(Por Bahiensas Feministas) El 20 de mayo Dayana Gorosito fue obligada a parir en un descampado, con frío y sin asistencia médica por su pareja Luis Oroná en Unquillo, Córdoba. Este arrancó a la beba de sus brazos y se la llevó, sosteniendo que no era de él. Seguidamente inició una movida mediática para generar una coartada, y con la amenaza que no volvería a ver a su hija.

En el transcurso, la joven de tan solo 20 años debió ser internada con una infección severa producto de las condiciones inhumanas en que fue obligada a parir. Tras haber sido incomunicada, intentó irse para ver a su hijo de 3 años y a la recién nacida y fue detenida nuevamente el 30 de mayo. La joven de tan solo 20 años no supo que su hija estaba muerta hasta que la policía, tras cuatro allanamientos, encontró el cuerpo en la casa de Oroná.

La violencia machista que comenzó mucho tiempo atrás contra Dayana por parte de Oroná hoy se continúa al seguir ella detenida por un delito que no cometió. La justicia (corregimos: el Poder Judicial)  dispuso que la joven sea alojada en la cárcel cordobesa de la comuna de Bouwer. Desde hace tiempo, diversas organizaciones feministas, sociales, de derechos humanos y políticas, junto con un gran número de personalidades, se vienen manifestando por su inmediata liberación.

Que Dayana esté presa es una aberración jurídica y una falta de completo sentido de la humanidad.  El estado cordobés ha optado ya no simplemente por creerle a Oroná: ha elegido ser cómplice y hacedor de misoginia, de violencia patriarcal, de criminalización de la pobreza y de pobreza de la justicia.

Hoy se hará un reclamo general para exigir la libertad de Dayana Gorosito. Desde Bahiensas Feministas sumamos nuestras energías en contra de la violencia de género e institucional representada en este caso que nos toca de cerca. Porque si algo hemos aprendido en estos años es que desafortunadamente ninguna de nosotras está exenta de la opresión machista. Pero también aprendimos que unidas le haremos frente.

¡Basta de violencia de género e institucional!

¡Basta de impunidad!

¡Liberación inmediata para Dayana Gorosito!

Foto: Anred.

Se reanudan este miércoles las audiencias testimoniales en el Juicio Ejército III que juzga a 34 represores imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región. Será desde las 9:30 en Colón 80 y repetirá horario mañana jueves, a días de la feria judicial.

El debate oral comenzó el 11 de octubre e incluye los casos de más de un centenar de víctimas. Las sesiones son públicas, pueden ingresar mayores de 18 con sus DNI o jóvenes desde los 16 junto a sus docentes.

La última audiencia fue a fines de noviembre. Se escuchó al ex militante de la UES y sobreviviente de La Escuelita Manuel Ortega y a su madre Claudina Linares, ambos apuntaron al imputado Pedro Noel como uno de los secuestradores.

Además, declararon los ex colimbas del Batallón de Comunicaciones 181 Horacio Raúl Cianci, chofer y asistente del mayor Ibarra, jefe del “Equipo de Combate contra la Subversión” y Carlos Alberto Messina, conductor del micro de la banda musical de dicha unidad quien mencionó una compañía llamada “la voladora” por sus permanentes entradas y salidas.

Manuel Aníbal Ortega, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, fue secuestrado en Haití al 1900 a fines de 1976 o principios de año siguiente. “Llegué de trabajar y golpearon la puerta, abrí yo y había gente apostada del Ejército y una persona de traje que era Noel, después me he enterado que era él”.

Pedro Noel integró el grupo de tareas del Comando Radioeléctrico de la Policía Bonaerense y está imputado por los hechos padecidos por María Emilia Salto, Laura Manzo y Daniel Bombara. Por decisión del tribunal entra y sale de las audiencias libremente, entre sus víctimas, del brazo de su esposa.

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Ortega fue llevado junto a su amigo Daniel Sánchez -capturado momentos después- a la jefatura policial de avenida Alem. Los jóvenes ya habían sido detenidos en la calle y demorados en ese lugar. Aquella vez, “hablé con (el comisario) Trujillo y estuvimos de un día para el otro y nos largaron”.

Durante el segundo hecho “siempre los tratos fueron muy malos, golpes, con la misma ropa mía me vendaron, nos dijeron que habíamos mentido la primera oportunidad, ‘ahora van a ver lo que les va a pasar’. Nos tuvieron hasta que nos cargaron en un auto, nos pusieron en el piso en la parte de atrás, nos taparon con una frazada, el auto salió rápido, cuando dobla, por la inclinación me di cuenta que doblamos Alem para las afueras de la ciudad”, declaró.

Vendados y esposados los dejaron en el patio del centro clandestino La Escuelita. Fueron interrogados y tirados en el piso alrededor de tres días, tras los cuales “me llevaron a donde estaban los guardias”. “Había de un  lado hombres y del otro mujeres. Sánchez estaba con los hombres, el primer problema que tuvo es que era zurdo y le ataron la mano que necesitaba para comer”.

“Fuimos muy castigados”, recordó Ortega, “los guardias se divertían conmigo, estaban aburridos y me sacaban, me levantaban de la cama, se ponían en una rueda y organizaban una pelea. Peleaba uno de ellos conmigo, otro relataba la pelea, eso ocurrió en varias oportunidades. (…) Igual que cuando nos torturaban -siempre practiqué deportes y resistía un poco más que otras personas- a veces era un poco más duro el castigo porque me decían ‘vos te la aguantás’”.

El testigo recordó que “había chicas embrazadas” a las cuales “sacaban a caminar” y también mencionó a una joven de Punta Alta. “Cuando uno pedía para ir al baño te sacaban a una letrina. En una oportunidad me sacan y había una chica, pudimos conversar, los guardias que estaban ahí querían que mantuviera una relación sexual con la chica, me negué rotundamente, conversamos con la chica y me dijo que era de Punta Alta, me dijo ‘si llegás a salir avisále a mis padres que estoy acá’. No me acuerdo (el nombre) ni le avisé a los padres ni nada”. Agregó que a la mujer le decían “Laucha o Rata y su padre era militar”.

Respecto a las detenidas afirmó que “fueron agredidas, inclusive hasta abusaban de las chicas, todas estas cosas las escuché por el lugar donde me tocó estar, después que cometían se contaban entre ellos, para ellos era una diversión”.

Tras aproximadamente un mes de cautiverio los “castigos” terminaron. “Portáte bien”, le dijo un represor mientras la pedía disculpas por su secuestro. “Me quedó grabado porque qué mal me podría portar ¿no?”. Siempre junto a Sánchez los hicieron bañarse, les dieron comida y los liberaron en el Parque Independencia. “Estaba aterrado, no quería salir, la primera vez vi un patrullero y volví corriendo. Ni hablar de los sueños. Este muchacho Sánchez se fue de Bahía Blanca, yo lo fui dejando en el olvido”.

La madre de Ortega, Claudina Linares, afirmó que el inspector Noel en persona “agarró (a su hijo) y lo llevó” un mediodía. “No lo vi nunca más hasta que volvió”, dijo la mujer y recordó que tuvo que llevarlo al médico porque estaba “mal, bajó nueve kilos, estaba lastimado al lado de las orejas, todo lastimado”.

Durante el cautiverio de Ortega, Linares fue todos los días al Ejército: “Que después le decimos, que venga mañana a tal hora. Ahí me atendía el señor Delmé, cada vez que iba, el único. Me decía quédese tranquila que el chico está, si pasa algo le aviso”.

Según el último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional la gestión de la Alianza Cambiemos superó -antes de cumplir un año- las expectativas más negativas. Con 241 casos en 2016, más 18 entre el 11 y el 31 de diciembre, el gobierno de Mauricio Macri totaliza 259 casos, a los que habrá que sumar los que se produzcan en lo que queda del año y los que todavía no fueron registrados.

“Es impactante advertir que, en sólo 10 meses y medio de gobierno, la Alianza Cambiemos (PRO-UCR) alcanza una incidencia del 5% del total, frente a gestiones con 4, 6, 8 o 10 años de duración. Si calculamos el promedio diario de todas las gestiones, se confirma el liderazgo represivo de Mauricio Macri y sus aliados, que supera a todos sus predecesores y anuncia un duro 2017”.

Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social fueron los fusilamientos de gatillo fácil (46%) y las muertes de personas detenidas (39%). Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático.

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En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen principalmente inverosímiles suicidios por ahorcamiento que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. Las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en buena parte de los casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También aumentaron los fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, etc.).

La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarán la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.

Las desapariciones, que superan las 200 desde 1983, no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como muertes bajo custodia y hasta con asesinatos intrafamiliares u otras modalidades. Por ejemplo, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían, están listados bajo la categoría muertes en lugares de detención; los femicidios en los que se desapareció el cuerpo están agrupados junto al resto de las muertes “intrafamiliares”, etc. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”.

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Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 70 desde 1995, 21 de ellos entre 2003 y 2015.

Edad de las víctimas

El 51% de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos.

Los rangos de edad que muestra el siguiente gráfico, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador del contenido de control social de la represión: el 49% corresponde al segmento de 15 a 25 años. Si se suman los de menos de 35, se llega al 86% del total, aún cuando en un 10% de los casos se ignora la edad exacta.

Distribución por territorio

Si sólo se miran la cantidad de casos ocurridos en cada provincia, se evidencia la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 45% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 2.254 casos de una con los 271 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara, CORREPI calculó la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes. Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del Censo 2010, la represión se descarga de manera casi uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.

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La provincia de Buenos Aires pierde su posición destacada para quedar en quinto lugar, detrás de Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza y Chubut, con La Pampa, CABA, Santiago del Estero y Río Negro a continuación. Además, los distritos que encabezan la lista son gobernados por representantes variados de todo el espectro político de la burguesía, lo que demuestra que, gobierne quien gobierne, mientras lo haga contra los intereses del pueblo trabajador, va a usar la represión.

La necesidad de control social es mayor en áreas de más acumulación de población. Así se advierte al comparar el número total del GBA con el interior de la provincia en casos absolutos, y se confirma al obtener el índice por millón de habitantes.

Casos por fuerza

Se advierte que la mayoría de las muertes (57,40%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, excluida la metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que lleva 19 fusilamientos de gatillo fácil. Aunque esa cifra no le otorga un porcentaje significativo, debe considerarse su reciente creación y que sus hombres no patrullan toda la ciudad.

La alta incidencia de los servicios penitenciarios de todo el país se vincula con la gran cantidad de muertes bajo custodia, la mayoría en cárceles. El personal de los “institutos de menores” se encuentra listados en “Otras fuerzas”, pues son carceleros que dependen de la SENAF u organismos semejantes, sin grado penitenciario ni policial.

Gendarmería y prefectura, que irrumpieron en el ámbito del gatillo fácil, la tortura y las muertes en movilizaciones y manifestaciones a mediados de los ’90, y hoy comparten el control territorial con las policías, ven incrementada, año tras año, su participación.

Las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad siguen en franco ascenso, así como la categoría “otras fuerzas”, donde además de personal de las fuerzas armadas, se clasifican, hasta ahora, las patotas y otros grupos de choque paraoficiales, en la modalidad que llamamos “tercerización de la represión”.

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Se advierte la sostenida tendencia creciente de la represión gobierno tras gobierno, con la única excepción del período diciembre 2001/mayo 2003, sin dudas atribuible al enorme nivel de la movilización popular en la época, que puso freno a la acción de las fuerzas de seguridad, confirmando la potencia del pueblo organizado.

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Es impactante advertir que, en sólo 10 meses y medio de gobierno, la Alianza Cambiemos (PRO-UCR) alcanza una incidencia del 5% del total, frente a gestiones con 4, 6, 8 o 10 años de duración.

Si calculamos el promedio diario de todas las gestiones, se confirma el liderazgo represivo de Mauricio Macri y sus aliados, que supera a todos sus predecesores y anuncia un duro 2017.

Femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, y que el número de mujeres muertas en lugares de detención era más bajo que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.

Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.

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Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 291 casos sobre un total de 481 de víctimas mujeres, lo que convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal, muy por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las desapariciones, los asesinatos en represión a la protesta y otras modalidades.

A estos casos hay que sumar aquellos en que la violencia patriarcal de policías, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios se cobra víctimas no mujeres, como sucede con los hijos asesinados para agredir a la madre, muchas veces varones. No son pocos, tampoco, los casos de compañeros o familiares varones de la mujer que son asesinados por el macho de uniforme cuando intentan interceder o defenderla. Son 25 los femicidios “relacionados” registrados.

Muertos en la represión a la protesta

Desde 1995, se registran 70 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45 asesinados, de los cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 19, mientras que Menem, Duhalde y Néstor Kirchner “empatan” con dos casos cada uno.


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Ni el sufrimiento de los familiares de sus compañeras desaparecidas y de los bebés nacidos en cautiverio ni el dolor de haber estado tanto tiempo lejos de su patria. Gladis Sepúlveda, ex estudiante de la carrera de Servicio Social de la Universidad del Comahue y militante del PRT, declaró nuevamente en Bahía Blanca.

Brindó detalles sobre su secuestro en el Operativo Cutral Co y su cautiverio en el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y las cárceles de Neuquén, Villa Floresta y Devoto. Se exilió en Alemania y volvió con la democracia a empezar de cero en Tucumán.

“Yo no quería volver al Valle porque iba a ser muy triste recordar a las compañeras que están aún desaparecidas. Es como una tortura también para los familiares no saber dónde están, como así los niños que están desaparecidos. Reclamo que se pueda hacer algo, hagan lo que puedan, es un sufrimiento que no se puede poner en palabras”, dijo al tribunal.

Las audiencias se reanudarán el miércoles 14 de diciembre a las 9:30 y al día siguiente en el mismo horario. Por problemas técnicos con la videoconferencia esta mañana no se pudieron escuchar tres testimonios desde Neuquén, por la tarde hubo tres declaraciones. Además de Sepúlveda, ayer se presentaron cuatro ex colimbas de la Agrupación Tropas.

“Era necesario un cambio”

Como hija de trabajadores creció escuchando los reclamos de sus padres sobre las injusticias, los magros salarios, la falta de atención de salud o la imposibilidad de terminar la escuela. Se recibió de maestra, comenzó a trabajar y para “hacer mejor mi carrera pedagógica” se anotó en Servicio Social.

“Era necesario para mí un cambio y traté de hacerlo desde el cristianismo pero no alcanzó. Cuando llegué a la universidad se abrieron otras ventanas. Servicio social en los 70 empezó a tener un cimbronazo de cambio de los que se estaban dando a nivel del mundo, cambio de estructuras, mayor participación de la gente, lograr igualdad de derechos referidos al bienestar del pueblo”, comentó.

Sepúlveda y sus compañeras querían ser mejores profesionales y por eso cuestionaban el carácter asistencialista de su formación y planteaban un mayor compromiso político social. “La ideología que implicaba el cambio y el compromiso era el marxismo leninismo, conociendo la Revolución Cubana donde todos tenían acceso a la educación y a la salud y no eran un bien de mercado, era un camino a seguir”.

Se acercó al Partido Revolucionario de los Trabajadores y cambió el trabajo de maestra por un puesto administrativo en la Universidad del Comahue. “Cuando vino el avance del conservadorismo en el peronismo y estuvo Remus Tetu de rector interventor, hubo una persecución a docentes y no docentes y aparecieron listas negras, era un tiempo de mucha inseguridad respecto al trabajo. Volví a la docencia y pedí una licencia sin goce de haberes. Igual fui cesanteada junto a cien personas”.

A los pocos días las fuerzas de seguridad realizaron el Operativo Cutral Co. La Policía de Rio Negro la buscó en casa de sus padres y en la escuela. Como no la encontraron secuestraron a su familia. Se presentó el 14 de junio y quedó detenida por orden del V Cuerpo de Ejército.

La llevaron a la Unidad 9 donde le hicieron firmar la libertad aunque fue trasladada en avión a Bahía Blanca. “Nos amontonaron en un lugar, nos hicieron como una ronda, nos dieron un empujón y caímos unos arriba de otros. Nos sacaron de ese lugar y quedamos contra la pared, nos dijeron que nos iban a fusilar. Después nos fueron separando, vino un señor que decía ‘colaboren’, jugaba el rol de bueno. Luego me llevaron al quirófano que era el lugar de tortura. (…) Me preguntaban sobre mi participación en el gremio de la UNTER, me leyeron una lista de nombres que no conocía”.

La dejaron en un sitio “donde escucho voces que piden agua, reconozco la voz de Susana Mujica y muy débilmente de Cecilia Vecchi. Con el cambio de guardia escucho los nombres de Elida Sifuentes, de Alicia Pifarré y de Mirta Tronelli”.

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Mónica Morán.

El 16 o el 17 de junio se llevaron a Mujica y a Vecchi: “Escucho los insultos, los tironeos, a Mónica Morán que pedía sus lentes de contacto y la cajita. Cuando llego a Floresta en los diarios leo que ha sido muerta en enfrentamiento y ella estaba allí. Imposible”.

Escuchó también a un guardia cantando “La pájara pinta” de María Elena Walsh y a Alicia Pifarré entonando “El cautivo de Til Til” sobre “el guerrillero de la libertad”. “Había una chica Susana que lloraba mucho y le dijeron que se callara porque la iban a hacer jabón como los alemanes a los judíos. Aparentemente la habían detenido en una esquina, la confundieron con otra persona”.

Aproximadamente el 25 de junio fue “blanqueada” en la cárcel de Villa Floresta donde quiso denunciar las torturas pero “la celadora llamó al enfermero y me dijeron que si hacia la denuncia me llevaban de nuevo a ese lugar”. El 14 de diciembre la trasladaron en un violento vuelo a Devoto. “Había un régimen sumamente severo, el inspector dijo que de ahí íbamos a salir locas o muertas. No nos prohibían muchas cosas de la vida cotidiana como bordar, tejer, e hicimos todo un plan de resistencia y no salimos ni locas ni muertas”.

Casi tres años después recibió asilo político en Alemania: “Que me hayan dado la libertad en otro país fue muy fuerte y muy difícil, más con una lengua que uno no conoce y más allá de que yo haya tenido todas las necesidades económicas mínimamente resueltas estaba lejos de mi trabajo, no podía ejercer de maestra… No puedo poner en palabras el sufrimiento de haber estado lejos de mi patria”.

“No me pude casar en Argentina, mi compañero de vida en aquel entonces se fue a vivir a Alemania con trámites de Amnesty como integración de familia -recordó-. Volvimos un año después de asumida la democracia y volvimos a Tucumán porque allí él tenía trabajo y había que empezar de nuevo. Yo no quería volver al Valle porque iba a ser muy triste recordar a las compañeras que están aún desaparecidas. Es un sufrimiento. Es como una tortura también para los familiares no saber dónde están, como así los niños que están desaparecidos. Reclamo que se pueda hacer algo, hagan lo que puedan, es un sufrimiento que no se puede poner en palabras”.

La nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

(Por Mauro Llaneza) La periodista Irina Hauser dialogó con FM De la Calle horas después de la muerte del ex juez Carlos Fayt y días antes de la publicación de su libro “Los Supremos”, la “historia secreta de la Corte” que estará disponible desde este viernes.

La cronista de Página/12 analizó el aporte del ministro que estuvo más de treinta años en el máximo tribunal, el viraje del tribunal de la mayoría automática menemista hacia el de la ampliación de derechos, la constitución del poder y las ambiciones de Ricardo Lorenzetti y la reconfiguración de las alianzas internas con la llegada de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

“Mi impresión es que los dos nuevos jueces son personajes con personalidades muy fuertes, sobre todo Rosatti es un jurista muy solvente y esto jaquea un poco la hegemonía de Lorenzetti adentro de la Corte. (…) Hay una nueva dinámica adentro de la Corte que imagino que seguirá cambiando en estos próximos tiempos”, afirmó.

-“Extendió tanto su estadía, que dejó en evidencia la pulsión de eternidad que tienen muchos jueces, basada en el dato real de que sus cargos pueden durar de por vida. Como si fueran semidioses, una palabra que a Fayt le gustaba en especial. Semidioses”, dice el libro de Irina Hauser Los Supremos. ¿Cómo es ese mundo de la Corte y cómo lo era en relación a Fayt que estuvo tantos años allí?

El mundo de la Corte es muy complejo, para conocerlo tienen que comprar Los Supremos, pero esto que yo digo sobre la pulsión de eternidad de los jueces es algo bastante común, los jueces de la Corte pueden durar en sus cargos hasta los 75 años pero como ustedes saben Fayt se quedó hasta los 97 y logró hacerlo gracias a un fallo que en su momento sacó la propia Corte, cuando todavía estaba la mayoría automática, donde de alguna manera declaraba inconstitucional la Constitución para permitir que Fayt continuara en el cargo.

Después otro juez, Petracchi, que también se quedó en la Corte después de los 75 años a pesar de lo mal que se llevaba con Fayt, porque se llevaban pésimo, se aferró a esa doctrina y se quedó con esa pulsión de permanecer en el cargo y de usufructuar este poder que da ser juez.

En el caso particular de Fayt una no puede desconocer los aportes que hizo en sus 32 años en la Corte y además, como leía hoy al constitucionalista pampeano Gustavo Arballo, que hace un análisis muy interesante, Fayt tuvo una característica, en algunos casos, muy dócil o por lo menos una persona predispuesta a revisar su propia doctrina, sus propias posturas habiendo estado tantos años en la Corte. Eso es valioso de parte de un juez.

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Ha tenido fallos o votos que a mi modo de ver fueron cuestionables. Por ejemplo, en el caso de la ley de Medios postuló la inconstitucionalidad, fue un voto en minoría. Cuando se discutió la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida las avaló, lo que de alguna manera apuntaba a obstruir el avance de los juicios, por ahí no era lo que tenía en mente porque sostenía una postura jurídica. Pero también en el caso de la discusión sobre la tenencia de droga para consumo personal, esto es lo que marcaba Arballo, Fayt que estuvo tantos años en la Corte había votado de una manera en los años noventa avalando el castigo a quienes tienen droga para consumo personal y en 2009 cuando la Corte sacó el fallo Arriola aceptó resolver su postura admitiendo que no tenía ningún efecto que el Estado castigara a las personas que tienen droga para consumo personal sino que debía apuntar a otra cosa.

Su rol adentro de la Corte era bastante peculiar porque era una persona con un humor bastante ácido y era el que en general desacartonaba los acuerdos, así serio como se lo veía, siempre era el que introducía los temas más ríspidos o más controvertidos, les hacía chistes a sus colegas, siempre era el que rompía el hielo.

-¿Cómo era ese último tiempo cuando se comenta que Lorenzetti recurría a su firma pero negociaba con su esposa o la propia reelección de Lorenzetti donde hizo una movida para tratar de contar con ese voto antes de su retiro?

El movimiento más claro de Lorenzetti fue lograr su reelección anticipada como presidente el año pasado. Anticipó ocho meses la elección de autoridades en la Corte, todo en función de que necesitaba justamente el voto de Fayt para garantizarse el cargo porque ya se veía venir que Fayt se iba a tener que ir porque ya no estaba bien, porque era una persona que necesitaba ayuda para caminar, iba por ahí a los acuerdos una vez cada tanto pero no podía participar del debate, era notable, se veía venir el desenlace y había ya instalada una discusión pública sobre su permanencia a los 97 años.

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Efectivamente Lorenzetti aprovechó o por lo menos intentó obtener la firma de Fayt para cosas cruciales como su reelección anticipada pero también para otros tantos casos que sacaron el año pasado. Entre ellas el tema de la coparticipación justo antes de que se fuera.

-El libro entiendo que parte de aquella cadena nacional de Néstor Kirchner en la cual insta al Congreso a terminar con la mayoría automática del menemismo y a conformar incluso con algunas reglas interesantes una nueva Corte Suprema.

Sí, el libro hace un recorrido desde el año 2003 que a mi modo de ver fue un año de refundación de la Corte. Efectivamente aquella cadena nacional de Néstor Kirchner fue memorable porque nunca nadie había cuestionado de esa manera la mayoría automática del menemismo, lo que sucede es que Kirchner en ese momento se encontró con un escenario muy complejo que es que lo tenía al presidente de la Corte de entonces, que era Nazareno, extorsionando con que iban a sacar un fallo para revalorizar prácticamente la economía y esto fue una amenaza inesperada para el gobierno que recién asumía.

La decisión más rápida que tomó, y que la hizo en el momento justo, fue esto de pedirle al Congreso que interviniera y generar así el clima de cuestionamiento que nunca se había dado con tanta claridad porque históricamente se sabía que la mayoría automática fallaba a favor del menemismo, las privatizaciones de las empresas y demás. Hubo un intento de juicio político que hizo Duhalde durante su gobierno de transición pero fracasó y ahí aparece Kirchner con esta decisión porque además se le venía la economía abajo si sacaban ese fallo, podía ser un desastre, el gobierno podía durar meses.

Para mí es un momento de refundación donde empieza un proceso que con los nombramientos que fue haciendo el gobierno cambió completamente el cariz de la Corte y comenzó una Corte que realmente dejó marcas para la historia, fallos impresionantes de ampliación de derechos de todo tipo, que además fue la Corte que permitió que se reabrieran los juicios de lesa humanidad como una de las cuestiones más simbólicas.

Lo que hago en el libro es recorrer todo el proceso que se inicia en ese momento y que empieza a hacer un viraje en el 2008, 2009, cuando se empieza a notar la acumulación de poder y el posicionamiento de Ricardo Lorenzetti como un personaje fuerte adentro de la Corte que hace un juego propio. Y quizá el tema que termina dividiendo agua es la discusión sobre la ley de Medios donde Lorenzetti si bien en un principio decía que era anticonstitucional después termina fallando a favor de la constitucionalidad de la ley pero hace todo lo posible -y logra que sus compañeros lo apoyen- dilatando la decisión durante casi cuatro años que es lo que le permitió al Grupo Clarín tener mucho aire y finalmente zafar de la aplicación de la ley. Sabemos cómo termina esto totalmente diluido con el decreto del gobierno de Macri. Es evidente que la Corte colaboró con esta posibilidad de que el Grupo Clarín no tuviera que hacer un solo movimiento de desprendimiento de licencias concreto.

-Un ejemplo del mecanismo de Lorenzetti para avanzar en sus propios fines y ambiciones.

Exacto, lo que sucede es que la forma de acumulación y de ejercicio del poder de Lorenzetti no es únicamente a través de los fallos sino a través de un trabajo muy fino que fue haciendo dentro de la propia corporación judicial. Lorenzetti llega a la Corte como un abogado desconocido, ni siquiera él sabía dónde quedaba la Corte, para darles una idea. Todo el mundo preguntaba de dónde salió, quién es, le decían el abogadito de Rafaela medio despectivamente.

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Con mucha astucia empezó a hacer un trabajo de hormiga, de ir fortaleciendo y logrando el apoyo de toda la corporación judicial. Ahí inventó un evento que hace cada dos años que es la Conferencia Nacional de Jueces que por ahí a los simples espectadores nos resulta algo aburrido, uno dice ‘se juntan los jueces qué plomazo’ pero es uno de los grandes mecanismos de Lorenzetti para lograr apoyos dentro de la corporación.

Además, en momentos en que se empezaron a notar diferencias. No nos olvidemos que en el pico de discusión sobre la ley de Medios surge Justicia Legítima. Marcaba que había diferencias ideológicas dentro de la propia corporación judicial. Lorenzetti también lidiaba con eso pero logra una base de sustentación fuerte entre sus propios colegas de todos el país usando algo que es también un elemento histórico del manejo en el poder judicial que es el reparto de cargos, de presupuesto, de empleados cuando algún tribunal lo necesita, en algún momento le renueva los autos oficiales a los jueces, les concede a algunos los autos que están secuestrados en causas de drogas. Ahora están ordenando un poco eso pero pasaron muchos años.

Hace que el resto de los jueces queden en deuda con él y se genera así un circulo de deudas permanentes donde sale fortalecido.

-Hablemos de “las supremas”, ¿qué le apostaron a la Corte Argibay y Highton de Nolasco?

Argibay y Highton eran personas muy distintas. Una las veía así como “las dos mujeres de la Corte” pero Argibay era una mujer que salía y decía lo que se le cantaba, lo que quería, desafiaba permanentemente al Poder Ejecutivo. Y Highton es el polo opuesto, es una mujer muy precavida en sus dichos, en sus comportamientos. Highton ha tenido una característica en los últimos años, a contramano de la actitud de la mayoría de la Corte, que es que abogó permanentemente porque los fallos no pusieran ni en peligro a la gobernabilidad ni generaran ningún peligro de desestabilización económica. En general fue la que más cuidó los intereses del Estado a través de sus decisiones.

Tanto Highton como Argibay como mujeres sí dejaron una marca importante al crear la Oficina de la Mujer en el caso de Argibay y la Oficina de Violencia Doméstica conducida por Helena Highton de Nolasco.

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Yo cuento un poco en el libro que hay como un mito de que hicieron una gran cantidad de cosas y que entraron a la defensa de los derechos de las mujeres. Es cierto que hicieron un montón de cosas, pero también es cierto que cedieron a grandes resistencias y que tampoco es un trabajo que haya fluido cien por ciento. Te diría que incluso en la Oficina de la Mujer, quienes terminaron dejando su huella fueron mujeres que no son conocidas.

La oficina hizo y hace un trabajo muy valioso que es de alguna manera intentar cambiar la cultura patriarcal que hay en todo el poder judicial, es un desafío gigantesco, esto sí fue una idea de Carmen Argibay, muy alentada por algunas mujeres que trabajaron con ella. Y lo empezaron a hacer con talleres en todos lados dirigidos a varones y mujeres como para ver con qué se encontraban, con qué pensamiento, imagínense que el Poder Judicial -que tiene que resolver casos incluso de violencia de género- se encuentra muchas veces reproduciendo los patrones de violencia simplemente por los principios y las ideas que rigen en la sociedad y más en el Poder Judicial que es muy conservador.

La Oficina de la Mujer ha tenido esa función primordial de, como decía Argibay, intentar cambiarle la cabeza a los jueces, un trabajo bastante complicado pero muy valioso.

Argibay tenía una cosa, un rasgo de una mujer muy aguerrida, muy de decir lo que pensaba, de mostrar sus principios, pero al momento de tomar decisiones en los fallos sorprendentemente era una mujer muy formalista. Entonces en sus fallos una no va a encontrar grandes decisiones de la historia de la Corte. Esta fue una decepción grande para la gente que trabajaba con ella porque tenían una apuesta fuerte a que se lograran fallos interesantes.

Argibay muy a menudo lo que hacía es aplicar algo que en Derecho se llama 280 que es un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que le permite a los jueces rechazar sin dar sus fundamentos un planteo. Ella decía que la Corte recibía demasiados planteos heterogéneos, de todo tipo, y que no tenía que tratar todos esos temas. Es un mecanismo que muchas veces los jueces usan para sacarse cosas de encima. Entonces por ahí en casos trascendentes se encuentran con votos de Argibay que eran 280, que no fundamentaba nada o que apelaba a tecnicismos. Pero era una mujer sumamente querida por toda la gente que trabajó con ella y por toda la Corte.

-¿Cómo ves la Corte actual y su reconfiguración con Rosenkrantz y Rosatti? ¿Qué será del futuro de Lorenzetti, es posible o sigue insistiendo en aquella chicana que le hacía Fayt de que él quería ser presidente pero no de la Corte si no de la República?

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Es la pregunta del millón. A mí me da la impresión de que Lorenzetti se preparó para cualquier eventualidad de alguna situación de gravedad institucional que pudiera llevarlo a la presidencia de la Nación pero no me parece que esté ni en condiciones ni que esté buscando ahora ser presidente. No digo que no se le haya cruzado por la cabeza, me suena a que es muy posible que sí.

Me parece que con el desembarco de Rosenkrantz y de Rosatti se están reconfigurando las relaciones adentro de la Corte y habrá que estar atentos a la próxima elección de su presidente. Lo que sucede es que falta bastante porque el mandato dura tres años.

Mi impresión es que los dos nuevos jueces son personajes con personalidades muy fuertes, sobre todo Rosatti es un jurista muy solvente y esto jaquea un poco la hegemonía de Lorenzetti adentro de la Corte.

Si uno mira cómo se resolvieron por ejemplo los fallos referidos a las tarifas, el primero que fue el del gas, Maqueda -que solía estar aliado con Lorenzetti- trabajó junto con Rosatti, se aliaron y de hecho impusieron ellos la postura que finalmente terminó resultando en fallo sobre el gas donde obligaron a hacer las audiencias públicas y frenaron el tarifazo. Lorenzetti empujaba en contra de esa decisión o por lo menos tenía una postura distinta respecto a lo que se podía o no discutir en las audiencias públicas. Él decía que el precio del gas en boca de pozo no debía estar ahí, lo que marcaba una gran diferencia, pero finalmente triunfó la postura de Rosatti. Esto muestra una nueva dinámica adentro de la Corte que imagino que seguirá cambiando en estos próximos tiempos.

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El Consejo Interuniversitario Nacional se manifestó ante las denuncias presentadas por el fiscal Guillermo Marijuan a 52 universidades por el uso de 747 millones de pesos transferidos por el Estado Nacional en 2015.

“Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país”, afirmaron.

“Es la misma denuncia que se hace a las 52 instituciones, se cambió el nombre, y los elementos que contiene en ningún caso particularizan ninguna situación, no es que haya una relación de hechos universidad por universidad sino que se plantea un conjunto de notas periodísticas de carácter genérico a partir de lo cual se establece una denuncia que en todo caso lo que hace es poner bajo sospecha todo el sistema de educación pública del país”, dijo a FM De la Calle el titular del CIN Guillermo Tamarit.

Agregó que “lo que estamos pidiendo es que se actúe con toda celeridad para que podamos establecer nuestras líneas de defensa porque tenemos una sospecha sobre nuestra actividad y ninguna posibilidad de contestar ningún hecho concreto, estamos en una situación muy disvaliosa que compromete el prestigio de la universidad pública”.

La declaración del CIN afirma:

  1. El CIN sostiene y defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación, así como la libre y más amplia actuación del fiscal.
  2. Las universidades nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa.
  3. Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país.
  4. Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa, como señala la ley.
  5. Esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución sino, también, a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados.

Los integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio Ejército III reaccionaron fuertemente esta tarde cuando una testigo se refirió a la lentitud de las causas y la falta de controles sobre los imputados. Cristina Cévoli pidió celeridad incluso por el represor Osvaldo Floridia que lleva casi cinco años detenido sin condena y denunció que el imputado fue visto en una playa jugando al fútbol con sus nietos.

“Si los gobiernos democráticos nombraran más jueces los procesos no serían tan largos, nosotros somos extranjeros acá, ¿entiende? La justicia de Bahía Blanca naufragó en su momento hasta que vinimos nosotros”, dijo José Triputti. Jorge Ferro ignoró la labor del fallecido Hugo Omar Cañón y afirmó que el Ministerio Público “hasta el 2011 en esta jurisdicción no hizo absolutamente nada y tenemos que soportar que nos vengan a cuestionar”. El titular de la APDH local quiso manifestarse desde la platea de Colón 80 y fue retirado de la sala.

El fiscal Miguel Palazzani dijo a la testigo que “tiene todo el derecho a reclamar y sígalo haciendo porque el mérito de que se hagan estos juicios es de los familiares y de las víctimas y no de los operadores de la justicia argentina”. “Son palabras muy ponderables pero sin tribunal no tiene juicio”, retrucó el vocal Martín Bava quien se quejó de las “consecuencias físicas” que le trae viajar a la ciudad y agregó que “cuando vinimos acá nadie quería venir”.

Las audiencias se reanudarán el martes 29 de noviembre a las 15.

Cristina Cévoli es la esposa del sobreviviente de La Escuelita Eduardo “Bachi” Chironi, quien se presentó en la Policía Federal de Viedma cuando supo que lo buscaban y fue trasladado ilegalmente a dependencias del V Cuerpo de Ejército. La testigo declaró en la causa “Bayón” y fue nuevamente convocada para referirse a la intervención del represor Osvaldo Vicente Floridia en un allanamiento en casa de sus padres en diciembre del 76.

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“Lo identifico porque dos o tres días después de ese allanamiento fue a la casa de mis padres, él y (Héctor) Abelleira, me preguntó por qué estaba ahí, dije que era la casa de mis padres, que ellos tenían que explicar qué hacían ahí y me dijo ‘hacéte la viva nomás que te voy a llevar a Bahía como llevé al otro’. El otro era mi compañero ‘Bachi’ Chironi que había sido detenido el 13 de diciembre del 76 en la Federal y el 15 había sido trasladado a Bahía Blanca. Yo casi me muero del susto”, dijo Cévoli.

La ex presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro dio detalles de un amplio operativo del Ejército y la Federal en torno a la casa de sus padres. “Mi mamá me dijo que a media mañana habían tocado timbre unos hombres de particular, alguno con uniforme policial, que traían un papel en la mano y le dijeron que tenían que revisar el patio de la casa para buscar unas cosas, le dijeron que buscaban armas”.

Ella se encontraba con sus hijos en el domicilio de su suegra. Por la tarde “tocan timbre, atiende mi suegra y eran mi mamá y (el comisario) Forchetti. Mamá los había acompañado en la camioneta a buscarme porque le comentaron que ‘Bachi’ había dicho que yo sabía dónde estaban enterradas las armas”.

Para que no sigan destrozando el lugar Cévoli les indicó dónde había guardado una colección de El Descamisado, unos libros de Evita Montonera y publicaciones sobre la muerte de Perón, que su esposo suponía quemadas tiempo atrás.

“Yo soy una defensora de la justicia y me parece que estos procesos largos no son muy justos que digamos. Cuando uno exige justicia para uno mismo también tiene que exigirla por los demás. Me alegra que lleguemos a esta instancia, me alegra por él porque determinarán si corresponde o no que esté detenido pero por lo menos no está en una nebulosa”, dijo Cévoli sobre el policía Floridia.

Mencionó que “hace un tiempo le hicieron una nota radial y dijo que llevaba gente a Bahía Blanca en calidad de detenidos pero no sabía detenidos por qué. Lo cierto es que no los llevaba sentados, tomando mate y fumando. Los llevaba encapuchados, aterrados, tirados en un auto, así que realmente creo que se debiera haber dado cuenta. Es medio difícil pero realmente a mí me parece que sería necesario hacer un control un poco más estricto”.

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El juez Bava no quiso más “recomendaciones al tribunal” y dio paso al fiscal. “Me parece apropiado que se siga explayando sobre el tema, me parece legítimo e importante”, dijo Palazzani. “Hace unas dos semanas una persona de Viedma me comentó que había visto al señor Floridia jugando al fútbol en la playa con sus dos nietos. Eso quería contar”, agregó la testigo.

El presidente del tribunal, José Triputti, afirmó que “si los gobiernos democráticos nombraran más jueces los procesos no serían tan largos, nosotros somos extranjeros acá, ¿entiende? La justicia de Bahía Blanca naufragó en su momento hasta que vinimos nosotros. Tenemos nuestros tribunales con trabajos en nuestras jurisdicciones, el problema que existió en esta ciudad es un problema que la gente de esta ciudad no resolvió y se recurrió a jueces subrogantes e independientes entre los que estamos nosotros”.

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Bava se quejó de que “es la segunda vez que escucho la misma argumentación, me increpa a mí como parte del tribunal que yo soy el retardo de la justicia en cuanto a sus causas que ya he fallado y en cuanto a su testimonio que ya he escuchado”.

“Señora, el Ministerio Público es parte del Estado argentino y usted tiene derecho a exigir celeridad en estos juicios y el Estado se la tiene que dar, usted tiene todo el derecho a reclamar y sígalo haciendo porque el mérito de que se hagan estos juicios es de los familiares y de las víctimas y no de los operadores de la justicia argentina”, dijo Palazzani.

Jorge Ferro apuntó que “el Ministerio Público hasta el año 2011 en esta jurisdicción no hizo absolutamente nada y tenemos que soportar que nos vengan a cuestionar la dilación de los juicios y no he escuchado hasta este momento ninguna queja relacionada con los fiscales federales porque hasta la época del dr. Córdoba acá no hubo absolutamente nada y por eso tenemos que ser tres foráneos los que vinimos a hacer justicia”.

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El secretario de la APDH Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, quiso intervenir desde el público y el marplatense le ordenó: “Cállese porque lo puedo retirar de acá”. “No me pueden detener porque soy una víctima, me voy a retirar, esa es la prioridad de ustedes”, gritó mientras salía del recinto.

Ferro propuso “serenarnos” y continuar con el testimonio de Cévoli quien respondió preguntas de jueces y defensores y aclaró que su manifestación fue sobre “todo un proceso que convengamos que fue largo” y que participa “en todos los juicios no con la sensación de revictimización sino con la convicción de que así podemos ayudar a la búsqueda de la verdad y lograr la justicia”.

“Hacer justicia es muy difícil porque estamos valorando testimonios de cuarenta años atrás y lamentablemente la ciudad querida de Bahía Blanca ha tenido serios problemas con la justicia. Espero, rezo, para que los resuelva en paz, en democracia, como debe ser. No escuché nunca al Colegio de Abogados de acá con respecto a las falencias”, dijo Triputti y agregó que “si ustedes no lo defienden es muy probable que vengan otros o no venga nadie, yo no tendría inconveniente en irme”.

Se publicó en el Boletín Oficial una modificación a la ley de drogas 23.737 que incluye a los precursores químicos dentro de la descripción de los tipos penales, faculta al Poder Ejecutivo para confeccionar y actualizar listas de los mismos, y establece la obligatoriedad de inscripción ante el Registro Nacional de Precursores Químicos de aquellas personas físicas y jurídicas que legítimamente utilicen esas sustancias. También se actualizaron las multas dinerarias de varios tipos penales.

La noticia generó dudas y confusión entre [email protected] y [email protected] de marihuana que entendieron que se trata de “una nueva cruzada legislativa” en contra de sus derechos. Para Mariano Fusero, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, la penalización anticonstitucional del autocultivo está intacta y su criminalización sigue librada a la “ruleta judicial”.

“La inclusión de precursores químicos es hasta una deuda pendiente porque hubo mucha confusión también respecto a si estaban contemplados dentro de la ley de drogas”, dijo el especialista en diálogo con FM De la Calle. “Judicialmente se debatían si los precursores químicos -por ejemplo la efedrina o el tolueno que son utilizados para el desarrollo de determinadas drogas como las sintéticas (…)- se consideraban dentro de los términos de la ley como una materia prima o no, o si estábamos hablando, por ejemplo, de la hoja de coca”.

“Para terminar esa confusión es que se incluye claramente el tema de los precursores químicos dentro del texto de la ley, penalizándolos a igual grado que se realiza respecto a otras conductas como es la producción, el comercio, la tenencia para comercialización -no la tenencia para consumo-, etc. No hay ningún consumidor que en la práctica tenga precursores químicos en su poder ni en su casa como para desarrollar una droga de diseño. Se está criminalizando lo que sería la cadena de tráfico”, explicó.

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Fusero subrayó que “el autocultivo ya estaba criminalizado, o sea, con la misma pena que en la actualidad que es de un mes a dos años. La tenencia para consumo personal, que es donde versa el fallo Arriola de 2009, también se encontraba criminalizada y nunca varió la ley a pesar del fallo Arriola. Todo eso no cambia, con lo cual vale la pena aclararlo una y otra vez como para brindar cierta tranquilidad en ese punto, que vale aclarar también que estamos en la misma situación de inconstitucionalidad que antes, no es que estemos bien, ni mejor ni nada. Estamos igual”.

“No hay una cuestión numérica de decir ‘a partir de determinada cantidad de plantas uno puede estar exento de una pena o no’. Es una cuestión de discrecionalidad judicial que es muy peligrosa porque hay fallos que en la práctica dijeron que un número de 110 plantas eran para consumo personal o que no había muestras o indicios de comercialización. Le cabe la duda a favor de la persona, el Estado es el que debe demostrar que esa persona estaba cometiendo alguna conducta de comercio, de tráfico, no es la persona que tiene que demostrar su inocencia”.

“Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires principalmente, por cinco plantas bajaron una pena de prisión de alrededor de cuatro años de cumplimiento efectivo y esas sentencias están hoy por hoy apeladas y las personas pasaron largos meses en prisión preventiva. Es una ruleta judicial: dónde cae, en qué jurisdicción, bajo qué fiscal, bajo qué juez, va a tener un criterio un poco más abierto, más progresista, o un criterio mucho más punitivista de presumir que esa persona estaba cometiendo un acto de tráfico cuando no hay ningún indicio”, afirmó.

Allí continúa vigente la deuda del Congreso de adaptar la legislación al fallo Arriola de la Corte Suprema, situación que “afecta principalmente a las personas más vulneradas, que no tienen acceso a una defensa técnica relevante y se ven compelidos a una criminalización que la mayoría de los casos lleva a una aplicación a veces tardía del fallo Arriola, pero se ven vinculados a todo un proceso penal que ya significa prisión preventiva, estigmatización social, familiar, laboral, toda una serie de perjuicios respecto de los consumidores que afectan sus derechos y causan un daño más allá de que la causa quede en nada”.

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La Defensoría Oficial de Bahía Blanca presentó en septiembre un Hábeas Corpus correctivo ante la Jueza de Garantías N°1, Dra. Gilda Stemphelet por “las inhumanas condiciones de detención de quienes están privados de libertad en la Comisaría Primera de Bahía Blanca”.

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El Defensor Oficial, Dr. Carlos Carnevale, dijo a FM De la Calle que “se establecieron plazos” para normalizar la situación por lo que aún “sigue habiendo 21 personas” y ello “excede la actuación judicial”. El abogado explicó que decidieron darlo a conocer públicamente porque la situación se repite desde hace años. “Llegó a haber 32 detenidos”, informo´.

“La dependencia policial sólo está habilitada para tener a 8 personas detenidas”, sin embargo, “en promedio se encuentran alojadas 30 personas, contando con un solo baño para todas ellas, sin poder acceder al mismo en horas de la noche” (ver fotos).

A esta grave situación se suma al oscuro escenario carcelario que “no cuentan con elementos de seguridad. Algunos incluso deben dormir en el suelo. La comida no alcanza para el excesivo número de personas. Ninguna de las celdas posee luz natural”.

La Dra. Stemphelet comunicó esta grave situación a la Suprema Corte Bonaerense teniendo en cuenta la responsabilidad internacional que podría caberle a nuestro país por el incumplimiento de las reglas mínimas de detención. La Corte ordenó que en forma inmediata se informe a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de nuestra provincia para que tomen las medidas pertinentes a fin de revertir el estado pésimo en la que se encuentra la Comisaria 1° de nuestra ciudad.

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“Pese a todo lo actuado las condiciones inhumanas de detención no han cesado y por el contrario se ha agravado, por lo que en el día de martes se realizó una nueva presentación ante la Jueza de Garantías en turno, Dra. Susana Calcinelli, “quien ordenó, ese mismo día, el inmediato traslado de TODOS los detenidos fuera dicha dependencia policial”.

En consecuencia, por disposición de la Sra. Defensora General Dra. Graciela Cortazar, funcionarios de la Defensoría Departamental, constataron que pese a lo dispuesto por la magistrada de garantías, hay 21 detenidos, sin que hayan mejorado en forma alguna las inhumanas condiciones de detención en las que se encuentran.

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Ayer por la tarde un grupo de personas de Ingeniero White realizaron una protesta ante los reiterados sucesos de falta de protección ciudadana y cuestionaron la complicidad del poder político encabezado por el delegado municipal, Marcelo Acosta. La marcha “se hizo por los ocho meses del fallecimiento de Ángel y por lo que pasó con el comerciante del supermercado chino”, a quien le rompieron una botella en la cabeza en un aparente intento de robo el domingo, minutos antes de las 20. “Ya se escapa de todo lo que está pasando acá”, dijo a FM De la Calle la tía del joven músico, Viviana Almada.

Tuvieron un encuentro con funcionarios policiales. Estos les comunicaron que reforzarían medidas de seguridad, Sin embargo, Almada sostuvo que “ya no creemos más nada. Estamos todos cansados. White es tierra de nadie”.

Con respecto al comerciante chino, la vecina relató que “a media cuadra de la comisaria” al comerciante “le dan un botellazo en la cabeza y hoy está peleando por su vida. Minutos antes, estos mismos delincuentes habían salido de la Cooperativa (Obrera). La encargada (de la sucursal) llama al 911, los sacan a estos dos malvivientes, los dejan en la vereda y la policía se va”. De inmediato, “cruzan la calle y matan al señor; porque realmente el estado del señor está irreversible”.

En ambos episodios hay un factor común como epicentro del conflicto y blanco de las críticas de la comunidad: el delegado del gobierno municipal, a quien el intendente ha respaldado hasta el momento. En el caso de Ángel, está acusado por la comunidad y familiares de encubrimiento. Con respecto al comerciante, “salió de la policía” la información de que “el señor delegado había dado esta casa a esta gente”.

“Sabemos que a nadie le importa. Sabemos que lo encubren tanto. Sabemos que la corrupción es terrible”, aseveró.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en cambio, tiene una fluida relación con Alamada a través del Ministerio de Justicia y la Secretaría Privada de la Gobernación. Hoy se reunió con “un abogado porque llegó una pericia de Ángel de Mar del Plata. Aparentemente no participó una tercera persona del hecho”, en referencia a la caída del puente que costó la vida de Ángel.

Algunos medios amplificaron el mensaje como si se tratase de una sentencia judicial. Sin embargo, Almada leyó “la nota en un periódico digital y me comuniqué con el fiscal Zorzano”. El funcionario judicial le dijo que “la nota está muy agrandada y que todavía no se descartó nada”.

(Por Equipo de acompañamiento al caso) Es adolescente, pobre y víctima de violencias múltiples: el caso de la jovencita madre de Monte Hermoso y su niño abusado son la evidencia de una problemática social a partir de la cual se deben alcanzar soluciones integrales como una necesaria perspectiva de género y de consideración de las intersecciones de opresiones y violencias.

Estamos ante un caso de imposibilidad del acceso a una justicia justa en términos de derechos, esta sería una justicia que considere la perspectiva de las intersecciones de vulnerabilidades y esto debiera manifestarse en las políticas, los programas, los servicios de salud que abiertamente han reproducido en este caso la violencia de género sufrida revictimizando a dos menores víctimas de violencia sexista.

La jovencita tenía 14 años cuando quedó embarazada de Pablo Baldevenito, de 19 años, en ese momento estudiante para el ingreso a la Prefectura Naval en Ingeniero White. Ella fue víctima de violencia de género desde el comienzo de la relación, acrecentándose en el transcurso de la misma, con el embarazo y cuando es trasladado a Capital Federal a estudiar en Prefectura.

Fue una joven violentada antes, durante el embarazo y luego del nacimiento del niño. Recibía golpes, amenazas, hostigamientos, control permanente incluso al punto de dejarla encerrada junto a su hijo días enteros hasta que el llegaba de su trabajo en la prefectura. Su niño fue víctima también de golpes de este hombre y esto ha sido denunciado por su madre. Estas denuncias todas han sufrido el camino que sufren la mayoría de este tipo de denuncias, han sido “cajoneadas” en la comisaría de la mujer de Monte Hermoso.

El círculo de violencia se sostuvo mucho tiempo, con maltratos, amenazas, hostigamiento, violencia psicológica. La familia de la jóven acude a buscarla a Capital Federal en uno de los episodios de violencia y la trae a Monte Hermoso.

Su padre viajaba a verlo desde Capital Federal. El niño llega un domingo luego de la visita con su padre afiebrado, según el padre “estaba insoportable” por eso le pidió llevárselo a su mamá. El niño es llevado al hospital regional, donde en medio de los estudios le preguntan a la madre si ha sido víctima de violencia, ella informa que sí, ella y el niño, de parte del progenitor. A partir de allí se realizan estudios y se detecta que el niño había sufrido abuso sexual de parte de un hombre que no se pudo identificar la identidad por el tiempo transcurrido para los exámenes de líquidos en el cuerpo del niño.

Luego de un mes de internación en el cual la joven recibió hostigamientos de Pablo Baldevenito para que retire las denuncias de violencia de género, amenazas incluso con ostentación de uso de arma reglamentaria, acusaciones del progenitor del niño de que culpa suya de no haber accedido a volver a estar en pareja estaba en esas condiciones el niño.

En todo ese mes el hombre vio al niño, no se restringió desde la fiscalía a cargo del Fiscal Mauricio del Cero a ninguno de los seis hombres de la familia que podrían ser sospechosos ya que se menciona al círculo familiar como suceptibles de ser considerados responsables del abuso. No hubo investigación en el mes en que se conoció el hecho que permita dilucidar o al menos alejar al niño de posibles abusadores, si se condenó a la madre. Recibió maltratos, acusaciones, humillaciones de parte del personal del hospital.

El Consejo Local de Niñez y Familia elaboró un informe basado prácticamente en información proveniente de informes médicos del hospital que no consta ningún peritaje que permita acusar a la madre del abuso, además se basó en entrevistas a la familia del padre, quienes salieron en los medios durante todo el mes en que el niño estaba hospitalizado acusando a la madre del niño de la situación.

El juez de familia Orlando Daniel Mattii (juez suplente), firmó la solicitud del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de autorizar una medida de “abrigo compulsivo”. Desde ese día, por autorización de este juez a que se utilice la fuerza policial, el niño fue traslado en un móvil policial a una institución denominada “Casa del Niño” en Punta Alta. La madre se encuentra en Monte Hermoso a 90 km. de distancia y puede ver cada dos días a su hijo, el régimen de visitas favorece al padre quien puede seguir viéndolo con mayor asiduidad que la madre y no se ha restringido la visita a ningún hombre de la familia.

Su abogado Leandro Aparicio está denunciando tanto estas violencias de género que la joven venía atravesando como así también la violencia institucional de la que ha sido víctima. Estamos ante una situación de revictimización, de vulneración de derechos que como madre adolescente le asisten, de una inexistente perspectiva de género en el abordaje del caso en cada una de las instancias de la política pública.

Estamos ante una intersección de opresiones que se consolidan en el acto judicial y policial -ya que fue con la presencia policial que se le retira el niño de sus manos en el hospital- de alejar a la madre de su hijo en una acción acusatoria de la mujer.

Las circunstancias de mayor vulnerabilidad en la que se encuentra esta joven por su edad, su condición social, haber visto interrumpida su escolarización, por ser víctima de violencia de género, son las que justamente obligan al estado a garantizar una mayor protección, a tener un “plus” o “extra” de cuidados y garantías de parte de los actores estatales intervinientes.

Esto no sólo se encuentra consignado en el Código Civil sino que también se encuentra establecido por la Ley de Violencia de Género, por los pactos y tratados de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional y supra legal.

El fiscal Eduardo Zaratiegui dijo a FM De la Calle que la muerte de Gabriel Burgos Melo se debió a “una infracción a las normas de seguridad e higiene y consecuentemente este accidente”. Agregó que cuando se refiere al término “accidente” lo hace “entre comillas porque realmente esto no es un accidente como podría ser un rayo en la calle: es consecuencia directa a esta infracción a las normas”.

La causa está caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas”.

Las pruebas las tomó “gente de policía científica” y serán “objeto de pericia”. Para el fiscal “parecieran ser responsables el director técnico de la obra y el responsable de seguridad e higiene de la misma”, desde el punto de vista penal.

Según el funcionario judicial, con la documentación acumulada hasta el momento, habrían fallado “las paredes de contención laterales que debieron haber estado colocadas. En toda zanja que tiene cierta profundidad debe haber medidas para evitar el derrumbe. En zanjas de profundidad no es excepcional que se produzcan deslizamiento de tierras y en consecuentemente derrumbes”.

“Además ahí el terreno es muy arcilloso, seguramente había filtración de agua de los desagües fluviales y la misma vibración del tránsito y de las máquinas que trabajan pueden provocar este deslizamiento”, explicó.

De esta forma, la investigación penal apunta a los responsables directos encargados de la seguridad en la empresa Mapsa Ingenieria.

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Fue la de Gabriel Burgos Melo. Hay tres heridos más. El joven trabajaba para Mapsa Ingeniería. Su muerte ocurrió ayer, luego de un derrumbe, en calle Soler al 100 en el marco de la realización de un trabajo de tendido eléctrico. La justicia deberá investigar si estaban dadas las condiciones de seguridad pertinentes.

Al respecto, el referente de la UOCRA Guillermo Molina dijo a FM De la Calle que “la zanja se derrumba porque la empresa se corre del proyecto original y decide socavar 30 centímetros más por debajo del encofrado de la vereda lo que hace que esta ceda”.

“Era un frente de trabajo que estaba por fuera del programa de seguridad elaborado por esta obra. El programa de seguridad lo hace un ingeniero en seguridad de acuerdo a las características de cada tipo de obras. En el desarrollo de la obra el técnico en seguridad es que el que va haciendo cumplir ese programa”, explicó.

“Evidentemente, ayer no había ni un técnico comprobando que se lleve a cabo. No es habitual” que se trabaje un domingo, “sobre todo en esta obra donde el comité no autoriza a trabajar los fines de semana. Ha sido una decisión extemporánea de la empresa. Tendrá que dar explicaciones”.

El sindicato hizo cinco denuncias contra esta empresa en el Ministerio de Trabajo por la obra en cuestión y otras. “Los organismos de contralor son el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Obras Municipal que es la que libera los permisos. No tenemos constancia de que hayan hecho los controles”.

Por su parte, la Secretaria General de la CTA Bahía Blanca Coronel Dorrego, Ana Canulo, dijo a este medio que año a año la estadística de muertes por precarización laboral “se va engrosando. La precarización laboral se lleva estas vidas. (En) estas empresas son todos trabajadores tercerizados. En este caso trabajaba para EDES pero es contratista de otras empresas como ABSA”.

“Un domingo al medio día cuando muchos jóvenes salieron a divertirse, este pibe estaba trabajando, seguramente ganaba dos mangos y perdió la vida en una zanja. Da una amargura tremenda pensar que la vida nuestra vale dos mangos y que la ganancia de las empresas siempre es prioritario”, agregó.

La dirigente observó que “ahora todo el mundo sale a excusarse” (en referencia a los escuetos comunicados emitidos por autoridades municipales y provinciales)  y que “es al Estado a quien tenemos que exigirle que controle a estas empresas y les exija todas las medidas de seguridad”.

Al momento de las primeras tareas de auxilio, fueron agredidos periodistas y personal de prensa abocado a cubrir lo ocurrido.

 

(Por Giuliana Crucianelli) “Quiero contarles lo que me pasó. Los medios son un recurso importantísimo en la búsqueda de una nena”, dijo Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega en la charla sobre violencia simbólica y mediática organizada por ¿Quién Te Juna? y el Frente Julieta Lanteri. Además, disertaron Verónica Bajo de Acciones Feministas y la periodista Virginia Calzada Frache.

La violencia simbólica está tipificada en la ley 26.485, aprobada en 2009 y reglamentada en 2011, y es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca la desigualdad, discriminación y subordinación de la mujer en la sociedad.

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“Estamos cansadas del doble discurso de lxs concejalxs, se sacan fotos con el cartel del #NiUnaMenos para después aplaudir o avalar la violencia simbólica”, dijo Verónica Bajo, impulsora del proyecto para desalentar la participación del Estado en los concursos de belleza. “Después de más de  cuatro meses desde que la concejala presentó el proyecto no lo quieren tratar. Hay resistencia,  falta de interés y falta de compromiso”, agregó.

Virginia Calzada Frache se refirió al rol de los medios en casos de violencia de género y femicidio. “Como primer paso para que seamos visibles, tenemos que nombrarnos. El lenguaje no es algo menor, es fundamental. Hay que empezar a incluirnos”.

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Señaló que hay que empezar a hablar de todas las violencias además del femicidio, violencia sexual, económica, psicológica y en los diferentes ámbitos tales como el doméstico o institucional.

“¿Para que nos sirve a los medios publicar ciertas cosas? ¿Ayudan? Hay cosas que no, hay cosas que son puro morbo”, concluyó la periodista respecto a la necesidad de preserva r la intimidad de la víctima.

“Siempre tuve bien claro qué necesitaba de los medios, que mostraran su cara, el número de teléfono y que era de Bahía Blanca. Cuando llegaron los medios nacionales me pidieron cosas de Mica, yo las mostré. Y después me pidieron que les muestre el cuarto, yo tenía el pedido de la policía de no dejar entrar por resguardo del lugar. Y la noticia fue que la mama de Micaela ocultaba información. Innecesario”, señaló Mónica Cid.

La mamá de Mica afirmó que “tenía que decirle a mis amigos y familia que no lean los comentarios, que no contesten. Y en uno de los diarios decía ‘“La nena de Bahía Blanca tenía más de cinco perfiles de facebook’, era innecesario. ‘¿Dónde estaba la mamá de Mica cuando ella estaba en facebook’, eso duele”.

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“Cuando publicaron la carta no querían buscar una nena que estaba perdida, querían seguir matando a la familia de Mica y a la nena”.

Parafraseando a Rita Segato, la violencia simbólica es la madre de las violencias y cuanto más sutil es, más efectiva se vuelve.  Es como una gota que cae siempre en el mismo lugar, durante un tiempo no va a hacer nada, pero cuando esa misma gota cae por años en el mismo lugar hace desastres. Por eso es tan importante concluir con los concursos de belleza que ponen como objeto  a las mujeres cada día más, que se entrelazan con montones de actitudes violentas  y terminar de una vez con todas aquellas formas que toma el patriarcado para violentarnos. Porque no queremos otra Katherine, porque no queremos otra Micaela.

Este sábado se cumplen cinco años del asesinato y desaparición del cuerpo del trabajador golondrina Daniel Solano en Choele Choel. El grupo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir lo recordará y reforzará el pedido de justicia con la proyección de la película “¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa” con la participación del abogado de la familia y autor del documental, Leandro Aparicio. Será el domingo a las 18 en Sixto Laspiur 456.

Las organizadoras afirmaron que “el genocidio de los pueblos originarios no lo practicó solo el colonizador, sino que esto se viene practicando desde la emancipación, con múltiples tratados que se violaron avalados por el Estado. A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niña/os, estas acciones sistemáticamente fueron ejercidas por el poder. En la actualidad los pueblos originarios vivimos un genocidio por omisión, ya que se intenta invisibilizar, la realidad en la que vivimos hoy en las ciudades o zonas rurales”.

Daniel era un joven guaraní de Misión Cherenta, Salta, que viajó a trabajar como miles de jóvenes a más de dos mil kilómetros para recolectar fruta en Río Negro. Percibió una estafa millonaria perpetrada entre la tercerizada Agro Cosecha S.A. y la multinacional Expofrut y lo compartió con sus compañeros.

En los estudios de FM De la Calle, Leandro Aparicio brindó detalles de la investigación realizada junto a su colega Sergio Heredia que da cuenta de un entramado mafioso que involucra a las empresas, la justicia, la policía y la política.

“Los testimonios dieron mucha información y siguen ratificando la presencia constante y nefasta de La Nueva Provincia actuando en conjunto con la justicia de entonces, con el juez Madueño y sus secretarios Sierra y Girotti y el aparato represivo, ese tridente en combinación y los efectos que produjeron acá en la zona”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia tras las primeras declaraciones del juicio Ejército III.

Las audiencias se reanudarán el martes 15 a las 15 y el miércoles 16 desde las 9 en Colón 80 de Bahía Blanca.

El tribunal aseguró que se desobedeció la orden, motivada en una queja de la Fiscalía, para que las fuerzas de seguridad se encarguen del traslado de los represores Noel, Salinas y Laurella Crippa quienes hasta ahora concurren solo con sus cuidadoras. Nebbia comentó que el martes “a la salida se retiraron y pasaron por medio de los familiares, los sobrevivientes y las hijas, con sonrisas socarronas –provocando, básicamente- y eso es muy violento”.

El martes la audiencia comenzó casi una hora después de lo previsto por la demora en el traslado de los imputados alojados en la unidad de Villa Floresta. “Brujas de mierda”, dijo el condenado Walter Bartolomé Tejada al pasar cerca de la abogada querellante Mónica Fernández Avello y las dos hijas de desaparecidxs que la asisten. Frente al tribunal, el ex segundo jefe del Departamento II Inteligencia del V Cuerpo de Ejército prefirió callar y dar lástima con sus supuestas dolencias. Otros siete represores acompañaron su silencio por videoconferencia desde Capital.

La excepción fue Enrique José Del Pino, miembro del Batallón de Inteligencia 601, quien por su “destacada” participación en el Operativo Independencia al mando del general Adel Vilas fue requerido por éste como jefe de su custodia en comisión en el V Cuerpo de Ejército y participó en operativos de secuestro. “Colombres” dijo a los jueces que no tuvo relación con la represión en la ciudad sino que vino en varias ocasiones asignado a reforzar la seguridad de Vilas y su familia ante supuestas amenazas del PRT-ERP y ofreció “sus condolencias” a “todas las víctimas de ambos contendientes en este absurdo conflicto”.

El primero de los testimonios fue el de Ricardo Ángel Bustos, integrante de una familia de militantes peronistas particularmente perseguida durante la dictadura y sobreviviente de La Escuelita. Su vecino y amigo de la infancia, José Azpiroz, relató cómo fue secuestrado en el marco del operativo militar en torno a la casa de Bustos y mantenido varios días en cautiverio.

Josefina de las Nieves Álvarez fue secuestrada en dos ocasiones y recluida en La Escuelita en 1976 y en la cárcel de Villa Floresta en 1978. Sus torturadores le hicieron identificar a militantes barriales en una serie de fotos carnet.

Al día siguiente abrió la sesión Paula Lazer, hija de Laura Manzo, militante peronista secuestrada por efectivos de la policía bonaerense a fines de 1975 junto a María Emilia Salto y Daniel Bombara, primer desaparecido bahiense. Sobre el mismo caso fue convocada Gladys Inés Espíndola Vera, amiga de Manzo.

María Cristina Prado, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, declaró sobre un operativo en el departamento que compartía con dos estudiantes de la UNS que fueron capturados ilegalmente en julio de 1976 y cómo un par de meses después ella misma fue secuestrada en Coronel Dorrego. Estuvo en La Escuelita y en las cárceles de Villa Floresta y Devoto donde compartió cautiverio con varias víctimas de la causa.

También hizo su aporte la titular de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, quien llegó a entrevistarse durante los años de impunidad con algunos de los guardias del mayor campo de exterminio del V Cuerpo de Ejército para dar con el paradero de las personas desaparecidas y los bebés nacidos en cautiverio.

Liliana Beatriz Griskan describió cómo un choque de autos entre su hermano y el represor Alejandro Lawless derivó en una represalia y persecución contra su familia que incluyó un despliegue militar alrededor de su domicilio, el cautiverio en dependencias militares y la tortura contra su hermano mientras realizaba el servicio militar -del cual había sido exceptuado por problemas de salud- en Colonia Sarmiento.

Pedro Alberto Golub fue encerrado en el gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181 por reclamar por el paradero de su hermano secuestrado en Mayor Buratovich y aseguró que allí se encontró con Jorge y Raúl Griskan.

Las reseñas de cada una de las declaraciones mencionadas serán ampliadas y publicadas en www.juiciobahiablanca.wordpress.com en los próximos días.

Hoy se reanudará el juicio Ejército III en Bahía Blanca con la quinta audiencia a las 15 en Colón 80. Se espera que finalicen las declaraciones indagatorias con el grupo de imputados que sigue el debate por videoconferencia desde los tribunales porteños y comiencen luego las testimoniales. El miércoles la actividad será de 9 a 15. Las audiencias son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del TOF.

Días atrás la mayoría de los 34 imputados pasó frente a los jueces y se negó a ampliar sus defensas con excepción del ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, quien se dispuso a responder preguntas a pesar de la recomendación de su defensor. El represor, ya condenado a prisión perpetua, intentó limitar su responsabilidad a la conducción de la mencionada unidad militar deslindando injerencias en la jefatura del Área 511.

Por otra parte, el tribunal aceptó sumar las acusaciones por dos nuevas víctimas a los imputados Juan Manuel Bayón y Osvaldo Páez y rechazó incorporar dos genocidas del Ejército al banquillo. El defensor oficial Gustavo Rodríguez pidió la prescripción de los crímenes investigados y el fiscal Miguel Palazzani enmarcó el planteo en “un reflujo de discursos negacionistas del genocidio”.

Durante la tercera audiencia, el 18 de octubre, se informó que los secretarios del tribunal relevaron las cárceles de Villa Floresta y Saavedra para evaluar las condiciones de detención de algunos de los militares juzgados.

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Distintos actores judiciales de la provincia y los propios internos “comunes” de la UP4 denuncian permanentemente el hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos. No parece ser el caso de los detenidos de lesa humanidad que cuentan con “un espacio común con cocina, un baño y cuatro habitaciones” para seis y un pabellón contiguo para otros cuatro.

A pesar de ello, algunos volvieron a sus “unidades de origen” tras las indagatorias y esperan la resolución de los pedidos de arresto domiciliario y “medidas paliativas”. En la UP19 hubo quejas por faltante de colchones pero ahora cada uno tiene el suyo.

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Finalizada la lectura de la acusación el juez José Mario Triputti declaró abierto el debate y el fiscal Palazzani pidió la acumulación de dos tramos de la causa Ejército.

El primero se terminó de investigar el 19 de agosto e incluye a Raúl Esteban Andrés y Luís María Delaico. Andrés fue oficial de Estado Mayor, ayudante del jefe de la Unidad y jefe de Sección de la Compañía del Batallón 181 y Delaico comandó el Batallón de Arsenales 181 con sede en Pigüé.

Palazzani argumentó que se trata de represores de la misma fuerza y cadena de mando que integraron varios de los acusados, que su incorporación ampliaría el universo de víctimas y que de no sumarse ahora los militares llegarían a juicio “en tres o cuatro años”. El otro tramo fue instruido hasta el 16 de septiembre y agrega casos a los imputados Páez y Bayón.

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Respecto a este último punto los jueces pidieron a las partes que ofrezcan prueba por los hechos padecidos por Carlos Oscar Trujillo y Ángel Enrique Arrieta y, por otro lado, rechazaron la solicitud sobre Delaico y Andrés porque “no se trata de los mismos acusados ni víctimas”.

El defensor oficial Rodríguez pidió en un prematuro alegato la extinción de la acción penal de sus 23 representados por la prescripción de los hechos. El fiscal Palazzani destacó que el reclamo “es un tema por demás saldado en los tribunales del país” con 167 sentencias que lo rechazaron y que ni siquiera sostiene la defensora general Stella Maris Martínez, jefa del abogado.

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“Gran parte de este país cuando escucha los testimonios de las víctimas y los familiares todavía, por suerte señor presidente, temblamos de indignación”, dijo el pampeano y agregó que lo de su colega se enmarca en “un reflujo de discursos negacionistas del genocidio”. El TOF difirió su resolución hasta la lectura de la sentencia.

Finalmente, el teniente coronel y defensor particular Mauricio Gutiérrez recusó a los jueces porque, a su entender, en la redacción de la sentencia del primer juicio sobre los hechos padecidos por Rubén Alberto Ruiz “existe un pronunciamiento respecto de la responsabilidad de Cáceres, Nilos, Rojas y otros imputados” aunque los jueces no hicieron lugar al planteo por extemporáneo y falto de argumentación.

La gobernadora María Eugenia Vidal, a instancias de funcionarios de su gabinete militantes del Opus Dei, revocó la resolución de la ministra de Salud Zulma Ortiz que adhería a lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) de mujeres, niñas y personas trans.

La resolución de Ortiz había sido bien recibida por profesionales de distintas disciplinas porque les “hubiera dado muchísimas más herramientas” y en un contexto de creciente rechazo a la violencia machista, los femicidios y la vulneración de derechos de las mujeres.

Así lo afirmó a FM De la Calle la médica Selva Lamtzev, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quien comentó que “en 2013 más de cuarenta mujeres murieron por abortos clandestinos que consideramos que son femicidios, muertes que pudieron haber sido evitadas si realmente el sistema de salud se hiciera cargo de lo que le toca”.

El aborto en casos de violación o cuando esté en riesgo la salud de la mujer es legal en Argentina desde 1921. Lamtzev sostuvo que “el Código Penal habla de que corra riesgo, riesgo es que pueda ocurrir algún evento que perjudique la salud de la mujer, no habla de que ese evento esté ocurriendo. En el fallo FAL la Corte puntualiza que cualquier mujer que haya tenido un embarazo producto de una violación tiene derecho a realizarse un aborto legal en el sistema de salud público o el privado”.

“En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación saca un protocolo de ILE que es muy interesante por dos cosas. En primer lugar por puntualizar algunas cuestiones más específicas en relación a las mujeres que tienen acceso, a cómo realizar la atención, a reafirmar el fallo FAL en relación al acceso al aborto legal en casos de violación y también en comprender lo que decía del riesgo para la salud. Cualquier mujer que se encuentra en gestación ya sea deseada o no tiene un riesgo exacerbado para su salud. Cualquier mujer, incluso previamente sana, por el simple hecho del curso del embarazo puede tener una serie de enfermedades relacionadas con el mismo”.

Lamtzev valoró además que el protocolo de 2015, en línea con la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como “un estado de bienestar bio-psico-social”. “Una mujer que se enfrenta a un embarazo que afecta a cualquiera de esas tres esferas estaría dentro del protocolo y podría solicitar la interrupción legal del embarazo”.

“Lo de Vidal es un retroceso increíble, nos lleva a un oscurantismo tremendo que pone la salud de las mujeres en una situación super precaria. También considerando que estamos teniendo dificultades para garantizar los métodos anticonceptivos”.

La profesional declaró que la obstaculización del aborto legal y el recorte en salud sexual y reproductiva “da la pauta de cuál es la visión del rol de la mujer en la sociedad para este gobierno, o sea, tu único camino en la vida es ser madre, lo quieras o no lo quieras. (…) No son hechos aislados sino que forman parte de una política de agresión hacia las mujeres”.