ríos.

9 de octubre:

Beatriz Valencia Parra, 22 años, madre de 3 hijxs. Villa Recondo, Partido de La Matanza.

11 de octubre:

Beatriz Cañumán, 51 años.

12 de octubre:

Natalia Padilla, 41 años, madre de 5 hijxs. Barrio Artigas, Córdoba.

13 de octubre:

Marcela Crelz, 54 años. Isidro Casanova, Buenos Aires

14 de octubre:

Samantha Yorg, 22 años. General Cabrera, Córdoba.

María Elisa Acuña, 63 años. Los Hornos, La Plata.

15 de octubre:

Marilyn Méndez, 28 años, embarazada de tres meses. La Banda, Santiago del Estero.

16 de octubre:

Alejandra Noemí Duarte, 49 años, quemada por su esposo días anteriores.

Vanesa Débora Moreno, 38 años. Lanús, Buenos Aires.

(Por ¿Quién te juna?) Se registran, además, aproximadamente 300 casos de gatillo fácil por año. Según el informe lanzado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en noviembre del año pasado, sobre 4.970 casos totales de asesinato por represión policial, 3.070 ocurrieron en los últimos 12 años. En el 2016, la lista aumenta nuevamente.

María del Carmen Verdú ayudó a fundar la CORREPI “contra las diferentes formas de represión del aparato estatal”, a fines de los ’80. Un organismo antirrepresivo compuesto por militantes, familiares de víctimas de hechos de gatillo fácil y jóvenes que se suman “por una necesidad de enfrentar lo que cotidianamente se padece en los barrios”.

La CORREPI realiza un informe anual –el próximo 2 de diciembre publicarán el número 20– de la Situación Represiva en Argentina. Esto es posible gracias a la colaboración de compañerxs en distintas provincias, “que se toman el trabajo de hacer el relevamiento de los casos locales y mandarnos la información, utilizamos todas las fuentes disponibles”, explica Verdú.

Además, afirma que “ninguna fuente nos parece poco útil, por el contrario, lo que sí hacemos, es un trabajo de chequeo, que se refleja en el hecho de que, en estos ya más de 20 años, ningún gobierno –y vaya que lo intentaron– pudo decir ‘este caso lo inventaron’, ‘no existe’, ‘es trucho’, imagináte que si hubieran podido, todos lo hubieran hecho”.

La referente de la Coordinadora opina que hay “una relación intrínseca entre cualquier reforma legislativa represiva (leyes antiterroristas, protocolo antipiquete, etc.) y el incremento de los fusilamientos de gatillo fácil”, y que estas legislaciones “a lo que apuntan es al disciplinamiento de la clase trabajadora organizada”.

En relación al gatillo fácil, ha tenido un incremento brutal en el curso de este año, como lamentablemente va a mostrar el informe anual.


Todos los años realizan la presentación en Plaza de Mayo. Es un acto donde, además de hacer un repaso de la situación represiva en todo el país, tratan de reflejar las principales luchas, y de hacer los necesarios homenajes: “como vamos a hacer este año con la persona de ‘Cachito’ Fukman, el compañero [fundador] de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que perdimos en julio”, concluyó la entrevistada.

“[Los policías] querían esconder las pruebas, entonces yo agarré el proyectil que le dio a mi hijo”

Quizás el caso que más resonó en nuestra ciudad, el más emblemático (lamentablemente), sea el de Giuliano Gallo. ‘Yuli’ era un chico de la casa, de 14 años, estudiaba en la Técnica 4 –donde hacía doble escolaridad–, cuidaba a sus hermanos cuando la madre, Sonia Acuña, se iba a trabajar. “Era mi compañero, porque cuando yo estaba embarazada el hacía todo lo que era de la casa”, recuerda su mamá.

El 1 de febrero del 2008, Giuliano estaba en un cumpleaños en el barrio Cooperación. Cerca de las 21.30 fueron al barrio Mi Casita, a buscar un CD de música a la casa de los chicos que hacían ruidos molestos desde temprano. “Llegaron en un mal momento. Ya había policías. Ellos entraron, y bueno… Mi hijo en ese momento se quiso escapar por la parte de atrás, a donde le dieron un tiro”, repasa la madre de la víctima.

La versión oficial dice que “se produjeron hechos entre particulares y policías que motivaron que un policía efectuara disparos”. Cuando consultamos a Sonia, afirmó que si bien tiraban piedras desde adentro de la casa, fue “para defenderse de los tiros que ellos [los policías] tiraban”.

“Llegué tipo 1.30, 2 de la mañana; recién a esa hora me avisaron a mí. Cuando yo entré, los policías ya estaban en la casa.  Ellos querían esconder las pruebas, entonces yo agarré el proyectil que le dio a mi hijo”.

– ¿Supiste algo más de Guidobono luego de que fuera exonerado?

– No supe más nada. Una vez me crucé con Zorzano y le pregunté sobre el caso, ahí me enteré que ese señor estaba muy enfermo. Yo siempre dije: No tuve la justicia del hombre, pero tuve la justicia divina. Yo esperaba una justicia divina, ya que no había justicia del hombre acá… es lo que Dios me hizo ver.

La mamá de Giuliano consideró que algunos medios trataron bien la noticia, a su familia y el caso de su hijo, pero que otros no. Incluso llegó a sufrir maltratos por parte de un periodista:

¿Qué opinión te merecen hoy las fuerzas policiales? ¿Vos crees que están en la calle para defendernos realmente? ¿Te dan seguridad?

– Y la verdad que no. Yo pienso así, y no por lo que me pasó. No hay seguridad para nada. Cada vez más robos. Cada vez… muchas cosas de los chicos. Cada vez más droga. Vos ves madres que encuentran a policías que están involucrados en la droga. Muchas cosas que creo que, por más policías que pongan, no hay seguridad para nada. Ni para nadie tampoco.

La entrevista completa la podes escuchar acá: http://ar.ivoox.com/es/13342782

“Nunca ha sido fácil avanzar en Bahía Blanca en nada que tuviera que ver con esto”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani horas antes del comienzo del cuarto juicio de lesa humanidad en la ciudad. Las dificultades son mayores con la “falta de apoyo y el desmantelamiento de estructuras que venían sosteniéndolos”. “Que empiece el proceso, el más grande en la provincia de Buenos Aires, que sea aquí y que avancemos con, por ejemplo, veinte nuevas imputaciones de responsables que todavía no estaban juzgados me parece una buena noticia”, agregó.

El martes a las 15 se realizará la próxima audiencia del juicio Ejército III en Colón 80. Por la mañana podría realizarse una inspección para verificar las condiciones de detención de los imputados alojados en la cárcel de Villa Floresta. El miércoles desde las 9 se completará la lectura de la acusación.

“Tenemos una representación total de lo que dependía de la fuerza Ejército. V Cuerpo con su Agrupación Tropa, Batallón y todo lo que hacía al área aquí en la región -explicó Palazzani-. Después, Policía de la provincia de Buenos Aires, otra vez Servicio Penitenciario. También tenemos miembros o personas que actuaron en el circuito represivo de Neuquén-Rio Negro. Tenemos un amplio abanico que va a constatar o repetir y a nuevamente probar cómo funcionaban en aquel momento los grupos de tareas (…) y podremos ver la coordinación con el Área 52 de Neuquén que ya la teníamos insinuada con los guardias de La Escuelita que eran traídos de allá”.

Entre los 102 casos que se le reprochan a 35 represores se encuentra la sustracción de bebés nacidos en el campo de exterminio. Son hijos de Graciela Romero y Raúl Metz y de Graciela Izurieta y Ricardo Garralda. “Hacemos esfuerzos permanentes para poder dar con algún dato que nos permita alguna punta para lograr dar con los niños que fueron apropiados, hoy, por supuesto, adultos”, dijo el fiscal.

Además del proceso en curso, hay elevados a juicio otro tramo de Ejército y dos de Armada. La posibilidad de unificarlos fue rechazada por el tribunal oral. En base a los antecedentes de Córdoba y San Juan la expectativa está puesta en una próxima resolución de la Cámara de Casación.

En dichas jurisdicciones “empezaron los juicios con la causa que venía naturalmente, había ocurrido lo mismo que aquí, habían denegado la acumulación, y luego la Casación ordenó acumular y en medio del juicio se los volvió a indagar y se incorporaron nuevos imputados”. La megacausa bahiense podría alcanzar entre 80 y 90 acusados y unas 300 víctimas.

El fiscal destacó el incremento de las detenciones domiciliarias y comentó que la Procuraduría contra la Violencia Institucional constató que las realidades de los penales de Marcos Paz y Ezeiza “responden a un estándar posible para que estén en la cárcel, al menos obviamente los que provienen de lesa humanidad, no así los presos comunes. Los de lesa humanidad están en condiciones totalmente distintas a los demás presos, con todas las comodidades”.

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Palazzani afirmó que “siempre es poco recordar las historias de cada víctima” y que, más allá de la definición de responsabilidades penales, los juicios “tienen un alto valor pedagógico para mostrar y enseñar cómo funcionó algo que está permanentemente silenciado, sobre todo en Bahía Blanca que tenemos que lidiar justamente con ese silencio al menos del gran medio que hasta ahora ha estado en la región y que es histórico, que es La Nueva Provincia, que además ha estado indicado como responsable de haber integrado el aparato represivo”.

La empresa de Massot publicó un informe sobre “la ruta del dinero K y la grieta en la Justicia Federal” a horas del inicio del cuarto juicio con particulares ataques a fiscales y jueces que intervienen en las causas de lesa. Para Palazzani apuntan a “deslegitimar virtualmente a todos los que pretendemos encabezar la acusación y que las encabezamos con ellos, los allanamos, encontramos prueba y además fueron indagados”.

“La cosa más anecdótica que cuenta son una ficción y una falacia tal que aparecen personajes como (Mario) Fernández Moreno o (Santiago) Martínez como queriendo avanzar y nosotros queriendo entorpecer. (…) La Nueva Provincia en esa construcción aparece queriendo apoyar los juicios, la verdad que es tal la ficción y tal la fábula que lo anecdótico no merece la pena contestarse”.

La causa sobre Massot espera definiciones de la Corte Suprema referidas a una queja del fiscal de Casación Javier De Luca quien, entre otras cosas, denunció un “sobreseimiento encubierto”. Palazzani aseguró que “lo que molesta a La Nueva Provincia, directamente a Vicente Massot, es que en ese escenario que es el juicio nuevamente se va a recordar el rol que le cupo al diario”.

Del dictamen de su colega subrayó el carácter de leading case señalado: “La Nueva Provincia es incomparable en cuanto a complicidad criminal desde todo punto de vista, no solamente desde el rol que cumplió, que lo hemos explicado en la acción psicológica, sino también en el maridaje y la intimidad con la fuerza represiva, esto dicho incluso por propia boca de sus directivos, de su núcleo duro como le decimos nosotros”.

Fotos: Marina Huentenao – FM De la Calle.

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones ordenó a la jueza Mirta Filipuzzi reasumir la causa que investiga al vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, al prefecto Eduardo Horacio Gutt y al administrador del Bar Brodway, Alfredo García, por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

“Mientras no se descarte completamente la comisión del delito de trata de personas -al menos no con los fundamentos equivocados que se brindaron-, la causa debe seguir su trámite ante el fuero de excepción, el que será también el encargado -en su caso- de investigar los demás delitos conexos con aquél que puedan haberse cometido”, afirmó José Triputti con la adhesión de Pablo Candisano Mera.

La subrogante del Juzgado Federal N°1 había declinado su competencia ante el fuero provincial al esconder el delito bajo la figura de facilitación de la prostitución y, respecto a la promoción de la permanencia ilegal de una mujer paraguaya que se encontraba en uno de los locales allanados, había procesado a García y dictado falta de mérito para los otros dos.

La Fiscalía advirtió la contradicción de la jueza al sostener que “las mujeres concurrieron a los lugares allanados con total capacidad de determinación, para luego reconocer la existencia de una extrema vulnerabilidad” y entendió que “la libertad personal no se afecta solamente cuando se restringen los movimientos físicos, sino que se vulnera de una forma más sutil y peligrosa cuando se consigue restringir la autodeterminación de la persona”. Insistió con el pedido de procesamiento con prisión preventiva de los imputados por trata de personas agravado en el fuero federal “en virtud del posible delito de lavado de dinero”.

Tal como informáramos, Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para el Ministerio Público, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque”.

En su voto, Triputti opinó que “para reconocer la facilitación del lugar la jueza afirma que ‘no ha podido probarse las conductas punibles y etapas previas a la explotación que configuran la trata de personas (…) no obstante lo cual existen fuertes elementos indicadores de los delitos contra la integridad sexual de las mujeres que ejercían la prostitución en beneficio, también, de los imputados'”.

“La propia jueza señala, a modo de ejemplo, que ‘innumerables son las conversaciones telefónicas y mensajes de texto (…) que demuestran cómo Alfredo Ismael García se contacta con mujeres para proponerles trabajo o que vayan a su bar y hace de intermediario entre ‘clientes’ interesados en contratar servicios sexuales. La contradicción salta a la vista”.

El pampeano subrayó “más desaciertos y confusión” en el fallo de Filipuzzi referidos a la falta de “elementos típicos que suelen administrar los tratantes” -geles íntimos, preservativos, alcohol o droga-, del carácter “transnacional que caracteriza al delito” o “que los imputados les hayan ofrecido trabajo con promesas falsas o engaños que las obligaran a trasladarse de su lugar de origen”.

Triputti recordó que la Ley de Trata “descarta que el consentimiento exima de responsabilidad a los tratantes”, a pesar de lo cual “la magistrada afirmó que las mujeres no tenían una dependencia absoluta hacia los imputados”, que las víctimas “habían decidido individual y personalmente y con total capacidad de determinación ir a los lugares allanados”. “Pese a lo expuesto, sostuvo que se da en el caso la vulnerabilidad y la explotación sexual y su aprovechamiento por parte de los imputados”, agregó el camarista.

El fallo señala la existencia de “un mecanismo de captación de inmigrantes y un aprovechamiento laboral diagramado y habitual” para la explotación sexual, por lo cual la jueza -o el flamante titular del Juzgado Federal N°1 Walter López Da Silva-, deberán reasumir su competencia de inmediato y darle a la causa la “celeridad de que ha carecido hasta ahora”.

(FM De la Calle) El martes a las 15 comenzará el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Será el tercer tramo de la causa Ejército con 39 imputados que deberán responder por 103 víctimas. Las audiencias se realizarán en Colón 80, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9. Son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del tribunal.

Aquí ofrecemos el listado de los acusados y una breve reseña sobre sus trayectorias genocidas. De los 39 represores, dos cuentan con la suspensión del proceso por problemas de salud -Santamaría y Farías Barrera-, en tanto otros dos fueron apartados recientemente del juicio neuquino: Olea por senilidad y Gómez Arenas por Alzehimer. 15 serán juzgados por primera vez.

Seguí los detalles del debate oral por www.juiciobahiablanca.wordpress.com

1. Juan Manuel BAYÓN

BAYON

Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 15 de noviembre de 1926 en Capital Federal. LE 4.029.119 Hijo de Manuel Bayón y Rogelia María Vago, casado, de profesión militar retirado del Ejército Argentino con el grado de general de brigada. Último domicilio en Migueletes 1158 de Capital Federal.

Con el grado de coronel y tras haber sido miembro del Estado Mayor de la Junta Interamericana de Defensa, se desempeñó como jefe del Departamento III Operaciones del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército, hasta diciembre de 1976, cuando fue nombrado director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército.

Bayón fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio realizado en Bahía Blanca (2011-2012) y está imputado por los hechos padecidos por José Luís Gon, Gladis Beatriz Sepúlveda, Élida Noemí Sifuentes, Raúl Alfredo Ferreri, Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

2. Norberto Eduardo CONDAL

CONDAL

Foto: Marcelo Núñez

Nació el 15 de noviembre de 1943 en Rufino, provincia de Santa Fé. Casado, hijo Juan Condal y de Celina García; LE 6.137.775. coronel (R) del Ejército Argentino. Domicilio en Diagonal 80 N° 435 de La Plata.

Como teniente primero fue asignado al Destacamento Inteligencia 181 el 26 de diciembre de 1975. Para octubre de 1976 cumplía tareas en el Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército. El último día de ese año ascendió al grado de capitán y a principios de 1978 se reintegró al Destacamento Inteligencia 181 como jefe de la 2º Sección Ejecución hasta marzo de 1979, en que pasó a prestar servicios en la Escuela Superior de Guerra.

Condal desarrolló funciones como oficial de inteligencia, tanto en el Destacamento 181, como en Departamento II del Comando V Cuerpo de Ejército. Ambos destinos tuvieron injerencia en el manejo del CCDTyE La Escuelita.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio que se realizó en Bahía Blanca (2011-2012) y está imputado por los hechos sufridos por Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

3. Hugo Jorge DELMÉ

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Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 15 de noviembre de 1936 en La Plata, provincia de Buenos Aires. DNI 4.853.787. Hijo de Jorge Luis Delmé y de María Esther Romairone. Coronel retirado del Ejército Argentino. Su último domicilio fue Murillo 1121 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue jefe de la División Registro y Enlace del Departamento I Personal del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército y de la subzona de seguridad 51.

Su intervención implicó un despliegue de conductas efectivas en relación a las personas que permanecieron secuestradas en los diferentes centros clandestinos de detención, cuyas nóminas, registros y datos de relevancia a los fines represivos, se encargaba de registrar y archivar, al tiempo que dicha información actualizada era utilizada para direccionar los reclamos de los familiares de las víctimas a fin de neutralizar su actividad de búsqueda de quienes por entonces se encontraban desaparecidos.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

4. Jorge Horacio GRANADA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 21 de octubre de 1945 en Buenos Aires. Casado, hijo de Jorge Horacio y de Leda Beatriz Estévez. LE 4.540.769, teniente coronel (r) del Ejército Argentino.

Con el grado de teniente primero, el 14 de diciembre de 1974 comenzó a revistar en el Destacamento de Inteligencia 181, donde fue designado jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas, función que desempeñó hasta ser puesto al mando de la 1° Sección Ejecución el 1 de enero de 1976. Terminó 1976 con el grado de capitán y a principios de diciembre de 1977 pasó a prestar servicios al Destacamento de Inteligencia 201.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

5. Osvaldo Bernardino PÁEZ

Paez

Foto: Mauro Llaneza.

Nació el 15 de abril de 1931 en San Rafael, Mendoza. Hijo de Bernardino Páez y de Ramona Ureta. LE 4.813.330. Teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Último domicilio de República Siria 945 de San Rafael, Mendoza.

Jefe de División dentro del Departamento III Operaciones del Comando V Cuerpo de Ejército y de la subzona de defensa 51. Presidente del Consejo de Guerra Especial de la subzona de defensa 51.

Con el grado de teniente coronel, Páez integraba el Estado Mayor del Comando del V Cuerpo de Ejército. En ese destino, el 1 de enero de 1976 pasó a prestar servicios en el Departamento III Operaciones, como jefe de una de las Divisiones de ese Departamento. Más tarde, se le asignó un nuevo destino en el Comando de Institutos Militares, en Campo de Mayo.

Además de la participación que Páez tuvo en los hechos, en tanto oficial del Estado Mayor, presidió desde marzo de 1976 el Consejo de Guerra de la subzona de defensa 51.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Raúl Alfredo Ferreri; Gladis Beatriz Sepúlveda y Élida Noemí Sifuentes.

6. Carlos Andrés STRICKER

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Nació el 2 de octubre de 1937 en Sunchales, Santa Fe. Es hijo de Guillermo Carlos y de Irene María Cravero. Se retiró con el grado de coronel del Ejército Argentino. Su último domicilio es Freire 1573 de Buenos Aires.

Con el grado de mayor revistó como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 entre el 8 de diciembre de 1974 y el 16 de diciembre de 1976. Fue además subjefe del Área de Defensa 511. Bajo su mando, instalaciones del Batallón fueron asignadas para mantener en cautiverio a personas secuestradas, al tiempo que funcionaba, respecto de otras víctimas, como un lugar de paso hacia el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita o bien el alojamiento exclusivo de detenidas y detenidos.

Tiene dos condenas a prisión perpetua -en el segundo juicio de Ejército y en el de Armada- y está imputado por el delito de asociación ilícita.

7. Carlos Alberto TAFFAREL

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Foto: Marcelo Núñez.

Nació el 13 de mayo de 1947 en San Fernando, Buenos Aires. Casado, hijo de José David y de Marina María Briz. LE 8.260.360, coronel (r) del Ejército Argentino.

Tras egresar de la Escuela de Inteligencia como Técnico en Inteligencia, a partir del 23 de diciembre de 1975, ya con el grado de teniente primero fue destinado al Destacamento de Inteligencia 181. Allí su primera función fue como jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas.

Promovido el 31 de diciembre de 1975 al grado de capitán, tuvo también a su cargo la Sección 1º Ejecución entre el 18 de abril de 1978 y el 4 de marzo de 1979. En esta última se desempeñó con exclusividad hasta el 24 de febrero de 1980 en que se produjo su baja en la unidad.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luis Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero y por haber integrado una asociación ilícita.

8. Walter Bartolomé TEJADA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 24 de septiembre de 1929 en San Juan. Casado, hijo de Ernesto Tejada y de María Álvarez; DNI 6.737.279. Coronel (R) del Ejército Argentino. Domiciliado en Soler 154 de Bahía Blanca.

Con el grado de teniente coronel, y posteriormente como coronel –cargo al que fue ascendido el 31 de diciembre de 1977-, cumplió funciones en el Departamento II Inteligencia del Comando V Cuerpo de Ejército.

En ese departamento se desempeñó sucesivamente como auxiliar, jefe de la División Interior, hasta llegar a ser designado segundo jefe del Departamento II Inteligencia, función que cumplió hasta el 5 de febrero de 1979, oportunidad en que pasó a desempeñarse como secretario general del V Cuerpo de Ejército.

Posteriormente -el 31 de diciembre de 1980- volvió a revistar al Departamento II Inteligencia, por entonces como jefe del mismo.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de Bahía Blanca (2011-2012) y está acusado por los hechos que tuvieron como víctimas a José Luís Gon; Gladis Beatriz Sepúlveda; Élida Noemí Sifuentes; Raúl Alfredo Ferreri; Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero.

9. Héctor Luis SELAYA

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 16 de agosto de 1932 en Azul, provincia de Buenos Aires. Hijo de Casimiro y de Justiniano Castineiras, casado, de profesión abogado y oficial retirado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Domicilio en Calle 36 (entre 10 y 11) 783 de La Plata.

Fue jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Villa Floresta desde el 24 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1976. La cárcel de nuestra ciudad no sólo se había constituido en ámbito en que ocurría el “blanqueo” de víctimas cautivas en centros clandestinos de detención, sino que dentro de sus instalaciones de infligieron tormentos a las personas que permanecían privadas de su libertad.

Fue condenado a 17 años y medio de prisión en el primer juicio de la Causa V Cuerpo de Ejército y a ocho años en el marco de la causa Armada Argentina. Está imputado por los crímenes padecidos por Gladis Beatriz Sepúlveda y Élida Noemí Sifuentes.

10. Julio Guillermo GONZÁLEZ CHIPONT

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 6 de mayo de 1942 en Salta, hijo de Abraham Lorenzo González y de Julia Rosa Marta Chipont. Teniente coronel (r) del Ejército Argentino del arma de Caballería, divorciado, domiciliado en Pringles 376 de Temperley.

Con el grado de capitán, fue destinado en comisión el 3 de septiembre de 1976 al Comando V Cuerpo de Ejército, específicamente al Departamento II Inteligencia a cargo de Aldo Mario Álvarez, hasta el 28 de diciembre de 1977, fecha en que pasó a revistar en la Escuela Superior de Guerra.

Se desempeñó como segundo jefe de la Agrupación Tropa también llamada “Equipo de Combate contra la subversión”, organizada en el ámbito del Departamento III Operaciones. También fue vocal del Consejo de Guerra.

Fue condenado a prisión perpetua en el juicio por los crímenes cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina en la región. Está imputado por delitos padecidos por 65 víctimas.

11. José María MARTÍNEZ

Nació el 8 de diciembre de 1930 en Covunco Arriba, provincia de Neuquén, DNI 7.295.809, suboficial principal (R) del Ejército, casado, hijo de José Demiterio y María Virginia Sepúlveda. Domiciliado en Olavarría 446 de la localidad de Junín de los Andes.

Durante su desempeño en la Segunda Sección Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 (RIM 26), -1976 y 1977-, en dos ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército con la finalidad de cubrir las guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, cuyos turnos eran rotativos y suponían la actuación clandestina bajo la cobertura de apodo o alias conforme lo hacía el resto de los suboficiales.

Es juzgado por primera vez y se lo acusa por los hechos que tuvieron como víctimas a Daniel Osvaldo Esquivel; Héctor Osvaldo González, Alicia Mabel Partnoy, Carlos Samuel Sanabria; Néstor Alejandro Bossi y Susana Elba Traverso de Bossi; Graciela Alicia Romero, María Angélica Ferrari, Elizabeth Frers, César Antonio Giordano, Zulma Araceli Izurieta, María Elena Romero y Gustavo Marcelo Yotti y el hijo de Graciela Romero y Raúl Metz.

12. Jorge Enrique MANSUETO SWENDSEN

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Foto: Marcelo Núñez

Nació el 27 de agosto de 1931 en Buenos Aires, hijo de Enrique Martín y de Amanda María Laura Mansueto, LE 4.813.424. Coronel retirado del Ejército Argentino. Cumple condena con arresto en su departamento de Soler 111, piso 10 de Bahía Blanca.

Con el grado de teniente coronel sucedió a Argentino Cipriano Tauber en su desempeño como jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, desde el 26 de noviembre de 1976 hasta que, tras una comisión del servicio en Río Gallegos, el 26 de enero de 1979 pasó a revistar en el Comando V Cuerpo de Ejército. Además de comandar el Área 511 con efectiva participación criminal en los hechos ejecutados en el territorio y en la época de su comandancia, la unidad a cargo de Mansueto Swendsen se encontraba abocada con sus recursos personales y materiales a la ejecución del plan de represión ilegal.

El Batallón de Comunicaciones 181 era un lugar de paso hacia “La Escuelita”, en uno u otro sentido. Por ejemplo, durante su jefatura fue justamente utilizado para el ‘blanqueo’ del grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Educación Técnica n° 1 de Bahía Blanca que previamente habían sido torturados en aquel centro clandestino de detención.

Fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de la causa Ejército. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Raúl Eugenio Metz; Graciela Alicia Romero; José Luís Gon y Raúl Ferreri.

13. Andrés Reynaldo MIRAGLIA

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Foto: Marcelo Núñez

Nació el 28 de agosto de 1941 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. DNI 4.919.649. Hijo de Armando José Antonio y de Ángela Francisca Herrera, casado, de profesión oficial retirado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Tuvo su último domicilio en calle 37 888 de Mercedes.

Miraglia obtuvo el 3 de octubre de 1975 el ascenso al grado de subprefecto. El 30 de diciembre de 1976 fue ascendido a prefecto. Se desempeñó como jefe de la Unidad Carcelaria 4 de Bahía Blanca desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1 de enero de 1979.

Al igual que Selaya, Miraglia resulta -durante el tiempo que estuvo a cargo de la Jefatura-, responsable de efectivizar el rol del establecimiento a su cargo, realizando dicha intervención mediante la transmisión de órdenes ilegales provenientes de los mandos militares a cargo de la implementación del plan de exterminio.

Fue condenado a 17 años y medio de prisión en el primer tramo de la causa Ejército y ahora llega imputado por los hechos sufridos por José Luís Gon.

14. Raúl Oscar OTERO

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Nació el 27 de noviembre de 1944 en Capital Federal, hijo de José Albérico y de Angélica Esther Kaed. Teniente coronel (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en Avenida de los Incas 4054 ó Charcas 2699, ambos de Buenos Aires.

En 1974 ya se encontraba destinado al Batallón de Comunicaciones de Comando 181, en el que revistaba como jefe de la Compañía A; hasta que el 7 de junio de 1975 asumió la Jefatura de la Compañía B. En marzo de 1976 fue designado oficial de Logística, integrando la Plana Mayor del Batallón y el 27 de enero de 1977 sumó la jefatura de la Compañía Comando y Servicio.

Fue condenado a prisión perpetua en el juicio Armada y está imputado por hechos padecidos por 25 víctimas.

15. Alejandro LAWLESS

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Nació el 17 de agosto de 1947 en Capital Federal, hijo de Andrés José y de Rosa Anguiano. Teniente coronel (r) ingeniero militar del Ejército Argentino, casado. Domiciliado en avenida Ruiz Huidobro 3737 de Buenos Aires.

Desde diciembre de 1973 se encontraba destinado al Batallón de Comunicaciones de Comando 181, en el que revistaba como jefe de sección de la Compañía B. El 30 de diciembre de 1974 ascendió al grado de teniente y el 1 de enero de 1975 pasó a la Compañía Comando y Servicio como jefe de la sección Arsenales, siendo asignado el 6 de abril en “maniobras” a la provincia de Tucumán. En julio fue designado auxiliar en Operaciones de la Compañía Comunicaciones y Comando en calidad de jefe de la misma hasta que el 17 de marzo de 1976 asumió la Jefatura de la Compañía Comunicaciones y Comando.

Fue condenado a ocho años de prisión en el juicio Armada y está acusado por los crímenes cometidos contra 30 víctimas.

16. Víctor Raúl AGUIRRE

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 1 de septiembre de 1946 en Mina Pirquita, provincia de Jujuy, hijo de Carlos Raúl Marcel y Lidia Medina. Suboficial mayor (r) del Ejército Argentino, casado, domiciliado en calle Zurita 263 Barrio Almirante Brown de San Salvador de Jujuy.

Alistado en la Escuela de Inteligencia y con rango de sargento primero, el 12 de mayo de 1975, fue asignado “en comisión a la zona de operaciones del Operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes del general Adel Vilas, quien se encontraba a cargo de la V Brigada de Infantería (desde donde fue destinado al V Cuerpo de Ejército para ejercer además el cargo de comandante de la Subzona 51), pasando a continuar sus funciones el 30 de enero de 1976 al Destacamento de Inteligencia 181, en la Sección Actividades Sicológicas Secretas.

Luego quedó a cargo de dicha sección hasta el 15 de octubre de 1978 y poteriormente de la 1ra. Sección Ejecución hasta 4 de enero de 1979. Fue encargado “Accidental” del Destacamento de Inteligencia 181 y jefe de la sección Comando y Servicio hasta el 15 de abril de 1980.

Fue condenado a prisión perpetua en la causa Armada Argentina y está imputado por los hechos parecidos por 92 víctimas.

17. Osvaldo Vicente FLORIDIA

Nació el 12 de octubre de 1945 en Mendoza, hijo de Mauro y de Práxedes Cisterna, policía retirado, casado, LE 4.642.979. Último domicilio en Jamaica 420 de Viedma, provincia de Río Negro.

Revistó en la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina con el grado de cabo, desempeñándose como suboficial hasta su retiro en 1986. Integró el grupo de tareas que operaba con la finalidad de realizar la persecución, luego los secuestros, interrogatorios, tormentos y posterior traslados de las víctimas a centros clandestinos de detención.

Está acusado por los delitos sufridos por Eduardo Mario Chironi y Jorge Antonio Abel y por un allanamiento ilegal de domicilio.

18. Gabriel CAÑICUL

Nació el 26 de agosto de 1936 en Piedra Mala, Departamento Huiliche –Comunidad Mapuche- Provincia de Neuquén; hijo de Pedro y de Manuela Trafipan, casado, DNI 7.305.554. Vive en Necochea 410 de Junín de los Andes.

En 1973 era cabo primero en la Segunda Sección Baqueanos del Comando BRIM VI de Junín de los Andes. Durante 1976 y 1977, en dos ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército. Fue guardia del centro clandestino de detención La Escuelita.

Está acusado por los hechos padecidos por 43 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

19. Raúl Artemio DOMÍNGUEZ, alias Abuelo

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 26 de junio de 1940 en Medrano, provincia de Mendoza, hijo de Juan Agustín y Margarita Beata Boretin, casado, jardinero, con domicilio en Juan Manuel de Rosas 521 de Junín de los Andes, provincia de Neuquén.

Cabo en comisión de la segunda sección de Baqueanos del Comando de Brigada Infantería de Montaña VI con asiento en Junín de los Andes. El 24 de marzo de 1976 -y en varias ocasiones posteriores- junto con los restantes integrantes de la Unidad RIM 26 fue comisionado a Bahía Blanca asignado “a operaciones”. Fue guardia del centro clandestino de detención La Escuelita bajo la cobertura del alias “Abuelo”.

Fue condenado a prisión perpetua y está acusado por los hechos padecidos por 68 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

20. Desiderio Andrés GONZÁLEZ, alias Perro o Perro Vago

Nació el 4 de mayo de 1944 en Junín de los Andes, hijo de Eustaquio y de María Dominga Cabeza, casado, LE 7.570.875. Domiciliado en General Julio Argentino Roca 505, Barrio Primeros Pobladores de su ciudad natal.

Integrante de la segunda sección Baqueanos del RIM 26 en tres ocasiones fue comisionado al Comando V Cuerpo de Ejército para cubrir guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita bajo el alias “Perro”.

Está acusado por los hechos padecidos por 53 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

21. Arsenio LAVAYÉN, alias Zorzal

Nació el 15 de agosto de 1945 en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, casado, DNI 8.210.648, hijo de Tomás y de Catalina Urra. Vive en calle B. Otazua del Barrio El Chacal de la localidad de Plottier.

Sargento baqueano en la BRIM VI en comisión en varias ocasiones en el V Cuerpo de Ejército para cubrir turnos rotativos de las guardias en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita bajo la cobertura del alias “Zorzal”.

Está acusado por los hechos padecidos por 56 víctimas, entre ellas, los hijos de Graciela Romero y de María Graciela Izurieta, nacidos en el mencionado campo de exterminio.

22. Antonio Alberto CAMARELLI

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 15 de noviembre de 1942 en Viedma, hijo de Geocondo y de Graciana Cambareri, casado, policía retirado. DNI 7.397.693, con último domicilio en Gallardo 477 de Viedma.

Desde el 25 de julio de 1975 se desempeñó como comisario de la Unidad 24 de Cipolleti de la Policía provincial de Río Negro y el 1 de enero de 1976 pasó a desempeñarse como comisario principal de dicha sede, continuando en el cargo hasta el 21 de diciembre de 1976.

Fue condenado a 10 años en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 14 años por Casación, y a seis años en el tramo Escuelita IV. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

23. Luís Alberto FARÍAS BARRERA (con proceso suspendido)

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 1 de enero de 1930 en Estación Fernández, Departamento Robles de Santiago del Estero, DNI 7.152.582, hijo de Gabino Farías Barrera y de Carmen Magdanena Carol, casado, mayor del Ejército (R). Domiciliado en Los Lirios y Las Flores, Torre Mirador, Barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén.

Con rango de coronel fue jefe del Departamento I Personal (GI) del Estado Mayor del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI con asiento en Neuquén.

Fue condenado en Neuquén en 2008 a 22 años de prisión -causa Reinhold- y en mayo del 2014 a 25 años -causa Di Pasquale-. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

24. Osvaldo Antonio LAURELLA CRIPPA

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Nació el 30 de octubre de 1931 en Capital Federal, LE 4.075.820, hijo de Antonio Salvador Laurella y de Adela Luisa Crippa, casado, coronel retirado del Ejército Argentino. Vive en el noveno piso de Alsina 520 de Bahía Blanca.

El 24 de marzo de 1976 asumió como jefe de la Policía de la Provincia de Neuquén, cargo al que accedió por desempeñarse desde diciembre de 1975 y hasta noviembre de 1977 como jefe de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña –y por consiguiente en el Comando de la Subzona 52-. Tras su comisión en la policía neuquina, en diciembre de 1977, pasó al Comando V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.

Fue condenado a ocho años de prisión en el juicio Escuelita IV de Neuquén y está imputado por los crímenes cometidos contra Gladis Sepulveda, Elida Noemí Sifuentes y Raúl Alfredo Ferreri.

25. Enrique Braulio OLEA

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 18 de julio de 1930 en Las Perdices, Córdoba; LE 6.575.474, hijo de Braulio Teodoro y de Petronila García, casado, general retirado del Ejército Argentino. Domiciliado en Saraví s/N°, Barrio La Rinconada, Pilar, provincia de Buenos Aires.

Con el grado de teniente coronel fue jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 con asiento en Neuquén, resultando jefe del Área 521 desde 6 de diciembre de 1975 al 11 de noviembre de 1977, fecha en la que pasó al Comando en Jefe del Ejército.

Fue condenado a 22 años en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 25 años por Casación, y a 13 años en el juicio Plan Cóndor. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda y Elida Noemí Sifuentes, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y su hijo nacido en cautiverio y Raúl Alfredo Ferreri.

26. Oscar Lorenzo REINHOLD

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 26 de enero de 1935 en Santa Fe; LE 4.838.046, hijo de Alejandro Carlos y de Teresa Molina, casado, coronel del Ejército (R). Domiciliado en el noveno piso de Blanco Encalada 1441 de Buenos Aires.

Se desempeñó en la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña con asiento en Neuquén, Subzona 52, como auxiliar de Jefatura desde el 14 de enero de 1976 y el 24 de marzo de 1976. Fue jefe de la Policía de la Provincia del Neuquén el 14 de octubre de 1976.

Fue condenado a 21 años de prisión en el juicio Escuelita II de Neuquén, pena aumentada a 24 años por Casación, y a prisión perpetua en Escuelita IV. Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Gladis Sepúlveda, Elida Noemí Sifuentes, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y su hijo nacido en cautiverio y Raúl Alfredo Ferreri.

27. Pedro Ángel CÁCERES

Nació el 23 de octubre de 1940 en Ing. La Esperanza, departamento de San Pedro, provincia de Jujuy, hijo de Facundo y Juana Alussa. DNI 7.286.590, suboficial mayor retirado del Ejército Argentino. Vive en San Francisco 545, Barrio San Cayetano de San Pedro, Jujuy.

Miembro de Caballería trasladado en 1972 al Comando del V Cuerpo de Ejército -Hospital de Evacuaciones 181, como encargado de Compañía- hasta que el 18 de mayo de 1976 cuando pasó a integrar la Agrupación Tropas.

Está acusado por homicidios, secuestros y allanamientos ilegales de domicilios padecidos por 35 víctimas.

28. Miguel Ángel CHIESA

Nació el 6 de abril de 1953 en Elortondo, Santa Fe. DNI 10.736.124, teniente coronel retirado del Ejército con domicilio en Santa Fe 1247 de Rosario.

Subteniente del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel en comisión en el Comando del V Cuerpo de Ejército. Desde diciembre de 1976 revistó en el Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada 6.

Se le imputa haber realizado aportes escenciales en los allanamientos ilegales, los secuestros y la reclusión en el CCDyT La Escuelita y el Consejo de Guerra contra Rubén Ruiz, Pablo Bohoslavsky y Julio Ruiz.

29. Jorge Horacio ROJAS

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Foto: FM De la Calle.

Nació el 6 de septiembre de 1952, hijo de Flamario Horacio y de Delia Segura. DNI 10.525.368, militar retirado del Ejército Argentino con domicilio en el cuarto piso de Alsina 162 de Bahía Blanca.

Subteniente del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército. Fue jefe de una sección dentro de la Agrupación Tropas. Revistó luego en la Escuela de Oficiales Sargento Cabral. Participó también del Operativo Independencia en Tucumán.

Se le imputa su participación en el allanamiento ilegal de los domicilios de Julio Ruiz y de Pablo Victorio Bohoslavsky, haberlos torturado y secuestrado a ambos –junto a Rubén Alberto Ruiz- y luego trasladar a las tres víctimas al centro clandestino de detención La Escuelita y haber contribuido a la acción sicológica intentada mediante la realización del Consejo Especial de Guerra al que fueron sometidos los militantes.

30. Carlos Alberto FERREYRA

Nació el 22 de diciembre de 1952 en Buenos Aires, hijo de Jorge Domingo y de María Raquel Rolón Ezcurra. Titular del DNI 10.620.093, casado, capitán del Ejército Argentino retirado. Domiciliado en calle 33 Orientales 1106 de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El 3 de enero de 1977 llegó en comisión al Comando V Cuerpo de Ejército con el grado de subteniente de caballería, procedente del Destacamento de Exploración Caballería de Montaña 181 con asiento en Esquel.

Está imputado por los hechos padecidos por 21 víctimas.

31. Miguel Ángel NILOS

Nació el 14 de mayo de 1953 en Itacaruaré, provincia de Misiones, hijo de Edmundo y de María Ana Loreiro. DNI 10.665.524, militar retirado del Ejército Argentino. Su último domicilio es Barrio Cooperación II Manzana 14 casa 1 de Bahía Blanca.

Revistando en el Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel, el 29 de marzo de 1975 pasó en comisión al Comando V Cuerpo de Ejército -integró la Agrupación Tropas-, hasta el 30 de noviembre de 1983 cuando fue destinado a la Escuela de Exploración de Caballería de Posadas.

Está acusado por los hechos sufridos por Pablo Victorio Bohoslavsky, Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz.

32. Gustavo Abel BOCCALARI

Nació el 29 de enero de 1949 en Salliqueló, provincia de Buenos Aires. Hijo de Abel Darío y de Otilia Springer. DNI 7.650.005, casado, comisario inspector retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Vive en Sargento Cabral 280, las Malvinas, partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

Oficial subinspector segundo a cargo de la Sección Cuatrerismo bahiense de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado por los hechos relacionados a Julio Mussi.

33. Enrique José DEL PINO, alias “Miguel”, “Miguelito” o “Colombres”

Nació el 16 de septiembre de 1945 en San Miguel del Valle de Catamarca. Hijo de Julio Enrique y Celia Catalina Etchegaray. DNI 7.762.418, teniente coronel retirado del Ejército Argentino. Último domicilio en Kenneth Flood 966 de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

Miembro del Batallón de Inteligencia 601, fue enviado al Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán para formar parte del grupo de “los encapuchados” en el marco del Operativo Independencia al mando de Adel Vilas. Por su esmero en “la lucha antisubversiva” Vilas lo requirió como jefe de su custodia en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército entre el 11 de febrero y el 18 de agosto de 1976. Participó en operativos de los grupos de tareas locales.

Fue condenado a prisión perpetua por comandar uno de los grupos de tareas del circuito Atlético-Banco-Olimpo (Causas 1668 “MIARA…” y 1673 “TEPEDINO…”). Fue requerido por la justicia francesa por la desaparición de Maurice Jeguer. Está acusado por crímenes cometidos contra 32 víctimas.

34. Alberto Magno NIEVA

Nació el 15 de noviembre de 1947 en Andalgalá, Catamarca. DNI 8.043.600, suboficial mayor retirado del Ejército Argentino. Domicilio en calle Marambio Sector 2 Manzana 3, casa 171 del Barrio Los Andes, Chimbas, San Juan.

Integró la Compañía Comando y Servicios del Comando del V Cuerpo de Ejército entre el 3 de enero de 1974 y el 17 de julio de 1978 cuando pasó al Equipo de Combate o Agrupación Tropas. Dicha pertenencia pudo haber sido anterior, en algunos casos de probada participación la misma no se reflejó en los legajos. El 30 de enero de 1980 fue destinado a la Compañía Comando del RIM 22 de Marquesado.

Está acusado por los hechos de los que fueron víctimas Luis Alberto Sotuyo; Dora Rita Mercero; Roberto Adolfo Lorenzo.

35. Pedro José NOEL

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Nació el 21 de noviembre de 1944 en Tres Arroyos, Buenos Aires. Hijo de Francisco y de Rosa Menna, casado, DNI 4.640.564, comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Domiciliado en Fortaleza Protectora Argentina 329 de Gral. Cerri.

Como miembro del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, delegación Bahía Blanca, integró el Grupo de Tareas a cargo de la ejecución del plan criminal desde esa repartición.

Está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel José Bombara.

36. Jesús SALINAS

Nació el 9 de enero de 1936 en Quehué, La Pampa, hijo de Juan Agustín y de Margarita Beata Boretin, casado, DNI 5.465.187. Domiciliado en Guillermo Torres 3111 de Ingeniero White.

Integró el Grupo de Tareas de la Unidad Regional V de la Policía Bonaerense local. Está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel José Bombara.

37. Osvaldo Lucio SIERRA

Nació el 22 de abril de 1935 en Metán, Salta, DNI 7.237.668, hijo de Osvaldo Lucio y de Nélida Paulina Redondo, estado civil casado, ocupación coronel militar retirado. Domicilio en calle Teodoro García 2224 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como mayor de caballería, el 6 de diciembre de 1975 pasó a continuar sus servicios al Destacamento de Inteligencia 181 y el 30 de enero de 1976 al Departamento II de Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército. Participó en el Operativo Independencia a las órdenes del general Vilas. Tras su paso por Bahía Blanca fue segundo jefe de contrainteligencia en el Batallón 601.

Está imputado por los crímenes cometidos contra 45 víctimas.

38. Julio Manuel SANTAMARÍA (con proceso suspendido)

Nació el 16 de abril de 1953 en Capital Federal, hijo de Julio y de Laura Lorenza Torres. DNI 10.963.751, casado, capitán del Ejército retirado. Domiciliado en Pacheco 2594 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Integrante del Grupo de Artillería 181 de Zapala en comisión en el Comando V Cuerpo de Ejército en el marco de la Operación Patagonia, con el grado de subteniente de artillería, fue destinado a la Agrupación Tropas. Está imputado por los hechos sufridos por 33 víctimas.

39. Mario Alberto GÓMEZ ARENA

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Foto: Sindicato de Prensa Neuquén.

Nació el 9 de diciembre de 1930 en Godoy Cruz, Mendoza; DNI 6.841.374, hijo de Alberto Gómez y de Delia Arenas, casado, coronel retirado del Ejército Argentino. Domiciliado en calle Olleros N° 2555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como teniente coronel fue jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén el 7 de diciembre de 1974. En diciembre de 1977 pasó a desempeñarse en el Batallón de Inteligencia 601. El área de Inteligencia de la Subzona 52 estaba integrada por la División II del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI y el Destacamento de Inteligencia 182.

(FM De la Calle) El martes a las 15 comenzará el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Será el tercer tramo de la causa Ejército con 39 imputados que deberán responder por 103 víctimas.

Las audiencias se realizarán en Colón 80, semana por medio, los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9. Son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del tribunal.

El banquillo de los acusados tendrá integrantes del Estado Mayor del Comando V Cuerpo de Ejército, el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, ex jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense, integrantes de las policías federales de Viedma y provinciales de Buenos Aires y Rio Negro.

Serán juzgados, además, miembros del Estado Mayor del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI, el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, la Segunda Sección Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y el Destacamento de Inteligencia 182 -todos de Neuquén- y del Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña de Esquel.

Muchos de ellos ya tienen una o más condenas en su haber. Algunas calificaciones de los delitos de lesa humanidad que se les reprochan en este debate son: homicidios, privaciones ilegales de la libertad, torturas, tormentos, lesiones gravísimas, sustracciones de menores y asociación ilícita.

Todas ellas conductas genocidas producto “del accionar de una particular modalidad del terrorismo de Estado que fuera desplegada en el ámbito local, en cumplimiento de la misma matriz represiva que fuera desplegada para eliminar un grupo nacional cuya identidad definieron los victimarios, cuya devastación tuvo proyección nacional, llegando incluso a contar con una coordinación criminal de tipo subcontinental con la unión de dictaduras del Cono Sur conocido como Plan Cóndor”.

El Tribunal Oral bahiense estará subrogado por Jorge Ferro, José Mario Tripputi, Martín Bava -quienes participaron de los tres primeros juicios- y sumará al magistrado pampeano Pablo Ramiro Díaz Lacava como sustituto.

La acusación estará a cargo de los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH, representadas por Mónica Fernández Avello y Walter Larrea, respectivamente.

La Causa N° 93000001/2012/TO1, caratulada: “González Chipont, Guillermo Julio y otros por Privación ilegal de la libertad agravada (Art.144 Bis inc.1)” (Lesa humanidad) comprende tres elevaciones parciales a juicio.

Para acreditaciones de prensa y consultas por visitas con grupos de estudiantes se debe escribir a [email protected] .

juiciobahiablanca.wordpress.com

Los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro autorizaron al empresario Vicente Massot a realizar un viaje de descanso a Punta del Este y continuar luego su periplo hacia México por motivos laborales. El titular de La Nueva Provincia está imputado por los homicidios de los obreros gráficos del diario e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

Massot solicitó permiso para “ausentarse del país en viaje de descanso a Punta del Este, Uruguay, entre los días 6 y 10 de octubre” y a “México Distrito Federal entre los días 12 y 16” por motivos laborales.

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió la queja del fiscal Antonio Castaño contra el fallo de primera instancia firmado por la jueza subrogante Mirta Filipuzzi. El representante del Ministerio Público había alegado “peligros procesales” que “surgen del estado del proceso, pues la resolución que dispuso la falta de mérito del encausado no se encuentra firme”.

Destacó además que “es deber de todos los jueces extremar las medidas para que el avance de la instrucción no se frustre” y agregó que “las causales invocadas para la realizar el viaje no obedecen a urgencias ni necesidades impostergables o que únicamente se puedan satisfacer egresando del país”.

Los camaristas retrucaron que “no es la primera vez que al imputado le es permitido salir del país y en todos los casos en que resultó autorizado acató las disposiciones judiciales”.

Asimismo, Ferro y Candisano sostuvieron que dichos viajes “forman parte de la actividad empresarial y de sus hábitos personales (…) justificado en el derecho del imputado a vacacionar en el lugar que considere apropiado”.

El fiscal general Javier De Luca interpuso en agosto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que el 4 de julio había declarado inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había convalidado la del juez ad hoc Claudio Pontet de declarar la falta de mérito.

El fiscal denuncó un “sobreseimiento encubierto” y subrayó que la decisión de Pontet y la Cámara “encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado, lo cual se traduce en la imposibilidad de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral”. También, indicó que “el plexo probatorio incorporado hasta el momento es suficiente para arribar al grado de probabilidad necesario acerca de la participación del imputado en los hechos punibles que se le atribuyen, lo cual habilitaba el procesamiento de Vicente Massot”.

(Por Mauro Llaneza) La jueza Mirta Filipuzzi procesó y dispuso la prisión preventiva de los integrantes de la banda que comercializaba drogas en fiestas electrónicas y afters. Además, dictó la falta de mérito para los dueños del boliche El Reino y mantuvo la clausura del local allanado a principios de septiembre. Dos imputados continúan prófugos.

El planteo de la Fiscalía había ubicado a Guido Gentili como jefe de la banda y a Facundo Ezequiel Francisco, Francisco “Pinino” Salazar, Maximiliano Ezequiel Borja y Matías Cragno como sus asistentes en la captación de clientela, comercio, distribución, custodia y transporte de la droga. También participaban en el beneficio del tráfico los organizadores de las fiestas electrónicas Mariano Trellini y Javier Selvaggio.

Danilo Hugo Acosta, vinculado directamente a Gentili, fue imputado por la fabricación de ketamina y la organización de eventos para comercializar sustancias ilícitas y Lucio Miguel Serrón, Federico Isla Vieyra y Mauro Ezequiel Simón, propietarios de la disco de Fuerte Argentino al 600, estaban acusado de facilitar el lugar.

“Quedan ligados a la causa y es una instancia entre un procesamiento y un sobreseimiento”, dijo a FM De la Calle el fiscal Antonio Castaño respecto a los bolicheros y agregó que “independientemente de cualquier otra situación, dentro de lo que es la noche, la concreción de este tipo de fiestas, cómo alquilaban el local, cómo publicitaban en los medios, era suficiente para considerar que no podían estar ajenos a esta situación”. Ahora analizan apelar la resolución.

La causa comenzó en 2014 con el seguimiento a Facundo Ezequiel Francisco -actualmente prófugo- y tareas de inteligencia sobre venta de drogas en Nueva Cruz (Soler 620), la Confitería La Isla del Parque de Mayo, La Capilla de La Diana y El Reino.

En este último se realizó el 4 de septiembre el allanamiento en el cual fueron detenidos Gentili, Cragno, Selvaggio, Trellini y Salazar. La Prefectura Naval secuestró además 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína. Días después se entregó Acosta. Los empresarios fueron indagados pero conservaron su libertad.

Las pericias sobre el material secuestrado identificaron marihuana, cocaína, ketamina, MDMA, precursores químicos, elementos de corte y sustancias psicotrópicas como clonazepam. La ketamina era sometida a un proceso de “fabricación” que cambiaba su estado líquido a sólido mediante su cristalización.

La especialista en adicciones del Hospital Municipal, Roxana Bertrand, destacó que el desconocimiento de la composición final de las drogas sintéticas las convierte en “especialmente peligrosas”.

La MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine) se ingiere oralmente en forma de tableta o cápsula y sus efectos duran aproximadamente de 3 a 6 horas. La dosis promedio es de dos tabletas y cada una contiene entre 60 y 120 miligramos de MDMA. “No es raro que los usuarios tomen una segunda dosis una vez que los efectos de la primera comiencen a desvanecerse”, advirtió la médica.

Con dicha referencia, el fiscal destacó que las 70 pastillas secuestradas en El Reino “podían abastecer a por lo menos la mitad de los concurrentes al King Club”. Junto al resto de las sustancias logran una proporción “determinante a los efectos de analizar el rédito que le proporcionaba a los organizadores el despliegue de la fiesta electrónica y cuál era su real ultrafinlidad: la comercialización de estupefacientes”.

Cragno, Gentili y Salazar (Facebook)

Patricia Cisnero, especialista de la Procuraduría de Narcocriminalidad, analizó el uso de la ketamina: para la obtención de estado psicodélico se calcula una dosis promedio de entre 30 y 75 miligramos. Como se incautó líquida, se debe considerar que cada mililitro equivale a 50 miligramos. “De ese modo, los 50 ml secuestrados equivaldrían a 2500 mg, que divididos por 30 (cantidad mínima de una dosis normal) arrojan un total de 83 dosis. (…) Evidentemente lo secuestrado excedía abiertamente el autoabastecimiento” y “denota el ánimo de lucro con su comercialización”, concluyó Castaño.

Tal como falló la jueza, la Fiscalía había solicitado el procesamiento y la prisión preventiva de los integrantes directos de la banda. Gentili dirigía y hacía el “contacto primario con proveedores para su posterior distribución”. Junto a Trellini y Selvaggio, “organizaba y publicitaba en redes sociales las fiestas electrónicas donde el consumo de este tipo de estupefacientes se encuentra íntimamente ligado al escenario armado alrededor de este tipo de música”. El negocio se realizaba también en “afters” privados.

“Pinino” Salazar comercializaba “faso”, “merca” y MDMA desde un comienzo con Borja y Francisco. Matías Cragno también se encargaba de la venta y “habitualmente se posicionaba al lado de Gentili” con funciones de vigilancia. Frecuentaba las previas, publicitaba las fiestas en sus redes sociales y tenía “directa relación con los dueños de El Reino”.

Selvaggio y Trellini (Facebook)

Selvaggio y Trellini (Facebook)

Selvaggio y Trellini se presentaban como organizadores de fiestas. El primero contactaba a los clientes y entregaba en mano las anticipadas. Entre otras sustancias se le secuestró rohypnol, conocida como la droga de la violación, “una de las más peligrosas del mercado”. Un testigo de identidad reservada declaró que era “vox populi” que en el domicilio de Trellini de 19 de Mayo 733 “se vendía cocaína y se hacían fiestas que duraban varios días”.

Finalmente, Danilo Acosta se dedicaba a la fabricación de estupefacientes, en particular de la ketamina, y la organización de “afters”. Las escuchas telefónicas lo muestran temeroso y lo relacionan claramente con dicha actividad. De este grupo quedan prófugos: Facundo Francisco y Maximiliano Borja.

En cuanto al delito referido al aporte de un lugar para la venta de drogas, a diferencia de la magistrada, la Fiscalía entendió que el accionar de Serrón, Isla Vieyra y Simón se enmarcaba en la conducta dolosa que “es aquella que se sustenta en el concreto y cabal conocimiento y voluntad de que el inmueble se destine al desarrollo de conductas ilícitas”.

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Serrón, Isla Vieyra y Simón (Facebook y LNP)

Entre otros elementos, Castaño indicó que los empresarios “sostuvieron proveer a los locatarios de personal de seguridad, es decir, que más allá del pacto de alquiler del espacio King Club o de la sala más importante, su personal de seguridad, sus ojos se encontraban en todo momento de la noche en el local bailable, donde además de las ‘imperceptibles’ drogas sintéticas se consumía abiertamente y sin límite marihuana cuyos rasgos externos se manifiestan en el ambiente, lo que no puede ser desconocido por el personal de seguridad/control y dueños del lugar allí presentes”.

“Es de resaltar la alarmante manera en que se publicitaban las fiestas, véase la publicidad en el facebook que reza Safety First, en detalle: contaremos con un sector de enfermería con personal certificado y autorizado para actuar ante cualquier caso de descompensación (…) en los baños habrá dispensers disponibles con agua potable”.

Incluso el 9 de julio el propio Simón firmó un acta tras la atención médica recibida por una joven que no respondía a signos vitales aparentes, efecto señalado por Bertrand como uno de los posibles ante el consumo de MDMA.

Tras la tragedia de Time Warp, Selvaggio “anticipándose a los proyectos de ley que se iban a aplicar” les comentó a los dueños que “en sus fiestas iba a poner estos dispensers en los baños”. Mauro Simón declaró: “Lo de los dispensers lo tomo como una acción de marketing”.

“Resulta extraño que ponga a disposición y regale el agua, cuando el redito más importante de la nocturnidad es la venta de bebidas. Asimismo porque se publicita asegurando asistencia médica justamente y solamente en las fiestas electrónicas y no en las habituales de El Reino”, afirmó Castaño y reiteró como agravante en la causa la habitual presencia de menores en la disco.

“Imagino lo que debe estar pasando”, dijo a FM De la Calle Ramiro Menna -hermano del nieto 121 cuya identidad fue restituida por Abuelas de Plaza de Mayo- y a pesar de la “ansiedad” familiar se mostró dispuesto a “esperar lo que él necesite que esperemos para encontrarnos, para abrazarnos y para contarnos lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos”.

El organismo pospuso hasta mañana a las 13 la conferencia de prensa prevista en principio para este mediodía, en la cual brindará detalles sobre el caso y la historia de la familia de Ana María Lanzillotto y Domingo Menna, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores desaparecidos en 1976.

“Esto es una Argentina con un tejido social destrozado por una dictadura criminal que se recompone, que va desde la ceniza renaciendo como un milagro (…) veo que el sueño por el cual 30 mil compañeros y compañeras dieron la vida, los sueños que nos costaron tanto dolor a tantos están dando vida desde donde no hay, desde donde se quiso que no hubiera, y es maravilloso”.

“Por eso esto no es privado, no es de nadie, podría hacer una lista larga de sobrevivientes de la dictadura que podrían sentirse padres también de nosotros, de este chico que recupera su identidad, que podrían decir ‘este también es mi día de victoria'”, dijo Ramiro en el diálogo con el programa En Eso Estamos que aquí se reproduce.

-¿Tu historia tiene que ver con Bahía Blanca, acá cerca viviste tu infancia e iniciaste tu militancia en H.I.J.O.S.?

Ahí en Bahía Blanca junto con Ale Santucho, con el “Monchi” Ramón, y varios más, no quiero nombrar más porque me voy a olvidar de alguno y después voy a tener que pagar la deuda, pero con un montón de changos y chicas, hoy hombres y mujeres, fundamos H.I.J.O.S. Bahía Blanca. Creo que fue en FM De la Calle que teníamos un programa que se llamaba “Nadie, nunca, nada”, que era un programa vinculado a esto. Ahí hice mis primeros pasos como salesiano. Ahí en Bahía Blanca estudié física, estudié en el Juan XXIII también.

-¿Cuándo supiste de la posibilidad de que hayas tenido un hermano y que estuviera en manos de alguna familia apropiadora?

Desde los 13 años. A los dos años, cuando se produce el secuestro de mis viejos, el 19 de julio, a los doce días más o menos me recuperan, veinte días después ponéle, primera o segunda semana de agosto del 76 me recuperan. Estuve desaparecido ese tiempo. A partir de ese momento me cría una tía. Cuando tenía doce o trece años estaba convencido que mis padres eran mis tíos y ahí fueron los psicólogos de Abuelas que, por la edad que yo tenía, era tiempo de que me hablen de esto.

Mis tíos me hablaron, me dijeron las cosas como eran y aconsejados por los psicólogos de Abuelas ellos me iban dando la información que yo pedía, como que el cuerpo pide lo que puede. Así fui despacito sacando información de un lado y otro, me fui encontrando con compañeros de militancia de mi mamá y de mi papá y se fue construyendo en mí toda la historia, me fui reencontrado conmigo mismo de alguna manera, me fui enorgulleciendo cada vez más de quiénes fueron Ana María Lanzillotto y Domingo Menna, dos personas de una entrega heroica por lo que creían, por sus convicciones, jugados de corazón por todo eso, y me fui encontrando no solo con una madre y un padre sino con compañeros, con gente con quien compartí ideales, con quien compartí sueños.

Alrededor de los 16 es que me enteré específicamente que mamá había desaparecido embarazada y que ese embarazo podría haber llegado a término y que estamos buscando a ese hermano o hermana mía, no sabíamos si era varón o mujer. ¿Por qué a los 16? Porque me iban dando la información a medida que iba preguntando. Me fui encontrando con eso.

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A partir de ese momento siempre, bueno la sangre nuestra, la mía y la de todos los familiares en el Banco Genético, hubo dos casos que pensamos que podrían haber sido y que no fueron, las pruebas de ADN los descartó y este es el tercero. Según tengo entendido, hasta donde yo sé es el tercero. Fue una sorpresa enorme porque no es que estábamos en un proceso que hace un mes o dos nos decían “hay una pista”, “estamos buscando”, no, nada. Fue ayer a la tarde todo de golpe, así, pum.

-Según planteaban las Abuelas se presentó él voluntariamente con alguna duda y a partir de allí se hace el estudio…

Sí, en realidad creo que más que por una duda de él, en el marco de una investigación que yo no sé bien de qué es, se le sugirió la posibilidad y él lo descartaba porque no tenía duda, el análisis lo fue a hacer pero como quien dice estoy seguro que soy hijo de los que me criaron pero lo hago porque me sugieren que lo haga, una cosa así.

Pienso que él está viviendo un momento difícil porque tiene que ponerse en un lugar en que él no pensaba que iba a estar. Ayer a las seis o siete de la tarde cuando le dijeron a él fue un momento en que se enteró de todo, antes para él su vida era otra cosa. Imagino lo que debe estar pasando, el tiempo que necesitará para ir procesando y nosotros con la ansiedad de encontrarnos pero dispuestos a esperar lo que él necesite que esperemos para encontrarnos, para abrazarnos y para contarnos lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos.

-Decían las Abuelas que tus abuelos no están para recibirlo pero sí son una familia numerosa para abrazarlo.

Muchos tíos, primos. Yo te digo la verdad, mirá, el lunes me enteré de esto pero desde el viernes veníamos sintiendo cosas que sería largo de contar pero yo digo que los abuelos sí están. Están mis abuelos paternos Pánfilo e Irma están, digo que Nicolás y Brígida que son los abuelos maternos están los dos, están, los siento muy presentes acá, hay fiesta en el cielo en este momento, los siento muy vivo a todo esto.

-Respecto de lo que fue la búsqueda hablabas de dos casos fallidos…

Sí, dos que yo sé. Uno fue el caso del capitán médico Bianco, que fue un médico en Campo de Mayo, que tenía dos hijos adoptivos, ninguno de ellos era hijo biológico de la familia, se sospechó de esos dos, fue difícil porque al principio no querían los chicos hacerse el ADN. Finalmente primero el hijo aceptó, resultó que era hijo de desaparecidos y pudo reconstruir su historia y después de un tiempo también la hija se hizo el ADN pero dio negativo, la hija, que era la que nosotros creíamos que podía ser mi hermana.

Cuando yo estaba en Etiopía de misionero, entre 2000 y 2005, no recuerdo en qué año exacto, también sé que hubo una chica de la cual se creyó la posibilidad de que sea hermana pero también dio negativo.

-¿Y los testimonios confirman que tu mamá dio a luz en Campo de Mayo?

No sé en dónde dio a luz, sabemos que estuvo en Campo de Mayo porque hay testimonios, (Eduardo) Cagnolo por ejemplo, un soldado que fue secuestrado y desaparecido y sobrevivió a Campo de Mayo cuenta que cuando estuvo ahí se encontró con alguien que creo que era (Eduardo) Merbilhá, era un compañero del PRT de mi mamá y mi papá, y cuando estuvo con él uno al lado del otro, en un momento estuvieron en el mismo lugar, que sé yo, en la misma habitación, en el mismo galpón, lo que sea, él le dijo “antes que vengas vos, acá estuvo la compañera del Gringo Menna, Ana María Lanzillotto”.

Aparte de eso hay otros testimonios que pasó por Campo de Mayo, por ejemplo Patrica Erb. Después no sé yo si no estuvo en otro lugar también, puede haber estado. Y no sé en dónde dio a luz, pero ahora capaz que se sepa, capaz que esto termine de cerrar todo eso.

-¿Hubo un par de juicios vinculados a la desaparición de tus viejos?

Vinculado a mis papás hubo juicio, el juicio Campo de Mayo, yo declaré, declararon estas personas que te nombré y muchas más vinculado a mis papás. A Domingo y Ana María. Hubo juicio sí. En ese juicio, fue hace varios años atrás, vine acá a Buenos Aires, declaré y fue también un momento muy intenso.

-Recién dábamos cuenta de la noticia, lamentablemente, de la postergación del anuncio por el fallecimiento del yerno de Estela Carlotto pero supongo que mañana ya estarán cumpliendo con ese encuentro, ya se había anunciado que él no iba a participar, es cuestión de tiempo ahora…

Sí, sobre todo los tiempos de él, de mi hermano, de los tiempos que él necesite para ir procesando esto y para que esta experiencia que es traumática -la restitución de la identidad de alguien, sobre todo en estas circunstancias, es traumática-, para que se haga lo mejor posible, de una manera que él pueda procesarla, compartirla con su familia y vivirla de tal manera que sea un momento de crecimiento, siempre la verdad te hace libre pero las formas pueden ayudar. Hay que respetar eso.

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-Leía una declaración que hacías esta mañana hablando de esta situación no como una historia personal sino colectiva.

Exactamente, esto no son historias privadas, no son luchas ni victorias privadas. En este momento tenemos la suerte de estar bien cerca del fuego de lo que pasa pero esto es una Argentina con un tejido social destrozado por una dictadura criminal que se recompone, que va desde la ceniza renaciendo como un milagro, como dice la canción esta que canta Silvio, creo que la letra es de José Martí, que dice solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto.

Acá hay cosas muertas que se están encendiendo, que vienen encendiéndose, los 121 nietos son eso, y hay un montón de historias que podríamos contar de cómo la lucha por la emancipación de nuestra patria, nuestra América, por la justicia, la lucha por más igualdad y todo eso, despacito se va reconstruyendo en el tejido capilar de nuestro territorio.

Yo lo veo en Chepes, ahí en los llanos riojanos, lo veo en muchos lugares y veo que el sueño por el cual 30 mil compañeros y compañeras dieron la vida, los sueños que nos costaron tanto dolor a tantos están dando vida desde donde no hay, desde donde se quiso que no hubiera y es maravilloso ver eso, es maravilloso ser testigo de eso. Por eso esto no es privado, no es de nadie, acá yo podría hacer una lista larga de sobrevivientes de la dictadura que podrían sentirse padres también de nosotros, de este chico que recupera su identidad, que podrían decir “este también es mi día de victoria”.

Todo el mundo, La Rioja recuperó un nieto, un nieto de don Nicolás Lanzillotto que era un maestro rural de La Rioja, un nieto de doña Brígida Cáceres, que era una mujer de campo, del interior profundo de los llanos, de un paraje que se llama La Jarilla, es nuestra gente, tenemos que tomarlo de esa manera, ninguno de nosotros puede privatizar este tipo de cosas.

-Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme y ojalá tengan una buena vida juntos a partir de ahora.

Que así sea che. Un abrazo a todos los amigos de Bahía Blanca que hace rato que no nos vemos y me han mandado mensajes y me han acompañado en esto, les mando un abrazo a todos.

Familiares de Ángel Almada, el joven fallecido en marzo tras caer de un puente en Ing. White, se manifestaron este fin de semana durante el desfile cívico militar organizado por el municipio por el aniversario de la localidad portuaria e insistieron con que el intendente aparte al delegado Marcelo Alonso hasta que se aclare su vinculación con el caso.

“Pedimos que desplace al delegado hasta que esto se investigue, hasta que lleguemos al fondo, eso sí lo puede hacer él, es el intendente me parece. No lo decimos porque tenemos ganas, si le pedimos eso es porque hay cosas que sabemos que están en la causa que por ahí mucho no podemos comentar porque se está investigando”, dijo a FM De la Calle Viviana Almada, tía del adolescente fallecido.

Ayer, el intendente Héctor Gay aseguró que “está muy bien que ustedes estén aquí hoy y con respeto y con tranquilidad pero con firmeza reclamen justicia. Nosotros, desde el municipio, somos quizás los más interesados después de la familia y los amigos de que haya justicia y no haya impunidad pero no solo por Ángel, que no haya impunidad para nadie”.

“Vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así dentro de nuestras características. Esto lo he hablado con la gobernadora, está al tanto permanentemente y siguiendo el tema, lo volví a ver el jueves, está permanentemente en contacto, obviamente respetando lo que es la división de poderes. Lo he hablado con el fiscal de la causa y le he dicho exactamente lo mismo que le he dicho a la familia las veces que los he recibido. No queremos impunidad para nadie”, agregó el funcionario.

Almada afirmó que “otra de las cosas en que hacemos hincapié es el celular de Ángel, primero que aparece en la casa del mejor amigo del delegado, varias amenazas de los familiares de este señor hacia los chicos de la orquesta que también están en Fiscalía, hace más o menos un mes mi hermana tuvo una visita de la policía con una pequeña intimación, se hizo la denuncia, vemos que el delegado está constantemente con la gente de la Tercera, queremos llegar al final de esta causa, queremos que se sepa y creemos que estando el delegado ahí la causa se embarra cada vez más”.

“(Gay) dice que fue a ver la causa. Mentira, la primera vez que dijo que fue a verla dijo la hija del señor delegado no estuvo nunca con Ángel esa noche, cómo que no si están la cámaras, hay testigos, de todo. Evidentemente ni siquiera la vio y ni siquiera muy por arriba le dijeron algo de la causa”, advirtió Viviana.

El viernes el Tribunal Oral Federal de Neuquén leyó el veredicto del juicio Escuelita IV en el cual otorgó absoluciones y penas menores a 10 años de prisión. Solo recibió prisión perpetua el jefe de inteligencia del comando de la Sexta Brigada del Ejército, Oscar Reinhold. Fueron juzgados 22 genocidas por los casos de 28 víctimas de las cuales la mitad permanecen desaparecidas.

Según manifestó a FM De la Calle la abogada querellante por el Ceprodh, Natalia Hormazabal, fue “una sentencia escandalosa que no condice con la verdad histórica de nuestros compañeros y compañeras pero sobre todo con lo acontecido en este juicio que ha durado casi un año, hemos presenciado testimonios muy importantes donde ha quedado claro, no solo en este juicio sino en los anteriores, cómo funcionó el circuito represivo, cuál fue la responsabilidad de las distintas fuerzas, de sus integrantes”.

Los jueces Alejandro Silva, Guido Otranto y Marcos Aguerrido condenaron a 10 años a los oficiales de inteligencia del Ejército Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín. Osvaldo Laurella Crippa y Raúl Guglielminetti recibieron 8 años de prisón, Gustavo Vitón y Alberto Camarelli 6 años, Nestor Castelli 5 años, Saturnino Martínez, Hilarión de la Paz Sosa y Jorge Alberto Sosa recibieron 4 años de prisión por condena y Emilio Rozar 3 años. Los represores Enerio Huircain, Enrique Sires, Gustavo Sommer y Julio Héctor Villalobo fueron absueltos. José Luera, Enrique Braulio Olea y Luis Alberto Farías Barrera fueron apartadas del juicio por “incapacidad sobreviniente”.

Reinhold, Laurella Crippa, Olea y Farías Barrera integran la lista de los genocidas que deberían ser juzgados a partir del 11 de octubre en Bahía Blanca en el marco del cuarto juicio de lesa humanidad, tercer tramo de la causa Ejército. Al igual que ahora los últimos dos, tiempo atrás fue apartado de las causas bahienses el jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén Mario Alberto Gómez Arenas.

Hormazabal aseguró que el fallo “tiene por finalidad estar acorde con los aires de época, en un momento donde se discute desde el gobierno nacional el número de desaparecidos, se reeditan teorías anacrónicas como las de la guerra o los dos demonios, también en boca de los imputados a lo largo del debate, sin dudas es una sentencia que atiende esta situación y genera mayor impunidad para cada una de esas fuerzas” y demuestra “la necesidad de redoblar los esfuerzos para seguir luchando por cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas”.

Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, dijo en una radio abierta que la RNMA realizó en las puertas del tribunal, que “hace 40 años que caminamos las calles de Neuquén, que colgamos el delantal en la cocina sin saber a dónde, ni cómo, ni cuándo, ni quién nos iba a recibir; tantos lugares que hemos recorrido con la esperanza de saber qué carajo hicieron con nuestros hijos, dónde están, eso es lo que queremos saber” y “este Tribunal le ha dado a los asesinos de los argentinos una miseria de años, tienen que ir a cárcel perpetua, para toda la vida; cuántos jóvenes no van a volver, siguen desapareciendo en este país y nadie se preocupa, ningún gobernante, ni los jueces, total les pagan bien”. Concluyó diciendo que van a “seguir en la calle hasta el último día de nuestros días, porque queremos justicia, porque esta no es la verdad”.

Fuentes: http://juicioescuelita2.blogspot.com.ar/ y FM De la Calle.

(Por ¿Quién te juna?) Históricamente se conocía al acto de adoptar como una obra de caridad, sin embargo, mediante fueron pasando los años el significado fue cambiando, hasta el día de hoy, que es conocido como el acto que realizan muchas parejas, como también padres/madres solteros, cuando no tienen la posibilidad de concebir o ya tienen un hijo y deciden cuidar de otro niño. Para poder tener la tenencia de un menor, los padres deben atravesar una etapa, donde el juez, analiza si poseen los requisitos para brindarle el amor y contención necesario en su crianza.

En el año 2015, Marcelo Feliú impulsó una nueva ley que puso como eje principal el agilizar el proceso de adoptabilidad, con un plazo fijo de seis meses para que los jueces analicen los expedientes, donde se cuenta desde que se toma la primera medida de protección del menor que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, y con el resguardo de las debidas garantías del debido proceso para todas las partes involucradas, para que el juez decida si están dadas o no las condiciones de “desamparo moral o material” y así resolver la situación de adoptabilidad del menor cuyos derechos se vean afectados.

Con respecto a los postulantes para adopción, algunos de los requisitos fueron modificados, entre los que se encuentran la diferencia de edad entre adoptante y adoptado que antes era de 18 años y ahora bajó a 16. También se permite que adopten las uniones convivenciales, algo que antes no se consentía y se mantiene la posibilidad para personas solas y matrimonios. En este último caso se extiende la posibilidad también a los matrimonios igualitarios.

Este nuevo código, se enfocó principalmente en los tiempos del proceso, el cual implica tres etapas: un estado de adoptabilidad del niño; una guarda provisoria; y el juicio de adopción.

Todos estas reformas fueron pensadas a favor del niño, para evitar que generen lazos afectivos con guardas provisorias con las que no puedan mantener el vínculo a futuro y con el objetivo de garantizarles una estabilidad emocional.

El amor más allá del deseo

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En nuestra ciudad se encuentra la agrupación “M.A.M.A.-Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes” la cual brinda apoyo desde 1985, con los objetivos de dar información y contención psicológica para a aquellos que todavía no se iniciaron el proceso de adopción, también a las personas que se encuentran en lista de espera, como también los casos que se encuentra vinculado con algún niño o las que ya tienen un menor por la vía de adopción.

Con respecto a los temores que enfrentan los padres antes, durante y luego del proceso, Carolina Recalde directora de MAMA explica “hay muchos miedos, incertidumbres. Hay un poco de idealización en los pretensos adoptantes, en que cuando llega el niño ‘bueno llegó y ya se termino todo, y le damos para adelante’ o la historia de ese niño y ya está. No, hay que respetarla, uno adopta con la historia, entonces hay que estar preparados. Lo que nosotros tratamos es que los papás estén lo mejor preparados para cuando llegue ese niño a la familia”.

Por otra parte, refiriéndose a la otra cara, en que los padres que adoptan, luego de un periodo junto al niño los devuelven a la justicia, Recalde afirmó: “el tema es que la gente necesita pedir ayuda. Porque esto tiene que ver con la idealización. Vos idealizás un chico o una nena y después no cumplen esas expectativas que vos tenes, entonces decís bueno, al primer berrinche lo devuelvo. Entonces, ante esa situación, hay que pedir ayuda”.

“Si estuviste idealizando a ese niño, tal vez, ese niño también idealizó a sus padres “¿cómo serán mis papás cuando los encuentre?”. Entonces, creo que cuando uno tiene el deseo y cuando llega el hijo, ya el hijo es para siempre” agregó.

Respecto al hecho que muchas parejas deciden adoptar bebés y no niños de dos años en adelante, explicó que “para muchos implica, que tiene menos historia, lo amoldo a mi manera…le puedo dar la mamadera, cambiar los pañales y lo puedo llevar al jardín. Básicamente es eso. Bueno, bárbaro… sí. Pero, cuando vos adoptas un niño más grande, no le cambiaste los pañales, no le enseñaste a caminar, pero le podés enseñar otras cosas. Hoy por hoy, el 95% de los matrimonios o los homoparentales quieren niños menores de 3 años. Pero la realidad, es que la mayoría de los niños que hoy están en estado de adoptabilidad son mayores de 6 años”.

En cuanto a la relación del chico con el padre adoptivo el psicólogo Alejandro Osorio aseguró: “Uno ve diferentes relaciones con los padres adoptantes, mucho tiene que ver la postura y la actitud de estos padres hacia esos hijos. El hecho de transmitirle la verdad. El poder haberle dado amor, seguridad, contención, puede transformar el hecho de haber sido adoptado en algo no necesariamente traumático. Porque estamos constituídos desde lo psicológico desde el cariño, el amor, nos identificamos a partir de ahí, entonces cuando nos encontramos con adultos contenedores y que saben dar amor, que saben poner este deseo, no desde el narcisismo, sino desde construir una familia. Uno observa que no necesariamente debe quedar una huella en ese hijo adoptado”.

También recalcó: “La familia, no viene dado desde lo sanguíneo. La familia es quien te da amor y quien te cuida, entonces se sienten realmente hijos y adquieren características propias de la familia, estilos familiares. No así, que he tenido también pacientes a los que se les ha ocultado la verdad hasta la adolescencia, pueden tener una huella más traumática”.

Con referencia a los temores que enfrentan “están el no poder dar amor, no congeniar con el niño y en esto entra el secreto de la adopción. El amor es libre, no ata, no prohíbe. Es desde la libertad que uno se relaciona en el seno familiar o en las amistades, como en la pareja. Y la condición de la libertad es necesaria también con los hijos. Un papá, sean hijos adoptados o biológicos, no puede coartar la libertad de este hijo. Acompaña, aconseja, habla desde la experiencia, pero nunca puede dirigir la vida de ese hijo, entonces ahí se necesita un acompañamiento hacia el adulto, ese papá y esa mamá para que puedan sentir esa seguridad, de que si han creado en vínculo, pueden ir con la verdad”, aclaró Osorio.

Para finalizar, al hablar sobre los prejuicios que se les tiene a los matrimonios igualitarios afirma “me parece que va por la capacidad de brindar esta contención, este apoyo, amor. Pero por otro lado, a mi entender, la sociedad le falta evolucionar, lamentablemente, porque no está preparada para aceptar esto”.

Con una movilización desde el Obelisco a la Cancillería se conmemoró en Buenos Aires el segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La actividad convocada por la Asamblea de Mexicanxs en Argentina contó con la presencia de Cristi Bautista, madre de una de las víctimas del crimen de Estado terrorista que conduce Enrique Peña Nieto.

“Ayotzinapa a todas luces es un crimen de Estado, no solamente por la participación explícita y probada de policías municipales y ministeriales de la ciudad de Iguala sino también por la participación de militares la noche de aquel 26 de septiembre de hace dos años”, afirmó a FM De la Calle Mónica Mexicano.

La integrante de la Asamblea destacó “la omisión del Estado mexicano ante las primeras horas, que eran cruciales para empezar a buscar a los chicos, cuando ya se evidenciaba mediante las pruebas que se trataba de una desaparición forzada. Hay numerosos testimonios de los sobrevivientes, así como videos que muestran que fueron los policías municipales quienes se llevaban a los chicos en las camionetas”.

“Eso se contrasta con esa supuesta verdad histórica que el Estado mexicano quiere hacer creer mediante el cerco mediático que los medios de comunicación en México hacen, con esta gran mentira que dice que los chicos fueron llevados por el crimen organizado, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinario, donde también participa el Equipo de Antropología Forense, mediante pruebas científicas han podido determinar que esa supuesta verdad histórica es una mentira”.

Mexicano dijo que continúan exigiendo junto a los familiares “la aparición con vida de los chicos” porque “hay pruebas que dio el GIEI que siete días después de que desaparecieron los celulares siguieron activos dentro del campo militar de la zona de Guerrero. Sabemos que ellos saben dónde están los chicos y es lo que queremos que nos digan: dónde están”.

“Hay un par de personas detenidas que fueron los que el Estado inculpó como parte del crimen organizado pero sabemos que son lo que acá llaman perejiles, personas que mediante la tortura hacen declaraciones falsas. Además está preso el gobernador de Iguala, la ciudad donde acontecieron los hechos, junto con la mujer, pero no acusados por este crimen de Estado sino acusado por lavado de dinero, lo cual no tiene nada que ver con la situación que se está planteando. Para nosotros fue un intento de lavado de cara del Estado mexicano ante la presión internacional”, manifestó la activista.

La integrante de la Asamblea de Mexicanxs comentó que “en repetidas ocasiones hemos ido a Cancillería exigiendo al gobierno argentino que se pronuncie contra las graves violaciones sistemáticas que el gobierno mexicano está cometiendo, entendemos que es un crimen de Estado y que hay Estados que bancan esta situación, ningún mandatario se ha pronunciado sobre Ayotzinapa nunca. No nos queda más que apelar a la solidaridad de la gente, de los pueblos, y continuar con esta exigencia de justicia”.

“Los 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos son estudiantes que quieren ser maestros, la escuela normal de Ayotzinapa es un espacio que posibilita la formación de profesores de gente que viene del campo, que no tiene recursos para estudiar en otra escuela, da la posibilidad de internarlos, de que vivas en la escuela, te pagan la comida, la estancia, te pagan para estudiar”.

“Además tiene una tradición de militancia siempre solidaria con las luchas del pueblo mexicano sobre todo donde la mayor parte son comunidades indígenas y campesinas, las cuales están en una situación de violencia política y económica, ellos siempre han sido solidarios y obviamente esa es otra de las razones por las cuales el Estado mexicano apunta a la desaparición, al hostigamiento de los militantes sociales” concluyó.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.

Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.

Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.

“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.

Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.

El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.

En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.

El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.

“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.

A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.