Desde este lunes serán juzgados cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad. Será el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

Si bien el tribunal definirá el horario este viernes, se estima que será entre las 10 y las 12 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80. La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

En una etapa anterior de la misma causa, el juez federal Walter López da Silva demora la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en febrero de 2018.

La defensora de Rosalía presentó ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías un Habeas Corpus reclamando la inmediata liberación de la mujer. “Consideramos que mantener a Rosalía privada de su libertad es arbitrario porque se encuentra prescripta la acción penal”, señaló Fabiana Vannini.

Los jueces Guillermo Petersen, Alfredo Hernán Mones Ruíz y Guillermo Emir Rodríguez deberán decidir en 24 horas si hacen lugar a lo solicitado por la defensa.

Rosalía parió en soledad en mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido. El pasado 19 de febrero el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a 8 años de prisión por homicidio calificado por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios. Está presa en Azul desde junio de 2019.

“Habeas Corpus significa que se solicita la libertad inmediata de la persona, se considera que el encarcelamiento es ilegal o arbitrario”, comentó a FM De la Calle la abogada.

Señaló que ya plantearon la prescripción y “el Tribunal nos resolvió desfavorablemente con un argumento bastante cuestionable. Ahora planteamos esta cuestión ante la Cámara, si nos hacen lugar Rosalía puede recuperar la libertad y si no iremos con recurso de Casación para discutir la resolución desfavorable”.

“El delito por el que se la condena está prescripto, pasó el plazo que el Estado tenía para condenar que es 12 años. El Tribunal entendió que plazo es de 15 años, en base a una interpretación bastante forzada”.

En el recurso presentado, la defensa argumentó que “parece innecesario tener que recordar la raigambre constitucional y convencional que posee la actuación del Estado respecto de minorías desprotegidas en el complejo aspecto de la pobreza y de género que resulta el marco de la supuesta comisión del hecho que se imputa. Por ello, la única solución justa y adecuada a derecho y a la perspectiva de género que corresponde al caso es admitir la presente acción de Habeas Corpus, declarando prima facie prescripta la acción penal”.

Por otra parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur exigió al rectorado que se presente cómo amicus curiae en la causa de forma inmediata para exigir la liberación de Rosalía. “Nuestra Universidad es directamente responsable de la situación de precariedad laboral de Rosalía, cabe aclarar que el temor a perder el empleo fue la causal del estado anímico por el que atravesó su embarazo y parto”, comentaron en referencia a la ex trabajadora del frigorífico La Gleba. La Comisión Provincial por la Memoria interpondrá el mismo recurso.

Por último, Vannini comentó que “Rosalía está tranquila, bastante angustiada pero lo que quiere es que salga lo antes posible la orden de traslado a Bahía para estar cerca de la familia. El traslado depende del servicio penitenciario y el cupo que tenga la Unidad 4. Contestaron que no tienen lugar. Eso es cierto, en el pabellón femenino están con algún problema de sobrepoblación”.

Organizaciones feministas se concentraron frente a Tribunales para pedir la absolución e inmediata liberación de Rosalía.

Al acercarse al hall de entrada del Palacio de Estomba 34 para manifestar sus demandas, un oficial de guardia las frenó y cerró la puerta: “Silencio que los jueces están trabajando”, afirmó.

Rosalía está presa en Azul desde junio y el 19 de febrero -mientras ocurría el primer pañuelazo- el Tribunal Criminal Nº3 la condenó a ocho años de prisión por homicidio calificado por no haberle dado los cuidados necesarios a su bebé recién nacida.

Recordamos que fue en 2005 cuando, luego de parir en su casa, se desmayó y no pudo atender a la criatura. La mujer cumplía extenuantes jornadas laborales en el frigorífico La Gleba perteneciente a la UNS y ocultó su embarazo por temor a perder el trabajo.

“Desde la asamblea de ADUNS le exigimos al rector de la UNS a que la universidad se presente como amicus curie. La Comisión Provincial por la Memoria también se presentó. Rosalia era una trabajadora precarizada, con todo lo que implica. Ella tenía cuatro hijos, temía que al anunciar un nuevo embarazo pudiera perder el trabajo. Vivía en una zona semirural, las condiciones del parto fueron sumamente precarias. El fallo judicial es machista y clasista. Desde la UNS hemos realizando un informe técnico desde la perspectiva sociocultural a partir de entrevistas de la familia donde se ven las condiciones en las que trabajaba”, comentó la docente Jessica Visotsky.

La integrante de Socorristas en Red, Griselda Cifuentes, señaló: “Otra vez la justicia patriarcal disciplina la vida y nuestros cuerpos, siempre con la movilización en la calle y dejando ver que los mandatos patriarcales pesan en la justicia que se presenta como objetiva. El mandato de la maternidad obligatoria y del instinto maternal como si todas estuviéramos preparadas para la situación que vivió Rosalía. Hay que exigirle a la justicia que sepa que la vida de las mujeres es más compleja y que muchas veces no podemos tomar las decisiones que queremos para nosotras y nuestros hijos”.

“Rosalía es mujer y es pobre y no debería estar en prisión con una violación de derechos humanos elementales. Las mujeres estamos hartas, por eso el lunes hay un paro internacional, vamos a seguir reclamando el derecho a  vivir en libertad y sin violencia”, finalizó Verónica Bajo, militante de Acciones Feministas y Desbandadas.

El Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos presentó una denuncia penal contra la dictadura boliviana por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo invocando el principio de jurisdicción internacional ante el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca a cargo de Walter López da Silva.

Las organizaciones que integran el comité afirmaron que “desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de la derechas locales, los Estados Unidos y el Estado de Israel, los hermanos bolivianos han sido víctimas de una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos, dejado un triste saldo de personas muertas, heridas y desaparecidas, agresiones físicas, manifestaciones racistas y odio fomentado por los medios masivos de comunicación y las autoridades”.

El secretario de DD.HH. de la CTA, Dante Patrignani, dijo a FM De la Calle que “se presentó la denuncia en mesa de entradas, estuvieron revisándola y se aceptó la demanda. Ahora esperaremos qué respuesta hay. El objetivo principal que teníamos era avanzar con algunas cuestiones para visibilizar esto y por eso nos damos por satisfechos”.

“Sabemos que se presentó en Córdoba por parte de una asociación de ex detenidos políticos y en Buenos Aires por parte de la comitiva que viajó a Bolivia en la que participaron compañeros de distintas organizaciones. Sería bueno que esto se replique para que algún juez le de trámite. Es nuestro aporte, modesto pero nos parece que teníamos que hacerlo”.

En la demanda se propone una serie de testigos que padecieron el accionar de las fuerzas golpistas, encabezados por el ex presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Esperamos aporte al conocimiento de los hechos, el señalamiento y juzgamiento de los culpables y la reparación a las víctimas”.

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal se movilizó frente al palacio comunal para repudiar la condena a la médica Renata Pierini Lerner por el homicidio culposo de Micaela Hernández y Ramiro Gavilán por monóxido de carbono en el Barrio Las Cañitas.

Un jurado popular la encontró culpable por su rol como responsable de la ambulancia que se acercó al lugar y se retiró al no ser atendida. La resolución motivó el descontento tanto de la defensa como del fiscal Cristian Aguilar porque terminó con la absolución del operador del 911, Juan Manuel Sánchez.

El abogado de Lerner, Sebastián Martínez, pidió ayer la nulidad de la causa, La dra. Claudia Fortunatti, titular del Tribunal Criminal Nº2, deberá resolver el planteo y determinar el monto de la pena de la médica.

“Entendemos el reclamo de que se juzgue nuestro accionar. Y como cualquier ciudadano o servidor público estamos expuestos a ello. Entendemos que los pacientes y sus familiares nos griten y descarguen su angustia ante situaciones de gravedad. Entendemos que a veces nos agredan y nos amenacen. Porque eso nos pasa todo el tiempo. Incluso nos golpean, literalmente. Parte de nuestro trabajo es contener y acompañar en momentos de gran angustia bronca y tristeza. Y así lo hacemos”, manifestaron desde la APSM.

Desde las escalinatas de Alsina 65, agregaron: “Lo que no entendemos es que se nos quiera usar como chivo expiatorio de turno. No entendemos por qué se nos exigen resultados infalibles mientras trabajamos en situaciones inadecuadas y desfavorables. La sociedad debe aceptar que no somos dioses ni tenemos poderes especiales. No podemos adivinar el futuro ni ver detrás de una pared. No somos distintos al resto de las personas. No salimos a trabajar con la intención de hacer daño ni tampoco somos asesinos”.

“Por eso, le pedimos a la sociedad que tenga expectativas realistas y deje de ponernos en la cima del Olimpo o en lo más profundo del infierno. Somos personas que dedican su esfuerzo y entrenamiento a hacer el mayor bien posible, para otros”.

Las y los profesionales sostuvieron que “el problema no es una condena desfavorable. El problema es el juicio de un jurado que está compuesto por personas que viven y forman parte de una sociedad hostil y con enojo crónico. Y los profesionales de la salud somos sistemáticamente blanco de ese enojo. Así no se puede juzgar y ha quedado demostrado que de esa manera no se juzga con criterio”.

“Si el fiscal buscaba justicia debió preguntar primero por el responsable de la presencia de monóxido de carbono. Pero no lo hizo. Y después sí vayamos a analizar las responsabilidades que le siguen. Discutamos sobre las comunicaciones del operador y discutamos las responsabilidades del sistema de salud. Pero no al revés”.

“La ambulancia no fue para generar daño. Las ambulancias no salen para hacer daño. Por esto le pedimos a la sociedad y los responsables de impartir justicia que recuperemos la coherencia y seamos realistas con las expectativas del sistema de salud”, afirmaron.

Por último, advirtieron que “no se resuelve nada si solo se busca una condena para quien está para ayudar y se ignora el origen de los problemas. Por esto le pedimos a la sociedad y los responsables de la justicia que recuperemos la coherencia y se juzguen los hechos con la importancia que a cada parte le corresponde”.

“Nos preguntamos por el derecho al cuidado, qué es lo que implica el derecho a cuidarse uno mismo y a cuidar de sus hijos. Nos planteamos quién llegó tarde para cuidar a Rosalía y a sus hijos o quién no estuvo al lado de ella para cuidarla”, dijo a FM De la Calle Nora Dinoto.

Desde la Red Local de Violencia de Género rechazaron la sentencia que condenó a Rosalía a ocho años de prisión por homicidio por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios, ocasionando con ello su muerte.

“Es una historia de vida con muchas precariedades, con muchas miserias sociales y culturales y no sé si estamos en condiciones de emitir un juicio, a priori, para decir es culpable. Está inmersa en un sistema que ha sido producto de condiciones de existencia que la han ido delimitando en todo su ejercicio como mujer y madre, para cuidarse a si misma y a sus hijos”, señaló Dinoto.

Respecto al accionar de la justicia, comentó que había “pericias psicológicas y psiquiátricas donde señalaban las imposibilidades que tenía esta mujer para asumir esta realidad. No lo quisieron  captar y optaron por un fallo que deja satisfechos a los supuestos sociales y culturales de esta sociedad patriarcal. En este caso, la perspectiva de género no estuvo y fue una mirada clasista y misógina”

Dinoto mencionó que “este tipo de realidades llega a la consulta de distintas organizaciones o servicios que plantea el Estado y desde esas gestiones municipales o provinciales se desvaloriza ese reclamo. Se la juzga desde ese lugar, si va se la juzga y si no va también. Esa situación, de alguna manera, condiciona esa mirada social sobre estas realidades”.

Una mujer fue condenada por homicidio a ocho años de prisión efectiva por no haberle brindado a su hija recién nacida los cuidados necesarios, ocasionando con ello su muerte.

El Tribunal Criminal Nº 3 dictó ayer sentencia sobre el hecho ocurrido casi quince años atrás. Fue un fallo unánime a partir del voto de la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.

La mujer, madre sola de cuatro hijos, ex trabajadora precarizada en un frigorífico de pollos dependiente de la Universidad Nacional del Sur, está presa en Azul desde junio de 2019.

R. parió en soledad entre el 18 y el 19 de mayo del 2005 en Argerich, partido de Villarino. Llamó a los gritos a sus hijas para que la ayudaran y  cuando las vio corriendo y asustadas, se desmayó. Permaneció inconsciente durante horas y cuando despertó notó que la criatura había fallecido.

Las pericias establecieron que la mujer “posee carencia de recursos psicológicos básicos o necesarios para asumir los cuidados y responsabilidad materna, sin un tercero en quién apoyarse y que la ayude a sostener esas responsabilidades. Presenta precariedad psicológica para enfrentar por sí sola problemas que involucren los afectos y maternidad de manera adecuada”.

Sin embargo, el fiscal Jorge Viego argumentó que “la justificación que brindó la acusada no resulta creíble”. Consideró que tuvo un “plan para deshacerse de la criatura”.

La defensora oficial Fabiana Vanini señaló que “debido al desvanecimiento, R. tuvo una ausencia de capacidad para poder realizar la conducta ordenada. Fue incapaz de evitar el resultado, por incapacidad física y psíquica, por su historia de vida, el cansancio debido a jornadas de trabajo inhumanas”.

Vanini expuso que “existió omisión del Estado para con ella y la recién nacida, por las condiciones de vida que llevaba, también sobre la inexistencia de tutela laboral para mujeres embarazadas, que R. no podía realizarse los controles de embarazo pues ello le representaba faltar a su trabajo y no cobrar por dicha jornada”.

“Se encontraba en un contexto de vulnerabilidad económica y social y si hacía ostensible su embarazo probablemente fuera despedida, sus anteriores parejas no se hicieron cargo de sus hijos. La imputada se vio obligada por las circunstancias a ocultar su embarazo”, afirmó.

La mujer trabajaba en el frigorífico de pollos “La Gleba” desde las 5 de la mañana hasta las 21. Carecía de derechos laborales, estaba inscripta en el régimen del monotributo.

La jueza Castaño aseguró en su voto que “la inminencia del parto, el alumbramiento sin asistencia, los dolores, el cansancio extremo, el temor por su estabilidad laboral han limitado su capacidad de razonamiento, llevándola a obrar de la manera que lo hizo”.

Pese a esto, la magistrada refirió que “no ha surgido de la causa que la imputada se haya visto frente a una situación extrema que le anulara su autodeterminación al punto de tener que optar entre la propia vida y la de la recién nacida”.

Así propuso, y fue acompañada por D’Empaire y Casas, condenarla a ocho años de prisión por encontrarla autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias de atenuación.

Lucas “Titi” Schwaner (24) fue detenido ayer sospechado de ser el autor del disparo que mató al hincha de Olimpo Emanuel Castillo.

La jueza de Garantías Susana Calcinelli ordenó tres allanamientos para dar con el acusado: Thompson al 1400, Falcón al 2100 y Estados Unidos al 1400, donde finalmente fue hallado Schwaner y un arma envuelta en una bufanda escondida en el techo de la vivienda.

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa de la cual participaron Viego, el fiscal general Juan Pablo Fernández y familiares de Castillo.

“Lo primordial fue el relevo del lugar del hecho, la complicación surgió porque se disparó desde ambos bandos, fue complicado determinar cuál fue el disparo que terminó con la vida de Emanuel. Pero con esa reconstrucción del hecho, una activa participación de la familia y de la justicia -porque varios testigos se acercaron a la familia- se fue reconstruyendo la mecánica del hecho”, dijo Viego.

A partir de filmaciones se pudo reconstruir que Schwaner disparó desde Garibaldi y Maipú y luego huyó del lugar en el Fiat Uno blanco secuestrado días atrás. Las cámaras de seguridad y otros testimonios permitieron seguir el trayecto del vehículo e identificar al sospechoso.

Para la Fiscalía está probado que el hincha de Villa Mitre detenido no fue el único que disparó y que hubo tiros de ambos bandos. Ahora, deberá peritarse el arma encontrada para evaluar si es la que asesinó a Castillo.

Por otro lado, se analiza la veracidad de un mensaje de Whatsapp en el cual el acusado se autoincrimina en el homicidio y en las heridas sufridas por otras dos personas. Un primer testeo del audio dio resultado negativo por no tratarse del archivo original sino de uno reenviado.

Fernández confirmó que otras fiscalías avanzan en la investigación sobre los desmanes ocurridos en la previa del clásico, que hay un detenido por portación de armas y que interviene además el Fuero Penal Juvenil por la participación de menores.

En cuanto a la inacción policial que permitió el enfrentamiento entre las barras de Olimpo y Villa Mitre, el fiscal general aseguró que la investigación evidencia la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos o personal policial se avanzará en ese sentido.

La familia de Castillo agradeció el acompañamiento de la comunidad bahiense y a las personas que se acercaron a brindar información a la Justicia.

A partir de la imputación y la indagatoria al detenido, Jorge Viego tendrá 15 días para solicitar la prisión preventiva de Schwaner.

La familia del hincha de Olimpo asesinado este domingo antes del clásico con Villa Mitre pidió colaboración para identificar al autor del disparo mortal y convocó a una marcha pacífica para este viernes a las 19.

En el marco de la investigación por el homicidio de Sergio Emanuel Castillo se realizó un allanamiento en calle Italia al 2000. Tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del CEUM y de vecinos particulares se logró identificar a la persona en cuya vivienda no se encontró el arma aunque sí se secuestró un celular.

El intendente Héctor Gay, en declaraciones a LU2, señaló que no fue “ni consultado para cortar una calle”. “No nos preguntaron absolutamente nada”, dijo y delegó responsabilidades en la A. Pre. Vi. De.

En las últimas horas se conoció que Alejandro Barreto fue separado de su cargo como titular en la Policía Distrital y que será reemplazado por Gonzálo Bezos.

Por otro lado, el barrio Villa Mitre vivió ayer una tensa tarde tras la circulación por redes sociales de rumores sobre la posible aparición de hinchas de Olimpo que luego del sepelio de Castillo. La Policía realizó un operativo en el centro del barrio, varios comercios cerraron sus persianas y hubo poco movimiento vecinal.

Circuló una carta en redes sociales firmada por un villamitrense anónimo en la que manifiesta: “Fueron a maltratar nuestros símbolos más sagrados, a destrozar nuestras pertenencias y amenazar a todos nuestros vecinos. Algunos ineptos cuestionan que el partido se haya continuado, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si realmente nuestros 7 mil vecinos veían cómo estaban destrozando nuestro barrio? En el medio la policía… con 33 cuadras de por medio en donde podrían haber frenado la caravana, pero no… les faltó tenderles una alfombra mostrándoles el camino hasta la sede”.

El juicio contra cuatro represores civiles que integraron la Alianza Anticomunista Argentina en nuestra ciudad debía comenzar este miércoles. Sin embargo, trámites sobre la prueba que se admitirá en el séptimo debate por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca provocaron su postergación.

“Pareciera que no hay audiencia pero no nos llegó ninguna notificación de la suspensión”, dijo esta mañana a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento. En horas de la tarde el secretario del tribunal confirmó verbalmente a Fiscalía que el debate no iniciará.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando de los fallecidos Rodolfo “Fito” Ponce y Remus Tetu, en época de los hechos diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación y rector interventor de la UNS, respectivamente (foto).

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisú falleció a fines de 2019.  Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

El juez federal Walter López da Silva continúa demorando la definición de la situación procesal del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, indagado en la misma causa.

Días atrás, el Tribunal Oral comenzó la evaluación de la prueba que admitirá en el debate, presentó dudas respecto de algunas de ellas y dio lugar a las partes para que brinden su opinión en un plazo de 48 horas. “Nosotros contestamos el viernes y la defensa pidió una prórroga que entiendo que la van a conceder porque era un plazo muy breve. Esto en principio perjudicaría el inicio mañana”, manifestó Fermento.

“Es importante la voz de los familiares. Por más que puede parecer redundante o superfluo, siempre es necesario que cuenten cuáles son las consecuencias de estos hechos, cómo se vivieron, qué produjeron. Son pertinentes para definir la existencia de la asociación ilícita y cuantificar la pena que, para nosotros ya desde este momento, consideramos que es la máxima”.

El fiscal auxiliar destacó que el Tribunal no comprende al Juicio Triple A en el marco de las otras causas de lesa humanidad que se tramitan en la ciudad. “Para nosotros forma parte de la causa madre, la 05/07. Hicimos la imputación en la Causa Ejército, que es la fuerza con la que encontramos las mayores vinculaciones por parte del grupo paraestatal”.

“Consideramos que toda la prueba de la Causa Ejército y las audiencias del juicio, las víctimas -la mayoría de las cuales eran militantes de Bahía Blanca y sufrió la persecución por parte de este grupo-, forman parte de la misma causa. Esto no es visto en el mismo sentido por el tribunal y nos pidió, entre otras cosas, que justifiquemos porqué habría que incorporar esos testimonios”.

Fermento ejemplificó: “Sobre la comunidad informativa que integraban todos los organismos de la ciudad y la región, en todas las causas se mostró cómo la actividad de inteligencia sobre las víctimas se remontaba a diez o quince años y, particularmente en los años 74 y 75 fue muy intensa. En este juicio hablamos de que uno de los jefes de la asociación ilícita, que era Remus Tetu, participaba de las reuniones de la comunidad informativa. Toda esa inteligencia, esa actividad de espionaje y de fijación del blanco, fue utilizada durante la dictadura. El rector interventor de la universidad iba a señalar gente, militantes políticos de determinada tendencia o ideología, con las consecuencias que eso tenía”.

“Varios de los miembros de esta asociación ilícita, por ejemplo los hermanos (Héctor y Miguel Ángel) Chisu, que en el 74 o 75 operaban dentro de este grupo paraestatal bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 181, en el 76 se incorporan como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento y hay numerosos testimonios, sobre todo de conscriptos, que mencionan a este grupo de civiles reclutados como el grupo de confianza que utilizaba (el general Adel) Vilas para los trabajos nocturnos, cuando no utilizaban uniformes o a la tropa”, detalló el fiscal.

“Watu” Cilleruelo y el “Negrito” Jesús García.

En cuanto a la tarea investigativa sobre el accionar del terrorismo de Estado antes y después del golpe de marzo del 76, Fermento comentó que “hay grandes diferencias”.

“Cuando hablamos de la estructura burocrática del Estado directamente implementada para la tarea represiva, como fue a partir del golpe, podemos hablar de coautoría mediata y descansar en la organización reglamentaria del Estado, de las fuerzas, de las unidades militares, las cadenas de mandos. Acá tenemos un grupo paraestatal. Esto significa que el Estado no está asumiendo una tarea sino que la está delegando en un grupo que no reconoce como propio o cuyo vínculo oculta. Es el Estado actuando sin reconocer que lo hace. Se hace mucho más difícil probar o explicar las relaciones orgánicas”.

Por ello, la pesquisa apuntó a la figura de la “asociación ilícita” y su relación con los hechos juzgados y con el Estado. “Las dificultades son enormes, estamos hablando de un período histórico que no se encaró, en cuanto a la investigación, con la misma intensidad con que se hizo con el período posterior al golpe de Estado”.

“El laburo con las víctimas es más delicado, más traumático. Hay familias que nunca hablaron de esto. La impunidad genera un velo muy difícil remover para saber qué pasó, quiénes operaron. Jurídicamente es una valla para avanzar en las imputaciones directas. Sin embargo, el propósito de la Fiscalía fue no quedarse con ese impedimento sino empezar a avanzar sobre lo que solicita la asociación ilícita que es la finalidad de una empresa criminal, constituirse para hacer determinada cosa”, afirmó.

La Fiscalía probó que “la finalidad de este grupo, además de amedrentar, perseguir, hacer inteligencia, también era asesinar personas. En varios de los casos, al menos en tres de los operativos, pudimos acreditar la participación de algunos de los miembros de la asociación”.

“Se constituyó con un fin concreto en el marco de un programa que tenía alcance nacional y se estaba instrumentando a través del Batallón de Inteligencia 601 y las distintas unidades de inteligencia del país, con grupos operativos de carácter civil en el plano operativo”.

Ante la vacancia del Tribunal Oral bahiense quienes deben realizar el juicio son subrogantes. El presidente Roberto Amábile, integra la Cámara Federal local y Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido vienen del TOF de La Pampa. “Aguerrido está pronto a que se le venza la designación”, explicó Fermento, “si arranca el juicio ahora queda conformado el tribunal y si se posterga y arranca luego del vencimiento tienen que designar a un tercer juez. Además está pendiente el nombramiento del cuarto juez”.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor y ex concejal, Ricardo Pera, fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.

Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia y solicitar una medida de protección, la cual le fue denegada por el dr. Juan Pablo Schmidt.

“No me hagas enojar negra”, decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los “coscorrones” alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas “sin causa”. El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Mi despido fue el paso final de todo este manoseo político y gremial, de todos estos meses para que yo no denunciara antes de las elecciones. Esto fue acordado por todas estas personas que yo nombro en esta denuncia”, afirmó Trespando.

La víctima manifestó, además, que fue obligada por directivos de UTA a renunciar al sindicato y a la mutual que cubría costosos tratamientos médicos que necesitan sus hijos.

El ex concejal será juzgado en agosto por las amenazas y golpes denunciados por otros dos ediles tras una sesión para tratar un aumento del boleto de colectivos en 2015.

Laura Trespando brindó su testimonio a FM De la Calle.

“Quiero denunciar lo que estoy viviendo para poder darle también ayuda a las mujeres que vienen atrás mío”, dijo. Su relación con Ricardo Pera comenzó en diciembre de 2012 y duró casi seis años.

Yo venía de una separación, de perder a mi papá, me había mudado a una casa más pequeña que la que estaba. No teníamos muchos recursos, estábamos bastante solas con mis hijas, que son las que siempre me acompañaron en todo. Él salió de la galera y empezó a ayudarnos. Primero aparecía con un telefonito, después empezó a venir a cenar, con sus risas y sus cuentos. La verdad que me inundó de amor y de ilusión. Pensé: al fin, después de tantos años de estar mal, conozco a mi compañero y a la persona que va a caminar conmigo y ya no va a ser tan pesado.

Todo empezó porque por ahí yo tendría alguna reunión familiar con mi mamá o con mi hermana y él ya no quería que fuera. O si iba a algún lado era una discusión o ‘te la pasás en la calle, ¿qué tenés que hacer? ¿qué necesitas? ¿no te alcanza con lo que te doy?. Era imposible tener una reunión de amigas porque para él no era necesario. Si iba a su casa no podía agarrar el teléfono -yo iba fin de semana por medio- y si mis hijas me necesitaban o querían decirme una mínima cosa yo no podía contestarles.

Si necesitaba ir al mercado iba pensando ‘que no me llame, que no me llame’. Y si me llamaba me decía ‘yo siempre te tengo que enganchar en la calle’, me decía ‘por qué no te organizás mejor, salís del trabajo, pasás por la leche y no tenés que andar dando vueltas’. No quería que estuviera en la calle para nada. Mi vida empezó a ser el trabajo, mi casa y la suya. No tenía otra cosa. Ni siquiera cumpleaños de mis hermanos ni de nadie. Todo era una discusión si yo quería hacerlo. Y si iba a algún lugar de esos lo hacía sin que se entere para evitar una pelea, para evitar… cualquier cosa.

¿Eso lo tornaba más violento?

Sí, obvio. Empecé a evitar todas esas situaciones pero cuando por ahí no me daba cuenta o no la podía evitar, venía el “coscorrón” -como él le llamaba- o un castigo laboral o empezaban los gritos y las amenazas constantes.

No recurrí nunca a ningún lado porque si yo hablaba era una desagradecida, una mal parida. Cuando estuvimos bien fuimos construyendo mi casa para ir en algún momento a vivir juntos. Cuando terminé de construirla, él no vino a vivir conmigo. Pero como me ayudó mucho en lo económico -en realidad no me ayudó porque la casa era para los dos- cuando se enojaba me decía ‘bueno, vendé todo, te vas a alquilar’. Y yo pensaba a dónde voy a ir, otra vez pierdo todo. Por ese miedo seguí sosteniendo mi relación. Además, siempre me dijo que me iba a ver de rodillas, que él no iba a parar hasta verme de rodillas.

¿Vos estabas trabajando en Bahía Transporte Sapem y tenías un rol como delegada de UTA?

Sí. Fui durante tres años delegada de UTA, hasta que me hicieron renunciar cuando yo decidí separarme.

¿Estabas rodeada tanto en lo privado como en lo laboral?

Totalmente.

¿Cuándo terminás con esa relación y decidís hacer la denuncia?

Yo rompo con eso porque en una de las últimas peleas él me pegó en casa y estaban los nenes. Estaban en el living y no vieron la situación, pero estaban. Por el miedo, no solo a que ellos vieran sino a que siguiera, presioné la alarma para que sonara, tiene un botón de emergencia. Empezó a sonar, él se asustó y se fue. Pensé para mí: esta es la última vez que tengo que permitir esto en casa.

Uno de mis hijos tiene autismo y él en dos ocasiones lo golpeó. Hasta ahí era. No solamente venía sufriendo en daños o amenazas permanentes o en maltrato, que ya era nuestra forma de relación. No me di cuenta, llegó un punto en que pensé que era así la forma de relacionarse, venía de dos fracasos y empecé a pensar que era yo.

Conversando con amigas, con gente que quiero, o con mi hija que en algún momento se enojó conmigo por las cosas que yo permitía, vi que eso no es natural, normal. Pero cuando estaba viviendo eso no… seguí nada más.

¿Cómo es tu situación laboral y económica hoy?

Perdí el trabajo, perdí todo sustento. Además, ella (Ndr: su hija) que también fue despedida comenzó a trabajar en una heladería y Ricardo llamó al dueño para que la despidan. Y así pasó.

Fui a ver al intendente con la denuncia en la mano para que me reciba. Está al tanto de toda esta situación porque Sapem es en su mayoría municipal. No me recibió porque supuestamente para él esto es una cuestión personal. Yo creo que excedió lo personal, todas las personas de mi empresa sabían lo que estaba pasando y vieron las veces que iban y me retiraban de mi oficina y me obligaban a renunciar a mi cargo o a la mutual o a la afiliación.

¿Eso cuándo ocurrió?

Yo decido separarme de él y lo primero que hace es hacerme renunciar a mi cargo de delegada del gremio. Un par de meses después despide a Maite. Como yo sigo sin querer volver con él, me hace renunciar a la mutual. Yo dependía de eso para los costos de mi hijo. Después me hace renunciar a la afiliación. Quedo totalmente desprotegida en mi lugar de trabajo. En Sapem si no sos afiliado al gremio quedás afuera casi inmediatamente, así funciona. Yo coordinaba el sector de monitoreo.

¿Cómo te hacen renunciar?

Estaba sentada en mi oficina y aparecen dos compañeros suyos, el secretario adjunto y el secretario gremial. Me piden que renuncie con una hojita y yo les dije que no quería renunciar, que me quedaba sin cobertura para F.. Ellos lo conocen, hacemos un tratamiento en Buenos Aires de estimulación magnética transcraneal en INAC. Me dijeron que no, que ellos tenían que llevar esa hoja firmada y que no había opción, que no tenían explicación que darme y que hasta ahí había llegado mi momento. El secretario adjunto me dijo: ‘firma calladita así no te pasa nada’. Firmé y se fueron.

Yo siempre trabajé del lado del gremio, representando a mis compañeros, no les había faltado nunca. Siempre trabajé a la par de ellos, a pesar de que no me permitían estar en asambleas o convocatorias por mi condición de mujer.

Y así fue…

¿Y de Sapem te echaron?

Me quisieron hacer renunciar. Ricardo me obligaba a renunciar pero no quise. Me empecé a asesorar, el gerente y el presidente me decían que no renuncie. Me derivaron a distintos sectores, a Tránsito y Transporte…

¿Federico Harfield y Tomás Marisco estaban al tanto de toda la situación?

Claro, obvio, ellos estaban al tanto de todo. De hecho, Marisco en una de las venidas del gremio a la Sapem me vio demasiado sensible y me derivó al Departamento de Género. Me recibieron tres veces y también estaban al tanto de todo. Creo que no pudieron cuidarme. Tomás en cierta forma hizo lo posible para derivarme y no dejarme sin empleo pero finalmente no quedó otra, todos acataron su orden.

¿Renunciaste?

No, me despidieron sin causa.

¿Cómo te sentís hoy?

¿Cómo me siento hoy? Totalmente sola. Cuando cuento que se trata de Ricardo Pera todas las personas que podrían ayudarme no pueden. Porque tienen miedo o por intereses creados no me pueden ayudar. Fui a hablar con mi abogada y me dijo que si estaba fuerte me acompañaba.

¿Tuviste algún tipo de consecuencia?

Sí, él me mandó a decir por terceros que desestime la denuncia, que los muchachos me van a hacer mierda. Esas fueron las palabras que me llegaron. En esta denuncia presenté audios, fotos, pero bueno, no me dieron la perimetral.

¿Con qué argumento?

Que los golpes eran viejos.


Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o contactate con la Red Local de Violencia de Género [email protected]

(Por Giuliana Crucianelli) Durante la segunda jornada del juicio por el femicidio de Aída Rosa Caballín las partes presentaron los alegatos. Hernán Rogero se negó a declarar.

El acusado estuvo presente durante la audiencia aunque no acudirá el jueves próximo a la lectura de la sentencia. La Fiscalía solicitó la prisión perpetua y la defensa pidió ocho años, la pena mínima por homicidio simple.

En su alegato, el fiscal Jorge Viego argumentó que hay elementos probatorios suficientes para demostrar la figura de homicidio perpetrado de un hombre hacia una mujer mediando violencia de género.

Destacó que, por la forma que se encontraba el cuerpo de la víctima, el asesinato pudo haberlo realizado una sola persona. Señaló que cuando Rogero huyó de Blandengues al 800 “el hecho ya estaba cometido y procedió a descartar el cuerpo”.

En la Sprinter se encontraron cabellos que “coinciden morfológicamente con los de Caballín y eso habla de una mecánica de violencia dentro del vehículo”. Sin embargo, no se realizaron las pruebas de ADN necesarias para acreditar que esos cabellos pertenecieran a la víctima.

La Fiscalía afirmó que se “cosificó a la mujer en función de la actividad que realizaba”. Viego señaló que durante el allanamiento Rogero se desmayó cuando oficiales encontraron las sogas similares a las halladas en la víctima, lo cual acreditaría su culpabilidad. Asimismo, se contempló como antecedente el testimonio de la ex pareja quien aseguró que existió violencia durante la relación.

La defensa, a cargo de German Kiefel, solicitó el homicidio simple y argumentó que no hay motivación para considerar el agravante por femicidio. Señaló que no se acreditó el móvil que indique que es un caso de violencia de género.

Destacó que, en todo caso, la Fiscalía debería haber solicitado la figura del femicidio no íntimo que establece el Código Penal en el artículo 80 inciso 4. El abogado sumó como atenuantes la carencia de antecedentes ante la justicia, el buen concepto que tenía el empleador de Rogero sobre el acusado y la adicción a la cocaína.

El jueves a las 12, el juez Eugenio Casas y las juezas Claudia Fortunati y María Mercedes Rico, a cargo del Tribunal Criminal 2, leerán la sentencia contra Rogero, quien permanece en prisión preventiva.

(Por Giuliana Crucianelli) “Yo viví un infierno con él, sabe muy bien lo que me hizo pasar a mí y a mi familia. Estoy segura de que fue él”, declaró ayer la ex esposa de Hernán Rogero, imputado por el femicidio de Aída Rosa Caballín, ocurrido el 16 de julio de 2018.

En la primera jornada del debate se escucharon ocho testimonios de la Fiscalía y cuatro de la defensa. Este viernes se desarrollarán los alegatos y a fines de la semana próxima habrá sentencia.

Rogero está imputado por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género. Intervienen el Tribunal Criminal Nº2 a cargo de Eugenio Casas, Claudia Fortunati y María Mercedes Rico; el fiscal Jorge Viego y el defensor oficial Germán Kiefel.

La víctima era trabajadora sexual en la zona de Blandengues al 800 donde se la vio por última vez al subirse a la camioneta de Rogero alrededor de las 22:40 del 16 de julio de 2018. Personal de la DDI pudo, a través de las cámaras de seguridad de vecinos de la zona, seguir el recorrido de la combi hasta cercanías del lugar donde aparece el cuerpo de Caballín en el barrio Los Chañares.

Dos testigos que formaron parte del operativo dieron cuenta de que en el lugar donde se encontró el cuerpo había huellas de un vehículo con ruedas duales, las cuales coinciden con las de la camioneta que manejaba Rogero. También constataron que el acusado realizó una primera visita a Caballín en calle Blandengues, luego se retiró y, minutos más tarde, volvió a acercarse al lugar y ella subió al vehículo.

Personal de la DDI declaró haber realizado el recorrido de todas las cámaras de seguridad de la zona hasta Ayacucho 7500. El vehículo pertenecía a la empresa para la que trabajaba Rogero y contaba con un GPS que se desactivó segundos después de las 23 y se encendió en el domicilio del acusado minutos antes de las 24. En dicho lapso ocurrió el femicidio.

Fue de mucha utilidad una cámara de seguridad de un comercio que tomó la imagen de una camioneta Sprinter en el semáforo de Sixto Laspiur y Nicolás Pérez a las 23:01, segundos después de desactivarse el GPS. Metros más adelante, apareció tirado el celular de Caballín, encontrado por un vecino a la mañana siguiente. A partir de allí, se pudo reconstruir el rastro del vehículo y cotejarlo con los datos del software de seguimiento que tenía la empresa propietaria de la camioneta. Por otro lado, se constataron en el allanamiento a la casa de Rogero rastros de soga similares a las utilizadas para asesinar a Caballín.

Vecinos de la cuadra señalaron que la víctima “no era una persona conflictiva”, que la veían regularmente y que a uno de ellos le llamó la atención salir a fumar y no encontrarla. Un testigo afirmó ver el primer acercamiento de la camioneta de Rogero el día del hecho.

Ningún testimonio pudo acreditar si Caballín y Rogero se conocían con anterioridad, aunque una ex pareja de la víctima declaró que tuvieron internado al hijo de ambos en el Hospital Penna mientras el acusado trabajaba en la cocina.

A su vez, declaró Luciano Luna, amigo de Caballín, quien afirmó que la llevaba todos los días hasta Blandengues y luego la pasarla a buscar. También informó que le llamó la atención cuando le escribió un mensaje alrededor de las 24 y ella no contestó. Luna fue quien recuperó el celular de la víctima.

Llamativamente, el abogado defensor preguntó al personal de la DDI si cuando encontraron el cuerpo la víctima tenía toda la ropa y si se le encontraron lesiones en la cara y pidió dejar constancia de que entre las pertenencias había preservativos. Por otro lado, solicitó testigos que declararon que el acusado tenía adicción a la cocaína. Sin embargo, nadie constató que durante los hechos el imputado estuviera bajo consumo.

Entre hoy y mañana se desarrollará el debate oral y público contra Hernán Rogero por el asesinato de Aída Rosa Caballín. Lo juzgará el Tribunal Criminal Nº 2 por homicidio calificado por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018 alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en immediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. “Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer”, sostiene en la investigación.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era trabajadora sexual y que solía estar en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó en rastreo mediante las cámaras de seguridad del lugar desde donde se obtuvo filmaciones en las que se observa un vehículo utilitario que coincidiría con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Además se destacó el aporte de filmaciones de otras cámara de seguridad perteneciente a los vecinos de las inmediaciones, gracias a las cuales se pudo completar el cuadro de situación.

También se realizaron tareas para logar la identificación del vehículo perteneciente a la empresa Ronan Transportes, el personal policial se entrevistó con el dueño de la firma que aportó los registros del GPS y los datos del chofer.

En los registros del GPS, se detecta que el vehículo al mando de Hernán Rogero estuvo en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte la noche del 16 de julio donde la mujer habría subido, se retiraron por calle Sixto Laspiur, se corta la señal del GPS y más tarde retoma el registro de localización cuando el vehículo ya se encontraba estacionado en la casa del imputado, sobre la calle Alemanes del Volga.

La Fiscalía General informó que la unidad especial de búsqueda de personas, de reciente creación, investigó en el último semestre más de 80 casos.

El grupo especializado cuenta con la participación de tres mujeres policías de la DDI, los efectivos de cada Comisaría donde se radica la denuncia y todos funcionan bajo las tareas de coordinación del fiscal Rodolfo de Lucía.

De 88 denuncias por el faltante de personas mayores y menores de edad, 60 pertenecen a Bahía Blanca y 28 al resto de los distritos que conforman el Departamento Judicial.

La puesta en marcha del equipo especializado se produjo el 1 de junio de 2019 luego de detectarse la necesidad de que este tipo de circunstancias sean tratadas de una manera especial por la conflictividad que hay en su origen.

La tarea de la UFIJ (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio) Nº20 abarca a “las investigaciones iniciadas por averiguación de paradero, hallazgos de personas y/o aparición de cadáveres o restos óseos N.N.”.

“Merecen una especial atención dado que cuando una persona desaparece sin tenerse noticia, rastro o conocimiento cierto de su destino se ve alterado gravemente su círculo familiar, además de conmocionar a toda la sociedad”, destacaron desde la Fiscalía.

Asimismo, “cuando se trata de la desaparición de menores de edad, sin que se tenga noticia o conocimiento cierto de su paradero, conforme lo indica la experiencia, podría presumirse que su vida, libertad e integridad física se encontrarían en grave riesgo, por lo que siempre resulta imprescindible asignarle a su búsqueda el máximo grado de prioridad y urgencia”.

Anteriormente la búsqueda de personas desaparecidas recaía en las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio genéricas, las que, debían atender gran cantidad de causas anuales por lo que se dispuso de recurso humano para esclarecer con urgencia estos casos que son de importancia.

La Fiscalía destacó que “cuando desaparece un menor, puede deberse a un conflicto familiar” y que “su vida, libertad e integridad física podrían estar corriendo peligro”. Recordó además que la ley castiga a aquellas personas mayores que retengan a menores de edad o les brinden cobijo sin informarlo a la autoridades.

El Observatorio por el Derecho a la Ciudad y otras organizaciones denunciaron al presidente Mauricio Macri, a su ex ministro Nicolás Dujovne y al titular del Banco Central, Guido Sandleris, por los acuerdos con el FMI.

Les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y de administración fraudulenta contra la Administración Pública.

“Esperamos que la justicia investigue y no archive la causa y que el próximo gobierno y el Congreso realicen una auditoria de la deuda”, dijo a FM De la Calle el abogado Jonatan Baldiviezo.

La denuncia afirma que “el FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales”.

“Son tres aspectos: considerar que la deuda no es democrática, no ha sido aprobada por el Congreso Nacional que es el único poder competente para que el Estado se endeude. Se hizo revivir una ley muerta del año 2010 para tomarla. Es de una gravedad institucional muy importante, es la deuda más grande de la historia argentina que no se ha discutido con los representantes del pueblo y, por eso, el Estado y los ciudadanos argentinos no deberían asumir la carga”, comentó.

Baldiviezo agregó que tampoco “se cumplieron los pasos administrativos previos para autorizar el acuerdo con el FMI, no hay dictámenes técnicos previos del Banco Central, dictámenes jurídicos, nada que prevea la situación del Estado sobre si era posible pagar la deuda, tampoco existe una autorización de Macri a su ministro -por entonces Dujovne- o al presidente del Banco Central autorizando la deuda”.

“La tercera es para qué se utilizó esta deuda”, dijo. Desde junio de 2018 a julio de 2019 ingresaron a la Argentina U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones.

“Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y, por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido. En todo el período de Macri, la fuga superó los U$S 83.000 millones. La intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales”.

La demanda advierte además que “la devolución del crédito otorgado y absorbido en el fallido intento de reelección macrista debe ser devuelto de manera concentrada en el período 2020 – 2024. La acumulación de vencimientos con el organismo por un monto de U$S 51.039 millones en esos años define la inviabilidad financiera de la Argentina”.

En los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando reiteradamente ante la justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas.

Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada.

En varías unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre.

La CPM también reclamó al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari que tome medidas urgentes. El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.

El organismo también reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitas, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas, llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.

Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos, en ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.

En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

El testimonio de una persona detenida grafica aún más este padecimiento: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”. La defensoría agrega que todas las personas entrevistadas dijeron tener hambre.

La falta de alimentación y la mala calidad de la comida, combinada con el régimen de vida las graves condiciones de detención, constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuyo consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.

Uno de los imputados que debía ser juzgado en la demorada causa Triple A falleció este fin de semana. Se trata de Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, ex miembro de la custodia del interventor de la UNS Remus Tetu y, luego, del general Adel Vilas.

Chisu había sido detenido por la Policía Federal en mayo de 2015 en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. El juicio por los crímenes de lesa humanidad de la banda paraestatal tiene audiencia programada para el 12 de febrero de 2020 aunque eso no significaría el inicio del debate.

En una etapa procesal anterior de la misma causa está imputado el ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti.

Antes de la detención del represor ahora fallecido, fueron necesarios dos pedidos de pronto despacho de la Fiscalía ante el juez subrogante -hoy fiscal federal- Santiago Ulpiano Martínez para que active la acción penal contra algunos de los responsables de más de una veintena de homicidios de militantes políticos.

Héctor Oscar Chisu integró -al igual que su hermano Miguel Ángel- la “seguridad” del interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, tal como lo indican los testimonios y la documentación entregada por la casa de altos estudios a la justicia federal en abril de 2006.

Durante la dictadura, fue custodio del general Adel Edgardo Vilas, quien fuera segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 51. Además, fue agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de Chisu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por asociación ilícita.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos/as y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los magistrados señalaron que el diputado Rodolfo “Fito” Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.